CSJ - SL3018-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3018-2023 Radicación n.°95355 Acta 40 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ABELINO PÉREZ, JOSÉ HERMES MOSQUERA RENGIFO y FERNEY CASTRILLÓN RUIZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el primero (1º) de febrero de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le promovieron al INGENIO

PICHICHÍ S. A.

I. ANTECEDENTES Los demandantes llamaron a juicio al Ingenio Pichichí

S. A. (en adelante el Ingenio) para que se declarara que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido; que fueron enviados en misión por las cooperativas de trabajo asociado Fuerza Interactiva, «AZU», Fe y Esperanza, así como

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Radicación n.° 95355 por la sociedad Fuerza Interactiva SAS a fin de que prestaran sus servicios como corteros de caña a favor de la empresa convocada al proceso. Como consecuencia, pretendieron que la demandada fuera condenada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, el auxilio de transporte, las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social integral causados respecto a cada reclamante, así: Igualmente solicitaron la indemnización por despido sin justa causa, las sanciones moratorias, los perjuicios morales generados en una suma equivalente a 500 SMLMV, todo

debidamente indexado; también reclamaron que se acreditara lo ultra y extra petita, así como que se impusieran las costas procesales. Para sustentar sus peticiones afirmaron que adelantaron labores a favor de la accionada como trabajadores en misión para ejecutar la actividad de corteros de caña bajo su continua subordinación y dependencia; que esta no les reconoció ningún derecho laboral; que el salario que se les canceló fue inferior al que devengaban sus empleados de planta; que se les realizaron deducciones para el pago de compensación anual y semestral, sus intereses, así como para el descanso.

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J o s é H F e e r r n A m e b e y N o e l i s M C a m n o o s t b r e P é s q u r i l l ó r e e n z r a R R u e i n z g i f o 2 1 2 / 6 9 / / I 1 n 2 0 0 i c / 6 / 7 / i o 2 0 2 2 0 0 0 5 0 0 4 6 1 2 2 4 9 9 / / / F 0 0 0 2 2 2 i n / / / 2 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 Radicación n.° 95355 Aseguraron que las ataduras se desarrollaron, de la siguiente manera: Agregaron que, desplegaron la misma actividad en los

predios del Ingenio ubicados en los municipios de Guacarí y Buga; que su jornada laboral era de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a domingo sin interrupción; que como salario promedio en los últimos 12 meses percibieron: Afirmaron que siempre recibían órdenes de la llamada a juicio a través de Jair Ortiz, Adán Díaz, José León Bermúdez, William Calvo y Lizman Bejarano quienes eran supervisores, cabos o monitores de corte encargados de

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J o s F é A H e r E n t i d a d N o m b r eb e lin o P é r E n t i d a d N o m b r ee r m e s M o sR e n g ifo E n N o n e y C a e q t m s z u i t e d b r r a a d r e i l l ó n 1 F u e r z a I n i c i2 / 1 2 / 2 I n i c i o 6 / 0 6 / 2 R u i z I n t e o 0 0 5 A Z U 0 0 4 r a 1 C c 1 T 2 1 t i v a C F i n/ 0 7 / 2 A F i n 0 / 1 1 / F I n 9 / 0 T A 0 1 0 2 0 0 5 e y i c i 7 / 2 1 E o 0 2 2 s 0 F u

I n/ 0 1 / p 6 e i7 F I n 1 e r z a I n t e c i o / 2 0 1 0 e y E s p i c i o 1 / 2 0 0 5 r a n z a 2 9 / r a c t i v a S A S F i n1 4 / 0 2 / 2 0 1 e r a n z a C T A I n i c i o 2 9 / 0 2 / 2 0 1 C T A I n i c i o 0 2 / 2 0 1 2 2 2 Nombre Salario Abelino Pérez $ 968.250,00 José Hermes Mosquera $ 928.083,33 Rengifo Ferney Castrillón Ruiz $ 892.250,00 Radicación n.° 95355 vigilar el cumplimiento del horario y la ejecución de las labores; que la demandada «elaboró la información de cada trabajador […]», que era remitida a las supuestas empleadoras para que realizaran las respectivas planillas de pago semanal. Expresaron que la accionada condicionó su relación contractual a que se afiliaran a las cooperativas y a la SAS; que, aunque mostraron su inconformidad por no ser vinculados directamente por la compañía, nunca se accedió a ello y, como respuesta, se les insinuaba que renunciaran. Anotaron que las contratistas no tenían autonomía técnica, pues no eran propietarias de las herramientas de trabajo necesarias para prestar los servicios; que la labor consistía en el corte de caña, que era recogida por una

