CSJ - SL3013-2023

República de Colombia Code Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N. 3 DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ Magistrado ponente SL3013-2023 Radicación n.° 86245 Acta 43 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por ADRIANA PARDI BARSOTTI, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 14 de febrero de 2019, en el proceso que instauró contra GIMNASIO LA FONTANA S.A.

I. ANTECEDENTES Adriana Pardi Barsotti llamó a juicio al Gimnasio La Fontana S.A., con el fin de que se declarara la existencia de un «contrato a término fijo», renovado de manera automática; que los extremos temporales se extendieron del 1 de septiembre de 1994 al 30 de junio de 2012; que al momento del retiro devengaba un salario de $2.600.000; que la terminación del contrato fue «imputable al empleador y sin que haya mediado justa causa»; que dentro de los 60 días

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Radicación n.° 86245 siguientes a la finalización, la entidad no le notificó sobre los aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos tres meses y, por ende, le adeudaba la correspondiente indemnización moratoria; que se le realizaron las cotizaciones al sistema general de seguridad social por valores inferiores al salario realmente devengado, por lo que

se debería hacer con la verdadera remuneración. Señaló además, que a la finalización del vínculo laboral, no se le pagaron las vacaciones por el periodo trascurrido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de la misma anualidad; que tampoco se le consignaron las cesantías del lapso comprendido entre el de enero y el 30 de julio durante los arios 1995 a 2012, por las sumas de $227.500, $275.275, $367.500, $441.000, $529.666, $612.500, $670.833, $758.333, $803.833, $851.666, $904.166, $1.020.250, $1.081.465, $1.157.333, $1.238.346, $1.362.181 y $1.458.333, respectivamente; que se le debía un día de salario por cada día de retardo a título de «restablecimiento del derecho», la indemnización por despido sin justa causa equivalente a «365 días», y la indexación. Como fundamento de sus pedimentos, señaló que el 1 de septiembre de 1994, empezó a laborar en el Gimnasio La Fontana, mediante un contrato a término fijo inferior a un ario por 10 meses, que se extendió hasta el 30 de junio de 1995; que, para ese momento, no hubo desahucio y dicha vinculación se prorrogó del 1 de julio de 1995 al 30 de abril de 1996.

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Radicación n.° 86245 Destacó que el 4 de septiembre de 1995, el empleador elaboró otro contrato de trabajo inferior a un ario, lo que

resultaba «superfluo al encontrarse vigente uno a término fijo a 10 meses, que se renovó de manera automática el 1 de julio de 1995». Mencionó una relación de varios contratos de trabajo, que se extendieron desde el 4 de septiembre de 1995, en que se fijó como plazo 10 meses, hasta el del 28 de febrero de 1998, que dijo se prolongó hasta el 1 de marzo de 2013; advirtió que: «pese a las prórrogas automáticas, el empleador continuó con la práctica de elaborar un contrato y hacerle firmar (...)» ario a ario; que fue vinculada como Psicorientadora en el colegio. Narró que el 21 de junio de 2012, junto con su compañera, le comentaron a la directora de preescolar sobre la organización de un taller vacacional y solicitaron su autorización; que la coordinadora les autorizó enviar la información a los correos de los padres de familia, pero el 25 de junio de 2012, fueron llamadas a descargos y el 26 de junio del mismo ario despedidas; que no se probó una justa causa. Puntualizó que el empleador, no le pagó los valores por cesantías, causadas al 1 de enero de 2012 (f.° 34 a 50, 54 a 69). Al contestar, el Gimnasio La Fontana S.A., se opuso a las pretensiones; adujo que entre las partes existieron varios contratos de trabajo «a término fijo y de obra o labor», los cuales fueron independientes los unos de los otros, que pagó

