CSJ - SL2960-2023

GIOVANNI FRANCISCO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Magistrado ponente SL2960-2023 Radicación n.° 98259 Acta 39 Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ARMANDO ANTONIO MARTÍNEZ BUSTILLO contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2022 por la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso que le sigue a CBI COLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIÓN y REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S. (REFICAR), al que fueron llamados en

garantía LIBERTY SEGUROS S.A. y COMPAÑÍA

ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA

(CONFIANZA S.A.).

Se reconoce personería a los abogados Héctor Mauricio Medina Casas y Germán Andrés Cajamarca Castro, identificados, en su orden, con las cédulas de ciudadanía n.º 79.795.035 y 1.015.405.939, y con las tarjetas profesionales 108.945 y 234.541, para que actúen como apoderados

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 98259 principal y sustituto, respectivamente, de Liberty Seguros S.A., conforme al poder otorgado.

I. ANTECEDENTES Accionó el demandante contra CBI Colombiana S.A. y Refinería de Cartagena S.A.S. (en adelante, Reficar) para que se declarara la ineficacia del pacto de exclusión salarial

contenido en el contrato de trabajo y en la convención colectiva de septiembre de 2013, celebrada entre la primera y la Unión Sindical Obrera (USO), consecuentemente, la de los incentivos: HSE convencional, de productividad, de progreso convencional y de tubería; el bono de asistencia y HSE; la prima técnica convencional, los auxilios de gastos de transferencia bancaria y de lavandería, y el bono de alimentación Sodexho, los cuales tienen naturaleza salarial. Con base en ello, solicitó que se condenara a ambas empresas solidariamente, a que le pagara las diferencias adeudadas por concepto de liquidación final de su contrato, de primas, cesantías e intereses sobre estas, vacaciones disfrutadas, y aportes al sistema de seguridad social integral, teniendo en cuenta todos los factores salariales realmente devengados, así como las indemnizaciones moratorias de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Solicitó también el pago de la jornada suplementaria adeudada. Como fundamento de sus pretensiones narró que laboró al servicio de CBI Colombiana S.A. mediante contrato de trabajo a término fijo desde el 28 de noviembre de 2012 hasta

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 98259 el 16 de septiembre de 2014; que desempeñó la labor de tubero A; y que al momento de la terminación de la vinculación su salario era de $2.438.081. Explicó que desde el inicio pactaron el pago de un bono de asistencia y HSE que fue cancelado durante toda la

relación laboral, cuyo monto se veía afectado por las ausencias injustificadas o accidentes e incidentes laborales; que también devengó el incentivo de productividad condicionado al cumplimiento de las expectativas del trabajo; que el bono de alimentación, y los auxilios de transferencia bancaria y de lavandería le fueron otorgados por su condición de extranjero, con la finalidad de aumentar sus ganancias por el traslado desde su país de origen, y eran cancelados mes a mes durante toda la relación laboral. Arguyó que entre octubre de 2013 y agosto de 2014 recibió los siguientes beneficios convencionales: incentivos HSE, de progreso, de progreso de tubería y prima técnica; que la empleadora liquidó las prestaciones sociales y las vacaciones teniendo en cuenta solamente el salario y el bono de asistencia y HSE, y que, tanto en el contrato, como en la convención colectiva de trabajo, se celebró un pacto de exclusión salarial para restarle incidencia a dichas erogaciones. Finalmente, expuso que dentro de las funciones previstas en el objeto social de Reficar estaba la de construcción y operación de refinerías; que por lo anterior, a partir de 2006 se le confió a esa empresa el proyecto de expansión de la refinería de Cartagena, para lo cual celebró

