CSJ - SL2926-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL2926-2023 Radicación n.° 95442 Acta 26 Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por JOSÉ OMAR MONPOTES, JHON JAIRO GUASPUD GARCÍA, JUAN DE DIOS PLAZA OLAVE, ARAUL TRIVIÑO y JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ BRAND, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 30 de junio de 2022, en el proceso que adelantan contra el INGENIO PICHICHÍ S.A.

I. ANTECEDENTES

José Omar Monpotes, Jhon Jairo Guaspud García, Juan de Dios Plaza Olave, Araul Triviño y José Ignacio González Brand demandaron al Ingenio Pichichí S.A., con el fin de que se declarara que sostuvieron con él un contrato de trabajo a término indefinido y que fueron enviados en misión

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Radicación n.° 95442 por la Cooperativa de Trabajo Asociado Fuerza Interactiva y por la sociedad Fuerza Interactiva S.A.S., para realizar las labores de corte de caña. En consecuencia, que lo condenara a pagar a cada uno las cesantías y sus intereses, las primas de servicios, las vacaciones, los auxilios de transporte, las cotizaciones en pensión, las indemnizaciones por despido injusto, moratorias por no consignación oportuna de cesantías (artículo 99 Ley

50 de 1990) y por el no pago de prestaciones sociales (artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo), los perjuicios morales y la indexación de las condenas. Fundamentaron sus peticiones, en que trabajaron para el Ingenio Pichichí S.A., como asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado Fuerza Interactiva (en adelante CTA Fuerza Interactiva) y de la sociedad Fuerza Interactiva SAS, quienes los enviaron en misión para prestar sus servicios de forma personal y subordinada en las labores de corte de caña. Indicaron que los extremos temporales de la relación laboral fueron: Demandante CTA Fuerza Interactiva Fuerza Interactiva SAS José O. Monpotes 10/12/2006 a 10/07/2010 11/07/2010 a 29/02/2012 José I. González 10/12/2006 a 10/07/2010 11/07/2010 a 29/02/2012 Juan de Dios Plaza 04/12/2005 a 11/07/2010 12/07/2010 a 14/02/2012 Araul Triviño 05/12/2005 a 11/07/2010 12/07/2010 a 29/02/2012 Jhon J. Guaspud 11/12/2005 a 11/07/2010 12/07/2010 a 29/02/2012 2

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Radicación n.° 95442 Aclararon que en el caso de José Omar Monpotes, la segunda vinculación se hizo a través de la CTA Practicaña y no de Fuerza Interactiva SAS. Enseguida, afirmaron que cumplían una jornada

laboral de lunes a domingo incluyendo los festivos, de 6 a.m. a 3 p.m., sin derecho a descanso; que no les pagaron las prestaciones sociales y que de sus salarios, inferiores a los del personal de planta, se les descontaba el 8.33% para el pago de la compensación anual, el 1% para el de los intereses, el 4.16% para el descanso anual y el 8.33% para el de la compensación semestral y que el salario promedio devengado en los últimos 12 meses fue el siguiente: Demandante Salario Mensual José O. Monpotes $717.176,66 José I. González $853.416,66 Juan de Dios Plaza $819.750,oo Araul Triviño $824.833,33 Jhon J. Guaspud $536.000,oo Expusieron que la demandada realizaba informes sobre las labores que cumplían (como la cantidad de tajos, toneladas cortadas, tipo de caña, fincas donde laboraban, etc.), que eran enviados semanalmente a la cooperativa para luego efectuar los pagos correspondientes. Además, indicaron que recibían órdenes de la empresa por medio de los supervisores o monitores de corte Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo y Lizman Bejarano. Argumentaron que el ingenio los condicionó a afiliarse a la CTA Fuerza Interactiva y a la sociedad Fuerza Interactiva 3

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Radicación n.° 95442 SAS, aun cuando siempre manifestaron su descontento ante la entidad demandada y la Asociación de Cultivadores y

