CSJ - SL2981-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL2981-2023 Radicación n.°95153 Acta 39 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 29 de octubre de 2021, en el proceso que instauró, ELMA SOFIA PARGA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas J.J.J.J, y K.K.K.K. contra la recurrente y de manera solidaria contra

los señores FRANCISCO DURÁN CASAS, FRIEDERICH

EMANUEL BRISCHEL GUERICKE.

I. ANTECEDENTES Elma Sofia Parga, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas J.J.J.J. y K.K.K.K. llamó a juicio a ALPHA Seguridad Privada Limitada, con el fin de que se

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Radicación n.°95153 declare a la demandada culpable de la muerte del señor Víctor Antonio Bastidas Reina, ocurrida el 12 de abril de

2010. En consecuencia, solicitó el pago de la indemnización plena de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 216 del CST, perjuicios materiales, vida en relación, lucro cesante consolidado futuro, perjuicios morales y todos los reajustes a que haya lugar e indexación.

Fundamentó sus peticiones en lo que interesa al recurso extraordinario, en que Víctor Antonio Bastidas Reina prestó sus servicios a la demandada desde el 20 de

marzo de 2004 hasta el 12 de abril de 2010. Que el cargo desempeñado por el demandante fue de Supervisor de Seguridad en la ciudad de Cali, mediante turnos rotativos de 12 horas, que el salario básico mensual era de $515.000 y el promedio de $911.334. Manifestó que el 8 de abril de 2010 el Jefe de Operaciones de la Empresa solicitó la devolución de todos los chalecos blindados, como medida de control. Que a pesar de ostentar el cargo de supervisor fue enviado a prestar sus servicios personales de escolta en el barrio Portero Grande a las 2:30 pm. En dicho lugar, un individuo se le acercó y le disparó, fue llevado a la Fundación Valle de Lili donde minutos más tarde murió. Agregó la parte demandante que Víctor Antonio Bastidas era su compañero permanente, con quien convivía, que tuvo dos hijas con él, que le fue reconocida la pensión de sobrevivientes. Que la empresa demandada es

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Radicación n.°95153 responsable a título de culpa por haberlo enviado a cumplir una labor diferente para la que fue contratado, además de no proporcionarle los elementos de protección adecuados, como tampoco se evaluó el riesgo de la labor encomendada, teniendo en cuenta que fue enviado a uno de los sectores más peligrosos de la ciudad. Consideró además, que del informe pericial de medicina legal se desprende que el señor Bastidas no tenía chaleco de seguridad. Así mismo, que para la fecha de su muerte tenía 36 años, que no desempeñaba ninguna actividad laboral y su deceso ha causado un gran dolor y

afección emocional. Al dar respuesta a la demanda de manera conjunta, la empresa demandada y los señores Durán Casas y Brischel Guericke se opusieron a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptaron la vinculación laboral, el cargo desempeñado de Supervisor de Seguridad y el lugar de la prestación del servicio. Aclararon que el 9 de abril de 2020, se informó a la dirección general que los chalecos se encontraban a disposición del personal. Y precisó en el hecho cuarto que el 12 de abril de 2020 el señor Bastidas Reina trabajaba como Supervisor, que su muerte se originó en virtud de causas ajenas, y es un hecho de tercero. En su defensa se propuso la falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido y culpa de la víctima.

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Radicación n.°95153 II.SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 19 de mayo de 2014 (fls. 797 a 802), resolvió: Primero: Declaró que la sociedad demandada es responsable en los términos del artículo 216 del CST por la ocurrencia del accidente del señor Víctor Antonio Bastidas Reina.

Segundo: Condenó al pago de lucro cesante a Elma Sofia Parga la suma de $27.615.267.74. Y por concepto de daños morales la suma de $25.000.000.

Tercero: Condenó a favor de J.J.J.J. y K.K.K.K. la suma de

$6.609.661,67 por concepto de lucro cesante y, por concepto de daños morales $10.000.000.

