CSJ - SL2924-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2924-2023 Radicación n.° 95085 Acta 42 Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por MIGUEL DARÍO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ frente a la sentencia proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 24 de marzo de 2022, en el proceso que instauró en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, al que fue integrado como litisconsorte

necesario la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO.

I. ANTECEDENTES Miguel Darío Sánchez Gutiérrez demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante

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Radicación n.° 95085 Colpensiones) y a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías (en adelante Colfondos S.A.), con el fin de que se declarara la ineficacia del traslado que realizó del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual con Solidaridad, el 18 de febrero de 2000. Conforme lo anterior, solicitó que se entendiera vinculado sin solución de continuidad al primero, debiendo Colfondos S.A. trasladar a Colpensiones todos sus aportes, junto con el bono pensional y los rendimientos financieros generados en su cuenta de ahorro individual, para efectos de

que esta última entidad los reciba y actualice en debida forma su historia laboral. Así mismo, buscó que Colpensiones le reconociera y pagara la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003. De igual forma, pretendió «[…] la reliquidación en el pago de la mesada pensional conforme lo establece el artículo 21 de la ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado en toda la vida o en los últimos 10 años», «[…] el reajuste en el monto porcentual aplicable conforme lo establece el artículo 34 de la ley 100 de 1993» y la «[…] reliquidación del IBL de forma retroactiva». Por último, requirió que Colfondos S.A. lo indemnizara por los perjuicios ocasionados. Como fundamento de sus pretensiones, indicó que nació el 22 de diciembre de 1956 y, que desde el 13 de junio

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Radicación n.° 95085 de 1983, realizó cotizaciones en el Régimen de Prima Media administrado por el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS). Relató que el 18 de febrero de 2000, suscribió un formulario de traslado al Régimen de Ahorro Individual administrado por Colfondos S.A. Alegó que, el cambio se produjo como consecuencia de la falta de asesoría en que incurrió el fondo privado, pues no le informó la manera en que funcionaba cada uno de los regímenes de pensiones, así como las ventajas y desventajas

que cada uno ofrecía para efectos del disfrute de su derecho. Concretamente, mencionó que no le entregaron las proyecciones de lo que sería el valor de su primera mesada, sumado a que no le advirtieron sobre la posibilidad que tenía de retractarse y permanecer en Colpensiones. Por el contrario, esgrimió que solo le hablaron de las bondades del Régimen de Ahorro Individual en contraposición al de Prima Media. Puntualizó que el de la administradora lo indujo al error de firmar el formulario de afiliación, configurándose una omisión en las obligaciones que tiene a su cargo, de conformidad con los Decretos 663 de 1993 y 720 de 1994. Manifestó que el 19 de junio de 2019 solicitó a Colfondos S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, que fue otorgada el 2 de julio siguiente, en la modalidad de retiro programado y en cuantía mensual inicial de $1.050.000. Lo anterior, a su juicio, produjo que recibiera una mesada inferior a la que hubiera correspondido en

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Radicación n.° 95085 Colpensiones, la que calculó en $1.955.257 para el 2019, tomando 1699 semanas cotizadas en toda su vida laboral, un ingreso base de liquidación IBL de $2.572.706, con tasa de reemplazo del 76%. Por último, indicó que presentó ante Colpensiones una reclamación, buscando que se declarara ineficaz su traslado de régimen pensional, la que no fue resuelta, por lo que se entiende agotada en debida forma la reclamación

administrativa. Al contestar la demanda, Colfondos S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó únicamente los relacionados con la adjudicación de la pensión de vejez en la fecha y el valor indicados. Sobre los demás, aseguró que no eran ciertos o no le constaban. Argumentó que no debía declararse la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, pues este reunió todas las formalidades exigidas por ley, así como fue celebrado de manera libre y voluntaria por el señor Sánchez Gutiérrez. Planteó que, en el escenario de declararse, el accionante debía devolver el dinero que por concepto de las mesadas pensionales le fueron pagadas. En todo caso, sostuvo que dicha situación implicaría una carga para el Sistema General de Pensiones, dado que podría desequilibrarlo financieramente.

