CSJ - SL2967-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2967-2023 Radicación n.° 96186 Acta 44 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por LUIS JAVIER LONDOÑO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 6 de mayo de 2022, en el proceso ordinario laboral que instauró contra la ADMINISTRADORA DE

FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.

A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES); trámite al que se vinculó como litisconsorte necesario por pasiva a la NACIÓN –

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Reconózcase personería adjetiva para actuar en representación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público al abogado Nixon Alejandro Navarrete Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía 80.471.599

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Radicación n.° 96186 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 163.968 del C.

S. de la J., en los términos y para los efectos que le fue conferido y que reposa en el expediente digital de esta corporación.

Así mismo se reconoce personería adjetiva para actuar en representación de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda, identificada con la cédula de ciudadanía

1.140.862.823 y portadora de la tarjeta profesional 287.982 del C. S. de la J. en los términos y para los efectos del poder general conferido a la sociedad Casación Laboral Estudio S.

A. S.

I. ANTECEDENTES Luis Javier Londoño demandó a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con el fin de que se declare la ineficacia de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad

(RAIS), y en esa medida, se ordene el traslado del saldo de la cuenta de ahorro individual a Colpensiones, junto con sus frutos e intereses y se le ordene a Protección S. A. el reconocimiento y pago de los perjuicios morales y materiales ocasionados que tasa en las mesadas que le corresponderían en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), mientras Colpensiones asume su reconocimiento. Así mismo pretende que la AFP privada sea condenada

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Radicación n.° 96186 al pago de la diferencia en la equivalencia de aportes y los honorarios del mandatario judicial; y a Colpensiones, a activar la afiliación en el RPM y recibir los valores que devuelva Protección y adicionalmente proceder al otorgamiento de la pensión de vejez, mesadas adicionales, intereses moratorios y/o indexación y las costas del proceso. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que a la fecha de la presentación de la demanda inicial tenía 63 años

de edad, por haber nacido el 19 de agosto de 1995 y que reunía más de 1300 semanas de cotización. Adujo que una vez entró en vigor el Sistema General de Pensiones «articulado» por la Ley 100 de 1993, en febrero de 1996 se trasladó del RPM a la AFP Protección S. A. sin que se le hubiera dado información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz. Indicó que cuando se encontraba laborando en la sociedad Propal S. A. llegaron asesores de Protección S. A. a efectos de llevar a cabo una reunión grupal en la que se realizó la presentación del fondo y se les dijo que la pensión era heredable hasta el cuarto grado de consanguinidad; que se podían pensionar a la edad que desearan; que el bono pensional lo «daba el Seguro Social» pero que directamente realizaban los trámites necesarios para ello; que la mesada pensional sería superior a la que obtendría en el ISS, entidad que se acabaría y no respondería a futuro por las pensiones. Expuso que la AFP accionada, a través de sus

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Radicación n.° 96186 promotores, no le brindaron, ni antes ni después de su afiliación, la información adecuada, suficiente, clara, comprensible, oportuna y cierta para su traslado, donde se objetivaran las ventajas y desventajas de ambos regímenes, lo cual no le permitió dimensionar la trascendencia de su decisión y, por ende, fracturándose el consentimiento informado íntimamente ligado a la seguridad social y, de

contera, afectando la dignidad humana, la autonomía y la buena fe. Señaló que no se le manifestó que en el RAIS la pensión era por capital ni se le puso de presente aquel que se debía acreditar en su cuenta de ahorro individual para acceder a la pensión, a cuánto ascendía su bono pensional ni qué sucedería con este en el evento de efectuar su negociación de manera anticipada. Mucho menos se le indicaron los factores que impactaban en la prestación en dicho régimen como la expectativa de vida. Sostuvo que el 4 de julio de 2007, faltándole un mes y 15 días para cumplir los 52 años de edad se le realizó una proyección de la mesada como consecuencia de la solicitud elevada en ese sentido y, si bien se le dijo que tenía la posibilidad de trasladarse al ISS, se le insistió en que lo podían pensionar a la edad que deseara, lo que no sucedería en el RPM, de manera que no se trasladó. Informó que al tener en cuenta una simulación que realizó Protección S. A. el 22 de mayo de 2013, pidió, el 30 de julio siguiente, el reconocimiento y pago de la pensión, la

