CSJ - SL2862-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL2862-2023 Radicación n.° 94924 Acta 37 Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANÉNTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO, representado legalmente por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el dieciocho (18) de febrero del dos mil veintidós (2022), en el proceso que le

instauró DORIS ESTELLA GUEVARA JAIMES.

I. ANTECEDENTES Doris Estella Guevara Jaimes llamó a juicio al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Caprecom Liquidado, representada legalmente por la Fiduciaria La Previsora S. A., para que se declarara que era beneficiaria de la CCT del 14 de noviembre de 1996 suscrita entre la accionada y Sintracaprecom, así como también que existió

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Radicación n.° 94924 un contrato de trabajo a término indefinido, que finalizó el empleador sin justa causa. En consecuencia, se condenara a pagar los siguientes conceptos laborales que fueron desconocidos, desde el 1° de diciembre de 2000 hasta el 31 de enero del 2016, entre ellos: Rubro Soporte Diferencia salarial entre lo que No indica percibió y la asignación salarial para los trabajadores oficiales en el

cargo de gestor de vida sana. Incrementos Artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978 Aumento salarial convencional Artículo 53 y 45 de la CCT. Decreto 1160 de 1947, Decreto 1045 de 1978, artículo 40, Ley 50 de 1990, Auxilio de cesantías Ley 244 de 1995, Decreto 1582 de 1998, Decreto 1453 de 1998, Decreto 1252 de 2000, Ley 1071 de 2006 Técnica Artículo 1° del Decreto 2164 de 1991 Semestral legal Acuerdo 10 de julio de 23 de 1964, Acuerdo 33 de noviembre 30 de 1967, Acuerdo 12 de 2 de 1972 Vacaciones Leyes 174 y 230 de 1975, artículos 24, Primas legales 25, 26 y 28 del Decreto 1045 de 1978 Navidad Artículo 32 del Decreto 1045 de 1978 De junio Artículo 49 de la CCT Primas De navidad Artículo 50 de la CCT convencionales De vacaciones Artículo 52 de la CCT De antigüedad Artículo 56 de la CCT De retiro Artículo 58 de la CCT De transporte Ley 15 de 1959, Decreto 1258 de legal 1959, Decreto 4966 de 2007 Auxilios De alimentación Artículo 51 del Decreto 1042 de 1978 Convencional Artículo 47 de la CCT Bonificaciones Por servicios Artículo 45 del Decreto 1042 de 1978 Legales prestados Especial de Decreto 3340 de 1955 diciembre Bonificaciones Por servicios Artículo 55 de la CCT convencionales prestados De recreación Artículo 64 de la CCT

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Radicación n.° 94924 Subsidio de alimentación Artículo 46 de la CCT convencional Quinquenio convencional Artículo 64 de la CCT Dotaciones Ley 70 de 1988 y Decreto 1978 de 1989 Así mismo, solicitó que se cancelara: i) el 12.5 % y 16 % mensual por los aportes de salud y pensiones respectivamente, a cargo del empleador; ii) la devolución de lo pagado por retención en la fuente; iii) reintegro de lo que sufragó por pólizas de cada una de los contratos; iv) el bono pensional o cálculo actuarial «por los aportes pensionales que deben ser consignados» al RPMPD; v) las indemnizaciones por despido injusto, por falta de cancelación del canon 65 del CST y la del precepto 1° del Decreto 797 de 1949; vi) la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; vii) la indexación o moratorios, según sea el caso; viii) lo probado ultra y extra petita, junto con ix) las costas. Fundamentó sus pedimentos en que prestó sus servicios a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – Caprecom, territorial Santander, hoy Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Caprecom liquidado, administrado por Fiduprevisora S. A., mediante contratos que iniciaron el 1° de diciembre de 2000 y se prolongaron hasta el 31 de enero del 2016; que desempeñó el cargo de gestor de vida sana en

Caprecom EPS, a través de las siguientes CTA así: CTA Desde Hasta Socorrana 1° de diciembre de 31 de diciembre de 2006 2000 Gedesalud 1° de enero de 2007 31 de diciembre de 2010 Cooperamos 1° de enero de 2011 31 de mayo de 2012

