CSJ - SL2874-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2874-2023 Radicación n.° 95493 Acta 39 Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el proceso ordinario que instauró contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. Reconózcase personería a la sociedad Casación Laboral Estudio SAS para actuar como apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, conforme a la Escritura Pública 0471 de la Notaría sesenta y seis del círculo de Bogotá D. C., del 16 de marzo de 2023. Así mismo, a la doctora Linda Tatiana Vargas Ojeda, con T. P. 287982 del Consejo Superior de la Judicatura, como

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Radicación n.° 95493 apoderada judicial especial de Colpensiones en la forma y para los fines del poder conferido, adosado en el expediente digital de la Corte.

I. ANTECEDENTES Miguel Alberto Dueñas Camacho llamó a juicio a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, con el fin de que se declarara y se condenara a la entidad al reconocimiento, pago y liquidación de la pensión de vejez consagrada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, sin

perjuicio de devengar simultáneamente la de jubilación reconocida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución 03689 de 25 de enero de 2005, a partir del 1º de diciembre de 2005, día siguiente a su última cotización efectiva al sistema general de pensiones, junto con los intereses moratorios aplicados a los valores adicionales dejados de percibir de conformidad con lo previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, mesadas debidamente indexadas conforme al índice de precios al consumidor certificado por el Dane, lo ultra y extra petita y costas. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 13 de septiembre de 1947; que fue vinculado al Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANEdel 1º de julio de 1971 al 26 de abril de 1993, para un total de 21 años, 9 meses y 26 días; que paralelamente desde el segundo periodo académico de 1983, fue vinculado al sector privado a través de la Fundación Cidca; que durante tal vinculación fue afiliado desde el 28 de marzo de 1990 al ISS; que por su

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Radicación n.° 95493 vinculación al DANE, la Caja Nacional de Previsión SocialCajanal EICE-, mediante Resolución 03689 de 25 de enero de 2005, le reconoció una pensión mensual de jubilación por valor inicial de $706.509,04 a partir del 13 de septiembre de 2002 y que no instauró ningún recurso en contra de la misma. Afirmó que el 28 de agosto de 2015 solicitó a

Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez; que le fue negada a través de la Resolución GNR 52808 de 18 de febrero de 2016; que los recursos en contra de la misma fueron resueltos con la Resolución VPB 19327 de 27 de abril de 2016, confirmándola en todas y cada una de sus partes; que es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por edad; que aportó exclusivamente al ISS hoy Colpensiones, desde el 28 de marzo de 1990 hasta el 30 de noviembre de 2015, un total de 1013,57 semanas; 636,04 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de sus 60 de edad; que su última cotización se registró en noviembre de 2015, junto a su novedad de retiro (f.° 4 a 31 del cuaderno del juzgado). Colpensiones se opuso a las pretensiones expresando que aun cuando acepta los hechos de la afiliación y aportes del demandante, no era posible el reconocimiento pretendido bajo la égida del régimen de transición, por contar con tan solo 527,16 semanas para el 25 de julio de 2005 en términos del Acto Legislativo 01 de 2005 y, conforme a la Ley 797 de 2003 requería para el 2015, 1300 semanas de las cuales reportaba únicamente 1013,57.

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Radicación n.° 95493 En su defensa propuso las excepciones de mérito de, inexistencia del derecho y de la obligación; improcedencia del cobro de los intereses moratorios e indexación; cobro de lo

no debido; prescripción; principio de buena fe; imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas; y, la innominada (f.° 101 a 109, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, por sentencia del 20 de mayo de 2020 (f.° 329 CD y 329 a 331 del cuaderno del Juzgado), absolvió de las pretensiones de la demanda y condenó en costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de noviembre de 2020 (f.° 57 a 60 del cuaderno del Tribunal), confirmó la del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que el problema jurídico a resolver se concretaba en establecer si el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada al ser compatible con la pensión de jubilación que disfruta actualmente.

