CSJ - SL2909-2023

MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL2909-2023 Radicación n.° 70368 Acta 44 Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ SILVANO MUÑOZ GARCÍA contra la sentencia proferida el 10 de junio de 2014, la cual fue reconstruida en audiencia del 6 de julio de 2023, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra la NACIÓN - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y el FONDO DE PASIVO SOCIAL FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, trámite al cual se vinculó como litisconsorte necesario a la NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la

NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

I. ANTECEDENTES José Silvano Muñoz García convocó a juicio a las dos

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 70368 primeras entidades en mención, con el propósito de que fueran condenadas al pago de la indexación de la primera mesada, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de su retiro y la de reconocimiento de la pensión de jubilación «el 13 de febrero de 1996 (sic)» mediante «Resolución 000313», con los aumentos del IPC para los años 1993, 1994, 1995 y 1996, tal como se dispuso en las

sentencias CC C862-2006 y CC T098-2005. Como consecuencia de lo anterior, deprecó la condena de las diferencias producto de la indexación de la primigenia mesada, cuyos valores adeudados debían sufragarse debidamente actualizados; así como los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la empresa Álcalis de Colombia Ltda. desde el 1 de diciembre de 1975 hasta el 28 de febrero de 1993 en la ciudad de Cartagena y que esa empresa «le reconoció una pensión de jubilación convencional» a través de la Resolución 000299 del 5 de diciembre de 1995 al haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicios previstos en la convención colectiva que se encontraba vigente para la época de su desvinculación. Expuso que dicha prestación pensional extralegal se canceló desde el 26 de noviembre de 1995 hasta el 26 de noviembre de 2000, data esta última en que cumplió 60 años de edad, pues a partir de esa fecha, la entidad se haría cargo

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 70368 únicamente del mayor valor, si lo hubiere, respecto de la pensión legal de vejez que le correspondería pagar al ISS, hoy Colpensiones, o a la AFP que resultare obligada. Relató que el monto inicial reconocido de la pensión extralegal para el 5 de diciembre de 1995 ascendió al valor de $305.691, equivalentes al 75% del último salario

promedio mensual devengado, «es decir entre el 28 de febrero de 1992 y el 28 de febrero de 1993». No obstante, cuando se expidió el acto administrativo que le otorgó la prestación no se tuvieron en cuenta los aumentos ordenados por el Gobierno Nacional correspondientes a los años 1993, 1994, 1995 y 1996, definidos como la «indexación de la primera mesada pensional». Narró que el 17 de enero de 2011 solicitó ante la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el reajuste de la primera mesada pensional, lo cual fue resuelto negativamente por el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través de escrito del 16 de febrero de igual año, bajo el argumento de que en la liquidación de esa prestación de vejez se incluyeron equivocadamente unos factores salariales que no debían tenerse en cuenta, por lo tanto, con ello se «compensaba la indexación». Afirmó que contrario a lo dispuesto por el citado ente ministerial, el derecho a la actualización de la cuantía de la primera mesada ha sido reconocido en distintos pronunciamientos jurisprudenciales, con fundamento en el

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 70368 derecho a la equidad, justicia y en aras de mantener el poder adquisitivo. Finalmente, indicó que la empresa Álcalis de Colombia Ltda. entró en proceso de liquidación, de ahí que, a través de los Decretos 805 de 2000 y 1578 de 2001, la Nación asumió el pago de las obligaciones pensionales de esa entidad y

asignó dicha responsabilidad a la Nación - Ministerio de Industria y Comercio Exterior y al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia. Al dar respuesta a la demanda, el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia se opuso a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, tuvo como ciertos la vinculación del demandante con Álcalis de Colombia Ltda.; el reconocimiento de la pensión convencional y su cuantía inicial; el estado de liquidación de esa entidad y que las obligaciones fueron asumidas por la Nación - Ministerio de Industria y Comercio Exterior y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Frente a los demás supuestos fácticos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Expresó como motivos de defensa que la indexación pensional pretendida carecía de sustento legal, ya que al expedirse las Resoluciones 000299 del 5 de diciembre de 1995 y 000313 del 13 de febrero de 1996, se cumplieron las obligaciones legales frente al reconocimiento de la pensión de jubilación, la cual se indicó era de naturaleza compartida de conformidad con la ley.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 70368 Propuso como excepción previa la de falta de integración del litisconsorcio necesario y de fondo las de falta de derecho para pedir o cobro de lo no debido, cosa juzgada, prescripción, compensación y buena fe. El juez de conocimiento, en auto del 28 de mayo de 2012, tuvo por no contestada la demanda por parte de la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda

vez que la respuesta se presentó en forma extemporánea (f.° 187). Así mismo, con providencia del 26 de junio de la misma anualidad, al resolver la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario formulada por el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ordenó vincular a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional (f.°189 y 190). Una vez notificada, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a todas las pretensiones incoadas en su contra y afirmó que no le constaba ninguno de los hechos relatados. Señaló como argumentos de defensa que ese ente ministerial no tenía como obligaciones asignadas las de asumir, atender o resolver controversias que se planteen de los servidores públicos o trabajadores oficiales de Álcalis de Colombia Ltda.

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 70368 Enlistó como excepciones de fondo las de no agotarse la vía gubernativa frente a este Ministerio; inexistencia de la relación laboral; inexistencia de obligación alguna de la entidad por las pretensiones de la demanda; improcedencia de la condición de litisconsorte; improcedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la aplicación de la fórmula de la indexación; falta de legitimación en la causa por pasiva; prescripción; y la genérica. En proveído del 13 de agosto de 2012 (f.° 204), el a quo tuvo por no contestada la demanda por parte de la NaciónMinisterio de Defensa Nacional.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió dirimir el trámite de la primera instancia, profirió fallo el 3 de diciembre de 2012, en el que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE

MÉRITO DE COSA JUZGADA Y FALTA DE DERECHO PARA

PEDIR, PROPUESTAS POR EL DEMANDADO FONDO PASIVO

SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, LA

DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PROPUESTAS POR LAS

DEMANDADAS LA NACIÓN MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO Y LA NACIÓN MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

SEGUNDO: ABSOLVER A LA NACIÓN MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y LA NACIÓN MINISTERIO

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LA NACIÓN MINISTERIO

DE DEFENSA Y AL FONDO PASIVO SOCIAL DE LOS

FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA DE TODAS LAS

PRETENSIONES INCOADAS EN SU CONTRA.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 70368

TERCERO: CONDENAR AL DEMANDANTE AL PAGO DE LAS

COSTAS DEL PROCESO […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al conocer en grado jurisdiccional de consulta a favor de la parte actora, mediante sentencia proferida el 10 de junio de 2014, la cual fue reconstruida en

audiencia del 6 de julio de 2023, confirmó íntegramente el fallo absolutorio de primer grado, sin imponer costas en la alzada. El ad quem determinó que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si el promotor del litigio tenía derecho o no a la indexación de la primera mesada pensional o si, por el contrario, debía declararse probada la excepción de la cosa juzgada. Puso de presente que se tenían como fundamentos fácticos no discutidos los siguientes: i) que el 18 de mayo de 1995 el señor José Silvano Muñoz García y Álcalis de Colombia Ltda. en liquidación, a través de sus apoderados judiciales, firmaron un acuerdo conciliatorio ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá (f.° 168 a 171); ii) que al actor le fue otorgada una pensión de jubilación por parte de la empresa Álcalis de Colombia Ltda. en liquidación a través de la Resolución 000299 del 5 de diciembre de 1995 (f.°13 a 17); iii) que el accionante solicitó ante el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles y la Nación - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la indexación de la primera mesada

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 70368 (f.°30 a 32); iv) que dicho Fondo de Pasivo Social negó la petición instaurada; y v) que a través del acto administrativo 002072 de 2002 el ISS, hoy Colpensiones, le otorgó una pensión de vejez legal. Explicó el juez plural que al tenor de los artículos 332 y