Cuarto: Declaró solidariamente responsables a los señores

Francisco Duran Casas, Friederich Emanuel Brischel Guericke.

Quinto: Declaró probada la tacha por falsedad documental propuesta por la parte demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante fallo de 29 de octubre de 2021, al resolver los recursos de apelación de la parte demandante y

demandada, decidió:

1. MODIFICAR el numeral 2o de la sentencia apelada en el sentido de tener como suma a pagar por lucro cesante consolidado a favor de la señora ELMA SOPHIA PARGA $13.065.323, lucro cesante futuro la cifra de $178.602.136 y por los perjuicios morales $25.000.000, conforme los considerandos de la presente sentencia.

2. MODIFICAR el numeral 3o de la sentencia apelada en el sentido de tener como suma a pagar por lucro cesante futuro a favor de la joven KKK la de $37.156.226, por lucro cesante consolidado la cifra de $6.532.661 y por daños morales la suma de $20.000.000. Conforme los considerandos de la presente sentencia.

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3. MODIFICAR el numeral 4o de la sentencia apelada en el sentido de tener como suma a pagar por lucro cesante futuro a favor de la joven JJJ la de $19.923.711, por lucro cesante

consolidado la cifra de $6.532.661 y por daños morales la suma de $20.000.000, por las razones expuestas en los considerandos de la presente sentencia. CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal desarrolló el análisis así: En relación con la apelación de la demandada: A efectos de determinar la culpa de la que habla el artículo 216 del CST el Tribunal indicó de manera expresa que: «para su debida tipificación es menester tener de presente que el empleador se considera “deudor de seguridad” dado que dentro de sus obligaciones laborales artículos 57 y 348 de la misma codificación, y en plano internacional se establece en el convenio 161 de la O.I.T ratificado por la ley 378/97, art. 3, responsabilidades en la forma y manera como ha de desarrollarse la actividad productiva, lo que incluso ha sido decantado por la normativa patria antes de esta codificación y de manera posterior mediante la Ley 9 de 1979 art. 81, y la Resolución 2400 de 1979». El colegiado de instancia citó de manera expresa lo dispuesto en los artículos 57, 348 del CST, y el artículo 3 de la Ley 378 de 1997. Precisó que en el ámbito del trabajo al empleador le

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Radicación n.°95153 asiste la necesidad de acreditar un despliegue operativo capaz y racional sobre el efectivo cumplimiento de sus obligaciones, esto es que el sitio de trabajo tenga un ambiente laboral sano, ajeno de penalidad y toxicidad; «su

insatisfacción queda regulada bajo las pautas de los artículos 1604 y 1757 del Código Civil, en donde se establece la carga de probar la causa de la extinción de esa responsabilidad a quien ha debido emplear la diligencia o cuidado debido en la administración de los negocios propios (…)». Adujó el fallador de segunda instancia que la empresa demandada fincó sus expectativas en el hecho de existir culpa exclusiva del trabajador. Fundó su posición la empresa en el hecho de que actuó́ con diligencia y cuidado de las normas, sin demostrar en dónde estaba el actuar descuidado del empleador y su nexo de causalidad con el daño. La tesis del Tribunal se resume en lo siguiente: a) No hay duda en el proceso que el deceso del trabajador acaecido el 12 de abril de 2010 (fl. 31), se dio en cumplimiento de sus funciones, no solo lo acredita el informe de la ARL a folio 30, donde se deja consignado que estaba pasando revista al servicio de escolta cuando recibió́ los impactos de bala, lo acepta la demandada en la contestación al hecho 4o (fl. 101) y lo determinó la instancia, sin discusión del recurso del empleador (Énfasis añadido). b) Si bien a folio 359 se allega por parte de la ARL, copia del diploma del señor BASTIDAS sobre curso avanzado de supervisor, así́ como diferentes actas de reuniones de Copaso – creada en agosto de 2008de la empresa, varios realizados en fechas posteriores al deceso del trabajador (fls. 204 a 318, lo que se evidencia en dichos documentos es el manejo de riegos dentro de la empresa por químicos, ruidos, iluminación, radiaciones,

etc (fl. 268), más no de los riegos que como empresa de seguridad privada acarrea para sus trabajadores. Hablan dichos folios de la reiteración de capacitación a los trabajadores, mantenimiento de máquinas y equipos de la empresa, sin especificar de qué se trata, a qué cargos, para qué

