CSJ - SL2916-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL2916-2023 Radicación n.° 94078 Acta 39 Bogotá, D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ÁNGEL IVÁN OTALORA BELTRÁN, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a los

señores LUIS ALFREDO, ERNESTO, BERENICE, BLANCA

CECILIA, MIGUEL ANTONIO y VÍCTOR HUGO CALDERÓN

MANCERA.

I. ANTECEDENTES Ángel Iván Otalora Beltrán demandó a los hermanos Calderón Mancera con el fin de que se declarara que los ligó un contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito el 24 de octubre de 1989.

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Radicación n.° 94078 Solicitó como consecuencia, el pago de los honorarios pactados desde esa fecha hasta el 27 de mayo de 2016, a razón del 35 % sobre los avalúos comerciales de los cuatro inmuebles adjudicados en la sucesión que tramitó, junto con los intereses moratorios y las costas. Relató que el 24 de octubre de 1989, los accionados le confirieron poder especial amplio y suficiente al abogado Luis Enrique Jiménez Santamaría para instaurar demanda de filiación natural y petición de herencia; que el 27 de junio de

1994 el Juzgado Promiscuo de Familia de Funza profirió sentencia en virtud de la cual los reclamantes adquirieron los apellidos Calderón Mancera. Indicó que posteriormente cursó proceso de petición de herencia, que culminó el 2 de octubre de 2008; que al haberse probado la división de los bienes de la sucesión de Miguel Calderón Balsero, en común y proindiviso en dos grupos de herederos, los inmuebles les fueron entregados; que no obstante la posesión les fue arrebatada por sus medios hermanos, quienes además iniciaron cuatro procesos de pertenencia ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza, que culminaron con sentencia en su contra. Destacó que él fue quien asumió la defensa de dichos procesos; que posterior a ello inició el reivindicatorio ante el Juzgado Civil del Circuito de Funza, el cual terminó por transacción; que mediante diligencia del 5 de noviembre de 2013, dentro del Despacho Comisorio No. 227 de ese despacho judicial, le fueron entregados a sus representados

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Radicación n.° 94078 los predios “El Rosquete, San Ramón La Concordia, El Porvenir y La Cortina”. Señaló que la labor inicialmente contratada con el abogado Luis Enrique Jiménez Santamaría, en el proceso de filiación y petición de herencia, la continuó debido a las afecciones de salud que este padeció. Aseguró que los honorarios pactados correspondían al 35 % sobre el valor comercial de la herencia recibida, según la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios,

el cual duró más de 25 años, sin que se hubiera reconocido suma alguna por dicho concepto a ninguno de los dos apoderados; que la actuación más reciente que realizó fue el 27 de mayo de 2016, cuando solicitó el levantamiento de las medidas cautelares sobre esos inmuebles; que teniendo en cuenta la finalización exitosa de los procesos, requirió a los demandados el cumplimiento del contrato (f.° 194 a 201cuaderno n.° 1 del juzgado). Los accionados Blanca Cecilia, Berenice, Víctor Hugo y Miguel Antonio Calderón Mancera, se opusieron a las pretensiones. En cuanto a los hechos aceptaron el trámite de los juicios de filiación y petición de herencia; el contrato de prestación de servicios suscrito con el abogado Luis Enrique Jiménez Santamaría; los honorarios pactados; el curso de los procesos de pertenencia en donde estuvieron representados por el actor; la interposición del proceso reivindicatorio y su terminación por conciliación.