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Radicación n.° 94924 «Contrato de prestación 1° de junio de 2012 31 de enero de 2016 de servicios» Refirió que sus funciones eran identificar, canalizar y realizar planes de beneficios, programas de promoción de salud y prevención de la enfermedad, diagnósticos, visitas domiciliarias, acciones de fomento y educación de las patologías, participar en campañas de salud, entre otros; que devengó como última asignación mensual la suma de $1.321.840; que tuvo un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 pm, debiendo laborar en algunas ocasiones los días sábados; que la convocada le asignó elementos como computador, escritorio, papelera y, que para descansar en temporada de navidad o semana santa, debía compensar el tiempo. Indicó que la CCT suscrita el 14 de noviembre de 1996 entre Caprecom y Sintracaprecom, se encontraba vigente por sus prórrogas automáticas, aunque había sufrido las siguientes modificaciones por: i) la Adenda al artículo 38 de la CCT 1997-1998, firmado el 13 de agosto de 1998; ii) el Acta

Parcial de Acuerdo del 3 de marzo de 1999; iii) el Laudo del 1° de julio de 1999; iv) el «Acta de Acuerdo Extra Convencional» del 12 de junio de 2003; v) el «Acta Final de Acuerdo Final» del 13 de diciembre de 2011 y del 12 de septiembre de 2012; vi) la Convención Colectiva de Trabajo vigente del 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013; vii) el «Acta de Acuerdo Extra Convencional» del 7 de junio de 2013 y, viii) la negociación del Pliego de Peticiones del 19 de marzo de 2014.

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Radicación n.° 94924 Recordó que, por Certificación del 14 de marzo del 2016, la organización sindical aludida constató que era un sindicato mayoritario y tenía afiliados a más de las dos terceras parte de los trabajadores. Además, indicó que el 24 de julio del 2018 solicitó el pago de sus derechos legales y convencionales, que se resolvió negativamente por Oficio n.° 20186000016371 del 16 de agosto de tal anualidad (f.° 3 a 64 demanda y 639 a 700 subsanación del cuaderno digital del juzgado). Mediante providencia del 29 de abril del 2019, se tuvo por no contestada la demanda por la accionada (f.° 709, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el 28 de octubre del 2020 (f.° sentencia del

cuaderno digital del juzgado), resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre la señora Doris Estella Guevara Jaimes y el Patrimonio Autónomo de Remanentes Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria La Previsora S. A., existió un contrato de trabajo que estuvo vigente desde el 1° de diciembre del 2000 al 31 de enero de 2016.

SEGUNDO: CONDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes

Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria La Previsora

S. A., a pagar a la señora Doris Estella Guevara Jaimes, las siguientes sumas de dinero debidamente indexadas a la fecha y sin perjuicios de las actualizaciones que se genere hasta que se

haga efectivo su pago, por concepto de:

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Radicación n.° 94924

TERCERO: CONDENAR al Patrimonio Autónomo de Remanentes

Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria La Previsora

S. A., a pagar a la señora Doris Estella Guevara Jaimes, la suma de treinta y un millones ochocientos doce mil ciento cincuenta pesos ($31.812.150) debidamente indexado a la fecha y sin perjuicio de la actualización que se genere hasta que se haga efectivo su pago, por concepto de indemnización por despido injusto.

CUARTO: ABSOLVER al Patrimonio Autónomo de Remanentes

Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria La Previsora

S. A., de los demás cargos formulados en su contra por la demandante.

QUINTO: CONDENAR en costas al Patrimonio Autónomo de

Remanentes Caprecom Liquidado, administrado por la Fiduciaria La Previsora S. A [...]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por apelación de las partes y en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la convocada, el 18 de febrero del 2022 (f.° 1 a 34 del cuaderno digital del Tribunal), dispuso: PRIMERO: ADICIONAR el 2º de la sentencia consultada y apelada de fecha, origen y antecedentes reseñados, en el sentido de: “(…) CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO cuyo vocero y administrador es la FIDUCIARIA PREVISORA S.A. a reconocer y pagar a favor de DORIS STELLA GUEVARA JAIMES, por concepto aportes en pensiones en un ciento por ciento (100%), por los ciclos comprendidos entre el 1 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2011, atendiendo como ingreso base de cotización (IBC) la

