CSJ - SL2923-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2923-2023 Radicación n.° 94134 Acta 32 Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2021 por la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que le sigue JOSÉ DE JESÚS GIL CASTAÑO, y al que fueron llamadas a integrar la litis la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES) y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, y en garantía, la sociedad

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra Colfondos S.A., para que le reconociera la pensión de invalidez a partir del 9 de

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Radicación n.° 94134 septiembre de 2011, fecha en que, dijo, se estructuró la invalidez, más los intereses moratorios y la indexación. En sustento de sus pretensiones manifestó que el 9 de septiembre de 2011 sufrió un accidente de origen común; que la demandada, a través de la aseguradora Mapfre Colombia, mediante dictamen n.° 4407 del 23 de agosto de 2013, lo calificó con un 38,75% de pérdida de la capacidad

laboral, con fecha de estructuración 10 de diciembre de 2011; que interpuso los recursos de ley contra dicha decisión, por lo que la Junta Regional de Calificación de Invalidez, mantuvo el equivalente de la PCL y modificó por el 23 de agosto de 2013, la data citada, esto, a través de la valoración n.° 47119 del 13 de diciembre de 2013; que solicitó una nueva evaluación ante la misma entidad, la cual, con veredicto n.° 48935 del 12 de mayo de 2014, confirmó el porcentaje y regresó a la fecha de estructuración fijada en la valoración inicial. Sostuvo que acudió a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, entidad que con el dictamen F– 8801–03–0013 del 3 de septiembre de 2014, le determinó un 68,08% de PCL, estructurada el 9 de septiembre de 2011. Finalmente indicó que solicitó a Colfondos S.A., el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual le fue negada bajo el argumento de que: «al día de hoy no se encuentra vinculado con ellos, por estar activo con la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES»; que para la fecha de su estructuración, estaba válidamente afiliado y cotizando a la primera, además,

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Radicación n.° 94134 que cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. Al responder la demanda Colfondos S.A., se opuso a las

pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las calificaciones y fechas de estructuración dadas por Mapfre S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez y, que negó la prestación por las razones referenciadas. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho, de la obligación y de responsabilidad; violación al debido proceso; buena fe; prescripción; compensación; pago y; temeridad y mala fe del demandante. Integradas al proceso Colpensiones y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al contestar el libelo inicial, la primera, se opuso a las pretensiones y, la segunda, sostuvo que el reclamo del actor le era ajeno, puesto que, no recaía sobre ella. En cuanto a los hechos, Colpensiones aceptó las calificaciones dadas por Mapfre y las Juntas Regional y Nacional de Calificación. Dijo que no le constaban lo demás. Aclaró que la valoración dada por la Universidad de Antioquia carecía de vigor por no ser autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. Formuló las excepciones de inexistencia de la obligación por ausencia de los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, improcedencia de intereses moratorios y de indexación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

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Radicación n.° 94134 A su turno, la mencionada Junta Nacional, admitió las calificaciones que realizó tanto ella, como Mapfre y la Regional, y negó todo lo demás. Presentó las excepciones que

llamó: «la variación en la condición del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad a la entidad», improcedencia del petitum; buena fe; legalidad de la calificación emitida e; inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen (carga de la prueba a cargo del contradictor), y de la obligación. Colfondos S.A. llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., quien al contestar el libelo genitor se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las calificaciones emitidas por ella y las juntas Regional y Nacional de Calificación de Invalidez. A todo lo demás dijo que no le constaba. Planteó los siguientes medios exceptivos: «calificación técnica y correcta por parte de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., de la Junta Regional de Antioquia y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; improcedencia de dejar sin efectos el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y de intereses moratorios»; inoponibilidad del dictamen emitido por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia; inexistencia de la obligación. En cuanto al llamamiento en garantía, precisó que Colfondos S.A., contrató con ella una póliza colectiva de seguro provisional de invalidez y sobrevivientes para el financiamiento y pago de las pensiones generadas por tales riesgos, pero que dicha prima se paga con un porcentaje del IBC, y como el demandante no estaba afiliado a esa AFP, y