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Radicación n.° 95085 Por último, en lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, dispuso que ninguna norma prevé esa sanción y que, en caso de prosperar, debía ser imputable a Colpensiones. Además, mencionó que el demandante debía tasar los perjuicios o estimarlos bajo juramento en la demanda, discriminando cada uno de sus conceptos. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y de los perjuicios; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe; «Ausencia de vicios del consentimiento»; «Validez de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad»; «Ratificación de la afiliación del

actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por Colfondos S.A.»; prescripción y compensación. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sobre los hechos, admitió los atinentes a la fecha de nacimiento del demandante, su vinculación al Régimen de Prima Media, el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de Colfondos S.A. y el agotamiento de la reclamación administrativa. Dijo que el traslado al Régimen de Ahorro Individual tenía plena validez y que el interesado debía probar el vicio del consentimiento al que presuntamente fue inducido. Adicionó que, la conducta de la entidad de pensiones no podía juzgarse con base en normas inexistentes al momento de la afiliación. Finalmente, coligió que el derecho a la ineficacia del traslado no era absoluto, puesto que debía

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Radicación n.° 95085 atender el criterio de la sostenibilidad financiera y dependía de la expectativa pensional de cada persona. En su defensa, propuso las excepciones que denominó «Inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir» y «[…] de la obligación de reconocer pensión de vejez»; «Inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones»; «Responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social»; «Imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas»; falta de legitimación en la causa por pasiva; buena fe y prescripción. Mediante auto proferido el 19 de abril de 2021, el juzgado de conocimiento ordenó integrar como litisconsorte

necesario a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante Ministerio de Hacienda). Al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la afiliación al Régimen de Prima Media, el posterior traslado al de Ahorro Individual y el reconocimiento de la pensión de vejez hecho por Colfondos S.A. En lo concerniente a la emisión y pago del bono pensional tipo A al que tenía derecho el demandante por su traslado al Régimen de Ahorro Individual con posterioridad al 1° de abril de 1994, explicó que la obligación ya se encontraba satisfecha y que, en ese sentido, no procedía condena bajo ese concepto.

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Radicación n.° 95085 En su defensa, propuso las excepciones de «Falta de ejercicio de la facultad de regresar al régimen de prima media administrado por Colpensiones»; «La variación del monto de la pensión no constituye vicio del consentimiento ni causal de ineficacia»; «Validez y eficacia del traslado de régimen no puede sustentarse en la realización o no de una proyección pensional»; prescripción e «Imposibilidad de declarar la nulidad o ineficacia de la afiliación al RAIS, dada la condición de pensionado por vejez por parte del fondo privado de pensiones Porvenir S.A. (sic)». A su vez, Colfondos S.A. presentó demanda de reconvención, con el fin de que se declarara improcedente la solicitud de ineficacia del traslado que hizo Miguel Darío

Sánchez Gutiérrez. De igual manera, solicitó que en caso de proceder, se ordenara el reintegro de todas las sumas indexadas que por concepto de mesadas pensionales ha reconocido desde el momento en que causó su derecho. Miguel Darío Sánchez Gutiérrez no contestó la demanda de reconvención dentro del término previsto para ello.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 11 de febrero de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín absolvió a las demandadas.

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación presentado por el demandante, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo del 24 de marzo de 2022, confirmó la decisión del juzgado.

Para fundamentar su decisión, propuso como problema jurídico a resolver determinar «[…] si ostentando el demandante la calidad de pensionado por la AFP Colfondos S.A. desde el mes de julio de 2019, es posible declarar la ineficacia de traslado de régimen pensional que hiciera en el año 2000, o en subsidio, si hay lugar a la condena en perjuicios peticionada en la etapa de alegatos de conclusión y al momento de sustentar la alzada». Así las cosas, empezó explicando que la jurisprudencia de esta Corporación ha definido que i) para que la selección del régimen pensional sea libre y voluntaria, los fondos de pensiones deben cumplir con un deber de información, el

cual evolucionó a uno de asesoría y buen consejo y, finalmente, al de doble asesoría; ii) la sanción aplicada a la afiliación desinformada fue inicialmente la nulidad y actualmente es la ineficacia en los términos de los artículos 13 y 217 de la Ley 100 de 1993, siendo esta tesis predicable cuando se trata de un afiliado o, en su caso, de un pensionado del Régimen de Prima Media que ha perdido los beneficios del régimen de transición; iii) en estos asuntos, cuando se alega la falta al deber de información, opera una

