CSJ - SL2969-2024

SCLAJPT-10 V.00

MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO Magistrada ponente SL2969-2024 Radicación n.° 101529 Acta 35 Bogotá D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024). La Sala decide el recurso de casación que TERMOBARRANQUILLA SA ESP interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla profirió el 30 de noviembre de 2022, en el proceso que ISAAC ANTONIO PALIS

NAVARRO, JONATHAN MEZA CARBONÓ, JOSÉ DANIEL

VÁSQUEZ, DANIEL DE JESÚS CORRAL QUINTANA , LUIS

ALBERTO PERILLA CONTRERAS , JOAQUÍN ISAÍAS

MOSQUERA GARCÍA, HUGO RODRIGO NAVARRO ARCOS y CARLOS ALBERTO CASTRO MALDONADO instauraron en su contra.Radicación n.° 101529

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I. ANTECEDENTES Los citados actores demandaron a Termobarranquilla SA ESP, con el fin de que les reconociera y pagara los incrementos de los viáticos devengados entre los años 2009 a 2014, de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor anual pactado en el artículo décimosegundo de la

Convención Colectiva de Trabajo 2004-2007. En consecuencia, se le condenara a continuar incrementando y cancelando anualmente los viáticos; junto con la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y los

Convención Colectiva de Trabajo 2004-2007. En consecuencia, se le condenara a continuar incrementando y cancelando anualmente los viáticos; junto con la reliquidación y pago de las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social, así como la sanción moratoria consagrada en el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Señalaron que, el 23 de abril de 2004, la demandada suscribió con el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Sintraelecol, la convención colectiva de trabajo que regiría las relaciones entre las partes para el período comprendido desde el 1.° de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, y que aún se hallaba vigente. Asimismo, indicaron que laboraban en la entidad y como afiliados a Sintraelecol – Seccional Corelca-, todos se encontraban en permiso sindical permanente. Advirtieron que el rubro de viáticos no fue incrementado de acuerdo con lo establecido en el instrumento convencional durante los años 2009 al 2014 y tampoco en la liquidación yRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 3 consignación de las cesantías correspondientes a los años 2009 a 2013. Relataron que, el 22 de enero de 2014, la presidencia del Sindicato elevó petición frente a la falta de incremento en los viáticos a partir del año 2008, la cual fue respondida en oficio del 10 de febrero de 2014, de forma desfavorable, debido a que la CCT estableció un aumento con base en el IPC que se extendió hasta el año 2007.

oficio del 10 de febrero de 2014, de forma desfavorable, debido a que la CCT estableció un aumento con base en el IPC que se extendió hasta el año 2007. Al dar respuesta a la demanda, Termobarranquilla SA ESP se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con la vinculación de los trabajadores, la suscripción de la CCT, los permisos sindicales permanentes y la petición elevada; negó que la CCT estableciera que los viáticos deban ser objeto de incremento para los años 2009 a 2014, y afirmó que no le constaban los demás. Explicó que la compañía ha venido reconociendo y pagando las sumas que establece la CCT entre los años 20042007, mientras que las anualidades posteriores se han cancelado con los valores del año 2007, tal y como correspondía pues no se había presentado un conflicto colectivo desde ese año, a fin de que se firmara una nueva convención que permitiera actualizar las sumas que ya estaban fijas. Adicionalmente, sostuvo que no procedía el reajuste automático con el IPC, el ajuste del salario mínimo ni con ninguna otra regla, por cuanto ese aspecto no se había establecido por las partes.Radicación n.° 101529

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En su defensa propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción y pago (f.os 433 a 484 del. c de primera instancia). II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo del 4 de febrero de 2020, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla resolvió (f.os 1486 al 1492 del c. de primera instancia): PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de mérito de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN y PAGO, propuestas por la parte demandada TERMOBARRANQUILLA SA E.S.P.; mediante apoderado judicial, y parcialmente probada la excepción de PRESCRIPCIÓN de conformidad con lo expresado la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Negar la objeción por error grave presentada por la demandada TERMOBARRANQUILLA S.A., mediante apoderado judicial, y en consecuencia tener como plena prueba el dictamen pericial y su aclaración presentadas por el auxiliar de la justicia designado por el despacho.

