CSJ - SL2976-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2976-2023 Radicación n.°90102 Acta 37 Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que CLAUDIA FANERY RAMÍREZ LUNA, DAVID ALEJANDRO PATIÑO RAMÍREZ y ANDRÉS CAMILO PATIÑO RAMÍREZ, interpusieron contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín profirió el 26 de agosto de 2020, en el proceso ordinario laboral que los recurrentes instauraron contra la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES).

I. ANTECEDENTES

Claudia Fanery Ramírez Luna, David Alejandro Patiño Ramírez y Andrés Camilo Patiño Ramírez demandaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Carlos Iván Patiño Ruiz, postulando respecto del fallecido su calidad de cónyuge e

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Radicación n.° 90102 hijos, respectivamente. El reconocimiento pensional, se solicitó a partir del 1 de marzo de 2001, fecha del deceso del afiliado con su correspondiente retroactivo, los reajustes anuales conforme al IPC, intereses moratorios, la indexación de las anteriores sumas, costas y agencias en derecho. En respaldo de sus aspiraciones, en lo que interesa al recurso extraordinario, expusieron que Claudia Fanery Ramírez Luna, contrajo nupcias con Carlos Iván Patiño Ruiz

el 24 agosto de 1985, con quien convivió de manera ininterrumpida hasta el momento de su defunción el 1 de marzo de 2001 dándoles así un término de convivencia permanente de 16 años. Sostuvieron que de la mencionada unión conyugal se procrearon dos hijos, David Alejandro y Andrés Camilo Patiño Ramírez, quienes a la fecha de presentación de la demanda ya era mayores de edad. Señalaron que el causante estaba afiliado al Fondo de Pensiones administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, entidad en la que cotizó, hasta la fecha de su fallecimiento, 205.57 semanas, que sumadas a las correspondientes por el tiempo laborado para el Ministerio de Defensa NacionalPolicía Nacional entre el 1 de agosto de 1988, y el 4 de agosto de 1993, donde se acumularon 257.57 semanas, arroja un total de 463.14 semanas de las cuales 401.72 se consolidaron con anterioridad al 1 de abril de 1994.

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Radicación n.° 90102 Por último, afirmaron los demandantes que el 5 de diciembre de 2016 solicitaron a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin obtener, por lo menos hasta la presentación de la demanda, resolución alguna. Al dar respuesta a la demanda, la convocada a juicio se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos en que se fundamenta, aceptó la fecha del fallecimiento del cónyuge y padre de los demandantes y que al momento de la defunción se encontraba afiliado al ISS hoy Colpensiones.

Respecto a los demás, manifestó que no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación por falta del cumplimiento de los requisitos legales, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, compensación y pago, imposibilidad de condena en costas, y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia de 31 de enero de 2018, el Juez Quince Laboral del Circuito de Medellín decidió: (f.º 78, CD 1 y 79 Acta de Audiencia) […] PRIMERO: DECLARAR próspera la excepción inexistencia de la obligación.

SEGUNDO: DECLARAR que el afiliado CARLOS IVAN PATIÑO RUIZ (sic), quien se identificaba con cedula de ciudadanía 98.517.841, al momento de su fallecimiento el 1 de marzo de 2001, no dejó acreditado el derecho de la pensión de sobrevivientes para sus causahabientes.

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TERCERO: ABSOLVER a COLPENSIONES, representada legalmente por la doctora ADRIANA MARÍA GUZMAN RODRIGUEZ, o quien haga sus veces, de todas las pretensiones incoadas por la señora CLAUDIA FANERY RAMÍREZ LUNA, identificada con cedula de ciudadanía 43.680.134 y la de los señores ANDRÉS CAMILO PATIÑO RAMÍREZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.020.481.571 y DAVID ALEJANDRO PATIÑO RAMÍREZ, identificado con cedula de ciudadanía

1.020.465.291.

CUARTO: Las demás excepciones propuestas por la entidad demandada han quedado resueltas implícitamente con lo expuesto en el presente proveído.

QUINTO: En caso de no ser apelada esta providencia, se ordena el envío al proceso al H. TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, en grado jurisdiccional de consulta, debido a que la sentencia ha sido adversa en su totalidad a las pretensiones de la demanda.