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Radicación n.° 96186 que se concedió mediante comunicado del 30 de mayo de 2014, en la modalidad de retiro programado, en cuantía de $2.790.932 a partir del 30 de abril de esa última anualidad; mesada que resultó inferior a la inicialmente estimada. Argumentó que cumplía con los requisitos de las normas generales de la Ley 100 de 1993, esto es, contaba con 62 años de edad y más de 1300 semanas de cotización,

de manera que le asistía el derecho al reconocimiento de una pensión en el RPM, ante la ineficacia que comportaba el acto de traslado de régimen pensional derivada de la falta al deber de diligencia de la AFP y, en esa medida, el desconocimiento del consentimiento informado. Adicionó que le solicitó a Protección S. A. la copia del estudio previo, concreto e individual que se le hizo al momento del traslado, así como del formulario de afiliación, sin obtener una respuesta, en tanto solo hasta el 20 de marzo de 2018 se le remitió el formulario firmado el 29 de febrero de 1996 y la reasesoría pensional llevada a cabo el 4 de julio de 2007. Indicó que le pidió a Colpensiones el traslado de régimen pensional y el otorgamiento de la pensión de vejez, no obstante, no accedió a ello. Y que allegaba liquidación de la mesada pensional con base en el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, lo que arrojaba una mesada de $5.069.485 para el año 2017.

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Radicación n.° 96186 Finalmente refirió que como consecuencia de su traslado al RAIS y el deficitario monto de su pensión de vejez, que afectó sus aspiraciones pensionales y calidad de vida, ha sufrido una permanente angustia y aflicción, pues aun cuando agotó los mecanismos legales para retornar al RPM no le fue posible; lo que se traducía en unos perjuicios morales, así como materiales consistentes en la diferencia pensional que ha dejado de percibir. Al dar respuesta a la demanda, Colpensiones se opuso

a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de nacimiento del promotor de la contienda, el traslado al RAIS en febrero de 1996 y que le negó la solicitud encaminada a retornar al RPM, así como al reconocimiento de la pensión de vejez; de los demás dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa aseveró que dentro del plenario obraba formulario de afiliación al RAIS a través del que se daba cuenta de que no hubo constreñimiento alguno al momento de trasladarse de régimen; de ahí que la decisión del actor fue libre y espontánea. Además, aun cuando se deprecaba la ineficacia del traslado de régimen pensional, el demandante ya se encontraba disfrutando la pensión de vejez que solicitó a la AFP. Propuso como excepciones de mérito las que relacionó como inexistencia de la nulidad o ineficacia en el traslado de régimen; imposibilidad de pagar retroactivo sobre pensión de vejez; inexistencia de la obligación de pagar incrementos por

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Radicación n.° 96186 personas a cargo; inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; buena fe; imposibilidad de condena en costas; prescripción; innominada y compensación. A su turno Protección S. A. contestó la demanda inicial oponiéndose a sus pretensiones. De los hechos aceptó la calenda de nacimiento del pensionado; que se trasladó al RAIS en febrero de 1996; que el 4 de julio de 2007 se le realizó

una reasesoría y destacó que aun cuando se le manifestó expresamente que no le convenía quedarse en el RAIS decidió continuar afiliado hasta obtener su pensión de vejez en forma anticipada, en los términos de la comunicación fechada 30 de mayo de 2014 en la modalidad de retiro programado sin negociación del bono pensional, la que en efecto percibe desde el 30 de abril de ese mismo año. También dijo que era cierto que se le presentó derecho de petición por parte del demandante empero, precisó que le dio respuesta íntegra, tal y como emergía del documento del 20 de marzo de 2018. En cuanto a los restantes supuestos fácticos enfatizó en que no le constaban o que no eran tales. A su favor puso de presente que Luis Javier Londoño tramitó solicitud de traslado de régimen pensional del RPM al RAIS con destino a Protección S. A. el 29 de febrero de 1996, momento en que declaró expresamente su voluntad de afiliación, libre espontánea y sin presiones, realizando aportes hasta el mes de mayo de 2014, oportunidad en la que adquirió la calidad de pensionado, sin haber intentado las