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Radicación n.° 94924 suma de un (1) SMLMV para cada anualidad, y por los ciclos a continuación referidos, un IBC como se sigue, 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, $ 1.271.000, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, $ 953.250, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, $ 1.321.840, del 1 al 31 de enero de 2015, $ 1.145.595.,

del 1 de febrero de 2015 a 31 de enero de 2016, a un salario base de $ 1.321.840. para lo cual deberá la demandante en el término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, solicitar a la entidad de seguridad social a la que se hallaba afiliada o decida afiliarse, el cálculo actuarial respectivo con observancia del Decreto 1887 de 1994 más los intereses moratorios a los que se refiere el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y proceder a comunicarlo al demandado, quien dentro de los quince (15) días siguientes a la mencionada comunicación procederá a pagar el importe ante la entidad o fondo de pensiones (…)”.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal 4º de la sentencia consultada y apelada de fecha, origen y antecedentes reseñados, para en su lugar, CONDENAR al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE CAPRECOM LIQUIDADO cuyo vocero y administrador es la FIDUCIARIA PREVISORA S.A. a reconocer y pagar a favor de DORIS STELLA GUEVARA JAIMES, por concepto de sanción moratoria prevista en el art. 1 del Decreto 797 de 1949, la suma de CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($ 14.164.167), obligación calculada desde el 30 de abril de 2016 hasta el 27 de enero de 2017, a razón de un $ 44.061 diarios, rubro debidamente indexado a la fecha de la sentencia, sin perjuicio de la actualización que se cauce hasta que se satisfaga

el crédito TERCERO: CONFIRMAR la sentencia en lo restante.

CUARTO: COSTAS en la instancia a cargo de la demandada, en favor de la demandante, al resultar fallido el recurso de apelación. Se fijan las agencias en derecho en cuantía de $1.000.000, conformidad con lo previsto en el art. 365 y 366 del CGP aplicable por remisión del art. 145 del CPT y de la SS.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció que estaba fuera del debate que la actora prestó sus servicios a la demandada, entre el 1° de diciembre del 2000 y el 31 de enero de 2016, en el cargo de gestor de vida, como daban fe los nexos de trabajo asociados, las órdenes de prestación de servicios de las CTA, los informes mensuales de supervisión

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Radicación n.° 94924 y de cumplimiento, junto con las certificaciones expedidas por la unidad de contratos de coordinación jurídica de PAR Caprecom EPSS y PAR Caprecom en liquidación. Recordó que, de acuerdo con la Ley 314 de 1996, Caprecom fue una EICE donde los servidores públicos que no desempeñaron ocupaciones de director general, secretario general, directores regionales, jefes de división y oficina, eran trabajadores oficiales, siguiendo el Decreto 2127 de 1945. Sostuvo que de la prueba documental y testimonial producida en juicio, ningún cuestionamiento tenían los racionamientos del a quo para determinar la existencia de un contrato laboral, con independencia de las formas escritas que sirvieron de instrumento para materializar la

vinculaciones, ya que prevalecía la realidad sobre la formalidad, lo que ratificó con las declaraciones de Heler Miguel Pérez y Rosa Mélida Ortiz Abril, compañeros de trabajo de la accionante, cuyos dichos recapituló, así como también la cláusula décima primera de los nexos de prestación de servicios, que transcribió. Esgrimió que tales probanzas, confrontadas con los artículos 2° y 3° del Decreto 2127 de 1945, reflejaban la continua dependencia y subordinación, elementos que se mantuvieron en el tiempo, lo que desnaturalizó los lazos contractuales regulados por la Ley 79 de 1988, junto con sus decretos reglamentarios y la Ley 80 de 1993; máxime cuando no cumplían con los aspectos de «excepcionalidad, igualdad, temporalidad y continuidad delineados de antaño por la Corte

