CSJ - SL2842-2020

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2842-2020 Radicación n.° 62246 Acta 26 Bogotá, D. C., veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA., REDCOM LTDA., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 7 de febrero de 2013, en el proceso que instauró ÁLVARO ENRIQUE SALCEDO OLIVERO en su contra y de la

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO,

MACROENLACE.

I. ANTECEDENTES El accionante llamó a juicio a las demandadas, con el fin de que se declare que él sostuvo un contrato de trabajo verbal a término indefinido con la empresa REDCOM LTDA, desde el 13 de octubre de 2009 hasta el 25 de diciembre de

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Radicación n.° 62246 2010, con un salario equivalente a $3.542.200. Igualmente, solicitó se declare a las convocadas a juicio solidariamente responsables de las acreencias laborales causadas a su favor, en razón a que violaron la prohibición de que trata el artículo 17 del D. 4588 de 2008, por medio del cual se reglamentó la organización y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Consecuencialmente, solicitó condena en contra de las accionadas, de forma solidaria, por los conceptos de cesantías de los años 2009 al

2010, junto con los intereses a las cesantías por el mismo periodo. También por primas de servicios, vacaciones indexadas y la moratoria del art. 65 del CST. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó a la cooperativa enjuiciada el 8 de octubre de 2009 mediante un acuerdo cooperativo, para desempeñar la labor como interventor de sistemas de información, actividad que cumplió en la unidad estratégica de negocios de REDCOM LTDA. Manifestó que, el 15 de febrero de 2010, suscribió un «otro sí» al acuerdo cooperativo inicial, en virtud del cual se pactó que, desde esa fecha, se iba a desempeñar en el cargo de consultor técnico de proyecto de fábrica de software. Que esta labor la desempeñó en la unidad estratégica de negocios de REDCOM LTDA y fue así como la prestación de sus servicios se dio para esta empresa de manera directa y bajo su subordinación. También el actor indicó que su salario en este último cargo fue en la suma de $3.542.200 pagaderos mensualmente. Este salario, según su decir, le fue pagado a

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Radicación n.° 62246 través de una cuenta de nómina en Bancolombia que le fue abierta en atención a un convenio que tenía este banco con la sociedad REDCOM LTDA. para pagar la nómina a sus empleados. Agregó que, para desempeñar el mencionado cargo, tuvo que presentar pruebas de cumplir con perfil profesional requerido por REDCOM LTDA. y fue contactado muchas veces por la analista de gestión humana de esta empresa. El contrato finalizó por su renuncia que fue presentada el 13 de

diciembre de 2010, con efectividad el 25 siguiente. Y que las demandadas no le pagaron sus prestaciones sociales por los años 2009 y 2010 a la terminación del contrato de trabajo, (fs.° 1 al 9, y 52 y 53). Al dar respuesta a la demanda, la sociedad REDCOM LTDA. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la prestación del servicio del actor, pero aclaró que se dio a través de la cooperativa MACROENLACE. No aceptó que el demandado haya sido subordinado suyo, alegó que él fue asociado de la cooperativa mencionada y que los pagos que le efectuó correspondieron a las compensaciones que debió recibir de la cooperativa. En su defensa propuso las excepciones de cobro de los no debido, falta de legitimación en la causa, (fs.°61 al 67). La cooperativa no compareció al proceso y la demanda fue contestada en su nombre a través de curador para la litis. El curador aceptó la celebración del acuerdo cooperativo y,

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Radicación n.° 62246 respecto de los demás hechos relacionados con la prestación del servicio subordinado a la empresa REDCOM LTDA., manifestó que el actor los debía probar. Aceptó la apertura de la cuenta de nómina por el actor. Por no constarle todos los hechos y razones de las pretensiones, dijo atenerse a lo que resultare probado y propuso las excepciones genéricas del art. 306 del CPC (fs.111 al 115).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, al

que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 19 de diciembre de 2012, en oralidad, (fs.° 132 al 133), declaró que entre REDCOM LTDA. y el actor existió un contrato de trabajo desde el 13 de octubre de 2009 hasta el 25 de diciembre de 2010, con un salario de $3.542.200. Condenó solidariamente a la entidad reconocida como empleadora y a la cooperativa MACROENLACE a pagar al actor, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, los siguientes valores y conceptos:

1. Cesantías: $4.299.837.

2. Intereses a la cesantía: $515.980,43

3. Prima de servicios: $4.299.837

4. Vacaciones: $2.149.918

5. Indemnización moratoria por la suma diaria de $118.073 a partir del 26 de diciembre de 2010 durante los primeros 24 meses y, a partir del mes 25, los intereses moratorios.

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Radicación n.° 62246 El juez de primera instancia absolvió de los demás conceptos y condenó en costas a las demandadas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo de 7 de febrero de 2013, al decidir la apelación de la empresa REDCOM LTDA., confirmó en su integridad la decisión de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia

de 19 de diciembre 2012, resolvió declarar la existencia de la relación laboral entre REDCOM LTDA. y el accionante, desde el 13 de octubre de 2009 hasta el 25 de diciembre de 2010 y, como consecuencia de ello, la condenó solidariamente con la cooperativa de trabajo asociado Macroenlace a pagar cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones e indemnización moratoria, y absolvió a las demandadas de las demás pretensiones y se relevó del estudio de las excepciones propuestas. El ad quem refirió que la parte demandada REDCOM LTDA. interpuso apelación, en el que manifestó que no se daban los presupuestos para declarar la existencia de la relación laboral, pues el demandante es una persona consciente de los documentos que suscribió y aceptó un contrato cooperativo con Macroenlace; y negó la subordinación señalando que los testimonios recepcionados

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Radicación n.° 62246 daban cuenta de que, en la empresa, no existía una persona que le diera órdenes al actor. Como problema jurídico a resolver, el tribunal lo delimitó en definir si entre las partes existió una relación laboral o no y, en consecuencia, de resultar la declaratoria de una relación, si había lugar o no pago de prestaciones sociales. Con ese propósito, el juez de la alzada se remitió al acuerdo celebrado entre el actor y la cooperativa de trabajo que obra a f.° 10 como anexo de la demanda. Observó que, en la cláusula primera, se dispuso que el horario y lugar de

trabajo lo determinaba Macroenlace; en la cláusula segunda, se dispuso que el trabajador se obligó a realizar personalmente la labor asignada en los términos estipulados, a observar los preceptos de los regímenes vigentes y a acatar y cumplir las órdenes e instrucciones de su superior inmediato y las autoridades de la cooperativa, según el orden jerárquico. Enseguida, el juzgador consideró que estas cláusulas no corresponden a un acuerdo cooperativo. De igual manera, dijo que tampoco era pertinente la cláusula que indicaba que el trabajador asociado debía aceptar los cambios de oficio que decidiera Macroenlace, siempre que no le ocasionaran perjuicios. El juez de la alzada apreció diferentes correos electrónicos que le dieron cuenta de las comunicaciones que el actor intercambió con Catalina Paz, analista de gestión humana de REDCOM LTDA., fs.° 12 a 33; la comunicación

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Radicación n.° 62246 de la subgerenta general de REDCOM LTDA. dirigida a Bancolombia para solicitar la apertura de una cuenta de nómina a nombre del actor, f.° 39; y los pagos bancarios realizados por esta al actor, f. 40. También, del interrogatorio de parte del accionante, el juez colegiado extrajo que la demandada había publicado una oferta de trabajo en internet en la que el absolvente se inscribió y aquella lo contactó a través de Carolina Paz, de gestión humana. REDCOM LTDA. lo entrevistó y le realizó los exámenes de ingreso, él empezó a ejercer sus labores en la

