CSJ - SL2861-2020

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2861-2020 Radicación n.° 77171 Acta 27 Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veinte (2020). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en el proceso que le instauró FLOR DE MARÍA GAMBOA

VIUDA DE MENESES.

I. ANTECEDENTES

FLOR DE MARÍA GAMBOA VIUDA DE MENESES llamó a juicio a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S. A., con el fin de que se declarara que

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Radicación n.° 77171 dependía económicamente de su hijo fallecido Carlos Nicolás Ariza Gamboa y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de madre del causante, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993; la indemnización moratoria, establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al no reconocer en tiempo la prestación deprecada y las costas. Fundamentó sus pretensiones, en que su hijo Carlos Nicolás Ariza Gamboa falleció el «23 de abril de 2013» y hasta esa

fecha efectuó aportes a PROTECCIÓN S. A.; que, de acuerdo con la historia laboral, contaba 266,14 semanas cotizadas, de las cuales 154,62 correspondían a los últimos tres años anteriores al deceso; que reclamó la pensión de sobrevivientes, en calidad de progenitora subordinada económicamente del causante; que la reclamación anterior fue resuelta por la AFP PROTECCIÓN S.

A. con Oficio del 18 de febrero de 2015, de manera negativa, fundamentada en la ausencia de subordinación respecto del afiliado fallecido (f.º 2 al 6, cuaderno principal).

PROTECCIÓN S. A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones y aceptó los hechos, excepto las cotizaciones efectuadas por Carlos Nicolás Ariza Gamboa, pues indicó que tenía conocimiento que había cotizado, desde el 23 de mayo de 2008 hasta el día de su muerte, a esa administradora, pero aclaró que desconocía sí realizó aportes con otros fondos de pensiones. En su defensa propuso como excepciones de mérito las de prescripción, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe y la genérica (f.° 32 a 42, ibídem).

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Radicación n.° 77171

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 3 de diciembre de 2013 (f.° 72 y CD carátula, cuaderno principal), resolvió: PRIMERO: Condenar a la Administradora de Fondos de Pensiones y

Cesantías S. A. a reconocer y pagar a la señora FLOR DE MARÍA GAMBOA Vda. de MENESES, la pensión de sobrevivientes de origen común, por el fallecimiento del afiliado CARLOS NICOLÁS ARIZA GAMBOA de forma retroactiva, a partir del 8 de abril de 2014, en cuantía mensual deducida conforme a los artículos 73, 21 y 48 de la Ley 100 de 1993, sobre la totalidad de semanas cotizadas, sin que su monto sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente, junto con la mesada adicional y los incrementos legales pertinentes que se hayan causado con posterioridad a esa fecha y hasta el momento en que se efectúe el pago.

SEGUNDO: Condenar a la ADMINNISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. a pagar a la señora de FLOR MARÍA GAMBOA Vda. de MENESES, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 18 de febrero de 2015 y hasta la fecha en que se verifique el pago de la condena impuesta, sobre cada una de las mesadas causadas, sin perjuicio de que para su cálculo se tenga en cuenta la tasa máxima vigente en ese momento.

TERCERO: Declarar no probada la excepción de prescripción.

CUARTO: Condenar en costas a la demandada […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, a través de sentencia del 10 de noviembre de 2016, confirmó la decisión apelada y condenó en

costas a la parte vencida en juicio (f.° 86 y CD carátula, cuaderno principal),

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Radicación n.° 77171 En lo que interesa al recurso extraordinario, planteó como problema jurídico a resolver si erró el a quo al condenar a la pasiva al pago de la pensión de sobrevivientes con los intereses moratorios y si le asistía razón a la recurrente, en el sentido de que no se demostró la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo fallecido y, por ello, debía absolver a la demandada de todas las pretensiones que se formularon en su contra. Expuso como tesis que la actora tenía derecho a la pensión de sobrevivientes por haberse probado la subordinación pecuniaria respecto del causante; que para ello tuvo en cuenta la prueba documental aportada por las partes y los testimonios de Sandra Janeth Cuadrado Gamboa, Leonardo Angulo Gamboa y Marta Sofía Landázuri Rivera; que la normativa a aplicar era la vigente al momento del fallecimiento del señor Ariza Gamboa, 8 de abril de 2014, prevista en el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Respecto de la prueba testimonial, encontró la declaración rendida por Marta Sofía Landázuri Rivera, quien de manera clara y precisa daba cuenta de la dependencia económica que tenía la actora respecto del causante, al punto que si él no podía viajar a Vélez le enviaba dinero con algún conocido que fuera para la vereda; que cuando Flor de María iba a la ciudad de

Bucaramanga se quedaba en su casa, donde Carlos Nicolás tenía una habitación arrendada y que ella le manifestaba que «sufragaba sus gastos con lo que le daba Carlos».