TERCERO: CONDENAR a la demandada TERMOBARRANQUILLA SA ESP, al reconocimiento y pago de los incrementos de los viáticos, reliquidación de prestaciones sociales, sanción moratoria y reajuste de los aportes a la seguridad social de los señores ISAAC PALIS NAVARRO,

JONATHAN MEZA CARBONO, JOSÉ DANIEL VÁSQUEZ RIZO,

DANIEL DE JESÚS CORRAL QUINTANA, LUIS ORLANDO

PERILLA CONTRERAS Y JOAQUÍN ISAÍAS MOSQUERA GARCÍA,

JONATHAN MEZA CARBONO, JOSÉ DANIEL VÁSQUEZ RIZO,

DANIEL DE JESÚS CORRAL QUINTANA, LUIS ORLANDO PERILLA CONTRERAS Y JOAQUÍN ISAÍAS MOSQUERA GARCÍA, en las siguientes sumas de dinero, cuya descripción y detalles encuentro en la parte motiva de la providencia:

ISAAC PALIS NAVARRO: $783.689.342,40

JONATHAN MEZA CARBONO: $719.364.869,34

JOSÉ DANIEL VÁZQUEZ RIZO: $458.257.644,74

DANIEL DE JESÚS CORRAL QUINTANA: $159.417.711

LUIS ORLANDO PERILLA CONTRERAS: $107.080.808

JOAQUÍN MOSQUERA GARCÍA $719.368.869,34

CUARTO: Absolver a la demandada TERMOBARRANQUILLA S.A., de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por los señores HUGO RODRIGO NAVARRO ARCOS Y CARLOS ALBERTO CASTRO MALDONADO, por lo señalado en laRadicación n.° 101529

SCLAJPT-10 V.00 5 parte motiva. […]

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada, mediante fallo del 30 de noviembre de 2022, la

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3° de la sentencia apelada de

fecha cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020), proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, respecto a la tasación de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuyo cómputo con la reliquidación de prestaciones sociales y viáticos, arroja las siguientes sumas para cada demandante:

DEMANDANTE CONDENA

ISAAC PALIS NAVARRO $179.227.160,51

JONATHAN MEZA CARBONÓ $224.288.473,59

JOSÉ DANIEL VÁZQUEZ

RIZO $ 205.914.930,28

DANIEL DE JESÚS CORRAL

QUINTANA

$ 157.342.294,25

LUIS ORLANDO PERILLA

CONTRERAS

$ 105.700.183,00

JOAQUÍN MOSQUERA

GARCÍA

$ 124.348.313,11

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás.

TERCERO: SIN costas en esta instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como marco jurídico de su decisión, la Convención Colectiva de Trabajo 2004-2007 suscrita entre Sintraelecol y la demandada Termobarranquilla SA ESP; así como los artículos 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 deRadicación n.° 101529

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la Ley 50 de 1990, 13 y 36 de la Ley 100 de 1993 y 238 del entonces Código de Procedimiento Civil. Definió que el problema jurídico consistía en determinar si los demandantes tenían derecho al reajuste de los viáticos convencionales que se causaron con posterioridad al año

2007. En caso positivo, si los cálculos aritméticos efectuados por el juzgador de primer grado eran correctos y si procedía la indemnización por la no consignación de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Puntualizó que no existía discusión alguna frente a que los demandantes, a la fecha de presentación de la demanda ordinaria laboral, laboraban a favor de la demandada, y que eran beneficiarios de la Convención, la cual fue allegada al plenario con su respectiva constancia de depósito. Hizo referencia a lo dispuesto en el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo y, en cuanto a la vigencia de las disposiciones convencionales, explicó que no podían tornarse indefinidas, pues estas debían adaptarse a los cambios que se introducen en las relaciones laborales, bajo el parámetro del respeto de los derechos de carácter convencional adquiridos por los trabajadores. Puntualizó que el legislador previó que las disposiciones convencionales tenían validez y resultaban efectivas por el período de vigencia que, en principio, hubieren pactado las

partes para ello, o, en el evento que hubiese silencio de éstasRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 7 sobre el mentado aspecto, por un plazo de seis meses, de conformidad con lo estipulado en el artículo 477 ibidem. Precisó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 478 del mismo cuerpo normativo y las sentencias CSJ SL3098-2021, CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 35963, iterada en proveído CSJ SL2283-2022, la vigencia de los beneficios extralegales podía ser prorrogada a través de la manifestación expresa de los contratantes o de manera automática, cuando las partes no hubieren efectuado su denuncia, en cuyo caso solo mantendrían vigor los derechos adquiridos por los trabajadores. En ese sentido, estableció que la vigencia de la convención no finalizaba por el vencimiento del plazo pactado, toda vez que, en términos generales y última instancia, seguiría rigiendo hasta cuando se suscribiera el reemplazo. En ese orden de ideas, sostuvo que la Convención resultaba aplicable a los demandantes, habida cuenta que: i) la relación laboral entre las partes procesales no se había extinguido; ii) el artículo trigésimo octavo de la misma previó que tendría una vigencia de cuatro años contados a partir del 1° de Enero de 2004; iii) fue objeto de prórroga automática en sujeción del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que dentro del plenario no existía prueba