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Radicación n.° 96186 gestiones para obtener el regreso al RPM aun cuando recibió una reasesoría en la que se le puso de presente tal posibilidad y que le resultaba más favorable, no obstante, decidió continuar afiliado al RAIS, en donde además estaba vinculado a pensiones voluntarias con el propósito de obtener una prestación anticipada como ocurrió. Propuso como excepción previa la de falta de

integración de la litis por pasiva respecto de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público dada su participación en la pensión a través del pago del bono pensional que hacía parte del capital con el que se financiaba la prestación y, de fondo, las de falta de causa para pedir; inexistencia de las obligaciones demandadas; buena fe; pago; compensación; inexistencia de perjuicios; y prescripción. Así mismo interpuso demanda de reconvención en contra de Luis Javier Londoño, la que se admitió mediante auto de fecha 24 de agosto de 2018, con el fin de que se declarara que, a solicitud de este, le reconoció pensión de vejez a partir del 30 de abril de 2014 en cuantía de $2.790.932, y que, por ello y en caso de prosperar la ineficacia de la afiliación, el demandado en reconvención fuera condenado a reintegrarle los valores pagados por concepto de mesadas desde su causación y hasta la ejecutoria de la sentencia, junto con la rentabilidad que dicho dinero hubiera producido de haber permanecido bajo su administración. De manera subsidiaria al reconocimiento de los

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Radicación n.° 96186 rendimientos deprecó la indexación y, en consideración a que se solicitaba la ineficacia del traslado de régimen pensional pidió que se le autorizara para suspender el pago de las mesadas hasta la decisión del conflicto planteado. Sustentó sus pretensiones en que Luis Javier Londoño solicitó pensión de vejez con ocasión a la cual la autorizó para

realizar los trámites para la obtención del bono pensional y procedió a realizar el análisis y la proyección de la prestación con base en los dineros depositados a su favor en la cuenta de ahorro individual, concluyendo que contaba con el capital necesario para financiar la pensión de vejez anticipada y aprobando su concesión. Expuso que accedió al pago de la prestación por reunirse los requisitos de que trata el artículo 64 de la Ley 100 de 1993 a partir del 30 de abril de 2014, el que continuaba realizando a la fecha en que se presentó la demanda de reconvención, bajo la modalidad de retiro programado sin negociación del bono pensional elegida por el pensionado, lo que denotaba la mala fe y abuso del derecho del demandado quien no ofrecía el reintegro de los valores ya recibidos por la AFP. Luis Javier Londoño contestó la demanda de reconvención oponiéndose a sus pretensiones. Frente a los hechos admitió que solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez, que autorizó el trámite del bono pensional con la precisión de que fue a solicitud de Protección S. A.; que a su favor y a partir del 30 de abril de 2014 se reconoció la

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Radicación n.° 96186 prestación y que eligió la modalidad de retiro programado, pero que ello obedeció a la recomendación de la AFP. De los demás adujo que no eran tales. En su defensa arguyó que lo pretendido no tenía vocación de prosperidad en la medida que no existía

obligación o causa legal para que se declare que a su favor se reconoció pensión de vejez, pues ello no es materia de debate, a diferencia del incumplimiento del deber de información que impone, que la AFP asuma los deterioros que ha sufrido su cuenta de ahorro individual por concepto de mesadas pensionales recibidas dados los efectos de la ineficacia solicitada. Enlistó como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; cobro de lo no debido y compensación por los perjuicios morales y materiales irrogados; prescripción; buena fe; violación al principio de confianza legítima; imposibilidad de condena en costas y la genérica. En la audiencia llevada a cabo el 2 de diciembre de 2019 al pronunciarse en torno a la excepción previa propuesta por Protección S. A., el juzgado de conocimiento la declaró probada y ordenó la vinculación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en calidad de litisconsorte necesario por pasiva. La entidad oficial dio respuesta a la demanda inicial

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Radicación n.° 96186 oponiendo a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la fecha de nacimiento del actor y que su traslado al RAIS ocurrió en febrero de 1996. De los demás refirió que no le constaban. En su defensa sostuvo que una vez revisado el sistema interactivo de bonos pensionales se podía establecer que el promotor de la contienda se encontraba vinculado al RAIS desde el 29 de febrero de 1996 cuando suscribió formulario

de afiliación con Protección S. A. y que en la actualidad se encontraba pensionado, prestación a la que accedió de manera anticipada. Informó que dadas las condiciones de la historia laboral del demandante a su favor emitió un bono pensional tipo A modalidad 2, a través de las Resoluciones 12280 del 26 de marzo de 2014 y 16957 del 25 de agosto de 2017, el que de acuerdo a la liquidación provisional generada el 26 de febrero de ese mismo año concurre como emisor la Nación y participaba como contribuyente Colpensiones con su respectivo cupón, siendo su fecha de redención normal el 19 de agosto de 2017, cuando el pensionado arribó a los 62 años de edad. Formuló como excepciones de mérito las que denominó pago de la diferencia del cálculo establecido en la sentencia CC SU062-2010 y; reintegro de los valores pagados por concepto de bono pensional.