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 98259 un contrato de obra con CBI Colombiana S.A., cuyo objeto social era la prestación de servicios de ingeniería, manejo de compras y suministros, fabricación y construcción a cualquier persona natural o jurídica que realizara las actividades de producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de los recursos naturales; que la labor de

tubero A hacía parte de la función de infraestructura, y por ende, corresponde al giro ordinario de los negocios de Reficar. Con posterioridad reformó la demanda para pedir la reliquidación del trabajo suplementario y recargos, por la no inclusión de los bonos e incentivos reclamados. Al dar respuesta a la demanda y su reforma, CBI Colombiana S.A.no se opuso a que se declarara la existencia del contrato de trabajo, como tampoco su calidad de contratista principal de Reficar, pero sí a las restantes pretensiones. Frente a los hechos, admitió la vinculación laboral y su vigencia, la labor desempeñada, y el salario devengado. Aceptó que el trabajador recibía el bono de alimentación junto con el auxilio de transferencia bancaria y el de lavandería, y la forma en la que estos eran pagados, junto con los demás incentivos enunciados. De los restantes hechos, adujo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa explicó que durante la vigencia de la vinculación laboral y la ejecución del proyecto contratado con Reficar se pactaron ciertos beneficios extralegales que no tenían naturaleza salarial. Adujo que ninguno de ellos se causaba o reconocía como contraprestación directa del servicio, que, en el caso del actor, estos rubros fueron

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 98259 pactados en el contrato de trabajo y cláusulas adicionales, en aplicación de las políticas salariales de Reficar, sus actualizaciones, y en la convención colectiva de trabajo, sin que tuvieran carácter salarial. Formuló las excepciones de mérito que denominó

inexistencia de las obligaciones, pago, compensación, buena fe y prescripción. Reficar rechazó las pretensiones y dijo que no le constaban los hechos contenidos en la demanda y su reforma. Arguyó que no tuvo una relación con el demandante, y que no podía predicarse su responsabilidad solidaria, por cuanto no se configuraron los presupuestos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Como excepciones planteó las de buena fe, inexistencia de las obligaciones y de solidaridad, falta de legitimación en la causa por pasiva, «principio de necesidad de la prueba» y prescripción. Mediante auto del 13 de febrero de 2019, el juzgado aceptó el llamamiento en garantía que Reficar le hizo a la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. (en adelante Confianza S.A.) y a Liberty Seguros S.A., para que respondieran por las eventuales condenas que le fueran impuestas. En escritos separados, ambas aseguradoras se resistieron a las pretensiones del actor y de la empresa llamante. Dijeron que no les constaban los hechos de la demanda y su reforma, pero en cuanto a los del llamamiento,

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 98259 aceptaron la suscripción de la póliza, su vigencia y su cobertura, y explicaron que fue expedida en coaseguro, conforme al cual a la primera le correspondía asumir el 80,7% y a la segunda el 19,3%. Confianza S.A., además, presentó la excepción que llamó así: la única indemnización que cubre es la del artículo 64 del CST, no otra más, tampoco prestaciones extralegales

o convencionales, vacaciones ni perjuicios morales; coaseguro, máximo valor asegurado y ausencia de solidaridad. Liberty Seguros S.A. propuso las excepciones de falta de requisitos para afectar la póliza, improcedencia del pago de siniestro y sanción moratoria, suma asegurada como límite máximo de responsabilidad, disminución del valor asegurado, límite del porcentaje del riesgo, y prescripción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante sentencia pronunciada el 13 de noviembre de 2019,

resolvió:

1. Declarar no probadas las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación y pago formuladas por la defensa.

2. Declarar probada la excepción de prescripción de la acción para reclamar el pago de diferencia por concepto de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos.

3. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción indicando que se encuentran prescritas las vacaciones disfrutadas antes del 24 de junio de 2013.

4. Condenar a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. a pagarle al demandante ARMANDO ANTONIO MARTINEZ (sic) BUSTILLOS la suma de $423.075 por concepto de diferencias

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 98259 dejadas de pagar correspondientes a las vacaciones disfrutadas desde el 24 de junio de 2013 hasta el 16 de septiembre de 2014.

5. Absolver a la demandada CBI COLOMBIANA S.A. de las demás

pretensiones del demandante.

