CSJ - SL2865-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2865-2023 Radicación n.° 67719 Acta 43 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). En acatamiento de la sentencia CC SU213-2023, procede la Corte a decidir el recurso de casación interpuesto por RUBIOLA DE JESÚS CUARTAS RAMÍREZ contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 28 de febrero de 2014, en el proceso ordinario laboral que instauró la recurrente en contra del DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.

I. ANTECEDENTES Rubiola de Jesús Cuartas Ramírez demandó al Departamento de Antioquia, con el fin de que se declare que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a partir de noviembre de 1978, con ocasión

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Radicación n.° 67719 de la muerte de su cónyuge, Libardo Silva Álvarez. En consecuencia, deprecó condenar a la entidad territorial al pago de la prestación, de las mesadas adicionales, los incrementos legales, los intereses moratorios o, en su defecto, la indexación, y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que contrajo matrimonio con el causante el 5 de septiembre de 1970; que a este le fue reconocida pensión de invalidez, mediante Resolución 407 de junio de 1972; que el pensionado falleció el 2 de febrero de 1976; y aunque a través

de la Resolución 367 del 5 de abril de este último año se le concedió la sustitución pensional, aquella le fue suspendida a través del acto administrativo 4082 del 21 de abril de 1999, con el argumento de haber hecho nueva vida marital después de la muerte de su esposo. Señaló que en este último acto administrativo le indicaron que a partir de noviembre de 1978 el Departamento solo pagaría el 50% de la pensión para los menores «Sofía María y Erika Patricia Silva Cuartas, ya que la señora Rubiela Cuartas viuda de Silva perdió el derecho a cobrar la mitad o cincuenta por ciento (50%) restante por hacer vida marital»; y que, por tanto, fue privada del derecho durante once años. Agregó que no convivió con el señor Rodolfo Escudero Tavera, sólo que «sus hijos (sic) menores para que no crecieran solos sin una imagen de un padre, convino o acordó en que el señor escudero (sic) fuera a vivir con ellas por algún tiempo,

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Radicación n.° 67719 para contribuir a la educación, cuidado y formación de las hijas menores». Argumentó que con el actuar de la demandada se le infringieron derechos fundamentales como el debido proceso, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad personal, familia, mínimo vital, salud, alimentación e incluso vivienda; que reiteró su petición, pero la accionada no accedió por lo que dicha conducta estuvo revestida de mala fe. Finalmente dijo que «para efectos de los pedimentos y en el agotamiento de la vía gubernativa, se tendrá como

verdadero nombre de la cónyuge del fallecido RUBIOLA DE JESÚS CUARTAS RAMÍREZ con CC. Nro. 22.127.726, nombre este también corregido en el (sic) última Resolución. (sic) esta fue la de 21 de abril de 1999». El Departamento de Antioquia, al dar respuesta a la demanda inicial, se opuso a todas las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió que el causante y la demandante contrajeron matrimonio; que a este último (Libardo Silva Álvarez) le fue reconocida la prestación de invalidez mediante la Resolución 407 de junio de 1972; que el pensionado falleció el 2 de febrero de 1976; que a través de la Resolución 367 del 5 de abril de 1976 otorgó la sustitución pensional a la accionante; y que el nombre correcto de la actora era «Rubiola de Jesús Cuartas Viuda de Silva». Frente a los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. Como razones de defensa refirió que por medio de Resolución 367 del 5 de abril de 1976, sustituyó la pensión

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Radicación n.° 67719 de invalidez del causante a la actora, en forma vitalicia, y a sus menores hijas, hasta que cumplieran la mayoría de edad, desde el 2 de febrero de 1976, con la aclaración de que el reconocimiento a la primera se mantendría «mientras permanezca en estado de viudez y no haga vida marital, de conformidad con el artículo 1 y 2 de la Ley 33 de 1973».

