CSJ - SL2919-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2919-2023 Radicación n.° 95686 Acta 27 Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

HERMES ANTONIO PANIAGUA RINCÓN, CARLOS ADRIÁN

VARGAS VILLALOBOS, FABIER ERNESTO VIVAS, LUIS EDUARDO ESCOBAR REINA y REINEL ANTONIO ARENAS TUSARMA, contra la sentencia proferida el 17 de mayo de 2022 por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso que le siguen al INGENIO PICHICHÍ S.A.

I. ANTECEDENTES Accionaron los demandantes contra el Ingenio Pichichí S.A., para que se declarara que entre ellos y la pasiva, se ejecutaron sendos contratos de trabajo; en consecuencia, que se condenara a la mencionada sociedad a pagarles las cesantías y sus intereses; las primas; las vacaciones; el

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Radicación n.° 95686 auxilio de transporte; las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social; la indemnización por despido injusto, así como las moratorias por falta de cancelación de prestaciones sociales (art. 65 CST,) por la omisión del pago de los aportes a la seguridad social (parágrafo del art. 29 L. 789/02) y la del precepto 99 de la Ley 50 de 1990; 500 salarios mínimos mensuales a título de perjuicios morales y, la indexación de

las condenas. Fundamentaron sus peticiones en que trabajaron para la demandada como afiliados de las CTA Suricaña, Aldia, Progresar y Fuerza Interactiva, y las sociedades Presercampo S.A.S. y Presercampo S.A., las cuales los enviaron en misión para prestar el servicio de corte de caña en los predios de la empresa accionada, labor que fue ejecutada personalmente y bajo la continua subordinación de aquella, así: Accionante Inicio Final Cooperativa Hermes Antonio 16/03/2004 19/11/2005 Aldía Paniagua Rincón 20/11/2005 1/11/2008 Progresar 02/11/2008 14/06/2009 Fuerza Interactiva 15/06/2009 30/09/2009 Presercampo S.A. 01/10/2009 29/02/2012 Presercampo S.A.S. Carlos Adrián Vargas 01/04/2004 02/07/2004 Suricaña Villalobos 03/07/2004 19/11/2005 Aldia 20/11/2005 13/11/2010 Progresar 14/11/2010 29/02/2012 Presercampo S.A.S. Fabier Ernesto Vivas 01/08/2004 19/11/2005 Aldía 20/11/2005 01/11/2008 Progresar 02/11/2008 14/06/2009 Fuerza Interactiva 15/06/2009 30/09/2009 Presercampo S.A. 01/10/2009 29/02/2012 Presercampo S.A.S. Luis Eduardo Escobar 16/03/2004 19/11/2005 Aldía

Reina 20/11/2005 01/11/2008 Progresar 02/11/2008 14/06/2009 Fuerza Interactiva 15/06/2009 14/02/2012 Presercampo S.A.S. Reinel Antonio Arenas 15/03/2004 19/11/2205 Aldía Tusarma 20/11/2005 01/11/2008 Progresar 02/11/2008 14/06/2009 Fuerza Interactiva 15/06/2009 30/09/2009 Presercampo S.A. 01/10/2009 29/02/2012 Presercampo S.A.S.

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Radicación n.° 95686 Señalaron, que: la jornada laboral era de lunes a domingo, incluyendo los festivos, de 6 a.m. a 3 p.m., sin derecho a descanso; no les cancelaron las acreencias reclamadas; el pago de sus salarios fue inferior al de los trabajadores de planta, quienes además se beneficiaban de la convención colectiva; cuando trabajaron para las cooperativas, les descontaban el 8,33% para el pago de la compensación semestral y anual, más el 1% para los intereses sobre esta última y el 4,16% con cargo al descanso de cada año y; que los salarios promedios devengados por ellos en los últimos 12 meses, fueron los siguientes: Accionante Salario Hermes Antonio Paniagua Rincón $876.000 Carlos Adrián Vargas Villalobos $1.049.166,66 Fabier Ernesto Vivas $1.465.833,33 Luis Eduardo Escobar Reina $889.416,66