Productores de Caña de Azúcar (Asocaña), por no estar vinculados directamente con la empresa, pues no contaban con las debidas prestaciones, respecto a lo cual la sociedad contestó «[…] que quien no quisiera trabajar de esa forma, podían renunciar»; razón por la cual participaron en la huelga de octubre y noviembre del año 2008 en su contra y de otros que utilizaban las mismas formas de contratación. Explicaron que las cooperativas no eran propietarias de las herramientas de trabajo, ni de los tractores ni vagones que se utilizaban para el transporte de la caña, ni mucho menos de los vehículos en que ellos eran transportados hasta las «[…] suertes de caña», de manera que no realizaron labores autogestionarias y que las sanciones disciplinarias, despidos y el precio del corte de caña los imponía el demandado. Revelaron que este les suministró unos números o fichas que se colocaban en cada «chorra» o montón de caña cortada, la que era recogida por una máquina alzadora, mientras los «cabos, apuntadores o supervisores» del Ingenio anotaban el «[…] número de uñadas de la máquina a cada trabajador y luego esa carga era transportada hacia las instalaciones del Ingenio para el pesaje; que al día siguiente un cabo, apuntador o supervisor del Ingenio entregaba el dato del peso de la caña a cada trabajador». Afirmaron que el Ingenio ordenó la disolución y liquidación de la CTA Fuerza Interactiva y de la sociedad 4

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Radicación n.° 95442 Fuerza Interactiva SAS, así como de las demás, a través de las cuales contrató a los corteros, entre las cuales

mencionaron Azurcoop, Fe y Esperanza, Nuevo Horizonte, Progresemos, Agrocoop, Progresar, Practicaña, Centricaña, Suricaña, Al día y Serviasociados, así como las sociedades que constituyó con el mismo propósito, entre las que destacaron a Fuerza Interactiva SAS, Presevacampo SAS y Crecivalores SAS. Añadieron que pagó los honorarios de las liquidadoras Amparo López Espejo y Licenia Galindo Jiménez, quienes al finalizar su actividad le devolvieron el dinero que había invertido, pues ellos no recibieron la devolución de aportes por su disolución. Remataron señalando que pasaron sus cartas de renuncia, pues de otra forma no habrían sido contratados directamente, como en efecto lo fueron, a través de la empresa Pichichí Corte S.A., cuyo dueño es el demandado. Al dar respuesta a la demanda, Ingenio Pichichí S.A. se opuso a todas las pretensiones. Negó los hechos, bajo el argumento de que no sostuvo con los demandantes un contrato de trabajo, por lo tanto, no tenía la obligación de pagarles salarios ni prestaciones sociales, pues eran asociados de cooperativas de trabajo. Añadió que la cooperativa desarrollaba sus labores con autonomía técnica y administrativa; que asumía por cuenta propia los riesgos y todas las obligaciones con sus 5

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Radicación n.° 95442 trabajadores asociados; que no era dueña de ninguna cooperativa, ni tenía facultades para ordenar su liquidación y que Ingenio Pichichí S.A. no es la misma sociedad que Pichichí Corte S.A.

En su defensa propuso las excepciones que denominó inepta demanda por falta de integración del litisconsorcio necesario y de requisitos formales, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva y de personería sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante fallo del 5 de febrero de 2020, resolvió: Primero: ABSOLVER al demandado INGENIO PICHICHI S.A., de todas las pretensiones formuladas en su contra por los

demandantes JOSÉ OMAR MONPOTES, JOSÉ IGNACIO

GONZÁLEZ BRAND, JUAN DE DIOS PLAZA OLAVE, ARAUL

TRIVIÑO y JHON JAIRO GUASPUD GARCÍA.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, mediante fallo del 30 de junio de 2022, al resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, confirmó la sentencia del juzgado.