máquina alzadora de la accionada luego se transportada hacía sus instalaciones, con el fin de realizar el pesaje y al día siguiente un cabo, apuntador o supervisor adscrito a aquella entregaba el dato del peso de la caña cortada por cada trabajador. Adujeron que fue la convocada al proceso la que ordenó la disolución y liquidación de las compañías a través de la cuales adelantaron sus labores y que dicha sociedad fue la que pagó los costos y los honorarios que ello causó; además que, nunca les reintegraron sus aportes como cooperados. Subrayaron que la finalización de su vinculación fue producto de un despido indirecto y no de una renuncia

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Radicación n.° 95355 voluntaria, pues de no proceder en ese sentido no hubiesen sido vinculados posteriormente a Pichichí Corte S. A. (f.°957,PrimeraInstancia_CuadernoPrincipalTomo1_202201210 0841.pdf expediente digital). El Ingenio se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. Precisó que la relaciones que sostuvo con las sociedades mencionadas por los promotores del juicio «[fueron] netamente de carácter comercial […]» y que siempre obró con apego a la ley. En su defensa, propuso la excepción previa de inepta demanda por falta de integración del litis consorte necesario y de requisitos formales; como de mérito las que denominó ausencia de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica,

ilegitimidad sustantiva de la parte demandada, prescripción, pago y compensación, buena fe y la innominada (f.º 241260 ibidem). El juzgado declaró parcialmente probada el medio de defensa de inepta demanda y ordenó vincular al proceso en condición de litis consorte necesario a la Cooperativa de Trabajo Asociado Azurcoop CTA (f.°524 ib), entidad a la que se le nombró curador ad litem (f.°545, ibidem). Sin embargo; teniendo en cuenta que, dicha entidad «no ha[bía] podido ser ubicada dentro del presente proceso, como en procesos similares, envidadas las citaciones a la dirección registrada, igualmente teniendo en cuenta que no ha renovada la

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Radicación n.° 95355 inscripción en cámara de comercia», el Ingenio «desisti[ó] del llamamiento (sic) realizado a la CTA y de la solicitud de emplazarla» (f.°551 ib), lo que fue aceptado por decisión del 11 de octubre de 2019 (f.°554, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 1º Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia proferida el 22 de septiembre de 2020, absolvió al Ingenio e impuso las costas a los actores (f.º 568.

57PrimeraInstancia_CuadernoPrincipalTomo1_2022012100 841.pdf expediente digital y carpeta de audiencias).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver la impugnación propuesta por la parte demandante, por fallo dictado el 1º de febrero de

2022, confirmó el del primer grado (f.°1-17, Segunda Instancia_ApelaciónSentencia_Expediente Segunda Instancia_2022013854033, expediente digital). En lo que interesa al recurso extraordinario, luego de advertir que su decisión se sujetaría a las materias objeto de litigio y apelación delimitó la cuestión a dilucidar en: […] establecer si entre el accionante(sic) y el Ingenio Pichichí S. A., en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, se suscitó una relación de trabajo en los términos previstos por el artículo 23 de CST, y solo si, el anterior problema resultare positivo, esto es declarare la existencia de la relación laboral entre los contradictores, se pronunciará esta Sala