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Radicación n.° 77171 Que la anterior declaración, fue corroborada con los testimonios de Sandra Janeth Cuadrado Gamboa y Leonardo Angulo Gamboa, quienes si bien son hijos de la demandante sus declaraciones son claras y coherentes al manifestar que Carlos Nicolás era quien económicamente colaboraba con los gastos de su madre, en una suma aproximada de $300.000 pesos mensuales, ya que Sandra por su parte no contaba con trabajo estable y Leonardo tenía una familia con dos hijas y lo que ganaba mensualmente le alcanzaba para costear únicamente sus gastos, que hasta ahora su madre ha podido sostenerse por un seguro que le pagó el banco donde trabajaba Carlos. Señaló, que la AFP recurrente mencionó en su impugnación que la demandante contaba con un terreno que le producía unos ingresos de $150.000 pesos mensuales y que en, en su criterio, tratándose de una zona rural, eran «suficientes para tener una vida digna», argumento que no compartía, pues el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para el año 2016, era de $689.455 pesos, referente que se consideraba como un dinero mínimo para que una persona pudiera vivir en condiciones dignas independientemente de si residía en una zona del campo o urbana; que por habitar en un sector rural en el municipio de Vélez esa suma no es que sea significativamente diferente a lo que pueda representar en una urbe; que debía tenerse en cuenta

que si bien la actora percibía por la cosecha de trabajo que producía su parcela mensualmente unos dineros, ese valor no supera el 22% del salario mínimo para cubrir sus necesidades básicas y la posibilidad de poder trasladarse al casco urbano, semanalmente a hacer mercado o a comprar insumos para mantener el cultivo o en algunas ocasiones para ir a la ciudad de

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Radicación n.° 77171 Bucaramanga, con el fin de atender citas médicas, que si bien hasta ahora lo había podido sufragar, ello obedecía al seguro del banco donde laboraba su hijo fallecido. Citó el fallo CSJ SL12185-2016, en el que se afirmó: […] pues bien, de tiempo atrás tiene dicho la Corporación que la dependencia económica es una situación que debe ser definida en cada caso particular y concreto, a fin de determinar si los ingresos que perciben los progenitores son suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso, no se configura el presupuesto legal para acceder a la prestación pensional, al paso que si son precarios e insuficientes para proveerse lo necesario al punto que el apoyo o ayuda, así sea parcial del hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas es cuando puede pregonarse la dependencia del beneficiario respecto del causante. Puesto en estos términos, no es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes sino aquel

a que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación es la servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas. Aseveró, que no encontró prueba diferente a los testimonios rendidos que permitiera desestimar las razones de sus dichos, no siendo procedente establecer que el causante realizaba una simple ayuda como la de un buen hijo de familia con su señora madre, cuando en realidad su aporte, dadas las circunstancias que se han planteado, era significativo, esencial y determinante en la vida y auto sostenimiento de la accionante, puesto que la suma de dinero que recibía del hijo fallecido, según lo que se ha podido demostrar, era de $300.000, es decir, muy superior a la que podía conseguir por sus propios medios.

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Radicación n.° 77171 Que, además, del dinero que generaba la parcela debía invertir una parte para el cultivo de cacao, para que siguiera produciendo, por lo que la suma de $150.000 no alcanzaba para sus gastos personales; que si bien en el formato de investigación para dependencia económica (f.° 46 al 53, cuaderno principal) se dijo que sustentaba sus gastos con la ayuda que le podían dar sus otros hijos, quedó claro con los testimonios rendidos que sin la ayuda que le suministraba su hijo Carlos Nicolás se le generó un serio desequilibrio económico en forma permanente, lo cual

pone en riesgo su sostenimiento en condiciones dignas y justas. En cuanto a la afiliación al sistema de salud con el que contaba la actora por parte de su hijo Leonardo Angulo, indicó que con su testimonio se aclaró que él la tiene inscrita, porque fue el primero de todos sus hermanos que empezó a trabajar y que desde esa época la afilió y que el hecho de tenerla como beneficiaria le ha impedido incluir a su núcleo familiar; que tal circunstancia, de acuerdo con lo expuesto en decisión de esta Sala que identificó con radicado «44803», no desvirtúa lo que ha venido sosteniendo sobre la referida subordinación. Concluyó, que se demostró la dependencia económica requerida por la ley para que la madre del causante, FLOR DE MARÍA GAMBOA VIUDA DE MENESES, tuviera derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por causa de la muerte de su hijo y que dicha prestación debía haberse reconocido, «a partir de la fecha de fallecimiento de Carlos Nicolás Ariza Gamboa, el 8 de abril de 2014, pero se estará a lo que dispuso por el a quo, al ser única recurrente la parte demandada».