6. Absolver a la demandada REFICAR S.A. y a las llamadas en garantía de las todas las pretensiones de la demanda.

7. Costas a cargo de la demandada CBI COLOMBIANA S.A. Para tales efectos se señala como agencias en derecho el 7% de las condenas impuestas, calculadas a la fecha del presente fallo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante y CBI Colombiana S.A., la Sala Primera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través de fallo del 24 de mayo de 2022, revocó el del a quo y absolvió a la pasiva de todas las condenas impuestas.

Se planteó como problemas jurídicos los siguientes: (i) determinar si la bonificación de asistencia, los incentivos HSE, de productividad, de progreso, progreso tubería convencional y prima técnica, constituyen factor salarial, analizando cuál es el alcance del pacto de desalarización contemplado en el artículo 128 del CST, modificado por el 15 de la Ley 50 de 1990; (ii) establecer si hay lugar a los reajustes deprecados y estudiar el fenómeno de la prescripción. En lo que interesa al recurso extraordinario, observó que el bono de asistencia y HSE tenía su fundamento en la convención colectiva suscrita entre la Unión Sindical Obrera -USOSubdirectiva Seccional Cartagena, y la empresa CBI Colombiana S.A., vigente para los años 2013-2015 (f.° 60-67, CD del folio 161), en la que las partes acordaron el pago de

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 98259 la misma según lo dispuesto en la política salarial del 1º de octubre de 2013, dispuesta por Reficar para sus contratistas en el punto 5.1. Recordó el contenido de los artículos 127 y 128 del CST, y la providencia CSJ SL, 1 feb. 2011, rad. 35771, sobre la imposibilidad de desconocer, por vía contractual, la naturaleza salarial de los beneficios que la ley define con tal carácter, en tanto constituyen la retribución directa del servicio. También acudió a las sentencias CSJ SL5159-2018 y CSJ SL177-2020, en las que la Corte adoctrinó que las partes del contrato no pueden pactar la exclusión de la connotación salarial de los conceptos que tienen esa esencia, de modo que al juez le corresponde analizar las pruebas en cada caso. Arguyó que el pago habitual del bono de asistencia no constituía un parámetro ineludible para determinar que un pago constituía salario, para lo cual se apoyó en la sentencia CSJ SL1399-2019. Sobre esa base, de cara al eventual carácter retributivo de la bonificación de asistencia, reflexionó que la política salarial que la contemplaba previó que su causación obedecía al aporte del demandante en el cumplimiento del cronograma de su equipo de trabajo, consistente en la presentación puntual y permanencia en el lugar de labores. Concluyó, en consecuencia, que para ser beneficiario del bono no era necesario que se produjera el despliegue de la fuerza laboral o actividad prestacional del demandante,

dado que la finalidad del emolumento era la de contrarrestar

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 98259 el ausentismo del puesto de trabajo, situación que encontró corroborada con los volantes de pago, cuya retribución habitual, no desnaturalizó su finalidad. En virtud del anterior argumento, estimó que CBI Colombiana S.A. no desconoció el orden legal al determinar que el bono de asistencia no tendría incidencia salarial para liquidar algunas acreencias laborales, en la medida en que aquel no constituía retribución directa del servicio, y desde esa perspectiva, podía hacerse la exclusión salarial conforme lo acordaron las partes. Añadió que tales disquisiciones comportan «una carga argumentativa que consulta los principios de transparencia y de razón suficiente» conforme a la jurisprudencia de esta Corporación. En lo que respecta a los incentivos HSE, de progreso, de progreso tubería, y la prima técnica, razonó que también tenían su fuente en la convención colectiva de trabajo, y que en ella expresamente se estipuló que tales rubros no tenían incidencia salarial. Con apoyo en las sentencias CSJ SL, 5 feb. 1999, rad. 11389 y SL, 7 sept. 2010, rad. 37970, concluyó: […] es claro que luego de que las partes dentro del marco de una convención colectiva restaron la naturaleza salarial de un determinado concepto, con posterioridad no puede cuestionarse tal disposición a menos que sea dentro del marco propio de la denuncia de la norma convencional, de modo que por la sola pretensión del demandante no resulta procedente que se cambie