carrera séptima con calle 17, vinculado al proyecto del Fondo Nacional del Ahorro, quién era el cliente, y que luego lo llamaron para ofrecerle un ascenso como consultor técnico y un salario de $3.500.000 que le pagaron a través de una cuenta de ahorros en Bancolombia. Que el actor dijo, según el ad quem, que, a los 45 días de haber ingresado a REDCOM LTDA, fue una vez a las oficinas de Macroenlace, para la firma del contrato de afiliación, pero que su jefe era REDCOM LTDA., y debía firmar planilla de la hora de llegada a esta, al igual que la hora de salida; que su jefe inmediato era un ejecutivo de dicha empresa y las funciones eran las dispuestas por esta. Del interrogatorio de la parte demandada a través de su representante legal, el tribunal coligió que ella manifestó que no conoció al demandante, pero sabía que él estuvo vinculado a través de Macroenlace, a quién la empresa le solicitaba personal especializado o calificado para sus proyectos. Respecto al documento que obra a f.° 39 (solicitud

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Radicación n.° 62246 de apertura de cuenta dirigida a Bancolombia), la absolvente indicó que suscribió ese oficio para hacer más fácil el pago. Que desconocía cómo era la relación entre REDCOM LTDA. y Macroenlace, pero, dijo, entre ellas llegaron a ese acuerdo para el pago. Además, que la cooperativa conseguía el personal y lo afiliaba a seguridad social, pero el pago se hacía directamente a los trabajadores y a la cooperativa se le pagaban los servicios.

Por otra parte, el tribunal aludió a los testimonios de Patricia Gutiérrez Forero, compañera de trabajo del actor, quien, según la lectura de tal prueba por el ad quem, afirmó que ellos estuvieron juntos en el proceso de inducción que les hizo la empresa, trabajaron para los proyectos de la compañía, trabajaron con el mismo contrato de Macroenlace, que el jefe inmediato fue Olga Lucía Sabogal, gerente de tecnología, y les pagaron a través de una cuenta en Bancolombia; que el Ministerio del Trabajo hizo una investigación y sancionó a las demandadas debido a las diferentes quejas que ella presentó, cuya prueba aportó en la audiencia y obran a fs.° 136 a 140 del expediente; y que la testigo dijo no haber demandado a la empresa. El tribunal también mencionó el testimonio de David Alejandro Uribe Pardo, quien fue gerente de uno de los proyectos donde laboró el actor. Narró que este testigo refirió que tuvo un interventor que era el demandante, reconocido como miembro de REDCOM LTDA., para supervisar el cumplimiento del contrato a través de visitas y los documentos siempre tenían la aprobación final de Olga

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Radicación n.° 62246 Sabogal, de REDCOM LTDA, y no sabía nada respecto de Macroenlace. De igual manera, el juez de la alzada tuvo en cuenta la versión del Sr. Oscar Alfredo Fajardo Ortega, compañero de trabajo del actor cuando estuvo vinculado en Macroenlace, pero que, a la fecha de la prueba, estaba vinculado con otra cooperativa de trabajo asociado y prestaba sus servicios

profesionales a REDCOM LTDA. De esta prueba, extrajo que, al principio, el testigo desempeñó las funciones en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro y el jefe inmediato era el ingeniero José Manuel, no recordó el apellido, pero que era el mismo jefe del demandante. De las precitadas pruebas, el juzgador concluyó que el actor fue contratado a través de la cooperativa de trabajo asociado y que, durante la vinculación, prestó sus servicios en las instalaciones de REDCOM LTDA., cumpliendo sus funciones en representación de esta, pues así lo reconoció el gerente de uno de los proyectos de los cuales el actor se desempeñó como interventor de REDCOM LTADA. Además, que la prueba de que el salario era pagado directamente por dicha empresa a través de las cuentas de Bancolombia, cuya apertura fue autorizada por ella, era muy diciente, y estaba claro que los jefes directos del actor fueron personal vinculado a REDCOM LTDA. Por ello, el juzgador no aceptó las manifestaciones de los recurrentes sobre que no se habían cumplido los requisitos para la declaratoria de una relación laboral, pues

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Radicación n.° 62246 encontró demostrado que la labor desempeñada por el actor era al servicio de REDCOM LTDA., él percibía un salario que cancelaba directamente esta empresa y que las directrices o la subordinación era ejercida por esta. Tanto así, que el jefe de uno de los proyectos, persona que no se encontraba vinculada a ninguna de las demandadas, manifestó que el actor cumplía las funciones de interventoría en el proyecto que él dirigía, en representación de REDCOM LTDA., y que

sus decisiones tenían el visto bueno de su superior en

REDCOM LTDA.

