CSJ - SL2891-2022

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL2891-2022 Radicación n.° 88793 Acta 29 Bogotá, D. C., nueve (09) de agosto de dos mil veintidós (2022). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por NIDIA MENDOZA MARTÍNEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué el 25 de febrero de 2020, en el proceso ordinario laboral que MARÍA NOHORA ORDÓÑEZ ORJUELA instauró contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la recurrente.

I. ANTECEDENTES María Nohora Ordóñez Orjuela convocó a juicio a las demandadas para que se condenara a Colpensiones a pagarle la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, Emiro Enrique Castro, a partir

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 88793 del 16 de mayo de 2016, junto con las mesadas adicionales, la indexación, los intereses moratorios y las costas. Como fundamento de sus pretensiones, refirió en la reforma de la demandada que desde 1981 convivió ininterrumpidamente con Emiro Enrique Castro Aguiar, unión de la cual nació su hijo Juan David Castro Ordóñez; no obstante, se separaron en la anualidad de 2013, cuando los hijos que tuvo con su esposa fallecida con anterioridad al inicio de su relación, lo obligaron a abandonar el hogar por sus quebrantos de salud. Al respecto, aclaró que, pese a ello,

la comunidad de vida y, el apoyo moral y económico se mantuvieron hasta el deceso de aquél, el cual ocurrió el 16 de mayo de 2016. Manifestó que, su compañero disfrutaba de una pensión de vejez que le reconoció Colpensiones desde el año 1992, y tras el fallecimiento, solicitó a dicha entidad la pensión de sobrevivientes, pero la negó, al considerar que Nidia Martínez Mendoza también había reclamado la prestación en calidad de compañera del causante y, en consecuencia, se presentó el conflicto entre las posibles beneficiarias. Agregó que dependía económicamente del de cujus, quien en vida solicitó a la administradora que, en caso de muerte, la reconociera a ella como su beneficiaria. Colpensiones, al responder la demanda, se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la calidad de

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 88793 pensionado del causante, así como la fecha de su muerte, la reclamación pensional y la respuesta que ofreció; de los demás indicó que no le constaban. En su defensa expresó que la actora no acreditó el periodo de convivencia de cinco años a la muerte del pensionado conforme el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Formuló las excepciones de falta de los requisitos legales y prescripción. Nidia Mendoza Martínez al contestar la demanda, también se opuso al éxito de las peticiones; frente a los supuestos fácticos, aceptó unos y manifestó que no le constaban otros. Afirmó que la proponente prestó servicios

domésticos en favor de Castro Aguiar en el periodo comprendido entre los años 1981 y 1982 y, aun cuando nunca convivieron, procrearon un hijo producto de encuentros ocasionales. Relató que desde 1992 y hasta su muerte, el causante residió en una casa de propiedad de uno de sus hijos y que, a partir de 2003, convivió con él en unión marital del hecho, relación que se mantuvo hasta el deceso. Propuso las excepciones de mérito de falta de presupuestos legales estipulados en la Ley 100 de 1993 e inexistencia de convivencia simultánea. Enseguida, formuló demanda de reconvención para que se condenara a Colpensiones a pagarle el 100% de la prestación, junto a las mesadas adicionales, la indexación,

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 88793 los intereses moratorios y las costas del proceso. Como soporte de sus peticiones, narró que convivió por más de cinco años con Castro Agilar desde 2003 hasta el fallecimiento de éste; no procrearon hijos y, pidió a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero dicha entidad suspendió su pago por disputa entre reclamantes. Colpensiones suplicó que se negaran los reclamos en reconvención. En cuanto a los hechos expresó que eran ciertos los relativos a la fecha de fallecimiento del de cujus y su calidad de pensionado; de los demás, manifestó no le constaban otros. Dijo que esta convocante no reunió los requisitos para obtener el derecho que reclamó y formuló las excepciones de falta de lleno de requisitos legales y

prescripción. María Nohora Ordóñez Orjuela, igualmente se opuso a las peticiones de la demanda de reconvención. En cuanto a los hechos, reconoció los relativos a muerte del causante y el reconocimiento de la pensión de vejez en favor de éste; de los restantes, manifestó que no eran verdad. En su defensa, refirió que Mendoza Martínez no acreditó la convivencia con el de cujus y, propuso las excepciones de fondo de falta de legitimación en la causa por activa, falta de causa jurídica, enriquecimiento sin justa causa y la genérica.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 88793

