CSJ - SL2855-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL2855-2023 Radicación n.° 93829 Acta 36 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso ordinario que instauró en su

contra YEISON ARLEY PATIÑO QUIROZ.

I. ANTECEDENTES El recurrente llamó a juicio a la entidad referenciada, con el fin de que se declare que tiene derecho que se le reconozca y pague la pensión de invalidez de origen común, a partir de la fecha de estructuración o en subsidio desde el momento que se emitió el dictamen de pérdida de capacidad

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Radicación n.° 93829 laboral por enfermedad congénita; a cancelar los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio, la indexación sobre el retroactivo pensional adeudado y, a pagar las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se afilió al sistema general de pensiones por primera vez al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., el 9 de enero de 2012; que tiene acreditado 198.14 semanas cotizadas; que fue diagnosticado con esquizofrenia

paranoide, siendo calificado por Seguros Alfa S.A., el 29 de diciembre de 2015, con una pérdida de capacidad laboral del 60.5%, estructurada el 4 de octubre de 2004, cuando tenía 12 años de edad. Agregó, que el 28 de enero de 2016, solicitó a la AFP Porvenir S.A., el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante comunicado del 9 de marzo de igual año, al considerar que para la fecha de estructuración de la invalidez, no se encontraba afiliado al sistema general de pensiones. Que la entidad calificadora tomó para fijar dicha data, la primera consulta con psiquiatría, donde se estableció el diagnóstico de la enfermedad, por cuanto consideró que esta no ha presentado variación alguna en el tiempo, lo cual, resulta contrario a lo que indica el historial clínico, en tanto demuestra que para abril de 2013, aún tenía capacidad para laborar, pues se trata de una enfermedad degenerativa, razón por la cual estima, se debe tomar como fecha de estructuración aquella en que se

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Radicación n.° 93829 profirió el dictamen, momento para el cual acredita 150.71 semanas dentro de los tres años anteriores, lo cual le permite acceder a la pensión de invalidez en los términos de la Ley 860 de 2003 (fs. 1 a 14 exp. digital primera instancia). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos la afiliación del demandante al sistema general de pensiones a través de la AFP Porvenir S.A.; que realizó

cotizaciones ignorando la cantidad; que reclamó pensión de invalidez y le fue negada; además, expresó desconocer todo lo afirmado respecto a la condición médica, naturaleza y su evolución, como lo concerniente a su capacidad laboral posterior a la estructuración de su invalidez. En su defensa, propuso como excepciones, la prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de no debido, falta de causa, falta de acreditación de los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez, compensación, buena fe, necesidad del equilibrio financiero y la “innominada” (fs. 59 a 81 íbiem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del catorce (14) de agosto de 2018,

RESOLVIÓ:

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Radicación n.° 93829

PRIMERO: Se DECLARA que el Sr. YEISON ARLEY PATIÑO QUIROZ, quien se identifica con la C.C. 1.036.942.669 estructuró su estado de invalidez el 12 de diciembre de 2015, y le asiste derecho o la pensión de invalidez desde el 1° de abril de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Se CONDENA a PORVENIR SA, legalmente representada por el Doctor Miguel Largacho Martínez, a pagar al señor YEISON ARLEY PATIÑO QUIROZ, la suma de $12.845.864, por concepto de retroactivo de lo pensión de

invalidez, en el periodo comprendido entre el 1/4/2017 hasta el 31/7/2018, a partir del 1/8/2018 la entidad seguirá reconociendo al demandante la prestación económica en cuantía de un salario mínimo legal vigente, sin perjuicio de los descuentos que por concepto de salud deba realizar, de conformidad con lo expresado en lo porte motiva de este proveído.

TERCERO: Se ABSUELVE a la entidad demandada al pago de los intereses de mora de que trata la Ley 100 de 1993; en su defecto deberá lo administradora INDEXAR los mesados pensiónales adeudados al momento de inclusión en nómina de pensionados al actor, de conformidad con lo expuesto en lo porte considerativa en esto providencia.

CUARTO: De las excepciones propuestas por la accionada no se declara probada ninguna de ellos, de conformidad con lo expresado en lo porte motivo de lo providencia.

