CSJ - SL2975-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2975-2023 Radicación n.° 97199 Acta 40 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró SANDRA PATRICIA BERROCAL CORAL al que se vinculó

ALEXANDRO DÍAZ ORTIZ.

I. ANTECEDENTES Sandra Patricia Berrocal Coral llamó a juicio a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., con el fin de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión

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Radicación n.° 97199 del fallecimiento de su hijo Andrés Mauricio Díaz Berrocal, a partir del 16 de marzo de 2015; el retroactivo pensional; intereses moratorios; la mesada adicional de cada año; costas; y lo que se llegue a probar en uso de las facultades extra y ultra petita (f. ° 4 y 5 del cuaderno del Juzgado). Fundamentó sus peticiones en que Andrés Mauricio Díaz Berrocal nació el 7 de diciembre de 1993 y es hijo de ella con Alexandro Díaz Ortiz; que estuvo afiliado a BBVA

Horizonte Fondo de Pensiones y Cesantías, hoy, Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., desde el 3 de junio de 2011 y falleció el 16 de marzo de 2.015 en Cali (Valle), a la edad de 21 años, siendo soltero, sin descendiente ni le han sido reconocidos como póstumos. Refirió, que Andrés Mauricio Díaz Berrocal, colaboraba económicamente para el sostenimiento de su madre y de sus otros hermanos menores de edad, quienes conformaban el grupo familiar del causante, ya que convivían de manera permanente. Mencionó, que presentó solicitud de reconocimiento pensional ante Porvenir S. A. y la administradora, el 9 de septiembre de 2015, negó la petición argumentando para ello que no se demostró la dependencia económica. Aseguró que, con el fallecimiento de Andrés Mauricio Díaz Berrocal, su vida en condiciones dignas y la de sus hijos se vio afectada (f.° 2 a 4 cuaderno del Juzgado).

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Radicación n.° 97199 El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, mediante auto de 6 de febrero de 2017, dispuso llamar a Alexandro Díaz Ortiz en calidad de padre del causante (f. ° 27 y 28 cuaderno del Juzgado). Porvenir S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió la afiliación en pensiones, la fecha del óbito y la solicitud presentada. Respecto de los demás indicó no ser ciertos (f. ° 37 a 39).

En su defensa propuso las excepciones de fondo que denominó, inexistencia de la obligación; cobro de lo no debido, buena fe, afectación de sostenibilidad del sistema de pensiones y la genérica (f. ° 46 a 47). Alexandro Díaz Ortiz, vinculado en calidad de padre del causante, no se opuso a las pretensiones, aceptó la totalidad de los hechos y no propuso excepciones de fondo (f.° 71 a 78).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Cali, mediante fallo del 30 de julio de 2020, dispuso: PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones invocadas por la demandada.

SEGUNDO: DECLARAR que a la señora SANDRA PATRICIA BERROCAL le asiste el derecho al disfrute de la pensión de sobreviviente por ascendiente en razón al fallecimiento de su hijo ANDRÉS MAURICIO DÍAZ BERROCAL sucedido el 16 de marzo del año 2015.

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TERCERO: CONDENAR a PORVENIR S. A., a pagar en favor de la señora SANDRA PATRICIA BERROCAL la pensión de sobreviviente a partir del 16 de marzo del año 2015, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente, por trece mesadas al año.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR S. A. a pagar en favor de la señora SANDRA PATRICIA BERROCAL por concepto de retroactivo pensional causado entre el 16 marzo de 2015 y el 30 de junio del año 2020, la suma de $51.507.383 pesos y a

continuar pagando mesada pensional del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 01 de julio del año 2020.

QUINTO: AUTORIZAR a PORVENIR S. A. que de los valores aquí reconocidas por concepto de retroactivo pensional, le sean descontados a la demandante, los valores por concepto aportes al sistema de seguridad social en salud.