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Radicación n.° 95493 Consideró como indiscutido que Miguel Alberto Dueñas Camacho prestó sus servicios al Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANEdesde el 1º de julio de 1971 hasta el 26 de abril de 1993 (f.° 33 a 48) y en virtud de estos servicios Cajanal le reconoció pensión de jubilación mediante Resolución 3689 de 25 de enero de 2005, en cuantía inicial de $706.509, a partir del 13 de septiembre

de 2002, en aplicación de la Ley 33 de 1985 (f.° 59 a 63). Explicó que el AL 01 de 2005, en su parágrafo transitorio 4º, previó que el régimen de transición podría extenderse hasta el 31 de julio de 2010, salvo que los afiliados contaran para su vigencia 750 semanas de cotizaciones o más, para que se mantuviera hasta 2014. Precisó que Miguel Alberto Dueñas Camacho es beneficiario de tal porque nació el 13 de septiembre de 1947 (f.° 32), alcanzando la edad de 46 años para el 1º de abril de 1994 y, cotizó más de 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años, esto es, entre el 13 de septiembre de 1987 y el 13 de septiembre de 2007, por tanto, no debía acreditar el requisito adicional previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005. Aludió que, en ese horizonte, el 27 de septiembre de 2007 cumplía con las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para el otorgamiento de la pensión de vejez. Igual como sucedió cuando se le concedió la pensión de jubilación de la cual ya gozaba en términos de la Ley 33 de

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Radicación n.° 95493 1985 cuando cumplió 55 años el 27 de septiembre de 2002 y le fue asignada por Cajanal. Concretó que, pese a ello, no podía reconocerse el derecho pretendido porque si bien la pensión solicitada se

originaría en tiempos de servicios a empleadores privados diferentes a los tiempos en los que prestó servicios al sector público y, por tanto, la fuente de financiación resultaría distinta, lo cierto es que, en este caso, ambas prestaciones se causaron en vigencia de la Ley 100 de 1993 y amparan el mismo riesgo, por lo que no resultan compatibles. Explicó que ello resultaba lógico como quiera que de conformidad con el literal f.) del artículo 12 de la Ley 100 de 1993, para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en el régimen de prima media con prestación definida y en el régimen de ahorro individual, se tendrían en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio. Conjeturó que al tenerse que sumar, por disposición legal, las semanas cotizadas sin consideración al número con los tiempos de servicios, resultaba claro que la norma no permite el reconocimiento de dos pensiones causadas en vigencia del sistema general de pensiones.

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Radicación n.° 95493 Dijo que ello tiene sentido, porque el sistema general de pensiones también ampara a los afiliados de la contingencia derivada de la vejez, es decir, que protege aquellas personas que habiendo efectuado cierto mínimo de aportes o prestado servicios más el cumplimiento de la respectiva edad de retiro, pueda entrar a disfrutar del pago de una mesada pensional

para atender sus gastos personales y/o familiares, más un cubrimiento en salud, pues la ley impone el descuento del porcentaje correspondiente para tal fin. Infirió que, bajo ese prisma, es evidente que el riesgo cubierto con la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, resulta idéntico al amparado con la pensión de jubilación que disfruta actualmente, por lo que no se vulnera ningún derecho al promotor del juicio, por el contrario, se respeta el principio de unidad que rige la seguridad social, entendido este como la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social, así como los principios de universalidad y solidaridad. Además, porque no se trata de un régimen exceptuado conforme lo estipula el artículo 279 de la citada Ley 100 de 1993. Citó las sentencias CSJ SL5228-2018 y CSJ SL50682019 para decir que, como quiera que la pensión de vejez implorada a cargo de Colpensiones se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993, al acudir a las reglas fijadas por esta Corporación, también se llega a la misma conclusión de incompatibilidad pensional, dado que la pensión de

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Radicación n.° 95493 jubilación de la Ley 33 de 1985 también se estructuró en vigencia del sistema general de pensiones. Indicó que, si bien el demandante acreditó los 20 años de servicio para acceder a la pensión de jubilación con

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, hecho que no pasaba por alto, lo cierto es que el derecho sólo se causó cuando alcanzó los 55 años, esto es, en el año 2002, data en la que ya se encontraba en vigor la ley de seguridad social, por lo que, en aplicación del criterio sentado por esta Corte, no es procedente la compatibilidad con la pensión de vejez pretendida.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Miguel Alberto Dueñas Camacho, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver (Cuaderno digital de la Corte).

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se pasan a estudiar de manera conjunta dado que comparten análogos argumentos, atacan similar cuerpo normativo y persiguen el mismo fin (Cuaderno digital de la Corte).