333 del entonces CPC, aplicables en materia laboral por remisión del artículo 145 del CPTSS, para que se configure la institución de la cosa juzgada se requiere que exista identidad de partes, de objeto y de causa petendi; presupuestos que tenían como objetivo ponerles fin a los conflictos e impedir su sucesivo replanteamiento por la parte desfavorecida y darles seguridad jurídica a las decisiones adoptadas por los jueces. En apoyo de su decisión, trajo a colación la sentencia CSJ SL, 10 ag. 2010, rad. 42435. Seguidamente, la colegiatura transcribió apartes de la conciliación celebrada entre el demandante y Álcalis de Colombia Ltda. en liquidación el 18 de mayo de 1995 (f.° 168 a 171), así: (…) 1.- El demandante señor JOSÉ SILVANO MUÑOZ GARCÍA, por intermedio de su apoderado judicial, debidamente facultado para ello según el poder conferido con que actúa en el proceso, manifiesta expresamente que DESISTE de todas y cada una de las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda, las cuales tienen que ver con la solicitud de reintegro y el consiguiente pago de salarios, primas, vacaciones, bonificaciones y demás rubros legales y convencionales, al igual que de la también consiguientes declaratoria de la no solución de continuidad del contrato de trabajo durante el periodo en que permanezca cesante, y, de la pensión restringida de jubilación. 2.- Por su parte, ALCALIS DE COLOMBIA LIMITADA “ALCO LTDA.” EN LIQUIDACIÓN, una vez cumpla el señor JOSÉ

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 70368 SILVANO MUÑOZ GARCÍA, la edad de los cincuenta y cinco (55) años, y previa consulta de la cuota parte con que debe concurrir el Ministerio de Defensa Nacional; se obliga a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación a que éste se hará beneficiario. El monto de la mesada pensional a reconocer a partir del próximo 26 de noviembre de 1995, estará compuesto por el 75% del salario promedio mensual que se tuvo en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales ya canceladas según lo manifestado anteriormente más la sesentava 1/60 parte del valor de la última prima de antigüedad devengada por el extrabajador. Por consiguiente, el valor de la mesada pensional será el resultado de la siguiente operación aritmética: Salario promedio mensual según liquidación de: Prestaciones sociales… …………………………… $405.089.oo Prima de antigüedad……………………………….. $2.500.oo Sub total………………………………………………..$407.589.oo Total (75% para pensión) ……………………… $305.691.oo[…] Con base en lo anterior, argumentó que en el sub judice sí se configuró la excepción de cosa juzgada, pues en la conciliación celebrada entre el demandante y el apoderado especial de Álcalis de Colombia Ltda. en liquidación se convino reconocer y pagar a favor del actor la pensión de jubilación una vez adquiriera la edad de 55 años el día 26 de noviembre de 1995, específicamente, «acordando las partes conciliar el monto de la primera mesada pensional, tanto el

«promedio salarial como las prestaciones sociales que se tuvieron en cuenta para efectos de calcular el ingreso base de liquidación al que le aplicaron una tasa de remplazo del 75%». Aseveró que no podía ventilarse ante la justicia ordinaria laboral un asunto que se encontraba «revestido de total legalidad», en razón a que se materializó con la

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 70368 manifestación voluntaria de las partes y además el acuerdo conciliatorio fue sometido a la aprobada del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, quien lo consideró conforme a derecho. Así las cosas, estimó que se configuraba los elementos de la cosa juzgada respecto a la «valoración» de la primera mesada pensional del actor, dado que, entre el contenido del acta de conciliación celebrada y el litigio adelantado, existía identidad de partes, objeto y causa petendi, lo que llevaba a confirmar íntegramente a la sentencia absolutoria conocida en consulta.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante José Silvano Muñoz García, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y en su lugar acceda a las pretensiones consagradas en la demanda inaugural.

Con tal propósito, por la causal primera de casación laboral formula tres cargos que obtienen réplica de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, los

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 70368 cuales se estudiarán conjuntamente, por complementarse en la sustentación y perseguir el mismo cometido.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de segundo grado de ser violatoria de la ley sustancial «en forma directa concretamente por la aplicación errónea de los contenidos legales señalados en los artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil y 145 del Código de procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, violación que se configura por aplicación indebida».

En la demostración del cargo, argumenta que el Tribunal incurrió en un desacierto jurídico al concluir que en el presente asunto podía declararse probada la excepción de la cosa juzgada, lo que, en su decir, deriva de una valoración equivocada del acuerdo de conciliación a que se llegó en un proceso que se surtió entre las partes tiempo atrás, pues no advirtió que en esa primera contienda se discutió la desvinculación ilegal que sufrió el trabajador, mientras que en este segundo litigio se controvierte un aspecto diferente referido a la indexación de la primigenia mesada y el consecuente reajuste de la prestación reconocida a través de las Resoluciones 000299 del 5 de diciembre de 1995 y 000313 del 13 de febrero de 1996. Sostiene que, si bien en los dos litigios son los mismos sujetos procesales, lo cierto es que «no existió la necesaria correspondencia exigida para pregonar la existencia de la figura de la cosa juzgada».

