CSJ - SL2969-2023

OLGA YINETH MERCHÁN CALDERÓN Magistrada ponente SL2969-2023 Radicación n.° 97172 Acta 44 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por HALLIBURTON LATÍN AMERICA SRL SUCURSAL COLOMBIA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 15 de mayo de 2018, en el proceso que instauró ALBERTO ISRAEL CORTÉS RODRÍGUEZ contra la empresa recurrente.

I. ANTECEDENTES Alberto Israel Cortés Rodríguez demandó a Halliburton Latín America SRL Sucursal Colombia, con el fin de que se declare que entre ellos existieron diferentes relaciones laborales (cuarenta y una), cuyos extremos constan en la certificación anexa, las que se desarrollaron entre el 18 de diciembre de 1963 y el 18 de julio de 1979, en cumplimiento

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Radicación n.° 97172 de los cuales laboró un total de 11 años, 10 meses y 18 días, lapso durante el cual el empleador no canceló los aportes a la seguridad social en pensiones. En consecuencia, solicitó condenar a la demandada al reconocimiento y pago de los aportes para pensión, debidamente actualizados, de acuerdo con el salario devengado en los periodos en los que se ejecutaron las relaciones laborales, previa realización del cálculo actuarial por parte de Colpensiones. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que el 22

de julio de 2015, radicó en las oficinas de la empresa demandada un derecho de petición, con el fin de que se tramitara el otorgamiento y desembolso de los aportes a la seguridad social en pensiones, correspondientes al periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 1963 y el 18 de julio de 1979, tiempo en el que estuvo vinculado con la demandada, mediante varios contratos de trabajo para la realización de obra o labor; y que dicha solicitud fue respondida el 26 de agosto de 2015, por medio de comunicación en la que se le informó que revisada la base de datos no se encontraron documentos que acreditaran su vinculación laboral. Manifestó que no se podía desconocer la certificación expedida por el gerente de Recursos Humanos de la empresa accionada, calendada el 22 de junio de 2007, con la que no solo se acreditaba la vinculación laboral, sino que, además, se relacionaban los tiempos laborados en los extremos ya

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Radicación n.° 97172 referidos; que el 8 de septiembre de 2015 radicó una nueva petición reiterando lo solicitado y que en virtud de que no fue contestado, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Décimo Civil Municipal. Agregó que, al no recibir respuesta de la empresa, impetró incidente de desacato, el cual estaba en trámite para el momento de presentación de la demanda; instante para el que, además, no había recibido respuesta alguna por parte de la accionada. Finalmente, arguyó que para cuando ingresó a prestar servicios devengaba un salario mensual de

$120.000 y a la finalización del vínculo percibía uno de $400.000. Al dar respuesta al escrito inaugural (f.° 73), la parte demandada se opuso a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa manifestó que el señor Alberto Israel Cortés Rodríguez nunca celebró contratos de trabajo con esa empresa; que no estaba obligada afiliar y pagar aportes al sistema de seguridad social a favor del demandante por cuanto «jamás» existió relación alguna entre ellos; y que las empresas pertenecientes al sector petrolero se encontraban excluidas de la obligación de pagar aportes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año. Agregó que el mismo demandante en las solicitudes del 15 de septiembre de 2004, 12 de enero de 2006 y 9 de enero

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Radicación n.° 97172 de 2007 manifestó que laboró para la firma GSI, hoy HGS Incorporated, sociedad con la que nunca tuvo nada que ver; que la certificación del 22 de junio de 2007, aportada por la parte actora, contenía una serie de defectos, como quiera que se refería a vínculos sostenidos por el demandante con un tercero, y además, los tiempos no concordaban con los extremos temporales de los supuestos convenios. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de las obligaciones reclamadas, descripción, cobro de lo no debido, enriquecimiento sin justa causa, buena fe, abuso del derecho y mala fe, falta de título y causa

en el demandante, falta de legitimación en la causa, pago y compensación, y la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante providencia del 11 de octubre de 2017, resolvió absolver a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra; declarar probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido; y dispuso surtir el grado jurisdiccional de consulta, en caso de que la sentencia no fuera apelada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante proveído del 15 de mayo de