SEXTO: ABSOLVER a PORVENIR S. A. de pretensiones relativas a reconocer la pensión al señor ALEXANDRO DIAZ ORTIZ.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas a PORVENIR S.A. las que deberán liquidarse por secretaria debiéndose incluir la suma de $3.600.000 pesos por concepto de agencias en derecho en favor de la demandante y a cargo de la parte demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo del 31 de agosto de 2022, por apelación de la demandante y la accionada, confirmó la decisión de primer grado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico se centraba en determinar si Sandra Patricia Berrocal Coral, dependía económicamente de su hijo fallecido Andrés Mauricio Díaz Berrocal, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes. Estimó que se encontraba fuera de discusión:

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Radicación n.° 97199 1) Que Andrés Mauricio Díaz Berrocal falleció el 16 de marzo de 2015; 2) Que Sandra Patricia Berrocal Coral y Alexandro Díaz Berrocal son los progenitores de Andrés Mauricio Díaz Berrocal;

1. Que Sandra Patricia Berrocal Coral y Alexandro Díaz Berrocal solicitaron la pensión de sobrevivientes el 9 de abril de 2015; 4) Que Porvenir S. A. el 9 de septiembre de 2015 negó la prestación porque no se demostró la dependencia económica por parte de los progenitores; 5) Que no hay discusión en el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas; 6) Que no hay discusión que Alexandro Díaz Ortiz no formuló pretensiones en este proceso y no discutió la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, que no tiene ningún interés en la pensión por no depender de su hijo al momento del fallecimiento, el juez no le reconoció pensión de sobrevivientes y respecto a esa decisión no se presentó recurso de apelación.

Acudió a lo dispuesto en el literal d) el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Y respecto al requisito de la dependencia económica para que los padres del causante puedan acceder a la pensión de sobrevivientes, refirió que esta Corporación definió que los padres no tienen que ser total y absolutamente dependientes económicamente del causante al momento de la muerte, pues pueden recibir ingresos por su propio trabajo o recursos de otras fuentes, siempre y cuando esto no los convierta en autosuficientes. Añadió, que la Corporación ha estimado que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuarla mediante las pruebas que den cuenta de la

existencia de la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas.

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Radicación n.° 97199 Consideró que en el presente caso, contrario a lo que indica la recurrente, la actora sí probó la dependencia económica respecto de su hijo Andrés Mauricio Díaz Berrocal, en los términos indicados por la Corte Suprema de Justicia, ello luego de analizar las declaraciones de los testigos, María Luisa Coral, Clara María Coral De Berrocal, Juan Carlos Ortiz Rangel, Gilma Rosa Vergara Jiménez, y Angélica del Rosario Avilés Guillén, pues dieron conocimiento directo y certero sobre el apoyo económico que le brindaba el causante antes de su fallecimiento por sus vínculos de familiaridad y vecindad con esta y sus hijos; pues aportaba para los gastos del hogar donde convivía con su madre y tres hermanos menores; que ese dinero que aportaba directamente a su madre era necesario para su subsistencia alimentaria, recreación y vestido. Era tan significativa la ayuda, que una vez falleció el causante, la accionante se vio obligada a denunciar por alimentos a Alexandro Díaz Ortiz, quien le suministra $50.000 mensualmente por cada hijo, por lo que fue posible inferir que lo que aportaba el causante era determinante para su subsistencia. Seguidamente aludió que Porvenir S. A. indicó que no existió dependencia con fundamento en la investigación administrativa que realizó, porque i) el causante hacía meses estaba desempleado y vivía en la casa de sus progenitores, pero que la lectura que realizó Porvenir S. A. de estas

circunstancias no eran acertadas, porque de acuerdo a lo narrado por los testigos quedó demostrado que el afiliado, desde el año 2012, invirtió unos ahorros y trabajaba vendiendo ropa en un establecimiento comercial ubicado en

