CSJ - SL3015-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3015-2023 Radicación n.° 78473 Acta 40 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). En cumplimiento de la sentencia CC SU348-2022, dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante la cual se dejó sin efectos la providencia CSJ SL3651-2020, se procede a emitir nueva decisión, conforme a la orden impartida, frente al recurso de casación interpuesto por GERMÁN ÁVILA MUNAR contra el proveído proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, el diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en el proceso que le

instauró a PAVIMENTOS EL DORADO SAS.

I. ANTECEDENTES Germán Ávila Munar llamó a juicio a Pavimentos El Dorado SAS, para que se declarara que prestó sus servicios mediante contrato de trabajo de obra o labor, desde el 13 de

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Radicación n.° 78473 febrero de 2012 hasta el 10 de abril de 2013 y que el empleador terminó la relación unilateralmente, por lo que era ineficaz. En consecuencia, se condenara a su reintegro o reubicación a un cargo de igual o mejor condición, que se adecuara a sus condiciones de salud y al pago de la indemnización por despido ilegal, los salarios dejados de percibir, las primas de servicios, las cesantías, los intereses a las mismas, las vacaciones, los aportes a seguridad social

y la indexación del 10 de abril de 2013 a la fecha de la reinstalación, junto con lo que se encontrara demostrado en virtud de las facultades extra y ultra petita, así como las costas. Fundamentó sus peticiones, en que por nexo laboral denominado de «obra o labor contratada» laboró a favor de la accionada, del 13 de febrero de 2012 al 10 de abril de 2013; que desempeñó las funciones de operador de cargue en la planta ubicada en el municipio de Valledupar, Cesar; que devengó un salario mensual de $1.4000.000 y ejecutó todas las instrucciones dadas por su jefe inmediato. Indicó que, el 1° de octubre de 2012, sufrió un accidente de origen común, el cual notificó a su superior el 10 del mismo mes y año; que en dicho evento resultó comprometido el tercio inferior del brazo izquierdo, se lesionó vasos sanguíneos y nervios a ese nivel, lo que debilitó y limitó su capacidad física; que presentó incapacidades expedidas por la EPS SaludCoop, desde la fecha del acontecimiento hasta

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Radicación n.° 78473 el 18 de abril de 2013 y que, a partir de dicha data, no había podido cotizar al sistema de seguridad social en salud. Adicionó que, estando incapacitado y en trámite de procedimientos médico-quirúrgicos para rehabilitación, se le comunicó el 22 de marzo de 2013 su desvinculación, desde el «10 de abril de 2012» (sic), bajo el argumento de «la venta

de uno de los cargadores marca Caterpillar de propiedad de la empresa». Afirmó que el empleador no solicitó permiso al inspector de trabajo para despedirlo, lo que era necesario por su estado de «discapacidad laboral» (f.° 2 a 8 del cuaderno del juzgado). Pavimentos El Dorado SAS se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió la naturaleza del contrato, el lugar de ejecución, la labor desempeñada, el cumplimiento de órdenes, el salario, los extremos temporales, el accidente de origen común y el no pedimento de aval ante la autoridad administrativa. Aclaró que el nexo era a término fijo, que su desvinculación se realizó en cumplimiento del numeral 15 del literal a) del artículo 62 del CST y la causa real fue la necesidad de vender el cargador marca Caterpillar 950F que operaba el trabajador. En su defensa, propuso como excepción de mérito la improcedencia de la acción de reintegro (f.° 32 a 38, ibidem).

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Radicación n.° 78473

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Distrito Judicial de Valledupar, el 20 de mayo de 2014 (f.° 152 CD y 153 a 154, ibídem) dispuso: PRIMERO: Declarar que entre el demandante GERMÁN ÁVILA MUNAR y la demandada PAVIMENTOS EL DORADO SAS existe un contrato de trabajo en los términos indicados en las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: Declarar que, al momento de tomar la decisión de terminación del contrato de trabajo al demandante, la demanda

no solicitó ni obtuvo la autorización del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social y, en consecuencia, se declara ineficaz la terminación de dicho contrato.

