CSJ - SL3005-2019

jOf RepúbdleCi oclao mbia CortSeu prdeeJm uas ticia SadleaC asalcaibóonr al SadleaD esconNg:e2 s tión CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL3005-2019 Radicación n. 68626 º Acta 25 Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARTHA CELINA FARÍAS ANGARITA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el tres (3) de abril de dos mil catorce en el (2014), proceso que le promov10 a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.

Se acepta el impedimento manifestado por el doctor SANTANDER RAFAEL BRITO CUADRADO, en virtud de lo dispuesto en la causal 2ª del artículo del CGP, por lo cual 141 se declara separado del conocimiento del presente asunto.

I. ANTECEDENTES MARTHA CELINA FARÍAS ANGARITA llamó ajuicio a la

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Radicación n. º 68626 a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, para que se le condenara al reconocimiento de la pensión de invalidez, a partir del 29 de marzo de 2007, bajo los parámetros del régimen de transición, del artículo 36 º de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 6 , º 10 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, sobre un 60 % del ingreso

base de liquidación de los aportes efectuados durante los últimos diez años, junto con los intereses moratorias, la indexación, lo que resulte probado y las costas. Narró, que nació el 16 de marzo de 1957; que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba más de 35 años; que la sección de medicina laboral del ISS, el 23 de enero de 2009, le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 63. 85 %, con fecha de estructuración de la invalidez, el 29 de marzo de 2007; que el 18 de mayo de 2009, radicó ante la demandada solicitud de pensión de invalidez; º que mediante Resolución n. 017330 del 26 de mayo de 2011, le fue negada la prestación, porque no cotizó 50 semanas en los tres años anteriores a la invalidez; que entre el 2 de febrero de 1979 y el 30 de junio de 1999, cotizó a través de diferentes empleadores al régimen de prima media, 792 semanas; que con anterioridad, tanto a la fecha de estructuración de la invalidez, como a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba más de 300 semanas cotizadas; que el 23 de octubre de 2012, reclamó nuevamente º la prestación, sin conseguir respuesta (f. 3 a 19, cuaderno principal).

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Radicación n. º 68626 COLPENSIONES, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos, la fecha de

nacimiento de la demandan te; la calificación de pérdida de capacidad laboral; las reclamaciones administrativas que realizó para el reconocimiento de la pensión de invalidez y la negativa proferida por medio de Resolución n. º O 17 330 de 2011; sobre los demás dijo que no le constaban. Formuló como excepciones de mérito, las de prescripción, inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido y «lnao c onfiguradceildó enr ecahlo pagod ei nteremsoersa tor(f.iº 3a6s a» 3 9, ibídem). 11.S ENTENCDIEPA R IMERIAN STANCIA El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, declaró pro bada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió a la demandada y condenó en costas (CD f.º 104, en relación con el acta de f.º 105 a 106, ibídem). 111S.E NTENCDIESA E GUNDIAN STANCIA El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, al resolver la apelación de la demandante, el 3 de abril de 2014, confirmó la primera y condenó en costas. Dijo , que debía definir si para el reconocimiento de la pensión de invalidez, podía aplicarse el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el Acuerdo de que estaba demostrado: i)qu e la 049 1990;

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Radicación n. º6 8626 estructuración de la invalidez de la accionante, equivalente

al 63.85 %, acaeció en marzo de 2007 (f.º 76, cuaderno principal); iiq)u e no hubo cotizaciones en el año inmediatamente anterior a esa calenda, pues las últimas fueron realizadas en 1999 (f.º 28, ibídye, mi)iqu ie) m ediante Resolución n.º 17330 de 2011, la demandada negó la pensión de invalidez, argumentando que no se realizaron cotizaciones en los tres años anteriores a su estructuración. Explicó, que tratándose de pensiones de invalidez y de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 no estableció régimen de transición, como sí lo hizo con la de vejez; que, por lo anterior, en principio, la norma aplicable debe ser la vigente al momento en que se cause la prestación; que para el caso, lo era el numeral 1 º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que introdujo la Ley 860 de 2003, que exige, además de la declaración de invalidez, 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a su estructuración. Razonó, que no resulta procedente, como lo solicitó la actora, acudir al Acuerdo 049 de 1990, en razón a que, conforme el criterio jurisprudencial vigente, expuesto entre otras, en las sentencias CSJ SL, 9 dic. 2008, rad. 32642 y CSJ SL, 4 may. 2010, rad. 38594, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, permitía acudir al régimen legal inmediatamente anterior al aplicable; que, para el caso,