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia proferida el 9 de noviembre de 2018, el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué, resolvió: Primero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones [...] a reconocer y pagar en favor de Nidia Mendoza Martínez [...] la pensión de sobrevivientes, de manera vitalicia, a partir del 16 de mayo de 2016 en un monto igual al 100%de la mesada devengada por el causante Emiro Enrique Castro Aguiar al momento de su fallecimiento.

Segundo: El monto de las mesadas comprendidas entre aquella fecha (mayo 16 de 2016) y el mes de octubre de 2018 debidamente indexado equivale a $124.922.286.2 a favor de

Nidia Mendoza Martínez.

Tercero: A partir del mes de noviembre de 2018 la prestación es

similar a un valor mensual de $3.579.647.32, que deberá cancelarse por la demandada Colpensiones.

Cuarto: El sujeto pasivo de las pretensiones se encuentra habilitado para deducir el porcentaje correspondiente con destino al sistema de seguridad social en salud.

Quinto: No declarar probadas las excepciones perentorias planteadas por Colpensiones frente a Nidia Mendoza Martínez.

Cuarto.- No condenar en costas a la accionada Colpensiones y Condenar en costas a la demandante María Nohora Ordoñez Orjuela a favor de Colpensiones y Nidia Mendoza Martínez, fijándose como agencias en derecho el equivalente a 4%del valor de las pretensiones señaladas en la demanda, esto es la suma de $800.000, que se dividirá en partes iguales a favor de Colpensiones Y Nidia Mendoza Martínez. Liquídense.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar el recurso de apelación que formuló María Nohora Ordóñez Orjuela y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante sentencia

de 25 de febrero de 2020, decidió:

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 88793

PRIMERO: Modificar los ordinales primero, segundo y cuarto de la sentencia del 9 de noviembre de 2018, emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad en el proceso de María

Nohora Ordoñez Orjuela y Nidia Mendoza Martínez contra

Colpensiones los cuales quedarán así: Primero: Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones a reconocer y pagar, indexados, a María Nohora Ordoñez Orjuela el 74% y a Nidia Mendoza Martínez el 26 % de la pensión de vejez que en vida disfrutó el causante Emiro Enrique Castro Aguiar a manera de pensión de sobreviviente a partir del 16 de mayo de 2016, con sus correspondientes aumentos legales y 14 mesadas pensionales por año. El valor de las mesadas causadas entre el 16 de mayo de 2016 y el 31 de enero de 2020, es de $193.984.895, del cual corresponde a María Nohora Ordoñez Orjuela $143.548.823 y a Nidia Mendoza Martínez $50.436.073. Del valor del retroactivo pensional el pagador ha de descontar el valor de la cotización para salud.

Segundo: Declarar no demostrados los hechos que soportan las excepciones propuestas por Colpensiones.

SEGUNDO: Revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 9 de noviembre de 2018, emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad en el proceso de María

Nohora Ordoñez Orjuela y Nidia Mendoza Martínez contra Colpensiones.

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia.

CUARTO: Sin costas.