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Radicación n.°95153 funciones determinadas, cuáles son las diferentes máquinas que se manejan en la empresa, dependiendo el cargo y/o funciones, se trata de una serie de directrices plasmadas en forma genérica sobre las instalaciones de la empresa, y no determinadas en forma específica, pensadas para cada uno de sus trabajadores, sus cargos, funciones, sobre los riesgos a los que están sometidos cada uno de ellos, en este caso especial el de supervisor de patrulla. (Énfasis añadido) Por otro lado, el ad quem advirtió que debe tenerse en cuenta el informe de parte de la ARL, en el cual se consignó la inmersión del señor Bastidas en una zona de alto riesgo por su peligrosidad (fl.170), lo que constituyó una situación que no fue tenida en cuenta por la empresa sino después de ocurrido el siniestro. Reprodujo además lo que refirió la demandada en cuanto a la realización de un análisis de riesgo por oficio en junio de 2013 (fl. 373) y para el 14 de mayo de 2010 puso de presente que se hizo una capacitación para la utilización de implementos dirigida a los supervisores y escoltas, capacitación de la que advierte el colegiado de instancia no hay registro en el plenario de haberse llevado a cabo con

anterioridad a la muerte del señor Bastidas y que resulta de vital importancia por tratarse de una empresa de seguridad privada, que maneja este tipo de riesgos y tiene constante utilización de armas de fuego, así como de diferentes implementos que le puedan acompañar. De este modo, concluyó el Tribunal que no está́ acreditado en autos la necesaria y debida capacitación propia para los supervisores de patrulla, cargo ocupado por el ahora occiso y que, como se relacionó́, ello no se suple

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Radicación n.°95153 con los protocolos y capacitaciones que se allegan al expediente. Adicional a lo expuesto el juez de segunda instancia consideró que resulta relevante advertir: a) la efectiva presencia del accidente de trabajo b) ser incuestionable su génesis comienza con la certidumbre de realizar el causante. concomitante con otro trabajador de la empresa el recorrido que se hacía de los cobradores (f.124,170 y 200 digital, punto III sobre procedimiento respecto de medios de prueba, punto dos) lo que coloca de presente igualdad de riesgo en la labor, c) la falta de los adecuados equipos de protección, como el chaleco anti balas (f.619 y 621), el cual tal y como se ve con el informe de medicina legal no se llevaba puesto (fl. 164 vlto), con lo que se demuestra no solo la absoluta falta de cuidado y diligencia del empleador en la supervisión y control del personal, sino que efectivamente para el momento de su función y muerte no se podía evitar. Situación que hace descartar la tesis que quiere hacer ver la apelante, ser un acto provocado con la cierta

intención de llevarlo a cabo, de donde podría seguir, la idea de obedecer a una imprevisión del trabajador, al no llevar su chaleco y a su vez de la empresa de permitir su función estando en esas condiciones de desprotección, lo razona el hecho de no existir en materia laboral la concurrencia o compatibilidad de culpas, como la jurisprudencia nacional especializada así́ lo ha decantado. Agregó además que la responsabilidad de la empleadora se extingue o reduce con la falta de cuidado o exceso de confianza del trabajador, dado que la accionada como empleadora no realizó o cumplió las obligaciones laborales impuestas por la legislación y es que se coloca por fuera de toda duda que el ambiente o sitio de trabajo sea un nicho de impropiedades funcionales, como lo es, permitir que un supervisor de patrulla salga a cumplir sus funciones sin los elementos de protección que en materia de seguridad privada resultan básicos, máxime cuando vemos que el