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante

fallo del 26 de agosto de 2021 dispuso:

PRIMERO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA

DE PENSIONES COLPENSIONES EICE, la NACIÓN –

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. de la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra por el señor LUIS JAVIER LONDOÑO tanto

pretensiones principales y subsidiarias enunciadas en la demanda.

SEGUNDO: DEJAR INCÓLUME el estatus pensional del demandante LUIS JAVIER LONDOÑO, su afiliación y las actuaciones surtidas por esta para la consolidación de su derecho pensional.

TERCERO: DESESTIMAR las pretensiones elevadas por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. en la demanda de reconvención, pues fueron interpuestas ante la prosperidad de las pretensiones de la demandante.

CUARTO: CONDENAR en costas al señor LUIS JAVIER LONDOÑO, fijan como agencias en derecho el valor de $454.263, a favor de la parte demandada.

QUINTO: ABSOLVER al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – Oficina de Bonos Pensionales de cualquier responsabilidad en esta causa.

SEXTO: ADVERTIR que de no ser apelada la presente providencia se remitirá el proceso a la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al resolver el grado jurisdiccional de consulta a favor del actor, mediante proveído del 6 de mayo

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Radicación n.° 96186 de 2022 confirmó la decisión de primer grado sin imponer costas en esa instancia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el juez plural fijó como problemas jurídicos a resolver, si era viable

declarar la ineficacia del traslado del demandante, teniendo en cuenta su estatus de pensionado y, en caso de serlo, si había lugar a ordenar el traslado a Colpensiones de los valores solicitados en la demanda, para que sea este último quien reconozca la pensión, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación. Así mismo determinar la prosperidad de la demanda de reconvención interpuesta por Protección S. A.; por último y en caso de no salir avante la declaratoria de ineficacia, analizar si procedía la reparación de perjuicios a cargo del fondo privado y a favor del actor. De manera preliminar destacó que Luís Javier Londoño gozaba de una pensión de vejez anticipada, en la modalidad de retiro programado sin negociación de bono pensional, reconocida por Protección S. A., la cual venía disfrutando desde el 1 de mayo de 2014, con una mesada inicial de $2.790.932 que para el año 2018 ascendía a $3.333.357; de manera que era posible concluir, que se trataba de una persona pensionada mas no afiliada al RAIS, tal y como se había aceptado por el actor en el interrogatorio de parte. A renglón seguido y para establecer si la ineficacia deprecada era procedente, destacó que, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, el traslado de régimen debía

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Radicación n.° 96186 estar precedido de toda la información relevante para la toma de la decisión, lo que imponía que las AFP proporcionaran a quien «pretenda captar como su afiliado», una información

suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que le llevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Anotó que la figura de la ineficacia era una consecuencia prevista en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitiera suministrar información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido que tenía como consecuencia no producir sus efectos propios. A continuación, sostuvo que para definir el conflicto se apoyaría en la línea jurisprudencial de esta Corte Suprema de Justicia vertida en las sentencias «31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019» así como en las decisiones de esa colegiatura identificadas como «STL 3716, STL4001, STL4084, SL2611, SL2877, SL4811 de 2020; SL1217, SL782 de 2021; y SL445 de 2022». Afirmó que en el asunto no había duda alguna de que el traslado inicial del actor al RAIS operó el 29 de febrero de 1996. según daba cuenta el «folio 163 de la demanda digitalizada», calenda para la cual, de acuerdo con lo consignado en la providencia CSJ SL1452-2019, la