lo sería la Ley 100 de 1993, en su versión original, la cual, exigía la cotización de 26 semanas en el año inmediatamente anterior, cuando a la fecha de estructuración de la invalidez, ealf ilniosa eed noc onctortairzea ndo.

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Joq Radicacni.ºó6 n8 626 Concluyó, que como la demandante no cumplió ni los requisitos de la normativa aplicable, ni los de la anterior a ella, el primer Juez no se había equivocado al declarar la excepción de inexistencia de la obligación (CD f.º 123, en relación con el acta de f.º 124 y 125, ibídem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda (f.º 8, cuaderno de la Corte).

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera, que fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Acusa que la sentencia impugnada violó la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 36, 39, 141 y 288 de la Ley 100 de 1993; 1º de la Ley 860 de 2003 y 48 y 53 de la CN y de la infracción directa de los artículos 6 º, 1 Oº y 20 del Acuerdo

049 de 1990, aprobada por el Decreto 7 58 de 1990.

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Radicación n. 68626 º Afirma, que dada la senda seleccionada, no cuestiona los siguientes fundamentos fácticos: iq)ue fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 63.85 %, iqiu)e la fecha de estructuración de la invalidez, fue el 29 de marzo de 2007; iii) que cuenta con 792 semanas cotizadas válidamente, de las cuales 300 fueron efectuadas al ISS, con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, ivqu)e es beneficiaria del régimen de transición. Expone, que el reproche a la sentencia recurrida se centra en la aplicación indebida de la norma al caso particular, pues el Tribunal, al confirmar la absolución, ,rúnicamente se ciñó a los preceptos de la Ley 860 de 2003», al afirmar que no demostró las 50 semanas de cotización, en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, sin remitirse, como debía, al principio de favorabilidad, «bajo la consideración insulsa de "no ser procedente la condición más beneficiosa"»; que, con ello, desconoció los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, entre otras, en las sentencias CSJ SL, 13 ag. 1997, rad. 9758; CSJ SL, 9 jul. 2008, rad. 30581 y CC C-789-2002. Alega, que el Juez de la apelación omitió la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues se limitó

a informar que no era procedente, por no ser la normativa inmediatamente anterior a la vigente cuando se configuró la invalidez, sin advertir que cumplió con la expectativa legítima º de pensionarse bajo los requisitos del «artículo 6 del Decreto 758 de1 99q0ue», ; 6 SCLAJPT-10 V.00 jjQ Radicación n. º 68626 El Ad quem no refiere pronunciamiento alguno en aceptar que la demandante cuenta con los requisitos establecidos en la precitada norma, y sin más miramientos decide aplicarle indebidamente otra normativa que la desfavorecen y que conllevan a la nugatoria de su pensión, contrariando y desconociendo la condición más beneficiosa que le asiste y su expectativa legítima[. ..} En conclusión, la sentencia recurrida debió haber dado prioridad a los principios constitucionales, y haber aplicado de manera correcta el principio de fa vorabilidad y condición más beneficiosa [. .. } para que así se ordenara el reconocimiento de su pensión de invalidez y sus consecuenciales conforme se peticionaron en la demanda, esto es, aplicando el Decreto 758 de 1990 y no la Ley 860 de 2003. Como indebidamente lo hizo. Como si lo anterior Juera poco, el proveído recurrido no se compadece con [su] situación particular [. ..} padece de una pérdida de capacidad laboral superior al 50 % y cu_enta con un total de 792 semanas cotizadas al !SS [. ..] fidelidad que a todas luces le debe amparar su derecho a la seguridad social que se materializa en el otorgamiento de la prestación (f.º 8 a 13, ibídem).