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Radicación n.° 95355 respecto de las pretensiones de pago de prestaciones sociales, indemnizaciones solicitadas con la demanda y la prescripción de los derechos laborales. Anunció que, la tesis que sostendría era que «no se demostró la existencia de una relación laboral entre los actores y el Ingenio Pichichí S. A.» Para resolver el anterior planteamiento, memoró los argumentos expuestos en la apelación y luego trajo a colación las normas que regulan el sector cooperativo, los elementos del contrato de trabajo, la presunción de la relación laboral regulada en el artículo 24 del CST, para señalar que, a fin de que se declararan prósperas las pretensiones del juicio era necesario que los reclamantes demostraran que: i) prestaron su servicios a favor del Ingenio; ii) en forma personal y iii) los

extremos temporales en que se adelantó la actividad. Seguidamente examinó el acervo probatorio allegado, en los siguientes términos: […] A folio 29 a 57 reposa el reporte de semanas cotizadas de los demandantes aportes realizados por diferentes empresas y en ninguna se relaciona a la demandada Ingenio Pichichí, asimismo, se encuentra a folio 70 a 72 el acta de acuerdo celebrado entre el Ingenio Pichichí y las CTAs y la verificación de cumplimiento de acuerdo (f.° 73 a 79). Lo primero que se hace necesario precisar, es que la liquidación de corte de caña contentiva a folios 80 a 118, del expediente, la cual fue presentada con la demanda, no se relaciona a los demandantes, así que nada se puede concluir de ello. A folios 120 al 128 y 130 del expediente existen las ofertas mercantiles suscritas entre CTA CORTEROS PROGRESEMOS,

FUERZA INTERACTIVA CTA, CTA NUEVO HORIZONTE y el

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Radicación n.° 95355 Ingenio Pichichí S. A, ofertas que tiene como objeto realizar a favor del Ingenio Pichichí el corte manual de caña de azúcar sembrada en terrenos de su propiedad y de terceros, en los sitios y en la programación que el aceptante disponga, teniendo en cuenta las condiciones acostumbra por el Ingenio, además de las labores de riego, siembra y limpieza de caña; a f.° 129 se encuentran convenio asociativo de trabajo celebrados entre

PROGRESEMOS CTA y el señor PEDRO GUERRERO JIMÉNEZ,

es decir una persona distinta a los demandantes. Milita a folio 173 a 176 reposa la oferta mercantil presentado por la CTA FUERZA INTERACTIVA, folios 177 orden de compra de servicio 1 de enero 2007 proveedor CTA FUERZA INTERACTIVA pago ordenado por Ingenio Pichichí, folio 178 aceptación oferta mercantil, folios 179 a 181 reunión consejo de administración CTA FUERZA INTERACTIVA, folio 182 otro si oferta mercantil firmada entre Ingenio Pichichí y CTA FUERZA INTERACTIVA, folio 187 orden de compra de servicio 8 de agosto 2007 proveedor CTA FUERZA INTERACTIVA pago ordenado por Ingenio Pichichí, f.° 188 y 189 aceptación oferta mercantil 8 de agosto de 2007, folios 190 solicitud oferta mercantil realizada por la CTA FUERZA INTERACTIVA dirigida al Ingenio Pichichí, folios 200 a 216 aceptación oferta mercantil presentada por la CTA FUERZA INTERACTIVA y oferta mercantil, folios 217 a 218 otro si a la oferta mercantil, en los anteriores documentos no se relacionan en ninguno de sus apartes a los demandantes. En cuanto a la sociedad FUERZA INTERACTIVA SAS reposa a folio 220 a 227 el contrato civil de prestación de servicios para ejecutar el corte manual de caña, folio 228 a 229 otro si al contrato de prestación de servicio, folio 78 a 80 anexo 1 acuerdo facilitación de transporte a contratista, 233 a 236 otro si al contrato de prestación de servicio, 237 solicitud de oferta mercantil presentado por FUERZA INTERACTIVA SAS, 238 a 243

contrato civil de ejecución de obra, 244 otro si al contrato de ejecución de obra, 246 a 252 contrato civil de ejecución de obra, 252 a 253 a otro si al contrato de ejecución de obra. Posteriormente reposa la factura de venta visible a folios 254 a 257 a favor de la cooperativa de trabajo asociado AZURCOOP, orden de contabilización, folios 258 a 259 comprobante de pago realizado por el Ingenio Pichichí. A folios 261 a 296 se encuentra la oferta mercantil realizada por la CTA FE y ESPERANZA, aceptación oferta mercantil, a folio 297 a 303 otro si a la oferta mercantil, folios 304 a 311 contrato civil de prestación de servicios para la ejecución manual de corte de caña, folios 312 a 314 anexo 1 acuerdo de facilitación de transporte a contratista, folios 315 a 318 otro si al contrato de ejecución de obra.