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal, […] por violación directa de la ley sustancial, en la modalidad de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA de las normas de derecho sustancial contenidas en el Literal E) del Artículo 2° de la Ley 100 de 1993 y Literal F) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993; APLICACIÓN INDEBIDA de las normas de derecho sustancial

contenidas en el Literal G) del Artículo 13 y articulo 279 de la Ley 100 de 1993, el Artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y el Artículo 17 del Decreto 692 de 1994 e INFRACCIÓN DIRECTA del Artículo 2° y 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, Inciso final del Artículo 31, Artículo 36, 141 y 288 de la Ley 100 de 1993 y Artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Para la demostración del cargo, sostiene que el ad quem incurrió en error al ser evidente que la pensión de la Ley 33 de 1985 que ya viene disfrutando y la del Acuerdo 049 de 1990 que solicita, son indiscutiblemente compatibles, toda vez que su financiación, en el caso, objeto y régimen legal son disímiles, argumentando que ello se respalda en un precedente histórico-legal, que existió con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 y separó los sectores público y privado. Reseña que el sistema pensional privado se desarrolló a partir de la Ley 90 de 1946 que cristaliza la creación del ISS, como una entidad técnicamente diseñada para administrar un régimen de seguros sociales obligatorios que reemplazaría a los empleadores en el reconocimiento y pago de las principales prestaciones sociales. Con la expedición del Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966, se aprueba el

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Radicación n.° 95493 reglamento general del seguro, para amparar a los trabajadores privados de las contingencias derivadas de los

riesgos de invalidez, vejez y muerte - IVM. Posteriormente esta norma fue modificada por el Decreto 758 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo 049 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. Describe los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez según este acuerdo y la exoneración a los trabajadores independientes que se afiliaran por primera vez y los dependientes que para ese momento se encontraran disfrutando de una prestación pensional o contaran con un derecho adquirido, así como lo atinente a las personas que ejecutaran trabajos ocasionales, accidentales y transitorios, cuya duración fuere inferior a un mes y a los trabajadores por cuenta propia. Refiere igualmente el artículo 49 del señalado acuerdo, en relación a que los literales a y c del mismo, que consagraban que las pensiones y las indemnizaciones que cubre el ISS, son incompatibles entre sí y con las demás pensiones y asignaciones del sector público, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado en sentencia de la Sección Segunda, proferida el 3 de abril de 1995, expedientes acumulados 5708, 5833, 5937, «bajo el sustento de que “La pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente

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Radicación n.° 95493 particular llamado patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean compatibles».

Señala que el carácter de los dineros con que el ISS hoy Colpensiones paga las prestaciones que concede, nunca han tenido la calidad de asignación proveniente del tesoro público, en tanto los aportes que sirven para su financiación no tienen origen en fondos de naturaleza pública, dado que son realizados por empleadores y trabajadores. Aludiendo que ello ha sido reiteradamente tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, en el sentido de que los recursos que administra el ISS, así provengan de las cotizaciones de entes públicos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no gozan de la calidad de públicos, por lo cual, en principio, la percepción de una asignación pagada por el ISS no es incompatible con la de otra asignación del tesoro público. Analiza que, en el sector público, la Ley 6ª de 1945 creó las prestaciones sociales a cargo de las entidades; el DecretoLey 3135 de 1968 y Decreto 1848 de 1969, se recogió en un solo cuerpo normativo las prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del nivel nacional y, finalmente, con la Ley 33 de 1985, se revisaron las condiciones pensionales del sector público, unificando la edad pensional en 55 años. Discurre que, las prestaciones del régimen privado de los seguros sociales obligatorios y las del sector oficial de las diferentes cajas de previsión social con anterioridad a la

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Radicación n.° 95493 entrada en vigencia del sistema general de pensiones, son completamente diferentes, por cuanto la primera obedece a servicios prestados a empleadores particulares, en donde su

financiación proviene no del tesoro público sino de aportes que son realizados por empleadores y trabajadores, y la segunda a servicios prestados al Estado colombiano, cuya financiación es eminentemente pública. Asevera que, siguiendo los lineamientos del Consejo de Estado (expedientes acumulados 5708, 5833 y 5937 del 03 abril de 1995), es viable percibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y simultáneamente una pensión de vejez por parte del ISS siempre que esta se reconozca por servicios prestados a contratantes particulares. No sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el ISS incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del «tesoro público», o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado y en tal sentido sería incompatible con la pensión de jubilación reconocida por servicios prestados en el sector público Cita la sentencia de esta Sala CSJ SL, 4 jul. 2012, rad. 40413 para decir que si bien es cierto que el Tribunal aplicó la normatividad prevista en el Literal G) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993, armonizada por el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y complementada por el artículo 17 del Decreto 692, para considerar la incompatibilidad entre las pensiones de vejez pagadas por el ISS y originada por aportes patronoempleador y las de jubilación oficial pagadas por Cajanal, no