Agregó que, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 725 del 30 de marzo de 1989, desde el mes de noviembre de 1978, cubre la prestación a favor de las descendientes menores, ya que la demandante perdió el derecho del 50% restante por haber hecho vida marital con otra persona, pues según declaraciones rendidas ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetrán el 3 de marzo de 1989, ella convive con el señor Rodolfo Escudero Tavera. Precisó que, sin embargo, en dicho acto administrativo dispuso que «las menores Sofía María y Erika Patricia Silva Cuartas, continúen disfrutando de la totalidad de la sustitución pensional que les fue reconocida en virtud de la Resolución 367 de abril 5 de 1976, en calidad de hijas del finado Libardo Silva Álvarez, pero sólo desde el 16 de noviembre de 1985, o sea tres años de retroactividad a la fecha de la presentación de la solicitud (noviembre 16 de 1988)». Narró que la actora, con escrito del 9 de abril de 1999, insistió en que se le restableciera el reconocimiento pensional a su nombre, petición que por medio de la Resolución 4082 del 21 de abril de 1999 se le negó con base en el «artículo 2

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Radicación n.° 67719 de la Ley 1973», bajo la convicción de que a aquella no le era aplicable la sentencia CC C309-1999 que declaró inexequibles las expresiones «o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital», así como, «por pasar a

nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital» que contenía el artículo 2 de la Ley 126 de 1985. Expuso que la citada providencia consagraba el restablecimiento de los derechos conculcados, reconociéndole a las viudas «que con posterioridad al 7 de julio de 1991, hubieren perdido su derecho a la pensión por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, puedan reclamar ante las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de la sentencia»; pero que como a la actora se le extinguió la prestación a partir del mes de noviembre de 1978, con fundamento en la norma que en ese momento se encontraba vigente, no podía acceder a este beneficio. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción de la acción y de los efectos de las mesadas que hipotéticamente se pudieran generar, pago y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Adjunto al Doce Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo del 30 de julio de 2010, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y, en consecuencia, absolvió al Departamento de Antioquia

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Radicación n.° 67719 de todas las pretensiones formuladas en su contra e impuso a la actora el pago de las costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante providencia del 28 de febrero de 2014, al resolver el recurso de apelación

interpuesto por la demandante, confirmó la providencia de primer grado y se abstuvo de imponer costas en la alzada. En lo que interesa al recurso extraordinario, el sentenciador de la alzada señaló que el problema jurídico que debía resolver consistía en determinar si la accionante tenía derecho a la restitución de la sustitución pensional, para lo cual debía establecer si aquella con posterioridad al otorgamiento de la pensión había convivido con alguna persona y, en caso de ser afirmativa la respuesta, verificar la fecha en que ello ocurrió. Seguidamente citó el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, modificado por el artículo 2 de la Ley 12 de 1975, y el canon 2 de la Ley 126 de 1985, precepto del que extrajo una restricción «específica para el disfrute de la pensión sustitutiva, consistente entre otras cosas, en que la beneficiaria no podía contraer nuevas nupcias o forjar una nueva unión marital, so pena de perder el derecho pensional». Advirtió que la anterior disposición fue objeto de control constitucional a través de la sentencia CC «C306/96», la cual

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Radicación n.° 67719 declaró inexequibles las expresiones «“o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” del artículo 2 de la Ley 12 de 1975; y “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital” del artículo 2 de la Ley 126 de 1985». A continuación, aludió a un fragmento de la citada sentencia de constitucionalidad, que se restableció el

derecho que habían perdido las viudas a partir de la Constitución Política de 1991, respecto de la pensión «actualmente denominada de sobrevivientes», por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, con el propósito de que recuperaran las mesadas dejadas de cancelar, siempre y cuando estas se hubieran causado luego de la notificación de la sentencia. Posteriormente, reseñó algunos apartes de las sentencias CSJ SL, 18 jun. 2004, rad. 22955 y CSJ SL, 22 ago. 2012, rad. 44782, para con fundamento en ellas colegir que esta corporación señaló que el derecho a la pensión no se pierde cuando las nuevas nupcias o la unión marital se contrae después de la Constitución de 1991 y que, si las entidades pagadoras habían revocado el derecho, las beneficiarias podían reclamarlo sin que se les pudiera cuestionar el nuevo vínculo marital. Sin embargo, advirtió que, si las pensionadas habían contraído nuevo vínculo conyugal o marital antes de la vigencia de la Constitución de 1991, «pierden la pensión sustitutiva dado que su situación estaba regida por normas