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obligación de la administradora privada demandada era la de brindar la información necesaria y transparente, características que brillaban por su ausencia. Pero que no podía pasarse por alto el hecho de que al demandante se le reconoció una pensión de vejez bajo la modalidad de retiro programado sin negociación de bono pensional. Se remitió a la sentencia de unificación del 14 de agosto de 2019, proferida por ese Tribunal dentro del proceso con radicado 05-001-31-05-007-2015-01295, y afirmó que, de acuerdo con esta, no era procedente declarar la ineficacia de traslado tratándose de pensionados; postura que, dijo, también se había adoctrinado por esta Corte en la decisión CSJ SL373-2021 en la que se había abandonado el criterio que si lo permitía. Se refirió a la providencia de la Sala primera de decisión de esa colegiatura, de fecha 18 de septiembre de 2018, en torno a la distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar de la pensión y, resaltó que, para el asunto en concreto, no había duda de que el demandante gozaba de una pensión anticipada de vejez en la modalidad de retiro programado sin negociación de bono pensional, otorgada por Protección S. A., y por ende, al tenor de lo también enseñado en la decisión CC C841-2003, era clara la limitación de la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras. Señaló que la prohibición de traslado para quienes les faltaren menos de diez años para pensionarse, introducida

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Radicación n.° 96186 en la Ley 100 de 1993 en el artículo 13, modificada por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, también había sido avalada por la Corte Constitucional en la sentencia CC C1024-2004, con consideraciones que si bien se referían a una norma posterior, reafirmaban la pertinencia de esas limitaciones respecto de la movilidad entre regímenes para defender la sostenibilidad del sistema, con mayor razón cuando, como en este asunto, ya se estaba en disfrute del derecho pensional. Enfatizó en que existía una gran diferencia entre las calidades de afiliado y pensionado en el ordenamiento jurídico, como lo reflejaban las regulaciones consignadas en los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, y el artículo 1 de la Ley 1748 de 2014, como se avalaba por esta Corte en la decisión CSJ SL373-2021, en la que, señaló, se analizó un asunto de similares contornos. Así las cosas, explicó que al no existir reparo en que el actor adquirió la calidad de pensionado desde el año 2014, bajo la modalidad de retiro programado sin negociación de bono pensional, como claramente lo demostraba el documento anexado con la demandada de folios 46 a 48; la ausencia de información, que debió darse en un primer momento como afiliado, debía entenderse superada con la celebración del nuevo acto jurídico de pensionado, sin dejar de lado que, «también lo que se está propugnando, es la

sostenibilidad financiera del sistema». Afirmó que lo decidido no transgredía los artículos 48 y

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Radicación n.° 96186 53 de la CP, puesto que lo que se buscaba era la protección de todos los principios del sistema pensional, dentro de los que se encontraba el de eficiencia, cuyo propósito se definió en la sentencia CC C841-2003 e imponía confirmar la decisión consultada y, además, hacía innecesario efectuar algún otro pronunciamiento sobre los problemas jurídicos que se planteaban en la demanda de reconvención. Respecto a la reparación de perjuicios a cargo de la AFP, sustentada en que el reconocimiento pensional por parte del RAIS, debido a la inducción en error en que se hizo incurrir al actor, lo ha sumido en un estado de angustia y aflicción, y que así mismo le hizo generar un gasto al contratar una asesoría profesional de abogado; indicó que, según la actual línea jurisprudencial de esta Corte, era posible perseguir dicha reparación, estando a su cargo la prueba de los mismos, lo que respaldó en un aparte de la sentencia CSJ SL5174-2021. Sobre el presupuesto de prueba del daño, precisó que había sido advertido desde la decisión CSJ SL1689-2019, en la que esta Sala de Casación Laboral como tribunal de instancia, al estudiar la pretensión de perjuicios presentada por el accionante, señaló que no era posible acceder a la misma en la medida que no existía prueba cierta de su causación. Siendo claro entonces que era carga del

demandante demostrar cuál fue el daño ocasionado que pretendía le fuera indemnizado, puesto que la sola afirmación de haberlo sufrido e incluso cuantificarlo en su demanda, no era prueba de su existencia, ya que no era

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Radicación n.° 96186 presumible. Así, concluyó que, al no existir demostración alguna del daño causado, la pretensión indemnizatoria del actor frente a Protección S. A., debía ser resuelta de forma desfavorable, por lo que confirmaba la decisión de primera instancia.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que esta corporación case la sentencia fustigada, para que, en sede de instancia, «se sirva REVOCAR La sentencia del Juez A-quo, para en su lugar acoger las súplicas deprecadas, o en SUBSIDIO, solicito la CASACIÓN PARCIAL del fallo impugnado, y en sede de instancia, se proceda a fulminar condena en perjuicios en contra de la AFP demandada». (La negrilla corresponde al texto).