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Radicación n.° 95493 menos innegable es que estas para nada atañen sobre la

mencionada prohibición, porque versan exclusivamente sobre financiación pensional, bonos pensionales y múltiple vinculación. Increpa sobre la aplicación del principio de unidad (literal e del artículo 2° de la Ley 100 de 1993); menciona que erróneamente se interpreta que este es un motivo adicional para derivar la prohibición de la compatibilidad pensional entre pensiones de vejez y jubilación y considerar que un mismo afiliado no puede resultar amparado con dos pensiones que tienen idéntica cobertura; empero, este principio nada tiene que ver con ello, por cuanto consiste en la uniformidad de criterios en materia de políticas de seguridad social y no atañe a la unificación de regímenes pensionales, por el contrario este se complementa con el respeto de los derechos adquiridos y el principios de favorabilidad, el cual precisamente fue desconocido por la segunda instancia. Agrega, Sobre la aplicación del Artículo 17 del Decreto 692 de 1994, este debe entenderse como la prohibición de estar múltiple-vinculado a dos regímenes pensionales, valga decir, los estipulados en el Artículo 12 de la Ley 100 de 1993 (régimen de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad), por lo tanto la susodicha normatividad no era de aplicación por la segunda instancia, porque para el caso del Señor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO no existió una doble vinculación entre el régimen de Prima media (SEGURO SOCIAL, CAJANAL, CAPRECOM etc.) y el régimen de Ahorro

Individual (FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES).

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Radicación n.° 95493 Entonces de lo predicado, se tiene que el Ad Aquem (sic) se queda corto en la sustentación de su providencia al citar las normas denunciadas para derivar de esta la prohibición de la mencionada compatibilidad, aun cuando ellas erróneamente se aplican para eventos diferentes, cuales son la financiación de las prestaciones de vejez, invalidez y muerte del Sistema General de Pensiones y condiciones de múltiple-vinculación. En síntesis, es perfectamente plausible por un lado, que un trabajador o empleado del Estado como lo fue el actor, además de estar cubierto para el riesgo de Jubilación por CAJANAL y ser posteriormente pensionado por esta entidad de previsión social y tener simultáneamente una vinculación laboral del orden privado, pueda cotizar al Régimen privado de los Seguros Sociales Obligatorios del ISS y acceder a las prestaciones económicas que este último régimen ofrece, entonces, aceptar lo considerado por la alzada en el sentido de que estas dos prestaciones no son compatibles, infringe no solo lo normado en el Artículo 36 de la ley 100 de 1993 sino lo previsto en el Articulo 2 y 12 del Acuerdo 049 de 1990, el cual consagra la obligación de la afiliación forzosa y el reconocimiento de las prestaciones económicas a que haya lugar, al igual que la posibilidad de acceder a dos prestaciones de diferente naturaleza, sin que implique vulnerar la prohibición del Artículo 19 de la Ley 4 de 1992; todo lo anterior apoyado por la sentencia de la Sección segunda del Consejo de Estado de fecha tres (3) de abril de mil

novecientos noventa y cinco (1995), Referencia: Expedientes Nos. 5708, 5833, 5937 (Acumulados), […], la cual declaró nulos los literales a) y b) del artículo 49 del Acuerdo 049 del 1° de febrero de 1990 y discurrió que “La pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, aun ente (sic) particular llamado patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean compatibles por cuanto no sesiones (sic), percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del Tesoro Público” (Cuaderno digital de la Corte).

VII. CARGO SEGUNDO Plantea que denuncia, […] la sentencia recurrida por violación Indirecta de la Ley Sustancial, en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA de las normas de derecho sustancial contenidas en el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Artículo 1° del Decreto 758 de la misma anualidad.

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Radicación n.° 95493 La violación denunciada es consecuencia de la comisión por parte del Tribunal de los siguientes errores de hecho: 1.) No dar por demostrado estándolo, que el actor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO, en su condición de Trabajador de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA”, fue afiliado forzoso

al régimen privado de los Seguros Sociales Obligatorios del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL desde el día 28 de marzo de 1990 hasta 30 de noviembre de 2015. 2.) No dar por demostrado estándolo, que el actor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO, durante la vinculación laboral a la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA”, desde el día 28 de marzo de 1990 hasta 30 de noviembre de 2015, tenía un Contrato individual de trabajo como profesor y/o docente a término fijo. 3.) No dar por demostrado estándolo, que el actor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO tenía simultáneamente la condición de Servidor Público y Trabajador del Sector Privado. 4.) Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO al haber obtenido una Pensión de Jubilación a través de la extinta CAJANAL, por haber prestado más de 20 años al servicio de Estado colombiano, no podía aspirar simultáneamente a la pensión de vejez consagrada en el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo y que reclama en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 5.) No dar por demostrado estándolo, que el señor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO al tener simultáneamente la condición de Servidor Público y Trabajador del Sector Privado, en su condición de profesor, se encontraba inmerso en las excepciones del Articulo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Considera que los anteriores errores se originaron en la falta de apreciación de las siguientes pruebas: 1.) Certificación expedida por la Vicerrectora Administrativa y Financiera de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” obrante a folio 90 del Archivo denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698.