TERCERO: Condenar a la sociedad demandada PAVIMENTOS EL DORADO SAS a reintegrar al demandante GERMÁN ÁVILA MUNAR, sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba al momento del despido o a uno de igual o superior categoría que se adecúe a sus condiciones de salud, previa evaluación de la

ARL.

CUARTO: Condenar a la demandada a pagar al demandante los salarios y todas las prestaciones sociales dejadas de percibir, causados desde el día del despido hasta cuando se produzca el reintegro, debidamente indexados, así como las cotizaciones al sistema de seguridad social integral.

QUINTO: Condenar a la demandada a pagar al demandante la indemnización de 180 días del salario devengado como sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

SEXTO: Declarar no probada la excepción perentoria de improcedencia de la acción de reintegro, que en su defensa adujo la accionada.

SÉPTIMO: Condenar en costas a la parte demandada […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de la demandada, la Sala Civil Familia

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

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Radicación n.° 78473 Valledupar, el 17 de mayo de 2017 (f.° 10 a 13 y 14 CD, cuaderno del Tribunal), determinó: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 20 de mayo de

2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, en el proceso ordinario laboral […], excepto lo que corresponde a la existencia del contrato de trabajo.

SEGUNDO: Negar las pretensiones incoadas.

TERCERO: Condenar en costas de ambas instancias al demandante. Las agencias en derecho de esta sede ascienden a $ 737.717. Liquídense de manera concretada ante el Juzgado de primer nivel.

En lo que interesa al recurso extraordinario, precisó que el problema jurídico era determinar si tuvo razón el a quo al conceder los pedimentos de la demanda, bajo el entendido que el convocante fue desvinculado de manera unilateral e injusta por su «estado de discapacidad» y sin autorización del Ministerio del Trabajo, así como también establecer si había lugar a la indemnización prevista en la Ley 361 de 1997, el reintegro y pago de prestaciones sociales. Dijo que no era objeto de disputa que: i) el lazo rigió entre el 13 de febrero de 2012 y el 10 de abril de 2013, lo que estaba acreditado con el contrato de trabajo y la carta de despido (f.° 9 a 11, cuaderno del juzgado); ii) las razones para finalizar el vínculo laboral fueron el numeral 15 del literal a) del artículo 62 del CST y que el cargador Caterpillar 950F que operaba el petente se vendió, desde el 20 de febrero de 2012; iii) el accionante estaba en incapacidad, cuando se le entregó la notificación del finiquito contractual, el 22 de marzo de 2013, así como a la data en que se hizo efectiva, el

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Radicación n.° 78473 10 de abril de 2013 y, iv) para proceder a la desvinculación, no se requirió autorización del Ministerio del Trabajo, como lo admitió la demandada al contestar el libelo. Para resolver el planteamiento jurídico, se refirió al contenido del precepto 26 de la Ley 361 de 1997 e indicó que la sentencia CC C531-2000 condicionó dicha disposición, en el sentido de que carecía de todo efecto jurídico el despido en la situación de discapacidad prevista en la norma. Manifestó que esta Corporación, en virtud del artículo 53 de la Constitución Política, estableció que «aquellas personas que se enc[ontrara]n en un estado de debilidad manifiesta deb[ían] ser protegidas», a través de la figura de estabilidad laboral reforzada, la cual adquiría tal carácter si se trataba de «personas en condición de discapacidad», como lo dijo la Corte Constitucional en decisión CC T041-2014. Sin embargo, argumentó que ese beneficio no era absoluto, ni predicable de todos quienes se encontraran en algún momento de su relación laboral en imposibilidad de desarrollar la labores, pues en el ordenamiento jurídico existían razones por las que el empleador podía terminar el contrato de trabajo con justa causa. Este era el caso, por ejemplo, si presentaba una enfermedad contagiosa o crónica el dependiente, que no tuviera carácter de profesional u otra lesión que lo incapacitara para laborar, cuya curación no fuera posible durante 180 días. En apoyo de ello, citó la providencia CC C079-1996.