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lo correspondiente en cada una de las vinculaciones, que no se le adeudaba indemnización por despido sin justa causa, por cuanto el acuerdo finalizó por cumplimiento de la obra o labor determinada, como le fue informado a la accionante en la comunicación del 15 de junio de 2012. En cuanto los hechos, admitió que la demandante inició sus labores el 1 de septiembre de 1994, que el 5 del mismo mes y ario, suscribieron un contrato a término fijo inferior a un ario, específicamente por diez meses, con vigencia desde el 1 de septiembre de 1994 hasta el 30 de junio de 1995, que a dicha fecha no hubo desahucio, pero ello no significó que se prorrogó, sino que se suscribió otro desde el 1 de septiembre de 1995 hasta el 30 de junio de 1996, que en la cláusula decima primera se reemplazó el anterior y así se dejó sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito, lo que se repitió, en el acuerdo del 1 de agosto de 1996 al 31 de julio de 1997 liquidado en legal forma y que se presentó otro del 1 de agosto de 1997 al 31 de julio de 1998. Destacó que luego del contrato celebrado del 1 de agosto de 1998 hasta el 30 de julio de 1999, se suscribieron varios contratos a término fijo entre 2 de agosto de 1999 y el 30 de junio de 2012 que fueron terminados y liquidados en legal forma. Sostuvo que la firma de contratos a término fijo no se trataba de «una práctica», sino consistía en vinculaciones

diferentes, por periodo fijo, o por obra o labor, que la demandante fue contratada como psicóloga o psicopedagoga 4

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Radicación n.° 86245 y que en varias ocasiones estuvo inmersa en procesos disciplinarios; destacó que pagó las cesantías en la liquidación de prestaciones sociales y, que los aportes a la seguridad social, los pagó de acuerdo con la remuneración acordada. Precisó que de manera abusiva la accionante utilizó información de la institución, para promocionar un taller de vacaciones que iba a ser dictado a título personal, cobrando un costo a los padres de familia, que no fue autorizado. Narró que pese a tener motivos suficientes para terminar el contrato por justa causa, no lo hizo con el fin de no perjudicar los intereses de la accionante y, por ello, decidió dar fin a la vinculación por cumplimiento de la obra o labor «a partir del 30 de junio de 2012 (...) notificada el 15 de julio de 2012 tal y como se evidencia en las pruebas allegadas». Aseveró que conforme con el precedente de la Sala, es válido que existan contratos a término fijo o de obra o labor; como apoyo de su aserto, citó la providencia «CSJ SL Dic. 1/2009 Rad. 3502»; que a la finalización de cada uno de los vínculos pagó lo que adeudaba. En lo referente a las cesantías, afirmó que aplicó lo preceptuado en el artículo 254 del CST; que las vacaciones fueron colectivas y en ocasiones superaban los 15 días; que

se concedió una beca de estudios a la hija de la accionante como extensión de solidaridad; que para no incluir

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Radicación n.° 86245 anotaciones que perjudicaran a Adriana Pardi Barsotti en su hoja de vida, por aprovechar la información a la que tenía acceso, prefirió «no» terminar el contrato por justa causa. Propuso las excepciones de prescripción, pago, «INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES QUE SE PRETENDEN DEDUCIR EN JUICIO A CARGO DE MIR EPRESENTADA», cobro de lo no debido, buena fe, mala fe de la demandante, pago, falta de causa,

«LAS DEMÁS QUE EL JUZGADO ENCUENTRE PROBADAS Y QUE POR NO REQUERIR FORMULACIÓN EXPRESA DECLARE DE OFICIO» (f. 82 a 120).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia calendada el 27 de octubre de 2016, resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la accionante (f.° 619).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante, profirió sentencia el 14 de febrero de 2019, en la que resolvió confirmar la proferida por el a quo, las costas impuestas, y no gravar por dicho concepto en esta sede. Fijó como problema jurídico establecer si entre las

partes existió un único contrato de trabajo a término fijo de un ario, si había lugar o no al pago de vacaciones y cesantías, 6