Frente a dicha situación fáctica, el tribunal señaló que a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido desempeñarse como intermediarias laborales y no pueden enviar trabajadores en misión, como ocurrió en este caso. Tampoco, pueden actuar como asociaciones para afiliar a trabajadores independientes al sistema de seguridad social y, en este caso, la función que cumplió la cooperativa Macroenlace, conforme a las pruebas recaudadas, fue la de una empresa en estas condiciones. Señaló el juez colegiado que, cuando se utiliza la cooperativa de trabajo asociado para ocultar la verdadera relación laboral en la que el cooperado no desempeña sus funciones directamente en la cooperativa sino que las presta a un tercero, quien le da órdenes y le impone un horario de trabajo, es evidente la existencia de una subordinación propia de una relación laboral, lo que va en contravía de las normas que regulan las cooperativas de trabajo asociado, por lo que, al presentarse una intermediación, se convierte el

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Radicación n.° 62246 vínculo cooperativo en una verdadera relación laboral entre la sociedad y el cooperado, y, en consecuencia, es claro que nace un contrato realidad. El juzgador invocó el artículo 34 del CST y dijo que este precepto consagra una responsabilidad solidaria entre contratistas y beneficiarios o dueños de la obra, la cual se predica cuando la naturaleza o finalidad de la obra contratada es conexa con la labor ordinaria del beneficiario de la obra. Igualmente, dijo que, en el Código Sustantivo del

Trabajo, también se prevé una solidaridad de quién interviene o funge como intermediario para contratar trabajadores a beneficio de empresas. Por lo anterior, el tribunal decidió confirmar en todas sus partes la decisión tomada en primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por REDCOM LTDA., concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente la casación parcial de la sentencia acusada, en cuanto confirmó los numerales 1°, 2°, 4° y 5° de la decisión de primer grado. En sede de instancia, pide la revocatoria del fallo del a quo en los mencionados numerales y que sobre costas se resuelva de conformidad con el resultado del proceso.

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Radicación n.° 62246 En subsidio y, previa la casación parcial de la sentencia acusada en cuanto confirmó la condena al pago de la indemnización moratoria, pidió que, en instancia, se revoque tal condena y sobre la misma se disponga la correspondiente absolución. Con tal propósito formula un solo cargo, por la causal primera de casación. Replicó la parte actora.

VI. CARGO ÚNICO Según la censura, la sentencia materia del recurso extraordinario viola los artículos 7, 8, 9, 10, 12, 13 de la Ley 1233 de 2008; 1, 2, 3, 10, 11, 13, 17 del Decreto 4588 de 2006, por la vía directa y por infracción directa; los artículos

63 de la Ley 1429 de 2010; 23 32, 34, 35, 65, 127, 249, 306 del C.S.T.; 1 de la Ley 52/75, por la vía directa y por aplicación indebida. El recurrente manifiesta que, desde el punto de vista jurídico, el argumento del tribunal se centra en la prohibición de la ley frente a toda entidad o institución, pública o privada, de vincular personas para el desarrollo de sus actividades misionales, por intermedio de las cooperativas de trabajo asociado. Afirma que muchas de las sentencias que se dictan en los procesos laborales en ejecución del principio de la oralidad carecen de la suficiente claridad en cuanto a los