VIIRÉ.P LICA Sostiene, que la recurrente no explicó, cómo le correspondía, en qué consistió el error jurídico del Tribunal; que tampoco argumentó, en qué forma debió proceder y que, respecto del fondo del asunto, no hubo equivocación en la sentencia acusada, en razón a que aquella no cumplió ni los requisitos de la Ley 860 de 2003, ni los de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión de invalidez y que no era posible, como lo pretendió, acudir al Acuerdo 049 de 1990, porque la º norma no se puede aplicar plus ultra activamente (f. 24 a 2 7, ibídem). VIICIO.N SEIRADCIOESN Empieza la Sala por advertir, que no asiste razón a la réplica en los defectos técnicos que señala a la censura,

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Radicación n. 68626 º debido a que de la estimación del cargo, se si e claramente, gu que la recurrente denunció la aplicación indebida del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y la infracción directa del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1900, tras considerar que, en º perspectiva de los principios de la condición más beneficiosa y de favorabilidad, no podía hacérsele producir efectos a la primera de las normas en cita, sino a la última que, a su juicio, resultó omitida por el Colegiado, no obstante que era la que regulaba la prestación. Perfilado así el debate, resalta la Corporación que dada la senda escogida, los siguientes son los aspectos fácticos

incontrovertidos: i) que la estructuración de la invalidez de la impugnante, de 63.85 %, acaeció el 29 marzo de 2009; ii) que no hubo cotizaciones en el año inmediatamente anterior a esa calenda, pues las últimas fueron realizadas en 1999 y, iii) que mediante Resolución n. 1 7330 de 2011, la º demandada negó la pensión de invalidez, con el argumento de que no se realizaron cotizaciones en los tres años anteriores a su estructuración. En ese escenario, advierte la Corte que el cargo no está llamado a prosperar, en razón a que conforme lo definió el Juez de la alzada, según los criterios jurisprudenciales vigentes, por regla general, la norma regulatoria de la pensión de invalidez de origen común, es la vigente para la fecha de estructuración del riesgo, es decir, para este evento, la Ley 860 de 2003 y aun cuando, en algunos casos, es posible acudir a una normativa diferente, debe ser a la inmediaatnatmeearln iaatop erl iceasebtslop,e a ,re acl a so,

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111 Radicancº.i6 ó8n6 26 la Ley 100 de 1993, sin la modificación introducida por la Ley 860 de 2003 y no, como lo solicitó, el Acuerdo 049 de 1990. En efecto, así lo recordó la Sala recientemente en la sentencia CSJ SL028-2018, en la que orientó: La regla general es que la norma aplicable es la que regía para la fecha de estructuración de la invalidez del afiliado. Pero en

determinados casos es posible acudir al precepto inmediatamente anterior, sin que ello conduzca a que, como lo hizo el Juez de alzada, pueda utilizarse cualquier disposición previa, como la del Acuerdo 049, cuando la contingencia ocurrió en vigencia de la Ley 860 de 2003. Esta Sala de la Corte ha dilucidado el problema jurídico limitando la aplicabilidad del principio de la condición más beneficiosa en sentencia SL1689-2107 (sic) reiterada la SL8305-2017, bajo la siguiente argumentación: "La inconformidad de la parte recurrente con el fallo atacado radica básicamente en que de acuerdo con el principio de la condición más beneficiosa, es viable darle aplicación al artículo º 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año. Pues bien, es criterio reiterado de esta Corporación, que el derecho a la prestación pensiona[ reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de tal condición. De ahí que, al haberse estructurado la invalidez el 23 de junio de 2008, la disposición que rige el asunto es el artículo 1 º de la Ley8 60 de 2003, cuyos requisitos no cumplió el actor pues no cotizó 50 semanas durante los tres años anteriores a dicha fecha. De otra parte, como la censura invoca el principio de la condición más beneficiosa a fin de que el asunto se resuelva bajo la égida del artículo º del Acuerdo 049 de 1990, es preciso señalar que no 6 es viable dar aplicación a la plus ultractividad de la ley, esto es,

hacer una búsqueda interminable de legislaciones anteriores a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cuál resulta ser más favorable, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicación inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Esta ha sido la postura de la Sala expuesta en recientes providencias, entre otras, CSJ SL976220 l 6, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL14881-2016,

CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL15960-2016 y

CSJ SL15965-2016.