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Radicación n.° 86245 a la indemnización por despido sin justa causa y a los aportes en salud y pensiones con el verdadero salario devengado por la trabajadora, así como el estudio de los medios exceptivos propuestos por la demandada. Aseguró que no había controversia, (...) en la existencia de la relación laboral que unió a las partes, así como en lo referente con los extremos temporales de la misma, por haber sido aceptado tanto el (...) inicial como el final (...) por parte de la encartada, tanto en el escrito de contestación, como en el interrogatorio de parte efectuado a la representante legal de la encartada, por lo que la controversia frente a este punto, se delimita en establecer si entre las partes existió un solo contrato de trabajo sin solución de continuidad o si por el contrario, la relación contractual estuvo precedida de múltiples vínculos laborales. Afirmó que no era viable hablar de un solo vínculo laboral entre las partes hasta el 2012 como «lo pretendía el apoderado del extremo activo», bajo el argumento de que no se le puso en conocimiento el preaviso de la terminación, pues de conformidad con las normas laborales, a las partes se les permite celebrar contratos a término fijo, que no pueden ser superiores a los 3 arios, pero sí renovados de manera indefinida, máxime cuando se trataba de aquellos celebrados con profesores; que era válido el pacto por un ario académico, que no es el mismo calendario, de acuerdo con

el artículo 101 del CST. Destacó que dentro del plenario, (...) obran cartas de terminación de contratos a folios 269, 321, 327, 384, 433, 471, 478, 493 y 506, documentos que acreditan .la finalización de los contratos suscritos a partir del ario 2003 en

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Radicación n.° 86245 adelante, los que cuentan con la firma de recibido por parte de la señora Pardi Barsotti, escritos que deben ser tenidos en cuenta, ya que no fueron tachados, ni reprochados de forma alguna por el extremo activo, respecto de su falta de entrega o contenido. Le restó credibilidad a los argumentos de la parte accionante, según los cuales no se presentó preaviso, o documento alguno para finalizar el contrato suscrito por las partes para 1994, por cuanto al estudiar el clausulado de los acuerdos desde dicha calenda hasta 1998 se observaba, (...) en su numeral décimo segundo "EFECTOS. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto cualquier otro contrato, verbal o escrito, celebrado entre las partes con anterioridad, pudiendo las partes convenir por escrito modificaciones al mismo, las que formarán parte integrante de este contrato", acuerdo de voluntades que no puede ser desconocido por esta Sala de Decisión, y que darían terminación inmediata a los contratos celebrados con anterioridad, sin siquiera necesitar el desahucio o preaviso para la terminación de los mismos, y respecto de los arios 1999 a 2002 adujeron modificando tan solo lo referente con la vigencia de la relación "El presente contrato se celebra por el ario escolar comprendido entre

1 de agosto de 2000 y el 30 de junio de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 101 del CST. Aseguró que lo anterior evidenciaba, que los contratantes se sujetaban a las disposiciones impuestas y que a partir del 2003, reposaban las cartas de terminación, en este sentido advirtió: «que dentro del plenario no se encontró contrato suscrito (...)p ara los períodos de 1 de agosto de 1998 al 30 de junio de 1999, así como tampoco, para los mismos días y meses, pero del año 2004 a 2005», que fue la «misma demandada [la que] aceptó la existencia de todos los vínculos laborales mediante contrato de trabajo a término fijo desde 1994, hasta el (...) 2012». Bajo el escenario descrito, enfatizó que la relación laboral no estuvo regida por un solo 8

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Radicación n.° 86245 contrato de trabajo, sino por múltiples a término fijo de un ario. Al abordar el estudio de las vacaciones, aseguró que no solo fueron disfrutadas por la demandante en el término común en diciembre de cada anualidad, sino que además fueron pagadas como se observaba en la liquidación de prestaciones sociales al término de cada vínculo laboral, conforme con los folios 122, 130, 148, 160, 175, 197, 232, 267, 322, 326, 386, 434, 464, 473, 480, 495 y 505. Sobre las cesantías, razonó que por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de julio de cada una de las

anualidades reclamadas, se le pagaron a la trabajadora de forma directa, al no existir la obligación de realizar la consignación a la administradora, en la medida que los contratos de trabajo finalizaban en los meses de junio o julio como se constataba en los folios 122, 130, 148, 160, 175, 197, 232, 267, 322, 326, 386, 434, 464, 473, 480, 495 y 505. Ilustró que la obligación de la consignación, se presentaba sobre los contratos que se mantuvieran vigentes hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, como en efecto, lo realizó la demandada, por lo que se debía absolver de tal pedimento, así como de la sanción correspondiente. En lo concerniente a la indemnización por despido sin justa causa, trascribió apartes del escrito de terminación adosado a folio 510, la que tuvo como motivación el acta de