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Radicación n.° 78473 Afirmó que el mandato 5° de la Ley 361 de 2007 dispuso que las «personas en situación de discapacidad» debían estar calificadas y en el carnet de salud precisar con exactitud el grado que presentaban de la misma, sin que esta fuera la única prueba aceptable para determinar la mencionada condición. Lo anterior, era necesario para que quien se hallara en ese escenario, pudiera ser titular de los derechos que le correspondían, pues, siguiendo lo dicho por esta Sala, no todas las personas que se encontraban «limitadas temporalmente» para ejercer sus funciones podían acceder a los beneficios de la Ley 361 de 1997. En soporte de lo preliminar, citó apartes de los fallos que identificó con «radicado 36115» y CC T898-2001 e indicó que, incluso en palabras de la Corte Constitucional, la enfermedad cuya curación no haya sido posible durante el lapso de 180 días, no podía afectar en forma indefinida la relación normal del servicio. Por lo expuesto, le dio razón al impugnante, quien alegó que el demandante debió atestiguar que estaba en una «situación de discapacidad», pero en el sub lite no se aportó ninguna evidencia que así lo demostrara. En concreto, si bien se certificó que al despido estaba incapacitado, no hizo lo propio en torno a que sufría una discapacidad en los grados legales. Por tanto, lo dispuesto en la Ley 361 de 1997 se aplicaba a otro tipo de personas dentro de las que el accionante no se hallaba o por lo menos, no acreditó que así

fuera.

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Radicación n.° 78473 Por último, aclaró que sí tuvo en cuenta la situación de incapacidad que aquejaba al petente. Sin embargo, no certificó que fuera discapacitado en forma severa, profunda o moderada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por Germán Ávila Munar, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Lo titula «declaración del alcance de la impugnación» y lo

presenta de la siguiente manera:

1. Declarar cuáles son los medios de prueba para probar el estado de discapacidad de una persona para ser acreedora de los beneficios establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

2. Declarar que uno de los medios probatorios permitidos para probar la discapacidad de una persona son las incapacidades médicas debidamente reconocidas.

3. Declarar qué tipo de personas en estado de incapacidad son acreedoras de los beneficios contemplados en la Ley 361 de 1997, en su artículo 26, expresando claramente por que el hoy demandante Germán Ávila Munar hace parte de ese grupo de personas o si por el contrario debe ser excluido dentro de los beneficiarios contemplados en dicha norma.

4. Declarar que la norma aplicable a una persona que se encuentra en estado de incapacidad cuya recuperación no ha sido posible en 180 días es el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

5. En consecuencia de lo anterior, casa la sentencia recurrida y en su lugar acceder a todas las pretensiones solicitadas (f.° 6 del

cuaderno de la Corte).

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Radicación n.° 78473 Con tal propósito, formula un cargo, sin mencionar causal de casación, el cual fue objeto de réplica y se estudia a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa que la sentencia impugnada vulneró: […] el precepto legal sustantivo de orden nacional que se estime violado y el concepto de la infracción, si directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea. Y de igual manera se va a plantear la casación por error de hecho y por infracción de preceptos procesales, por considerar que todos […] lastimaron no solo el derecho sustancial, sino también el procesal y probatorio.

En concreto, atribuye las siguientes infracciones del ad quem:

1. Aplicación indebida del artículo 62 numeral 15, literal A, del Código Sustantivo del Trabajo. 2.Aplicación indebida de la sentencia C-079 de 1996. 3.Interpretación errónea del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 4.Interpretación errónea del artículo 5° de la Ley 361 de 1997. 5.Error de hecho por apreciación errónea de los documentos que acreditan las incapacidades puestas en conocimiento del empleador, para acreditar el estado de debilidad manifiesta o discapacidad y ser acreedor de la aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 6.Por otra parte, también se va a plantear la casación por infracción de preceptos procesales. Infracción directa de la ley procesal: artículo 66 A, la sentencia de segunda instancia deberá

estar en consonancia con las materias del objeto del recurso de apelación, dicho de otro modo, le está vedado estudiar cualquier situación no planteada en el recurso de apelación.