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Radicación n.° 67719 vigentes que para esa época atendían a una visión social diferente y una teleología normativa donde imperaban el recato de la mujer frente a la viudez». De otra parte, abordó el argumento de la demandante, según el cual no tuvo convivencia con el señor Rodolfo Escudero Tavera y que la intención fue «solo en que sus hijos menores para que no crecieran solas sin una imagen de padre,

convino o acordó en que el señor Escudero fuera a vivir con ellas por algún tiempo, para contribuir a la educación, cuidado y formación de las hijas menores». Al respecto, consideró que la actora confesó que entre ella y el señor Escudero Tavera hubo una unión marital de hecho, pretendiendo formar una familia para la satisfacción de sus necesidades elementales como el cuidado y la alimentación de los hijos, sin que fuera imperante «sine quanon (sic) las relaciones de tipo sexual». Además, aludió a las declaraciones extraproceso rendidas ante la juez promiscua municipal de Sopetrán, según las cuales Ramiro Antonio Cortés Jiménez y Rocío Uribe Gutiérrez declararon que la accionante y Rodolfo Escudero Tavera convivían desde hacía cinco años y que este «vela por la subsistencia económica de las menores citadas en el numeral 3°» (f.° 45). Agregó que resultaba extraño y contradictorio que después de probar la dependencia económica de ella y sus hijas con el referido señor Escudero Tavera, ahora expusiera «olímpicamente que entre la demandante y el señor Rodolfo hubo una relación contractual consistente en el arrendamiento

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Radicación n.° 67719 de una pieza, negando rotundamente la convivencia que se adujo ab initio, y por demás, se requería restarle validez a la prueba testimonial extraproceso que anexó la libelista». Acto seguido, dijo que los testigos que comparecieron al proceso no fueron contestes sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente el señor

Rodolfo Escudero Tavera estuvo «conviviendo como supuesto arrendatario de la accionante», dado que no precisaron las fechas de la contratación, sino que repitieron mecánicamente que no eran pareja y que lo que hubo fue un contrato de arrendamiento. Finalmente, frente al interrogatorio de parte absuelto por la demandante, consideró que presentaba contradicciones respecto a lo que habían reseñado los testigos; motivo por el que señaló que, si bien la carga de la prueba de demostrar la unión marital o conyugal radicaba en la entidad que revocó el pago de la pensión, en «este caso en particular se orienta bajo otra perspectiva, dado que la accionante con las pruebas testimoniales busca desvirtuar su propia confesión plasmada en la demanda y diversas actuaciones extraprocesales donde aceptó la convivencia con RODOLFO», hecho que ocurrió después del fallecimiento del señor Silva Álvarez y antes de la vigencia de la Constitución Política actual.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la señora Rubiola de Jesús Cuartas

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Radicación n.° 67719 Ramírez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la dictada por el juez de primer grado y, en su lugar, acceda a las súplicas de la demanda inicial.

Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, frente a los cuales no se presenta réplica. La acusación se estudiará de manera conjunta, por

cuanto se orienta por la misma vía, enlista igual elenco normativo, se vale de argumentos similares y persigue idéntico fin.

VI. CARGO PRIMERO Acusa por la vía directa la infracción directa de los artículos 62 de la Ley 90 de 1946, en armonía con el 1 de la Ley 33 de 1973; 1, 2 y 3 de la Ley 12 de 1975; 1 de la Ley 113 de 1985; 50, 141 y 142 de la Ley 100 de 1993; y 48 y 53 de la Constitución Política.

En la sustentación expone que el sentenciador de segundo grado se rebeló «contra la normativa contenida en el artículo, (sic) dado que, si esa norma no fue objeto de pronunciamiento expreso por la H. Corte Constitucional, no se le pueden extender los efectos de un fallo de

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Radicación n.° 67719 constitucionalidad por ser una norma que consagra un derecho en cabeza de un administrado que, solo con su consentimiento puede perder fuerza (sic) ejecutoria». Señala que el fallador de segunda instancia no podía «abrogarse» (sic) la competencia de avalar el despojo de un derecho reconocido atendiendo los preceptos legales porque, si bien el derecho al libre desarrollo de la personalidad se consagró en la Constitución de 1991, no por ello resultaba jurídico el pronunciamiento acusado, «pues nunca ha tenido razón de ser que una persona deba permanecer en estado de soltería o manteniendo relaciones clandestinas solo para no perder un derecho que legalmente se le había reconocido».