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Radicación n.° 95355 Seguidamente a folio 319 a 324 reposa el contrato de prestación de servicios profesionales realizado entre la empresa Ingenio Pichichí y la Dra. LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO para la liquidación y disolución de las cooperativas y a folio 323 a 324 se encuentra documento denominado otro si al contrato de prestación de servicio profesionales Con sustento en la anterior resaltó que, no estaba acreditado que los promotores del juicio hubieran adelantado de forma personal alguna labor a favor del Ingenio, puesto que, en tales elementos de convicción estos no se encontraban relacionados. Acudió a los testimonios rendidos por José Lubin Cobo

Saavedra, gerente de recurso humanos de la enjuiciada, quien manifestó no conocer a los accionantes, ni recordarlos como trabajadores de la Compañía y, William Calvo, dijo que eran servidores de Pichichí Cortes SAS desde el 2015, pero que antes de esa anualidad no sabía nada de ellos. Escenario bajo el cual, expresó que confirmaría la providencia de primer grado debido a: […] la ausencia de material probatorio que precise el cómo se suscitó la prestación del servicio, esto es, el establecimiento de las circunstancias del modo en que se relacionaban empleado y supuesto empleador, pues del material probatorio recaudado, no se pudo determinar cómo se desarrolló la misma, tampoco para que labor específicamente fue contratado, como tampoco pudo establecerse, si solo los demandantes podía ejercer esta labor encomendada sin poder delegatario alguno, característica esencial del elemento prestación personal del servicio, situaciones que perse, hacen infructuosos los reproches de alzada, teniendo como consecuencia la confirmación de los presupuestos establecidos en la sentencia de primera instancia.

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Radicación n.° 95355 Advirtió que del certificado de existencia y representación legal del Ingenio, las ofertas mercantiles presentadas por la CTAs Fuerza Interactiva, Fe y Esperanza, así como por Fuerza Interactiva SAS se evidenciaba que, tales entidades fueron contratadas para el corte de caña, actividad que era propia del objeto social del Ingenio como lo advirtió el apelante, pero no se probó en el litigo que los petentes estuvieron vinculados «durante todo el tiempo» con las

cooperativas y la SAS y, que además: […] si en gracia de discusión se aceptare que con los convenios suscritos entre la CTA y el Ingenio se puede demostrar que Pichichí fue el único beneficiario del servicio, tampoco se podría acceder a las peticiones, pues de las pruebas aportadas al expediente, se concluye que el Ingenio no ejercía subordinación sobre las personas vinculadas a través de las CTAs y la SAS. Dijo que, la facilitación del transporte a favor de las contratistas por parte del Ingenio no cambiaría tal conclusión, porque de las documentales que reposaban en el expediente tampoco podía inferirse que los actores fueran beneficiarios de ese servicio. Aludió al nexo contractual suscrito por el Ingenio con las liquidadoras de las CTAs para disolverlas y; señaló que, a nada conducía toda vez que, se trataba de «una prueba indiciaria pero insuficiente por sí sola para demostrar la subordinación laboral del convocado en calidad de empleador respecto de cada uno de los demandantes». Advirtió que, no era viable tener como precedente lo establecido en la sentencia CSJ SL955-2021 ya que no tenía

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Radicación n.° 95355 esa condición, más aún cuando lo concluido en esa decisión tuvo un soporte totalmente fáctico, situación que se presentaba igualmente frente a otras providencias a la que se hizo referencia en el recurso de alzada que propuso la parte activa de la litis.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretenden que se case el proveído controvertido, para que, en sede de instancia, se revoque la de primer grado y, en su lugar, se acceda a lo solicitado en el escrito inicial (f.º 11 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

Con tal propósito formulan cinco cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica; se estudia a continuación el primero y, de ser necesario, se procederá al análisis de los restantes.