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Radicación n.° 97172 2018, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, decidió: PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada emitida el 11 de octubre de 2017 por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, para en su lugar, condenar a la demandada HALLIBURTON LATIN AMÉRICA SRL SUCURSAL COLOMBIA, para que previo cálculo actuarial efectuado por el fondo de pensiones al que se encuentre actualmente afiliado el demandante, señor ALBERTO ISRAEL CORTÉS RODRÍGUEZ, con arreglo al Decreto 1887 de 1994, sobre un IBC de un (1) SMLMV para cada anualidad, pague las sumas correspondientes

por aportes a pensión por los siguientes periodos:

1. Del 18 de diciembre de 1963 al 20 de junio de 1965.

2. Del 21 de junio de 1966 al 30 de agosto de 1966.

3. Del 31 de agosto de 1966 al 7 de octubre de 1966.

4. Del 8 de octubre de 1966 al 18 de febrero de 1967.

5. Del 19 de febrero de 1967 al 23 de abril de 1967.

6. Del 24 de abril de 1967 al 4 de febrero de 1968.

7. Del 5 de febrero de 1968 al 16 de marzo de 1968.

8. Del 17 de abril de 1968 al 5 de octubre de 1968.

9. Del 2 de enero de 1969 al 2 de febrero de 1969.

10. Del 18 de febrero de 1969 al 20 de abril de 1969.

11. Del 4 de diciembre de 1969 al 13 de febrero de 1970.

12. Del 19 de febrero de 1970 al 23 de agosto de 1970.

13. Del 27 de octubre de 1970 al 31 de diciembre de 1970.

14. Del 1 de enero de 1971 al 4 de abril de 1971.

15. Del 4 de mayo de 1971 al 24 de octubre de 1971.

16. Del 23 de noviembre de 1971 al 11 de abril de 1972.

17. Del 6 de enero de 1973 al 16 de julio de 1973.

18. Del 3 de agosto de 1973 al 18 de noviembre de 1973.

19. Del 3 de enero de 1974 al 24 de febrero de 1974.

20. Del 25 de febrero de 1974 al 14 de abril de 1974.

21. Del 22 de abril de 1974 al 20 de agosto de 1974.

22. Del 9 de octubre de 1974 al 9 de febrero de 1975.

23. Del 7 de febrero de 1975 al 11 de mayo de 1975.

24. Del 16 de mayo de 1975 al 26 de septiembre de 1975.

25. Del 25 de noviembre de 1975 al 17 de abril de 1976.

26. Del 24 de abril de 1976 al 27 de septiembre de 1976.

27. Del 14 de octubre de 1976 al 26 de noviembre de 1976.

28. Del 27 de noviembre de 1976 al 17 de febrero de 1977.

29. Del 21 de febrero de 1977 al 13 de marzo de 1977.

30. Del 25 de agosto de 1977 al 8 de octubre de 1977.

31. Del 1 de diciembre de 1977 al 10 de marzo de 1978.

32. Del 13 de marzo de 1978 al 18 de mayo de 1978.

33. Del 31 de mayo de 1978 al 4 de julio de 1978.

34. Del 21 de julio de 1978 al 3 de agosto de 1978.

35. Del 3 de noviembre de 1978 al 12 de noviembre de 1978.

36. Del 6 de febrero de 1979 al 11 de marzo de 1979.

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37. Del 12 de marzo de 1979 al 18 de abril de 1979.

38. Del 9 de abril de 1979 al 18 de julio de 1979.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la demandada.

TERCERO: ABSOLVER a la demandada de las restantes pretensiones incoadas en su contra.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera a cargo de la parte demandada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el demandante pretendía que se condenara a la accionada a pagar las semanas dejadas de cotizar «durante los extremos de los múltiples contratos por obra o labor suscritos entre el 18 de noviembre el 63 y el 18 de noviembre del 79»; y que en su defensa, Halliburton argumentaba que el actor sostuvo una relación laboral con personas jurídicas diferentes y ajenas a ella; y además, que las empresas del sector petrolero no habían sido llamadas a incorporarse al régimen de seguridad social establecido por las Leyes 6 de 1945 y 90 de 1946. Por tanto, como la empresa accionada aducía que no se trataba de la misma empresa con la que el demandante sostuvo un contrato de trabajo desde el año 1963, debía «establecer a qué se dedica cada una de las sociedades y la existencia del vínculo laboral alegado». Señaló que, con base en los certificados de existencia y representación (f.os 29-33 y 99-97) establecía que la empresa Halliburton Latinoamérica SRL Sucursal Colombia, cambió de razón social el 12 de junio de 2014, pues antes se