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Radicación n.° 78473 En la demostración del cargo, se dirige a cada una de las anteriores acusaciones, así: i) En cuanto a la aplicación indebida del numeral 15 del literal a) del artículo 62 del CST, aduce que desde que entró en vigencia el 26 de la Ley 361 de 1997, las «personas discapacitadas» son acreedoras del fuero, siempre que: a) el sujeto se encuentre en una circunstancia de especial protección cuando se dé la desvinculación; b) el empleador tenga conocimiento de dicho estado; c) la causa de la finalización del contrato sea la mencionada condición y, d) no se haya solicitado autorización del Ministerio del Trabajo. Insiste que para determinar si es posible aplicar el numeral 15 del literal a) del mandato 62 del CST o el canon 26 de la Ley 361 evocada, toca estudiar cada uno de los presupuestos enlistados, como procede a continuación. Frente al primero, transcribe los hechos 9° (lesiones del accidente de origen común) y 14 (pese a los trámites de procedimiento quirúrgicos, así como la incapacidad, se terminó la relación laboral) de la demanda y esgrime que el ad quem realizó un recuento de las premisas fácticas, pero sin hacer alusión a los supuestos mencionados previamente, los que «salieron del debate probatorio, que fueron tomados como argumentos por el juez de primera instancia y sobre los

cuales no fue dirigida la apelación», siendo indispensables, pues reflejan que «para el momento del despido […] se encontraba […] en una circunstancia de discapacidad que daba méritos para ser sujeto de especial protección».

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Radicación n.° 78473 En cuanto al segundo requisito, aduce que «el a quo» lo tuvo por demostrado, pues consideró que contaba con prueba de ello, como lo fueron las incapacidades que habían sido puestas en conocimiento del demandado; una constancia emitida por la misma accionada de las falencias de salud del 7 de octubre de 2012 al 20 de abril de 2013 y un certificado proferido por EPS SaludCoop.

Afirma que lo anterior: […] lo tomó el juez de primera instancia como fundamento para probar que el empleador conocía del estado de discapacidad que padecía el empleado al momento del fenecimiento del contrato, decisión contra la cual […] la parte demandada interpuso el recurso de apelación, es decir, que no aceptó el argumento del a quo, por considerar que se había probado un estado de incapacidad y no de discapacidad.

En tal virtud, dicha controversia fue la única que debió atender el Tribunal, para determinar si el superior tenía conocimiento de la «discapacidad o incapacidad» al finalizar el nexo. Frente a ello, razona que presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, en los que manifestó «la imposibilidad física de […] notificar al empleador, previo la terminación del contrato, un carnet de la EPS tratante que expresara la discapacidad padecida por el actor en el grado de moderada, severa o profunda», pues cuando lo despidieron

no había terminado los procedimientos quirúrgicos y el estado de discapacidad se puede probar con las incapacidades, aunque no había sido calificado por la EPS.

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Radicación n.° 78473 En lo que compete a la tercera situación, alega que quedó establecido por «el Juez de primera instancia» que el motivo de la desvinculación fue el estado de «discapacidad o incapacidad», para lo cual dicho juzgador mencionó que, aunque se manifestó como causa la venta del cargador Caterpillar 950F que operaba, no obra prueba que lo acredite; máxime que el contrato laboral no reporta que la función contratada haya sido la manipulación de tal maquinaria. En suma, afirma que «en el desahucio es claro el empleador al manifestar que lo hizo con fundamento en el artículo 62, numeral 15, literal a) del Código Sustantivo del Trabajo […] situación contra la cual no se interpuso el recurso de apelación, es decir que se aceptó que la única causa […] fue el estado de discapacidad o incapacidad». Por último, la cuarta exigencia fue aceptada en la contestación de la demanda y se dio como un hecho probado por el Tribunal, por lo que salió del debate. En virtud de lo expuesto, considera que el único aspecto objeto del recurso de apelación, era si las incapacidades constituían prueba suficiente para confirmar el estado de discapacidad, situación que se resuelve con la sentencia CC C606-2012, de la cual transcribe apartes. Reitera que ellas son medio idóneo para demostrar el «estado de discapacidad» y al cumplir los cuatro ítems sintetizados previamente, se