Reinel Antonio Arenas Tusarma $950.000,00 Expusieron que la demandada realizaba informes de sus actividades, como los días laborados, el corte de caña por el número y cantidad de tajos, la especificación de si era quemada o verde, el pesaje, la tarifa por tonelada, y las fincas en las que desarrollaban la labor; que esa información era enviada por la pasiva a las cooperativas para que estas manufacturaran las respectivas planillas de pago, y una vez realizado esto, Ingenio Pichichí S.A., les depositaba el dinero a aquellas. Narraron que la enjuiciada condicionó el trabajo, a sus afiliaciones a las cooperativas; que siempre manifestaron su descontento por no vincularse directamente con ella; que las asociaciones no eran propietarias de las herramientas de

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Radicación n.° 95686 trabajo, ni de los vehículos que los transportaban hasta los cultivos de caña; que nunca realizaron labores autogestionarias y; que el precio del corte de caña lo imponía la demandada. Añadieron que les adeudan, además de la reliquidación por todo el periodo trabajado por haber cotizado con un salario menor, cotizaciones puntuales a pensiones así: Accionante Mes y Año Hermes Antonio Paniagua Rincón Dic./2009 Carlos Adrián Vargas Villalobos Jun./2010 Fabier Ernesto Vivas Dic./2009 Luis Eduardo Escobar Reina Jul./2004 y Sep./ 2008 Reinel Antonio Arenas Tusarma Jul./2004 7 Dic./2009 Indicaron que Ingenio Pichichí S.A., pagó a las señoras Amparo López Espejo y Licenia Galindo Jiménez para que

adelantaran la disolución y liquidación de las cooperativas de trabajo asociadas atrás mencionadas. Finalmente, expresaron que renunciaron a las cooperativas, pero no de manera voluntaria, sino para ser contratados por Pichichí Corte S.A. empresa del ingenio, por lo que se configuró un despido indirecto; y que la enjuiciada les causó perjuicios morales al mantenerlos en un trabajo ilegal en contra de su voluntad. Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a todas las pretensiones. Negó los hechos, con el argumento de que no sostuvo contratos de trabajo con los demandantes, por lo tanto, no tenía la obligación de pagarles salarios ni

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Radicación n.° 95686 prestaciones sociales, pues ellos eran asociados de las cooperativas de trabajo. Añadió que aquellas eran propietarias de las herramientas de trabajo, que ella no era dueña de ninguna CTA, ni tenía facultades para ordenar su liquidación, y que sus relaciones con estas fueron netamente de carácter comercial y legal, razón por la cual pidió que se tuviera como confesión la afirmación de los accionantes «de haber celebrado contratos u ofertas mercantiles de prestación de servicios entre mi representada y las entidades que los actores mencionan en la demanda» y, aclaró, que no es la misma sociedad Pichichí Corte S.A. Propuso las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de la obligación; principio de legalidad y estabilidad jurídica; ilegitimidad sustantiva y de personería sustantiva de la parte

demandada; prescripción; pago; compensación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante sentencia del 9 de noviembre de 2020, absolvió a la pasiva de todas las pretensiones.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, a través de sentencia del 17 de mayo de 2022, al resolver el recurso de apelación

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Radicación n.° 95686 interpuesto por los demandantes, confirmó la providencia de primer grado. En lo que interesa al recurso extraordinario, consideró que el problema jurídico se orientaba a determinar si a la luz del principio de la primacía de la realidad existió un contrato de trabajo entre los demandantes e Ingenio Pichichí S.A., por intermediación de las cooperativas de trabajo asociado y las S.A.S., con relación a las labores de corte. Explicó que de conformidad con el artículo 35 del CST, son simples intermediarios las personas que contraten servicios de otras, para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador. Dijo que se consideran como tales quienes coordinan trabajadores para la ejecución de labores en las que se utilicen locales, equipos, maquinaria, herramientas u otros elementos de una empresa, para su beneficio, y en actividades ordinarias o conexas de aquella. Reseñó que, si bien las cooperativas pueden contratar la ejecución de una labor a favor de terceras personas, también es cierto que en muchas ocasiones se utilizan para

disfrazar una verdadera relación laboral. Al analizar las pruebas, advirtió que en el reporte de semanas cotizadas consta que los aportes a seguridad social a favor de los demandantes fueron hechos por las cooperativas de trabajo asociado Aldía, Fuerza Interactiva, y la sociedad Presercampos. Citó el acta del 21 de junio de 2005, firmada por directivos del ingenio y representantes de