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no realizaba las cotizaciones, no ha recibido pago alguno desde el momento en que se dio el traslado a Colpensiones. Por lo anterior, consideró que su obligación no nació jurídicamente, porque la administradora no reportó el siniestro del demandante. También, presentó las excepciones perentorias de ausencia de cobertura de la póliza, improcedencia de condena a intereses moratorios y de costas, y límite asegurado.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 15 de noviembre de 2018, resolvió: PRIMERO: Declarar que el demandante José de Jesús Gil Castaño, CC 15.427.691, sí está en una situación real y efectiva de imposibilidad práctica de ofrecer su fuerza laboral al mercado laboral, motivo por el cual este Despacho lo declara inválido, de acuerdo con el dictamen pericial presentado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con fecha de estructuración de dicha pérdida de la capacidad laboral del 10 de septiembre del año 2011.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la AFP Colfondos S.A., a reconocer, liquidar y pagar al señor José de Jesús Gil Castaño, CC 15.427.691, pensión de invalidez de origen común, a partir del 1 de agosto de 2013, fecha en la que dejó de cotizar el demandante, incluyendo sobre 1

SMLMV como mesada, incluyendo la mesada extraordinaria de

diciembre de cada año, sin perjuicio de los incrementos anuales de ley.

TERCERO: Ordenar a la AFP Colfondos S.A., pagar al señor José de Jesús Gil Castaño, CC 15.427.691, la suma de $46.876.193, por concepto de retroactivo pensional desde el 1 de agosto de 2013 hasta noviembre 31 (sic) de 2018, fecha esta última en que se liquida también la mesada extraordinaria de diciembre de

2018.

CUARTO: Ordenar a la AFP Colfondos S.A. que a partir del 1 de diciembre de 2018, incluya en nómina de pensionados por pensión de invalidez de origen común al señor José de Jesús Gil Castaño, para que le continúe pagando pensión de invalidez en una cuantía de 1 SMLMV, incluyendo la mesada extraordinaria de diciembre y sin perjuicio de los incrementos anuales de ley.

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QUINTO: Declarar que no existe causa para ordenar, reconocer, liquidar y pagar intereses moratorios. Consecuencialmente absolver a Colfondos S.A. de esta pretensión.

SEXTO: Declarar que sí existe póliza vigente de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. al 11 de septiembre de 2011, fecha en la cual se causó la pensión de invalidez del demandante, a pesar de que sea ordenado su disfrute a partir del 1 de agosto de 2013. Por lo tanto, ordenar a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. el pago de la suma adicional requerida para completar el capital necesario por Colfondos S.A. para financiar el monto de la pensión de

invalidez de origen común del aquí demandante José de Jesús Gil Castaño. SEXTO (sic): Ordenar a Colpensiones hacer devolución a Colfondos S.A. de la suma de dinero entregada por esta entidad Colfondos S.A. a dicha entidad Colpensiones, de la suma de dinero entregada en noviembre de 2014 como ahorros de José de Jesús Gil Castaño y devolverla incluyendo rendimientos financieros iguales a los que Colfondos S.A. pagó a partir de noviembre de 2014 a los afiliados a Colfondos S.A., deducidos dichos rendimientos financieros hasta cuando se haga el pago real y efectivo que debe ser a más tardar a los dos meses siguientes de la firmeza de esta sentencia. SÉPTIMO (sic): Costas procesales a cargo de Colfondos S.A. Agencias en derecho en esta instancia a favor del demandante en la suma de $3.900.000.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de Colfondos S.A. y Mapfre, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de providencia del 29 de noviembre de 2021, decidió: PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, para, en su lugar DECLARAR que el dictamen válido es el emitido por el CENDES que reposa en el plenario a fls 718 a 737, por medio del cual se determina que el Sr. JOSÉ DE JESÚS GIL CASTAÑO presenta una pérdida de la capacidad laboral del demandante

(sic) un total del 53.19% de origen es (sic) común, estructurada desde el 7 de diciembre de 2012, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia para en su lugar CONDENAR a COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar al Sr. JOSÉ DE JESÚS GIL CASTAÑO la suma de $81.196.617, por concepto de retroactivo de la pensión de invalidez causado

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Radicación n.° 94134 partir del día siguiente del pago de la última incapacidad, ello es, a partir del 10 de julio de 2013 y hasta el 30 de noviembre de 2021.

TERCERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia, AUTORIZANDO a COLFONDOS S.A. a descontar del retroactivo de la pensión de invalidez los descuentos a salud y trasladarlo a la EPS que se encuentre afiliado el accionante.

CUARTO: REVOCAR el reconocimiento de la indexación y en su lugar CONDENAR a COLFONDOS S.A. al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, a partir del 1° de abril de 2015 hasta el pago de la obligación.