1° de Enero de 2004; iii) fue objeto de prórroga automática en sujeción del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que dentro del plenario no existía prueba documental alguna que acreditara que la misma dejó de regir, por haber sido denunciada y sustituida por otra nueva. Por lo tanto, concluyó que las disposiciones convencionales, con posterioridad al 2007, conservaron su vigencia y, comoRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 8 consecuencia de ello, resultaban aplicables a las relaciones laborales. Sobre este punto, concluyó: Pues bien, en atención al tenor literal de la norma convencional transcrita, se colige que el aumento anual de los viáticos, en sujeción al porcentaje de incremento del IPC de cada año, empieza a regir a partir del año 2004, sin que las partes hayan estipulado expresamente una fecha límite de cesación del mentado beneficio convencional, sino que, por el contrario, se expresó que el incremento se efectuaría en “cada año de vigencia”, por lo que es dable concluir que, ante la prórroga automática de la Convención Colectiva de Trabajo, la parte demandante tenía derecho a que se le reconociese este emolumento, conforme los lineamientos previstos en el cuerpo convencional. En ese orden de ideas, la Sala concluye que, sobre este punto, no le asiste razón a la parte demandada, al afirmar que el

emolumento, conforme los lineamientos previstos en el cuerpo convencional. En ese orden de ideas, la Sala concluye que, sobre este punto, no le asiste razón a la parte demandada, al afirmar que el incremento de los viáticos perdió vigencia con posterioridad al año 2007, ya que como bien se dijo antes, el mentado beneficio convencional, que en este escenario sería lo accesorio, subsistiría mientras también lo haga la Convención Colectiva de Trabajo, que vendría siendo lo principal. En cuanto a la sanción prevista en el numeral 3. ° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, alusiva al no pago del auxilio de cesantía, sostuvo que la misma no se aplicaba automáticamente, sino que debía estudiarse en cada caso en concreto la conducta del empleador, en aras de establecer si su actuar se encuadraba o no dentro del principio de buena fe, el cual debe regir por regla general en los contratos de trabajo, conforme lo preceptuado por la jurisprudencia laboral. Además, dictaminó que l a carga probatoria en este asunto, recae en cabeza de la parte demandada, a quien le correspondía demostrar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales estuvo precedida de buena fe.Radicación n.° 101529

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Después de lo cual, precisó que en el presente caso i) la parte demandada siguió reconociendo viáticos a los demandantes, sin inclusión de su respectivo incremento conforme el IPC anual; (ii) dentro del plenario no existía

parte demandada siguió reconociendo viáticos a los demandantes, sin inclusión de su respectivo incremento conforme el IPC anual; (ii) dentro del plenario no existía prueba alguna que justificara la ausencia del incremento anual de los viáticos; (iii) la parte demandada, en su interrogatorio rendido, aceptó la prórroga de la convención colectiva y la conservación de los beneficios en ella contenida, a excepción de los derogados por la legislación nacional. Con base en ello, consideró que la parte demandada, al no realizar el incremento en mención, sin acreditar una justa causa para ello y mostrar su conocimiento sobre la prórroga automática de la referida convención y los efectos que ello implicaba, no logró demostrar en la Litis que su conducta estuviese permeada de buena fe. No obstante, expuso que le asistía razón a la apelante en cuanto al cálculo realizado por el auxiliar de la justicia sobre esta sanción fue efectuado de manera acumulativa, por lo cual se debía rehacer el mentado ejercicio aritmético y en esa medida, anunció que modificaría el numeral 3. ° de la sentencia apelada, respecto a la tasación de las condenas impuestas por concepto de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por Termobarranquilla SA ESP, concedido

por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.Radicación n.° 101529

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte «case totalmente» la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque los ordinales tercero y quinto de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la absuelva de las condenas allí impuestas.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de infringir la ley sustancial a través de la vía indirecta, por la aplicación indebida del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos vigésimo sexto y trigésimo octavo de la Convención Colectiva de Trabajo 2004-2007, «[…] violación que condujo a la de los artículos 1, 18, 55, 65 (modificado por el artículo 29 de ley 789 de 2002), 127, 128, 130, 186, 189 (modificado por el artículo 27 de la ley 789 de 2002), 193, 249, 306 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo; así como la siguiente normativa no codificada: el artículo 1 de la ley 52 de 1975, los artículos 98 y 99 de la ley 50 de 1990».