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denominaba Halliburton Latinoamérica SA LC desde el 22 de diciembre del 2011 y se dedicaba a la prestación de servicios para la industria petrolera en diferentes ramos, la cual fue creada en 1977 e inscrita en Colombia como sucursal de la matriz (f. 29). Acto seguido aludió a las diferentes fusiones y transformaciones que ha tenido la demandada, tanto en la sucursal de Colombia como en la casa matriz. Después de referirse de manera pormenorizada a todos los medios de convicción allegados al proceso, concluyó que el demandante prestó servicios para la empresa Geofísical Service Incorporated, «cuyo nombre de la sucursal Colombia era inicialmente HGS Incorporated, mediante inscripción del 17 de noviembre de 1993 se protocolizaron los documentos de la fusión de las casas matrices Halliburton Company y Hgs Incorporated, quedando vigente solamente Halliburton Company»; y que contrario a lo afirmado por la pasiva, en virtud de las fusiones realizadas entre las diferentes empresas, conforme a lo dispuesto en los artículos 172 y 178 del Código de Comercio, la sociedad absorbente o la nueva que se constituye adquiría todos los derechos y obligaciones de las empresas absorbidas o disueltas, correspondiéndole a la demandada el pago de todo el pasivo interno y externo de estas (CSJ SL18906-2017). Por consiguiente, con ocasión a las fusiones y a pesar de los múltiples cambios de razón social de la empresa, lo cierto era que Halliburton Latin América SRL Sucursal Colombia, era quien debía responder por todas las obligaciones y pasivos de las sociedades absorbidas como el

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caso del cálculo actuarial acá debatido. Acorde con lo anterior, insistió, la llamada a este proceso era la obligada a responder por las obligaciones laborales que pudieron quedar insolutas por todo el tiempo de servicios que prestó el actor. Así, según la certificación expedida el 23 de enero de 1991 por Hgs Incorporated (f.° 100), la cual refería los mismos periodos consignados en la suscrita por la gerente de Recursos Humanos de Halliburton Latinoamérica S. A. (f.° 28), establecía que el señor Alberto Israel Cortés se vinculó con la demandada, mediante contratos de obra o labor, así:

1. Del 18 de diciembre de 1963 al 20 de junio de 1965.

2. Del 21 de junio de 1966 al 30 de agosto de 1966.

3. Del 31 de agosto de 1966 al 7 de octubre de 1966.

4. Del 8 de octubre de 1966 al 18 de febrero de 1967.

5. Del 19 de febrero de 1967 al 23 de abril de 1967.

6. Del 24 de abril de 1967 al 4 de febrero de 1968.

7. Del 5 de febrero de 1968 al 16 de marzo de 1968.

8. Del 17 de abril de 1968 al 5 de octubre de 1968.

9. Del 2 de enero de 1969 al 2 de febrero de 1969.

10. Del 18 de febrero de 1969 al 20 de abril de 1969.

11. Del 4 de diciembre de 1969 al 13 de febrero de 1970.

12. Del 19 de febrero de 1970 al 23 de agosto de 1970.

13. Del 27 de octubre de 1970 al 31 de diciembre de 1970.

14. Del 1 de enero de 1971 al 4 de abril de 1971.

15. Del 4 de mayo de 1971 al 24 de octubre de 1971.

16. Del 23 de noviembre de 1971 al 11 de abril de 1972.

17. Del 6 de enero de 1973 al 16 de julio de 1973.

18. Del 3 de agosto de 1973 al 18 de noviembre de 1973.

19. Del 3 de enero de 1974 al 24 de febrero de 1974.

20. Del 25 de febrero de 1974 al 14 de abril de 1974.

21. Del 22 de abril de 1974 al 20 de agosto de 1974.

22. Del 9 de octubre de 1974 al 9 de febrero de 1975.

23. Del 7 de febrero de 1975 al 11 de mayo de 1975.

24. Del 16 de mayo de 1975 al 26 de septiembre de 1975.

25. Del 25 de noviembre de 1975 al 17 de abril de 1976.

26. Del 24 de abril de 1976 al 27 de septiembre de 1976.

27. Del 14 de octubre de 1976 al 26 de noviembre de 1976.

28. Del 27 de noviembre de 1976 al 17 de febrero de 1977.

29. Del 21 de febrero de 1977 al 13 de marzo de 1977.

30. Del 25 de agosto de 1977 al 8 de octubre de 1977.

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31. Del 1 de diciembre de 1977 al 10 de marzo de 1978.

32. Del 13 de marzo de 1978 al 18 de mayo de 1978.

33. Del 31 de mayo de 1978 al 4 de julio de 1978.

34. Del 21 de julio de 1978 al 3 de agosto de 1978.

35. Del 3 de noviembre de 1978 al 12 de noviembre de 1978.

36. Del 6 de febrero de 1979 al 11 de marzo de 1979.

37. Del 12 de marzo de 1979 al 18 de abril de 1979.

38. Del 9 de abril de 1979 al 18 de julio de 1979.

Precisó que, si bien en la certificación de folio 100 se relacionaba como último contrato el vigente, el que operó entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre de 1979, tomaba como último vínculo el ejecutado entre el 9 de abril y el 18 de julio de 1979, conforme a lo solicitado en la demanda inaugural. Respecto al salario devengado, consideró que como no existía prueba en el plenario que permitiera establecer la remuneración real del actor, tenía en cuenta el «valor equivalente al salario mínimo legal vigente para cada anualidad». En relación con los aportes, indicó que la Ley 100 del 93 centralizó el Sistema de Seguridad Social Integral, cuya estructura se extiende en tres regímenes: pensiones, salud y riesgos laborales; y que el primero estaba diseñado para que con los aportes que hicieran conjuntamente el empleador y el trabajador, cuando las exigencias legales de causación del

derecho pensional se reunieran, la administradora respondiera al pensionado por su mesada. Después de citar literalmente el artículo 22 de la Ley 100 de 1993, consideró que, teniendo en cuenta que la

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Radicación n.° 97172 empresa demandada manifestó que no efectuó los respectivos aportes por no existir obligación para la época de los contratos reclamados, se remitía a lo dispuesto en la sentencia CJS SL, 26 feb. 2011, rad. 36684, de la que citó el siguiente aparte: “Al efecto, basta observar que mediante Decreto 1993 de 24 de octubre de 1967, que aprobó el Acuerdo 257 de 13 de septiembre de ese año, expedido por el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, se ordenó la inscripción a la entidad para el cubrimiento de los riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, entre otros, de los ‘patronos’ que ‘tienen que inscribirse e inscribir a sus trabajadores’ que cumplieran actividades industriales extractivas del petróleo y sus derivados, la cual se cumpliría ‘en las fechas que determine, por resolución, la Dirección General del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales’, para decirlo en las palabras de la citada disposición. “El aludido decreto, como lo señala la empresa en su réplica, luego de algunas vicisitudes vino a concretarse en la Resolución número 4250 de 28 de septiembre de 1993, por medio de la cual la Presidencia de la entidad de seguridad social resolvió fijar como fecha de iniciación de inscripción en el Régimen de los

Seguros Sociales Obligatorios, entre ellos los de Invalidez, Vejez y Muerte, ‘para las personas naturales y jurídicas, de derecho privado y sus contratistas independientes y para los trabajadores de los citados empleadores, que se dediquen a la actividades extractivas de la industria del petróleo y sus derivados …’, el 1º de octubre de 1993, atendiendo ‘las zonas geográficas en donde el Instituto haya extendido cobertura y llamado a inscripción’. Afirmó que la obligación de cotizar para los seguros de invalidez, vejez y muerte comenzó a partir del 1 de octubre de 1993, atendiendo la zona geográfica en donde se hubiera extendido la cobertura, es decir, que para la época en la que el señor Alberto Israel Cortés solicitaba el pago de los aportes por los tiempos laborados en diferentes contratos por obra o labor, dentro del periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 1973 y el 18 de julio de 1979, la empresa empleadora no tenía tal obligación por no encontrarse