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 70368

Arguye que, en relación al proceso inicial, en la conciliación celebrada dentro del mismo las partes acordaron los factores salariales y prestacionales a efectos de determinar el ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo de la pensión de jubilación, sin embargo, «era imposible conciliar o transar» el monto del valor a cancelar debidamente actualizado a la fecha en que el actor cumpliera 55 años de edad, en la medida que no había certeza de cuál sería el IPC que se aplicaría en el futuro, por tanto, en esa ocasión nada se definió frente a la devaluación monetaria que ocurriría al momento de la cancelación efectiva de la prestación. Asegura que en el presente asunto no se reúnen a cabalidad los tres requisitos de la institución de la cosa juzgada y por ello resulta evidente el desacierto que cometió el fallador de alzada. Precisa que al concluir el juez plural equivocadamente que se configuraba la cosa juzgada, ello condujo a una resolución jurídica desacertada, ya que la norma adjetiva que se utilizó no tenía cabida y, por el contrario, le produjo una consecuencia lesiva al promotor del proceso. Insiste que en el documento conciliatorio únicamente se estableció el valor de la mesada pensional, «más nunca se señaló que cuando se fuera a pagar la misma ese valor quedaría inmodificable, pues nadie puede en principio

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 70368 renunciar a una garantía mínima protegida por la Ley y la jurisprudencia». Finalmente, aduce que debe recordarse que el

otorgamiento de una prestación pensional es un acto independiente al pago de la misma, pues puede suceder, como ocurre en el sub examine, que la data de reconocimiento difiera de aquella en la que se comience a cancelar; indexación sobre la cual nunca se hizo manifestación alguna en la conciliación, por ende, en este punto el acuerdo no surte efectos de cosa juzgada.

VII. LA RÉPLICA La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta que el cargo adolece de graves errores de técnica, en la medida que la Corte tiene dicho que la normas que se deben acusar como quebrantadas son las sustanciales, salvo que se acuda al planteamiento de la violación de medio, consistente en que la infracción de la norma procesal es el vehículo para que finalmente se vulnere el precepto sustancial que es indispensable acusar, lo cual en este asunto se echa de menos en el ataque.

Arguye que, en todo caso, el colegiado no incurrió en un desacierto al confirmar la decisión absolutoria del a quo, toda vez que se cumplieron los presupuestos para declarar probada la cosa juzgada. Además, que este ente ministerial en ningún momento fue empleador del accionante y, por tanto, no está obligado a reconocer el derecho.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 70368 El Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia formula réplica conjunta a las tres acusaciones. Indica que en el sub judice el juez plural acertó al haber declarado probada la excepción de cosa juzgada, pues en la conciliación se expresó lo siguiente:

Por su parte, Alcalis de Colombia Ltda. ALCO LTDA. en liquidación una vez cumpla el Sr. JOSÉ SILVA MUÑOZ GARCÍA, la edad de 55 años, y previa consulta de la cuota parte con que debe concurrir el Ministerio de Defensa Nacional, se obliga a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación a que este se hará beneficiario. El monto de la mesada pensional a reconocer a partir del próximo 26 de noviembre de 1995, estará compuesto por el 75% del salario promedio mensual que se tuvo en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales ya canceladas según lo manifestado anteriormente más la sesentava 1/60 parte del valor de la última prima de antigüedad devengada por el extrabajador. Arrojando como operación aritmética el 75% la suma de $305.961. Insiste en que, en tal sentido, al declarar probada la excepción de cosa juzgada, la decisión del ad quem se ajusta a la legalidad.

VIII. CARGO SEGUNDO Ataca la sentencia impugnada de violar «en forma directa», en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 1, 19 y 50 del CST; 8 de la Ley 153 de 1887; 178 del Código CCA; 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1627 y 1649 del CC; 145 del CPTSS; 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993; y 48 y 53 de la CP.