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Radicación n.° 77171 Respecto a la condena por intereses moratorios, afirmó que estos procedían, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el 1° de la Ley 717 de 2001, pero como no se tenía establecida la fecha en la que se hizo la reclamación de la pensión, se concedería a partir de la data en que la demandada dio respuesta a la solicitud presentada por la demandante, es

decir, desde el 18 de febrero de 2015.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, finalmente, se absuelva a PROTECCIÓN S. A. de todo lo pedido en su contra.

En subsidio, demanda que se case parcialmente el fallo del juez colegiado en cuanto no autorizó a la entidad a descontar las partidas correspondientes a los aportes al sistema de seguridad social en salud y a cargo exclusivo de la beneficiaria de la pensión y, en consecuencia, se revoque parcialmente la sentencia de primer grado «por no haber facultado a la Administradora a retener lo correspondiente a aportes al sistema de seguridad social en salud y a cargo de la favorecida con la prestación y, en sede de instancia, imponga a Protección S. A. la obligación de realizar tales deducciones y trasladarlas a la EPS pertinente» (f.º 10, cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 77171 Con tal propósito presenta cuatro cargos, por la causal primera de casación, que no fueron objeto de réplica y se estudiaran conjuntamente el segundo y tercero, por tener identidad temática, perseguir el mismo fin y valerse de similar argumentación.

VI. CARGO PRIMERO Señala que, A causa de errores de hecho en el fallo recurrido se aplicaron

indebidamente los artículos 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y 141 de la Ley 100 de 1993 y se infringieron en forma directa los artículos 27 y 31 del Código Civil, 164, 167, 193 y 221 del Código General del Proceso (antes 174, 177, 179 y 228 del Código de Procedimiento Civil), 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y 29 y 230 de la Carta Magna (como lo predica la H. Sala, cuando un cargo se intenta por la vía de los hechos como ahora, la infracción directa se equipara a la aplicación indebida

Indica como errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Gamboa viuda de Meneses dependía económicamente de su hijo al momento de su muerte cuando al juicio no se allegó prueba de la cuantía de sus gastos o de la frecuencia y la significancia de la hipotética ayuda de occiso.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que lo que eventualmente diera el muerto a su mamá era lo que le aseguraba su modus vivendi.

3. Pese a dar por demostrado que la señora Gamboa recibía sus propios ingresos, contaba con la asistencia del sistema de seguridad social en salud y era propietaria de su vivienda, no tener como cierto, siéndolo, que ella tenía la manera de sobrellevar una vida digna e independiente del difunto.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Flor de María Gamboa viuda de Meneses era acreedora legitima de la prestación de sobrevivientes

5. Dar por cierto, sin serlo que Protección S. A. podía ser condenada a

cancelar la pensión pretendida.

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Radicación n.° 77171 Afirma, que los anteriores yerros provienen de la mala apreciación de las siguientes pruebas: a) Demanda inicial, en especial el aparte “ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO RESPECTO DE LA PRETENSIÓN” (fs. 2 a 6 en particular f.4, c1.). b) Testimonios de Sandra Janeth Cuadrado Gamboa, Marta Sofía Landázuri y Leonardo Angulo Gamboa (segundo disco compacto de la primera instancia). Transcribe apartes del fallo CSJ SL4103 –2016 y concluye que es patente el dislate del Tribunal, cuando condenó a la entidad a pagar la pensión pedida, pues una vez revisado el expediente resulta fácil entender que brillan por su ausencia las pruebas indispensables para verificar que había una sujeción económica de la señora Gamboa frente a su hijo. Arguye, que no se incorporó al expediente comprobación alguna sobre la frecuencia del subsidio que hipotéticamente le prodigaba su hijo y sobre el valor de los gastos mensuales de dicha señora, con lo que se dejó en el aire la posibilidad de establecer la significancia de la hipotética contribución del occiso con relación al importe de la manutención materna. Que en diametral oposición a esa orfandad de pruebas, fue admitido por el sentenciador de segunda instancia y no lo discute el cargo que la demandante Gamboa percibía $150.000 mensuales, era propietaria de la finca en la que vivía y estaba afiliada al sistema de seguridad en salud por cuenta de un hijo

distinto al difunto y recibía la colaboración de sus otros hijos, como fue confesado dentro de la demanda inicial, en el aparte «argumentos de hecho y de derecho respecto de la pretensión» cuando se dijo: «La dependencia económica, puede ser parcial, es