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Radicación n.° 95493 2.) Certificación expedida por la Coordinadora de Talento Humano de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” obrantes a folios 91 y 92 del Archivo denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698. 3.) Constancia de fecha 29 de septiembre de 2017 expedida por el Representante Legal de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” obrantes a folios 93 a 95 del Archivo denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698. 4.) Constancia de fecha 13 de abril de 2018 expedida por el Vicerrector Financiero y Administrativo de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” obrante a folios 96 del Archivo

denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698. Y, la apreciación errónea de: […] la historia laboral del señor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO expedida por COLPENSIONES obrante a folios 52 al 61 del Archivo denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698. Argumenta que, […] se equivoca el Tribunal al sostener que el señor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO al gozar de una pensión de jubilación oficial reconocida por CAJANAL y fundamentada en la Ley 33 de 1985, no tiene derecho a acceder por sus cotizaciones privadas a una pensión sufragada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, valga decir, no puede acceder simultáneamente a una pensión de vejez pagada por el Instituto de Seguros Sociales y fundamentada en el Artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Empero, para llegar a dicha conclusión incurrió el Tribunal en evidentes errores de hecho derivados de la falta de apreciación de la Certificación expedida por la

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Radicación n.° 95493 Coordinadora de Talento Humano de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA”; de la Constancia de fecha 29 de septiembre de 2017 expedida por el Representante Legal de la

FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” y de la Constancia de fecha 13 de abril de 2018 expedida por el Vicerrector Financiero y Administrativo de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA”, documentales que revelan prima facie lo siguiente:  Historia laboral expedida por COLPENSIONES que señala que el señor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO se afilio de forma forzosa, en su condición de Trabajador de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA”, al régimen Privado de los Seguros Sociales Obligatorios del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL desde el día 28 de marzo de 1990 hasta 30 de noviembre de 2015.  De las Certificaciones expedidas por la Vicerrectora Administrativa y Financiera y Coordinadora de Talento Humano de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA; y la Constancia de fecha 29 de septiembre de 2017 expedida por el Representante Legal de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” obrantes a folios 90 a 95 del Archivo denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698, demuestran que el señor MIGUEL ALBERTO DUEÑAS CAMACHO firmó con esta institución sendos contratos

de Trabajo para profesores a término fijo por periodos académicos desde su afiliación al ISS, esto es, desde el 28 de marzo de 1990.  De la Constancia de fecha 29 de septiembre de 2017 expedida por el Representante Legal de la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” obrante a folios 95 y de la de fecha 13 de abril de 2018 obrante a folios 96 del Archivo denominado “Primera Instancia_CuadernoPrincipal_Expediente Primera Instancia_2022012145467.pdf”, con Código de Documento No. 520227960284698, se desprende que la FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA “CIDCA” es una institución de educación superior de carácter privada y/o una Institución educativa de carácter particular, por lo que sus empleados no son ni públicos ni oficiales.

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Radicación n.° 95493 Explica que de las denunciadas documentales se extractan dos conclusiones; la primera, que por su vinculación laboral como docente del sector privado de la Fundación Centro de Investigación Docencia y Consultoría Administrativa – Cidca -, independientemente de si se encontraba vinculado simultáneamente al sector público, era un afiliado forzoso al reglamento general del seguro social obligatorio del ISS, según las previsiones del artículo 1° del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de1966 y el artículo 2° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, así como afiliado al sistema

general de pensiones, en forma obligatoria (numeral 1° del artículo 15 y 284 de la Ley 100 de 1993) y por tanto, beneficiario de las prestaciones económicas que del señalado sistema se generan; la segunda, que al ser servidor público por sus servicios al DANE, no podía desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que proviniera del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tuviera parte mayoritaria el Estado. Enfatizando que, por su nexo a la Fundación y las semanas aportadas al ISS, en su calidad de profesor, podía acceder simultáneamente a otra pensión, sin que involucrara percibir más de una asignación, ello por estar escudado en las excepciones del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Así las cosas, de haberse adelantado un cuidadoso análisis de las pruebas, la sentencia gravada habría establecido que no tenía ningún impedimento legal para

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