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Radicación n.° 95686 las mencionadas CTA, y Sintrapichichi, en la que se estableció, entre otras cosas, que las labores de corte manual de caña no se contratarían directamente, y que la empresa capacitaría a un grupo de 40 asociados de las «actuales cooperativas y SINTRAPICHICHI por un término de 3 meses» en cooperativismo, con énfasis en administración de empresas. Posteriormente, revisó las copias de diversas facturas de venta correspondientes a la CTA Aldía, así como las ofertas mercantiles y contratos de prestación de servicios suscritos entre el ingenio y las cooperativas Fuerza Interactiva, Practicaña y la sociedad Presercampo S.A.S., así como los demás documentos que dan cuenta de la relación comercial entre estas y aquella, dentro de los que observó que las labores contratadas fueron la siembra de caña en predios de la pasiva o de terceros, de acuerdo con la programación que ella establecía. Analizó los contratos de prestación de servicios suscritos por la enjuiciada con las señoras Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, en los que estas se comprometieron a prestar servicios en la disolución y

liquidación de las cooperativas Fe y Esperanza, Nuevo Horizonte, Progresar, Progresemos, Practicaña, Fuerza Interactiva, y las sociedades por acciones simplificadas Presercampo, Crecivalores y Serviasociados del Valle. En esa misma dirección revisó las cuentas de cobro y los honorarios pagados a la segunda de ellas.

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Radicación n.° 95686 Analizó el interrogatorio de parte de la representante legal de la sociedad demandada, Paola Andrea García, y los testimonios de Nancy Beatriz Franco Ocampo y William de Jesús Calvo Acevedo, después de lo cual concluyó que la labor desarrollada por los actores como corteros de caña no fue prestada directamente al ingenio, y que, por el contrario, su servicio fue proporcionado a las cooperativas con las que estuvo vinculado, concluyendo que, […] si bien se viene diciendo que dichas cooperativas y sociedades ofrecieron los servicios de corte manual de caña a través de contratos de índole civil a favor del ingenio, también es cierto que no reposa ninguna prueba que demuestre que el servicio fue prestado por alguno de los demandantes; en efecto, ninguno de los instrumentos de convencimiento ubican a los actores ejecutado la actividad de corte de caña dentro de los predios del Ingenio demandando (sic) o en predios de terceros proveedores de este, pues la documental no permite inferirlo. Y es que debe cimentarse esta sala exclusivamente en la prueba documental toda vez que los actores no hicieron concurrir a sus testigos y los que comparecieron por parte de la pasiva no dieron cuenta de

que aquellos hubieran prestado dicho servicio para la pasiva, ni puntualizaron nada respecto a las condiciones labores, ni ningún otro elemento que permita declarar la existencia del contrato realidad. Es claro que todos los documentos que reposan en la hoja de vida de los actores permiten evidenciar que sus cargos eran como “practico (sic) de la caña”; “practico (sic) en el corte de la caña” o simplemente “cortero de caña”, lo que deja en evidencia que su labor correspondía a la contratada entre las entidades mediante contrato de prestación de servicios, no obstante, no se pudo acreditar tampoco que el Ingenio Pichichi (sic) haya sido el único beneficiario del servicio prestado por la CTA. La labor de la parte demandante se dirigió a acreditar que las cooperativas de trabajo asociado eran administradas, o mejor prácticamente propiedad del Ingenio, sin embargo, como lo señaló el fallador de primera instancia, lo que quedó demostrado en este asunto, fue que la participación del demandado, las donaciones, subsidios, dotaciones e incluso asistencia en el mantenimiento de los vehículos, obedeció a los mismos acuerdos a los que se llegó con motivo del cese de actividades en los años 2005 y 2008. Pese a las manifestaciones efectuadas en la demanda, estas no tuvieron respaldo probatorio, a contrario sensu, la demandada, aportó dos declaraciones, las de William de Jesús Calvo y Nancy