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Radicación n.° 95442 Planteó como problema jurídico, conforme al artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, determinar si existió un verdadero contrato de trabajo «[…] entre los demandantes e INGENIO PICHICHÍ S.A., en razón a que entre ésta y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUERZA INTERACTIVA CTA, así como en relación con la

empresa FUERZA INTERACTIVA S.A.S., llamadas a juicio, existió tercerización laboral, con la que se burlaron los derechos laborales de los accionantes». Examinó los pagos a la seguridad social en pensiones, de donde derivó que «[…] se exhiben periodos y cotizaciones a su favor, por cuenta de empleadores diferentes [al] INGENIO

PICHICHÍ S.A.».

Del mismo modo, revisó las actas de verificación de acuerdos entre el gremio de corteros de caña y las empresas de la región, en las que encontró la presencia de todas las cooperativas especificándose el número de dichas empresas para los diferentes períodos y los asuntos que resultaban de interés para las partes. Agregó que reposaban en el expediente copias de diferentes ofertas mercantiles hechas por el Ingenio Pichichí S.A., y sus aceptaciones por parte de las empresas Fuerza Interactiva CTA y Fuerza Interactiva SAS, así como otros documentos que daban cuenta de la relación comercial por los años 2006 a 2011; todos ellos, con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios del ingenio o 7

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Radicación n.° 95442 de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el último dispusiera. Informó que en los cuadernos de pruebas se exhibía documentación correspondiente a los demandantes y su vínculo con la cooperativa; que se observaban copias de acuerdos de trabajo asociado, así como liquidación de compensaciones y de prestaciones sociales, nóminas semanales y renuncias, pero ninguno de ellos relacionado con el Ingenio Pichichí S.A.

Refirió, igualmente, que existían copias de facturas presentadas por estas entidades al ingenio por concepto de corte de caña; recibos de pago de facturación y contratos con abogados junto a comprobantes de pago de honorarios. En lo relacionado con la prueba testimonial, expuso: […] se recibió declaración del señor WILLIAM DE JESUS (sic) CALVO ACEVEDO, quien por haber sido empleado de INGENIO PICHICHÍ S.A., aseguró que en desarrollo de su labor en la parte administrativa de la mencionada empresa, pudo enterarse que los actores no eran corteros de caña, pues el corte manual de caña se realizaba a través de ofertas mercantiles o contratos de prestación de servicios suscritos con varias CTÁS y S.A.S., en las que se agrupaban los corteros, quienes no tenían relación directa con el INGENIO, pues cumplían su objeto social de manera autónoma; su dicho se sustentó en el hecho que el testigo era la persona de hacer interventoría a los mencionados acuerdos civiles para el corte de caña, sabiendo por ello que el personal de planta del INGENIO no se entendía con los corteros, como quedó manifestado en la demanda; indicó de manera categórica que nunca impartió órdenes a los corteros de caña, concretamente a los demandantes, a quienes dijo no conocer, salvo al señor JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ BRAND, conocimiento que se debe a que el mencionado ingresó a trabajar a PICHICHÍ CORTE S.A., empresa en la que el testigo es el director operativo; frente a lo mencionado por la parte actora respecto a que el personal de planta del

INGENIO daba órdenes a los corteros, adujo el declarante que 8

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Radicación n.° 95442 por cuestiones de operatividad de la labor misma, ello no es ajustado a la realidad, dado que el corte de caña es primero, luego viene el alce del producto su transporte y demás procesos, por lo que él no coincidía en el campo con los corteros, como tampoco lo hacían las demás personas que como empleados del INGENIO se citan en la demanda. En relación con lo conocido frente a los hechos de la demanda, declaró la señora AMPARO LÓPEZ ESPEJO, profesional que informó que ofreció y prestó sus servicios para las cooperativas de trabajo asociadas que prestaban servicios civiles a diferentes ingenios de la región, especialmente a INGENIO PICHICHÍ; dichos servicios se dieron entre los años 2006 a 2011 y concluyeron con la disolución y liquidación de tales cooperativas, trámite en el que participó la testigo, dando así cuenta de la autogestión realizada por las CTÁS, su independencia en cuanto al manejo de su personal y de los asociados corteros de caña, el pago de compensaciones y demás derechos y de la ubicación y funcionamiento general de tales empresas. En lo que tiene que ver con la versión rendida por la señora LICENIA GALINDO JIMENEZ (sic), quien ejerce la profesión de contadora pública, se observa que la misma en compañía de la señora AMPARO ESPEJO participó de la disolución y liquidación de las cooperativas de trabajo asociado que cortaban caña, entre ellas FUERZA INTERACTIVA, así como de las sociedades por