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Radicación n.° 94078 Aclararon que el abogado Otálora Beltrán no inició, instauró, adelantó o realizó ninguna clase de acción en el proceso de filiación natural; que solamente intervino al finalizar el de sucesión, sin que demostrara o allegara con la demanda el poder que permitiera conocer los términos y condiciones en que se le sustituyó; que a la presentación de la demanda habían transcurrido más de nueve años desde la fecha en que se terminó y los bienes fueron entregados el 26 de febrero de 2008, es decir, más de tres años dentro de los

cuales se hubiese podido haber exigido la obligación, celebrando un convenio o cláusula en contrario a lo pactado en el contrato de prestación de servicios celebrado con el profesional Jiménez Santamaría, tiempo durante el cual, por inactividad del apoderado, operó la prescripción. Formularon como excepciones de fondo las de falta de competencia, falta de legitimación en la causa por activa, ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, inexistencia o inexigibilidad de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica (f.° 281 a 308, ibidem). Mediante proveído del 10 de agosto de 2018, el juez tuvo por no contestada la demanda por parte de Ernesto Calderón Mancera (309 y 310 ibidem). El demandado Luis Alfredo Calderón Mancera, mediante curador para el litigio, rechazó las pretensiones; aceptó el trámite de los procesos de filiación y petición de herencia, para los cuales se suscribió contrato de prestación

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Radicación n.° 94078 de servicios con el togado Luis Enrique Jiménez Santamaría; los honorarios con él pactados, advirtiendo que el abogado Otálora solo actuó al final del sucesorio. Propuso en su defensa las excepciones perentorias de falta de legitimación en la causa por activa, ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, inexistencia o inexigibilidad de las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y genérica (f.°

476 a 500, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el 13 de agosto de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que existió un contrato civil de prestación de servicios profesionales de Abogado entre el demandante ÁNGEL IVÁN OTÁLORA BELTRÁN en calidad de contratista y los

demandados LUIS ALFREDO CALDERÓN MANCERA, MIGUEL

ANTONIO CALDERÓN MANCERA, HUGO CALDERÓN

MANCERA, BLANCA CECILIA CALDERÓN MANCERA, BERENICE CALDERÓN MANCERA Y ERNESTO CALDERÓN MANCERA, fungiendo como contratantes, con el fin de adelantar el Proceso Reivindicatorio No. 2011-1191 y la defensa de los Procesos de Pertenencia No. 2008-180, 2008-173, 2008-162 y 2008-174 de los que se trata en esta sentencia, y así mismo se declara que el mencionado profesional OTÁLORA BELRÁN ejerció actuaciones para los contratantes en el Proceso de sucesión 1997-2579 […].

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA propuesta por el extremo demandado respecto de los derechos declarados en el numeral primero que antecede y de la totalidad de las pretensiones de la demanda.

TERCERO: SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDANTE liquídense por Secretaría teniendo como

AGENCIAS EN DERECHO la suma de UN SALARIO MÍNIMO

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Radicación n.° 94078 LEGAL MENSUAL VIGENTE en favor de cada uno de los

demandados MIGUEL ANTONIO CALDERÓN MANCERA, HUGO

CALDERÓN MANCERA, BLANCA CECILIA CALDERÓN

MANCERA, BERENICE CALDERÓN MANCERA Y ERNESTO CALDERÓN MANCERA, SIN CONDENA EN COSTAS en favor de LUIS ALFREDO CALDERÓN MANCERA, toda vez que estuvo representado a través de CURADOR AD LITEM (acta de f.° 2006 a 2007 en relación con el CD adjunto, del cuaderno n.° 5 del juzgado).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de agosto de 2021, confirmó la de primera.

Resaltó como hechos indiscutidos, que el contrato de prestación de servicios origen del debate se suscribió con el abogado Luis Enrique Jiménez Santamaría, para llevar a cabo los procesos de filiación y petición de herencia a favor de los accionados; que el accionante ejerció actuaciones para los contratantes en el proceso de sucesión n.° 1997-2579; la existencia de un contrato civil de prestación de servicios profesionales de abogado entre este último y los demandados en calidad de contratantes, con el fin de adelantar el juicio reivindicatorio No. 2011-1191, así como la defensa de los de pertenencia n.° 2008-180, 2008-173, 2008-162 y 2008-174. Dijo que, no obstante, debía establecer si conforme el

material probatorio el alcance del contrato suscrito con el apoderado Jiménez Santamaría, comprendía los procesos de pertenencia y reivindicatorio; que claramente, el contrato tenía como objeto los procesos de filiación y petición de