la naturaleza de dichos pagos o que se declare ineficaz la cláusula convencional, porque ello conllevaría inexorablemente a la transgresión del principio de inescindibilidad del Derecho del Trabajo (sic) y a su vez atentaría contra el fundamento del derecho de la negociación colectiva.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 98259 Por último, se refirió al incentivo de productividad y argumentó que este se reconocería siempre y cuando el factor mensual de la disciplina de tubería, a la que pertenecía el demandante, fuere igual o superior al 90%. A partir de allí, con apoyo en el proveído CSJ SL4980-2018, dedujo que esta remuneración no retribuía el servicio y podía desalarizarse, en tanto su pago correspondía al cumplimiento de metas globales. Indicó que se trataba de una retribución indirecta de sus servicios, condicionado a que el grupo de trabajo cumpliera con la meta señalada, sin consideración a la incidencia o aporte individual del trabajador para cumplirla.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia del Tribunal, […] en cuanto a que, la entidad CBI COLOMBIANA S.A. (hoy en liquidación) no incluyó la PRIMA TÉCNICA CONVENCIONAL,

INCENTIVO DE PROGRESO CONVENCIONAL, INCENTIVO DE

PRODUCTIVIDAD, INCENTIVO DE PROGRESO TUBERIA (sic)

CONVENCIONAL, BONO DE ASISTENCIA e INCENTIVO HSE CONVENCIONAL como factores salariales en la liquidación de acreencias laborales a favor del actor […]. Enseguida solicita a la Corte que, en sede de instancia, confirme parcialmente el fallo del juzgado, y acceda a todas las pretensiones de la demanda, incluidas la solidaridad con Reficar y las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 CST y 99 de la Ley 90 de 1990.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 98259 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por Liberty Seguros S.A. y Reficar. Se resuelven conjuntamente, dada su similitud de propósito y base argumentativa.

VI. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, denuncia la violación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010; 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 27, 34, 43, 55, 65, 127, 128, 144, 158, 159, 160, 249, 253, 306, 340, 467, 476 del CST; 174 y 177 del CPC; 1602 del CC, y 13, 39, 43 y 53 de la CN.

Le atribuye al colegiado los siguientes errores de hecho: No tener por demostrado estándolo que, los pagos correspondientes a PRIMA TÉCNICA CONVENCIONAL,

INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD, INCENTIVO DE PROGRESO

CONVENCIONAL, INCENTIVO DE PROGRESO, TUBERIA (sic)

CONVENCIONAL, BONO DE ASISTENCIA E INCENTIVO HSE

CONVENCIONAL constituían factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales. No tener por demostrado estándolo, que la demandada no expuso una razón seria, objetiva y atendible para para (sic) liquidar adecuadamente al trabajador incluyendo todos los factores salariales. No tener por demostrado estándolo, que el trabajador tiene derecho a que le liquiden y paguen todas las prestaciones sociales incluyendo todos los factores salariales junto con lassanciones (sic) del art 65 CST y 99 de la ley 50/90. No tener por demostrado estándolo, que Reficar es solidariamente responsable de todas las condenas laborales a la luz del art. 34 del CST. Aduce que los anteriores errores se cometieron por la indebida apreciación de las siguientes pruebas: ➢ Volantes de pago. ➢ Planillas de pago de seguridad social. ➢ Convención Colectiva de Trabajo y sus anexos.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 98259 Para sustentarlo afirma que la relación que existe entre la causación y la cuantía de los incentivos convencionales, demuestra que su pago se hacía como contraprestación directa del servicio. Con base en la convención colectiva y su anexo n.° 1, el contrato de trabajo, y los volantes de pago, afirma queel monto de dichos rubros se veía disminuido por los ausentismos, lo que significa que su causa próxima estaba en la actividad personal que ejecutaba. Reproduce el contenido de los comprobantes de nómina de noviembre de 2012 a agosto de 2014, sosteniendo que lo consagrado en ellos se trató de pagos de carácter retributivo,