SEXTO: Las costas serán asumidas por la parte demandante vencida totalmente en juicio. Para lo cual se fijan las agencias en derecho en suma de ($781.242).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA A fin de desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante, mediante sentencia de 26 de agosto de 2020, la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión del a quo e impuso costas a aquella. (f. 100 a 104 Cno. Ppal.) Para los fines que interesan al recurso de casación, el ad quem señaló que no se discutía que Carlos Iván Patiño Ruiz: (i) estuvo afiliado al ISS, hoy Colpensiones y, (ii) falleció el 1 de marzo de 2001.

Así, estimó que el problema jurídico a resolver consistía en determinar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más

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Radicación n.° 90102 beneficiosa y, en caso afirmativo, desde qué fecha se debe reconocer la prestación.

En este sentido, precisó que la jurisprudencia ha definido que la pensión de sobrevivientes debe analizarse a la luz de la normativa vigente al momento del deceso del afiliado, que para el caso era el art. 46 de la Ley 100/1993, en su versión original, que exigía un total de 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la muerte. Aseveró que en este asunto tal requisito no se cumplía, pues conforme a la relación de semanas cotizadas expedida por Colpensiones el asegurado realizó su última cotización en junio de 2000 (f. 30), es decir, que se trataba de un afiliado inactivo y en el último año anterior a la muerte solo cotizó 17 semanas. Respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en relación con la norma anterior, indicó que no era posible sumar los tiempos servidos a la Policía Nacional con las cotizaciones al ISS porque la tesis expuesta por la Corte Constitucional en sentencia SU-769-2014 se refiere únicamente a la pensión de vejez.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Fue interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo, previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la parte recurrente que la Corte «CASE TOTALMENTE» la sentencia recurrida, luego, una vez constituida en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se despachen favorablemente las

súplicas de la demanda. Con tal propósito, por la causal primera de casación formula un cargo, que fuera objeto de réplica y que pasa la Corte a resolver.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia impugnada de trasgredir por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, «el Art. 25 y 6 del DECRETO 758 DE 1990, lo que conllevó a la Falta de Aplicación -infracción directade los Art. 53 de la C.P., Art. 230 de la C.P., Art. 21 del C.S.T., Art. 272 de la ley 100 de 1993 y Art. 13 literal f) de la Ley 100 de 1993».

Señaló que una interpretación de la norma citada consiste en que la densidad de 300 semanas exigidas en dicha norma para dejar causada una pensión de sobrevivientes debe ser cotizada al ISS, sin que sea posible computar tiempos de servicios laborados para empleadores del sector público y no cotizados a dicho instituto. Y, en contraposición, existe otra que permite dicha sumatoria, siendo esta una lectura más garantista que encuentra respaldo en las sentencias CC SUSCLAJPT-10 V.00 6 Radicación n.° 90102 769-2014 y CSJ SL1994-2019 -Sala de Descongestión Laboral-, CSJ SL129-2021, CSJ SL1139-2021 y CSJ SL5147-2020, por lo que consideró que debe acogerse este último criterio. Profundizó la recurrente en su tesis vertiendo los siguientes argumentos: […] Veamos las diversas interpretaciones que se suscitan del contenido del Art. 6 del reseñado precepto normativo:

La primera de las interpretaciones consiste en que el Art. 6 y 25 del Decreto 758 DE 1990 de manera exclusiva, exige que la densidad de 300 semanas deben ser cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, lo que trae como consecuencia que los tiempos de servicio laborados para empleadores del sector público y no cotizados al Instituto de Seguros Sociales, pero si a entidades o cajas de previsión social, no pueden ser computados para efectos de reconocer las prestaciones que el referido reglamento establece, caso concreto la pensión de sobrevivientes. Mientras que la segunda de las interpretaciones no exige exclusivamente que las referidas cotizaciones deban ser cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, lo que implica que el tiempo laborado para empleadores del sector público y no cotizado al Instituto de Seguros Sociales, si pueden ser computables para efectos pensionales, especialmente para el reconocimiento de los referidos derechos que consagran los reglamentos que rigen desde antaño, tal como acontece con el Decreto 758 DE 1990. Se insiste, en pro de ahondar en razones, a efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes se puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13 literal f) con intenciones de validar tiempos de servicio no cotizadas y prestados con antelación a la vigencia de la ley 100 de 1993. Así las cosas, existe una necesidad de elegir una de las dos interpretaciones lo que indefectiblemente se convierte en una

incertidumbre o duda seria y objetiva de elegir entre una de las dos hermenéuticas; situación está que, ante la referida concurrencia de interpretaciones en juego que resultan aplicables a los supuestos facticos, se debe elegir la que más le favorezca los intereses al afiliado, art. 53 C.P. y 21 C.S.T., esto es, la segunda de ellas.