acciones simplificadas; esta declarante dijo que en virtud a dicha labor, conoció de primera mano la documentación que al interior de tales empresas se manejaba, pudiendo corroborar que las mismas tenían una organización y funcionamiento propio e independiente; dijo que por la documental que conoció, sabe y así lo constató, que a los trabajadores demandantes se les pagó por las CTA’S la seguridad social y sus nóminas; los miembros de las cooperativas y S.A.S. participaron de las asambleas de inicio de liquidación, reuniones en las que se le designó como liquidadora. El señor JOSÉ LUBÍN COBO SAAVEDRA, empleado del área administrativa de INGENIO PICHICHÍ, refirió no conocer a los demandantes como corteros de caña, pues el INGENIO no contrata con dicho personal; argumentó que el corte manual de caña, para la época de los hechos de la demanda, se hacía a través de ofertas mercantiles suscritas con varias cooperativas de trabajo asociado y empresas por acciones simplificadas, que prestan su labor de forma autónoma. Aseguró que tras el análisis de las mencionadas pruebas, se concluía que no existió demostración de que los servicios como corteros de caña de fueran dependientes y en 9

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Radicación n.° 95442 favor directo del Ingenio Pichichí S.A., pero sí, que lo fueron para entidades diferentes; empresas que contaron en su momento con constitución legal propia del régimen cooperativo y societario; con operatividad autónoma, logrando la vinculación a través de convenios asociativos de trabajo; que no se demostró hubieran sido obtenidos con

coacción o con la presencia de algún vicio del consentimiento o de apremio frente a los accionantes. Explicó que también se probó que fueron presentadas varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de las empresas oferentes, sin que se allegara prueba que desnaturalizara su legalidad, pues no se evidenciaba objeto o causa ilícita, como tampoco ninguna alteración en su contenido, que soportara las acusaciones de la activa, referidas a una tercerización. Por el contrario, se trataba de un negocio jurídico válido entre varias empresas con ánimo de lucro, que tenían su personal directivo, así como sedes propias dónde ejercer su actividad, designando cabos de corte que se entendían en el campo con sus afiliados; la toma de decisiones y el pago de las obligaciones que el régimen de compensaciones y laboral respectivamente les imponía, «[…] no encontrando la Sala indicio de intermediación laboral que desdibuje sus labores como entidades cooperativas». Para desarrollar las razones que motivaron la confirmación del fallo absolutorio, expuso: 10

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Radicación n.° 95442 Ahora, si se revisa con detenimiento el punto nodal del asunto, esto es, la subordinación; elemento determinante para fijar la existencia de los contratos realidad alegados; refulge diáfano, que dicho elemento no se presentó entre las partes en contienda. Así se deriva de las declaraciones acopiadas. Nótese cómo en la demanda se afirma que los servicios de los actores fueron prestados para INGENIO PICHICHÍ S.A., indicando incluso, que personas que no se dedicaban a labores en el campo eran quienes

les impartían órdenes; concretamente se menciona a unos señores como los encargados de asignar los tajos de corte a los actores e impartir las órdenes en el lote o terreno de corte; no obstante, dicha versión se derrumbó con la versión clara y detallada del señor WILLIAM CALVO y con lo dicho por el testigo JOSÉ LUBÍN COBO, quienes dieron cuenta, de manera coherente, del cargo desempeñado y las funciones del mismo, desmintiendo con suficiente claridad, el dicho de los actores en tal sentido. Así, también rindió versión el señor ADÁN DÍAZ VASQUEZ (sic), quien fue claro en señalar que no dio órdenes a los corteros de caña porque sus labores no se ejecutaban al mismo tiempo y en el mismo lugar que las de los demandantes. En efecto, los accionantes expresaron en escrito inicial que las órdenes eran impartidas, entre otros en el campo, por el señor CALVO, diciendo que éste hacía parte de las personas que les asignaban el tajo a cortar y sus funciones, e impartían órdenes en el campo; pero resulta que el citado indicó que nunca dio órdenes o instrucciones a los corteros de caña, pues sus labores no comprendían dicha función, dado que las mismas eran de tipo administrativo y no propiamente en el campo, por lo que no coincidía con los corteros en el campo; el mencionado testigo, igualmente señaló con propiedad el movimiento del personal y las labores que desempeñaban al interior de la empresa demandada y su relación con las cooperativas, así como el desempeño de

