CSJ - SL2986-2023

SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO Magistrado ponente SL2986-2023 Radicación n.° 92940 Acta 41 Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por OSCAR ANTONIO HINCAPIÉ CÁRDENAS contra la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró alCONSORCIO MINERO UNIDO S. A. CMU. Reconócese personería a la abogada Orianna Gentile Cervantes quien es portadora de la T. P. n.º 228.560 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta del doctor Charles Chapman López mandatario judicial de la demandada, Consorcio Minero Unido S. A., en la forma y para los fines de la sustitución otorgada, adosada en el expediente digital de la Corte.

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I. ANTECEDENTES Oscar Antonio Hincapié Cárdenas llamó a juicio al Consorcio Minero Unido S. A. “CMU” con el fin de que, previa la declaración de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, sea en consecuencia condenada al reconocimiento y pago de i) 76 días de salarios correspondientes a los periodos del 19 de julio al 2 de septiembre de 2012, y del 22 de septiembre al 25 de octubre

de esa anualidad; ii) las vacaciones; iii) las primas extralegales de servicios y de la de eficiencia; iv) la indemnización por despido; v) la sanción moratoria e vi) indexación. Fundó sus peticiones, básicamente, en que, suscribió contrato de trabajo, bajo la modalidad indefinido, para desempeñar el cargo de superintendente de mantenimiento, cumpliendo una jornada laboral de turnos nominales de doce horas diarias; que dicho vínculo rigió entre el 1º de julio de 2011 y el 2 de noviembre de 2012, sin interrupciones, data en la que se le dio por terminado el nexo contractual en forma unilateral y sin justa causa; que su salario mensual ascendió a la suma de $11.575.300; que las actividades encomendadas las satisfizo a cabalidad, sin que existieran sanciones disciplinarias, ni motivaciones de deslealtad contra la empresa. Dijo, que el convocado después de 40 días de haber adoptado la decisión de finiquitarle el contrato, le liquidó

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Radicación n.° 92940 parcialmente las prestaciones sociales; que la demandada no canceló los salarios desde el 19 de julio de 2012, cuando se suspendieron los pagos por el cese de actividades laborales de la empresa Carbones de la Jagua S. A., con el argumento de que los trabajadores afiliados a Sintramienergética, impedían el normal desarrollo del trabajo de la empresa accionada; que los asalariados del demandado están cobijados por un pacto colectivo vigente entre los años de 2011 al 2015 y no existe ninguna organización sindical.

Indicó, que la sociedad, cuando suspendió el pago de los salarios, no entregó ningún argumento jurídico y/o autorización del Ministerio de Trabajo o un hecho de fuerza mayor o caso fortuito; que para esa época no existía el reconocimiento de unidad de empresa entre Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido, Prodeco y Carbones El Tesoro, por parte de sus integrantes ni por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; que durante el bloqueo del Consorcio Minero Unido por los trabajadores afiliados a Sintramienergética, la empresa tuvo la opción de reubicarlo en otras dependencias como las oficinas de Barranquilla, Puerto de embarque de Carbones de Santa Marta, Ferrocarril, como lo hizo con otros funcionarios y operadores. Refirió, que en varias ocasiones trató de conciliar con el gerente de minas y el de mantenimiento sobre su reintegro, o la realización de un nuevo contrato, siendo infructuosas las solicitudes efectuadas; y que a la fecha de presentación de la demanda no se le ha realizado pago alguno por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones (f.º 2 a 10, 83 a 92,