sin que el accionado demostrara lo contrario. Y explica: De todos los cálculos descritos tenemos que, para el mes de abril de 2014, el trabajador devengo (sic) como ingresos retributivos del servicio la suma de $2.392.570 (no se tiene en cuenta auxilios no retributivos del servicio), de ese total de ingresos el SALARIO BASICO (sic)+BONO DE ASISTENCIA+HORAS EXTRAS, ascendió al monto de $3.473.615, lo que representa solo, por el contrario, los beneficios distintos a los previamente referenciados, ascendía a la suma de $3.260.354. Así las cosas, existe error de hecho, por ausencia de valoración probatoria, al no tener las piezas documentales referenciada (sic), al momento de realizar el análisis de los factores salariales y la proporcionalidad en los ingresos percibidos por el actor, de haber tenido en cuenta los mismos, hubiese tenido por demostrado que en el presente caso no existe una proporcionalidad en los ingresos percibidos con incidencia salarial. De otro lado, yerra el tribunal al no tener en cuenta en el análisis de la validez del pacto de exclusión salarial contenido en la Convención Colectiva pluricitada, primeramente, si los

denominados INCENTIVO DE PROGRESO CONVENCIONAL,

INCENTIVO DE PROGRESO TUBERIA (sic) CONVENCIONAL, INCENTIVO HSE CONVENCIONAL Y PRIMA TECNICA (sic) CONVENCIONAL, si estos en primera medida son retributivos del servicio o no, dado que si nos encontramos frente a un pago no retributivo del servicio la libertad de las partes de excluir con incidencia salarial de beneficios extralegales es absolutamente

libre.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 98259 Esgrime que, si bien la convención colectiva de trabajo puede establecer un pacto de exclusión salarial, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que debe contener unos presupuestos mínimos, como la suficiente claridad de los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecuta y desarrolla, algo que no cumple el que se cuestiona, para lo cual se apoya en los precedentes CSJ

SL3272-2018 y SL4866-2020.

Arguye que del interrogatorio de parte practicado al representante legal de la demandada se extrae que, a mayor actividad del trabajador, superior emolumento, y no dijo aquel funcionario que tales incentivos tuvieran una finalidad distinta a la retribución del servicio. Sobre la prima técnica convencional, destaca que dependía de la labor desarrollada, de suerte que un mayor número de días y horas laboradas, implicaban un incremento del valor de dicho rubro. Expresa que la enjuiciada no expuso una razón seria, objetiva y atendible para elaborar la liquidación adecuadamente incluyendo todos los factores salariales, lo que denota que no le asistió en ningún momento un actuar leal y correcto, a efectos de exonerarse de las sanciones previstas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990. Asegura que está debidamente acreditada la solidaridad de Reficar, en tanto las labores realizadas por CBI

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 98259 Colombiana S.A. encajan perfectamente en las de aquella contratante.

VII. CARGO SEGUNDO

Lo plantea así: 4.2.2 ERROR DE DERECHO POR VIA (sic) INDIRECTA Sobre el pago de PRIMA TECNICA (sic) CONVENCIONAL, el ad quem (sic) dio un alcance probatorio que no otorga la ley sustancial, en el entendido que dio por demostrado sin estarlo, que la presencia de la Convención Colectiva de Trabajo implica la virtualidad de validez total sobre pactos de exclusión de factores salariales, aspecto que no se encuentra previsto en la

Ley.

VIII. CARGO TERCERO Por la vía directa, acusa la interpretación errónea del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en relación con los preceptos 22, 24, 37, 39, 43, 64, 65, 104, 108, 127, 128, 374, 467, 468, 470, 471, 478 y 479 del CST; 13, 18 y 22 de la Ley 100 de 1993, 60, 61, 62 y 66A del CPTSS; 174 y 177 del CPC; 1602 del CC; 13, 39, 43 y 53 de la CN.