QUINTO: MODIFICAR la orden de devolver los rendimientos en la forma que lo señaló el A Quo, para en su lugar ORDENARLE a Colpensiones, que se traslade todas las sumas de dinero que le entregaron, con los rendimientos producidos en este fondo de pensiones.

SEXTO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, por las

razones expresadas en esta providencia.

SÉPTIMO: Sin costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso de casación consideró, a la luz del artículo 61 del CPTSS, que los dictámenes emitidos por Mapfre, las juntas de calificación de invalidez (Regional y Nacional) y especialmente el presentado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, no serían valorados debido a sus falencias, y por lo tanto, sí le daría plena validez al emitido por Cendes (prueba de oficio), en el que se determinó una pérdida de capacidad laboral del 53,19%, con fecha de estructuración 7 de diciembre de 2012. Respecto a la entidad que debía reconocer la prestación, recordó que la Corte Constitucional, sobre ese aspecto, tenía dos posiciones. Según la primera, el fondo encargado era aquel en el que se encontraba el afiliado a la fecha de estructuración (CC T-672-2016), mientras que para la segunda, era el último al que se hubiera vinculado (CC T801-2016). Destacó que esa discusión fue zanjada mediante

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Radicación n.° 94134 la providencia CC SU-313-2020, en la que se concluyó que la correcta era la primera. Por lo anterior, recordó que el actor cuenta con un bono pensional por el periodo laborado del 1 de marzo de 1991 al 27 de enero de 1998, que realizó aportes a Colfondos S.A. del 1 de marzo de 1998 al 30 de junio de 2013, y que solicitó el traslado a Colpensiones el 26 de agosto de 2014, el cual se

hizo efectivo a partir del 1 de octubre de ese año, habiendo confesado además en su interrogatorio de parte que estaba cotizando a la última administradora por medio del consorcio Colombia Mayor. Así, concluyó que para la fecha de estructuración de la invalidez, el demandante estaba afiliado a Colfondos S.A., por lo que era esta la que debía reconocer la pensión deprecada. En relación con los intereses moratorios, afirmó que ellos operan por la tardanza en el pago de las mesadas pensionales, lo que se contabiliza pasados 4 meses de radicada la solicitud de reconocimiento de la prestación con el lleno del cumplimiento de los requisitos mínimos. En hilo con lo anterior, aseguró que el demandante radicó la reclamación el 1 de diciembre de 2014 ante Colfondos S.A., quien le negó el derecho con la comunicación del 17 de diciembre del mismo año «a sabiendas que conforme se extrae del dictamen del CENDES, la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se remite al 7 de diciembre de 2012 (fl 725) y el actor confesó que el pago de la

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Radicación n.° 94134 última incapacidad ocurrió 22 meses después del accidente sufrido, ello es, hasta el 9 de julio de 2013». Con base en ello concluyó que los intereses moratorios procedían a partir del cuarto mes siguiente a la fecha en que fue radicada la solicitud, es decir, desde el 1º de abril de 2015, teniendo en cuenta que no había duda de que el demandante tenía una pérdida de capacidad laboral superior

al 50% y que contaba con 150 semanas en los últimos 3 años anteriores al 7 de diciembre de 2012, fecha de estructuración de la invalidez determinada por el CENDE. Y añadió: Se debe agregar a lo expuesto, que la negación de la prestación por parte de COLFONDOS se generó por no tener la cuenta activa en ese fondo, al haber existido traslado a Colpensiones que se hizo efectivo el 1° de octubre de 2014 (fl. 64), no obstante, la sentencia SU 313 de 2020 ha sido clara en determinar que las discusiones entre entidades por posibles conflictos de competencia, no deben recaer en los afiliados e impedir el reconocimiento de la prestación económica.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Colfondos S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Mediante auto CSJ AL421-2023 se aceptó el desistimiento del recurso de casación presentado por Mapfre.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case «totalmente o en subsidio parcialmente» la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, se revoque «en su integridad o parcialmente» la del a quo, y en su lugar, «se absuelva a mi representada de la totalidad de las pretensiones de la demanda o parcialmente

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Radicación n.° 94134 según corresponde a cada cargo y se provea en costas como corresponda». Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, replicados por el demandante y

Colpensiones. Se resuelven de forma conjunta debido a que contienen una argumentación que se complementa.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, denuncia la interpretación errónea de los artículos 2 literal a), 13 literales b) y e), 38, 41, 44 y 271 de la Ley 100 de 1993; 25, 53 y 54 de la CP; 22 y 24 de la Ley 361 de 1997; 42 del Decreto 1406 de 1999, compilado por el 3.2.1.12 del 780 de 2016 y la Ley 1346 de 2019.