éstas en cumplimiento de la oferta comercial en virtud de la cual tenían relación con INGENIO PICHICHÍ S.A. A lo anterior se suma; en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; que la misma no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda, así como tampoco que dicha labor fue continuada en el tiempo, en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, pues todos los demandantes fueron trabajadores de cosecha, actividad o tarea que no requiere trabajo continuo o durante todo el tiempo; además, si bien quedó demostrado que la empresa demandada tenía contratos civiles o comerciales con las cooperativas en las que prestaban servicios los demandantes; no hay prueba que permita afirmar que cada uno de los actores en este juicio sí trabajó o prestó servicios en virtud a dicho contrato entre PICHICHÍ S.A y las CTA’S, así como tampoco se evidenció que las cooperativas no tuvieran otros contratos por cumplir con ingenios de la región, por lo que su actividad comercial era 11

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Radicación n.° 95442 exclusiva frente a PICHICHÍ S.A.; además, en las certificaciones emanadas de las diferentes cooperativas que se aportaron al plenario, no se consigna el lugar en el que sus asociados prestaron los servicios de corte manual de caña; no se probó si la prestación de servicios supuestamente a favor de la demandada, se efectuó de manera continua, pues recuérdese que la labor desarrollada fue la propia del corte de caña, lo que supone periodos o estaciones temporales según la cosecha. De esta manera, no existe certeza que permita determinar que en

efecto los señores JOSE (sic) OMAR MOMPOTES, JOSE (sic) IGNACIO GONZÁLEZ BRAND, JUAN DE DIOS PLAZA OLAVE, ARAUL TRIBIÑO y JHON JAIRO CUASPUD GARCÍA, sirvieron como corteros de caña en los términos y bajo las condiciones que expresó su abogado en el escrito genitor. Posteriormente, citó el artículo 6º del Decreto 4588 de 2006, que establece que las cooperativas de trabajo asociado, podrían contratar con terceros la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, y transcribió apartes de la sentencia CSJ SL4479-2020, donde esta Corporación explicó algunas caracterizaciones de la tercerización laboral, antes de concluir que la empresa demandada hizo uso de una facultad legal, sin incurrir en tercerización, al no ejercer poder subordinante de cara a la actividad de corte que desarrollaron los demandantes, por lo que se imponía la confirmación de la decisión impugnada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver en los términos planteados y conforme a las limitaciones y alcances del recurso extraordinario.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden los recurrentes que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, «[…] se revoque la de primer grado, concediendo todas las pretensiones y costas».

Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y se resuelven de manera conjunta pues a pesar de estar orientados por vías diferentes, presentan una proposición jurídica semejante, contienen argumentos que se complementan y persiguen la misma finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia de violar por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos: […] 4, 5, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 37, 46, 54, 55, 64, 65, 127, 144, 193 y 259 del C.S.T.; 1 de la Ley 52 de 1952; 60, 61 y 145 del C.P.L.; 3, 59, 61, 62, 63, 64, de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del decreto 468 de 1990; 5, 8, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 1, 2, 77 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Indican que tuvo lugar por haber incurrido en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que los servicios como corteros de caña de azúcar fueron para entidades diferentes a la convocada a juicio. Esto es para la CTA y SAS 2.- Dar por demostrado sin estarlo, que conforme a la