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Radicación n.° 95085 inversión en la carga de la prueba, pues son los fondos a los que les incumbe acreditar que la emplearon. Con este recuento, descendiendo al caso concreto, destacó que Colfondos S.A. otorgó la pensión de vejez en la modalidad de retiro programado a partir de julio de 2019, con una mesada equivalente a $1.050.000, por tal motivo, dispuso que no era posible declarar la ineficacia o nulidad del acto de traslado. Recordó a través de la sentencia CSJ SL, 9 de septiembre de 2008, radicación 31989, que la información comprende todas las etapas del proceso, esto es, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Con lo cual, expuso que «[…] si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica que, una vez reconocida la

pensión de vejez, esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado […] y que corresponde a la solicitud de pensión de vejez […] y al reconocimiento y pago de la prestación económica». En ese orden de ideas, sostuvo que los artículos 13, literales b), d) y e), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993 distinguen la calidad de afiliado y pensionado para efectos de estudiar la declaratoria de la ineficacia pretendida, comoquiera que para estos últimos no procede en tanto

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Radicación n.° 95085 conduciría a situaciones insostenibles dada la afectación de terceros que participaron de buena fe (CSJ SL373-2021). Por lo tanto, estimó que no era conducente acceder a dicha pretensión, dado que el señor Sánchez Gutiérrez ya se encontraba disfrutando de una pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios, precisó que fue «[…] planteada en la etapa de alegaciones y en la sustentación de la apelación, con fundamento en la diferencia de la mesada», motivo por el cual no se podían «[…] variar los hechos y pretensiones, toda vez que ello conllevaría una abierta violación al debido proceso de la accionada, derecho fundamental previsto en el artículo 29 constitucional y tampoco está autorizado el juez de segunda instancia para proferir fallos ultra y extra petita, a menos que se encuentre ante derechos ciertos e irrenunciables, que no es el caso».

Sin embargo, encontró que en la pretensión octava del escrito de demanda inicial solicitó condenar a Colfondos S.A. al pago por dicho concepto, lo que se fundamentó en los hechos décimo cuarto y décimo quinto allí relatados, que aluden esencialmente a que i) el engaño del fondo de pensiones sometió al demandante a un estado de preocupación, pues las condiciones desfavorables de su mesada en el Régimen de Ahorro Individual contrariaban su proyecto de vida y le causaban un perjuicio moral y ii) produjo un daño emergente que debía ser reparado, al haber

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Radicación n.° 95085 contratado los servicios de un abogado para demandar la ineficacia del acto de afiliación. De acuerdo con lo anterior, concluyó que la prosperidad de esta indemnización requería la prueba necesaria y suficiente del daño, la culpa y su nexo causal, sin que operara alguna inversión en la carga de la prueba. Como este tema debía ser objeto de discusión y no lo fue, concluyó que debía arribarse a la misma decisión absolutoria.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Miguel Darío Sánchez Gutiérrez, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver de acuerdo con el alcance del recurso extraordinario y según los términos en que fue presentado.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo absolutorio del juzgado y acceda a las pretensiones de la

demanda inicial. Con tal propósito formula tres cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados y son resueltos conjuntamente los dos últimos, ya que persiguen el mismo fin y se fundan en similares disposiciones normativas.

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VI. PRIMER CARGO Acusa la sentencia recurrida de violar, […] por infracción directa el artículo 1, 2, 3, 13 literal b) y e), 33, 60 literal c), 90, 107, 271 de la ley 100 de 1993; artículo 897 del C. de Comercio, artículo 11, 15, 16 del decreto 692 de 1994; artículo 97, 98 decreto 663 de 1993; artículo 3, 12, 15 del decreto 720 de 1994; artículo 4, 5, 14 del decreto 656 de 1994; artículo 1495, 1500, 1502, 1508, 1517, 1602, 1603, 1604, 1740, 1746 del C.C.; que condujo a la violación de los artículos 48 y 53 de la

Constitución Política de Colombia. En la demostración del cargo, dice que no controvierte las conclusiones a las que arribó el Tribunal relacionadas con el traslado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Colfondos S.A. efectuado el 28 de febrero de 2000, así como su condición de pensionado a partir de 2019, en la modalidad de retiro programado y con una mesada pensional equivalente a $1.050.000.