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Radicación n.° 94924 Constitucional en sentencia CC C614-2009, para otorgarle un matiz de legalidad a la contratación de terceros ajenos a su planta de personal por parte de entidades del sector público». Empleó el canon 2 ibidem y afirmó que el petente ejecutó actividades propias de un trabajador oficial, bajo los presupuestos de un vínculo de trabajo. En cuanto a los extremos y continuidad, refirió que no se avizoraba desatino de la decisión apelada y consultada, ya que la prueba documental, contentiva de los contratos de prestación de servicios, certificaciones de tiempo y actas de liquidación, daban cuenta la labor prestada del 1° de

diciembre del 2000 al 31 de enero de 2016, lo que también ratificaron los declarantes Heler Miguel Pérez y Rosa Mélida Ortiz Abril. Sobre la calidad de beneficiaria de la CCT 2012-2013, sus modificaciones y adendas, que había surtido sus prórrogas automáticas en el términos del canon 478 del CST, sostuvo que, conforme al numeral 1° del artículo 427 del CST, como el sindicato tenía afiliados a más de la tercera parte de trabajadores, se extendía a los no sindicalizados y aquella podía disfrutar de tales prerrogativas extralegales, sin que reposara prueba siquiera sumaria que evidenciara la voluntad de aquella de renunciar a las prerrogativas convencionales. Puntualizó que como no se contestó la demanda, no se plantaron excepciones de mérito y, siguiendo el precepto 282

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Radicación n.° 94924 del CGP, aplicable por remisión del 145 del CPTSS, al juez le estaba vedado pronunciarse de oficio de la prescripción, la compensación y la nulidad. Argumentó que la declaración del contrato generó a favor de la demandante las prestaciones e indemnizaciones del «Decreto 1160 de 1947, la Ley 6º de 1945 y el Decreto Reglamentario 2127 del mismo año, en el Decreto 3135 de 1968 y su reglamentario 1848 de 1969, Decreto 3118 de 1968, en el Decreto 1045 de 1978, en la Ley 344 de 1996», así

como «las previstas en el ordenamiento extralegal cuya aplicación rogó». Luego, procedió a verificar las condenas impuestas, así:

1. Bonificación por servicios prestados. Se encontraba reglado en el mandato 55 de la CCT y exigió tener un año de servicios prestados y si era menor, se pagaría de forma proporcional, lo cual satisfizo la actora con creces y correspondía al 35 % del valor de su asignación básica. En ese orden, aseveró que, aunque fue adecuado condenar a dicho rubro, su quantum no lo fue, pues «desconoció que su salario lo componía el básico y el aumento anual previsto en el acuerdo extralegal, pero tal aspecto, no [lo modificó] al no haber sido apelado».

2. Prima de junio. Estaba prevista en el artículo 49 de la norma extralegal e indicó que procedían 15 días de salario pagaderos en el mes de junio. Por tanto, como se

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Radicación n.° 94924 establecieron los extremos, no operó prescripción y se tenía el salario anual, aquella era procedente.

3. Prima de vacaciones legal. Resumió el articulado 52 de la disposición convencional, el 1° del Decreto 404 de 2006 y 25 a 30 del Decreto 1045 de 1978, para afirmar que correspondía a 15 días de salario por cada año de servicio.

En ese orden, arguyó que como la petente inició a trabajar el 1° de diciembre de 2000, cada añada se cumplía el 30 de noviembre, siendo su reconocimiento anual y

proporcional al último, como lo hizo el juzgador inicial.

4. Prima legal de navidad. Acudió al precepto 11 del Decreto 3135 de 1968, modificado por el 1° del Decreto 3148 del mismo año y afirmó que no erró el juez inicial al no impartir condena sobre ello, ya que «por principio de favorabilidad, estimó […] que la prestación contenida en el art. 50 de la CCT, era más favorable a los intereses de la accionante, pues, su pago se corresponde a treinta (30) días por año de servicio o fracción», lo que además apoyó en la sentencia CSJ SL, 19 ag. 2020, rad. 62981.

5. Auxilio de cesantías. Memoró los cánones 27 y 29 del Decreto 3118 de 1968, 6º del Decreto 1160 de 1947, 13 de la Ley 344 de 1996 y literal a) del 17 de la Ley 6ª de 1945, para consumar que procedía aquella y fue liquidada correctamente, pues se tomó el salario base devengado anualmente, multiplicado por el tiempo de servicios anuales y dividido en 360.