ABUNDANTE PRUEBA DOCUMENTAL que la CTA y SAS contaron en su momento con constitución legal propia del 13

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Radicación n.° 95442 régimen cooperativo, logrando la vinculación de los actores a través de convenios asociativos. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que quedó probado con la abundante prueba documental, que frente al Ingenio demandado se prestaron varias ofertas mercantiles para cumplir la labor atinente al objeto social de la CTA y SAS, y que no se evidencia objeto o causa ilícita, no observando la sala un solo indicio de intermediación laboral. 4.- No dar por demostrado, estándolo, que en efecto los demandantes recibieron órdenes impartidas en el campo por los señores cabos pagados por la demandada y que actuaron a nombre del INGENIO. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que en cuanto a la prestación de servicios personales como corteros de caña de cada uno de los demandantes, las mismas no se encuentran propiamente determinadas en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor siempre se hubiera prestado en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada, por lo que no existe certeza que permita determinar, que en efecto los demandantes sirvieron como corteros en los términos y bajo las condiciones que expresaron en el escrito genitor. 6.- No dar por demostrado, estándolo, que fue el INGENIO quien ordenó la disolución y liquidación de la CTA y SAS y por ello pagó la suma de $159.000.000 MILLONES DE PESOS a las señoras

AMPARO LOPEZ (sic) ESPEJO y LICENIA GALINDO. 7.- No dar por demostrado, estándolo, que la CTA y SAS no fueron autónomas e independientes, que siempre estuvieron ayudadas por el INGENIO. Relacionan como pruebas erróneamente apreciadas: 1.- Las de folios 52 a 82 que resaltó el Tribunal respecto a la seguridad social en pensiones, se exhiben periodos y cotizaciones a su favor, por cuenta de empleadores diferentes INGENIO PICHICHÍ S.A. 2.- Las de folios 86 al 95 del expediente digital aunque el Tribunal no señaló los folios, dijo que también da cuenta de varias actas de verificación de acuerdos entre el gremio de corteros de caña y las empresas de la región, en las que se advierte la presencia de todas las CTA’S y S.A.S, especificándose el número de dichas empresas para los diferentes periodos y los asuntos que resultan de interés para las partes. 14

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Radicación n.° 95442 3.- Las de folios 142 y V, 160, 168, 177, 181, 187, 191, 193, 195 y V, 204, 205 y V, 210, 211, 217, 221 no señaló esos folios el Tribunal pero resaltó, la demandada allegó copias de diferentes ofertas mercantiles y aceptaciones a las mismas, realizadas con las empresas FUERZA INTERACTIVA CTA y FUERZA INTERACTIVA S.A.S., entre otras; así como otros documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006 a 2011; todos ellos,

con el fin de realizar corte manual y siembra de caña, en predios propios de INGENIO PICHICHÍ S.A., o de terceros, en los sitios y de acuerdo con la programación que el último dispusiera. 4.- En los cuadernos de pruebas se exhibe documentación correspondiente a los demandantes y su vínculo con la CTA llamada a juicio; se observan copias de acuerdos de trabajo asociado, así como liquidación de compensaciones y de prestaciones sociales, nóminas semanales y renuncias; ninguno de ellos relacionado con INGENIO PICHICHÍ S.A. 5.- También figuran en los mencionados expedientes, copias de facturas presentadas por éstas al INGENIO PICHICHÍ S.A., por concepto de corte de caña; recibos de pago de facturación; contrato con abogada; comprobantes de pago a la abogada

AMPARO LÓPEZ.