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Radicación n.° 97199 la casa de su abuela materna, lugar donde vivía con su progenitora y sus tres hermanos menores y durante la enfermedad las ausencias en el establecimiento no eran prolongadas, porque de esas ganancias era que sobrevivían, pero en todo caso la demandante se ocupada del establecimiento mientras él se recuperaba. Añadió que ii) los gastos de la demandante se han visto solventados a través del padre del causante, Alexandro Díaz Ortiz, quien es propietario del café internet Power Net y de un inmueble propio ubicado en la calle 11 # 16 Bis 08 de Santander de Quilichao, pero que de acuerdo a la prueba testimonial se estableció que los padres del causante no conviven desde el año 2011 y que esta y sus hijos vivían en la casa materna; y según lo dicho en los interrogatorios de parte, ella demandó por inasistencia alimentaria a Alexandro Díaz Ortiz, por lo cual, no hay razón para colegir que si este tiene un establecimiento comercial o un inmueble, sea quien sustentaba a la promotora del juicio, pues lo que quedó demostrado con las declaraciones y testimonios es que él no vivía con ella desde el año 2011, ni aportaba económicamente. Señaló que iii) la actora al momento del fallecimiento de

su hijo era beneficiaria en salud de Alexandro Díaz Ortiz, y no del causante. Esta circunstancia fue justificada por aquella en el interrogatorio de parte, al indicar que siempre ha estado afiliada por medio de él al sistema de salud, y no se ha cambiado porque desea conservar la antigüedad, que su hijo sí le expresó que la podía afiliar como su beneficiaria,

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Radicación n.° 97199 pero que ella no aceptó por esa razón, lo cual no lo consideró determinante para concluir que dicha afiliación echa por la borda que el causante era quien le brindaba soporte económico a ella, de lo que ganaba de su actividad comercial de venta de ropa. Indicó que iv) los progenitores, al reclamar la pensión, indicaron que los gastos de la casa estaban a cargo de forma exclusiva de Alexandro Díaz Ortiz, por valor de $700.000, y dijeron que el causante no aportaba nada. Sobre este formulario precisó que Alexandro Díaz Ortiz explicó en el interrogatorio de parte que fue diligenciado porque Porvenir S.A. los llamó a actualizar datos y señaló que no podía aportar dinero a su familia porque se había dedicado a tomar alcohol y admitió que fue demandado por la accionante al deber alimentos a sus tres hijos menores, después de la muerte del causante. Aseveró el colegiado que, en todo caso, lo indicado en ese formulario ha quedado desvirtuado con lo expuesto por los testigos, quienes afirmaron que el afiliado después de que sus padres se separaron, fue quien tomó la iniciativa en el año 2012, con la ayuda de la abuela materna, de invertir en

un establecimiento de venta de ropa, el cual continúa siendo el medio que tiene la demandante para sobrevivir después de que su hijo falleció.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

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Radicación n.° 97199 Interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que luego en sede de instancia revoque la sentencia de primer grado, para que finalmente absuelva a la administradora de todo lo pedido en su contra.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación que fue replicado por la accionante.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia recurrida de violar, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y 61 del Código Procesal de Trabajo y por la infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 221 numeral 3° del Código General del Proceso, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Tales violaciones fueron consecuencia de haber incurrido el Tribunal en el siguiente error de hecho: Dar por demostrado, sin estarlo, que la señora Sandra Patricia Berrocal Coral dependía en términos económicos del fallecido cuando no hay prueba que demuestre la existencia de una contribución monetaria periódica, concomitante con la fecha del deceso, con una cuantía con la significancia suficiente para constituirse en determinante del mínimo vital de su mamá y,

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Radicación n.° 97199 consecuentemente, que acredite que ese aporte, y de existir, no era la simple ayuda brindada por un buen hijo sino que era constitutiva de una subordinación pecuniaria frente a él y, en cambio, sí hay comprobaciones incontrovertibles con relación a que de quien ella estaba subordinada era a los aportes brindados por su esposo Alexandro Díaz. Indica que el yerro fáctico se deriva de la equivocada valoración o falta de ella respecto de las siguientes pruebas:

Pruebas mal apreciadas:

1. Interrogatorio de parte rendido por la señora Sandra Patricia Berrocal Coral (audio grabado en la audiencia pertinente).