QUINTO: Se CONDENA en costas a PORVENIR SA a favor de l porte demandante. Las agencias en derecho a ser incluidas en lo liquidación de costas, quedarán fijados en $2.343.726. (fs. 175 a 179 íbidem)

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), RESOLVIÓ: Modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que el derecho a la pensión de invalidez en favor del demandante, se causó desde el 1° de enero de 2017, y el retroactivo pensional asciende a $44.648.992, el cual se

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Radicación n.° 93829 pagará con la debida indexación; fija la mesada pensional a partir del 1 de abril de 2021, en la suma de SMLMV, y autoriza descontar de las mesadas adeudadas los aportes con destino al sistema de seguridad social en salud. (fs. 27 a 28 Tribunal audiencia gestor digital). En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal fijó como problema jurídico a resolver, la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de causación en tratándose de afiliados que padecen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo. Señaló, que conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, el estado de invalidez de un afiliado al Sistema General de Pensiones, se establece mediante la valoración científica que efectúan entre otras, “las ARL; las Compañías de Seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y las EPS, con base en el manual único para la calificación de la invalidez expedido por el Gobierno Nacional.” Sobre tal calificación resaltó, que no constituye prueba solemne, razón por la cual, el juez en su valoración puede formar libremente su convencimiento con aquellos elementos que le den mayor credibilidad, así como aplicar criterios de igualdad (CSJ SL2797-2020), más cuando se está en presencia de patologías de carácter congénito o

degenerativo, en tanto es posible que la fecha de estructuración que dictaminan las instituciones encargadas

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Radicación n.° 93829 de la calificación, no refleje de forma cierta el momento en que el individuo se vio imposibilitado para el ejercicio de alguna actividad productiva. Recordó, que conforme con la sentencia de la Corte Constitucional CC SU-588-2016, cuando se enfrenta a enfermedades de este tipo, el análisis de la pensión de invalidez no debe seguir las reglas rígidas respecto a la contabilización de las 50 semanas dentro de los 3 años previos a la fecha de estructuración, en tanto tal actuar lleva a conclusiones desfavorables o desproporcionados para los afiliados que soportan patologías de larga duración, que en ocasiones se presentan desde el nacimiento o su diagnóstico se da a temprana edad, proceder que impide que se acumule la densidad de cotización necesaria, pese a que en su vida laboral reporten una cantidad significativa de cotizaciones. Eventos en los que determinó la Corte, es necesario contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, pues pese a la condición de discapacidad, la persona puede ejercer una profesión u oficio de donde derive recursos económicos que garanticen su subsistencia total o parcial, los que a su vez, sirven de sustrato para realizar las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones. En tal sentido, recuerda las subreglas que la Corte Constitucional, señaló deben analizarse: “i) Que la solicitud

pensional fue presentada por una persona que padece una enfermedad

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Radicación n.° 93829 congénita, crónica y/o degenerativa, ii) Que con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez fijada por la autoridad médico laboral, la persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas; y, iii) Que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir que, en efecto, la persona desempeñó una labor u oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al Sistema.” Lo cual, clarificó, no lleva a modificar la fecha de estructuración de la invalidez, sino modular la data desde la cual se contabiliza las semanas mínimas de cotización para causar la prestación, que corresponda a alguno de los momentos precitados. Con el fin de soportar las anteriores consideraciones, transcribió además, apartes de la sentencia CSJ SL 32752019, reiterada en la CSJ SL3992-2019, CSJ SL770-2020 y CSJ SL198-2021, concluyendo que, “[…] teniendo en cuenta la finalidad de la pensión de invalidez, cual es procurar un mínimo de ingresos a la persona que ha perdido su capacidad laboral, la jurisprudencia nacional coincide en que, en tratándose de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, el análisis del cumplimiento de la densidad de cotización ha de efectuarse de una forma particular a las condiciones del caso a efectos de determinar de forma cierta el momento en que se perdió la capacidad para laborar y

que las significativas cotizaciones no se efectuaron con el fin de defraudar el sistema pensional.” Al analizar el caso concreto, con fundamento en el dictamen de PCL, estableció que el señor Patiño Quiroz presenta trastornos de conducta que datan de la infancia;