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Radicación n.° 94078 herencia, que terminaron con el reconocimiento de la paternidad por parte del señor Miguel Calderón Balsero a los demandados y la adjudicación de los bienes correspondientes dentro de la sucesión. Rechazó los argumentos del apelante que indicaban que los procesos de pertenencia y reivindicatorio fueron parte del citado contrato de prestación de servicios suscrito en el año 1989, […] pues a pesar que estos versaron sobre los mismos inmuebles "EL ROSQUETE", "SAN RAMON LA CONCORDIA", "EL PORVENIR" y "LA CORTINA", los que habían sido adjudicados a los hermanos Calderón Mancera en el proceso sucesorio, lo cierto es, que tuvieron origen en hechos posteriores a la adjudicación, tanto es que la defensa procuraba recuperar la posesión de los bienes sobre los cuales obtuvieron el dominio dentro del proceso de sucesión. Razonó frente al monto y causación de los honorarios, que los contratos de prestación de servicios como el alegado, estaban regulados por las normas propias del contrato de mandato (artículos 2142 y ss del CC); que el aportado al proceso (f.° 1 y 2) fue suscrito con el abogado Jiménez Santamaría, por los procesos de filiación y petición de herencia a favor de los hermanos Calderón Mancera; que la

labor allí estipulada fue desarrollada por el contratista de manera directa hasta el 2006, cuando sustituyó el poder debido a su estado de salud. Precisó que dicha sustitución no ponía fin al mandato, ni implicaba que el abogado se desprendiera de sus obligaciones y derechos; que, para el caso, el sustituto no

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Radicación n.° 94078 tuvo injerencia alguna en el negocio causal que se llevó a cabo en el año 1989; que no se advertían en el plenario «las condiciones en que fuera sustituido el poder y el pacto respecto de los honorarios, como tampoco que hubiese existido una novación en la cual funja como titular el aquí demandante». Coligió que no era procedente la exigibilidad de la totalidad de las acreencias derivadas del contrato aportado, a favor del actor; que, si bien en su apelación este indicó contar con la documental que así lo acreditaba, lo cierto es que no la allegó oportunamente; que, por tanto, aquel tenía derecho solo al pago de los honorarios de la labor por él desarrollada, la cual se encontraba acreditada y plenamente aceptada por los llamados a juicio, «entre los años 2006 cuando recibió la sustitución, hasta el 2 de octubre de 2008 cuando se profirió la providencia que aprobó la división de los bienes de la sucesión de señor Miguel Calderón Balsero, y con ello se tuvo por finiquitada dicha actuación». Agregó que tenía derecho a los causados por la labor desplegada dentro de los aludidos procesos de pertenencia y

el proceso reivindicatorio, los cuales finalizaron «el 13 de octubre de 2010, 13 de noviembre de 2010, el 20 enero de 2011 y el 5 de agosto de 2013», este último por transacción, que desembocó en la entrega de los inmuebles a los hermanos Calderón Mancera, en esta fecha. Determinó, sin embargo, que como en la reclamación mediante la cual el actor peticionaba el pago de sus honorarios (f.° 275), además de no tener fecha, claramente

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Radicación n.° 94078 señalaba que habían transcurrido más de tres años desde la terminación del proceso, mientras la demanda se presentó el 5 de octubre de 2017, entonces había transcurrido el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, entre la causación de la obligación, la reclamación y la presentación de la demanda; que en consecuencia los honorarios a que tenía derecho el reclamante se encontraban afectados por el paso de tiempo. Precisó que no podía tener como fecha de finalización de los procesos judiciales la actuación del 27 de mayo de 2016, «por tratarse de la petición de levantamiento de medidas cautelares ante el Juzgado de Familia de Funza de un impulso procesal»; que la obligación de los honorarios profesionales se causaba con la ejecutoria de la decisión de instancia; que tampoco podía tenerse por interrumpido el término, […] con la negociación que intentaron los hermanos Calderón Mancera con el señor Hernán García para la venta de uno de los inmuebles, pues a pesar que Berenice Calderón Mancera al

rendir interrogatorio señala que con parte del producto de ese negocio se iban a cubrir los honorarios del abogado, lo cierto es que el Dr. Otalora Beltrán no demostró en el plenario haber elevado una reclamación en torno al pago de sus honorarios (f.° 435 a 441, ib).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala, […] deje sin efecto la sentencia [del Tribunal] respecto de las siguientes declaraciones efectuadas por el [primer juez] que a [su] juicio […] tiene como fundamento una indebida valoración

probatoria:

1. El contrato de prestación de servicios suscrito inicialmente con el doctor Luis Enrique Jiménez Santamaría y sustituido al doctor Ángel Iván Otálora Beltrán para adelantar el proceso de filiación natural y petición de herencia culminó el 02 de octubre de 2008 cuando se profirió la providencia que aprobó la división de los bienes de la sucesión del señor MIGUEL CALDERÓN BALSERO, siendo a partir de allí que se debía cobrar los honorarios.

2. Las actividades de defensa adelantadas por el abogado IVÁN OTÁLORA BELTRÁN en favor de los hermanos CALDERON MANCERA dentro de [los] procesos de pertenencia […] y un reivindicatorio […], no hacen parte del contrato de prestación de servicios inicial y por lo mismo no tienen ninguna relación.

3. Se presentó el fenómeno jurídico de la PRESCRIPCIÓN de la

acción para que el abogado IVÁN OTÁLORA BELTRÁN hubiese adelantado el cobro ejecutivo de los honorarios generados en la prestación de sus servicios profesionales dentro de las actividades de defensa en favor [aquellos]. Acorde con lo […] expuesto, […] solicita [que] la […] Corte […] declare:

1. Que conforme lo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito inicialmente con el doctor Luis Enrique Jiménez Santamaría y sustituido al abogado Ángel Iván Otálora Beltrán el proceso de sucesión no finalizó el 02 de octubre de 2008 sino que se extendió hasta el 2 de junio de 2016, cuando el juzgado Promiscuo de Familia de Funza donde se adelantaba la sucesión del causante Miguel Calderón Balsero, ORDENA LEVANTAR LAS MEDIDAS DE EMBARGO DE LA SUCESIÓN y los herederos pudieron efectivamente disponer de sus bienes.

2. Que las actividades desplegadas por el abogado IVÁN OTÁLORA BELTRÁN en favor de los hermanos CALDERON MANCERA dentro de los […] procesos de pertenencia […] y reivindicatorio […], hacen parte del contrato de prestación de servicios inicial y por lo mismo tienen estrecha e inescindible relación.

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Radicación n.° 94078

3. Que no se ha presentado […] PRESCRIPCIÓN de la acción […] para que […] adelante el cobro ejecutivo de los honorarios a que tiene derecho […]. 4, Que […] los hermanos Calderón Mancera están en la obligación de pagar dichos honorarios, que además han reconocido en el

plenario no haberlo hecho, en clara afectación del patrimonio del recurrente y con causa probada del agravio injustificado que se está causando. De otra parte […] que declare la conformidad con las expresiones de reconocimiento por parte del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogotá sobre:

1. Existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, que efectivamente fue sustituido.

2. Actuaciones del doctor Ángel Iván Otálora en virtud de la sustitución en el proceso de petición de herencia, pertenencia y reivindicatorio en favor de los hermanos Calderón Mancera, que determinaron el reconocimiento de su calidad de herederos y su respectiva asignación de bienes y posterior disposición de los mismos, en virtud de esa calidad (archivo: «Recursos Extraordinarios Casación Memorial 2023040609104», expediente digital).

Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, que fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Manifiesta que «en virtud de lo establecido en el artículo 87 numeral 1° inciso 2° del [CPTSS], en la sentencia recurrida se configura un error de hecho que es motivo de casación laboral por provenir de falta de apreciación o apreciación errónea de documentos auténticos».