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Radicación n.°95153 actor realizaría trabajos en diferentes lugares, alguno de ellos de alta peligrosidad, como sucedió́ al asistir en la supervisión. Finalmente, indicó que afirmó la demandada existir yerro en la valoración de la prueba testimonial, no obstante, señaló el Tribunal que no se determinó cuáles fueron los excesos u omisiones que el juzgado tuvo ni sobre quien o quienes recayó́ ese yerro. Respecto del testimonio que sí identifica el recurso de la parte demandada es el de la señora Yenny Marulanda, de quien se afirmó que el juzgado no hizo referencia a la tacha realizada sobre dicho testigo, pero

posteriormente dice que ese testimonio debe valorarse por no haber sido tachado, y en consecuencia, solicitó se tenga en cuenta su declaración en lo que para ella le resulta favorable, esto es, en lo referente al llamado que la señora Yenny le hiciera como operadora de turno al señor Bastidas para la recolección de su chaleco anti balas. Para el colegiado de instancia ese aparte del testimonio no solo hace ver que el chaleco antibalas si era necesario en la labor del señor Bastidas y lo requería para ejercer sus funciones, sino que reafirma la omisión del empleador en permitir la salida de su trabajador sin sus implementos de seguridad, es decir, no veló porque se cumplieran las normas de seguridad para la protección de su personal. Y, respecto de la apelación de la parte demandante: A juicio del Tribunal en relación con los perjuicios

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Radicación n.°95153 morales se advierte que la jurisprudencia especializada ha señalado ser suficiente en poder advertir sin dificultad el impacto moral que ocasiona la pérdida de un integrante de la familia, como en este caso lo era el padre del hogar conformado por el occiso, la señora Elma y sus dos hijas, situación que a la óptica del juez de segundo grado merece especial resarcimiento, por lo cual con ayuda del principio «arbitrio iudicis» hay lugar aumentar este rubro. Lo anterior, teniendo también como referente, las sumas que en el precedente ha establecido la Corte Suprema en el caso del deceso de un padre de familia. Así́ las cosas, fijó a favor de cada una de las hijas la suma de veinte millones de pesos

moneda corriente ($20.000.0000) a título de compensación, cifra que no supera el valor pedido en la demanda por este concepto (fl. 8). Con relación a los perjuicios materiales por lucro cesante consolidado y futuro, precisó el Tribunal que le asiste razón a la apelante en lo que corresponde a la utilización por parte del juzgado de un salario inferior al que realmente devengaba el trabajador, que para el momento de su deceso era de $911.334, esto se corroboró con la liquidación de las prestaciones realizada en abril de 2010 a sus beneficiarios (fl. 36), en la que se tiene un salario promedio devengado por esa cifra, suma que también es aceptada en la contestación al hecho 2o de la demanda tal y como se ve a folio 100. En cuanto a la edad probable de la demandante, no se allegó en el expediente ni registro civil de nacimiento de la

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Radicación n.°95153 señora Elma Sophia, ni copia de su cédula de ciudadanía, para establecer su edad a la fecha de emisión de la sentencia del juzgado, sin embargo, el Tribunal realizó el presente análisis: […] el registro civil de nacimiento de su hija KAROL YESSENIA registra que para la fecha del nacimiento de la menor -18 de septiembre de 1997-, la madre contaba con 23 años de edad (fl. 32), luego, al 19 de mayo de 2014 la compañera del señor BASTIDAS contaba con 40 años de edad, por lo que su vida probable para esa fecha era de 40, 45 años más (resolución No 1555 del 30 de julio de 2010 de la superintendencia