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Radicación n.° 93829 que desde los 11 años tiene comportamientos agresivos y alucinaciones asociados al inicio de consumo de sustancias psicoactivas, siendo ponderados los diagnósticos de trastorno psicótico y del humor, trastorno de ansiedad y somatomorfos y trastorno de dependencia por el uso de las mencionadas sustancias. Estimó el colegiado, que se trata de un padecimiento de carácter progresivo, el cual inicialmente se manejó como trastorno obsesivo compulsivo, luego como esquizofrenia paranoide, con varias hospitalizaciones por síndrome de abstinencia y agudización de síntomas, lo que le llevó a concluir que se trata de una enfermedad degenerativa, la cual ha afectado paulatinamente las posibilidades de incorporación social y al mundo productivo. De otro lado, en el historial laboral encontró, que aquel reporta un número significativo de cotizaciones, pues tiene 369.47 semanas cotizadas al sistema pensional, a través de Porvenir S.A., desde enero de 2012, cuando contaba con 20 años de edad, mientras para la data de estructuración tenía 12 años de edad, por lo que no resulta lógico que tuviera para entonces alguna cotización al sistema. Adicionalmente, encontró que los aportes realizados fueron fruto del ejercicio de una efectiva y probada

capacidad laboral residual, pues así se verifica con la prueba testimonial vertida por José Albeiro Taborda Álvarez y Mónica María Cuervo Montoya, quienes expresaron que este, pese a sus problemas de comportamiento ha realizado

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Radicación n.° 93829 algunos oficios, entre ellos, repartidor de volantes, ayudante de zapatería, recogedor de bolas de tenis, ayudante de construcción y en la venta de confites en calles de la ciudad, actividades informales de la cuales obtenía sus propios ingresos, y que ejecutó estando afiliado al sistema como trabajador independiente. Lo cual, señaló, se corroboró con la declaración de su madre, Gladis Enith Quiroz, a quien se le llamó de oficio a rendir versión libre, y quien además ilustró que, este ha tenido la iniciativa de estudiar y trabajar, pero se ha sentido impotente de no poderlo hacer por sus dificultades de adaptación, las cuales le llevaron a abandonar los dos empleos formales que tuvo, al segundo día de vinculación, y a que no pasara la fase de valoración para ingreso laboral en varias oportunidades, lo cual, le condujo a trabajar en actividades informales, incluso como mensajero a su servicio entre 2012 y 2013, pagándole su respectiva remuneración y afiliándolo al sistema de seguridad social en salud y pensión, cubriendo sus respectivos aportes, los cuales, posteriormente, continúo aquel cancelando con sus ingresos, resultantes de su actividad de vendedor informal, hasta finales de 2016, momento en que cesó en su labor, cuando entró en crisis en sus miedos y problemas de conducta, lo cual la llevó a que ella continuara cubriendo

las cotizaciones al sistema, para garantizarle la seguridad social a partir de 2017, especialmente para obtener su protección en salud.

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Radicación n.° 93829 Todo lo cual condujo al Tribunal a concluir, que; “A juicio de esta corporación, la afiliación y pago de cotizaciones a través de su señora madre, Gladis Quiroz, es un reflejo de la actividad laboral dependiente que Yeison realizaba, pero además la respuesta a la necesidad de ocupación laboral del mismo bajo un esquema diferencial, acoplándose a sus capacidades especiales, que le impedían seguir un estilo laboral bajo estándares de horario y subordinación de una empresa o compañía. Igual explicación merece para la Sala la vinculación y pago como independiente, en las que no se detecta ánimo defraudatorio, ya que como joven resiliente y consiente de sus dificultades, buscó alternativas económicas, aquella que respondiera a su nivel de adaptación social, obteniendo los recursos que redundaron en el cubrimiento de sus necesidades básicas.” Por consiguiente determinó, que las cotizaciones realizadas al sistema por el señor Patiño Quiroz, responden a una efectiva capacidad laboral, que se mantuvo hasta finales del año de 2016, momento que tendría como hito final de cómputo de la densidad de cotización, verificando que entre aquel momento y el 1 de enero de 2014, totaliza 154.57 semanas, el cual, aunado a la discapacidad que supera el 50%, le permite concluir, que le asiste el derecho pensional de invalidez demandada, a partir del 1° de enero de 2017, en proporción al salario mínimo legal.

Razón por la cual, procedió a liquidar el respectivo retroactivo pensional, sobre 13 mesadas anuales, y disponer su respectiva indexación al momento del pago.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 93829 Interpuesto por la entidad demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia acusada, para que, una vez constituida en sede de instancia, revoque la sentencia de primera instancia y se absuelva de todos los cargos.