Para sustentarlo afirma que los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo no prevén que, por el simple hecho de plasmarse la exclusión salarial en una convención colectiva, esta sea válida, alegando que existe una incoherencia argumentativa en la sentencia fustigada. Y agrega: De otro lado, yerra también el Tribunal al establecer que la

discusión que verse sobre un pacto de exclusión salarial, su vía procedimental es la denuncia de la convención. Para ello es propio establecer que la denuncia de la convención es posible en la medida en que su discusión verse sobre conflictos de orden o de intereses económicos, pero no existe una norma especial que

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 98259 indique que se trate de los reproches no de intereses económicos, si no de aspectos jurídicos sobre dicha convención. Lo anterior se materializa en el presente asunto, dado que lo que se persigue en la demanda es que los beneficios que fueron objeto de exclusión salarial sean tenidos en cuenta al momento de liquidar las acreencias laborales y si ello fuere posible, sus efectos será Inter partes, es decir, no afecta a la convención en un sentido erga omnes, si no de manera particular al presente caso.

IX. RÉPLICA Liberty Seguros S.A. hace los siguientes reparos que, a su juicio, impiden el estudio del cargo inicial: (i) no indica cuál es el motivo de la violación que se endilga; (ii) invoca normas procesales en la proposición jurídica, sin formular ni probar la necesaria violación de medio; (iii) acusa la sentencia por error de derecho, lo cual no es propio de dicha vía y; (iv) la proposición jurídica de los embates no incluye los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que la hace incompleta. En todo caso, dice que no existió un error grosero y protuberante del colegiado, solo que el recurrente no comparte las conclusiones a las que llegó.

En cuanto al segundo cargo, advierte que carece de proposición jurídica y de desarrollo argumentativo, situación que impide su estudio. Arguye que el embate jurídico es la ampliación del alegato de instancia que no sigue ninguna de las pautas básicas que regulan el recurso extraordinario de casación, y que no explica de qué manera el Tribunal le dio a las normas invocadas un entendimiento alejado de su significado natural. Añade que la argumentación jurídica esbozada sobre la

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 98259 solidaridad no incluye un señalamiento frente al supuesto error de interpretación de la ley en el que incurrió el colegiado, además de que este no cometió ningún desvío hermenéutico en torno a los artículos 127 y 128 del CST, pues se atuvo a la línea jurisprudencial de esta Corte sobre la validez de los pactos de exclusión salarial. Sostiene que, en todo caso, en sede de instancia se impone su absolución al resolverse las excepciones propuestas en la contestación del llamamiento en garantía, habida consideración de que no se cumplen los requisitos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo para condenar a Reficar en su condición de asegurado. Finalmente, concluye que, sin solidaridad, no hay lugar a analizar los amparos otorgados mediante la póliza EX000898, al tiempo que ese contrato excluyó de la cobertura el pago de derechos laborales extralegales, así como de la indemnización del artículo 65 ibidem, y de cualquier forma han de tenerse en cuenta los porcentajes pactados en virtud del coaseguro.

Por su parte, Reficar argumenta que los cargos no atacan las razones puntuales expuestas por el Tribunal frente al bono de asistencia e incentivo de productividad, y que la argumentación del juez de apelaciones fue eminentemente jurídica, lo que a su juicio basta para desestimar el primer cargo. Frente al segundo embate, aduce que el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 no es una norma que hubiese sido