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Radicación n.° 95686 Beatriz Franco; quienes de manera hilada, coherente y sin que se notara ánimo de mentir para favorecer, explicaron todo lo

referente a los acuerdos logrados mediante los bloqueos de los años 2005 y 2008, el primero indicó que las cooperativas eran autónomas y autogestionarias, informando que tuvieron contacto de primera mano al ser uno interventor de los contratos comerciales y participante en la verificación de cumplimiento de los acuerdos; negando además cualquier clase de vinculo (sic) entre los demandantes y el ingenio.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Hermes Antonio Paniagua Rincón, Carlos Adrián Vargas Villalobos, Fabier Ernesto Vivas, Luis Eduardo Escobar Reina y Reinel Antonio Arenas Tusarma, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y conceda las pretensiones.

Con tal propósito formulan cuatro cargos, que, replicados por la demandada, se estudian de manera conjunta, atendiendo a que comparten análogos argumentos, y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los siguientes artículos: 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los

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Radicación n.° 95686 artículos 53 de la CP; 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990. Seguidamente le endosan al Tribunal los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que ninguno de los instrumentos de convencimiento ubica a los actores ejecutado la actividad de corte de caña dentro de los predios del Ingenio (sic) demandando (sic) o en predios de terceros proveedores de este, pues la documental no permite inferirlo.

2. No dar por demostrado, estándolo, que las cooperativas de trabajo asociado y SAS fueron administradas, o mejor prácticamente de propiedad del Ingenio (sic).

3. No dar por demostrado, estándolo, que la participación del INGENIO (sic), con donaciones, subsidios, dotaciones e incluso asistencia en el mantenimiento de los vehículos de las CTAs y SAS (sic) corresponde a una demostración de simular el contrato laboral realidad.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que ninguno de los instrumentos de convencimiento ubica a los actores ejecutando la actividad de corte de caña dentro de los predios del Ingenio

(sic) demandando (sic) o en predios de terceros proveedores de este, pues la documental no permite inferirlo.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que, pese a las manifestaciones efectuadas en la demanda, estas no tuvieron respaldo probatorio.

6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la amplia prueba documental arrimada no revela algún vicio en el consentimiento.

7. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el INGENIO

(sic).

8. No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs y SAS no fueron autogestionarias.

9. No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO (sic) quien ordenó la disolución y liquidación las CTAs y SAS.

Como pruebas indebidamente apreciadas, relacionan las siguientes: 1.- La de folios 83 y S.S., cuaderno 1. Pero también se encuentra a folios 42 a 46 que corresponde al certificado de existencia y representación del Ingenio Pichichi (sic), en el que se lee su objeto social. 2.- Dijo el tribunal que de folios 104 hasta el folio 159 ibidem

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Radicación n.° 95686 (sic), aparecen los reportes de semanas cotizadas para el subsistema pensional a favor de cada uno de los demandantes, en estos reportes se advierten como empleadoras las CTAs (sic) y SAS (sic), dentro de los interregnos que se denunciaron en la demanda, pero en verdad dichas historias labores (sic) se encuentran en los folios 54 al 82. 3.- Dijo el Tribunal que de folios 215 y ss., archivo 1, reposa el “acta de acuerdo” de fecha 21 de junio de 2005, firmada entre “un grupo de directivos del Ingenio Pichichí S.A.”, pero en verdad se encuentran a folios 117 al 126.