2. Testimonios de María Luisa Coral, Clara María Coral de Berrocal, Juan Carlos Ortiz Rangel, Gilma Rosa Vergara Jiménez y Angélica del Rosario Avilés Guillén (audio grabado en la audiencia pertinente).

3. Documento resultante de la investigación administrativa

(fs.125 a 129 del expediente en PDF)

Pruebas dejadas de apreciar:

1. Formulario de solicitud por sobrevivencia para padres (fs.113 a 117, del expediente en PDF.

En la demostración del cargo, advierte que con solo examinar el conjunto de pruebas anexado al expediente es simple hallar que no hay una sola que permita verificar la indispensabilidad del socorro del causante para poder atender las erogaciones de su madre, o la cantidad de dinero que tenía para ayudarla y la frecuencia con la que lo hacía, o el valor de sus gastos, lo que saca a relucir el desatino del fallador ad quem cuando, sin contar con los pilares fácticos

requeridos, confirmó la sentencia de primera instancia.

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Radicación n.° 97199 Refiere a la sentencia CSJ SL4103-2016 y transcribe apartes de la misma, para señalar que, si bien la dependencia económica de los padres con respecto de sus hijos no tiene que ser total y absoluta, si debe ser un verdadero sustento económico importante para resolver las necesidades de la familia que, de no tenerlo afecte la vida digna que se procura. Afirma, que resulta evidente la equivocación del Tribunal cuando confirmó la condena impartida en la primera instancia, pues, al juicio no se anexaron las pruebas indispensables para verificar la sujeción económica, que es lo que ciertamente debía tenerse en cuenta para verificar si había o no un sometimiento financiero frente al difunto. Indica que, quedó establecido en el documento «formulario de solicitud por sobrevivencia para padres», firmado por los demandantes, que el papá del causante era quien se hacía cargo de todos los gastos del hogar y que aquel no contribuía con ningún dinero; que eran dueños de su casa y que estaban asistidos por el sistema de seguridad social en salud como cotizantes, situación que evidencia que contaban con losmedios requeridos para satisfacer sus necesidades o, al menos, no hay prueba de lo contrario. Asevera que el señor Díaz y la señora Berrocal reportan una misma dirección de residencia, lo que evidencia que las posteriores afirmaciones de que estaban separados, que él estaba alcoholizado, que ella había iniciado un juicio de alimentos (de lo que no se allegó prueba documental a pesar

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Radicación n.° 97199 de la facilidad para disponer de ella), no pasan de ser «reprochables embustes, creados para disfrazar la realidad de los hechos con el malsano propósito de convertir a la progenitora, mediante artificios falaces, en beneficiaria de la prestación impetrada». Insiste en que, se presenta contradicción entre la información reportada en un comienzo, espontánea y libre de prejuicios y la que se aduce en forma ulterior y trae a colación lo señalado en la sentencia CSJ SL2833-2017. Luego expresa que, aun en el improbable evento de que los progenitores (en particular, la madre) recibieran algo del de cujus, es obvio que no sería una cifra tan significativa como para ser generadora de una subordinación pecuniaria. Añade, que brillan por su ausencia las comprobaciones referentes al monto del auxilio brindado por el hijo fallecido, su periodicidad y las relativas al importe de las erogaciones con destino a la mamá y, como secuela inexorable de ello, a la significancia de esa contribución, elemento este último que la Corte ha definido como esencial para que haya una supeditación pecuniaria, debilidad probatoria que claramente obstaculizaba el otorgamiento de la pensión deprecada y hace mención de la sentencia CSJ SL8406-2015. Señala que, en todo caso para determinar la existencia de una sujeción económica, la cuantía de la aportación del occiso debe ser relevante, calificativo que en forma perentoria exige conocer el valor de la colaboración del extinto y de los

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Radicación n.° 97199 gastos de los progenitores para, al compararlos, determinar su magnitud o impacto y hace alusión a las providencias CSJ

SL14923-2014 y CSJ SL15116-2014.