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Radicación n.° 97172 cubierta la zona geográfica en la que trabajaba el actor. No obstante, argumentó que la Ley 90 de 1946 creó una obligación trascendental en la relación de las empresas con sus trabajadores, consistente en realizar la provisión correspondiente en cada caso para que fuera entregada al Instituto de Seguros Sociales cuando este asumiera el pago de la pensión de jubilación, pues a pesar de que la instauración fue paulatina, desde la vigencia de la ley se «impuso la obligación a los empleadores de hacer los

aprovisionamientos de capital necesarios para realizar las cotizaciones al sistema del seguro social». Agregó que no desconocía que la industria petrolera tuvo un tratamiento diferente, por cuanto la obligación de afiliación al Instituto no surgió a la par de las demás empresas, puesto que a pesar de que el Decreto 1993 de 1967 y el Decreto 064 de 1968, aprobatorios de los acuerdos 267 y 264 respectivamente, ordenaron la inscripción para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al ISS de los trabajadores de ese sector, no fijaron la fecha en que iniciarían las cotizaciones. Afirmó que los Decretos 1650 de 1987 y 3063 de 1989 ordenaron la afiliación obligatoria de los trabajadores de la industria del petróleo y sus derivados, por medio de la Resolución 4250 de 1993; y finalmente, se estableció como data definitiva de inscripción en el régimen de seguro social obligatorio a las personas jurídicas de derecho privado y contratistas independientes y para los trabajadores de la

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Radicación n.° 97172 industria del petróleo con la expedición de la Ley 100 de 1993, la que creó el Sistema de Seguridad Social Integral. Expuso que en el presente asunto, resultaba fundamental resaltar que, si bien para las empresas de petróleo la obligación de afiliar a sus empleados al ISS «surgió con la expedición de la Resolución 4250 de 1993, la obligación de hacer los aprovisionamientos de capital necesarios para hacer los aportes al instituto en los casos en que este asumiera dicha obligación surgió con el artículo 72 de la Ley 90 de

1946», plenamente aplicable a las empresas de petróleos, pues únicamente lo que se prorrogó fue el tiempo en el que las cotizaciones se transfirieran al ISS. Así las cosas, la falta de pago de los aportes representaba un riesgo para el demandante, por lo que era claro que la pretensión debía «encontrar eco favorable»; por tanto, como no hubo pago de los aportes de pensión, condenaba a la demandada para que, previo el cálculo actuarial efectuado por el fondo de pensiones al que se encontrara afiliado el actor, con arreglo al Decreto 1887 de 1994, sobre un IBC de un SMLMV, pague las sumas correspondientes a los periodos relacionados, desde el 18 de diciembre de 1963 hasta el 18 de julio de 1979, con los intervalos referidos. En cuanto a la excepción de prescripción, adujo que el cálculo actuarial por no pago de cotizaciones, debido a la no afiliación a pensiones por el tiempo que la demandada tenía a su cargo la asunción del riesgo «es imprescriptible, por lo

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Radicación n.° 97172 que no puede aplicarse la prescripción establecida en el artículo 151 del código procesal del trabajo» y, en consecuencia, no tenía vocación de prosperidad.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia,

confirme la del Juzgado. Con tal propósito formula un cargo por la causal primera de casación, frente al que no se presenta réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa por la vía directa la aplicación indebida los artículos 72 y 76 de la ley 90 de 1946; 20 y 33 de la Ley 100 de 1993; 20 y 21 del Decreto 2665 de 1988; 13 y 83 de la Constitución Política; y 1 del Decreto 1887 de 1994. Así mismo, imputa la infracción directa de los artículos 149 y 150 del CST; 21 del Decreto 1824 de 1965 y 38 del Decreto 3041 de 1966.