4. Dio el Tribunal que de (fol. 220 a 232) reposan escritos denominados “verificación cumplimiento de acuerdo” uno de

fecha 28 de agosto de 2010, otro del 26 de agosto de 2010 y otro del 23 de febrero de 2011, pero en verdad se encuentran a folios 117 al 126 del cuaderno 1. 5.- Las de folios 367 y ss. copias de diversas facturas de venta correspondientes a la CTA ALDIA (fol. 367 y ss.) de las ofertas mercantiles y de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el ingenio y las CTA FUERZA INTERACTIVA, PRACTICAÑA la SAS PRESERCAMPO, entre otras; que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas y contratos la cooperativa se obligan a prestar el servicio corte manual y labores inherentes al corte de caña, como siembra, riego y limpieza, en predios propios de Ingenio Pichichí S.A., o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el ingenio dispusiera. En verdad, las ofertas mercantiles se hallan en los folios 221 AL 228, 237 al 244, 247 al 252, 261 al 271, 279 al 284, 286 al 291, 214 al 218, 268 al 283 del cuaderno 1 y 2. 6.- Las de folios 373 a 455 archivo 01 y 2 expediente digitalizado y fol. 1 a 184 y 193 a 276 archivo 02 que corresponden a otros si de las ofertas, las aceptaciones y órdenes de compra. 7.- Las de folios 185 archivo 02 documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ

ESPEJO, para prestar servicios en la disolución y liquidación, de

las CTA FE Y ESPERANZA, NUEVO HORIZONTE, PROGRESAR,

PROGRESEMOS, PRACTICAÑA, FUERZA INTERACTIVA, y las S.A.S. PRESERCAMPO, CRECIVALORES Y SERVIASOCIADOS DEL VALLE, también reposa otro sí a dicho contrato. 8.- Las de los cuadernos de pruebas 3 a 6 (archivos 10 a 13 del expediente digitalizado), documentación que corresponde a los demandantes y deja en evidencia su paso por las CTA y SAS, allí se aprecia entre otros, las hojas de vida, certificados de historia laboral, solicitud de afiliación a la CTA; aceptación del cargo en la cooperativa; acuerdo de convenio asociativo suscrito, formularios de afiliación a la EPS, riesgos profesionales y al sistema de pensiones por cuenta de las CTA y SAS. 9.- Las del cuaderno de pruebas No. 7 (Archivo 14) se pueden apreciar las actas de acuerdo de los años 2005 y 2008, resultados

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Radicación n.° 95686 de las huelgas del sector azucarero, así como las actas de verificación del cumplimiento de esos pactos y el compromiso de gestión firmado en el año 2010, todo en 114 folios. 10.- Folios 154 al 180 que corresponde a la demanda. En la demostración, aducen que el Tribunal se equivocó en la apreciación de las pruebas valoradas al concluir que se demostró que las cooperativas fueron autónomas y, que no se probó la prestación continua de sus servicios. Complementan que el juez de apelaciones pasó por alto

las actas de junio de 2005, de agosto de 2010 y de febrero de 2011, denominadas «verificación cumplimiento de acuerdo», en los que la llamada a juicio se comprometió a entregar dotaciones y donaciones para vivienda y educación, pagar la seguridad social y capacitar a los miembros de las cooperativas en esa área, pues de estos se desprende, sin lugar a duda, su injerencia en la creación de aquellas, y la falta de autogestión e independencia financiera y administrativa de las mismas. Indican que el ad quem erró al negar la intermediación, pues con las ofertas mercantiles quedó demostrado que tanto la dotación, las herramientas de trabajo y el transporte, eran proporcionados por la pasiva; que el capital provenía del ingenio, por lo que aquellas no eran independientes financieramente; que la accionada podía i) exigir o prohibir el ingreso de socios a las cooperativas, ii) tener acceso a los antecedentes judiciales y disciplinarios de los miembros de estas, y iii) realizar pagos a terceros. Como también, el contrato de prestación de servicios que obra a folios 226 a 231, puesto que este acredita que fue