En el desarrollo de esta acusación, el censor expone que en el presente asunto el Tribunal no tuvo en cuenta la

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 70368 posición jurisprudencial adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, plasmada en la sentencia CSJ SL, 18 ag. 1999, rad. 11818, «que desarrolló la nueva doctrina sobre la indexación de la primera mesada». Luego de citar en extenso la referida decisión, señala que como queda demostrado, el criterio de las altas Cortes consiste en que es procedente la indexación de la primigenia mesada, en atención a la depreciación de la moneda y la especial protección que debe dársele al pensionado.

IX. LA RÉPLICA La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público argumenta que esta segunda acusación contiene graves deficiencias de orden técnico, pues el submotivo de casación adoptado por el recurrente en realidad no fue desarrollado en el cargo, toda vez que la interpretación errónea tiene lugar cuando el fallador le da un alcance errado a cierta normativa, siendo indispensable que el censor exponga cuál fue el sentido dado por el ad quem, así como el que se estima correcto, lo que evidentemente aquí no se acata.

Se recuerda que el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia presenta réplica conjunta, por ende, la Sala se remite a lo ya sintetizado en el primer cargo.

X. CARGO TERCERO Acusa la sentencia impugnada de violar por la vía

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 70368 directa, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 15 del CST y 53 de la CP. En esta acusación, la censura expone que el Tribunal

pasó por alto que la indexación de la primera mesada es un derecho cierto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 del CST no resulta procedente transar o conciliar este tipo de derechos, pues se desconocen las garantías de irrenunciabilidad que están diseñadas en favor de los trabajadores. Destaca que la actualización de la mesada inicial corresponde a un derecho de orden público, el cual no puede ser modificado o desconocido por voluntad de las partes, como sería lo acordado «dentro del proceso que se adelantó con anterioridad». A continuación, la censura señala: Conforme lo dispuesto en el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé que la transacción en materia laboral, no se puede dar en tratándose de derechos ciertos e indiscutibles, aceptando en gracia de discusión lo dispuesto por los falladores de instancia, en el entendido que se trataba de derechos ya conciliados, dicho acto no es oponible a mi poderdante, pues la transacción o conciliación que se realizó para dar por terminado el proceso ordinario laboral, ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá no puede ahora alegarse como razón suficiente para no cancelar lo reclamado y desconocer las normas de orden Constitucional y Legal. En respaldo de su argumentación, trae a colación las sentencias CC T1008-1999 y CC T631-2010, en las cuales se ha dejado sentado que la transacción laboral no puede recaer

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 70368 sobre derechos ciertos e indiscutibles, al tenor de lo

dispuesto en el artículo 53 de la CP.

XI. LA RÉPLICA La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a esta acusación, indica que no es el ente encargado del reconocimiento de las obligaciones pensionales reclamadas por el recurrente, en la medida que su competencia se limita a la aprobación de los cálculos actuariales sobre pasivos pensionales de entidades públicas del orden nacional en liquidación, sin que sean fuente de ingresos para el reconocimiento de la prestación, por tanto, lo aquí pretendido en relación a dicha entidad no debe prosperar.

Dado que el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia formula réplica conjunta, la Sala se remite a lo ya indicado en el primer cargo.

XII. CONSIDERACIONES Comenzando por el segundo cargo orientado por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, la Sala advierte que la sustentación está desenfocada, en la medida que en el sub judice la razón por la cual el juez de segundo grado no accedió a la actualización del salario tenido en cuenta para la liquidación de la pensión de jubilación del actor, consistió en que encontró probada la excepción de la cosa juzgada y no porque hubiera desconocido la

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 70368 jurisprudencia de esta corporación respecto a la procedencia de la indexación de la primigenia mesada como lo sugiere la censura en el único argumento traído a colación, acusación que, en tales condiciones, se desestima. Del mismo modo, en el tercer ataque la censura arguye