Acusa como pruebas indebidamente apreciadas la Convención Colectiva de Trabajo 2004-2007 y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada. Luego, le atribuye al Tribunal la comisión de

Acusa como pruebas indebidamente apreciadas la Convención Colectiva de Trabajo 2004-2007 y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada. Luego, le atribuye al Tribunal la comisión de los siguientes errores de hechos:Radicación n.° 101529

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Dar por demostrado, sin estarlo, que la prórroga semestral automática de la convención colectiva de trabajo 2004-2007, generó la obligación legal o convencional de ajustar unilateralmente los valores establecidos en los literales b. y c. del artículo VIGESIMO SEXTO [sic] de la Convención Colectiva de Trabajo para los años 2008 y siguientes. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada continuó pagando los auxilios y transportes para eventos sindicales de conformidad con lo acordado por las mismas partes en la convención colectiva de trabajo vigente hasta el 31 de diciembre de 2007 y sucesivamente prorrogada cada seis meses hasta el año 2022. Dar por demostrado, sin estarlo, que el reconocimiento del efecto legal de la prórroga convencional de seis meses ocurrido muchas veces en virtud del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo a partir del 1 de enero de 2008 es un acto desprovisto de buena fe cuando lo único que hace quien lo reconoce es admitir el efecto legal sobre las obligaciones convencionales de un precepto legal. No dar por demostrado, estándolo, que a los demandantes se les pagaron todos los auxilios y gastos de transporte para

fe cuando lo único que hace quien lo reconoce es admitir el efecto legal sobre las obligaciones convencionales de un precepto legal. No dar por demostrado, estándolo, que a los demandantes se les pagaron todos los auxilios y gastos de transporte para encuentros sindicales causados desde el 1 de enero de 2008 de conformidad con la tabla aprobada resultante del acuerdo convencional y que esos pagos, escasos por su ocasionalidad fueron factor de liquidación de otros beneficios convencionales en los términos del ARTICULO [sic] DECIMO [sic] SEGUNDO de la convención colectiva de trabajo (factores salariales). Manifiesta que, dada la senda del ataque, se encuentra conforme con los presupuestos jurídicos del fallo, y puntualiza que el cuestionamiento surge sobre los efectos que trae el evento frente al cual la convención colectiva de trabajo deja de denunciarse y se empieza a prorrogar automáticamente. Sostiene que no hay duda en que existió una fórmula de incremento y que se aplicó, de acuerdo con la vigencia del instrumento extralegal. Considera que el Tribunal confundió los conceptos de prórroga, la cual operó en virtud de la ley, yRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 12 el de vigencia, definido en el artículo trigésimo octavo del mismo y que no se puede prorrogar precisamente porque se

agotó en el año 2007. Explica que lo que el legislador hace con la prórroga automática semestral, es tomar todo el cuerpo convencional y darle 6 meses más de vigencia y no de la forma como lo entendió el Tribunal, cuyo error consistió en considerar que entonces cada seis meses (o cada año subsiguiente) debió realizar los ajustes en las sumas fijas contenidas en el artículo vigésimo sexto en discusión, aun cuando no había una fuente. En ese sentido, estimó equivocadamente que, al prorrogarse la convención, se prorrogaba también la fórmula de incremento anual, ignorando así que en el caso no fue una fórmula de aumento anual genérico, sino específico para cada uno de los cuatro años de vigencia previstos. Puntualiza que cosa distinta habría sido si se hubiese pactado un aumento genérico sucesivo que operara en el evento de una prórroga, como en efecto se realizó en el año 2022, con lo cual se demuestra que las partes no pactaron ningún tipo de aumento, ni específico ni genérico para períodos posteriores al agotamiento de su vigencia. Agrega que el presente asunto difiere de los casos en que no hubiese un aumento de salario como consecuencia de la ausencia de negociación en el tiempo, en esa medida, sí tendría la empleadora que reconocerlo en los términos de ley y en aplicación del principio de progresividad que cobija los salarios, no siendo así el caso de los beneficiosRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 13 convencionales, aun cuando por disposición convencional son factor salarial para la liquidación de prestaciones