En la demostración, recuerda que esta Corte ha sostenido que el artículo 42 del Decreto 1406 de 1999 consagra una regla general de competencia de reconocimiento de las prestaciones económicas del sistema pensional, conforme a la cual, una vez cobre efectividad el traslado de régimen o administradora, surge para la nueva entidad la obligación de reconocer las prestaciones. Para ello cita las sentencias CSJ SL4295-2022 y SL5183-2021. Aduce que, dada la senda escogida, no discute que el demandante realizó aportes a Colfondos del 1 de marzo de 1998 al 30 de junio de 2012, y que solicitó el traslado a Colpensiones, el cual se hizo efectivo a partir del 1 de octubre de 2014. Además, que la reclamación administrativa se presentó el 26 de noviembre de ese año, y que la fecha de estructuración fue el 11 de junio de 2011, «con base en la

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cual se fulmina sentencia en contra de COLFONDOS, se determina con base en el dictamen pericial de oficio decretado en el curso de la segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín». De allí, concluye que tanto para la fecha de reclamación como la de estructuración de la invalidez, el actor ya se encontraba válidamente afiliado a Colpensiones, por lo que es esa administradora quien debe reconocer la pensión.

VII. CARGO SEGUNDO Lo plantea en los mismos términos que el anterior, pero por la modalidad de infracción directa. Afirma que con la condena impuesta se vulnera el derecho a la libre selección de régimen pensional y de administradora, consagrado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, tema sobre el cual ya se adelantó discusión en las sentencias CSJ SL4295-2022 y

SL5183-2021. Precisa que condenarla a ella al reconocimiento pensional y no a la nueva administradora a la cual se trasladó el demandante, no se corresponde con el imperativo de eficiencia del sistema, pues, imponerle esa obligación bajo la premisa de que era donde estaba afiliado el actor para la fecha de estructuración de invalidez, implica, como lo ha señalado esta Corte, la anulación de la decisión libre y voluntaria de la persona de permanecer en un régimen de pensiones determinado. Resalta que es la declaración formal y en firme del estado de invalidez, el criterio que debe definir el

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Radicación n.° 94134 aseguramiento y la entidad responsable de la obligación, que

para el caso sería Colpensiones, así como es la administradora en la cual se encuentran los aportes del demandante «y que conforme a su confesión, es donde siguió realizando aportes para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, ya que fue este el hecho que motivó su traslado libre y voluntario de régimen, según señaló en la práctica de dicha prueba».

VIII. CARGO TERCERO Acusa por la senda de puro derecho, la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Inicialmente advierte que, de no salir avante los cargos anteriores, debe tenerse en cuenta que la procedencia de los intereses moratorios no es automática, pues existen excepciones para su otorgamiento, y para ello cita las sentencias CSJ SL1208-2016 y SL5285-2019. Aduce que el colegiado se equivocó al impartir condena por ese concepto, ya que se olvidó de que, a la fecha de reclamación de la prestación, los dictámenes emitidos por Mapfre y las juntas de calificación tenían un porcentaje de PCL inferior al requerido para obtener la pensión, al tiempo que el emitido por la Universidad de Antioquia no le era oponible, por no ser entidad de calificación de invalidez competente conforme a la ley. De allí, precisa que no entiende cómo le resultaba exigible decidir una reclamación pensional presentada el 26 de noviembre de 2014, teniendo como base el dictamen

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Radicación n.° 94134 emitido en el curso de la segunda instancia del proceso, rendido por CENDES el 11 de junio de 2020 y que conceptuó

una fecha de estructuración de invalidez del demandante del 7 de diciembre de 2012.

Esgrime que: De acuerdo con la lógica del Tribunal, COLFONDOS en su respuesta a la petición del demandante de 26 de noviembre de 2014, dada el 17 de diciembre de 2014, se encontraba obligado a conocer y acatar con más de 6 años de antelación, el resultado de un dictamen pericial de oficio, rendido en la segunda instancia de este proceso, el 11 de junio de 2020, raciocinio que por razones obvias, no encuentra sustento fáctico, ni jurídico alguno porque nadie tiene la capacidad de anticipar hechos futuros y con base en el cual justifica el juez colegiado, las condena al pago de intereses moratorios, actuando en consecuencia COLFONDOS de buena fe y al amparo de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por las entidades competentes para ello.