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6. Vacaciones. Reprodujo el artículo 8° del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, en cuanto a que a todo trabajador oficial le incumbía 15 días hábiles de descanso remunerado por año de servicios, tomando como base de liquidación el último salario e indicó que «la liquidación efectuada […] -a título de vacaciones compensadas en dinero-, corresponde al tiempo de servicio

prestado, ante la inoperancia real de su disfrute y al último salario devengado, la misma deviene ajustada a la ley».

7. Bonificación por recreación. Aludió al contenido del precepto 64 de la CCT, aludió al momento de su reconocimiento y dijo que aquella se otorgaba cuando el trabajador empezaba a disfrutar de su descanso remunerado, es decir, «la misma se causa cuando se reconoce el disfrute de vacaciones, y no cuando se compensan en dinero, como ocurre en autos».

Concretó que era excepción a dicha regla el caso de estudio, […] cuando el trabajador no puede disfrutar del pago de la prestación, en razón del vínculo ficto que se vio compelido a cumplir, y de las presuntas connotaciones que aquel aparejaba, tal presupuesto normativo, no deviene exigible al trabajador que, en el plano de la realidad, y por razón de ser el sindicato de empresa mayoritario, tenía derecho a su reconocimiento, empero por causas ajenas a su voluntad, y atribuibles al empleador, no pudo devengarlas Modo tal, la demandante, tenía derecho al reconocimiento de bonificación por recreación, correspondiente a tres (3) días de salario, por cada 15 días de vacaciones a que tuviese lugar por año. De ese tenor, como el Juez de piso, luego de materializar, el derecho a vacaciones compensadas en dinero, y estimados los periodos en se causaron – aunque no lo dijera, pero la estimación

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Radicación n.° 94924 efectuada lo refleja-, procedió a reconocer la prestación en tiempo

y cuantía que lo señala la CCT, por lo que no puede achacarse desatino alguno a sus discernimientos.

8. Quinquenio. Socorrió al artículo 67 del compendio colectivo y manifestó que procedía teniendo en cuenta los tres quinquenios que acaecieron durante el tiempo de servicios, que se liquidaron con el salario devengado en cada anualidad, debidamente indexado, por lo que la determinación del juzgado se ajustó a derecho.

9. Auxilio de transporte. Refirió al precepto 47 de la CCT, para asegurar que la demandante tenía derecho a ello, por lo que era viable su condena al no habérsele cancelado.

10. Cálculo actuarial. Memoró que correspondía al empleador remiso proveer la reserva actuarial por el tiempo en que se debieron realizar aportes, ya que prestado el servicio se causa la cotización. Por tanto, aseveró que el dador de empleo debía asumir el 100 % del IBC, ya que: [….] i) tales rubros, constituyen el pilar de la financiación de las prestaciones reconocidas por el SGSSP -pensión, indemnizaciones sustitutiva o devolución de saldos, subsidios por incapacidad temporal-, en razón al cubrimiento de la contingencias que cubre y que no siendo de las de invalidez o sobreviviente no se hayan causado; ii) contribuyen con al cumplimiento de tres principios angulares del SGSSP, a) solidaridad, b) universalidad y c) sostenibilidad financiera, por lo que al no encontrarse satisfecho por el empleador ficto, el pago de dicha obligación la misma se tornaba objeto de condena,

atendiendo para ello a lo previsto en el art. 22 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1887 de 1994 y Decreto 3798 de 2013. Indicó que, sustancialmente no existía reparo al respecto sobre lo dicho por el a quo, pero se incurrió en error

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Radicación n.° 94924 procedimental, porque no incluyó tal obligación en la resolutiva, razón por la cual adicionó en tal sentido la decisión.

11. Despido sin justa causa. No halló erradas las aseveraciones del operador inicial en cuanto al que nexo finalizó el 31 de enero del 2016, por extinción del plazo del contrato ficto y la ausencia de necesidad del servicio, conforme a la prueba testimonial, lo que no se ajustaba al Decreto 2127 de 1945.