que la indexación es un derecho cierto e irrenunciable y, por ende, conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 del CST, esta temática no podía ser objeto de conciliación, de ahí que la eventual transacción que se hubiera efectuado de la actualización de la primera mesada no es oponible en este proceso para no acceder a lo reclamado, es por esto que no hay cosa juzgada. Al respecto, se considera pertinente rememorar que la Corte al analizar un asunto donde igualmente se aducía el carácter de derecho cierto e indiscutible de la indexación de la primera mesada pensional, en sentencia CSJ SL10622018, señaló: […] En virtud de lo anterior, la Corte considera preciso destacar que la cualificación de un derecho, beneficio o garantía, como derecho cierto e indiscutible, depende de las circunstancias particulares de cada caso y el respectivo análisis debe estar mediado, entre otras cosas, por factores tales como la fuente del derecho, la estructura normativa a partir de la cual se define y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su causación. Así la cosas, en un cargo orientado por la senda directa, como corresponde al tercero, no es dable verificar las circunstancias particulares a que alude la jurisprudencia para este asunto, pues el respectivo estudio debe estar soportado por factores tales como la fuente del derecho, la

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 70368 estructura normativa a partir de la cual se define y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su causación, y para ello se requiere analizar, por ejemplo, el contenido de

los actos administrativos que reconocieron la pensión de jubilación al accionante, aspecto ajeno a la vía del puro derecho. Hasta lo aquí dicho los cargos segundo y tercero se rechazan. Ahora bien, pasando al primer cargo, la Corte debe puntualizar que no le asiste razón a la opositora la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público, en cuanto considera indebidamente integrada la proposición jurídica. Lo anterior por cuanto al debatirse en casación el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, aquella se estructura debidamente citando el artículo 332 del CPC, hoy 303 del CGP, toda vez que es norma de carácter sustancial, dada su naturaleza y el propio contenido de esa institución. Así lo ha adoctrinado la jurisprudencia de esta corporación, en la sentencia CSJ SL16029-2017, que fue reiterada en la decisión CSJ SL973-2021, en la cual se puntualizó: No le asiste razón al replicante en sus alegaciones dirigidas a asegurar que la demanda de casación carece de proposición jurídica, pues el recurrente cumplió con la carga de señalar una disposición sustantiva de orden nacional que fue base esencial de la sentencia, esto es, señaló como infringido el artículo 332 del CPC que se refiere a la figura de la cosa juzgada, aplicable a los procesos laborales por virtud de lo consagrado en el artículo 145 del CPTSS, institución que adquiere el carácter de sustantiva por su propio contenido. Así lo tiene establecido esta Corporación, a saber, en sentencia CSJ SL, 6 mar. 2013; rad.

42536 se estimó:

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 70368 Aunque es cierta la crítica que hace el opositor, en cuanto a que el cargo se sustenta en normas procesales como el debido proceso y la cosa juzgada, siendo que es su obligación fincar la acusación en cualquiera de las normas sustantivas de carácter nacional “que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo a juicio del recurrente hayan sido violadas”, también lo es que el censor acusa, como precepto que debió ser aplicado por el Tribunal, el artículo 332 del Estatuto Procedimental Civil, que se refiere a la figura jurídica de la cosa juzgada, aplicable a los procesos laborales en virtud de lo reglado en el artículo 145 del C. P del T. y de la S. S.; institución jurídica que no obstante estar plasmada en el Código de Procedimiento Civil, no por ello adquiere ese mismo carácter, pues la calidad de sustantiva o adjetiva, según tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, no está determinada por tal circunstancia, sino que ella resulta de su propio contenido, como ocurre con la cosa juzgada que ha sido considerada como norma de índole sustantiva por esta Sala. Aclarado lo anterior, cumple señalar que, aunque la formulación de este primer ataque no es un modelo, la Sala entiende que la censura incurrió en un lapsus calami al dirigirlo por la senda directa, por cuanto en realidad lo orienta por la vía indirecta, toda vez que la argumentación es más fáctica que jurídica. Así, de la sustentación, es dable

colegir que el recurrente le endilga al Tribunal el dar por demostrado, sin estarlo, que en el acuerdo conciliatorio suscrito el 18 de mayo de 1995 entre el actor y Álcalis de Colombia Ltda. en liquidación quedó incluida la indexación de la primera mesada y, por ende, operó la cosa juzgada frente a su actualización; equívoco que atribuye a la valoración errada del contenido del acta de conciliación, lo que permite el estudio de fondo de la acusación. En ese orden, el problema jurídico que debe resolver la Sala en relación a este cargo consiste en elucidar, desde el punto de vista probatorio, si el juez de segunda instancia erró al declarar la existencia