Por el contrario, lo que sí discute es que, por su estatus de pensionado, el Tribunal dejara de aplicar las disposiciones normativas que regulan lo concerniente a la ineficacia del traslado, limitando su decisión a lo dicho por la jurisprudencia de esta Corporación sin analizar el caso concreto. Advierte que el acto jurídico de traslado modifica las condiciones pensionales del afiliado, por lo que centra el debate en el análisis del derecho a la libertad de escogencia de régimen, tal y como lo consagra el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Por tal motivo, afirma que, si ese acto no se

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Radicación n.° 95085 acompasa con las preceptivas legales, es posible demandar su ineficacia y aplicar la sanción señalada en el artículo 271 de dicha ley, aun en los casos en que se trata de un pensionado. Precisa que, las administradoras de pensiones están obligadas a realizar una correcta asesoría con fundamento en las disposiciones legales invocadas en la proposición jurídica. Puntualmente, manifiesta que imponen el deber de brindar información suficiente, amplia y oportuna a los futuros afiliados con el ánimo de garantizar su derecho a la libre elección de régimen pensional, así como conservar la documentación que soporta el cumplimiento de las obligaciones a cargo de estas entidades.

VII. RÉPLICAS Colpensiones asegura que la conclusión del Tribunal se acompasa con lo desarrollado por esta Corporación en la providencia CSJ SL373-2021, en el sentido que la condición de pensionado representa una situación jurídica

consolidada, la cual hace inviable retrotraer las cosas a su estado inicial mediante la figura de la ineficacia del traslado. Similar argumentación presenta el Ministerio de Hacienda, insistiendo en que la pretensión de ineficacia no puede declararse en este caso puntual, comoquiera que el señor Sánchez Gutiérrez ya se encuentra pensionado en el Régimen de Ahorro Individual y, en tal sentido, supone una

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Radicación n.° 95085 imposibilidad retornar a Colpensiones dado que se afectarían los derechos de terceros involucrados de buena fe.

VIII. CONSIDERACIONES Una vez estudiado el cargo presentado y al ser este orientado por la vía directa, no es objeto de controversia que,

(i) Miguel Darío Sánchez Gutiérrez nació el 22 de diciembre de 1956; (ii) estuvo afiliado al ISS desde el 13 de junio de 1983 hasta el 31 de marzo de 2000; (iii) se trasladó al Régimen de Ahorro Individual administrado por Colfondos S.A. el 18 de febrero de 2000, con efectividad a partir del 1º de abril de ese año y (iv) es pensionado desde el 2 de julio de 2019, en la modalidad de retiro programado y con una primera mesada equivalente a $1.050.000. Así, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se equivocó el Tribunal al concluir que no era procedente declarar la ineficacia del traslado del accionante del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, por tratarse de un pensionado.

Resulta importante recordar que, en criterio de esta Corporación, lo que se deriva del incumplimiento del deber de información es la ineficacia y no la nulidad del acto de traslado, es decir, la exclusión de todos los efectos jurídicos. De esta manera, el análisis «[…] debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a sus consecuencias prácticas (art. 1746 CC)» (CSJ SL610-2023).

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Radicación n.° 95085 Al respecto, en el fallo CSJ SL2207-2021, se precisó: […] resulta equivocado el análisis de estos asuntos bajo el prisma de las nulidades sustanciales, particularmente, el exigirle al afiliado demostrar la existencia de vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo), pues, el legislador expresamente consagró de qué forma el acto de afiliación se ve afectado cuando no ha sido consentido de manera informada (CSJ SL1688-2019, reiterada en CSJ SL34642019, y especialmente la CSJ SL4360-2019). Ahora, una vez declarada la ineficacia, las partes, en lo posible, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia ex tunc (desde siempre). En la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen

pensional supone negarle efecto al traslado, tal situación solo es posible bajo la ficción de que el mismo nunca ocurrió. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que nunca se cambió al sistema privado de pensiones, y si estuvo afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que nunca se trasladó al sistema público administrado por Colpensiones (subrayas fuera de texto). En lo relativo a la carga de la prueba, la Corporación ha argumentado que las administradoras de pensiones están obligadas a procurar una ilustración integral a fin de que las personas tengan el conocimiento suficiente para adoptar la decisión más conveniente (CSJ SL1452-2019 y CSJ SL7822021). Tampoco se desconoce que la obligación de información de las administradoras de pensiones ha ido adquiriendo un mayor nivel de exigencia con el paso del tiempo. La jurisprudencia de la Sala ha identificado diversas etapas, según las normas que orientan la materia, que corresponden