Insiste en que no estaba obligada a reconocer una pensión de invalidez bajo un dictamen de una entidad no competente para calificar la pérdida de capacidad laboral, como lo es la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, encontrándose por el contrario en firme el de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de 24 de julio de 2014, que ratificó la PCL del 38,75%, con fecha de estructuración 23 de mayo de 2013. En este punto añade que el mismo Tribunal desestimó dicha pericia. Explica que no existe controversia sobre el hecho de que el demandante se trasladó a Colpensiones a partir del 1 de octubre de 2014, y presentó reclamación a Colfondos S.A. el

26 de noviembre siguiente, de manera que para dicha data, ya la AFP carecía de competencia para resolverla. Además, insiste en que la solicitud se sustentaba en un dictamen

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Radicación n.° 94134 emitido por una entidad no competente para calificar la pérdida de capacidad laboral y «que desconocía mi representada», que solo le fue puesta en conocimiento, con la mencionada solicitud.

IX. RÉPLICAS El demandante acota que la intelección dada al artículo 42 del Decreto 1406 no es errada, ya que su tenor es de textura abierta, pues no consagra expresamente las hipótesis o supuestos esgrimidos por el censor para alegar una interpretación irrazonable, sino que, por el contrario, contiene una expresión de amplias connotaciones al prever que la administradora anterior está llamada al reconocimiento de las prestaciones hasta el día anterior a aquel en que surjan las obligaciones para la nueva entidad.

Por lo que sostiene, que queda en el intérprete, mediante una lectura sistemática y finalista de todas las normas encargadas de regir la controversia, desentrañar si los derechos causados en el marco temporal de cobertura de la administradora previa, pueden en efecto considerarse como obligaciones surgidas para la nueva entidad. Aduce que lo decidido se encuentra acorde con lo dispuesto en la sentencia CC SU-313-2020. Además, esgrime que conforme se explicó en providencia CSJ SL1922-2018, se debe aplicar el principio de favorabilidad. Señala que los efectos de las disputas entre administradoras no pueden ser trasladados a los usuarios o afiliados para privarlos del pago de los intereses moratorios

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Radicación n.° 94134 por el retardo en el reconocimiento pensional. Además, que en la sentencia CSJ SL4299-2022 se explicó que los mencionados intereses no dependen de la buena o mala fe o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho, en tanto su imposición es de connotación simplemente resarcitoria. Colpensiones, a su turno, afirma que el traslado se hizo efectivo a partir del 1 de octubre de 2014, data para la cual ya se habían efectuado todos los primeros dictámenes en los que se otorgó una pérdida de capacidad laboral estructurada en 2011, momento en el que el actor se encontraba afiliado a Colfondos S.A. Incluso, se generó en vigencia de la afiliación un dictamen de la junta con fecha de estructuración del 23 de agosto de 2013, data para la cual se mantenía en dicho fondo. Por consiguiente, considera que, independientemente de que el colegiado haya acogido el dictamen efectuado en el desarrollo del proceso, en donde se advierte que la estructuración se dio desde el 7 de diciembre de 2012, a la fecha del traslado el actor ya había sido calificado formalmente por Mapfre y las juntas de calificación, con fecha de estructuración del 11 de septiembre de 2011, incluso, por la Universidad de Antioquia. Menciona que en la providencia CSJ SL4295-2022 se explicó que la entidad responsable de la prestación será esa en donde se efectúe la calificación formal, pues no se trata de un hecho nuevo o inexistente para ella. Luego, recuerda

que el accidente, la reclamación, la solicitud formal y la

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Radicación n.° 94134 estructuración, tuvieron lugar en vigencia de la afiliación a Colfondos S.A., por lo que es esta quien debe reconocer la prestación. Seguidamente, dijo que no tiene competencia ni legitimación para intervenir y pronunciarse respecto a si erró o no el fallador en la imposición de esta condena, por lo que se atiene a lo que la Corte encuentre probado. Empero, en su calidad de opositora, memora que, para septiembre de 2014, en vigencia de la afiliación a Colfondos, el accionante ya había solicitado tres dictámenes, y en el último de ellos se le otorgó una PCL del 68,08% con fecha de estructuración del 9 de septiembre de 2011, aspectos que encontró probados el sentenciador y no se discuten dado el sendero escogido, y aun así la AFP mantuvo la negativa de reconocer la pensión de invalidez reclamada y financiada por el actor, lo que lo llevó a presentar la demanda ordinaria.