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Radicación n.° 92940 y 104 a 107, demanda, subsanación de la misma y su adición, del cuaderno de primera instancia, del expediente digital). El Consorcio Minero Unido S. A. CMU, se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos, admitió que con el actor existió un nexo laboral, en los extremos mencionados, el cargo que desempeñó, la existencia dentro

de la empresa de un pacto colectivo y el salario. Sobre los restantes los negó. Argumentó en su defensa que el contrato de trabajo del demandante se suspendió con fundamento en el artículo 51 del CST, en dos ocasiones, del 20 de julio al 2 de septiembre de 2012 y del 22 de septiembre al 24 de octubre de esa misma anualidad, por cuanto un grupo trabajadores de la empresa vecina, afiliados a la organización Sintramienergética, incurrieron en un cese ilegal y violento de actividades que conllevó al cierre de la mina operada por ella. Añadió, que dicho sindicato en asocio con trabajadores de su empresa se solidarizaron con la huelga y se tomaron las instalaciones, bloqueando las vías de acceso, suspendieron el fluido eléctrico, violentaron las bermas que la separaba de las otras empresas que funcionan en la mina, se tomaron los equipos, herramientas y vehículos de la compañía; que ante estos hechos intempestivos, irresistibles e imprevisibles, derivaron que no se efectuara ninguna actividad a partir del 20 de julio de 2012 hasta el 2 de octubre de esa anualidad.

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Radicación n.° 92940 Expuso, que, en el caso del actor, a este se le otorgó vacaciones programadas entre el 3 al 21 de septiembre de

2012. Añadió que fueron tan grave los actos de violencia, que existió presencia de trabajadores armados con palos y machetes, quienes tiraron piedra e impidieron el ingreso a las instalaciones y que esta Sala, por decisión del 10 de abril

de 2013, declaró la ilegalidad de la huelga de Carbones de la Jagua S. A. Adujo, que la demandada era una persona jurídica completamente distinta a las mencionadas por el actor, no existiendo unidad de empresa entre dichas compañías; refirió, que lo relevante era la cierta suspensión de actividades, por circunstancias imprevisibles, que se presentó en la mina operada por ella, siendo ajenas irresistibles e intempestivas. A su favor formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción, y compensación (f.º 122 a 135, y 195 a 199, ib.).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Chiriguaná, mediante fallo del 5 de marzo de 2015, (cuaderno del juzgado, del expediente digital), dispuso: PRIMERO: Declárese que entre el demandante Oscar Hincapié Cárdenas y la empresa Consorcio Minero Unido S. A., existió un contrato de trabajo a término indefinido.

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SEGUNDO: Ordénese a la empresa Consorcio Minero Unido S. A. a pagarle al demandante Oscar Hincapié Cárdenas la suma de $5.241.307.65, por concepto del valor impagado de indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.

TERCERO: Absuélvase a la empresa Consorcio Minero Unido S.

A., de las demás pretensiones invocadas por el demandante Oscar Hincapié Cárdenas.

CUARTO: Declárese no probadas las excepciones de compensación y prescripción. La inexistencia de la obligación se declara probada parcialmente.

QUINTO: Condénese en costas a la empresa Consorcio Minero Unido S. A. Procédase por secretaria a liquidar las costas, incluyendo por concepto de agencias en derecho la suma de $786.155.64, equivalente al 15 % de las condenas impuestas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por apelación de las partes, por decisión del 31 de mayo de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del 5 de marzo de 2015, proferida por el Juzgado Laboral de Oralidad del Circuito de Chiriguaná, para en su lugar ABSOLVER a la empresa Consorcio Minero Unido S. A. del valor impagado de la indemnización por la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, por las razones expuesta en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia apelada, en los términos de declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO: Costas en ambas instancias a cargo de la parte demandante, inclúyase como agencias en derecho, la suma equivalente a 1 SMLMV en esta alzada, liquídense las costas concentradamente en el juzgado de origen.