QUINTO: En oportunidad: devuélvase el expediente al juzgado de origen.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural indicó que no se discutía que el causante falleció el 16

de mayo de 2016 y, por lo tanto, la pensión de sobrevivientes, debía definirse a la luz de lo previsto los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. Frente a la prerrogativa prestacional en disputa, refirió que Emiro Enrique Castro la dejó causada, pues el Instituto

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 88793 de Seguros Sociales le concedió pensión de vejez a partir del 15 de julio 1992 a través de Resolución 7366 de 1994. Respecto a sus beneficiarias, expresó que, si bien las normas en cita no regulan el caso de concurrencia entre compañeras frente al fallecimiento de un pensionado, conforme a la jurisprudencia de esta Sala contenida en la sentencia «402 de 2003», pueden acceder a la prestación y se divide en proporción al tiempo de convivencia, siempre que este no sea inferior a cinco años antes del deceso. En ese contexto, enlistó los medios de convicción que se aportaron al proceso y que aludían al vínculo de las demandantes principal y ad excludendum con el pensionado fallecido. Memoró que, en el interrogatorio de parte, Nidia Mendoza Martínez manifestó que: i) conoció a Nohora porque prestó servicios domésticos en favor del causante en el periodo 1981 - 1982; ii) ellos procrearon un hijo, pero no eran pareja ni convivieron y él la visitaba a ella con alguna frecuencia, pero dejó de hacerlo en el año 1992; iii) a partir el año 2003 ella (-la declarante-) sí tuvo la calidad de compañera del de cujus y vivieron en «Reservas del

Campestre»; iv) desde ese entonces vivieron en la casa de una hija de él; v) que manejaba el dinero del pensionado y a petición de éste, le daba dinero a Juan David Castro Ordoñez -hijo de Nohora y Enrique-, quien los visitaba de manera periódica.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 88793 En lo relativo a la prueba testimonial, señaló que Claudia Patricia Jiménez había relatado que: i) conocía a la pareja conformada por Nohora y Enrique, desde hacía 28 años; ii) tuvieron un hijo, y iii) se separaron en el 2013, que Nohora le comentó que ello obedeció a presiones de la familia de él y que, además, no le permitían verlo, pero que, en todo caso, este le colaboraba económicamente. Indicó que la testigo Elsa Liliana Castro hija del causante adujo que: i) Nidia fue la compañera de su padre y vivieron en «Reservas del Campestre» desde 2003 hasta el fallecimiento, aunado a que ella le manejaba las finanzas personales; ii) se enteró de que Juan David Castro era hijo de su progenitor cuando este enfermó en el año 2006; iii) el causante apoyaba económicamente a Juan David, y iv) Nohora nunca visitó al de cujus durante su enfermedad ni asistió al funeral. Refirió que la testigo María Carolina del río Varela adujo que conoció a Enrique y a Nohora como pareja y que se separaron en el año 2013. Que el también declarante, Aldo Quimbayo (vigilante del conjunto «Reservas del Campestre»),

indicó el pensionado vivía desde 2003 con Nidia y una hija de él y que Nohora nunca lo visitó. Precisó que, en su declaración, Marleny Quimbayo, dijo que Enrique fue pareja de Nohora hasta el 2013 cuando se separaron y que, según le comentó aquella, los hijos de él se lo llevaron.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 88793 Finalmente, citó las manifestaciones del testigo César Augusto Guzmán Arciniegas, quien sostuvo que era auxiliar en el consultorio de odontología del causante, quien vivió con Nidia desde el año 2003; también que no conoció a Nohora, pero que sabía que, ella y el causante tuvieron un hijo a quien este ayudaba económicamente. Tras ello, el ad quem destacó que María Nohora demostró la convivencia con Enrique por lo menos desde el 31 de diciembre de 1981, (según la declaración extraproceso que dicha pareja realizó el 8 de mayo de 2009, y de la efectuada por María Eugenia Prada y José de Jesús Guzmán, el 30 de abril de 2002), y hasta 21 diciembre de 2009, pues en esa data el de cujus declaró extraprocesalmente que ya no hacía vida marital con aquélla, conclusión que reforzó con la confesión de la demandante que hizo en el hecho 20 de la reforma a la demanda1 y en su interrogatorio de parte. Sin embargo, señaló que, de acuerdo a la prueba testimonial, después de la separación y hasta su fallecimiento, el pensionado residió en «Reservas del Campestre» y visitaba a la actora «con alguna frecuencia» y la