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Radicación n. 68626 º En este orden, no era procedente que el Tribunal considerara los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 de manera plus ultractiva como lo pretende la censura, ni siquiera bajo el argumento de acudir al principio de f avorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, porque su mandato parte de la existencia de duda en la aplicación interpretación de normas o vigentes, lo que no ocurre en el sub lite". De ahí, deviene en incontrastable que no se equivocó el Tribunal al aplicar el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1 º de la Ley 860 de 2003; así como tampoco, al no aplicar el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, especialmente, porque no se puede incurrir en la infracción directa de la ley, si la norma, no es la llamada a disciplinar

la situación sustantiva que se analiza, como lo ha explicado la Corporación, por ejemplo, en las sentencias CSJ SL, 5 sep. 2001, rad. 16559; CSJ SL, 18 oct. 2005, rad. 26560; CSJ SL, 15 ag. 2007, rad. 30249 y CSJ SL2835-2015. En efecto, en la última de esas providencias, la Corte aclaró, que: «No puede olvidarse que para la prosperidad de un cargo directo por infracción directa de la ley, la norma sustantiva que se acuse debe ser la que regule la controversia, so pena de ser rechazada la acusación». De otro lado, en punto a la insistencia de la recurrente, respecto de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, preciso es agregar, que esta Corporación igualmente decantó como restringida y temporal su procedencia, al considerar que la estructuración de la invalidez, necesariamente debe producirse entre el 26 de diciembre de 2003 e igual calenda de 2006.

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Jji Radicacni.º6ó 8n6 26 En relación con el último aspecto, la Corte decantó las hipótesis para la aplicación de ese principio, resaltando aquel criterio de temporalidad como factor necesario para la procedencia de la condición más beneficiosa, en la sentencia CSJ SL2358-2017, así: Recapitulando, se debe conceder la penszon de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos: 3.1A filiadqou es ee ncontracboat izanadlmo o mentdoe l

cambinoo rmativo a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 26 de diciembre de 2003. c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. d) Que al momento de la invalidez estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes de la invalidez. Afiliadqou en o see ncontracboat izanadlom omentdoe l cambinoo rmativo a) Que al 26 de diciembre de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2002. c) Que la invalidez se produzca entre el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de diciembre de 2006. d) Que al momento de la invalidez no estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede a su invalidez. 4.C ombinacpieórnm isidbell ea ss ituacioannetse riores A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así: 4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando se invalidó no estaba cotizando. La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al

momento del cambio legislativo, esto es, 26 de diciembre de 2003,

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Radicación n. 68626 º see ncroanbtcao iztandoa l sistmeay habíaa portado 26 semanas om áse nc ualrq tuiieempo. Sie lm encioanfilaidao, ad doem, ánsoe stacboat izpaarnadl oa épodceasl i nrioed selt ai vnalid- «ehze chqou he acexei giebll e acceasl oap enóns»-iqudee bseor ebvenr einrete l26 d ed iciree mb de2 003y 2 6d ed icireed meb2 00,6p erot en2í6as emandaes cotiónze ance ila ñoi nmediataanmrtieeron atd ei cehsot ,a edso beniceifriaod el aa pliónc daecpliri ncidpeli aoc ondóni mcáis beneficAicoonsta,e .sc ieenm brga,o qued en ov erificarsee ste últismuop utoe, aslafi liandolo oc oijbat aplo stulado. Aunquseu erneep evto, ietsmi eners itnesri esnqt uiseia lm omento decla mblieog ivos, elsatteoi,s 2 6d ed icireed me2b 030,e lafi liado see ncroanbtac otizaalns dios tye nmoal eh abíaapr otad2o6 semanoa msá se nc ualrq tuiiee,m npoog ozdae u nas itóuna ci jurícdoirneccta. a