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Radicación n.° 92940 Determinó como primer problema jurídico a definir si en este asunto existió fuerza mayor o caso fortuito que llevó a la suspensión del contrato de trabajo del demandante. Precisó, que se encontraban acreditados en el instructivo, que entre i) las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual rigió del 1º de julio de 2011 al 2 de noviembre de 2012 y ii) los periodos comprendidos del 20 de julio al 2 de septiembre de 2012 y del 22 de septiembre al 24 de octubre de esa anualidad, el actor no prestó los servicios personales a la demandada y esta a su vez se sustrajo de su obligación de pagarle los salarios. Trajo lo expuesto por el numeral 1º del artículo 51 del CST y adujo que este debía ser interpretado armónicamente con lo preceptuado en los artículos 1º de la Ley 95 de 1980 y 64 del CC. Adujo, que, en atención a dicha normativa, se denomina a la fuerza mayor o caso fortuito «el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.» y recordó, lo dicho por la Corte en la sentencia CSJ SL. 29 may. 2002, rad. 17570, reiterada en la CSJ SL3238-2020, sobre los hechos eximentes de responsabilidad contractual o extracontractual.

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Radicación n.° 92940 Expuso también, que en la providencia CSJ SL48492018, se prohijó que el hecho que se repute como fuerza mayor o caso fortuito no solo debe estar acreditado, sino que debe compartir las características intrínsecas de la «imprevisibilidad e irrestibilidad» que podrán ser analizadas en diversa intensidad según el evento material del que se trate y trascribió la parte pertinente. En ese sentido, expuso que lo pretendido por el actor era el pago de los salarios dejados de percibir durante 76 días que no fueron cancelados por el empleador; quien adujo obedeció a la necesidad de suspender el contrato del demandante, en los periodos del 20 de julio al 2 de septiembre de 2012 y del 22 de septiembre al 24 de octubre de ese año, en los términos del artículo 51 del CTS, debido a que un grupo de trabajadores de una empresa vecina, afiliados a Sintramienergética junto con el apoyo de algunos de sus trabajadores quienes se solidarizaron con la huelga, […] se tomaron las instalaciones de mi poderdante, bloquearon las vías de acceso de mi representada, suspendieron el fluido eléctrico, violentaron las bermas que separaban a mi representadas de las otras empresas que funcionan en la mina, se tomaron los equipos herramientas y vehículos de la compañía. Estos hechos intempestivos, irresistibles e imprevisibles derivaron que no se realizara ninguna actividad a partir del día 20 de julio de 2012 y hasta el 2 de octubre de ese mismo año en la mina en que prestaba servicios el demandante, suspendiéndose con ello todos los contratos de trabajo de acuerdo con al artículo 51 del CST (Subrayado en el texto). Refirió, que los testigos Mario Martínez Narváez,

Dionisio Ramírez Cáceres y Héctor López Vera, expusieron que i) conocieron al actor prestando sus servicios para la

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Radicación n.° 92940 demandada; ii) unos trabajadores de la empresa Carbones de la Jagua, quienes se encontraban en negociaciones, declararon la huelga el 19 de julio de 2012, la cual consistió en la incursión violenta de las instalaciones del proyecto la Jagua, donde tiene operación el Consorcio Minero Unido S. A.; iii) quienes estaban laborando en ese sector fueron desalojados, sin que se les permitiera la entrada por parte de otros integrantes que se encontraban encapuchados.

También adujeron que: iv) fueron derribadas las barricadas o bermas que delimitaban las diferentes concesiones de las empresas Carbones del Tesoro, de la Jagua y Consorcio Minero Unido; v) ante la imposibilidad de ingresar a la mina para prestar sus servicios, la empleadora suspendió los contratos de trabajo por fuerza mayor; vi) se informó a la policía y al inspector de trabajo sobre lo que estaba sucediendo y vii) la huelga duró 98 días.

Adujo, que tales afirmaciones y las efectuadas por la demandada, se hallaban respaldadas con las documentales que obraban en el proceso, así como el cruce de correos efectuados entre el actor y un representante de la convocada, el 21 de julio de 2012, en los que se informó a todo el personal del Consorcio Minero Unido S. A., que: […] debido a la toma invasiva, violenta e ilegal de los predios, maquinaria y equipos por parte de “Sintramienergética” el día

jueves 19 de julio, no es posible desarrollar actividades hasta tanto el personal sindicalizado de la empresa Carbones de la Jagua no desaloje y entregue los equipos pertenecientes al tercero CMU, afectado por el proceso de la Huelga adelantado en la compañía CDJ (…)».