debía emplear el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

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Radicación n.° 78473 ii) Frente a la aplicación indebida del proveído CC C0791996, esgrime que la providencia en estudio es del año 1996 y la Ley 361 es de 1997, lo que significa que cuando se expidió el precedente que empleó el ad quem, no había entrado en vigor la norma que regula el caso y, en consecuencia, «se aplicaba para la fecha sin lugar a reparo alguno, como solución a este problema jurídico, el artículo 62, numeral 15, literal a) del Código Sustantivo del Trabajo». Por tanto, el fallo de constitucionalidad traído no aporta solución alguna a la litis planteada o, por lo menos, no para la fecha de configuración de los hechos que dieron origen al proceso. iii) Respecto de la interpretación errónea del canon 26 de la Ley 361 de 1997, indica que con las mismas providencias utilizadas por el colegiado, quedan claros los requisitos para ser acreedor de los beneficios de la normativa en cuestión, «que no son otros que los ya mencionados […] al referirnos a la aplicación indebida del artículo 62, numeral 15, del CST» y que la interpretación errónea del Tribunal lo llevó a revocar la decisión, pese a que «cumple los criterios exigidos por la Corte Constitucional y […] la Corte Suprema de Justicia». Precisa que la única inconformidad objeto del recurso de apelación fue el conocimiento del «estado de discapacidad», discusión de vieja data que terminó con el proveído CC C606-2012, del cual transcribe apartes. Luego,

reproduce el concepto de «personas en situación de discapacidad», previsto en la Ley 1618 de 2013 y manifiesta que tanto la disposición normativa como la jurisprudencia por él citada se encontraban vigentes al resolver la litis.

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Radicación n.° 78473 Esgrime que se equivocó el operador de segundo grado al afirmar que «en el plenario no se demostró el estado de discapacidad, desconociendo y errando nuevamente al plantear que el ad quem o el a quo, son los que tienen que conocer en el plenario el estado de discapacidad», ya que en realidad «quien tiene que conocerlo es el empleador, no el director del proceso, quien tiene como función verificar si previamente al despido el empleador conocía o no el estado de discapacidad». Sin embargo, argumenta que en el caso la discapacidad era plenamente conocida por el dador de empleo, siendo tal condición la que llevó a finalizar unilateralmente el contrato. Sostuvo que fue desacertado el juzgador al interpretar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues reflexionó que la protección solo aplica a las «personas discapacitadas», haciendo una distinción con aquellas incapacitadas, con lo cual ignoró «[…] todo el avance legal y jurisprudencial que se le ha dado al término de discapacidad». Además, que exigió «una prueba en el plenario de un carnet o pérdida de capacidad laboral», carga que era físicamente imposible de cumplir, por lo que «la única medida razonable para hacer juicios legales que tienen tanto el a quo como el ad quem, son las pruebas allegadas por parte del

empleado a su empleador para acreditar el estado de debilidad manifiesta».