SCLAJPT-10 V.00 13 convencionales, aun cuando por disposición convencional son factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales. Por otra parte, considera la indemnización moratoria, «[…] injustamente descomunal en casos como el presente al valor de las condenas», pues se trataba de una elite sindical que por razón de sus permisos ni siquiera prestaban el servicio desde hacía años y equivocadamente dedujo una supuesta mala fe de su parte. Así, cuestiona que el Tribunal, además de no haber indicado la fuente obligacional de los aumentos de viáticos después del 1. ° de enero de 2008, concluye erróneamente que: (i) reconocer la prórroga de la convención colectiva de trabajo (que opera en virtud de la ley) es un elemento que da al lastre con la buena fe de la demandada. ¿Eso sería siquiera posible? ¿Cómo puede el Tribunal deducir mala fe de la empleadora cuando la misma empleadora reconoce el efecto del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la convención colectiva de trabajo? Que el Tribunal no haya encontrado una fuente legal o convencional para que la empleadora hiciera ajustes de los “viáticos” después del 1º de enero de 2008, no autoriza al Tribunal a descalificar el proceder de la demandada si no la confronta con esa fuente clara que en parte alguna del fallo gravado parece aparecer. Resulta cuando menos irresponsable

Tribunal a descalificar el proceder de la demandada si no la confronta con esa fuente clara que en parte alguna del fallo gravado parece aparecer. Resulta cuando menos irresponsable en punto de la buena o la mala fe, la descalificación sin que el comportamiento hubiese sido contrario a la ley, cosa que en el presente caso no aparece. Cosa diferente habría sido que la demandada hubiese sido confrontada con la obligación legal o convencional y sin justificación alguna la hubiese desconocido. Pero no hay en ninguno de los fallos de instancia y mucho menos en el fallo gravado, una claridad sobre esa obligación legal. Se reitera, los aumentos acordados se extendieron sola hasta el 2007 y con posterioridad a esa fecha, la prórroga convencional no tuvo la virtualidad de generar esa obligación porque el único artículo convencional que por definición no se puede repetir en una prórroga es el de la vigencia en tanto en cuanto la vigencia se reputa agotada. Solamente hasta el año 2022 y con evidenciaRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 14 absolutamente palpable, las partes acordaron para ese beneficio un eventual aumento en caso de prórroga convencional en los términos del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. Así las cosas, no hay forma posible en la que se pudiera derivar un comportamiento desprovisto de buena fe como para irrogar

una condena por indemnización moratoria. Si bien es cierto que la evolución jurisprudencial en la materia ha migrado desde el no pago hasta el pago incompleto, casi que en cualquier cantidad, no lo es menos que un caso como el presente en el cual más del 99% por ciento del valor de la condena es la indemnización moratoria misma, pone al descubierto que el mecanismo indemnizatorio, como accesorio, pierde su naturaleza cuando abarca la totalidad de la condena, opacando cualquier dimensión de lo que podría ser lo principal y por ende desnaturalizando el objeto de la controversia misma y los derechos cuya realización pretende.

VII. CONSIDERACIONES A pesar de la vía escogida, no existe discusión sobre los siguientes hechos: (i) para la fecha de la presentación de la demanda, los demandantes prestaban sus servicios en favor de la demandada Termobarranquilla SA ESP y se encontraban vinculados a Sintraelecol; (ii) son beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo 2003-2007 suscrita entre la demandada y el sindicato, la cual fue allegada al plenario con su respectiva constancia de depósito; (iii ) para el año 2022 se encontraba vigente y sin constancia de denuncia.

Como fundamento de la decisión recurrida, el juzgador de alzada desprendió del tenor literal de la norma convencional que el aumento anual de los viáticos se encontraba sujeto al porcentaje de incremento del IPC de «cada año de vigencia», lo cual empezaría a regir a partir del

convencional que el aumento anual de los viáticos se encontraba sujeto al porcentaje de incremento del IPC de «cada año de vigencia», lo cual empezaría a regir a partir del año 2004. En atención a que las partes no estipularonRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 15 expresamente una fecha límite de cesación del mentado beneficio convencional, estimó que era dable concluir que, ante la prórroga automática de la Convención Colectiva de Trabajo, la parte demandante tenía derecho a que se le reconociese este emolumento, conforme al parámetro ya mencionado. Por su parte, el censor cuestiona, precisamente, que el Tribunal hubiese considerado que, a raíz de la prórroga semestral automática de la convención, también se extendió la obligación extralegal de ajustar los viáticos para los años 2008 y siguientes, aun cuando para esos años no existía una fórmula de incremento anual específica. En igual sentido, cuestiona que ese entendimiento derivara en un comportamiento desprovisto de buena fe que lo condujo a la condena de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Precisado lo anterior, conviene señalar que la validez y la vigencia de la convención colectiva de trabajo no fueron