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Radicación n.° 95686 la enjuiciada la que disolvió y liquidó la cooperativa, por lo cual les pagó a las profesionales encargadas de ello la suma de $159.000.000, y razona que, si hubiesen sido entidades legales autogestionarias, no tendría por qué haberse producido ello por parte del ingenio. Indican que el colegiado tampoco apreció los

documentos que militan a folios 345, 203, y 305, pues estos revelan que la accionada «se obligó a suministrar las sumas $15.600.000, $27.000.000, $18.200.000 para el FONDO DE SOLIDARIDAD de la CTAs y SAS, para atender solvencia de asociados de esas entidades». Concluyen que las cooperativas suministraron personal a la pasiva para labores del giro ordinario de su negocio, lo cual está limitado a las empresas de servicios temporales.

VII. CARGO SEGUNDO Lo exponen así, Se acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del artículo 24 del C.S.T

(subrogado por el Art. 2 de la ley 50 de 1990), con relación de los Arts. 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, 53 de la CP; 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990. Ley 1233 de 2008. En su demostración alegan que, al encontrar probado el colegiado que ellos realizaron las actividades propias del giro ordinario de la enjuiciada, entonces por virtud del artículo 24 del CST era Ingenio Pichichí S.A., y no ellos, quien

debía asumir la carga de la prueba.

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Radicación n.° 95686 Subrayan que la persona que realiza la actividad no debe demostrar la subordinación, pues esta se presume con arreglo a aquel precepto, sino que es la convocada a juicio la encargada de probar la autonomía e independencia de los accionantes, y de desvirtuar los extremos temporales. Dicen que, en todo caso, las fechas de inicio y terminación de los contratos de trabajo sí se probaron con las historias laborales.

VIII. CARGO TERCERO Lo desarrollan de la siguiente forma, Se acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del Arts. 17 del Decreto 4588, en relación con el Art. 24 C.S.T.(subrogado por el Art. 2 de la ley 50 de 1990), Arts. 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del C.S.T.; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Sostienen que conforme al artículo 8 del Decreto 4588 de 2006, las cooperativas de trabajo asociado deben ostentar la condición de propietarias, poseedoras o tenedoras de los

medios de producción, y que según el 16 y 17, les está prohibida la intermediación laboral, la cual está permitida solamente para las empresas de servicios temporales. Aducen que el Tribunal se rebeló al no aplicar las normas que regulan el caso, especialmente el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, en relación con el 24 y 35 del CST, las cuales son las normas adecuadas para producir el efecto jurídico de declarar la existencia del contrato realidad.

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IX. CARGO CUARTO Le recriminan al Tribunal haber transgredido «la ley sustancial por infracción directa» del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en relación con las normas enlistadas en el cargo anterior.

Recalcan que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 prohíbe a las cooperativas actuar como empresas de servicios temporales, y que el beneficiario de la intermediación no puede contratar los servicios de aquellas para realizar actividades del giro ordinario de su empresa.

Concluyen: El tribunal en su sentencia, tuvo por probado que hubo una relación contractual continua, es decir desde el 2005 al 29 de febrero de 2012 y que a pesar de ello, infringe la aplicación del Art. 63 de la Ley 1429 de 2010, pues llegada esta norma, el INGENIO PICHICHI S.A. continúo (sic) la contratación con CTAs

(sic) y SAS, desarrollando las actividades propias de su objeto social como era el corte de caña, limpieza, siembra, labores inherentes al corte y otras más (multiplicidad v de actividades recordó el Tribunal), el Tribunal ignoró la ley en mención, sobre

la prohibición contenida, que si la hubiese aplicado, habría concluido en que existió una tercerización o intermediación, la cual es propia de la E.S.T. que se violó esa prohibición en contravía del Art. 53 de la C.P. y que por ello, se dieron los elementos constitutivos del contrato de trabajo plasmados en los Arts. 23 y 24 del C.S.T.