X. CONSIDERACIONES De manera preliminar, importa precisar que, debido a la senda escogida, no se discuten los siguientes aspectos fácticos, definidos por el Tribunal: (i) que el demandante cuenta con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 53,19%, con fecha de estructuración 7 de diciembre de 2012, momento en el que estaba afiliado a Colfondos S.A.; y

(ii) el 26 de agosto de 2014 solicitó traslado a Colpensiones,

lo que se hizo efectivo a partir del 1 de octubre de ese mismo año.

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Radicación n.° 94134 El Tribunal fundamentó su decisión, básicamente, en que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (CC SU-313-2020), el fondo encargado de reconocer la prestación económica era aquel en el que se encontraba el afiliado al momento de la fecha de estructuración, que para el caso era Colfondos S.A. Así las cosas, el problema jurídico puesto a consideración de la Sala se circunscribe en determinar si erró el juez de alzada al establecer que era la administradora recurrente a la que le correspondía asumir el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y si había lugar a los intereses moratorios. Con el fin de resolver, la Corte destaca lo adoctrinado en la sentencia CSJ SL5183-2021, memorada en muchas otras, como en las CSJ SL1397-2022, SL4295-2022, SL2892023 y SL1429-2023, en las que explicó que la imposición del reconocimiento prestacional al fondo en el que estaba vinculada la persona cuando la contingencia se estructuró y se causó la pensión que ampara el riesgo, y no al nuevo, o en el que la situación se declaró formalmente, implica anular la decisión libre y voluntaria del trabajador de permanecer en el régimen pensional que escogió, lo que no puede ser desconocido por circunstancias no previstas en la ley, y que tampoco les son atribuibles a los afiliados. Así se dijo en la citada providencia: Sin duda alguna, este precepto [art. 42 del Decreto 1406 de 1999]

es concordante con el imperativo de eficiencia del sistema, pues (i) pretende evitar los conflictos entre entidades administradoras y la tardanza que esto puede generar en el reconocimiento de las

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Radicación n.° 94134 prestaciones respectivas, así como (ii) retornos a regímenes pensionales antiguos sin justificación legal. Este último aspecto es relevante, pues imponerle el reconocimiento pensional al fondo antiguo o al que estaba vinculado el afiliado cuando la invalidez se estructuró y se causó la pensión que ampara el riesgo, y no al fondo nuevo o en el que la situación de invalidez se declaró formalmente, implica la anulación de la decisión libre y voluntaria de la persona en torno a permanecer en un régimen de pensiones determinado, lo que no puede ser desconocido por circunstancias no previstas en la ley y que tampoco les son atribuibles a los afiliados. Sobre esto se ahondará en el siguiente punto. Por otra parte, al respecto no se advierten las implicaciones financieras que señala la cesura. Respecto a esto, la Corte elucidará en el apartado subsiguiente. (1.1) Derecho a elegir un régimen pensional De forma preliminar, debe recordarse que la invalidez es aquella situación que vive una persona cuando por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral -artículo 38 de la Ley 100 de 1993. En el marco de esta experiencia de vida, la persona tiene la posibilidad de incorporarse o reincorporarse a la fuerza laboral, y en ese decurso puede que recupere la totalidad de su capacidad

laboral, la mantenga o, en caso de tener una enfermedad congénita, degenerativa o progresiva, puede que llegue a un punto en el que esta se evidencie de tal manera que le implique una situación de invalidez permanente y definitiva. A raíz de este carácter esencialmente variable de la invalidez, la Sala ha precisado que en ambos regímenes pensionales -de ahorro individual o prestación definida en prima mediase promueve que la persona pensionada por invalidez continúe trabajando y cotizando para formar una pensión de vejez en los términos previstos para cada esquema pensional (CSJ SL36962021). En ese decurso, las pensiones de invalidez pueden ser revisadas periódicamente -artículo 44 de la Ley 100 de 1993. Y los resultados que ello puede arrojar son indescifrables, pues como puede que se le disminuya la mesada pensional, también es posible que aumente, que se le suspenda y luego se reanude, etc. (CSJ SL867-2019). Lo anterior reconoce, por un lado, que el ejercicio del derecho al trabajo