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Radicación n.° 90102 (…) En consecuencia, una vez analizado el presente caso a la luz de la normatividad reseñada e interpretada bajo el anterior contexto, se extrae que el señor Carlos Iván Patiño Ruiz cuenta con la densidad de 463.14 semanas con antelación al 1 de abril de 1994; situación que, indudablemente, sin dubitación alguna, permite concluir que dejó causado los requisitos contemplados en el Art. 6 y 25 del Decreto 758 DE 1990 bajo el imperio de la aplicación de la segunda de las interpretaciones desarrolladas en líneas precedentes y en aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica, equidad, favorabilidad y pro operario. En ilación con lo anterior, el presente cargo debe prosperar casando la sentencia y en sede de instancia revocar la de primera, condenando a la entidad demandada al reconocimiento y pago de la prestación en favor del polo activo. (Las subrayas y Negrillas son del texto original)

VII. RÉPLICA La opositora refirió que el cargo adolece de defecto de técnica, pues se acusa la interpretación errónea de la ley sustancial sin examinar la errada interpretación de las normas que enlista, según lo realizó el ad quem, al igual

omite indicar cual fue la incidencia en el fallo y la forma correcta en que debe ser interpretada. En cuanto al asunto de fondo, afirmó que el Tribunal no interpretó equivocadamente las normas relacionas en la proposición jurídica. Asimismo, que la disposición aplicable en materia de pensión de sobrevivientes es la vigente a la fecha del deceso del afiliado, en este caso la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos mencionó y señaló que no se cumplían en este asunto, sin que sea posible aplicar el principio de la condición más beneficiosa.

VIII. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 90102 Comienza la Sala por señalar que no le asiste razón a la oposición al afirmar que en el recurso no se estableció de qué manera el Tribunal interpretó erróneamente las disposiciones legales acusadas y tampoco se puntualizó de qué forma la interpretación acogida incidió en la decisión. Lo cierto, sin lugar a dudas, es que la recurrente reprocha que se hubiera realizado una interpretación de los arts. 25 y 6 del Acuerdo 049/1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sin privilegiar la interpretación que sobre esos mismos preceptos ya había sido emitida por los máximos órganos de las jurisdicciones constitucional y ordinaria, pues, en su sentir, ello supone una negación del derecho pensional, pese a la existencia de «una lectura más garantista». No se discute en sede casacional que: (i) Carlos Iván Patiño Ruíz prestó servicios en la Policía Nacional entre el 1

de agosto de 1988 y 4 de agosto de 1993, para un subtotal de 257.57 semanas de servicios; (ii) cotizó al Instituto de Seguros Sociales entre el 6 de marzo de 1985 y el 30 de junio de 2000, un subtotal de 205,57 semanas; (iii) que acumuló en su vida laboral un total de 463.14 semanas de las cuales 401.72 corresponden a periodos anteriores al 1 de abril de 1994; (iv) falleció el 1 de marzo de 2001; (v) era cotizante inactivo al momento de su muerte y no sufragó 26 semanas en el año anterior a este suceso, de modo que no dejó causada la pensión de sobrevivientes bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, y (vi) la demandante Claudia Ramírez Luna era

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Radicación n.° 90102 su cónyuge, y los demandantes David y Andrés Patiño Ramírez eran sus hijos. Ahora, debe precisarse que el Tribunal, como fundamento medular de su decisión confirmatoria de la absolución impartida en primer grado, postuló dos argumentos centrales, a saber: i) consideró, con apoyo en precedentes jurisprudenciales, que el principio de la condición más beneficiosa, en el tránsito legislativo ocurrido entre el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, solo tendría ocurrencia si en vigencia de la primera norma se había realizado la cotización mínima de semanas exigidas para el reconocimiento del pretendido derecho (150 o 300 semanas según corresponda), sin

que sea posible la sumatoria de semanas cotizadas al ISS con semanas laboradas en el sector público sin cotización para satisfacer la referida exigencia y ii) que sin desconocer que la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia CSJ SL1981-2020 varió su criterio en torno a posibilitar la sumatoria de semanas cotizadas al ISS con tiempos públicos sin cotizaciones, afirma que dicha postura fue adoptada en el marco de una pensión de vejez reconocida con base en el régimen de transición, resultando disímil el tema que ocupa las presentes diligencias que trata de una pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. En ese orden de ideas, la Corte debe resolver si el Tribunal incurrió en un yerro jurídico al considerar que para efectos de acreditar las exigencias del Acuerdo 049 de 1990,