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Radicación n.° 86245 descargos efectuada a la trabajadora el 25 de junio de 2012, en la que se citó a rendir su versión, en relación al envío masivo de un correo electrónico sobre un taller de habilidades; señaló que de esa documental, se podía extraer que la trabajadora envió un correo a los padres del Gimnasio La Fontana y no elevó solicitud de permiso al jefe inmediato; y que con esa actividad, buscaba un beneficio económico, acreditándose la falta que se le imputó. Destacó que no existía procedimiento para despedir al interior de la llamada a juicio, en el reglamento interno de

trabajo ni en alguna convención colectiva, por lo que no podía considerarse que se trataba de una sanción disciplinaria. Finalmente, dispuso la absolución del pago de los aportes al Sistema Integral de seguridad Social, en relación con un salario superior, bajo el sustento de que no se acreditó por parte de la demandante un ingreso mayor, en cada uno de los contratos celebrados entre las partes o que un igual jerárquico con las mismas funciones, percibiera una suma superior, que necesitara una nivelación.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

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V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita a esta Corporación que, case totalmente la sentencia recurrida, para «que en sede de instancia, se revoque la decisión proferida por el a quo y en su lugar, se acceda a las súplicas de la demanda y se provea sobre las costas».

Con tal propósito, formula cuatro cargos, por la causal primera de casación los que fueron oportunamente replicados. Por cuestiones de método se analizarán los cargos primero y tercero, luego el segundo y el cuarto, por compartir similar elenco normativo y perseguir idéntico objetivo.

VI. CARGO PRIMERO Señala la censura que la sentencia acusada viola por: (...) por la vía indirecta, "en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 23,43,45,46,62,63,65,102,127 y 254 del Código

Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 99 de la ley 50 de 1990. Y los artículos 48,53 y 94 de la Constitución Política, el artículo 4 del convenio 95 de la OTT, los artículos 1519 y 1523 del C.C. el artículo 17,18,20 y 21 de la ley 100 de 1993; artículos 60, 61 SS del Código de Procedimiento Laboral. Enlista como errores de hecho, (sic) No dar por probado, estándolo, que el 01 de septiembre de 1994 las partes suscribieron un contrato a término fijo por 10 meses. el cuál iba desde el 01 de septiembre de 1994 al 30 de junio de 1995.

1. No dar por probado, estándolo, que al 01 de junio de 1995 el contrato inicial no se desahució.

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2. No dar por probado estándolo que al 1 de junio de 1995 el contrato inicial no fue desahuciado.

3. No dar por probado, estándolo, que el contrato inicial se renovó de forma automática a partir del 1° de julio de 1995.

4. No dar por probado, estándolo, que a partir del 1 de septiembre de 1995 las partes ejecutaron un contrato a término fijo por 10 meses desde el 1 de septiembre de 1995 al 30 de junio de 1996.

5. No dar por probado, estándolo, que, al 1 de septiembre de 1995, época en la que las partes suscribieron el segundo contrato, estaba vigente el contrato inicial.

6. Dar por probado, sin estarlo, que los contratos se liquidaron en debida forma.

7. No dar por probado, estándolo, que, el contrato suscrito el 1 de septiembre de 1995 se renovó de forma automática, por un periodo igual, por falta de desahucio.