X. RÉPLICA En relación con el ataque inicial, Ingenio Pichichí S.A. indica que la aplicación indebida del artículo 2 del Decreto 2025 de 2011 no es procedente, dado que dicha norma fue declarada nula por el Consejo de Estado; asegura que la acusación tiene defectos de técnica pues el cargo no se

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Radicación n.° 95686 encamina a combatir los soportes de la decisión, sino que insiste en los argumentos de la apelación, sin ilación alguna, detallando cada prueba tenida en cuenta por el colegiado, explicando por qué no existió error en su valoración. Frente al fondo del asunto del primer cargo, expone que en ninguna parte de la acusación se logró demostrar que el Tribunal se equivocara al no dar por probado el elemento «prestación personal del servicio» por parte de los demandantes en favor del ingenio, pues ninguna de las pruebas singularizadas da fe de que este hubiera sido el beneficiario del servicio de cada uno de los actores. En cuanto al segundo ataque, enfatiza en que lo dicho por el fallador de la alzada fue que no quedó acreditado el elemento de la prestación personal del servicio, y mucho menos el de subordinación, de modo que la decisión

absolutoria esencialmente estuvo soportada en aspectos fácticos que no fueron discutidos en el embate, pues en este no se demostró que los demandantes prestaran servicios a Ingenio Pichichí S.A. en los extremos temporales aducidos en la demanda. En lo que al tercer cargo importa, alega que la demostración parte de supuestos fácticos que no dio por demostrados el ad quem, tales como, que las cooperativas y sociedades por acciones simplificadas enviaron trabajadores en misión para Ingenio Pichichí S.A. Reitera que el sustento central del fallo recurrido estuvo cimentado en que no existía prueba de que el servicio fue prestado por los actores para el ingenio, y no se pudo acreditar que este hubiera sido el único

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Radicación n.° 95686 beneficiario del servicio prestado por aquellas, argumento que no combate la acusación y que no permitía la aplicación de las normas a que se refiere el cargo. Por último, frente al cuarto embate reitera que el corte de caña es un proceso parcial o subproceso que corresponde a las diferentes etapas de la cadena productiva del ingenio, luego le era lícito contratar para su ejecución a las cooperativas. De esta manera, esgrime que en este caso, no resultaba aplicable el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por lo que el Tribunal no lo infringió de manera directa, como se denuncia en el cargo.

XI. CONSIDERACIONES Aun cuando el primer cargo mezcla aspectos fácticos y jurídicos, lo cierto es que tal desafuero queda remediado al

examinarlo en conjunto con el resto de los cargos formulados. Por otro lado, ningún reproche cabe hacerle a la proposición jurídica de los cargos, por el hecho de incluir disposiciones que corresponden a decretos reglamentarios, pues ello es posible en la casación del trabajo siempre que vengan acompañados de la norma legal que fue reglamentada (CSJ SL, 26 ene. 1995, rad. 6890, CSJ AL8713-2016). Fue así como procedieron los recurrentes, ya que los Decretos 468 de 1990 y 4588 de 2006 reglamentaron la Ley 79 de 1988, mientras que el 2025 de 2011 hizo lo propio con el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y ambas normatividades

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Radicación n.° 95686 legales fueron incorporadas en la proposición jurídica de las acusaciones. Finalmente, aunque no especificaron la vía por la que enderezaron el segundo cargo, nada más falta mirar el desarrollo de la acusación para advertir, sin mayor dificultad, que fue orientado por la senda del derecho. Dicho esto, le corresponde a la Sala determinar si se equivocó el Tribunal al considerar que el servicio que prestaron los demandantes lo ejecutaron directamente a las cooperativas de trabajo asociado, o si, por el contrario, su fuerza de trabajo fue empleada al servicio de Ingenio Pichichí S.A. Pues bien, el colegiado concluyó que los actores no lograron demostrar la prestación personal del servicio a favor de Ingenio Pichichí S.A., respecto de quien reclamaban la calidad de empleador, mucho menos los extremos

temporales. De hecho, fue justamente esa la tesis que enarboló la pasiva al contestar la demanda, pues insistió en que celebró contratos u ofertas mercantiles c