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Radicación n.° 78473 iv) En lo que compete a la exégesis equívoca del artículo 5° de la Ley 361 de 1997, asevera que el colegiado estudió su texto, pero olvidó que fue declarado exequible por la sentencia CC C606-2012, en donde se explica la finalidad del carnet, así como también el grado de limitación moderada, severa o profunda. En apoyo de ello, transcribió la normatividad mencionada y fragmentos de la providencia de la Corte Constitucional. Por lo expuesto, reflexiona que se equivocó el ad quem al razonar «que existe tarifa legal para notificar al empleador del estado de discapacidad y también interpreta mal la norma al considerar […] que ellos como directores de la segunda instancia debían conocer del estado de discapacidad en el plenario». v) Respecto del error de hecho por apreciación errónea de las incapacidades, manifiesta que el Tribunal no le dio mérito probatorio, pese a que estaban certificadas por la EPS SaludCoop y «las cuales tomó el juez de primera instancia, dándole el valor que considera el suscrito se merece, que no es otro que el de probar la discapacidad padecida». Precisa que tales pruebas son auténticas, fueron debidamente reconocidas y reflejan su firma. vi) Por último, alude a la infracción del «artículo 66Ac, sin indicar compendio, referente al principio de consonancia que quebrantó el juzgador, ya que trató temas que, aunque

se plantearon en la demanda, salieron del debate, en tanto que no fueron esbozados en la apelación, entre ellos: a) el

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Radicación n.° 78473 «estado de discapacidad» en que se encontraba el demandante cuando fue desvinculado, pues se aceptó al contestar el libelo inicial y, b) la causa para dar por terminado el contrato, que fue la incapacidad y la situación de dificultad producto de la lesión padecida. Arguye que no es necesario debatir nuevamente tales supuestos fácticos, en la medida que, refiriéndose al hecho 14 relativo al estado de salud en que estaba al momento de la desvinculación, fue «aceptado en la contestación de la demanda, excluido del debate y el juez de primera instancia lo tomó como argumento y contra el cual no se interpuso recurso alguno». Discurre que la alzada se encaminó a que no notificó al dador de empleo del «estado de discapacidad» en ninguno de los grados del artículo 5° de la Ley 361 de 1997, por lo cual la litis se centró en determinar si las incapacidades eran elementos de convicción para acreditar la discapacidad y si para ello la norma exige tarifa legal. Asevera que el ad quem se pronunció sobre aspectos que le estaban vedados, como los que reitera a continuación y ocurrieron por la infracción de los preceptos procesales:

1. Dar por hecho que una de las causas para despedir al empleador fue la venta del cargador Caterpillar 950F […], cuando el Juez de primera instancia […] manifestó que la única causa […] fue el estado de discapacidad o incapacidad, situación que

no fue objeto del recurso de apelación.

2. Declarar que el estado de discapacidad no había sido demostrado […], situación que había sido reconocida por la

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Radicación n.° 78473 demandada, quedando excluidos del debate probatorios, los cuales fueron tomados por el a quo (f.° 5 a 18 del cuaderno de la Corte).

VII. RÉPLICA Argumenta que los motivos de casación son «la aplicación indebida del artículo 62, numeral 15, literal a) del Código Sustantivo del Trabajo y la supuesta interpretación errónea de la Ley 361 de 1997 en sus artículos 5° y 26», frente a lo cual realiza las siguientes precisiones: Para entender el alcance de la Ley 361 de 1997, recuerda que la misma se inspira en la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Discapacidad, la Declaración de los Derechos del Deficiente Mental y la Recomendación n.° 168 de 1983 de la OIT. Además, en la Resolución n.° 3477 de 1975 de la ONU, que define el concepto de discapacidad, la cual fija parámetros para garantizar la atención médica y goce de sus derechos, así como en el artículo 29 de la Constitución Política que determina que nadie podrá ser juzgado, sino conforme a las leyes preexistentes, lo que es llamado como el principio de legalidad, adoptado por la Ley 16 de 1972.