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Radicación n.° 77171 decir que en que aquellos casos en los que el trabajador -cotizantefallecido, hubiere compartido la ayuda hacia sus padres, con otros hermanos, esta situación no afecta el derecho a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes». Expresa, que con la decisión tomada por el Tribunal se desconoció abiertamente lo que se demostró en el juicio y dentro de su errada determinación tuvo como cierto que era el auxilio del de cujus lo que le garantizaba a su mamá el mínimo vital, hipotético aporte cuya periodicidad y significancia no quedaron acreditadas. Transcribe apartes de la providencia CSJ SL, 14 may. 2008, rad. 32813, porque guarda similitud fáctica con el examinado y concluye que lo expuesto confirma que no hay pruebas relativas a la imposibilidad de que la señora Gamboa pudiese solventar su sustento de forma independiente del causante, como tampoco las hay que su modus vivendi dependiese de la contribución del fallecido como en forma infundada lo creyó el Tribunal, con lo cual se acredita la existencia de los yerros fácticos denunciados; que, por tanto, se hace factible el estudio de las pruebas que no son hábiles en casación, que basta revisar los testimonios para darse cuenta que el juzgador de segunda instancia analizó el

acervo de manera negligente. Alude, que Sandra Cuadrado Gamboa reconoció su condición de testigo de oídas cuando afirmó que supo sobre la ayuda que le daba el muerto a su madre, porque el mismo se lo contó y no por una percepción personal de los hechos, pues aseveró: «Él me decía que le ayudaba mensual con $300.000»; que

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Radicación n.° 77171 el fallecido le comentaba que visitaba a su mamá cada dos meses y le llevaba dinero, advirtiendo que cuando no podía encargaba a terceros para que se lo entregaran. Sin embargo, la deponente reconoció que nunca vio que su hermano le diera plata a algún tercero. Agrega, que la señora Marta Sofía Landázuri Rivera también admitió su condición de testigo de oídas cuando al dar respuesta a la pregunta sobre qué hacía el causante con su sueldo, mencionó: «y decía que sagradito para mi viejita le sacaba $300.000 y me pagaba a mí lo que me debía» y aseveró que durante el tiempo que el señor Ariza vivió en su casa, nunca vio que le llevara algo a su mamá. En lo que atañe a Leonardo Angulo Gamboa, afirma que no existe la menor duda del beneficio que obtendría con el otorgamiento de la pensión a su progenitora, pues aparte de la contribución que le provee con ello solucionaría el problema de afiliación de su hija a la seguridad social, situación que, aunque entendible cierne un manto de duda sobre la veracidad de sus contestaciones; que aún si se diera crédito a su recuento, esto es,

que vio que su hermano le daba dinero a su madre y que él en algunas oportunidades se lo llevó, de ninguna forma demostró que esos recursos eran los que le garantizaban una vida congrua. Añade que, como anotación común a los tres testimonios, es innegable que en ninguno de ellos se hizo alusión al valor de los gastos de la señora Gamboa ni la significancia del aporte con relación al total de las erogaciones maternas, elemento de crucial

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Radicación n.° 77171 importancia para determinar la existencia de una subordinación monetaria. Colige, que está demostrado el error cometido por el Tribunal al haber confirmado la condena impuesta, pese a estar acreditado por un lado, que la señora Gamboa contaba con unos ingresos, asistencia del sistema de seguridad social en salud, casa propia y la colaboración de otros hijos y por otro, el expediente esta huérfano de pruebas sobre el valor de sus gastos; no está demostrada la significancia del supuesto socorro ni cuáles eran las necesidades de la madre que quedaban insatisfechas (f.°11 a 20, cuaderno de la Corte).