objeto de debate, ya que la demandada en su contestación no cuestionó esos aspectos, por lo tanto, la Corte no verificará el cumplimiento de las solemnidades previstas en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo (CSJ SL3098-2021). Así las cosas, la Sala deberá definir si el Tribunal incurrió en los errores alegados por el recurrente: (i) en cuanto determinó que los demandantes tenían derecho al incremento de los viáticos convencionales que se causaron con posterioridad al año 2007; (ii) y al considerar que suRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 16 actuar fue de mala fe lo hacía merecedor de la sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. (i) Sobre la prórroga de la cláusula vigesimosexta:

Esta Corporación ha sostenido que respecto de las cláusulas de convenciones colectivas o laudos anteriores que no son materia de denuncia opera una tácita reconducción, es decir que conservan su vigencia, en virtud de lo previsto en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo (CSJ SL940-2022). Lo anterior, en atención a que dicha disposición establece que los instrumentos extralegales se prorrogan automáticamente en periodos sucesivos de seis en seis meses, mientras no hayan sido denunciadas y se firme una nueva. Al respecto la sentencia CSJ SL, 20 abr. 2010, rad.

automáticamente en periodos sucesivos de seis en seis meses, mientras no hayan sido denunciadas y se firme una nueva. Al respecto la sentencia CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 35963, reiterada en CSJ SL1621-2019 explicó que: Estando acreditado, como efectivamente lo está, el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo vigente entre el 1º de julio de 1988 y el 30 de junio de 1990, que consagra el derecho al reintegro pretendido por el actor, convención que fue decretada como prueba por el Tribunal antes de dictar la sentencia que resolvió la alzada y que obra en su texto completo con su constancia de depósito oportuno en los folios 122 a 170, basta decir que su existencia puede colegirse para el momento de la terminación del contrato de trabajo, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo. El primero de dichos preceptos regula la llamada prórroga automática de los convenios colectivos de trabajo y consiste en que de no mediar la denuncia por una o por las partes del contrato dentro de los sesenta (60) días anteriores a la expiración de su término, éste se entiende prorrogado por períodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, contados desde el

momento de su terminación, mientras que el segundo, que regula la figura de la denuncia, estipula que formulada la denuncia conRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 17 el lleno de los requisitos exigidos, la convención “continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención”. Lo anterior implica que en estricto sentido, si bien la convención colectiva de trabajo tiene una vigencia que puede ser estipulada por las partes, o inclusive si no hay esa estipulación, fijada por la ley a través de los plazos presuntivos de seis (6) en seis (6) meses (Art.477 C. S. del T.), su terminación no se produce por el simple vencimiento del plazo pactado, pues en términos generales sigue rigiendo hasta cuando sea suscrita una nueva que la reemplace. Por eso, si en un proceso se acredita la existencia de una convención colectiva como fuente de un derecho que se persigue dentro de la correspondiente causa, el juez laboral debe suponer siempre su vigencia, a menos que se demuestre que dejó de regir por haber sido sustituida por otra nueva, siguiendo al efecto los principios que rigen la clásica carga de la prueba en materia de obligaciones, pues de acuerdo con el artículo 1757 del Código Civil “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta”. Sin embargo, es necesario clarificar que, para estos

precisos efectos, existen dos tipos de normas colectivas: i) las que tienen una duración concreta, limitada y estrictamente ceñida a la vigencia del respectivo instrumento; y ii) las que tienen una vocación de permanencia en el tiempo, todo de acuerdo con la naturaleza y los términos en los que hubiera sido creada cada disposición.

Dentro de la primera categoría pueden situarse las normas que consagran beneficios para periodos o anualidades determinadas, porque su naturaleza así lo exige o porque las partes o Tribunal de Arbitramento, en cada caso, así lo dispusieron de manera clara. Un ejemplo de ello tratado en la jurisprudencia ha sido precisamente el de los incrementos salariales fijados para intervalos concretos, respecto de los cuales esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que no pueden entenderse afectados por laRadicación n.° 101529 SCLAJPT-10 V.00 18 prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que se tornen