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Radicación n.° 92940 Señaló que, en comunicación dirigida al Comité de Trabajadores, del 22 de julio de 20121, el representante de la demandada le informó al Comité de Trabajadores de CMU lo siguiente: En respuesta a su comunicación del día de hoy y como fue explicado a ustedes en sus conversiones telefónicas con Francisco Herrera y Miguel Ángel Montoya, desafortunadamente CMU2 se encuentra actualmente ocupada de manera ilegal y violeta por miembros de “Sintramienergética” pertenecientes a CDJ3. Dicho sindicato desalojó por fuerza al personal de CMU, de tal suerte que no queda ningún empleado de la Empresa en las instalaciones y no es posible operar dadas las amenazas proferidas por dicho sindicato. En este estado de cosas, y dado que no es posible operar, la Empresa no puede pagar salarios por el tiempo que esta situación se mantenga, puestos se pagan cuando se labora, que no es el caso en esta situación especialmente cuando la causa de la no prestación del servicio se origina en el hecho de un tercero y no de una causa imputable a la empresa. Esta situación lamentable generada por el accionar agresivo e inconsciente de miembros del Sindicato de CDJ, que han decidido extender de manera ilegal y violenta los efectos de una

huelga iniciada en la empresa CDJ a CMU, genera esta situación que afecta a todos. La empresa está adelantando las acciones legales para recuperar el control de CMU, pero a la vez les recomienda a ustedes defender su derecho al trabajo denunciando ante las autoridades pertinentes como son la Dirección Territorial del Trabajo del Cesar y los jueces de la república, así como también ante la Alcaldía del Municipio de la Jagua de Ibirico, el gran perjuicio que está causando la acción ilegal de “Sintramienergética” en CMU. Detalló que, en comunicación del 21 de julio de 2012, que fuera radicada el 23 siguiente, se solicitó al alcalde del 1 f.º 148, del cuaderno de primera instancia 2 Consorcio Minero Unido 3 Carbones de la Jagua

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Radicación n.° 92940 municipio de La Jagua de Ibirico (César): «Amparo y Protección del Personal y la Propiedad de Consorcio Minero Unido» así como: […] la valiosa e inmediata colaboración con el fin de disponer de todos los medios que estén alcance e impartir las órdenes que sean pertinentes para proteger y salvaguardar la vida e integridad física del personal y de los contratista que laborar en la Mina Consorcio Minero, así como para asegurar los bienes, propiedades y equipos al interior del proyecto y la atención inmediata y con carácter urgente a la presente para prevenir mayores perjuicios y proteger los derechos del Consorcio Minero Unido y la vida, libertad e integridad del personal y de los contratistas que laboran en la mina4.

Expresó, que la accionada por medio de la misiva de 26 de junio de 20125 indicó a la Dirección Territorial del Trabajo del Cesar que: […] en repetidas oportunidades hemos solicitado la presencia de inspectores adscritos a esa Dirección para que cobijen la constatación del cese de actividades que de manera irregular se está dando en la citada empresa, a excepción del día 19 de julio donde realizaron una pequeña visita e hicieron un tímido pronunciamiento acerca de la inactividad laboral. Advirtió, que en el expediente obraba la sentencia n.º 57731 de 10 de abril de 2013, a través de la cual esta Corporación declaró la ilegalidad de la cesación colectiva de labores que Sintramienergética adelantó a partir del 19 de julio de 2012, en las instalaciones de Carbones de la Jagua, al advertir que la huelga no se limitó a la suspensión pacífica del trabajo, al tenor de lo dispuesto en el literal f) del artículo 450 del CST. 4 f.º 151 a 152, ib. 5 f.º 150, ib.