Arguye que desconocer la pensión deprecada es hacerlo respecto de derechos adquiridos que fueron reconocidos mediante un acto administrativo, los que han sido protegidos constitucionalmente. Acto seguido menciona que el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, norma que asegura erróneamente no fue aplicada por el Tribunal, pues «la Constitución abriga los hechos pasados de situaciones que venían en tránsito desde antes de su vigencia, como es el caso de pensiones que se venían disfrutando y que fueron suspendidas por nuevas nupcias», para lo cual cita las sentencias CC T702-2005, CC T6792001 y CC T639-2009. Concluye que no se pueden revocar los actos administrativos de manera oficiosa cuando crearon

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Radicación n.° 67719 situaciones concretas y reconocieron derechos en favor de un asegurado, «para dejar a salvo los principios de publicidad y contradicción, lo pertinente es, se insiste, que la administración demanda su propio acto, a fin de salvaguardar, también, el derecho al debido proceso que se instituyó como paradigma en el canon 29 Superior para las actuaciones bien judiciales ora administrativas»; y dice que a propósito del principio de la publicidad resulta pertinente citar apartes de la sentencia CC C620-2004.

VII. CARGO SEGUNDO Imputa por la vía directa la infracción directa de los artículos 62 de la Ley 90 de 1946, en armonía con el 1 de la Ley 33 de 1973; 1 de la Ley 113 de 1985; 50, 141 y 142 de la

Ley 100 de 1993; y 48 y 53 de la Constitución Política. Manifiesta que «los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de dignidad y de igualdad no nacieron con la expedición de la Constitución de 1991, es (sic) esa calenda solamente obtuvieron un reconocimiento legal, que no equivale a decir que emanaron de esa calenda, sino que a partir de allí el constituyente le dio vida jurídica a esos derechos». Además, reseña que la «expulsión» de las normas del ordenamiento jurídico fija un parámetro temporal, sin que ello signifique que quienes contrajeron nupcias antes de la Constitución de 1991, «no tuvieran derecho al restablecimiento de la pensión», porque la sentencia de constitucionalidad dispuso la restitución de esta acreencia

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Radicación n.° 67719 de manera obligatoria y automática «para quienes hubieran contraído nupcias después de la vigencia de la Constitución de 1991, pero a quienes lo hubieran hecho antes de esa fecha, debía ser por el procedimiento ordinario», como en efecto lo hizo la actora. Al efecto, cita la sentencia CC T639-2009, de la cual transcribe algunos apartes.

VIII. CONSIDERACIONES El Tribunal fundamentó su decisión, esencialmente, en que a quienes con antelación a la Constitución de 1991 se les hubiera reconocido como beneficiarios de una sustitución pensional y contraído nuevas nupcias, se les podía revocar ese beneficio, por así disponerlo el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, según la directriz impartida por la Corte Constitucional al hacer el control de constitucionalidad, a

dicha norma como a los artículos 2 de la Ley 12 de 1975 y 2 de la Ley 126 de 1985. También señaló que esta Corte había interpretado que el derecho no lo perdían quienes, en esas circunstancias, es decir, contrajeron nuevas nupcias o se unieron maritalmente, lo hubieran hecho después de la Constitución de 1991; porque en ese caso, las beneficiarias podían solicitar su restablecimiento, en caso de que se les hubiese sido derogado el derecho. Precisó que, si la nueva unión se había presentado con anterioridad a la vigencia de la actual Carta Política, sí perdían la pensión sustitutiva, dado que la norma que se les

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Radicación n.° 67719 aplicaba era la vigente para el momento de los hechos. Finalmente, expuso que como la actora confesó haber hecho vida marital con Rodolfo Escudero Tavera después de la muerte de su esposo, no era procedente el restablecimiento de la prestación que le había sido suspendida a partir de noviembre de 1988. Por su parte, la censura centra su disenso en que el sentenciador de segundo grado no tuvo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante el cual declaró inexequible el contenido normativo referido a contraer segundas nupcias o hacer nueva vida marital después de reconocida la acreencia económica; por tanto, no podía avalar que la entidad accionada le desconociera la pensión, máxime que el derecho al libre desarrollo de la personalidad existe con antelación a la Constitución de 1991; y que aceptar la revocatoria de la prestación es tanto como

desconocer los derechos adquiridos que fueron reconocidos a través de un acto administrativo. Agrega que la Corte Constitucional en su pronunciamiento ordenó que se restableciera la acreencia pensional de manera «obligatoria y automática» para los casos en los que las nuevas nupcias se contrajeron después del año 1991; y que quienes estaban en estas circunstancias, pero desde años anteriores a la Constitución Política debían reclamarlos por la vía ordinaria, como en efecto aquí se había hecho.