Después de manifestar que acepta los supuestos fácticos que dio por acreditados el juez de segundo grado y

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Radicación n.° 97172 de transcribir algunos apartes de la sentencia fustigada, indica que la decisión es contradictoria por lo siguiente: Alega que con fundamento en el artículo 72 de la Ley 90 de 1946, afirmó el sentenciador que estaba en la obligación de «realizar reservas o apropiaciones de capital, con el fin de sufragar los aportes pensionales de sus trabajadores», antes de la asunción del riesgo de los trabajadores de la industria del petróleo por parte del ISS; sin embargo, al imponer la condena acudió a normas posteriores a la terminación del contrato, como son el Decreto 1887 de 1994, reglamentario del parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para con

base en ellas concluir que le corresponde la elaboración de un «título pensional y no el pago de aportes en pensión». Itera que con base en esa disposición se estableció que debía reservar y apropiar el valor de los aportes causados antes de que iniciara la cobertura del seguro social en empresas de la industria del petróleo; por tanto, debió ordenarse «pagar los aportes al sistema de seguridad social» y no un título pensional, concepto que difiere sustancialmente de aquellos. Recalca que resulta arbitrario y contrario a los principios de legalidad, imperio de la ley y seguridad jurídica aplicar disposiciones legales entradas en vigor en 1994 a relaciones laborales finalizadas entre 1963 y 1979, pues bajo ningún supuesto una disposición legal puede tener «efectos retroactivos» respecto de un contrato de trabajo terminado antes de su vigencia. Por ello, carece de sustento la

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Radicación n.° 97172 realización de un cálculo actuarial a nombre del actor. Aduce que, ante la existencia de un conflicto de disposiciones que regulan el asunto, aquella que se considere pertinente debe aplicarse en su totalidad, en vez de usar apartes de una norma para unos efectos y retazos de otra para otros. Por tanto, si se concluyó que la Ley 90 de 1946 era la aplicable, se debió ordenar el pago de los aportes pensionales. Añade que, conforme a lo regulado en el artículo 16 del CST, resulta evidente que la situación jurídica del demandante se encontraba consolidada para el momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, la cual no puede

tener efectos retroactivos respecto de un contrato de trabajo finalizado antes de su vigencia. Argumenta que, si lo anterior no fuera suficiente, el propio parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 proscribe expresamente su aplicación en forma retroactiva, porque el literal c) dice que para la pensión de vejez se debe tener en cuenta el tiempo de servicio a empleadores que antes de su vigencia tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, «siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993», disposición respecto de la cual la Corte Constitucional consideró que no existía discriminación alguna, dado que garantizaba el estado derecho y la «no retroactividad de la ley, tal como se aprecia en las sentencias CC C177-1998 y CC

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Radicación n.° 97172 C506-2001, de las cuales cita algunos apartes. Por consiguiente, habiendo dado por probado el Tribunal que el último vínculo contractual con el demandante finalizó en 1979, resulta contrario a los fines del estado social de derecho, aplicar retroactivamente el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en la forma como se hizo, pues se empleó para regular una relación laboral finalizada antes de la vigencia de dicha norma legal. Asegura que el mismo artículo 1 del Decreto 1887 de 1994 determina su campo de aplicación, pues señala que la metodología para el cálculo actuarial rige los contratos de trabajo que estuvieren vigentes al «23 de diciembre de 1993 o se hubieren iniciado con posterioridad a dicha fecha», de

conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.” Remata con el argumento de que es consciente que esta Corte, en sentencias recientes, concretamente la SL25842020 y SL509-2021, ha sostenido la idea de que el título pensional es el mecanismo idóneo para cumplir con obligaciones como las que son objeto de condena en el presente proceso; sin embargo, señala que los discernimientos allí planteados resultan claramente desvirtuados, pues el título pensional tiene por finalidad cubrir los periodos no cotizados por el empleador e integrar el capital que se requiere para el reconocimiento de la prestación de vejez, lo cual se desvirtúa el pago de aportes al que alude la Ley 90 de 1946, dado que con ellos se garantizan