Argumenta que existe un yerro manifiesto en la estimación de «los poderes, contrato y escrito de cobro

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Radicación n.° 94078 persuasivo», lo que hace arribar al Tribunal a una conclusión fáctica equivocada, por las siguientes razones:

1. El colegiado establece la prescripción «tomando el

tiempo transcurrido por períodos y no en bloque como fue el caso del trámite que se dio». Sostiene que los poderes le fueron otorgados, […] por las mismas partes y con el mismo propósito (lograr en primera medida obtener y en segunda medida disponer/vender efectivamente los terrenos heredados), no suponen solución de continuidad o interrupción en el paso de uno a otro pues, coexisten, por voluntad de las partes, hasta la materialización efectiva de dicho propósito, materialización que no podía darse sino hasta el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre los bienes inmuebles adjudicados con ocasión del proceso de sucesión No.1997-2579 de Miguel Calderón Balsero, las cuales fueron levantadas por orden del Juzgado de Familia de Funza […] según lo dispuso mediante auto del 2 de junio de 2016, ello, en razón a la solicitud presentada por el suscrito en fecha 27 de mayo de 2016. Estima que la segunda instancia se equivoca en su valoración probatoria al afirmar que «la obligación de los honorarios profesionales se causa con la ejecutoria de la decisión de instancia», puesto que el contrato es ley para las partes (art. 1602 del CC) y en virtud de este en su cláusula segunda, lo pactado corresponde «a la cantidad de ($120.000) […] y […] (35 %) de lo que les corresponda sobre el valor comercial en la herencia recibida. Pagaderas de las sumas de dinero que se recauden y que surjan como consecuencia del restablecimiento del derecho". Expresa que por tanto era imperioso que los enjuiciados

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Radicación n.° 94078 «pudieran vender los terrenos para luego poder pagar los honorarios y sin el previo levantamiento de las medidas cautelares dicha venta era imposible»; que está acreditado, que aquellos suscribieron el contrato en virtud del cual se adelantaron todas las actuaciones tendientes a su reconocimiento como hijos y herederos del señor Miguel Calderón Balsero; que los diferentes procesos que se adelantaron y que se extendieron por más de 25 años, fueron exitosos en virtud de las gestiones de la defensa. Aduce que en el 2006 el abogado Luis Enrique Jiménez Santamaría, debido a una grave enfermedad que le impidió continuar con el proceso, le sustituyó el poder que le habían conferido los hermanos Calderón Mancera con las mismas facultades en él contenidas, para que adelantara todas las diligencias hasta su terminación; que asumió el mandato hasta el final, bajo las directrices y con las mismas condiciones de honorarios inicialmente pactadas; que los accionados en sus interrogatorios, […] manifestaron que efectivamente lo suscribieron en la fecha indicada en la demanda y se pactó como pago a los servicios profesionales prestados el 35 % del valor comercial de la herencia recibida, pagaderos a la terminación del proceso, cuyo objeto se cumplió a cabalidad, lográndose por medio de varios procesos la materialización del derecho perseguido por los hoy demandados, que no era nada diferente a poder disponer libremente, sin gravámenes de ningún tipo, la herencia que les correspondía, en razón a su calidad de herederos del causante […] Calderón Balcero. Asevera que el Tribunal, en un análisis probatorio

sesgado a favor de los llamados a juicio, trae a colación los artículos 2142 y ss del CC, pero deja de observar de forma

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Radicación n.° 94078 holística y sistemática que «según esa misma preceptiva la forma jurídica de poner fin al poder es radicar mediante expresa manifestación de voluntad en dicho sentido, lo cual no operó en el caso bajo examen». Discute con fundamento en lo que disponen los artículos 1602, 1603, 2149, 2150 del CC y 76 del CGP (los cuales reproduce), […] que si se otorgaron poderes adicionales fue justamente para contrarrestar los procesos de pertenencia y presentar el que los herederos de la contraparte iniciaron respecto de los bienes que hacían parte de la sucesión que se venía adelantando, pero éstos procesos hacían parte del mismo acuerdo de honorarios que otrora se había suscrito con el Dr. Jiménez, quien, [le] sustituyó por motivos de enfermedad, bajo las mismas condiciones que se habían estipulado en el contrato de prestación de servicios profesionales. Reitera que con los poderdantes se acordó que una vez terminada su actuación «que incluía, obviamente, el levantamiento de las medidas cautelares, ellos ya podían vender los terrenos para, entre otras, cancelar[le] los honorarios»; que siempre estuvieron de acuerdo con ello y que presumió su buena fe a la luz de lo preceptuado en el ordenamiento jurídico. Reprocha el razonamiento del Tribunal referente a que no se podía tener como fecha de finalización de los procesos judiciales la actuación del 27 de mayo de 2016, al tratarse la