apoyaba económicamente «como lo admit[ió] Nidia por intermedio de su hijo que los visitaba con frecuencia». Así las cosas, concluyó que la demandante probó la convivencia en los cinco años anteriores al deceso del 1 Vigésimo: Ante las presiones ejercidas por sus hijos Carlos Eduard Castro Cruz y Elsa Liliana Castro Cruz y ante su deterioro en su salud, en el año 2009 el señor Emiro Enrique Castro Aguzar (sic) convino con la señora María Nohora Ordoñez Orjuela trasladarse en forma definitiva para la casa de sus hijos, ubicada en la casa 32 zona 3 del Conjunto Reservas del Campestre de la Ciudad de Ibagué Tolima.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 88793 causante y, por lo tanto, su condición de beneficiaria de la pensión. Para arribar a tal inferencia, se valió de las sentencias «CSJ SCL14237 de 2015, 6519 de 2017 y 1399 de 2018» en las que esta Sala adoctrinó que la convivencia no implica necesariamente que la pareja permanezca bajo el mismo techo, pues en ocasiones pueden ocurrir separaciones ajenas a la voluntad de la pareja, que obedecen a situaciones tales como enfermedades, asuntos familiares o laborales que, este evento se derivó de «la situación familiar o malquerencia o desconocimiento de la relación entre el causante y la demandante del que da cuenta el testimonio de la hija de aquel, pero persist[ió] la ayuda económica de que da cuenta Nidia en su declaración de parte». Enseguida, explicó al respecto que: [...] si se contextualiza [lo anterior], se considera que la relación

de la demandante con el causante, por tratarse de una relación de empleador o patrón con la persona que atiende sus labores domésticas, socialmente es reprochada reprobada. Tampoco puede creerse que esa ayuda económica que recibe el hijo común era para él, pues para 2013, época del abandono físico, ese hijo supera los 30 años, pues nació, según los testigos, en el 81 o 1982, cuando terminó la condición de trabajadora del servicio doméstico de la demandante en casa del causante, y no es usual que un hijo dependa de sus padres a esa edad, esa ayuda en ese contexto, la explica y justifica la presión social y familiar de desaprobación de la relación, forzando el uso del hijo común como único contacto y conjurar así la presión familiar y social. De esa manera, concluyó que la demandante María Nohora convivió con el causante, cuando menos, a partir del

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 88793 31 de diciembre de 1981 al 16 de mayo 2016, esto es, por 34 años, 4 meses y 16 días o, 12.376 días. Por otro lado, según las declaraciones de los familiares y allegados del pensionado fallecido, encontró que Nidia Mendoza Martínez convivió con él desde el 31 de diciembre de 2003 hasta el 16 de mayo de 2016, es decir, por 12 años, 4 meses y 16 días o 4.456 días. Precisó que, durante tal lapso, ella brindó a aquél, compañía, cuidado personal, apoyo moral y espiritual. Refirió que la convivencia total con las compañeras se

extendió por 16.232 días, luego, la participación en la prestación correspondía en un 74% para Nohora y en un 26% para Nidia. En cuanto a la prescripción, advirtió que no operó para ninguna de las interesadas, dado que las reclamaciones administrativas las formularon en el año 2016, mismo del deceso, mientras la demanda principal se presentó también en esa anualidad y, la de reconvención en el 2017, ambas notificadas sin que transcurriera el término previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Frente a la cuantía de la prestación, de acuerdo a la certificación que emitió Colpensiones el 5 de julio de 2016, la definió en: $3.415.527 para 2016, $3.611.919,80 para 2017, $3.579.647 para 2018, $3.879.203 para 2019, y $4.026,612 para 2020. Asimismo, indicó que el retroactivo ascendía la

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 88793 suma de $193.984.895 que debía dividirse de manera indexada entre las beneficiarias de acuerdo a la proporción en que se anotó. Al finalizar, autorizó los descuentos con destino a sistema de seguridad social en salud.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la demandante en reconvención Nidia Mendoza Martínez, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Sala, por lo que se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

La recurrente pretende que la Corte case parcialmente la decisión del colegiado, en cuanto condenó a Colpensiones a reconocer un porcentaje de la pensión en disputa en favor de María Nohora Ordoñez Orjuela, para que, en sede de instancia, confirme el fallo del a quo. Con tal propósito formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por la demandante María Nohora Ordoñez Orjuela y Colpensiones. Ambas acusaciones se analizarán de manera conjunta dado que denuncian la transgresión de las mismas normas con base en argumentos similares, y persiguen un fin idéntico.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 88793

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 46 y el literal a) de la Ley 100 de 1993.