financiera), es decir hasta el año 2054, pero como quiera que la apelante lo limitó en su recurso hasta el año 2049, ante la ausencia de facultades extra y ultra petita, esa será́ el periodo tenido en cuenta de vida probable; no así́ para sus hijas, pues contrario a lo manifestado en el recurso, los alimentos necesarios o congruos se deben a los hijos hasta los veinte un años de edad (art. 413 y 422 del código civil) Y específicamente en relación con la cuantificación de los perjuicios, afirmó lo siguiente: No obstante las liquidaciones anteriores, ante la ausencia de facultades extra y ultra petita por parte de la Corporación, En el caso del lucro cesante futuro de la joven KAROL, como quiera que en la demanda se limitaron a $37.156.226 (fl.12), ese será́ el valor que tomará la Sala por este concepto, así́ como el lucro cesante consolidado que en el caso de KAROL y en el de YENNIFERTH lo establecieron en la demanda por $4.472.371 para cada una, cifra inferior al condenado por el juzgado de seis millones de peso, por lo que no habría diferencias a su favor teniendo en cuenta las aspiraciones que siempre tuvieron como parte actora. En cuanto a la señora ELMA SOPHIA, si bien pide aumentar su lucro cesante consolidado, es de ver que la suma concedida por la instancia de $13.065.323, es superior a la aspirada en la demanda de $8.944.743 (fl. 10), por consiguiente, ante la ausencia de facultades extra y ultra petita, debe confirmarse en ese punto, no así́ del lucro cesante futuro, el cual hay lugar a

modificar conforme la liquidación realizada por la instancia.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Alpha Seguridad Privada Ltda, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrente que se case en su totalidad la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de fecha 29 de octubre de 2021, que modificó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali de fecha 19 de mayo de 2014, para que, en sede de instancia proceda a revocar la sentencia proferida por el a quo, y profiera la que en derecho corresponde, dando prosperidad a las excepciones propuestas por la pasiva.

Con tal propósito formula cuatro cargos por la causal primera de casación, siendo objeto de réplica. Por razones metodológicas los cargos tercero y cuarto serán resueltos de manera conjunta.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia impugnada por violación directa en la modalidad de interpretación errónea por violación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, medio que condujo a la incorrecta aplicación de los artículos 57 y 348 del CST.

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Radicación n.°95153 Adujo la censura que la sentencia del Tribunal que se ataca, le dio al referido artículo 216 un alcance que no tiene al manifestar que: «(…) establece para el éxito de la indemnización plena de perjuicios la edificación procesal de

la culpa patronal, (cuarto párrafo de la página 81, numeración PDF, Cuaderno del Tribunal Recurso Apelación Segunda Instancia, página 3 de la sentencia), ello definitivamente no es lo establecido en tal norma, algo muy diferente señala la disposición, el artículo 216 anuncia es que la culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo». A juicio de la censura, en el presente caso, el hecho del accidente no es consecuencia de una culpa imputable a ella como empleadora, sino, de la conducta dolosa de un tercero ajeno a la empleadora, que produjo la muerte del trabajador. Y, en efecto, aceptó que el accidente de trabajo, debe calificarse así, puesto que sucedió en las horas de trabajo del empleado, no obstante, insistió en que no fue un accidente consecuencia de la culpa del empleador, sino con culpa de un tercero. Señaló que pasó por alto la sentencia que no se está frente a culpa suficientemente probada del empleador, sino de la acción de un tercero que actuó con dolo, tal dislate llevó a darle un alcance que no tiene el artículo 216, pues la culpa del empleador sí genera la obligación a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero no dice la norma que el dolo de un tercero, vale decir, la intención

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Radicación n.°95153 de hacer daño de un tercero, pueda generar la obligación plena de indemnización del empleador al trabajador. En conclusión, indicó que se hizo responsable como empleadora de un daño que no deviene de una negligencia

suya, sino de la conducta dolosa provocada por un tercero, ajeno a la empresa, lo que no hace parte de la responsabilidad patronal como equivocadamente indicó el fallador. Consideró que la actuación dolosa de terceros no está incluida en el artículo 216, llegando por tanto el juez de segunda instancia a una interpretación errónea de la norma lo cual afectó la aplicación de disposiciones como el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que alude a las obligaciones especiales del empleador y el 348 de la misma codificación que se refiere a medidas de higiene y seguridad a cargo de los empleadores.