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Radicación n.° 62246 sustentos, fácticos y jurídicos, de su decisión y, por eso, algunos de ellos pueden pasar inadvertidos. De alguna forma, considera que puede ser lo que sucede en este caso en que el tribunal solamente al final de su alocución expresa la razón de derecho que lo lleva a considerar que REDCOM LTDA. es el verdadero empleador del demandante, por considerar que la relación solidaria de este con la Cooperativa de Trabajo Asociado Macroenlace no podía tenerse por legalmente estructurada. El impugnante se opone a la prohibición a la que aludió el tribunal para construir su argumento y lo condujo a concluir la ilegitimidad de la relación jurídica del actor con la cooperativa mencionada. Estima que tal prohibición no se encuentra condicionada a ningún elemento, es decir, resulta absoluta, y, por eso, la identifica con la que encuadra dentro

del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que, efectivamente, en su inciso primero, incluye unas expresiones que conducen a considerar prácticamente proscrita la actividad de las cooperativas de trabajo asociado, en tanto ellas se ocupen de atender, por medio de sus asociados, alguna actividad misional del contratante, lo que involucra toda gestión que de alguna forma se vincule con las actividades ordinarias de la entidad que está buscando apoyo en alguna de estas cooperativas. El recurrente asevera que, antes de esa expresión absoluta, existían algunas disposiciones limitantes de las actividades de las cooperativas de trabajo asociado, pero estaban concebidas en unos términos más flexibles o menos

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Radicación n.° 62246 absolutos que los de la disposición anteriormente mencionada, los cuales fueron los acogidos por el tribunal en su decisión, como se deriva de su expresión carente de matices en cuanto al contenido de la prohibición que invoca en respaldo de su decisión confirmatoria de las consideraciones y condenas impuestas en primera instancia. Se remite a la prohibición del artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 que, según su decir, es dirigida a las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado para que no actúen como empresas de intermediación laboral ni suministren mano de obra temporal a terceros ni envíen a sus asociados como trabajadores en misión. Esto significa que les está vedado contratar para terceros (intermediación laboral) o actuar como empresas de servicios temporales que son las que suministran mano de obra temporal o remiten trabajadores en misión, pero no supone un obstáculo absoluto para que un asociado preste sus servicios por medio

la cooperativa a la que pertenece, como sí lo establece posteriormente Ley 1429 de 2010. Esta última disposición no dirige su prohibición a las cooperativas como lo hace el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, sino que la orienta a «[e]l personal requerido en toda institución», es decir, lo dirige contra las personas, y, en ese orden de ideas, la prohibición resulta absoluta porque quiere decir que ya no importa si la labor que se va a ejecutar por la persona es temporal o definitiva, pues una u otra están prohibidas en tanto su labor quede ligada a «las actividades misionales permanentes» de la entidad que funja como

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Radicación n.° 62246 usuaria de los servicios de esa persona. Con lo atrás dicho, la censura dice mostrar la diferencia que existe entre lo previsto en el Decreto 4588 de 2006 y en la Ley 1233 de 2008 frente a lo consignado en la Ley 1429 de 2010, para concluir que es muchísimo más limitante lo establecido en esta última, por lo que la expresión del tribunal queda encuadrada dentro de la línea de aplicación de esta disposición. Luego de lo anterior, el recurrente precisa que la Ley 1429 de 2010 fue expedida el 29 de diciembre de 2010, por lo que no era aplicable al presente caso, dado que el contrato mediante el cual se vinculó al demandante, cualquiera que fuese, concluyó el día 25 de esos mismos mes y año, tal como se expresa claramente en el propio texto de la demanda inicial. Bien se sabe que las leyes laborales no tienen efecto retroactivo, anota.

Según el recurrente, si el tribunal no se hubiera apoyado en esta disposición y lo hubiera hecho correctamente acudiendo al Decreto 4588 de 2006 y a la Ley 1233 de 2008, habría encontrado que, para ver si era aplicable la prohibición de contratación por medio de cooperativas de trabajo asociado tenía previamente que definir si la Cooperativa de Trabajo Asociado Macroenlace estaba actuando como empresa de intermediación laboral, porque esa actividad es la que se encuentra prohibida en el artículo 70 de la ley anteriormente mencionada. Como no adelantó tal indagación, no podía concluir que la vinculación