Aduce que la transgresión de dichas normas obedeció a los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la opositora María Nohora Ordoñez Orjuela convivió con el pensionado no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; compartiendo lazos de afecto, ayuda mutua, socorro, espiritualidad, amor y vocación de permanencia.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la convivencia y vida en común entre los señores Emiro Enrique Castro Aguiar y María Nohora Ordoñez Orjuela persistió a pesar de la interrupción y separación física definitiva sucedida en el año dos mil trece

(2013) manteniendo vigentes los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, por ende, sin que impidieran o significara la pérdida de la comunidad de vida ni la vocación de la vida en común.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la interrupción en la convivencia y vida en común entre los señores Emiro Enrique Castro Aguiar y María Nohora Ordoñez Orjuela acaecida en el año dos mil trece (2013) sucedió por causas ajenas a la voluntad de los presuntos compañeros maritales, como lo fue la presunta animadversión de los hijos del Pensionado para con la Opositora y los problemas de salud del Causante.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, la existencia de una animadversión de los hijos del Pensionado, señores Elsa Liliana Castro Cruz y Carlos Eduardo Castro Cruz para con la Opositora, lo que conllevó a (sic) la interrupción de la convivencia de los señores Emiro Enrique Castro Aguiar y María Nohora Ordoñez Orjuela a partir del año dos mil trece (2013).

5. Dar por demostrado, sin estarlo, la presunta ayuda económica que el señor Emiro Enrique Castro le suministraba a la señora María Nohora Ordoñez Orjuela a través de su hijo en común Juan David Castro Ordoñez en virtud de los lazos de amor y auxilio

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 88793 mutuo para con la Opositora, ello, en fecha posterior a la interrupción de su convivencia.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que los problemas de salud del

señor Emiro Enrique Castro fue uno de los motivos de fuerza mayor que ocasionó la interrupción de la convivencia de los señores Emiro Enrique Castro Aguiar y María Nohora Ordoñez Orjuela a partir del año dos mil trece (2013).

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación entre los señores Emiro Enrique Castro Aguiar y María Nohora Ordoñez Orjuela era reprochada social y familiarmente dadas las condiciones socioeconómicas, laborales y familiares de la señora María Nohora Ordoñez Orjuela, lo que condujo a la separación física de los señores Emiro Enrique Castro Aguiar y María Nohora Ordoñez Orjuela en el año dos mil trece (2013); por disposición de los hijos del Pensionado y lo que obligó al de cujus a la ejecución de actos ocultos con el fin de suministrarle ayuda a la opositora..

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora María Nohora Ordoñez Orjuela detentaba la calidad de compañera permanente del señor Emiro Enrique Castro Aguiar al momento del deceso de este último.

Refiere que tales equivocaciones surgieron por la errónea valoración de: i) «las presuntas confesiones» de ella en el interrogatorio de parte y de Nohora Ordoñez Orjuela en la reforma de la demanda; ii) oficio que el causante envió a la Nueva EPS para que desafiliara a la demandante como beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud (folio 134); iii) declaraciones extraproceso que rindieron ante notario, Castro Agilar el 21 de diciembre de 2009, y la de éste

y la proponente el 8 de mayo de 2009, así como las de Leticia Jiménez y Sofía García el 9 de junio de 1992, María Eugenia Prada Díaz y José de Jesús Guzmán Amado el 30 de abril de 2002, Elsa Liliana Castro Cruz y Carlos Eduardo Castro Cruz (folios 132 y 133); iv) el escrito de la reforma a la demanda (folios 216 al 227).