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Radicación n.° 90102 cuando se aplica en virtud del principio de la condición más beneficiosa, no se pueden adicionar a los aportes realizados al ISS los tiempos de servicio público sin cotizaciones a esa entidad. En efecto, el debate puesto aquí a consideración fue ya definido por la Sala en la sentencia CSJ SL5147-2020 y reiterada más recientemente en las sentencias CSJ SL41652021 y SL5291-2021, cuando en la primera de estas se modificó el criterio que adoctrinaba la imposibilidad de realizar esa sumatoria, para señalar que en el marco del principio de la condición más beneficiosa, cuando el tránsito legislativo que gobierna la situación pensional se da entre el

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, es posible acumular dichos tiempos de servicios, a efectos de dejar causadas las pensiones reguladas en los artículos 6.º y 25 de aquel reglamento del ISS. En dicha oportunidad, la Corporación asentó: [...] es oportuno rememorar la sentencia en la cual la Corporación justificó la aplicación de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a las pensiones de invalidez y de sobrevivientes que se concedieron con apoyo en la normativa anterior a la vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, esto es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, cuando se invoca la condición más beneficiosa. En esa ocasión, la Corte adujo que en dichas circunstancias las prestaciones mencionadas debían considerarse integradas al esquema general de pensiones concebido por la Ley 100 de 1993 (CSJ SL, 31 mar. 2009, rad. 33761). Este análisis tiene sustento en el hecho de no ser las pensiones así causadas ajenas a la nueva legislación, en cuanto el riesgo se verificó en su vigencia y, por tanto, «deben ser consideradas como pertenecientes al régimen solidario de prima media con prestación definida» y «como de aquellas de que trata la Ley 100 de 1993».

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Radicación n.° 90102 Nótese, además, que, cuando se trata de condición más beneficiosa, la alusión a la normativa inmediatamente

precedente es para efectos únicamente de conservar las expectativas legítimas y garantizar la cobertura de prerrogativas inherentes a los derechos fundamentales de la seguridad social a quienes tenían cumplido el número mínimo de semanas en esa disposición. Los demás requisitos y condiciones se regulan por las normas vigentes cuando se estructuran los riesgos protegidos, por ejemplo, las condiciones de convivencia, el monto de las prestaciones o las circunstancias para la estructuración de la invalidez. En este punto es oportuno señalar que la parte pertinente de los preceptos acusados relativa a la posibilidad de la sumatoria de tiempos públicos no cotizados al ISS con los aportes efectivamente sufragados a esa entidad, a efectos de acceder a la prestación de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990, son desarrollo del literal f) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. En esa medida, guarda coherencia con los aspectos mencionados, el entender que para efectos de definir el requisito mínimo de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, en el caso de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se puede acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y concretamente al artículo 13 literal f), que establece: Art. 13.- El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: (…) fPara el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier

Caja, Fondo o Entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio; En ese contexto, es claro que fue el propio legislador del año 1993 el que consagró como criterio rector en seguridad social, la posibilidad de acumular para el acceso a las distintas pensiones y prestaciones las variadas formas en que los afiliados concurren a la financiación del sistema. Así, se permitió la sumatoria de las cotizaciones a las distintas cajas o entidades administradoras del régimen con tiempos de servicios en el sector público, incluso anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y se previeron los instrumentos para facilitarla, tales como los bonos pensionales, cálculos actuariales o cuotas partes pensionales. Ese criterio de regulación inclusivo obedece al reconocimiento de la circunstancia relativa a que, durante su trayectoria profesional, los afiliados tienen movilidad en los sectores público y privado en razón a las contingencias del mercado laboral. Por

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Radicación n.° 90102 tanto, el Estado en esas condiciones debe garantizar el acceso a las diversas prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que se protege es el trabajo humano como soporte de los derechos fundamentales e irrenunciables de la seguridad social. La nueva orientación jurisprudencial sobre el tema guarda armonía con el criterio reciente de la Sala que abrió la posibilidad de adicionar tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS con las semanas efectivamente sufragadas a esa entidad, cuando se acude en materia de pensiones de vejez a las previsiones del