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Radicación n.° 97172 los derechos del trabajador, sin lastimar los del empleador pues se emite una orden compatible y congruente con la norma legal; la responsabilidad financiera del empleador persiste, aún ante la falta de cobertura del ISS; y no puede ser un hecho irrelevante que la relación laboral no estuviese vigente a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, pues no se puede desconocer lo que expresamente proscribe el literal c) mencionado. Por otra parte, afirma que las cotizaciones deben ser compartidas, pues con independencia de que se ordene el «pago de aportes y no la constitución de un título pensional; no puede perderse de vista que conforme a lo establecido en el artículo 20 de la ley 100 de 1993 “Los empleadores pagarán

el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante”»; disposición que permite concluir que la cotización al sistema de seguridad social en pensiones no se encuentra en su totalidad a cargo del empleador, sino que es compartida entre las partes del contrato de trabajo. Por tanto, no podía ser obligada a asumir en su totalidad el aporte a pensiones, máxime que no tenía ninguna autorización legal para efectuar descuentos destinados a pensiones respeto de un trabajador excluido en vigencia de su contrato de trabajo del sistema de seguridad social por expresa disposición legal. Entonces, itera, «si se considerara que hay obligación del empleador de pagar aportes en pensiones respecto de periodos en los que la ley prohibía y sancionaba tal afiliación, no sería equitativo ni apegado a la ley obligar al empleador a asumir la porción de la cotización a

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Radicación n.° 97172 cargo del trabajador». Finalmente, recalca que resulta contrario al derecho de igualdad que en los contratos de trabajo con tiempos de servicio anteriores al cubrimiento del riesgo de vejez por parte del sistema de seguridad social el costo del aporte deba ser asumido en su totalidad por el empleador y, por otra parte, si el lapso laborado es posterior a la asunción de dicho riesgo, el costo sea compartido entre el empleador y el trabajador, cuando desde la creación misma del ISS, el aporte a pensiones ha sido compartido entre las partes, tal como se estableció en la sentencia T-281 de 2020. Culmina con la afirmación de que se le impuso una

carga desproporcionada, aplicándole una medida sancionatoria al obligarla a asumir la totalidad de las cotizaciones, máxime que la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias, ha manifestado que no se puede perder la naturaleza tripartita del sistema.

VII. CONSIDERACIONES Dada la senda directa seleccionada por la censura, no son objeto de inconformidad alguna los siguientes supuestos fácticos: i) el demandante nació el 30 de diciembre de 1941, por lo que arribó a la edad de 60 años el mismo día y mes de 2001, esto es, después de la vigencia del Sistema General de Pensiones; ii) Alberto Israel Cortés prestó servicios a la sociedad Geofísical Service Incorporated, posteriormente denominada Hgs Incorporated, hoy Halliburton Latín

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Radicación n.° 97172 América SRL Sucursal Colombia, mediante los siguientes contratos de trabajo:

1. Del 18 de diciembre de 1963 al 20 de junio de 1965.

2. Del 21 de junio de 1966 al 30 de agosto de 1966.

3. Del 31 de agosto de 1966 al 7 de octubre de 1966.

4. Del 8 de octubre de 1966 al 18 de febrero de 1967.

5. Del 19 de febrero de 1967 al 23 de abril de 1967.

6. Del 24 de abril de 1967 al 4 de febrero de 1968.

7. Del 5 de febrero de 1968 al 16 de marzo de 1968.

8. Del 17 de abril de 1968 al 5 de octubre de 1968.

9. Del 2 de enero de 1969 al 2 de febrero de 1969.

10. Del 18 de febrero de 1969 al 20 de abril de 1969.

11. Del 4 de diciembre de 1969 al 13 de febrero de 1970.

12. Del 19 de febrero de 1970 al 23 de agosto de 1970.

13. Del 27 de octubre de 1970 al 31 de diciembre de 1970.

14. Del 1 de enero de 1971 al 4 de abril de 1971.

15. Del 4 de mayo de 1971 al 24 de octubre de 1971.

16. Del 23 de noviembre de 1971 al 11 de abril de 1972.

17. Del 6 de enero de 1973 al 16 de julio de 1973.

18. Del 3 de agosto de 1973 al 18 de noviembre de 1973.

19. Del 3 de enero de 1974 al 24 de febrero de 1974.

20. Del 25 de febrero de 1974 al 14 de abril de 1974.

21. Del 22 de abril de 197