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 88793 Asimismo de, v) las declaraciones de los testigos Elsa Liliana Castro Cruz, Claudia Patricia Guzmán, Mará Carolina Río Varela, Aldo Quimbayo, Marleny Duque Peña y Cesar Augusto Guzmán Arciniegas; vi) constancias de atención de consulta médica general y especializada del causante del año 2013 en donde figura como acompañante el hijo Juan David Castro Ordoñez (folios 28 al 41); vii) constancias de atención de consulta médica general y especializada del causante donde figura como acompañante Elsa Liliana Castro Cruz (folios 42 al 60); recibos de servicios públicos de la casa 15 de Altos de San Francisco a nombre del de cujus del mes de enero y febrero el año 2016 (folios 63 y 64). Y también, viii) del certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria n.° 350 – 83594 ubicado en la casa 15 calle 80 No. 17 – 13 conjunto residencial Altos de San Francisco de propiedad de Juan David Castro Ordoñez y María Nohora Ordoñez Orjuela (folios

281 al 283); ix) el extracto de cuenta de ahorro fijo diario del banco Davivienda del pensionado fallecido (folio 132); x) certificados médicos de 5 y 6 de septiembre de 2016 (folios 141 y 142); xi) las certificaciones que emitieron Serfoncoop del Olivos y Samid S.A.S. (folios 143 y 148), y constancia del galeno especialista (folios 144 al 147). En la demostración afirma que el Tribunal se equivocó al dar por establecida la convivencia efectiva entre María Nohora Ordoñez Orjuela y Emiro Enrique Castro Aguiar en

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 88793 los cinco años anteriores e inmediatos al fallecimiento de éste. Al respecto, indica que en el interrogatorio de parte que ella absolvió, no confesó aspectos relativos a la convivencia de la pareja en cuestión y, contrario a ello, en ese acto procesal refirió que dicho vínculo no tuvo lugar en tanto que, la ayuda económica que le daba el causante a su hijo no se dirigía a María Nohora. Aduce que el juez plural erró al sostener que no era creíble la colaboración pecuniaria que el pensionado le daba a su hijo Juan David Castro Ordoñez por cuanto éste ya tenía 30 años y que, más bien dicha ayuda, tenía como destinataria a la promotora. Explicó que ese dislate lo condujo al desafuero de colegir equivocadamente que los padres carecen de obligación legal de auxiliar a sus descendientes sin importar la edad. Refiere que tampoco confesó que alguna persona predicara «animadversión» por María Nohora y que, por este

motivo se le impidiera visitar a Emiro. Además, sostiene que no son ciertas las supuestas visitas que el causante realizó a la actora después de su separación, ya que las mismas estaban dirigidas a su hijo en común Juan David Castro Ordoñez, quien, conforme a lo que manifestaron los testigos, pasaba por dificultades económicas de manera constante; de ahí que su progenitor le brindara ese auxilio del cual también se beneficiaba la actora, pero solo por el hecho de vivir con su descendiente.

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 88793 Así, señala que las equivocaciones en la apreciación del interrogatorio en cita, condujeron al a quem a incurrir en el error de considerar que hubo confesión sobre aspectos relevantes para la solución del asunto, pero ello en realidad no ocurrió. Manifiesta que el juez de la alzada también se equivocó en la valoración de la reforma de la demanda, pues de ella extrajo que la convivencia entre la accionante y el de cujus, cesó no por su voluntad, sino por la de los hijos de aquél, lo que lo hizo desconocer que la parte no puede elaborar su propia prueba; aunado a ello, la actora no demostró que, en el año 2009, el pensionado abandonara el hogar por la decisión de terceros y por problemas de salud. Expresa que, en la decisión bajo censura, el Tribunal no apreció debidamente el oficio que presentó el causante ante la Nueva EPS el 2 de diciembre de 2009, donde la instruyó para que desafiliara a su beneficiaria Nohora Ordoñez Orjuela, en tanto ya no eran compañeros permanentes,

afirmación que él mismo ratificó en declaración extraproceso de 21 de diciembre de 2009. Puntualiza que, de estos documentos se infería que desde ese entonces la pareja se separó de manera definitiva y, ello implicó la ruptura de su vínculo afectivo. Indica que, por otra parte, en la demanda, la actora sí confesó hechos que producían efectos jurídicos que le eran adversos, esto es, que: i) se separó del causante en el año 2013 y ii) que en el año 2015 cesó la ayuda económica que le