Señaló que se debía distinguir entre el acaecimiento de dos ficciones, una la legal y otra la justa causa, con efectos y características distintas, ya que incluso la primera no comportaba siempre la existencia de la segunda. Puntualizó que, en el caso de trabajadores oficiales, se debía acudir a los artículos 47 a 49 del Decreto 2127 de 1945 y como en el sub examine no existía defensa técnica ante la ausencia de contestación, no se demostró una causal objetiva, ni motivos razonados para disolver el contrato, «forzoso resultaba al operador judicial de conocimiento, declarar lo injusto de la terminación del contrato e impartir la condena correspondiente». Frente a la condena, aseguró que tampoco encontraba

yerro, ya que «si bien dio aplicación al art. 6° del Laudo Arbitral, cierto e[ra] que, tal remisión era viable en atención a lo previsto en el art. 22 y 79 de la CCT 2012-2013, que previó que las cláusulas extralegales contenidas en acuerdos previos

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Radicación n.° 94924 a aquel que no hubieren sido modificadas expresamente en tal convención seguirían vigentes».

12. Indemnización moratoria. Esgrimió que estaba instituido en el precepto 1° del Decreto 797 de 1949 para trabajadores oficiales, que se daba cuando en los 90 días siguientes a la terminación del contrato no se obtenía el pago de derechos laborales, sin que fuera automática, pues debía acreditar buena fe (CSJ SL, 1° jul. 2020, rad. 55001 y CSJ SL, 4 ag. 2022, rad. 81406).

Dijo que contaba con fuertes fundamentos para ultimar que se procedió sin «resquicio alguno de buena fe», porque: • El simple hecho de celebrar contratos u órdenes de prestación de servicios con la demandante, en modo alguno, apareja buena fe por parte de la demandada, por dos potísimas razones a saber, i) son formas contractuales, cuya desnaturalización constituyen el pilar basilar de la presente acción ordinaria, ii) las cuales cedieron ante la realidad, ante el modo que se ejecutó el negocio jurídico. • Las labores contratadas fictamente por la extinta empleadora, no cumplieron siquiera con los presupuestos jurisprudenciales

decantados por la C.Co. en sentencia C-614 de 2009, de cara a avalar este tipo de vinculación espuria. • Las funciones ejecutadas por la demandante, eran permanentes, remuneradas, subordinadas, debían cumplirse en un horario de trabajo establecido por su superior jerárquico, era evaluadas y calificadas por este último, se realizaban en las instalaciones de la demandada y con los materiales y herramientas por ella otorgados. • Aunado a lo anterior, las actividades ejecutadas por el accionante, hacían parte del giro ordinario de los negocios de la pasiva, es decir, comportaban labores misionales. Por tanto, dio razón a la apelante en este aspecto y procedió a condenar sobre ello, teniendo en cuenta que el

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Radicación n.° 94924 nexo culminó el 31 de enero del 2016, por lo que lo 90 días calendario, conforme al inciso 3° del parágrafo 2° del artículo 1° del Decreto 797 de 1949, se vencieron el 30 de abril del mismo año. A su vez, se refirió a las sentencias CSJ SL, 20 feb. 2019, rad. 74084 y CSJ SL, 20 ene. 2021, rad. 77192 para establecer la fecha final de la condena. En ese orden, tomando como parámetros de liquidación: i) el último salario mensual de $1.321.840; ii) el salario diario de $44.061; iii) la data de terminación del contrato el 31 de enero de 2016 y el vencimiento de los 90

días el 30 de abril siguiente, así como iv) el momento de suscripción del acta final de liquidación de Caprecom, que se publicó en el Diario Oficial n.° 50129 de 27 de enero de 2017, obtuvo como resultado la suma de $11.764.287.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la accionada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala case totalmente la sentencia impugnada y, en sede instancia, se: […] proceda a la absolución total o parcial de las pretensiones y condenar en costas a la demandante.