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Radicación n.° 92940 Manifestó, que estaba demostrado que en realidad si existió un cese de actividades que afectó el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por el Consorcio demandado, durante el periodo del 20 de julio y el 24 de octubre de 2012, que conllevó a la empresa accionada a la suspensión del contrato a sus trabajadores, entre ellos, el demandante. Adujo, que lo anterior fue factor ajeno a la voluntad de la empleadora que impidió que sus trabajadores pudieran

realizar sus funciones para la cual fueron contratados y que fue imprevisible e irresistible para la reclamada, por cuanto no estaba obligada a conocer la situación de las otras empresas cercanas ni mucho menos sobre sus conflictos colectivos de trabajo, como en este asunto, el que originó la huelga, toda vez que el artículo 432 y ss. del CST establece que el conflicto colectivo inicia con la presentación del pliego de peticiones al empleador, que no fue el caso de la accionada que era un tercero. Advirtió, que la declaratoria de la huelga ni siquiera se limitó a la suspensión pacífica del trabajo, sino que se tornó en una situación de orden público que le impedía a la demandada accionar directamente, tanto así que debió acudir al alcalde del municipio y al Ministerio del Trabajo, para que de alguna manera intervinieran para evitar mayores perjuicios y proteger los derechos de los trabajadores como de la misma empresa.

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Radicación n.° 92940 En esas condiciones, concluyó que la suspensión del contrato de trabajo del actor, obedeció a un caso fortuito que impidió su ejecución, en virtud del numeral 1.º del artículo 51 del CST, por lo que la empleadora se encontraba en la plena facultad de interrumpir los pagos de los salarios del trabajador por los periodos comprendidos entre el 20 de julio y el 2 de septiembre de 2012 y del 22 de septiembre y el 24 de octubre de ese año; como en efecto lo hizo, en los términos del artículo 53 ibidem. Dijo que, frente al segundo problema jurídico, le

correspondía determinar si procedía la condena por la diferencia del valor correspondiente a la indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Recordó, que, i) no existía controversia en cuanto a la existencia de un nexo laboral, entre el 1.º de julio de 2011 y el 2 de noviembre de 2012; ii) el actor percibió como salario la suma de $11.575.000 y iii) aquel vínculo contractual sufrió dos periodos de suspensión, del 20 de julio al 2 de septiembre de 2012 y del 22 de septiembre al 24 de octubre de ese año, para un total de 76 días, los cuales adujo que estos debían descontarse para efectos de calcularse la indemnización por despido. Aludió que conforme al inciso 2º, del literal b), del artículo 64 del CST, y de las operaciones aritméticas efectuadas, el valor de $8.456.400, reconocida por la demandada a título de indemnización por despido sin justa

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Radicación n.° 92940 causa, era superior a la que realmente le correspondía, por lo que no había lugar al pago de ninguna diferencia, como con equívoco lo dedujo el a quo y en ese sentido revocó la condena impuesta.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Oscar Antonio Hincapié Cárdenas, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda y lo condenó en costas, dejando

incólume el numeral tercero de la decisión censurada, que confirmó la sentencia del a quo, en todo lo demás «aclarando que esta confirmación solo cobijaría la declaratoria del contrato a término indefinido y la condena al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa» Para que: […] una vez actuando como tribunal de instancia revoque parcialmente la sentencia del juez de primer grado, para en su lugar acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda, así mismo se deberá revocar la aparte que da por probada parcialmente la excepción de inexistencia de la obligación, en consecuencia, se proceda condenar al CONSORCIO MINERO UNIDO a reconocer y pagar a mi representado las siguientes acreencias laborales:

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Radicación n.° 92940 • El reajuste de la indemnización por despido sin justa causa (aquí se pide se mantenga el numeral segundo de la sentencia del a quo). • El pago de salarios durante el tiempo el período de cese de actividades (se revoque la absolución del a quo). • El reajuste de las vacaciones y demás derechos contenidos en el pacto colectivo de trabajo (se revoque el numeral tercero de la sentencia del a quo). • La indemnización moratoria en los términos del artículo 65 del C.S.T. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que merecieron réplica y se pasan a estudiar en forma conjunta por cuanto persiguen similar propósito.