VII. RÉPLICA La parte opositora advirtió que el alcance de la impugnación se encuentra mal planteado y no cumple los requerimientos del artículo 90 del C.P.T.S.S. Consideró además totalmente desacertado el planteamiento de la casacionista al pretender desconocer que el fallecimiento del trabajador ocurrió dentro de las actividades laborales que le había asignado el empleador y en el horario fijado para su trabajo y que, por tanto, no hay culpa imputable a éste.

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Radicación n.°95153 Precisó que la actividad prestada por el señor Víctor Bastidas, es de alto riesgo y, por consiguiente, se le debe dotar de todos y cada uno de los elementos que garanticen su seguridad personal; obligaciones que corresponden al empleador, por ende, no lo exonera de culpa el hecho que un tercero haya provocado la muerte del trabajador. A su juicio no existió una interpretación errónea del artículo 216 del C.S.T., ya que, la culpa del empleador en la

ocurrencia de la muerte del trabajador, se debe a no tenerlo protegido con todos los elementos que pueden generar esta clase de sucesos, tales como chalecos protectores y demás insumos que a un guarda de seguridad se le deben mantener.

VIII. CONSIDERACIONES Considera la Sala que no le asiste razón a la réplica en cuanto a las inconsistencias planteadas respecto del alcance de la impugnación, puesto que con claridad se desprende que lo que pretende la recurrente es casar en su totalidad la decisión del Tribunal, y en sede de instancia se declaren probadas las excepciones propuestas. Superado lo anterior, se procede a estudiar el cargo.

Pues bien, el Tribunal fundamentó su decisión en lo que interesa al cargo en que:

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Radicación n.°95153 1) De conformidad con lo establecido en el artículo 216 y lo dispuesto en los artículos 57, 348 del CST, y en el artículo 3 de la Ley 378 de 1997, se considera que no existe discusión respecto de la existencia del accidente de trabajo, ello teniendo en consideración lo señalado en el informe de la ARL que obra a folio 30 del expediente en el que se dejó constancia que cuando se recibieron los impactos de bala el señor Bastidas Reina se encontraba pasando revista, en su actividad de escolta. 2) El señor Bastidas fue ubicado en una zona de alto riesgo, situación que no fue tenida en cuenta por la empresa sino con posterioridad al siniestro. 3) No se encuentra acreditada la capacitación necesaria y propia para los Supervisores de patrulla. 4) El señor Bastidas no contaba con los adecuados

equipos de protección. 5) La falta de los adecuados equipos de protección, como el chaleco antibalas (f.619 y 621), el cual tal y como se ve con el informe de medicina legal no se llevaba puesto (fl. 164 vlto), demuestra no solo la absoluta falta de cuidado y diligencia del empleador en la supervisión y control del personal, sino que efectivamente, para el momento de ejecutar su función, no contaba con él, situación que descarta la culpa de un tercero. Ello sumado a que fue enviado a un sector de alta peligrosidad.

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Radicación n.°95153 La censura radica su inconformidad en que existe una indebida interpretación del artículo 216, pues el ser el accidente de trabajo consecuencia de la conducta dolosa de un tercero, no existe culpa del empleador, y es esa culpa la que genera la indemnización. Aduce que se hace responsable al empleador de un daño que no deviene de su negligencia, si no de la conducta ajena de un tercero, luego este tipo de conductas no está incluida en el artículo 216 del CST, lo cual hace incurrir al Tribunal en una errónea interpretación de los artículos 57 y 348 del CST, específicamente en relación con las obligaciones del empleador. Precisa la Sala que se excluye del debate probatorio: i) la ocurrencia del accidente de trabajo con ocasión de su labor y en virtud de impactos de bala recibidos y, ii) el cargo desempeñado por el trabajador fallecido como Supervisor de Vigilancia y se encontraba realizando labores de escolta. Luego en el contexto que antecede le

corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal se equivocó en la interpretación del artículo 216 del CST al no tener en cuenta que la conducta de un tercero rompe el nexo causal entre la muerte del trabajador y la culpa del empleador. A efectos de resolver el problema jurídico planteado la Sala recordará la jurisprudencia referente a: i) la culpa suficientemente comprobada (artículo 216 del CST), ii) Nexo