VI. CARGO PRIMERO Acusan la sentencia del colegiado de transgredir los preceptos sustantivos por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida de «los artículos 4°, 5°, de la Ley 79 de 1988, 1°, 5°, y 6°, del Decreto 468 de 1990, 5°, 8°, 17, 18 del

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Radicación n.° 95355 Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CN, 22, 23, 24, 36, 65, 249, 253, 254 y 306 del CST, 1°, 2°, 77 y 99 de la Ley 50 de 1990». Explican que lo anterior se debió a que, el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que con el material probatorio no se probó la prestación del servicio personal. 2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probaron las

circunstancias del modo en que se relacionaban empleados y el supuesto empleador. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que no se probó para que labores especificas fueron contratados los demandantes. . 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que como tampoco se pudo establecer, si solo los demandantes podían ejercer esta labor a él encomendada sin poder delegatario alguno, característica esencial del elemento prestación personal del servicio, situaciones que per se, hacen infructuosos los reproches de alzada. 5.- Dar por demostrado, sin estarlo, que tal como se puede observar a f.° 147 a 151 del expediente, del certificado de existencia y representación del Ingenio Pichichí S. A., como de las ofertas mercantiles suscritas entre la CTA FUERZA INTERACTIVA, FUERZA INTERACTIVA SAS y CTA FE y ESPERANZA y el Ingenio Pichichí S. A., es que el Ingenio si contrató a las CTAs y a la SAS para prestar el servicio de Corte de caña, labor propia de su objeto social, y en ello acierta el apelante, sin embargo, lo que no se demostró en el plenario, fue que durante todo el tiempo que estuvieron vinculados con la CTA y la SAS, el único beneficiario de ese servicio haya sido el Ingenio Pichichí S. A., y si en gracia de discusión se aceptare que con los convenios suscritos entre la CTA y el Ingenio se puede demostrar que Pichichí fue el único beneficiario del servicio, tampoco se podría acceder a las peticiones, pues de las pruebas aportadas al expediente, se concluye que el Ingenio no ejercía subordinación

sobre las personas vinculadas a través de las CTAs y la SAS. 6.- Dar por demostrado, sin estarlo, que con la documental aportada no se puede demostrar el elemento prestación personal del servicio de los accionantes a favor del Ingenio Pichichí S. A.

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Radicación n.° 95355 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que las CTAs como las SAS a las que estaban afiliados los demandantes, no recibieron por parte del INGENIO facilitación de transporte. 8.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de prestación de servicios celebrado entre el Ingenio y las liquidadoras con el objeto de disolver las cooperativas y SAS es una prueba indiciaria, pero insuficiente por si sola para demostrar la subordinación laboral del convocado en calidad de empleador respecto de cada uno de los demandantes. Refieren que los yerros denunciados fueron consecuencia de que el juez de segundo grado valoró equivocadamente: 1.- Las de folios 29 a 57 reposa el reporte de semanas cotizadas de los demandantes y en ninguna se relaciona a la demandada Ingenio Pichichí. 2.- Las de folios 70 a 79 el acta de acuerdo celebrado entre el Ingenio Pichichí, las CTAs y SAS.

3. Las de folios 120 al 128, 129 y 130, 173 a 176, 177, 178, 182, 187, 188 y 189, 190, 200 a 216, 200 a 216, 217 a 218, 220 a 227, 228 a 229, 233 a 236, 238 a 243, 244, 246 a 252, 252 a

253, 261 a 296, 297 a 303, 304 a 311, 312 a 314, 315 a 318. Según el Tribunal, esas documentales corresponden a ofertas y aceptaciones que tienen como objeto realizar a favor del Ingenio Pichichí el corte manual de caña de azúcar sembrada en terrenos de su propiedad y de terceros, en los sitios y en la programación que el aceptante disponga, teniendo en cuenta las condiciones acostumbra por el ingenio, además de las labores de riego, siembra y limpieza de caña. 4.- La de folios 319 a 324, 323 a 324 reposa el contrato de prestación de servicios profesionales realizado entre la empresa Ingenio Pichichí y la Dra. LICENIA GALINDO JIMÉNEZ y AMPARO LÓPEZ ESPEJO para la liquidación y disolución de las cooperativas. 5.- Las de folios 147 a 151, pero que también se encuentra en los folios 58 al 62 del expediente, el certificado de existencia y representación del Ingenio Pichichí S. A. Y, por la falta de apreciación de:

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Radicación n.° 95355 1.- Las de folios 4 al 28 que corresponde a la demanda genitora los mandantes afirmaron, que cuando trabajaron para el INGENIO por intermedio de las CTAs y SAS de cada pago se le hizo un descuento del 8.33 % para el pago de compensación anual; 1 % para el pago de intereses sobre la compensación anual; 4.16 % para el pago del descanso anual y 8.33 % para la compensación semestral, es decir el descuento es de su propio

sueldo lo que no constituye pago de prestaciones sociales. 2.- La contestación de la demanda por el INGENIO PICHICHÍ de folios 153 al 171. Afirmó que contrató con las CTAs y SAS a las que los demandantes se afiliaron voluntariamente los demandantes. Para sustentar el ataque señalan que, el Tribunal arribó a su decisión debido al equivocado estudio que hizo de las ofertas mercantiles, sus aceptaciones, los contratos de prestación de servicios, al igual que, por la ausencia de estimación de las historias laborales y la contestación de la demanda que reposaban en el plenario (folios 120 al 128, 129 y 130, 173 a 176, 177, 178, 182, 187, 188 y 189, 190, 200 a 216, 200 a 216, 217 a 218, 220 a 227, 228 a 229, 233 a 236, 238 a 243, 244, 246 a 252, 252 a 253, 261 a 296, 297 a 303, 304 a 311, 312 a 314, 315 a 318 cuaderno principal) de las que surge que: i) Dichos negocios tenían como propósito «realizar labores de cortes de caña, siembra, riego, limpieza, guardavías entre otras», que se ejecutaron entre el 2005 y el 2012. ii) Los servicios contratados coinciden con el objeto social del Ingenio quien era el único beneficiario de estos, acorde al certificado de existencia y representación legal de

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Radicación n.° 95355 la compañía (f.°58-92, ibidem) y las ofertas mercantiles

suscritas. iii) Los demandantes era quienes ejecutaban el trabajo en los respectivos extremos temporales señalados en la contestación de la demanda y en las historias laborales, pues las CTAs y la SAS se comprometieron a «suministrar personal de corte de caña, siembra, macollo, saque de piedra, limpieza, arreglo de árboles, guardavías y labores varias de campo». iv) La entidad demandada era la que entregaba la dotación, las herramientas de trabajo, el transporte, ejercía el control de los antecedentes personales y disciplinarios de los funcionarios, tenía la potestad de autorizar o prohibir el ingreso de los asociados, cancelaba los servicios del cabo, quien era el delegado de la enjuiciada para coordinar y reportarle la labor diaria de los cooperados, asumió el compromiso de gestionar las pensiones de las funcionarios de las intermediarias, pagar incapacidades, bonificaciones por productividad, dar apoyo a las familias de los trabajadores, brindar capacitaciones y contrató a las liquidadoras para efectos de la disolución de las compañías. Por lo tanto, esgrimen que: «las CTAs y la SAS no eran autogestionarias ni independientes, existía injerencia del INGENIO, por lo que sí se prestó el servicio personal, como lo indica la prueba». Seguidamente hacen alusión a las Actas de junio de 2005, agosto de 2010 y febrero de 2006 (f.°70-79 del

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Radicación n.° 95355 cuaderno principal), en las que consta el acuerdo suscrito entre los corteros y el Ingenio, así como que este se obligó a