VII. CONSIDERACIONES Sea lo primero señalar, que si bien el recurrente comete una imprecisión al incluir en la proposición jurídica la violación normas procesales sin acudir a violación de medio, ello no se convierte en una falencia técnica que impida conocer de fondo el asunto, pues lo cierto es que acusa otros preceptos de orden nacional y de carácter sustancial que sirvieron de fundamento al fallo, como es el literal d), artículo13 de la Ley 797 de 2003, lo

cual resulta suficiente para integrarla, toda vez que esta Sala ya ha manifestado que no se requiere la formulación de una proposición jurídica completa. Al respecto, en sentencia CSJ SL1369-2020, explicó: Asimismo, frente al argumento de la demandada según el cual el recurrente erró al denunciar la violación de (i) normas procesales sin enunciar el quebranto de una norma sustancial y (ii) leyes o decretos

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Radicación n.° 77171 de manera genérica sin especificar el artículo que se considera vulnerado, debe precisarse que es posible omitir el estudio de estas, pues además de ellas el impugnante acusa reglas sustantivas, entre otras, los artículos 18, 19 y 135 del Código Sustantivo del Trabajo, 21 de la Ley 100 de 1993 y 13, 46, 53, 230 y 241 del mandato superior, con las cuales es viable analizar el cargo, pues esta Sala ha determinado, reiteradamente, que es suficiente con que la censura cite cualquier precepto sustantivo que constituyendo base esencial del fallo o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido quebrantada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa. Aclarado lo anterior, es preciso recordar que, de acuerdo con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, para que se configure el error de hecho, es indispensable que el cargo exprese las razones que lo demuestran y, a más de esto, como lo ha dicho la Corte, que los desatinos aparezcan notorios, protuberantes y

manifiestos, por provenir de la falta de apreciación o de la errada valoración de una o más pruebas calificadas. La censura en este cargo encauzado por la vía indirecta, formuló cinco (5) errores de hecho, orientados a demostrar, en suma, que el Tribunal se equivocó al dar por acreditado que la señora Gamboa viuda de Meneses dependía de su hijo al momento de su muerte. Así las cosas, desde ya se advierte que las conclusiones del Juez colegiado no son desvirtuadas con la pieza procesal y pruebas denunciadas y, por consiguiente, de la revisión de las mismas, no se logra acreditar ninguno de los yerros fácticos endilgados con la connotación de manifiestos, manteniéndose la presunción de legalidad y acierto de la sentencia recurrida.

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Radicación n.° 77171 Se hace tal aseveración, pues al revisar los medios de prueba denunciados, se encuentra:

1. Demanda inicial (f.º 2 a 6, cuaderno principal).

El recurrente afirma que el Tribunal admitió que: i) la demandante percibía $150.000 mensuales; ii) era propietaria de la finca en que vivía; iii) estaba afiliada al sistema de seguridad social en salud por cuenta de un hijo diferente al difunto y iv) recibía la colaboración de otros de sus hijos, como fue confesado dentro de la demanda inicial en el aparte «argumentos de hecho y derecho respecto de la pretensión», cuando se dijo que «la dependencia económica, puede ser parcial, es decir que en aquellos casos en los que el trabajador – cotizante – fallecido,

hubiere compartido la ayuda hacía sus padres con otros hermanos, esta situación no afecta el derecho a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes». La demanda inicial es una pieza procesal que, según la línea jurisprudencial de la Corte, en principio, no tienen la connotación de prueba, empero adquiere tal relevancia cuando de ella se obtiene confesión de los hechos controvertidos, situación que no se da en este asunto. En efecto, de su examen se tiene que la promotora de la acción no hace más que afirmar que dependía económicamente respecto de su vástago fallecido (f.º 2 a 3, cuaderno principal, hechos 5 y 6); en los fundamentos de hecho y derecho (f.º 4, ibidem), lo que se asevera es que la accionante requiere ayuda económica de sus hijos para proveerse sus necesidades básicas