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados de manera conjunta por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por Colpensiones, los cuales se resolverán de la misma manera, pues además de que se dirigen por igual senda, sus argumentos se complementan entre sí y buscan idéntico propósito.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia del Tribunal en los siguientes términos: Por la vía directa, el fallo gravado infringe, por interpretación errónea el artículo 107 de ley 100 de 1993; en relación con los artículos 271, (sanción jurídica-Ineficacia por violación al consentimiento informada); 13 literal b (selección de régimen libre y voluntaria); 272 (inaplicación normas de seguridad social cuando atentan o violan la libertad, dignidad y los derechos de los trabajadores y erigiendo en reglas los principios consagrados en el art. 53 superior); art. 60 literal c inc 3º de Ley 100/93obligación expresa de información a los afiliados para tomar decisiones informadas); mod., por el art. 138 de Ley 1753/15; en armonía con los arts. 33,34 de Ley 100/93 mod. por el art. 9 de Ley 797/03 (requisitos para la pensión de vejez); art. 1 Ley 100/93, (objeto de la seguridad social-los derechos irrenunciables y calidad de vida acorde con la dignidad humana); art. 97 del Dcto 663/93 mod., por el art. 23 Ley 795/03 (deber de información); Decreto 720/94, en sus arts. 4 incs 2-3

(idoneidad de los promotores de las AFP y responsabilidad por sus actos), art 10 (responsabilidad de las AFP) reglamentado por el art. 2.2.7.4.1 del Dcto 1833/16, (deber de diligencia,

información y responsabilidad de las AFP); y 12 compilado por el art. 2.2.7.4.3 del Dcto 1833/16 (obligación de las AFP en suministrar suficiente, amplia y oportuna información, no sólo al momento de la afiliación sino también durante toda la vinculación y con ocasión a las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado). Clausulado normativo, que se armonizan con los artículos 167 del Código general del proceso; art. 145 del C.P.T YSS; arts., 1603, 1604, 2341, 2343, 2347 del Código Civil; art. 16 de Ley 446/98 (reparación integral de perjuicios); artículos 3, 47 y 48 de la Ley 1328 de 2009; 3 de la Ley 1382 de 2009 en armonía con los artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 9 y 10 de la ley 797 de 2003, en relación con los artículos 50, 141 de la Ley 100 de 1993, 8 de la Ley 4 de 1976; y artículos 1 (pilares del Estado Social de Derecho-la dignidad humana), 2 (fines esenciales del Estado), 5 (derechos inalienables de la persona), 47 (derechos del adulto mayor), 48 (derecho a la seguridad social), 53 (irrenunciabilidad de derechos) y parágrafo del art. 334 de la Constitución Nacional (intangibilidad de los derechos fundamentales frente a la sostenibilidad fiscal). Para demostrar su reparo indica que a pesar de que se

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Radicación n.° 96186 advirtió por parte del fallador de la alzada que, la AFP privada violentó el consentimiento informado en el ámbito de la selección o afiliación al régimen de pensiones que, como bien lo tiene decantado esta corporación, debe ser libre, consciente, y voluntario, para lo que se requiere una información clara, concreta, adecuada, suficiente, coherente, veraz y oportuna de cara a que el afiliado tome una decisión libre y debidamente; cuya ausencia impone la prosperidad de las pretensiones, el colegiado no accedió, argumentando que la ineficacia así como las prohibiciones de traslado consagradas en el artículo 107 de Ley 100 de 1993 y 13 ibidem, modificado por el artículo 2 de Ley 797 de 2003, solo son aplicables tratándose de afiliados, mas no de pensionados, y que la falta de información se sanea con el reconocimiento de la pensión de vejez al comportar un nuevo acto jurídico. Aduce que las consideraciones del juez plural ponen de relieve la protección de la sostenibilidad fiscal del sistema que «si bien resulta plausible», no es suficiente para enervar la protección reforzada de los derechos de los trabajadores, de cara a que disfruten de una pensión de vejez digna, lo que por disposición constitucional implica desarrollar acciones afirmativas y ajustes razonables para lograr su eficaz protección, y no crear barreras jurídicas, cuando el mismo legislador no lo hizo, como se desprende de los art