En subsidio, pretende se case parcialmente el fallo acusado, en cuanto ordenó pagar las mesadas pensionales a partir del 1° de enero de 2017, y en instancia, se revoque en forma parcial la sentencia del a quo, en lo que atañe a la condena de las mesadas pensionales a partir del 1° de abril de 2017 y sea condenada la AFP Porvenir S.A., a erogar aquellas a partir del mes de junio de 2019, o en todo caso, a partir del mes siguiente al pago del último aporte al sistema pensional. Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica por la parte opositora, que serán resueltos de manera conjunta, por cuanto, pese a que están dirigidos por diferentes vías de violación sustancial, se fundamentan en argumentos que se complementan.

VI. CARGO PRIMERO

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Radicación n.° 93829 Acusa la sentencia por la vía directa, por la

interpretación errónea de los artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa de los artículos 142 del Decreto 19 de 2012 que modificó el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, 1°, 29 y 230 de la Carta Política y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005. Atendiendo la vía de acusación seleccionada, manifestó que, no es objeto de debate: “a) el señor Patiño se afilió a Porvenir S.A. en enero de 2012 e hizo aportes en forma continua hasta mayo de 2019, reuniendo 369,47 semanas b) que el 12 de diciembre de 2015, Seguros de Vida Alfa S.A. calificó su pérdida de capacidad laboral estableciéndola en un 60.5% con fecha de estructuración 4 de octubre de 2004 c) que para ese entonces el señor Patiño no se hallaba afiliado al sistema de seguridad social en pensiones.” A continuación, transcribe apartes de la sentencia CSJ SL2295-2018 de la Sala de Descongestión No. 1, que reitera lo señalado en la CSJ SL16374-2015, cuyos apartes hacen referencia, a que “las semanas de cotización para acceder a la pensión de invalidez deben cumplirse con antelación al siniestro”, por cuanto, “siempre se ha partido del supuesto, de que la pérdida de la capacidad laboral debe estructurarse durante el tiempo que el trabajador esté afiliado y cotizando al sistema de seguridad social”, razón por la cual, “la invalidez preexistente al momento de la

afiliación o la producida durante un determinado tiempo en que se haya dejado de cotizar, previsto legalmente, no da derecho a la pensión de invalidez por riesgo común.”.

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Radicación n.° 93829 Con fundamento en la precitada jurisprudencia, afirmó ser evidente que si el 4 de octubre de 2004, día en que se determinó como el comienzo de la condición valetudinaria, el señor Patiño Quiroz no se hallaba afiliado al sistema de seguridad social en pensiones y, por ende, no tenía 50 semanas aportadas en los 3 años inmediatamente anteriores, claramente no está llamado a favorecerse con la prestación de invalidez concedida. De otro lado, frente a la hipótesis de la aplicación del principio de progresividad, rememora la sentencia CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 42625, afirmando que tiene plena cabida en el presente asunto, ya que allí se determinó hacer prevalecer el interés general sobre el particular, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política, al analizar el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, que compele al Estado a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, principio que estimó, puede verse lesionado si se ordena reconocer pensiones no establecidas dentro de las normas vigentes en un momento dado, por cuanto concebir que esas prestaciones que no cuentan con las provisiones necesarias puedan ser atendidas, conduciría inevitablemente al derrumbamiento de la estructura financiera del sistema. Adicionalmente, analizó el asunto desde lo plasmado

en la sentencia CSJ SL16374-2015, de esta Corte, de la cual transcribe algunos apartes, para señalar, que es claro que la determinación del día de principio de la invalidez es potestad de las entidades a las que la ley les asignó esa

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Radicación n.° 93829 facultad expresa (art. 142 del D. 19 de 2012, que modificó el art. 52 de la Ley 962 de 2005) y, por tanto, debe ser con base en esa experticia que el juez soporte su decisión; pone de manifiesto, que no era posible para el Tribunal cambiar a su arbitrio la fecha que se hubiere establecido como la de inicio de la condición de invalidez del señor Patiño, es decir, el 4 de octubre de 2004, por cuanto para poderlo hacer, debía contar con unos conocimientos técnicos y científicos de los que el legislador supuso que carecía. Además, agregó, que aunque en gracia de discusión se admitiera que el juzgador puede escoger la prueba pericial que le ofrezca mayor certeza sobre la realidad de los hechos, en todo caso no puede crear su propio dictamen y, bien por el contrario, debe someterse a alguno de los allegados al expediente, el que prefiera, pero en todo caso proveniente de uno de los multicitados entes previstos en el artículo 142 del Decreto 19 de 2012. Finalmente indicó, que con las anteriores reflexiones se demuestra el error jurídico que se le atribuyen al Tribunal, y el quebranto de las normas incluidas en la proposición jurídica, razón suficiente para pedir se sirva

proveer según lo indicado en el alcance de la impugnación.