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Radicación n.° 62246 del demandante a la cooperativa demandada, era ilegítima y, a su vez, mientras no tuviera por impropia la relación del actor con la cooperativa en cuestión, no podía concluir que, con el accionante, había existido un contrato de trabajo. Ese error, según el impugnante, condujo a que se aplicaran mal las normas que consagran los rubros laborales por los cuales se impuso condena a la entidad recurrente. Como una consecuencia del yerro jurídico explicado, el recurrente sostiene que, a la luz del artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, para identificar si, en la relación triangular que existió entre quienes son parte en este proceso, hubo alguna irregularidad que la convirtiera en ilegítima o ilegal, resultaba indispensable identificar si, en la vinculación de los servicios del actor a REDCOM, medió o intermedió la cooperativa demandada en la función propia de tal actividad según los artículos 32 y 35 del C.S.T., es decir, contratando para un

tercero. Manifiesta que las pruebas que obran en el proceso son contundentes para establecer que la Cooperativa de Trabajo Asociado Macroenlace no contrató al demandante en nombre de Redcom Ltda, por una parte, porque no hay un solo elemento de juicio que conduzca a tal conclusión, pero, por la otra, porque, en sentido contrario, sí hay pruebas que acreditan que Macroenlace contrató al actor para la propia cooperativa, para prestarle los servicios a ella aunque «en horario y lugar que el trabajador asociado acepta que determine MACROENLACE», según se aprecia en el folio 10 del expediente.

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Radicación n.° 62246 Con lo anterior, la censura estima suficiente para dar por establecido que la cooperativa demandada no actuó como «empresa de intermediación Laboral» y, por tanto, la situación no quedó encuadrada en el marco de la prohibición en la forma establecida en la Ley 1233 de 2008. Frente al otro elemento prohibido en la ley mencionada, el relacionado con el suministro de mano de obra temporal, el impugnante lo considera inexistente si se tiene en cuenta que ni siquiera se menciona en el proceso y, además, del propio texto de la demanda y de la descripción del oficio y de las funciones desarrolladas por el actor, surge con evidencia que no se trataba de ejecutar «mano de obra temporal». Mucho menos se puede aceptar que hubiera fungido como trabajador en misión, pues ni siquiera se afirma que MACROENLACE hubiera actuado como empresa de servicios temporales. Si, como surge de lo anterior, la cooperativa demandada

no quedó dentro del marco de lo prohibido por la ley, al vincular al demandante, la conclusión inevitable, según el recurrente, es que el nexo jurídico que existió entre Macroenlace y el demandante estuvo ajustado a la ley y, por tanto, surte todos los efectos de una relación cooperativa. La censura dice que la anterior conclusión está avalada por la fuerza probatoria de los comprobantes de pago que obran en el expediente a partir del folio 34, de la oferta mercantil de folios 69 y ss., y de la orden de compra por

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Radicación n.° 62246 servicios que está a partir del folio 75, e impone aceptar que la entidad recurrente no tuvo la condición de empleador del actor y, por tanto, no es deudora suya de los valores que por prestaciones y vacaciones le fueron impuestos por el a quo, mucho menos de la sanción moratoria que igualmente le fue impuesta. Pero, si la Sala no compartiera el razonamiento deductivo expresado, el impugnante estima que de lo que no puede quedar duda es de la improcedencia de la sanción moratoria impuesta en la primera instancia sobre el supuesto de una conducta de mala fe de la recurrente, dado que ella ha señalado repetidamente las razones que la llevaron al convencimiento de no ser empleadora del actor y, en consecuencia, de no adeudarle nada. Estas razones han sido centradas en que la demandada no celebró con el Sr. Salcedo ningún contrato, mucho menos de trabajo, por lo que resultaba razonable tener la convicción de no deberle

ningún rubro de orden laboral. Tal convicción, afirma, se encuentra claramente respaldada por los mismos documentos a los que ha hecho referencia, es decir, el acuerdo cooperativo de trabajo asociado (f.° 10), la oferta de prestación de servicios de los folios 69 y s.s., de la orden compra que está entre los folios 75 y 78, y de los comprobantes de los pagos hechos por la cooperativa al demandante por sus servicios. Es más, si se concluyera que alguien actuó de mala fe, en todo caso no sería la recurrente que, en realidad, pudo resultar engañada por las acciones ejecutadas de consuno

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Radicación n.° 62246 por la cooperativa y el demandante, por lo que mal puede sufrir una condena por supuesta actuación de mala fe y, mucho menos, en la desbordada cuantía que resulta de ella, sostiene el recurrente.