Acuerdo 049 de 1990 en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL1981-2020, CSJ SL1947-2020, CSJ SL 74937, 26 ago. 2020 y CSJ SL 55270, 26 ago. 2020). (...). De modo que no existe obstáculo alguno para considerar que a fin de acreditar el número de semanas previsto en los artículos 6.º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 para las pensiones de invalidez y sobrevivientes, en virtud del principio de condición más beneficiosa, se puedan adicionar los tiempos públicos sin cotizaciones al ISS y las semanas sufragadas a esa entidad. Esta interpretación es la que más se ajusta al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del derecho a la seguridad social, en tanto garantía fundamental e irrenunciable de conformidad con los postulados de la Carta Política de 1991, a fin de no dejar en situación de desprotección a los afiliados o sus beneficiarios cuando se hayan prestado servicios en el sector público y privado. Luego entonces, conforme al anterior precedente judicial y a los supuestos fácticos indiscutidos en casación, al sumar los tiempos de servicios que Carlos Iván Patiño Ruíz para la Nación - Ministerio de defensa – Policía Nacional con los aportes al ISS, deviene evidente que dejó causada la pensión de sobrevivientes al amparo del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, aplicable por virtud del principio de la condición más beneficiosa. Ciertamente, el asegurado fallecido se afilió al ISS antes

de la vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 (6 de marzo de 1985) y, hasta entonces, no se discute

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Radicación n.° 90102 que sufragó 144.15 semanas con anterioridad al 1 de abril de 1994 (f.º 30), ni que al sumarlas con las 257.57 semanas laboradas para la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional (f.º 31 y ss.), también con anterioridad a la citada data, ajustaba un total de 401,73 semanas. Asimismo, tampoco se controvierte que el afiliado falleció el 1 de marzo de 2001, esto es, en vigencia del artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, de modo que es viable aplicar el principio de la condición más beneficiosa a efectos que sus beneficiarios puedan reclamar la pensión de sobrevivientes con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, que en sus artículos 6 y 25 exigía para dicha prestación periódica por muerte 300 semanas de aportes en toda la vida laboral o, 150 en los 6 años anteriores a la muerte, exigencias que se cumplen en este asunto. Por tanto, conforme a la postura jurisprudencial, que aquí se reitera, el Tribunal incurrió en el desatino jurídico que le endilga la censura, de modo que se casará íntegramente la sentencia. Sin costas en el recurso extraordinario de casación.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA En sede de instancia, en armonía con lo expuesto en casación y de cara a resolver el recurso de apelación

formulado por la parte demandante, no se requieren mayores

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Radicación n.° 90102 consideraciones para concluir que, en este asunto, el Sr. Carlos Iván Patiño Ruiz, hoy fallecido, dejó causada una pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, en los términos de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Lo anterior encuentra sustento luego de analizar la documental aportada, donde la Sala advierte que por el tiempo de servicios trabajado en la Nación-Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional entre el 1 de agosto de 1988 y el 4 de agosto de 1993, más lo cotizado efectivamente al ISS entre el 6 de marzo de 1985 y el 22 de diciembre de 1987, en realidad se obtiene un total de 401.72 semanas. Por tanto, se ratifica que se acreditó la exigencia de las 300 semanas en cualquier tiempo -prevista en las aludidas disposicionesantes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por ello la prestación reclamada es una expectativa legítima que debe protegerse al amparo de dicho principio (CSJ SL115482015, CSJ SL4064-2019 y CSJ SL1663-2021). En esta última la Corporación explicó: […]En todo caso, cabría decir, que no se equivocó el Tribunal al estudiar el asunto de esa manera, ya que la jurisprudencia de la Corte ha enseñado, que en tratándose de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado al régimen de prima

media, cuando ella acontezca en vigencia de la Ley 100 de 1993, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa busca resguardar las prerrogativas de los derechohabientes, otorgándoles la prestación por muerte, aunque el causante no hubiera cotizado 26 semanas al momento del deceso (afiliado cotizante) o en el año inmediatamente anterior (afiliado no cotizante), exigidas por el artículo 46 de dicha ley -en su versión original-. Pero para hacer efectivo tal principio, el causante deberá haber