VII. LA RÉPLICA Afirma, que basta señalar que la posición jurisprudencial adoptada por la Sala de Decisión Laboral

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Radicación n.° 93829 del Tribunal Superior de Medellín, concuerda con la interpretación que actualmente tiene sentada esta Sala de la Corte, en concordancia con la Corte Constitucional, respecto al artículo 1° de la Ley 860 de 2003, para lo cual procede a transcribir apartes de la sentencia CSJ SL4722022, en cuanto indica que, “[…] tratándose de enfermedades catalogadas como crónicas, degenerativas o congénitas, esta Sala a partir de la sentencia SL3275-2019, varió su línea de pensamiento en cuanto al momento desde el cual deben contabilizarse los aportes o semanas que dan lugar a la prestación pensional originada en una de esas particulares contingencias, abriendo la posibilidad de que se tenga en cuenta, entre otras, la de la última cotización efectuada, en el entendido de que es esa calenda «[…] donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando»” […] en donde esta Corporación ha permitido que sea tomada como fecha para el estudio de la causación de la pensión de invalidez, no solo la que generó el estado de pérdida de la capacidad laboral, sino también (i) el momento en que se emitió el dictamen; (ii) cuando se efectuó la solicitud de reconocimiento prestacional o (iii) se produjo la última cotización.” Por consiguiente, considera que, siendo clara la

enfermedad congénita del demandante, no incurrió en error alguno el Tribunal en conceder la pensión, teniendo en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración formal, habiendo acreditado una capacidad residual.

VIII. SEGUNDO CARGO Acusa el fallo por la vía indirecta, por la aplicación indebida de los artículos 1° numeral 1° de la Ley 860 de 2003 y 48 y 53 de la Carta Política y por la infracción directa de los artículos 8° de la Ley 153 de 1887, 29 y 230

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Radicación n.° 93829 de la Constitución Nacional y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005. Como error de hecho, denunció, no dar por demostrado, estándolo, que no obstante que al señor Patiño le fue declarada una invalidez estructurada el 4 de octubre de 2004, en uso de una capacidad residual, continúo laborando por lo menos hasta el mes de mayo de 2019. Lo anterior, como consecuencia de la errada valoración del historial de aportes del señor Yeison Arley Patiño Quiroz en Porvenir S.A. (fs. 113 a 114). En sustento, trae a colación aparte de la sentencia CC SU 588-2016, de la Corte Constitucional, la cual estima, tiene vigencia en el presente asunto, trascribiendo extractos de la referida providencia, al igual que de la sentencia CC T777-2009, relacionada con el propósito de la pensión de invalidez, en el sentido de que aquella entra a reemplazar los recursos que el afiliado venía devengando como fruto de

su trabajo para satisfacer sus necesidades básicas cuando este ya no los puede obtener, porque su condición de salud no le permite seguir laborando. Pues, estima, que al examinar el acervo probatorio, basta con la lectura del historial de aportes del señor Patiño en Porvenir S.A., para hallar que su última cotización corresponde al mes de mayo de 2019, de manera que, si esa fue la época en la cual aquel pudo conseguir los emolumentos requeridos para costear su manutención, la

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Radicación n.° 93829 pensión de invalidez debía ser entonces concedida a partir de junio de 2019, pues la capacidad residual le sirvió para conseguir los ingresos requeridos para costear su manutención hasta entonces, razón por la cual, no se justifica el reconocimiento de la prestación antes de ese momento, ya que si estaba en condición de trabajar y garantizarse un mínimo vital, no tenía por que ser beneficiario de la pensión de invalidez, sino a partir del día en que ya no pudo seguir laborando. En consecuencia, considera que cualquier otra solución como la adoptada por el juez colegiado, transgrede lo pregonado por el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 y choca contra el sentido que le ha dado la Sala de Casación Civil y la Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con relación al enriquecimiento sin causa, por cuanto es obvio que debe concederse a partir del momento en que dicha persona ya no puede seguir consiguiendo los medios suficientes para sobrellevar una vida digna, es porque su condición de invalidez se lo impide de forma definitiva.