«suministrar limas, machetes y guantes etc., se obligó a pagar seguridad social, incapacidades, entregó donaciones a las CTAs y SAS por $317.000.000 para educación y VIVIENDA a dar capacitación en bascula, capacitación en cooperativismo»¸ de lo cual reluce que «el INGENIO maniobraba a los demandantes a través de CTAs y la SAS, las cuales creó. Ninguna autogestión probada, resultando ser el INGENIO el verdadero empleador y las CTAs como la SAS entidades simuladas de papel». Alegan que, en la contestación a la demanda el Ingenio aceptó la celebración de los negocios jurídicos con las CTAs y la SAS entre el 2005 y el 2012 de forma tal que, el Tribunal no podía afirmar que «no encontró probada la permanencia de los demandantes en sus extremos temporales» y que, además, no negó las deducciones que se les hicieron de sus pagos para efectos de la cancelación de las compensaciones, el descanso y los intereses. Además, traen a colación el contrato de prestación de servicios entre el Ingenio, Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo en virtud del cual estas se comprometieron a adelantar la disolución y liquidación de diferentes CTAs y, la SAS, siendo aquel quien canceló sus honorarios por un valor de $159.000.000, es decir, fue la demandada la que ordenó adelantar tal proceso, razón por la cual se equivocó el colegiado al concluir que el Ingenio no actuó como verdadero empleador.

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Radicación n.° 95355

Concluyen que: El Honorable Tribunal, debió darle prelación a las circunstancias

que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, que conllevan necesariamente a que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad, las que se deben tener en cuenta y no otras las que deben determinar el convencimientos diáfano del juez con respecto a los servicios prestados por una persona y que se reclaman en una acción judicial, como determinantes de la existencia de un contrato de trabajo (f.° 11-21 recurso extraordinario, demanda de casación, expediente digital).

VII. RÉPLICA De forma inicial plantea que si la Sala profiere sentencia de instancia debe tenerse en cuenta que, como la condición de Ingenio es de deudor solidario respecto de la CTA, lo cancelado por esta bajo su régimen de compensaciones corresponde a los derechos laborales regulados en el CST y, por tanto, debe declararse las excepciones de pago y compensación que propuso oportunamente; además que, como lo reconocido a los actores respetó los derechos mínimos no puede estimarse que se obró de mala fe motivo por el cual no hay lugar a condenar por concepto de sanción moratoria.

Puntualmente frente al cargo, anota que el artículo 2° del Decreto 2025 de 2011, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de febrero de 2018 motivo por

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Radicación n.° 95355 el que no pudo ser transgredido por el colegiado. Respecto de los errores de hecho denunciados afirma que, no se encuentran demostrados pues el recurrente se dedicó a analizar las pruebas de forma individual sin hacer

el ejercicio dialéctico que impone un ataque encauzado por la vía indirecta. Recuerda las bases en que se soportó el fallo fustigado para indicar que, ninguna de ellas fue debatida pues lo que se hace es insistir en los argumentos vertidos en la apelación. Anota que, la demanda solo es prueba hábil en casación cuando contenga confesión por lo que los convocantes al juicio no pueden denunciarla como un elemento de convicción para edificar una falencia fáctica del Tribunal. Plantea que el colegiado no se equivocó en la valoración de las pruebas obrantes en el plenario, que no pasó por alto que el Ingenió contrató los servicios de las CTAs y la SAS para el desarrollo de su objeto social y, que en todo caso esa conducta actualmente no se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico. Afirma que, de ninguno de los elementos probatorios se desprende que, efectivamente los accionantes hubiesen realizado las labores de corte de caña en los extremos temporales por ellos afirmados, ni que el Ingenio fuera el único beneficiario de los servicios adelantados de forma tal que el operador judicial no incurrió en los desaciertos de los

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Radicación n.° 95355 que se le acusa. Expone que, el hecho de que el Ingenio apoyara a sus contratistas en distintos aspectos no implica que estuviera ejerciendo subordinación, pues ello es manifestación de la coordinación y supervisión que existe entre las partes de las diferentes ofertas mercantiles para el correcto desarrollo de los negocios jurídicos celebrados y; que las concesiones de diferentes beneficios, tuvo que otorgarlas a fin de que se

desbloqueara la planta de producción por parte de los corteros de caña en los años 2005 y 2008; además que, en nada incide el hecho de que la accionada ostentara la posibilidad de impedir el ingreso o exigir el retiro de los socios a sus instalaciones o a predios bajo su responsabilidad, ya que esto no quiere decir que tuviese ese mismo poder respecto de los asociados en las instalaciones de las CTAs o la SAS. Acota que, del certificado de existencia y representación de la sociedad no se desprende que dentro d