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Radicación n.° 77171 las cuales las solventaba en un alto porcentaje Carlos Nicolás, con la ayuda de hermano Leonardo Gamboa que le subsidiaba la afiliación en salud; que por los escasos recursos económicos que hoy recibe, se ha visto afectada su dieta, su posibilidad de acudir con más frecuencia a los controles médicos y disminuida su calidad de vida, en tanto ya no puede desplazarse al pueblo con la periodicidad con la que lo que lo hacía a realizar las actividades familiares, que contribuye a su buen estado emocional y afectivo. Por último, señala que esta Corte ha sido reiterativa en que la dependencia económica de los padres respecto de los hijos, no debe ser absoluta para acceder al derecho y que dicha

subordinación económica puede ser parcial, es decir que en aquellos casos en los que el trabajador -cotizante-fallecidohubiere compartido la ayuda hacía sus progenitores, con sus otros hermanos, esta situación no afecta el derecho a ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Así las cosas, no se evidencia que ninguna de estas afirmaciones comporte una confesión, en los términos del artículo 191 del CGP, es decir, que le genere consecuencias adversas a la demandante o favorezca a la contraparte, pues no se advierte que este reconociendo la existencia de autosuficiencia económica que le permita un sostenimiento en condiciones dignas sin la ayuda que le brindaba el causante y solo el hecho de que se afirme que la dependencia sea parcial en nada afecta su acceso al derecho, siempre y cuando, como ya se mencionó, esas otras ayudas no la conviertan en autosuficiente financieramente. En consecuencia, no se vislumbra que el Colegiado haya cometido alguno de los errores endilgados.

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2. Prueba testimonial (CD, carátula del cuaderno principal).

Así mismo, la recurrente acude a los testimonios de Sandra Janeth Cuadrado Gamboa, Martha Sofía Landázuri Rivera y Leonardo Angulo Gamboa, para fundamentar el yerro fáctico del Tribunal, cuando es sabido que tales medios de convicción no son prueba calificada en casación, pues de conformidad con el artículo 7° de la Ley 16 de 1969, solo tienen dicha connotación el

documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial para tal fin en casación, a menos, que se demuestre previamente un error de hecho manifiesto con un medio de convicción apto, lo cual no sucede en el sub lite. Al respecto, esta Sala en sentencia CSJ SL457-2020 indicó: En efecto, de manera reiterada y con fundamento en la citada disposición legal, solamente pueden controvertirse en casación por la vía de errores de hecho, la falta de valoración o apreciación errónea de: i) los documentos auténticos, ii) la confesión judicial, y iii) la inspección judicial (sentencia CSJ SL4296-2019). Por ende, tampoco es viable hacer un análisis de la prueba testimonial, por no estar prevista como prueba calificada, pues, se insiste, para poder estudiarla es necesario demostrar la existencia de un error fáctico derivado de una prueba que sí tenga tal carácter, única forma posible de adentrarse en el estudio de aquélla. Por tanto, el cargo no es fundado.

VIII. CARGO SEGUNDO Ataca la sentencia recurrida, […] por la vía del derecho, por la aplicación indebida de los artículos 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y 141 de la Ley 100 de 1993 y por la

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Radicación n.° 77171 infracción directa de los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso (antes 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil) 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo, 7° de la Ley 1149 de 2007 y 29 y 230 de

la Constitución. Para la demostración del cargo, transcribe la sentencia CSJ SL4103-2016 y señala que a la luz de esta jurisprudencia es patente la aplicación indebida del literal d), artículo 13 de la Ley 797 de 2003, por parte del Tribunal, pues, aunque la subordinación monetaria no debe ser total, como se dijo en la sentencia CC C-111-2006, si debe ser fundamental para que los padres puedan asegurar una vida digna. Asegura, que es un dislate pensar como lo hizo el ad quem, que basta con que la madre se viese privada de la hipotética ayuda económica del fallecido para que se tuviera como acreditado el supuesto de hecho que la convertía en legítima acreedora de la pensión solicitada, ya que so pretexto de que no es válido exigir una supeditación pecuniaria total y absoluta de los progenitores para que éstos puedan disfrutar la prestación de sobrevivientes, requisito de por sí extremo, tal restricción tampoco puede llegar a la lenidad de que sea suficiente con que se demuestre que la mamá de un afiliado que muere pierda una colaboración monetaria que en forma presunta y/o eventual le prodigase el fenecido para que, a partir de ello se tenga como cumplido el supuesto de la dependencia económica, que el socorro debe ser significativo como se infiere de la providencia CSJ SL, 21 ab. 2009, rad. 35351. Sostiene, que el Tribunal no cumplió con su deber de verificar si la supuesta colaboración del causante cumplía con

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Radicación n.° 77171 las condiciones requeridas para que pudiera tenerse como

subordinante, esto es, que fuera real, periódica y significativa, es palmario que incurrió en una falla suficiente para se case la decisión. Finalmente, manifiesta que si en este escrito hubiesen eventuales alusiones a aspectos fácticos no trasgrede la técnica de casación, pues con estos planteamientos no se debate