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Radicación n.° 67719 Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el sentenciador de segundo grado se equivocó, desde la óptica jurídica, al considerar que no era procedente el restablecimiento de la sustitución pensional a favor de la demandante por haber hecho vida marital con el señor Rodolfo Escudero Tavera, prestación que le fue suspendida desde noviembre de 1978; no obstante que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión «cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital». Dada la senda escogida por la actora, se tienen por indiscutidos los siguientes supuestos fácticos que encontró acreditados el sentenciador de segundo grado, a saber: i) la demandante contrajo matrimonio el 5 de octubre de 1970 con Libardo Silva Álvarez; ii) la entidad territorial accionada le reconoció la pensión de invalidez al causante, a través de la Resolución 407 del 23 de junio de 1972; iii) el señor Libardo Silva Álvarez falleció el 2 de febrero de 1976; iv) la

entidad enjuiciada, mediante Resolución 367 del 5 de abril de 1976, inicialmente le otorgó a la actora la sustitución pensional; v) posteriormente el Departamento de Antioquia le suspendió el pago de la mesada pensional a la demandante desde el mes de noviembre de 1978; vi) por medio de acto administrativo 725 de 1989, la demandada reconoció la totalidad de la pensión a las menores hijas de la demandante; vii) mediante la Resolución 4082 del 21 de abril de 1999, negó nuevamente el restablecimiento de la sustitución de la pensión; y viii) la actora convivió con el señor Rodolfo Escudero Tavera antes de la constitución Política de 1991.

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Radicación n.° 67719 Antes de incursionar en la resolución del problema jurídico planteado, resulta imperativo dejar constancia de que, esta Sala resolvió el recurso extraordinario de casación mediante la sentencia CSJ SL 2859-2019 atendiendo el criterio jurisprudencial que esta Corte tenía en ese momento, la que fue objeto de anulación por parte de la Corte Constitucional con la decisión CC SU213-2023 cuyo numeral segundo, de la parte resolutiva, dispuso: SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida, el 24 de julio de 2019, por la Sala de Descongestión 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no casó el fallo de la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, emitido el 28 de febrero de 2014, dentro del

proceso ordinario laboral promovido por Rubiola de Jesús Cuartas Ramírez contra el Departamento de Antioquia. Por lo anterior, ordenar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación del presente fallo, dicte una nueva sentencia que resuelva el recurso de casación promovido por la actora, en la que aplique el precedente constitucional y el horizontal ordinario, este último en los términos de la Sentencia CSJ SL413-2022, con fundamento en las reglas y subreglas de unificación establecidas en esta providencia. Para arribar a tal decisión, en síntesis, el juez constitucional consideró que a pesar de que las normas anteriores a la Constitución actual, que sirvieron de sustento para la suspensión del derecho pensional, fueron declaradas inexequibles mediante sentencias CC C309-1996 y CC C5682016, estas decisiones se interpretaron de manera restrictiva al considerar que solo eran aplicables a las viudas que con posterioridad al 7 de julio de 1991 hubiesen contraído nuevas nupcias o hecho otra vida marital; interpretación que consideró no resultaba admisible por ser discriminatoria entre sujetos que estaban en igualdad de condiciones,

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Radicación n.° 67719 tratamiento que se daba a un grupo poblacional integrado mayoritariamente por mujeres. Finalmente, armonizó el precedente constitucional con la decisión adoptada por esta corporación en providencia CSJ SL413-2022, señalando que los efectos de las sentencias de constitucionalidad se deben aplicar sin distinción alguna.

Los apartes pertinentes señalan:

158. La Corte examinó dos acciones de tutela promovidas por mujeres mayores cercanas a los 80 años de edad contra administradoras de pensiones y autoridades judiciales que se negaron a reanudar el pago de sus mesadas pensionales, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la seguridad social. Las dos mujeres obtuvieron su derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuges supérstites de sus primeros esposos y lo perdieron por haber contraído segundas nupcias. Estos eventos ocurrieron en vigencia de normas dictadas con anterioridad a la Constitución de 1991. Las actoras habían presentado reclamaciones directas a las entidades administradoras de pensiones correspondientes y procesos judiciales ante la justicia ordinaria, sin conseguir la reactivación del pago de las mesadas.

159. A pesar de que las normas preconstitucionales que sirvieron de sustento para la pérdida del derecho pensional y la suspensión del pago de mesadas fueron declaradas inexequibles por esta corporación, mediante las sentencias C-309 de 1996 y C-568 de 2016, tanto las administradoras de pensiones como los jueces laborales que conocieron de las demandas ordinarias asumieron una interpretación restrictiva de los efectos de esas providencias, según la cual estaban expresamente dirigidos solo a las viudas que, “con posterioridad al siete de julio de 1991”, hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la pensión de sobrevivientes.