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Radicación n.° 95085 el primero desde 1993 hasta 2009, el segundo del 2009 al 2014 y el último, de 2014 en adelante (CSJ SL1688-2019). Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que, por regla general, cuando se declara la ineficacia de la afiliación, resulta posible que las cosas retornen al mismo estado en que se encontraban de no haber mediado este acto, sin embargo, ese criterio varía para el caso de los pensionados, toda vez que aquellos cuentan con una situación jurídica consolidada que

no resulta razonable revertir o retrotraer. De esta manera, la jurisprudencia de la Sala ha contemplado una diferenciación entre afiliados y pensionados, sin que por ello se afecte afecta el derecho a la igualdad, dado que ambos cuentan con características particulares que los hacen disímiles. En la sentencia CSJ SL1998-2023, se precisó: Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante)1, lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones: Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté 1

SL1688-2019, SL3464-2019

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Radicación n.° 95085 deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y,

por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública. Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado. Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida […]. La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del

estado de pensionado. No obstante, considera que los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones […]. Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar

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Radicación n.° 95085 la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora […]. En este caso, la pretensión del demandante se contrajo a la ineficacia de la afiliación y la vuelta al estado de cosas anterior con el objetivo de pensionarse en el régimen de prima media con prestación definida. Por tanto, al no reclamar la reparación de perjuicios no podría la Sala de oficio entrar a evaluar esta posibilidad […]. Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado (subrayas fuera de

texto). Así las cosas, resulta evidente que no se equivocó el Tribunal, pues se reitera, no es posible que en un asunto como este, en el cual el demandante es pensionado en el Régimen de Ahorro Individual y tiene una situación jurídica consolidada, se revierta sin afectar «[…] a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto» (CSJ SL1113-2022). La Corte Constitucional en el fallo CC C-841 de 2003, expresó: Permitir el traslado de una entidad administradora de pensiones a otra, una vez se ha adquirido la calidad de pensionado puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema, aumentar los costos de los servicios administrativos y financieros, y desestimular la obtención de mayores niveles de rentabilidad a través de inversiones de mediano y largo plazo, dado que la posibilidad de traslado quedaría sujeta al capricho del pensionado. Y recientemente esta Sala de la Corte en la sentencia CSJ SL1085-2023, advirtió:

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Radicación n.° 95085 En ese contexto, tal como la Corte lo explicó en la providencia referida, dada la particularidad de la modalidad seleccionada por el pensionado, no es posible reversar tales operaciones o contratos suscritos con terceros, incluso, cuando, como en el caso, se expidió un bono pensional y saldría afectada también La Nación por tratarse de títulos de deuda pública, pues ello demuestra que la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de

revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones (subrayas fuera de texto). Ahora bien, la improcedencia de la ineficacia del traslado en el caso de los pensionados, en modo alguno condona la falta de información, pues dicha omisión produjo un daño que no ha sido saneado o convalidado (CSJ SL11132022). En ese sentido, la persona está legitimada para solicitar el pago de una indemnización de perjuicios en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 (CSJ SL3732021). Por último, no sobra agregar que, si bien es factible que la declaratoria de ineficacia en pensionados genere garantías a los derechos individuales, lo cierto es que esta postura también podría conllevar a la afectación del Sistema General de Pensiones en su conjunto, lo que ocasionaría graves perjuicios a todos los afiliados y pensionados, entre otras, en materia de sostenibilidad financiera. Justamente, dicho razonamiento fue uno de los que llevó a la Sala a adoptar la postura vigente (CSJ SL373-2021) y abandonar la utilizada (CSJ SL, 9 de septiembre de 2008, radicado 31989), en tanto se buscó privilegiar los «[…] los intereses generales de los colombianos», sobre situaciones

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Radicación n.° 95085 particulares de quienes, además, ya tenían garantizado su derecho pensional, su mínimo vital y adicionalmente, contaban con la posibilidad de obtener una reparación a

través de una indemnización total de perjuicios. Conforme lo anterior, el cargo no prospera en los términos presentados.

IX. SEGUNDO CARGO Alega que el Tribunal vulnera, […] la ley sustancial por infracción directa del artículo 1, 9, 43 de la ley 270 de 1996; artículo 4, numeral 2 del artículo 42 de ley 1564 de 2012; artículo 16 de la ley 446 de 1998; artículo 848, 1546, 1715, 1781, 1864, 2223, 2253 y 2318 del C.C.; art