VI. CARGO PRIMERO Acusa, […] la Sentencia impugnada por violación de la ley sustancial

laboral del orden nacional por la VÍA INDIRECTA en la modalidad de APLICACIÓN INDEBIDA de los artículos 21, 51, 53, 64, 65, 140, 194, 449 del Código Sustantivo del Trabajo; en relación con los artículos 39, 53, 95 de la Constitución Política de Colombia y los Convenios 87 y 98 de OIT aprobados por las Leyes 26 y 27 de 1976. Precisa, que el quebranto de dichas normas dio lugar a los siguientes errores de hecho:

1. El dar por demostrado, sin estarlo, que en el presente caso la toma de las instalaciones donde prestaba el servicio el demandante por parte de Sintramienergética, eran hechos intempestivos, irresistibles e imprevisibles para el empleador.

2. El dar por demostrado sin estarlo que la declaratoria de ilegalidad de la huelga conlleva a que el empleador no tenga culpa

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Radicación n.° 92940 dentro del cese de actividades en la mina carbonífera donde mi mandante prestaba el servicio.

3. El dar por demostrado, sin estarlo, que en el presente caso se materializó la causal de suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito.

4. El dar por demostrado, sin estarlo, que mi mandante no podía reclamar el pago de salarios y vacaciones durante el proceso de cese de actividades.

5. No dar por demostrado, estándolo, que CMU propicio el inicio del cese de actividades en la Mina, pues fue coparticipe de los hechos que desencadenaron la huelga de Sintramienergética a la

postre declarada ilegal.

6. El no dar por demostrado, estándolo, que la actuación de los trabajadores de Sintramienergética era previsible.

7. El no dar por demostrado, estándolo, que CMU propicio la actuación que desencadenó en el cese de actividades y por tanto se deben pagar salarios sin prestación del servicio en favor de mi mandante.

8. El no dar por demostrado, estándolo que mi mandante tiene derecho a que se le compute para efectos de cualquier acreencia laboral el tiempo en que no prestó el servicio.

9. Dar por demostrado sin estarlo, que el empleador al negar pagar los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato incurrió de manera fragrante en la sanción consagrada en el artículo 65 del C.S.T.

Dice, que tales yerros fueron producto de la no apreciación de la diligencia de ocular, realizada el 1º de agosto de 20126, por la inspección de Policía del municipio de La Jagua de Ibirico, en el que da cuenta del aparato productivo de las empresas Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones el Tesoro. Y, de la apreciación errada de i) la sentencia emanada de esta Corporación el 10 de abril de 2012, dentro del 6 f.º 47 a 50, del expediente de primera instancia

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Radicación n.° 92940 radicado n.º 573317; ii) la Resolución n.º 320 del 14 de mayo de 2020, emanada de ANLA y iii) Homologa n.º 020 del 13 de febrero de 20138

Precisa, que no discute la existencia del contrato de trabajo entre las partes, ni los extremos temporales, ni tampoco que la terminación del mismo se dio por decisión unilateral del empleador, ni la existencia de tres personas jurídicas que desarrollan su objeto social en el municipio de la Jagua de Ibirico en el Cesar, y menos aún que el dador del empleado se sustrajo de pagar los salarios y prestaciones sociales debidas sin ninguna justificación. Reproduce un fragmento de la decisión cuestionada y dice que para el ad quem: • Que se configura una fuerza mayor cuando concurren 2 situaciones, que el hecho sea tanto imprevisible como irresistible. • Que el cese de actividades en las instalaciones del CMU se dio desde el 19 de julio de 2012 al 24 de octubre del mismo año. • Que este cese fue provocado por trabajadores de un tercero (Carbones de la Jagua), por cuanto el Sindicato que declaró la Huelga e impidió el normal acceso, era ajeno al empleador y por tanto previsible. • Que el cese de actividades se desarrolló en un proceso de negociación colectiva entre terceros (Carbones de la Jagua y “Sintramienergética”), razón por la que MCU no debía conocer los posibles efectos del proceso de negociación, si tener en cuenta que los dueños de las dos empresas, es el grupo PRODECO y las dos empresas comparten las oficinas administrativas en la ciudad de Barranquilla. • Tampoco tuvo en cuenta que el presidente y representante legal de CMU, es funcionario de PRODECO, luego no podía 9 7 f.º 195 y ss., ib. 8 f.º 433 y ss., ib