Por lo anterior, sostiene que la terminación del contrato laboral del accionante se dio con sustento en la justa causa

prevista en el numeral 15 del literal a) del artículo 62 del CST, es decir, se realizó con base en la ley, la cual no puede ser

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Radicación n.° 78473 desconocida, en tanto que no ha sido modificada ni derogada. Aclara que el señor Ávila Munar no fue discriminado por su empleador y no «le era posible a la sociedad Pavimentos El Dorado SAS modificar dentro de los límites razonables, ni el lugar de trabajo, ni la estructura de las tareas, ni las herramientas, ni la maquinaria para facilitar […] la readaptación a su empleo». Dice que lo sufrido por el demandante fue un accidente que lo incapacitó para cumplir su trabajo, pero ello no significa que tenga la calidad de discapacitado, ni de deficiente mental y mucho menos la de inválido; que, a raíz del suceso sufrido por el operario, la máquina quedó sin manipulación, «lo que obligó a la empresa a disponer de su propiedad»; que nunca tuvo conocimiento del grado de invalidez de su trabajador y que no se dieron los presupuestos del mandato 5° de la Ley 361 de 1997. Afirma que los testimonios confirmaron que el puesto del actor se eliminó y que el cargador Caterpillar 950F se había vendido, luego de lo cual hace referencia a las sentencias CSJ SL, 3 nov. 2010 y a la CSJ SL, 25 mar. 2009, sin mencionar sus radicados, de las que transcribe apartes. Refiere que, según la demanda de casación, las incapacidades médicas por sí solas acreditan el estado de

debilidad manifiesta o discapacidad, «lo que no es cierto porque tal interpretación conllevaría a generar la estabilidad reforzada frente a cualquier incapacidad, sin importar la

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Radicación n.° 78473 naturaleza de la enfermedad». Además, indica que el censor adujo la imposibilidad de notificar al empleador el estado de discapacidad, porque no había sido calificado por la EPS tratante, por lo que mal puede obligársele a sufrir unas consecuencias sobre lo desconocido. Recuerda que el artículo 5° de la Ley 361 de 1997 demanda que las personas con limitación sean calificadas y, de acuerdo con ello, recibir un carnet especificando dicha condición. Sin embargo, tal estado no se certificó y el recurrente pretende con la demanda de casación, suplir deficiencias probatorias de las circunstancias requeridas por el legislador. En consecuencia, como no se dan los presupuestos del artículo 26 de la Ley 361 mencionada, no le correspondía a la accionada solicitar permiso alguno ante el Ministerio de Protección Social, para despedir con justa causa. Reitera que no se terminó el contrato, porque tuviera una invalidez o fuera discapacitado, sino debido a que no fue posible su recuperación en un periodo superior a 180 días consecutivos, además que el cargador Caterpillar 950F tuvo que ser vendido, por lo que dio aplicación al numeral 15 del literal a) del artículo 62 del CST (f.° 23 a 30, cuaderno de la

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Corte).

VIII. CONSIDERACIONES En el caso de estudio no existe disputa en cuanto a que: i) se configuró un contrato de trabajo entre las partes del 13 de febrero de 2012 al 10 de abril de 2013 (f.° 9 a 11 del cuaderno del juzgado); ii) el vínculo finalizó en aplicación del numeral 15 del literal a) del artículo 62 del CST y por la venta del cargador Caterpillar 950F que operaba el censor y, iii) el trabajador se encontraba en incapacidad cuando se le entregó la carta de despido, el 22 de marzo de 2013, así como al hacerla efectiva, el 10 de abril siguiente.

Pues bien, para iniciar se debe puntualizar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la decisión CC SU3482022, dispuso: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2021 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, en segunda instancia, confirmó la decisión del 20 de abril de 2021 de la Sala de Casación Penal, dentro del proceso de tutela promovido por el señor Germán Ávila Munar en contra de la Sala de Descongestión Laboral No. 2 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Civil, Familia, Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la estabilidad ocupacional reforzada del accionante. Segundo. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 14 de septiembre de 2020 proferida por la Sala de Descongestión Laboral Numero 2 de la Corte Suprema de Justicia dentro del

proceso ordinario laboral promovido por el señor Germán Ávila Munar en contra de Pavimentos El Dorado S.A.S. Tercero. En consecuencia, ORDENAR a la Sala de Descongestión Laboral Número 2 de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de quince (15) días hábiles, contados

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Radicación n.° 78473 a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia de fond