Manifiesta que, exigir una aproximación al monto de los ingresos y de los gastos no es excesivo, y si bien la legislación no contempla esa posibilidad, la ley prevé, de manera inexorable, que se confirme que hay una dependencia económica, que solo es posible establecer conociendo las cifras, por supuesto no exactas, pero si, aproximadas, del monto de los gastos del hogar y del valor del auxilio filial. Acota que, resulta imposible que la mamá del finado dependiera de él, pues es irrefutable que los reales proveedores del dinero para satisfacer las necesidades del hogar eran precisamente sus padres, resaltando que no se acreditó el supuesto aporte del fallecido, por lo que quedó en el limbo la factibilidad de establecer la importancia de la incierta ayuda del mismo. Expresa, que el examen del acervo probatorio que realizó el juez colegiado fue altamente deficiente y arbitrario, lo que confirma la equivocación en la que incurrió cuando, decidió que sí había una sujeción monetaria y, por ende, que la señora Berrocal sí era beneficiaria de la prestación implorada, partiendo para ello de supuestos sesgados con la consecuente violación de las normas que le exigían fundar su sentencia en lo probado en el juicio y no en inaceptables elucubraciones, destacando una y otra vez que no es prueba

del sometimiento financiero que un hijo asuma parte de los

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Radicación n.° 97199 gastos de subsistencia de los progenitores, bien sea para darles una vida más confortable, o para expresarles su gratitud, o por simple afecto, o por un pacto con ellos, o por mil razones más. Destaca, que la existencia del yerro fáctico denunciado habilita el estudio de las pruebas que no son hábiles en casación, como los testimonios de María Luisa Coral, Clara María Coral de Berrocal, Juan Carlos Ortiz Rangel, Gilma Rosa Vergara Jiménez y Angélica del Rosario Avilés Guillén, sobre los que el Tribunal basó su equivocada providencia. Relata que, con la lectura del documento resultante de la investigación administrativa llevada a cabo en abril de 2015, o sea, un mes después del deceso del afiliado y un año y medio antes de que se incoara el proceso que nos ocupa, nada se menciona con respecto a una separación de los padres del extinto. Concluye que, que no se demostró que la manutención de la progenitora estuviese sujeta a subsidios del perecido, como obtusamente y contrariando una intelección natural del acervo probatorio, lo adujo el fallador colegiado, que no quiso ver que eran los recursos de los que disponían los padres los que verdaderamente les permitían acceder a lo necesario para llevar una congrua existencia, por lo que lo acertado hubiera sido revocar la condena impartida a la entidad.

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VII. RÉPLICA

Presenta oposición la demandante y argumenta que se debe tener en cuenta que Alexandro Díaz Ortiz, quien era el padre del causante no dependía económicamente de su hijo, así como tampoco aportaba económicamente a sus hijos menores y en interrogatorio de parte, manifestó que no le asistía interés en la prestación, por tanto, se absolvió a la demandada Porvenir S. A. respecto del mismo, es decir que el a quo concedió el 100% de la pensión de sobrevivientes a Sandra Patricia Berrocal Coral. Alega que, los testimonios de la parte demandante, e incluso el interrogatorio de parte de la misma y del integrado en Litis consorcio necesario, fueron contundentes, precisos, ofrecieron credibilidad, fueron testigos presenciales de la dependencia de la señora Sandra Patricia respecto de su hijo (el causante), toda vez que el padre del causante y de los hijos menores de la pareja Díaz Berrocal, no les colaboraba económicamente y que el negocio que tuvo de cabinas telefónicas solamente funcionó entre los años 2010 y 2011, razón por la cual no contaba con los recursos económicos necesarios para cumplir con su obligación de padre, incluso manifestó que él fue demandado por la manutención de sus hijos menores, ya que solamente daba lo que podía y que era el causante quien le ayudaba a su madre con la manutención de sus hermanos y demás obligaciones del hogar, producto del local comercial que había creado y que era de su propiedad, declaraciones que fueron valoradas positivamente