Y como pruebas no apreciadas por el Tribunal: 1.- Las de folios 29 al 33. No apreció la prueba del certificado de existencia y representación del INGENIO PICHICHI S.A. al dejar de valorar el objeto social. 2.- La demanda genitora. 3.- La contestación de la demanda. Aducen que aunque la decisión no precisó los folios donde reposaban las diferentes ofertas mercantiles y sus aceptaciones, se encuentran incorporadas en las páginas 142 y 142 vuelta, 160, 168, 177, 181, 187, 191, 193, 195 y 195 vuelta, 204, 205 y 205 vuelta, 210, 211, 217 y 221 del expediente, con las que se demuestra que las labores fueron

de corte de caña, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, árboles, fumigación de malezas, guardavías y otras, 15

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Radicación n.° 95442 circunscritas todas a las actividades del objeto social del ingenio, que se observa en el certificado de Cámara de Comercio (folios 45 al 49). La mala apreciación de esos documentos, dicen, llevaron a que el Tribunal concluyera, que esa actividad de corte de caña «[…] no se encuentra propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en la demanda, así como tampoco que dicha labor fue continuada en el tiempo, en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada». Indican que tampoco apreció correctamente las historias laborales de cada uno de ellos (folios 52 a 82) pues en estas se detallan las fechas de ingreso y afiliación por conducto de las cooperativas, para el corte de caña y labores varias, pues todo estaba relacionado con las ofertas mercantiles aprobadas. Añaden que el Tribunal desconoce la intermediación laboral que operó, a pesar de que era claro prestaron un servicio personal por intermedio de las otras entidades, en virtud de las ofertas aceptadas por el ingenio y confesadas en la contestación de la demanda cuando señaló «[…] como corteros de caña, prestaron el servicio en virtud de un contrato civil o comercial que suscribieron con la CTA referida, para el corte manual de caña de azúcar». Tampoco se percató que, en el contrato civil de prestación de servicios, suscrito entre el ingenio y Fuerza

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Radicación n.° 95442 Interactiva SAS, bajo el título de obligaciones del contratante, el primero se comprometió a suministrar cada cuatro meses todas las herramientas y dotaciones, lo cual efectivamente hizo, de manera que los consideraba como sus trabajadores, pues el aparente verdadero empleador no realizaba autogestión, en tanto dependía de la programación e instrucciones que este diera. Después de referirse a otros documentos sobre la relación comercial entre las mencionadas empresas durante 2006 y 2011, exponen: La primera demostración es que el Tribunal hizo una mala apreciación de las pruebas que tuvo a la vista, y en verdad lo que se indica es que la CTA y SAS no fueron autónomas y que los asociados dependían de la programación que el INGENIO dispusiera para realizar las actividades propias, reflejando que la CTA y SAS fueron meras intermediadora y los asociados prestadores de los servicios a favor del INGENIO, descubriéndose que éste fue el verdadero empleador y subordinador. En las aceptaciones, entre ellas las que está a folios 180 181 del cuaderno 1 se dice en esa orden de compra que es para realizar labores de corte de caña sembrada en terrenos de propiedad del INGENIO y otras labores inherentes al corte de caña, como siembra, riego, limpieza. Si revisamos el certificado de EXISTENCIA Y REPRESENTANCIÓN DE LA DEMANDADA (folios 45 al 49 prueba no valorada) encontramos contratadas son las mismas del objeto social de la demandada, encontrándose una intermediación laboral la cual es sinónimo de subordinación. En

esas ofertas que el Tribunal tuvo a la vista, pero que valoró mal, se encuentran los folios 142 y V, 160, 168, 177, 181, 187, 191, 193, 195 y V, 204, 205 y V, 210, 211, 217, 221 y más exactamente a folios folio 148 v, 164, 172 v, 200, 207 v, 213 v, 219, el INGENIO se obligó a pagar a terceros o a los asociados lo que la CTA y SAS no cubrieran. Si el honorable Tribunal hubiese valorado bien las citadas pruebas, fácil le hubiere sido haber concluido que la CTA y SAS no gozaban de independencia financiera, que el capital provenía del INGENIO, que fueron meras intermediarias. FOLIO 148 VUELTO. En esas ofertas que el Tribunal tuvo a la vista, pero que valoró mal, se encuentra a folios 202, 214 V, 208 V que el INGENIO podía exigir el retiro o prohibir el ingreso de socios a la CTA y 17

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Radicación n.° 95442 SAS, se prueba que, tenía injerencia, daba órdenes, es decir, la CTA y SAS no fueron AU