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 88793 brindaba el pensionado. En tal dirección, precisó que el colegiado podía concluir que, desde 2013 la demandante no volvió a ver, visitar o auxiliar a quien otrora fuese su compañero, y que, en todo caso, si es que éste le brindaba ayuda financiera, dejó de hacerlo en el 2015, inferencias de las cuales se concluía que no cumplió el requisito de convivencia en los cinco años inmediatamente anteriores al deceso. Aduce que, contrario a lo que dijo el ad quem, de las declaraciones de Elsa Liliana Castro, Claudia Patricia Guzmán y María Carlina Río Varela no se concluía la convivencia de la pareja en los cinco años inmediatamente previos al deceso, o que después de la separación, la accionante no visitara al pensionado porque los hijos de éste lo hubieran impedido, ni que el causante la apoyara económicamente. Explica que la primera testigo no hizo manifestaciones al respecto y, las otras, ni siquiera conocían directamente las

situaciones en cuestión en tanto conocían de ellas solo por lo que les comentaba la demandante. Expresa que lo único que podía inferirse de las últimas dos declaraciones, era que los compañeros se separaron en el año 2013. Agrega que el testimonio de Marleny Duque además de contradictorio fue indirecto y, por lo tanto, de él tampoco podía extraerse ninguna conclusión válida.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 88793 En el mismo sentido, menciona que Aldo Quimbayo, quien era vigilante del conjunto residencial que habitó el causante hasta su fallecimiento, en su declaración expresó que la demandante nunca visitó al de cujus. La recurrente cuestiona que el colegiado soportara la conclusión del cumplimiento del requisito de convivencia por parte de Nohora en las declaraciones extrajuicio de Leticia Jiménez de Cubillos, Sofia García de Sánchez, María Eugenia Prada Díaz y José de Jesús Guzmán, en tanto de ellas no se podía establecer que la convocante y el causante convivieran en los cinco años previos a la muerte de Enrique. En relación con las certificaciones médicas y de prestación de servicios de salud, señala que de ellas se podía concluir que la demandante nunca acompañó al causante durante el desarrollo de su enfermedad. Frente a los restantes elementos de convicción acusados (recibos de pago de servicios públicos, certificado de tradición y libertad de inmueble, y las declaraciones extraproceso de Elsa Liliana Castro Cruz y Carlos Eduardo Castro Cruz), refiere que, más allá de demostrar el cumplimiento de las obligaciones parentales del pensionado

respecto de su hijo Juan David Castro, ninguno de ellos contiene información jurídicamente relevante para soportar los hechos que se narraron en la demanda; de ahí que, de ellos, el juez plural tampoco podía colegir la acreditación del requisito de convivencia.

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 88793

VII. RÉPLICA María Nohora Ordoñez se opone a la prosperidad del cargo, al considerar que adolece de los siguientes errores insubsanables en la técnica del recurso: no expone los supuestos errores de hecho en que pudo incurrir el colegiado ni los relacionó con los elementos de prueba que acusa por indebida apreciación, como tampoco explicó cómo el fallador distorsionó su contenido.

Colpensiones también se opone al éxito del cargo, para lo cual defiende la legalidad de la sentencia censurada.

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa en la modalidad de aplicación indebida del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En la demostración, refiere que el Tribunal se equivocó en la aplicación que de la jurisprudencia que esta Sala ha desarrollado sobre la materia, en tanto, en los cinco años anteriores al fallecimiento de Emiro Enrique Castro Agilar, María Nohora Ordóñ