petición de levantamiento de medidas cautelares, pues en su condición de mandatario judicial era una actuación que le correspondía y para el efecto le entregó al heredero Luis

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Radicación n.° 94078 Alfredo Calderón Mancera, los respectivos oficios para que los radicara en la Oficina de Instrumentos Públicos. Insiste en que para materializar de manera efectiva el resultado de la sucesión, era tan indispensable el adelantamiento de los procesos de pertenencia y reivindicatorio como el levantamiento de las medidas cautelares; que, por tanto, todas las actuaciones jurídicoprocesales que llevó a cabo hasta el 27 de mayo de 2016 «pertenecen a la misma unidad jurídica, a una misma unidad de mandato que tendieron a un mismo objetivo, el cual era rescatar, salvaguardar y disponer mediante venta de los bienes que les habían arrebatado ilegalmente sus medios hermanos». Manifiesta que se ha presentado una violación indirecta de normas sustanciales, […] materializada en una indebida valoración de las pruebas arrimadas al proceso, que condujeron al Juzgador de segunda instancia a proferir una decisión contraria a la realidad existente en el plenario, afectando con ello el debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior y causando con ello agravio al demandante, […] que resulta imperativo corregir en aras de lograr la efectividad de la justicia y el mantenimiento de un orden justo. De igual manera se vulnera el derecho al trabajo remunerado, en la medida en que a pesar de reconocerse la labor acertada y positiva que adelantó […] en beneficio de los demandados, se

privilegia su no pago amparado en normas procedimentales y no en la sustantividad o materialidad demostrada en el proceso (sic). Presenta a continuación un acápite que denomina «síntesis de los hechos litigiosos presentados por el demandante», en el cual compila en 21 numerales las

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Radicación n.° 94078 actuaciones realizadas bajo el citado Contrato de Prestación de Servicios, suscrito el 24 de octubre de 1989, ejecutado, dice, hasta el 27 de mayo de 2016, para luego hacer las siguientes acotaciones:

1. Que de la lectura juiciosa de la primera parte de aquel

(la cual reseña), se concluye que la actividad que debía adelantar el profesional del derecho no era solo de familia, sino también civil o laboral o penal, dependiendo de las circunstancias generadas en el devenir procesal, que a juicio del apoderado fueran necesarias en la defensa de los intereses de los poderdantes; que ello demuestra que las actuaciones que se adelantaron posteriormente, en virtud de los procesos de pertenencia y reivindicatorio, eran menester y conducentes, en desarrollo de la labor de defensa «y no constituían una actuación diferente o separada de la actuación inicial como lo estima el Honorable Tribunal».

2. Así mismo se descarta el hecho de que si se presentaran situaciones impeditivas del poder de disposición de los bienes adjudicados en virtud de la herencia, los cuales se encontraban sujetos a restricciones de orden legal que imposibilitaban su libre disposición, las mismas debían ser asumidas en un proceso distinto por los beneficiarios, ya que

más allá del simple trámite de la petición de herencia, se debía lograr efectivamente la adjudicación y entrega de los bienes objeto de la misma.

3. Que en el plenario está establecido y así lo reconoce el Tribunal, que los procesos de filiación natural y petición

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Radicación n.° 94078 de herencia eran competencia de la especialidad de familia, pero inexplicablemente no relaciona los de pertenencia y reivindicatorio con el de sucesión que, habiendo sido previsto dentro de la negociación inicial, estaban dirigidos a mantener y preservar el derecho de los hermanos Calderón Mancera.