8. Dar por probado, sin estarlo, que la relación laboral se rigió por múltiples contratos de trabajo autónomos entre si.

9. No dar por probado, estándolo, que la relación laboral se ejecutó sin solución de continuidad. 10.No dar por probado, estándolo, que el 01 de agosto de 1996 las partes suscribieron un contrato por 1 ario, desde el 1 de agosto de 1996 al 31 de julio de 1997. 11.No dar por demostrado, estándolo, que, el 04 de agosto de 1997 las partes suscribieron un contrato por un lapso contractual de un ario, el cual iba desde el 01 de agosto de 1997 al 31 de julio de 1998. 12.No dar por probado, estándolo, que, el contrato suscrito el 04 de agosto de 1997 se renovó de forma automática, por un periodo igual, desde el 01 agosto de 1998 al 31 de julio de 1999.

13. Dar por probado, sin estarlo, que en el ario 1998 se suscribió un contrato a término fijo por 10 meses. 14.Dar por probado, sin estarlo, que en 2004 se suscribió un contrato a término fijo. 15.No Dar por probado, estándolo, que durante el ario académico 2004-2005 las partes ejecutaron un contrato de trabajo de 1 ario

desde el 1 julio de 2004 hasta el 30 de junio de 2005. 16.No dar por probado, estándolo, que, la relación laboral se ejecutó bajo las mismas condiciones laborales.

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17. Dar por probado, sin estarlo, que los pagos parciales de cesantías que efectuó el empleador fueron eficaces. 18.No dar por probado, estándolo, que el empleador incurrió en mora por no consignación al fondo de cesantías, en el pla7o legal, el auxilio a las cesantías correspondientes al periodo transcurrido desde el 1 de enero al 30 de julio en los arios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 19.No dar por demostrado, estándolo, que a la terminación de la relación laboral se adeudaba a mi mandante la fracción del auxilio a las cesantías correspondiente al periodo transcurrido desde el 1 de enero al 30 de julio de los arios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009,2010 y 2011. 20.No dar por demostrado, estándolo, que el empleador incurrió en mora por no pagar directamente a la trabajadora, la fracción del auxilio de cesantías causada desde el 1 de enero al 30 de julio

en los arios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Señala que los anteriores errores de hecho se cometieron por, (...) la apreciación errónea de las pruebas documentales ubicadas en los folios del 1 al 15, así como por la apreciación equivocada del interrogatorio de parte absuelto por la representante legal del Colegio Gimnasio Fontana; dicho error se cometió porque no se valoró la carta dirigida a Davivir, documental visible a folio 165, ni las planillas de autoliquidación de aportes a pensiones, las planillas de autoliquidación de aportes a salud, ni los certificados de aportes al Sistemas de Protección Social, visible a folio 466; igualmente, omitió valorar los testimonios rendidos por Sandra Liliana Villarraga Penagos y Gloria Esperanza Rodríguez Pedreros. Dicho error también acaeció por la errónea valoración de las actas de liquidación de los contratos; así como la falta de valoración de las planillas de liquidación de cesantías, así como por la errónea valoración de las cartas de desahucio de los contratos, y la errónea apreciación de la demanda y la contestación de la misma. Para la demostración de la acusación, expone que el Tribunal valoró erróneamente la confesión de Amparo Triana

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Radicación n.° 86245 en su condición de representante legal del colegio, así como

los contratos suscritos por las partes, lo que condujo a formar equivocadamente el convencimiento de que «la relación laboral se rigió por varios contratos autónomos e (sic) dependientes, y por ende, arriba a la conclusión, que en la relación laboral no hubo solución de continuidad, por lo que estima acertado el pago del auxilio de cesantías». Asevera que, La errónea apreciación del acervo probatorio trajo consigo que el fallador inaplicara los artículos 46y 254 del CST, y en tal sentido no imputara a la accionada la responsabilidad de cancelar las cesantías correspondientes al periodo transcurrido desde el 01 de enero al 31 de julio de cada ario durante la vigencia de la relación laboral, y en consecuencia tampoco se aplicó el artículo 99 de la ley 50, precepto jurídico mediante el cual no sólo se impuso la obligación al empleador de pagar directamente el auxilio a las cesantías, sino que se imputa la cancelación de un día de salario por la no consignación al fondo de cesantías. Enfatiza que la representante legal del colegio confesó que se mejoraron sus condiciones laborales, que la relación de trabajo se desarrolló sin interrupción, como se observaba en el folio 3 del plenario, contentivo del contrato pactado del 1 de agosto de 1996 al 1 de julio de 1997; que, de la declaración referenciada, se extraía que: «para no dejar a la gente sin sueldo (...) en julio, el colegio resolvió contratar al personal por todo el año». Señala que a «las actas de liquidación no podría atribuírseles valor jurídico alguno, pues ellas no reflejaban la