42.A filiaqduone o s ee ncroanbtcao tizaanlmd oom endtecola mbio normatvoiy c uansdeio vn alói edstacboat izando Acá, las itóunaj cruíidiccoarne ctnaa cseie la fildoia alm omento decla mblieog ivos, lvaaltdeie rc, 2i6d ed icmbireed e2 030,n o estacboat izaalns dios tepmeroa h abíaapr otad2o6 o más semaneanes la ñion mediataanmtrieero,n etsete o,s e nrete l2 6 ded icireed me2b 00y32 6d ed icireed me2b 020. Ahora, sie la ludaifidloi easdtoa cboat izaalmn odmoe ndtelo a ivnalid- «ehze cqhuoh ea cexei gieblalc cees o al ap enóns»-ique debseu cer ednerete l26 d ed icireed me2b 003y e 2l6 d ed iciree mb de2 00,6y t en2í6sa e mandaecs oi ztaócnie ne lc ualrq tuiiee,m po igumaelntseerá b enefiricodi ela aa plióncd aecplio studleal dao condónim cáisb eneficLiaos saalj.au zpgerat ineandvterteri que den oc umrpsleei stúlet ismuop ue, aslta ofilinaodl ooa mpraa dicphrion cipio. Ene lm ismsoe ntqiudeeon e lc asdoe laron, yta eúna r iesdgeo fatir, gdaebaec enrsteuq auseie la filiaalmd oom endteocl a mbio

legivos, leastteio,s 2 6d ed icireed me2b 003,no e stacbozatan ido alsis teymt aa mpohacboaí parot ad2o6o máss emaneanes la ñ o inmediataanmtrieero,n etsete o,s e nrete 2l6 d ed icireed me2b 003 y 26d ed iciree dmeb2 020,n op oseuen as itóuna jcruíidica cornect(nae grillas del texto). Luego, como es un hecho indiscutido que la impugnante estructuró su invalidez el 29 de marzo de 2007, es decir, por fuera de los tres años a que hace referencia la jurisprudencia de la Corte, su situación pensiona! tampoco 12

SCLAJPT1-0V .DO

• 131 Radicación n. º 68626 podía definirse con la aplicación de la fi ra en comento, en gu perspectiva de la aplicación de la normativa anterior, que no podía ser otra, se itera, que la Ley 100 de 1993. Finalmente, en aras de la claridad, acota la Sala que el cargo tampoco podría salir avante, conforme lo dispuesto en º º el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, según el cual, «cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75 % de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años», pues conforme los hechos indiscutidos en el ataque, la impugnante no cotizó en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez,

como quiera que la última de las aportaciones la realizó en 1998, esto es, casi con 9 años de anterioridad. • En consecuencia, el cargo no prospera. fiLas costas en el recurso extraordinario las asumirá la recurrente, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica. Se fija como agencias en derecho la fiurna de cuatro millones de pesos ($4.000.000,oo), que se incluirá en la liquidación que se practicará conforme al artículo 366 del Código General del Proceso.

IX.D ECISI•Ó N·

·.fi•• 14' '·..t .t Q?,'usfi{dfi lo.'expuesto, la Corte Suprem·a dfi Jukticia, ¡ .•"• • • 1• Sald• : ae' C·•·; a a: ,;• sc \,ai ; óL' anb o,ar damlinisjtsu,rtaienc9.io0nam , b.-rfi r:i :fi•.I)¡ ..; d •,r ,::, efi '. fi,fi l a•t,. , R,,,.. 'e_ pÚnli c'a • 1 y por autoridad de la ley., NO CASAl a

SCLAJPlTOV·.00 13

Radicación n. º 68626 sentepnrceoirfai pdoare lT ribuSnuaple rdieDo srit troi JudidceiB aolg oetltá r,e (s3d )ea brdiedl o msi cla torce (0241,)e ne lp orceosrod indaers ieuogr idsaodc iqauel promoMvAiRóT HAC ELINFAA RIAASNG ARITaA l a

ADMINTIRSADORCAO OLMBAINA DE PENSIONES

COLPENISONES.

Cotsacso msoed j ioe nl am otiva. Cópeis,e notuiefís,qe pubuleís,qe cúmplase devuélevleapx sedei eanltt er ibdueno alre ing.

SANATNDERARF AELB RITCOU ARDADO __r:' fi fi l r

DURÁNU JUETA

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