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 98259 seleccionada y aplicada, ni expresa ni tácitamente por el fallador de la alzada, y que las incluidas en la proposición jurídica no son reglas sustanciales de alcance nacional. Advierte que el colegiado no interpretó los artículos 127 y 128 del CST de cara a revisar la validez del pacto de exclusión, con lo cual el censor orientó mal su recurso, y no derrumbó los verdaderos pilares que en realidad sostienen el fallo. Aduce que, de cualquier forma, los preceptos que aplicó el colegiado, en orden a estimar la validez de las estipulaciones de exclusión de los efectos salariales de pagos convencionales percibidos por el recurrente, fueron acordes con la línea jurisprudencial de esta Corporación. Por último, expone que, dada la inescindibilidad de las disposiciones convencionales, no es posible tener como ineficaz una parte de ellas, e inoperante otra, como lo pretende la censura, pues eso llevaría a destruir el acuerdo pactado y a tener la CCT como norma, únicamente en cuanto favorece al trabajador, dejando de lado lo que en realidad se

fija en el texto convencional, con obligatorio cumplimiento para las partes.

X. CONSIDERACIONES Pese a las deficiencias notorias en la formulación del alcance de la impugnación, no hay que hacer mayor esfuerzo para comprender que realmente lo que persigue el recurrente es el quiebre de la decisión de segundo grado, para que, en su lugar, se confirme la del a quo solo en cuanto concedió incidencia salarial al bono de asistencia, revocándose en lo

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 98259 demás, en tanto se la denegó al resto de bonificaciones pedidas, esto es, la prima técnica, los incentivos de productividad, de progreso, progreso de tubería, y HSE, y en su lugar, se condene solidariamente a las pasivas a la reliquidación deprecada en la demanda inicial, y al pago de las indemnizaciones previstas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990. Asimismo, aunque en el primer cargo no indicó la modalidad de ataque, lo cierto es que, al enderezarse por el sendero fáctico, es lógico comprender que lo que denuncia es la aplicación indebida de las normas que enlista en su proposición jurídica, que es la que cabe por regla general por esta vía. De igual forma, de la exposición desplegada por el censor se logra identificar que, además de los errores de hecho que expresamente relaciona en su ataque, también le endilga al Tribunal (i) no haber dado por demostrado que no existe una proporcionalidad en los ingresos percibidos con incidencia salarial, y (ii) no haber dado por acreditado que la

prima técnica convencional dependía de la prestación directa del servicio. Por otra parte, si bien el segundo cargo no contiene los presupuestos que debe cumplir un ataque por la vía indirecta, tal impropiedad queda saneada al examinarlo en conjunto con el primero, que persigue el mismo propósito. También es preciso indicar que la invocación de normativa procesal es irrelevante, pues va acompañada de otras disposiciones de orden sustancial, con lo cual la proposición

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 98259 jurídica resulta suficiente. Ahora, lo que sí se advierte como una deficiencia insubsanable es que a lo largo de la demanda de casación no hay un solo argumento tendiente a derruir la decisión del colegiado en lo tocante al incentivo de productividad. En efecto, el Tribunal consideró que ese rubro no era salario porque no se concedía de manera individual, ni era directamente proporcional al desempeño personal en el servicio, premisa que el impugnante dejó libre de cuestionamiento en el recurso extraordinario. Por lo tanto, se mantiene intacta la doble presunción de legalidad y acierto de la que viene revestida dicha providencia, en lo atinente, se insiste, al incentivo de productividad. Precisado lo anterior entonces, le corresponde a la Sala determinar si el fallador de la alzada se equivocó al considerar (i) que el bono de asistencia y HSE no retribuía la prestación del servicio del demandante; (ii) si era válida la exclusión salarial de la prima técnica, y los incentivos HSE, de progreso, y progreso tubería, por el hecho de constar en

una convención colectiva de trabajo. (i) Bono de asistencia y HSE Para resolver la problemática, memórese la interpretación dada por esta Corporación a los artículos 127 y 128 del CST modificados en su orden por los preceptos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, cuando en la sentencia CSJ SL692-2021, adoctrinó:

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 98259 Anotado lo anterior, se tiene que el razonamiento del juez de apelaciones se acompasa con lo que en torno a los artículos 127 y 128 del CST, ha sostenido esta Corporación, en cuanto a que: i) todo lo que percibía el trabajador como contraprestación directa del servicio constituye salario y que ii) si bien las partes del contrato de trabajo