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Radicación n.° 97199 por la primera instancia para finalmente reconocerles el valor

probatorio en pro de las pretensiones de la demanda. Finalmente refirió que, se probó con suficiencia la dependencia económica de Sandra Patricia Berrocal respecto de su fallecido hijo, esto con base en el hecho de que el causante, producto de los ingresos que obtenía del local comercial que tenía podía cumplir con las obligaciones de sostenimiento del hogar de su madre y sus hermanos menores.

VIII. CONSIDERACIONES Se destaca que el recurso extraordinario de casación debe reunir unas reglas adjetivas para su planteamiento y posterior demostración, a efectos de ser estudiada de fondo, siendo necesario, conforme a las reglas procesales que la gobiernan, el cumplimiento de ciertos requisitos de técnica que de no acreditarse conducen a que el recurso sea infructuoso.

También se ha dicho, que este medio de impugnación no le otorga a la Corte competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes les asiste la razón, puesto que la labor se limita a enjuiciar la sentencia, con la finalidad de establecer si en esta se incurrió en algún yerro, ya sea jurídico o fáctico, que amerite el quiebre de esa decisión. Conforme a lo anterior y vista la sustentación del cargo, encuentra la Sala diferentes falencias de orden técnico que

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Radicación n.° 97199 impiden la prosperidad del mismo, tal y como se detalla a continuación:

1. En lo que atañe al submotivo, en el cargo se señala la violación de la ley sustancial por aplicación indebida, de los artículos 13 literal d) de la Ley 797 de 2003 y 61 del

Código Procesal de Trabajo, resultando importante recalcar que este comporta que el juzgador entiende correctamente la norma sustantiva en su alcance y significado, pero da aplicación a un caso no regulado por ella o al aplicarla le hace producir un efecto distinto al contemplado en la norma. Claro lo anterior, resulta imposible que respecto del artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, el Tribunal haya efectuado una aplicación indebida, cuando se advierte que al punto el colegiado señaló, El literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 señala que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este. Entonces no se evidencia la estructuración de la equivocada aplicación denunciada.

2. Así mismo, alega que se presentó infracción directa de los artículos 28 del Código Civil, 221 numeral 3° del Código General del Proceso, 29 y 230 de la Carta Magna y 1° del Acto Legislativo 01 de 2005.

Esta causal de violación supone, en general, que el

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Radicación n.° 97199 fallador deja de aplicar una norma legal pertinente para resolver el caso; sin embargo, el impugnador no explica cómo pudo haber incurrido en ella la providencia recurrida, pues el sentenciador no dejó de aplicar las correspondientes disposiciones y los criterios jurisprudenciales, sino que halló que su correcta aplicación implicaba acceder a las

pretensiones en estos aspectos.

3. La recurrente, en la proposición jurídica denuncia, entre otras, la violación de normas procesales, tales como el artículo 61 del Código Procesal de Trabajo y 221 numeral 3° del Código General del Proceso, respecto de las cuales la jurisprudencia pacífica de la Corte ha dicho que esta clase de textos solo pueden ser acusados por «violación de medio», lo cual omite hacer la promotora, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL, 15 may. 1995, rad. 7411; CSJ SL, 5 feb. 2003, rad. 19377; CSJ SL, 31 oct. 2006, rad. 28873 y CSJ SL221692017, todas ellas reiteradas en la CSJ SL1379-2019, se dijo que: Los textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violación medio y en relación con los de carácter sustancial, ya que la infracción de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos que son el vehículo para alcanzar los preceptos sustanciales.