realidad material, y por tanto no tenían la capacidad de dar por terminado la relación laboral inicial».

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Radicación n.° 86245 Además, que también confesó que el salario era reajustado ario tras ario con los incrementos legales, con lo que se observaba la «homogeneidad» en la relación laboral, esto es, que después del contrato inicial no hubo acuerdo sobre la remuneración, por ello endilga que se valoró erróneamente el folio 197, titulado nómina finiquito por retiro definitivo, con la que se acredita el pago de las cesantías por el periodo trascurrido entre enero a junio del 2000, sino que al salario básico se le realizó un ajuste, que aumentó el 1 de agosto de 1999 a $1.050.000. Asevera que el Tribunal al valorar los contratos «distorsionó el sentido y expresión de la prueba, lo que lo llevó a desconocer la existencia de la continuidad en la relación laboral», reprocha la conclusión, según la cual aquellos se ejecutaron de forma autónoma, sin tener «en consideración el periodo en que se realizó la labor encomendada, ni el efecto de las prórrogas acaecidas por la ausencia de desahucios, ignorando que los mismos se ejecutaron de manera continua, pues entre cada contrato no hubo cese de actividades». Indica que, El Ad quem aprecio (sic) erradamente la prueba documental visible a folio 1° del expediente, de la cual se deduce que las partes suscribieron un contrato a término fijo por 10 meses, desde el 1 de septiembre de 1994 al 30 de junio de 1995, también

valora erradamente la negación indefinida expuesta en el hecho 3° de la demanda, pues tal negación no fue desvirtuada y por ende debió darse por probada la misma, con lo que inexorablemente hubiese llevado a la conclusión que el contrato se prorrogó de manera automática a partir del 1 de julio de 1995. Sin embargo, el Tribunal solo se circunscribió a establecer la terminación de los mismos, basándose en el hecho de que las

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Radicación n.° 86245 partes cada ario suscribían un nuevo contrato, supone que los vínculos laborales se ejecutaban de forma autónoma, pero no advierte que en los nuevos contratos prorrogaban la relación laboral vigente, pues las aludidas cláusulas simplemente subrogaban las obligaciones consignadas en los contratos anteriores, sin percatarse que entre la vigencia de cada contrato no había interrupción. De haberse valorado correctamente tanto las pruebas documentales en las que reposan los contratos y las negaciones indefinidas que señalan la ausencia de desahucio, se hubiese concluido que en el ario 1995 la relación laboral se ejecutó de manera continua. Sostiene que la decisión impugnada desconoció la primacía de la realidad sobre las formas; critica que no se da por demostrado que los contratos suscritos por las partes «se ejecutaron sin solución de continuidad, en razón a la renovación automática de los mismos por laf alta de desahucio [que] el fallo se apartó de la realidad material», en principio entre el 1 de septiembre de 1994 y el 30 de junio de 2002, la

relación laboral se ejecutó de forma continua, de manera que no era dable asignar efectos a las actas de liquidación. Expresa que la errónea apreciación del material probatorio, conllevó que el fallador inaplicara los artículos 46 y 254 del CST; y, que no se le imputara a la entidad educativa la responsabilidad por el no pago de las cesantías por el lapso del 1 de enero al 31 de julio de cada ario, que tampoco se aplicaron los artículos 65 del CST, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Asegura que el juzgador no se percató que la segunda prórroga del contrato inicial, se extendió del 1 de julio de 1995 al 30 de marzo de 1996, por lo que, en 1997, se debían consignar las cesantías del 1 de enero al 31 de diciembre de 16