[...]

161. La Corte, en un ejercicio de unificación de los precedentes

jurisprudenciales establecidos en la materia concluyó que, si bien en un comienzo no existió una posición unificada entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en torno al derecho a la pensión de sobrevivientes que le asiste a las viudas que obtuvieron el reconocimiento del beneficio y, posteriormente, contrajeron nupcias o iniciaron vida marital, antes de la vigencia

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Radicación n.° 67719 de la Constitución de 1991, los estándares de protección de los dos altos tribunales, hoy en día, son sustancialmente similares. En su criterio, ambas corporaciones entienden que el reconocimiento de este derecho prestacional es de carácter vitalicio e imprescriptible, al tiempo que no puede ser materialmente suspendido al haber sido legalmente causado y percibido, bajo un criterio discriminatorio que genera la afectación de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una familia.

162. De manera que no resulta constitucionalmente admisible que, aún en la actualidad, continúen produciendo efectos jurídicos normas preconstitucionales que consagraban cláusulas extintivas del derecho a la pensión de sobrevivientes por el hecho de contraer nupcias o hacer vida marital. Mucho menos, mantener una diferenciación de trato entre beneficiarios de pensión de sobrevivientes -sobre todo mujeresque contrajeron nupcias o hicieron vida marital en función de la fecha de entrada en vigencia de la Constitución de 1991, porque esto convalida una discriminación entre sujetos que están en igualdad de condiciones y, por tanto, deben recibir un trato idéntico según la

Constitución.

163. La Sala Plena resaltó que ese tratamiento distinto persiste hacia un grupo poblacional mayoritariamente conformado por mujeres. Sostuvo que, como en el caso de las accionantes, muchas ciudadanas en esa misma época se encontraban dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos lo que imposibilitaba su contribución directa al sistema pensional, al tiempo que el ordenamiento jurídico estuvo orientado por una teleología, distinta a la actual, sobre la naturaleza de la prestación pensional. Por estas razones, era relevante comprender el estado de indefensión en el que estaban frente a normativas que, expresamente, las señalaban, y la grave afectación que comportaba el hecho de “quedarse sin un proveedor” que aportara el sustento económico del hogar.

164. Con base en lo anterior, armonizó el precedente constitucional aplicable teniendo en cuenta el precedente horizontal establecido en la decisión que adoptó recientemente la

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia CSJ SL413-2022), y fijó las reglas y subreglas de unificación para la resolución de controversias relacionadas con el asunto estudiado. En aplicación de estas reglas, resolvió los casos concretos y concedió el amparo invocado por las peticionarias. Así las cosas, aunque la Sala no comparte que, con fundamento en una decisión posterior, que por obvias

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Radicación n.° 67719 razones no estaba vigente cuando se profirió la sentencia de casación, ahora, aquella se deje sin efectos; solamente para dar cumplimiento a la acción de tutela, se procede a definir

nuevamente el asunto sometido al escrutinio de la Sala. En esa dirección y para dilucidar el problema jurídico, es suficiente con recordar que esta corporación en la sentencia ulterior identificada como CSJ SL413-2022, al resolver una controversia con supuestos fácticos y jurídicos similares a los del presente asunto, consideró que la norma preconstitucional en la que se fundamentó la suspensión de la sustitución pensional, no podía seguir surtiendo efectos respecto de situaciones consolidadas antes de la entrada en vigor de la Constitución actual, a pesar de que en principio la Corte Constitucional en la sentencia CC C309-1996, al resolver una acusación de inconstitucionalidad del artículo 2 (parcial) de la Ley 33 de 1973, el parágrafo 2 del Decreto Reglamentario 690 de 1974 y el artículo 7 del Decreto Reglamentario 1160 de 1989, había declarado la inexequibilidad de los apartes pertinentes, por considerarlos incompatibles con los postulados de la Carta Política y transgresores de los derechos de libre desarrollo de la personalidad e igualdad pero de las viudas que hubieren perdido el derecho a la prestación por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital con posterioridad al 7 de julio de 1991. Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia CC C568-2016 estudió la constitucionalidad de la restricción consagrada en el artículo 62 de la Ley 90 de 1946, precepto

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Radicación n.° 67719 normativo aplicable al caso concreto, en la que declaró

inexequibles los apartes «o cuando la vi