4. Que en el escrito de f.° 275 al que se refirió el Tribunal, era claro que no estaba solicitando pago de las actuaciones derivadas de los procesos de pertenencia y reivindicatorio, en vista que esas actividades estaban comprendidas dentro de las que se debían desarrollar para lograr la obtención de la herencia en forma efectiva, con plena disposición de los bienes, por lo que a su culminación se podía exigir el pago de los honorarios pactados.

5. Que ciertamente en ninguna parte del litigio se encontró contrato de prestación de servicios para adelantar la defensa en los aludidos pleitos de pertenencia y reivindicatoria, pues se tiene solo el poder otorgado, pero no hay manera de establecer «si es que forma parte de otra actuación, el valor de los honorarios que darían cuenta de otra actuación (sic)».

6. Que el contrato de prestación de servicios profesionales no podía terminarse sino hasta cuando los herederos pudieran disponer libremente de su herencia, para

con ella pagar los honorarios del abogado.

7. Que la secretaría de hacienda del municipio de Cota, en virtud de proceso coactivo, ordenó el embargo de los

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Radicación n.° 94078 predios por cuanto no se había cumplido con el pago del impuesto predial, situación que solo fue corregida el 13 de septiembre de 2016, cuando se ordenó el levantamiento de la medida cautelar, lo que significa que, hasta esta fecha, los accionados tampoco tenían disposición de los bienes para su comercialización.

8. Que no se concibe que una persona adelante actuaciones laborales, solo por el gusto de realizarlas sin que le signifique alguna contraprestación, salvo las meramente altruista que no es el caso; que, como defensor de los intereses de los Calderón Mancera, no escatimó esfuerzo alguno para lograr enderezar la actuación en favor de aquellos.

9. Que cuando se pacta la llamada «cuota Litis», como en este caso, esos acuerdos se sujetan a las reglas del artículo 2143 del CC y la remuneración así pactada, «no tiene carácter cierto y determinado, es una contingencia aleatoria, cuya exigencia y cuantía dependen del resultado económico exitoso del proceso».

10. Que si se acordó de esa manera era porque los beneficiarios no tenían recursos suficientes para pagar la prestación del servicio profesional o no estaban seguros de lograr la pretensión demandada; que entonces su labor como abogado «era remover los obstáculos que pudiesen presentarse, entre ellos, los procesos de pertenencia, reivindicatorio y de levantamientos de medidas cautelares que

se dieron dentro de la sucesión».

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Radicación n.° 94078

11. Que el Tribunal debió apreciar esta prueba y darle el merecido valor que tiene para arribar a la conclusión que no se trataba de actividades distintas, si no una unidad que propendía por un fin común.

12. Que las declaraciones sobre la existencia de contratos de prestación de servicios diferentes al inicialmente pactado, no es acorde con lo que está probado dentro del proceso, dejándose evidenciada una indebida valoración probatoria del colegiado.

13. Que el fallador de segunda instancia declara, que es a partir de la finalización de los procesos de pertenencia que debió solicitar el pago de sus honorarios, antes que tuviera ocurrencia la prescripción, sin apreciar que en su condición de abogado, el 27 de mayo de 2016, presentó solicitud de levantamiento del embargo de la sucesión que había sido ordenada mediante oficios «645, 646 y 662» todos del 2002, por el Juzgado de Familia de Funza, quien «da fe de su última actuación y determina la improcedencia de la prescripción declarada f.° 207, 585 al 587, 588 a 591, 593 a 596 del cuaderno principal».

14. Que no puede considerarse una actividad de esta categoría como un mero impulso procesal que nada determina dentro de la actuación, pues, si en gracia de discusión esto fuera así, tendría que declararse que la fecha en que se decide el levantamiento efectivo de las medidas cautelares como decisión de instancia es el 2 de junio de 2016, fecha a partir de la cual no tendría cabida la

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Radicación n.° 94078 prescripción declarada. Destaca el