Finalmente, para sustentar lo afirmado, transcribe apartes de la sentencia CSJ SL1598-2022, y clarifica que, mediante el ataque no se está abordando un medio nuevo en casación, pues es más que evidente que la posición de la AFP, a lo largo del proceso, se concentró en considerar que el señor Patiño Quiroz no tenía derecho alguno al reconocimiento de la pensión, pero finalmente se opta por su otorgamiento, pero solo a partir de la fecha en la que de

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Radicación n.° 93829 conformidad con la jurisprudencia referida le debe ser concedido.

IX. LA RÉPLICA Manifiesta, que no resulta ser cierto que el Tribunal violara la ley sustancial en los términos de la acusación, porque la fecha de estructuración en términos formales, debe ser establecida a través de un dictamen pericial, por cuanto, si bien es cierto ella así debe ser fijada, según el manual de calificación de invalidez, y establecida mediante prueba solemne de dictamen de calificación de invalidez, resulta diferente la definición de la fecha de estructuración en sentido material, toda vez, que esta se define, no por elementos médicos, sino por aspectos fácticos que permiten establecer el momento en que el señor Yeison Arley Patiño, no puede continuar trabajando.

Ahora, frente al argumento planteado, en cuanto a que en atención a que según el historial laboral se determina que la última cotización al sistema pensional es de mayo de 2019, y la concesión de la prestación debe ser reconocida desde entonces, considera el opositor, que la Corte en estos

casos, donde se trata de una enfermedad crónica y degenerativa, ha considerado que, “es menester analizar de manera ponderada y razonable cada caso en particular con fines de contemplar las circunstancias específicas del afiliado y sus condiciones para trabajar durante el tiempo en que su patología se lo permitió y como producto de ello cotizar al sistema, en aras de evitar un fraude al sistema general de pensiones que a su vez garantiza su sostenibilidad fiscal.” (Sl1598-2022).

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Radicación n.° 93829 Lineamiento que afirma, observó el Tribunal en su decisión, quien sí valoró el historial laboral del actor, aunado a las demás pruebas practicadas en el proceso y, conforme a lo señalado por la jurisprudencia, acudió a la valoración de las pruebas y condiciones particulares, para definir la fecha en la que se estructuró materialmente su invalidez. En consecuencia, solicita no se acceda a la impugnación, y de reconocer la pretensión subsidiaria, solicita se rehaga la liquidación del IBL en atención a la modificación de la fecha de otorgamiento del derecho.

X. CONSIDERACIONES El Tribunal, para confirmar la decisión adoptada por el a quo, en lo que concierne a la concesión del derecho pensional por invalidez al demandante, y modificar la fecha a partir del cual se causó la prestación, se apoyó en lo adoctrinado por la Corte Constitucional en sentencia CC SU 588-2016, como en lo enseñado por esta Corte, en las diversas providencias que referenció, donde se fijó una nueva postura respecto del momento a partir del cual se

contabiliza el número de cotizaciones en tratándose de afiliados que padecen enfermedades de tipo crónico, congénito o degenerativo, donde se debe tener en cuentaconforme a las particularidades de cada caso-, además de la data de la estructuración de invalidez emitida por la autoridad establecida por el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2002 y

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Radicación n.° 93829 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1562 de 2012: “(i) la fecha de calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional o (iii) la de la última cotización realizada”, calenda en la que se presume que la enfermedad se reveló de tal forma, que le impidió seguir trabajando. Lo anterior, al advertir del dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral allegado al proceso, que el señor Patiño Quiroz fue valorado con un porcentaje de PCL del 60.5%, estructurada el 4 de octubre de 2004, cuando contaba con 12 años de edad, y a consecuencia de padecer afecciones de conducta denominadas trastorno por esquizofrenia paranoide y síndrome de abstinencia, las cuales se consideran enfermedades degenerativas progresivas. Además, luego de establecer del historial laboral allegado al proceso, que este reporta un total de 369.47 semanas de cotización al sistema pensional, desde enero de 2012 y, verificar de la prueba testimonial, que tales aportes, por lo menos hasta diciembre de 2016, los realizó en ejercicio de una efectiva y probada capacidad

residual, en principi