VII. RÉPLICA La parte actora se opuso a la prosperidad del recurso.

En su criterio, el art. 63 de la Ley 1429 de 2010 está en concordancia con el art. 7 de la Ley 1388 de 2008, y, para corroborar su decir, trascribe el nl. 1°. Para él, era menester aplicar el art. 63 de la Ley 1429 de 2010, como lo hizo el tribunal. Esta disposición reafirma la prohibición inicial de 2008 para las cooperativas y la universaliza a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Además, señaló que el inc. 2 del art. 17 del D. 4588 de 2006

establece la solidaridad en los casos de intermediación laboral entre la entidad contratante y la cooperativa respectiva, por las obligaciones económicas que se causan a favor del trabajador asociado.

VIII. CONSIDERACIONES De acuerdo con la sustentación del cargo, le corresponde a la Sala resolver si el tribunal incurrió en la aplicación indebida del art. 63 de la Ley 1429 de 2010 y en la infracción directa de los arts. 7, 8, 9, 10, 12 y 13 de la Ley 1233 de 2008 y 1, 2, 3, 10, 11, 13, 17 del Decreto 4588 de 2006, como lo señala la censura.

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Radicación n.° 62246 Al haberse formulado el cargo por la vía directa, las consideraciones fácticas del tribunal están al margen de la controversia. De esta forma, no cabe discusión a estas alturas del proceso que está demostrado que la labor desempeñada por el actor, a pesar de haber él suscrito un acuerdo con la cooperativa Macroenlace, fue al servicio de REDCOM LTDA., percibió un salario que canceló directamente tal empresa, que las directrices provinieron de esta y la subordinación también fue ejercida por ella. Tanto así que el jefe de uno de los proyectos, persona que no se encontraba vinculada a ninguna de las demandadas, manifestó que el actor cumplió funciones de interventoría, en representación de REDCOM LTDA, en el proyecto que el testigo dirigía, y que sus decisiones tuvieron el visto bueno de su superior en REDCOM LTDA. Frente a dicha situación fáctica, el tribunal señaló que

a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido desempeñarse como intermediarios laborales y no pueden enviar trabajadores en misión, como ocurrió en este caso. Que tampoco pueden actuar como asociaciones para afiliar a trabajadores independientes al sistema de seguridad social y, en la situación del sublite, la función que cumplió la cooperativa de Macroenlace, conforme a las pruebas recaudadas, fue la de una empresa en estas condiciones. El ad quem igualmente estimó evidente la existencia de una subordinación propia de una relación laboral, lo que va en contravía de las normas que regulan las cooperativas de trabajo asociado, por lo que, al presentarse una

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Radicación n.° 62246 intermediación, se convierte el vínculo cooperativo en una verdadera relación laboral entre la sociedad y el cooperado, y, en consecuencia, es claro que nace un contrato realidad. En el análisis del precitado razonamiento jurídico, la Sala entiende que el juez colegiado, al encontrar acreditada la prestación del servicio del actor a la empresa REDCOM LTDA. bajo la subordinación propia del contrato de trabajo, concluyó que, en realidad, lo que hubo fue un contrato de trabajo entre esta sociedad y el cooperado, y que la cooperativa lo que hizo fue una intermediación laboral enviando al actor en misión a la empresa REDCOM LTDA. Por eso, el juez colegiado recordó las prohibiciones que tienen las cooperativas de desempeñarse como intermediarias laborales de enviar trabajadores en misión y de actuar como asociaciones p