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Radicación n.° 90102 reunido –al momento de entrar a regir el sistema, las condiciones (semanas cotizadas) exigidas por los artículos 6° y 25° del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, o sea, las requeridas por el régimen inmediatamente anterior a la citada ley. Así, la Sala ha establecido que, para considerar viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en el evento de una pensión de sobrevivientes, el causante debió haber reunido una de las siguientes condiciones: 1) al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de1993, haber cotizado al menos 300 semanas en cualquier tiempo; o 2) haber cotizado al menos 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del fallecimiento, e igual número a la entrada en vigencia de la citada ley. Por otro lado, teniendo en cuenta que el a quo se abstuvo de verificar si los demandantes acreditaban la condición de beneficiarios, dado el efecto consecuencial de su conclusión sobre la no causación de la pensión de

sobrevivientes por parte de Carlos Iván Patiño Ruiz, deberá proceder esta instancia al análisis de los medios probatorios allegados a efecto de verificar si los aquí demandantes satisfacen las exigencias legales para ser titulares de la prestación deprecada. Pues bien, no existe duda por así encontrarse acreditado en el plenario, conforme a la documental obrante a folios 36, 38 y 39, -copia de los folios del registros civiles de matrimonio y nacimientoque respecto del afiliado fallecido Carlos Iván Patiño Ruiz, ostentaban la condición de -cónyuge supérstiteClaudia Fanery Ramírez Luna y de -hijosDavid Alejandro Patiño Ramírez y Andrés Camilo Patiño Ramírez, pasándose entonces a verificar si ellos logran acreditar, a su vez, los requisitos de convivencia y dependencia económica,

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Radicación n.° 90102 según se corresponda en los términos del Art. 47 de la Ley 100/1993. De un lado, se tienen las declaraciones extrajuicio que rindieron Julián Norberto Ruiz Cardona y Francisco Iván Mejía Suarez, folio 41 del plenario, las cuales fueron coincidentes en afirmar: […]conocemos de vista y trato a la señora CLAUDIA desde hace más de veinticinco (25) años, y nos consta que contrajo matrimonio el día 24 DE AGOSTO DE 1985 con el señor CARLOS IVAN con quien convivió de manera permanente e ininterrumpida, compartiendo mesa, lecho y techo desde la fecha de su matrimonio hasta el 01 DE MARZO DE 2001, fecha esta

última en la cual falleció, de quien ella dependía económicamente en un todo, pues era él quien le procuraba en todo lo necesario para su subsistencia. De dicha unión se procrearon a 2 hijos de nombres, DAVID ALEJANDRO ANDRES CAMILO PATIÑO RAMIREZ, siendo ambos mayores de edad y estudiantes. Declaramos de igual manera, que no conocemos más hijos reconocidos, adoptivos o por reconocer del señor CARLOS IVAN, así como alguna otra compañera permanente. De otro lado, al interior del proceso y en el escenario de la práctica de pruebas dentro de la audiencia prevista para dichos fines -Art. 80 CPTSSse recaudaron el interrogatorio de parte absuelto por Claudia Fanery Ramírez Luna y las versiones testimoniales suministradas por Luis Alberto Echeverri Villegas y Luz Hermiz Loaiza Gaviria. En la primera de las pruebas mencionadas, Claudia Fanery Ramírez Luna reafirma todo lo relatado en los hechos de la demanda, precisando que para la fecha del fallecimiento del afiliado se encontraban conviviendo como cónyuges en compañía de sus dos hijos y teniendo como domicilio la casa

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Radicación n.° 90102 de su progenitora, aclarando, por último, que de la pregonada unión conyugal se procrearon cuatro hijos, pero los dos mayores ya habían fallecido, subsistiendo por tanto los dos hijos que la acompañan en el presente proceso. Entre tanto, las versiones testimoniales suministradas por Luis Alberto Echeverri Villegas y Luz Hermiz Loaiza Gaviria, coincidieron en afirmar que conocieron a la pareja

conformada por la demandante y el afiliado fallecido desde aproximadamente 30 a 32 años atrás, dando fe de su conocimiento sobre la convivencia de la pareja por la vecindad sostenida con ellos en el barrio Castilla y la amistad y afecto que desde niñas han mantenido la declarante Loaiza Gaviria y la demandante, señalando que se visitaban permanentemente, incluso cuando la pareja vivió en otro domicilio, pues, afirma la deponente que ella siempre ha sido cliente de los servicios de peluquería que le presta la Sra. Ramírez Luna. De igual manera fueron asertivos los testigos sobre su conocimiento sobre la existencia de