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Radicación n.° 92940 argumentarse que era ajeno, para ellos, los que pasaban en Carbones de la Jagua • Que la huelga de “Sintramienergética” superó los canales legales, al transformarse en un problema de orden público insuperable para MCU, sin que pudiera actuar directamente, por eso era irresistible, cosa que no corresponde a la realidad objetiva • Que el empleador a sabiendas de la eminencia de la huelga pretendió hacer una especie de separación de vías de acceso, lo cual demuestra que para ellos nada de los que estaba ocurriendo era ajeno. (Ver documento de IAN PHILLIPS donde dar instrucciones para el acceso). • Que no existe ninguna razón para que se negara a pagar los salarios y prestaciones debidos, lo que constituye una mala fe en su actuación y un desconocimiento de los derechos del trabajador demandante. Añade, que, como prueba mal apreciada se tiene la inspección ocular ya referida, en donde claramente se advierte que existe un espacio compartido por las tres empresas mineras9, en donde realiza en forma conjunta la explotación de la mina de carbón en el municipio de la Jagua de Ibirico, cuya parte reprodujo. Dice, que de lo anterior se concluye que el personal de la empresa que entró en huelga, desplegaba actividades en toda la mina, aún en los sitios donde los títulos mineros correspondían tanto al Consorcio Minero Unido como CET, no obstante, para la explotación era indistinto a cualquiera de las tres empresas, aspecto que fue aceptado aún por esta Corporación dentro del radicado 57731 y acopia el fragmento

pertinente de dicha decisión. 9 Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones el Tesoro

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Radicación n.° 92940 Expresa que, conforme a lo plasmado en dicha providencia, las empresas realizan de manera conjunta una explotación minera a cielo abierto, donde el personal coexiste y aun hace parte del mismo conglomerado empresarial, compartiendo el mismo staff directivos de las instalaciones administrativas, como se colige de la Resolución n.º 020 de 2013, de la Dirección Territorial Cesar del Ministerio de Trabajo, entonces el expresar que con ese nivel de integración empresarial el Consorcio Minero Unido desconociera que en Carbones de la Jagua se estaba adelantando un proceso de negociación colectiva donde la etapa de arreglo directo había fracasado y que podían verse avocados a una huelga, es totalmente falaz. Arguye, que se debía preguntar si realmente el acto de la declaratoria de huelga era totalmente imprevisible para la empleadora, toda vez que, como se acepta por parte de la Corte en su decisión de que de haber estado debidamente limitados los espacios los trabajadores pertenecientes a Sintramienergética no hubiesen ingresado al terreno, tan cierto es que, una vez identificados los linderos se procedió al desalojo de los espacios ocupados por estos en el Consorcio Minero Unido. Refiere, que, por regla general la obligación de delimitar los espacios y aún de tener claro las partes que corresponden al título minero que es de su propiedad corresponde al beneficiario de dicho título, en este caso al empleador.

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Radicación n.° 92940 Aduce, que la situación era tan previsible que en la citada providencia que declaró la ilegalidad del cese de actividades se hace referencia a que existieron unas bermas o divisiones con material estéril que con anterioridad a la negociación colectiva no se encontraba allí como consta en el recuento de la prueba testimonial de tal decisión, entonces, se pregunta: si era tan imprevisible la