Así mismo, no indicó como era su carga, de qué manera el quebranto de estas desató la trasgresión de las preceptivas sustantivas enlistadas, requisito al que se ha referido la Sala en la sentencia CSJ SL, 2 dic. 1997, rad. 10157, en el sentido que:

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Radicación n.° 97199 […] una decisión judicial puede ser violatoria de la ley sustancial como consecuencia de la violación de otra norma no sustancial. En una situación como esa, el cargo en casación debe comenzar

por demostrar la manera como se produjo la transgresión de la norma no sustancial, y debe también demostrar, necesariamente, la incidencia de esa violación en la ley sustancial laboral. Es lo que se ha llamado violación medio o puente, atenuada en parte, por las sucesivas normas que se han dictado en materia de descongestión judicial. El no acatamiento de la anterior regla jurisprudencial ha sido destacada como falencia insalvable de la acusación, en la sentencia CSJ SL, 25 mar. 2009, rad. 34401, reiterada en la CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 37547.

4. Asegura que el colegiado incurrió en un error de hecho, refiriendo que lo fue como consecuencia de «pruebas

mal apreciadas» enunciando las siguientes: a. Interrogatorio de parte rendido por la señora Sandra Patricia Berrocal Coral. b. Testimonios de María Luisa Coral, Clara María Coral de Berrocal, Juan Carlos Ortiz Rangel, Gilma Rosa Vergara Jiménez y Angélica del Rosario Avilés Guillén. c. Documento resultante de la investigación administrativa. Por lo anterior, encuentra la Sala necesario precisar que el yerro fáctico se predica únicamente por falta de apreciación o errónea valoración de pruebas calificadas, que en casación se reducen a la confesión judicial, al documento auténtico y a la inspección judicial (CSJ SL, 28 may. 1993,

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Radicación n.° 97199 rad. 5800, reiterada en CSJ SL1978-2021) y, en caso de que

se presenten reparos frente a otras pruebas, estas solo pueden ser estudiadas si se logran acreditar los dislates indicados con un elemento de juicio calificado. a. En este orden, en lo que atañe al interrogatorio de parte, este no tiene la connotación de prueba apta para estructurar un yerro fáctico, salvo que de este pueda derivarse una confesión, como lo indicó la sentencia CSJ SL1016-2020: Frente al interrogatorio de parte,[…], esta prueba no es un medio de convicción calificado en casación del trabajo, a menos que entrañe confesión, la que no se estructura, pues del análisis de las respuestas de la actora […] fuerza concluir que no es posible inferir una confesión que demuestre el desacierto factico atribuido a la decisión del fallador y autorice el quiebre de la sentencia acusada, en la medida en que las mencionadas manifestaciones no favorecen a la recurrente ni perjudican a la actora. De lo anterior, no podría endilgarse confesión en el medio de convicción al provenir de la misma parte, ya que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 191 del CGP, pues para que tenga tal connotación debe contener manifestaciones contrarias a los intereses de quien declara, y en este caso no se configuró dicho supuesto, pues la declarante relató que: Actualmente me dedicó a atender el local comercial que era de mi hijo. Antes del fallecimiento de mi hijo yo le colaboraba con el local. Los gastos del hogar para el momento del fallecimiento se cubrían con el producido del local que era de Andrés.

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Mi mamá económicamente no me ayudaba, pero nosotros vivíamos en su casa y ella no me cobraba arriendo, nos ayudaba en ocasiones con los servicios. El local comercial era de mi hijo, ese fue un emprendimiento de él, y ahora que el falleció yo lo atendiendo porque mis hijos estudian y para la época de la muerte de Andrés, todos