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Radicación n.°95153 causal entre la culpa del empleador y la ocurrencia del riesgo laboral, iii) El hecho de un tercero como eximente de responsabilidad y, iv) se procederá a resolver el caso concreto. i) Respecto de la culpa suficientemente comprobada (artículo 216 del CST) Pues bien, parte la Sala de reiterar lo dicho por la Corporación en relación con la culpa suficientemente comprobada del empleador así: [...] la misma se determina por el análisis del incumplimiento de los deberes de prevención que corresponden al empleador, la cual se configura en la causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral, ya sea que se derive de una acción o un control ejecutado de manera incorrecta o por una conducta omisiva a cargo de aquel (CSJ SL2206-2019). Tomado de la sentencia CSJ SL 5154-2020, reiterada en sentencia SL 18972021). En otras palabras, la culpa se ha de comprobar de cara a los deberes de prevención de los riesgos laborales que corresponden al empleador y se configuren como causa adecuada de la ocurrencia del infortunio laboral. Para establecer la culpa, se evaluará la conducta del empleador,

esto es, si él actuó con negligencia o no en el acatamiento de los deberes de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores que le corresponden para evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, bajo el estándar de la culpa leve que define el art. 63 del CC (CSJ SL 1897-2021). Ahora bien, en relación con el nexo causal que debe

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Radicación n.°95153 existir entre la culpa del empleador y el daño causado, la jurisprudencia de esta Sala también tiene enseñado que, en la culpa basada en un comportamiento omisivo, no basta la sola afirmación genérica del incumplimiento del deber de protección o de las obligaciones de prevención en la demanda, sino que es menester delimitar, allí mismo, en qué consistió la omisión que llevó al incumplimiento del empleador de las respectivas obligaciones derivadas del propio contrato de trabajo y de la labor prestada por el trabajador y la conexidad que tuvo con el siniestro, para efectos de establecer la relación causal entre la culpa y el hecho dañino, pues nadie está obligado a resarcir un daño sino cuando ha dado causa o contribuido a él, CSJ SL23362020, reiterada en SL 1897-2021). ii) Nexo causal entre la culpa del empleador y la ocurrencia del riesgo laboral La Sala ha sido uniforme en señalar que es indispensable que exista prueba del nexo causal entre la culpa del empleador y la ocurrencia del riesgo laboral. Y, ha decantado en su jurisprudencia (CSJ SL 5300-2021, SL 1897-2021) que:

Para efectos del art. 216 del CST, siempre es indispensable que exista prueba del nexo causal entre la conducta del empleador y el daño, como se desprende de lo siguiente: […] menester se exhibe memorar lo expuesto en la providencia

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Radicación n.°95153 CSJ SL14420-2014 en cuanto a que para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios consagrada en el literal b), artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 (sector oficial) y en el Art. 216 CST (sector particular), debe encontrarse suficientemente comprobada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, de modo que su establecimiento amerita, además de la demostración del daño originado en una actividad relacionada con el trabajo, la prueba de que la afectación a la integridad o salud fue consecuencia o efecto de la negligencia o culpa del empleador en el acatamiento de los deberes que le corresponden de velar por la seguridad y protección de sus trabajadores. La causalidad, es decir, la relación de causaefecto que debe existir entre la culpa patronal y el daño, a más de ser un elemento sine qua non de la responsabilidad plena y ordinaria de perjuicios del empleador, es