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Radicación n.° 86245 1996, que si bien, se hizo un pago en junio, el mismo resulta ineficaz, que llamaba la atención que las correspondientes a julio de 1995 y 1996, no fueron consignadas, tampoco entregadas. Señala que tampoco se valoró la contestación de la demanda, en la que se admitió que no hubo desahucio de los contratos; sobre el contrato que suscribieron las partes del 4 de agosto de 1997, esto es, desde el 1 de agosto de 1997 hasta el 31 de julio de 1998 (f.° 4), se consignó que se desempeñaría como psicóloga, el Tribunal no se percató que en el reverso

del documento, se inscribió que las partes pactaron una cláusula, en la cual se sujetó el pago del mes de julio al cabal cumplimiento de las actividades académicas, por ende subsistió la obligación de pagar cesantías por el ario 1997, acuerdo que se extendió de 1998 a 1999. Subraya que el juzgador valoró de manera errada la liquidación del contrato visible a folio 322, que no refleja la realidad; que en esta se indicó que el extremo final era 30 de junio de 1998; pero no advirtió que la vinculación se prorrogó hasta el 31 de julio de 1999; precisa, que pese a no haberse suscrito acuerdo por el periodo académico 1998 a 1999, la relación fue permanente; asegura que no se desplegó una «lectura holística de todo el material probatorio», de haberse realizado, se habría concluido que «las actas de liquidaciones no se finalizaba (sic) el vínculo contractual. Sin embargo, el Tribunal le[sj atribuyó eficacia jurídica a dichas actas».

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Radicación n.° 86245 Afirma que el ad quem omitió el análisis de la documental visible a folios 162 a 164, 165 y 168, con las que se camuflaba la realidad, materializado en las actas de liquidación de los contratos; que de estas piezas se observaba que para julio de 1998 estaba afiliada a Davivir, que, además, el colegio informó a esta entidad, a quienes se les finalizaba la vinculación, listado, en el que ella no se encontraba, por

ende, el contrato se encontraba vigente a 31 de julio de 1998, «a pesar de la suscripción del acta de liquidación». Agrega que el juzgador también valoró erróneamente la prueba documental del folio 5, que acreditaba que el contrato se desarrolló del 1 de agosto de 1999 al 30 de junio del 2000, y que el objeto fue la prestación de servicios como psicopedagoga; que no se desvirtuó la negación indefinida en el hecho del numeral 10 de la demanda según la cual el contrato se renovó desde el 1 de julio del 2000 hasta el 30 de mayo de 2001. Itera que el juzgador no valoró las pruebas documentales, tampoco las «negaciones relacionadas», que permitían concluir que el contrato fue sin solución de continuidad, por lo menos desde el 1 de septiembre de 1994 hasta el 30 de junio de 2000. Aduce que en todo caso, el juzgador no apreció el folio 6 contentivo del contrato fijo por 11 meses, cuyo plazo se acordó del 1 de agosto de 2000 al 30 de junio de 2001, «ejecutado continuamente al anterior», puntualiza que tampoco se evidenció que al vencimiento del periodo 18

SCLAJPT-W V.00

Radicación n.° 86245 académico 2000-2001, el empleador no le pagó valor alguno por concepto de prestaciones sociales, que ese contrato no fue liquidado, configurándose la mora en la consignación de las cesantías por el lapso de enero 1 al 31 de julio de 2001,

así «como al pago de los salarios caídos». Refiere que si bien, se valoró el acta de liquidación visible a folio 326, con la que se pretendió clausurar el acuerdo 2004-2005; esta documental no fue elaborada por el empleador, por lo que no se le puede atribuir su autoría; en todo caso no tiene la fuerza de terminar la vinculación inicial. Asevera que no se valoraron adecuadamente los folios 7, 8, 9, 10, 11, 12, 468, 470, 477, que en su orden corresponden a los contratos por los periodos académicos 2001-2002; 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008. 2008-2009, 2009-2010. Se