Que se revoque la condena de la existencia de una relación laboral de la demandante con la liquidada Caprecom durante el tiempo que la demandante fue vinculada con terceros, cooperativas de trabajo asociado, desde el 1° de diciembre de

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Radicación n.° 94924 2000 hasta el 30 de mayo de 2012, ya que su vinculación fue con terceros diferentes a mi representada, y se absuelva de las condenas que por ese lapso le fueron impuestas ya que los temas objeto de condena ya habían sido reconocido por sus empleadores. Que se absuelva a mi representada de la declaración de la existencia de contrato de trabajo entre el 1° de junio de 2012 al 31 de enero de 2016, ya que dicha relación fue un contrato de prestación de servicios. Que se absuelva a mi representada de las condenas por prestaciones sociales convencionales ya que dicha norma no le es aplicable a los contratistas por prestación de

servicios y además la misma fue presentada al proceso sin el cumplimiento de las formalidades exigidas para el periodo que se reclama. Que se absuelva a mi representada de la condena por indemnización del contrato sin justa causa, pues el contrato de prestación de servicios finalizó por el vencimiento del plazo pactado. Que se absuelva a mi representada al pago del cálculo actuarial ya que esta suma ya fue pagada por la demandante como le correspondía en el contrato de prestación de servicios y se está profiriendo una doble condena por este concepto. Que se absuelva a mi representada de la condena por indemnización moratoria ya que mi representada y la demandante siempre estuvieron de acuerdo que la modalidad de contratación era por prestación de servicios y no de un contrato de trabajo (f.° 5 y 6 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte). Con tal propósito, formula cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudian a continuación de forma conjunta los tres iniciales, por metodología, unidad temática y reiteración de tesis, mientras que de manera independiente el final.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la providencia del colegiado de violar indirectamente, por «aplicación indebida» del artículo 3° del Decreto 2351 de 1965 y la «falta de aplicación los preceptos

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Radicación n.° 94924 23 y 32 de la Ley 80 de 1883 e inaplicar «los artículos 6°, 121 y 29 y 83 de la Carta Fundamental, del artículo 66 del Decreto 1° de 1984, hoy artículo 88 del CPACA y de los artículos 1524

y 1525 del CC». Plantea como errores de hecho en que incurrió el Tribunal, los siguientes:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre la señora Guevara entre el 1° de diciembre de 2000 al 31 de mayo de 2012 fue con empleadores diferentes a mi representada y que los mismos eran contratistas independientes y no representantes de Caprecom como equivocadamente se analizó por parte del Tribunal

2. No dar por demostrado, estándolo, que, para la demandante esta siempre fue una relación de trabajo con empleadores diferentes a mi representada diferente a la de los contratos de prestación de servicios que tuvo con mi representada.

3. No dar por demostrado, estándolo, que la hoy liquidada Caprecom tenía facultades y capacidad para contratar con las cooperativas de trabajo asociado Socorrana, Gedesalud y

Cooperamos.

4. No dar por demostrado, estándolo, que las cooperativas de trabajo asociado Socorrana, Gedesalud y Cooperamos vincularon a la demandante y le hicieron los pagos de salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social que correspondían a la relación de trabajo que tuvieron con la demandante desde el 1° de diciembre de 2000 al 31 de mayo de 2012.

5. No dar por demostrado, estándolo, que la hoy liquidada Caprecom tenía facultades y capacidad para contratar con las cooperativas de trabajo asociado Socorrana, Gedesalud y

Cooperamos.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existió entre la demandante con empresas diferentes a mi representada fue la misma que sostuvo con la liquidada Caprecom.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existió entre la demandante con empresas diferentes a mi representada fue la misma que sostuvo con la liquidada Caprecom.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 94924

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que las cooperativas de trabajo asociado no pagaron a la demandante las prestaciones y aportes a la seguridad social que le correspondían y condenar por ese mismo hecho a mi representada.

Lo anterior, al no apreciar las siguientes pruebas: i) la Reclamación Administrativa del 24 de julio del 2018 (f.° 300 a 305 del cuaderno digital del juzgado) y, ii) la certificación de contratos suscritos con las CTA (f.° 306 a 312, ibidem). A su vez, al valorar indebidamente la demanda (f.° 639 a 700, ibidem), los pagos a seguridad social (f.° 922, ibidem) y las prestaciones canceladas por la demandante durante su ví