CSJ - SL3027-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3027-2023 Radicación n.° 96996 Acta 40 Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por la HELÍ SERNA MEJÍA contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el tres (3) de octubre de dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró a CENTRAL

HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. ESP.

I. ANTECEDENTES Helí Serna Mejía llamó a juicio a Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S. A. ESP, para que se condenara al reconocimiento y pago de la prima convencional consagrada en el canon 41 de la CCT de 2018-2021, junto con la pensión de jubilación reglada en el artículo 51 de la CCT de 19881989 y 41 de la CCT de 2013-2017, cuando cumplió «ambos requisitos» el 5 de julio de 2013, el retroactivo respectivo, los

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Radicación n.° 96996 intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, «las mesadas que eventualmente se declar[aran] prescritas, a título de indemnización por el no pago de la pensión de jubilación», más las costas. Fundamentó sus peticiones, en que nació el 5 de julio de 1958; que laboró para la accionada desde el 15 de junio

de 1981, mediante contrato a término indefinido; que el 19 de marzo de 1981 se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Sintraelecol Subdirectiva Caldas y que esta organización sindical y la demandada habían suscrito diferentes CCT, la última del 2018 al 2021. Puntualizó que el artículo 51 del texto extralegal previó una pensión de jubilación a los 55 años, para los trabajadores afiliados al sindicado al 31 de diciembre de 1987 y que hubiesen prestado sus servicios durante 20 años continuos o discontinuos, lo que se ratificó en las siguientes así: Artículo 50 CCT 1990-1991 Artículo 48 CCT 1992-1993 Artículo 48 CCT 1994 Artículo 40 CCT 1996-1997 Artículo 40 CCT 1998-1999 Artículo 40 CCT 2000-2001 Artículo 40 CCT 2002-2003 Artículo 41 CCT 2005-2012 Artículo 41 CCT 2013-2017

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Radicación n.° 96996 Indicó que la cláusula 41 de la «normativa convencional vigente al momento del cumplimiento de los requisitos», estableció que, para adquirir el derecho a los 55 años, el trabajador afiliado al sindicato debía encontrarse vinculado a la empresa al 31 de diciembre de 1987 y haber prestado 20 años de servicios continuos o discontinuos exclusivos a ella; tiempo que acreditó el 15 de junio de 2001 y cumplió los 55 de edad el 5 de julio de 2013.

Sostuvo que el 15 de agosto del 2018 solicitó la prestación, lo cual se negó por Oficio de la misma fecha, porque «en la redacción convencional del caso particular con CHEC S. A. ESP, brilla por su ausencia mención indicativa que el derecho […] podía causarse con el cumplimiento de la edad, posterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005» (f. ° 6 a 23 demanda y 71 a 88 reforma del cuaderno digital del juzgado). Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S. A. ESP se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó las fechas de nacimiento, de inicio de la relación y de vinculación al sindicato, la calidad de beneficiario de las CCT porque se trataba de un sindicato mayoritario, los diferentes instrumentos convencionales suscritos, la pensión de jubilación extralegal reglada en el artículo 51 de la CCT 19881989, el tiempo de servicios, la petición del derecho y su negativa. De los demás, aseveró que no eran verídicos.

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Radicación n.° 96996 Puntualizó que el contrato de trabajo fue primero a término fijo por un lapso de seis meses, luego se suscribió otro por igual temporalidad y el 17 de junio de 1982 cambió a indefinido. También, concretó que la Respuesta a la solicitud pensional se emitió el 29 de agosto del 2018 y no como adujo el demandante, el 15 de tal mensualidad y año. En su defensa, propuso como medio de defensa de

fondo la carencia y ausencia del derecho reclamado, buena fe, prescripción, cobro de lo no debido, compensación (f.° 109, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, el 5 de septiembre de 2022 (f.° 144 a 147 acta y 148 CD, ibidem), declaró probada la excepción de mérito de cobro de lo no debido, absolvió a la accionada y condenó en costas al actor.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al conocer el recurso de apelación que presentó la parte activa, el 3 de octubre de 2022 (f.° 11 a 21 del cuaderno digital del Tribunal), confirmó la decisión de primer grado y condenó en costas al demandante.

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Radicación n.° 96996 En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico, determinar si el accionante tenía derecho a la pensión de jubilación convencional. Planteó como hechos indiscutidos que el petente nació el 5 de julio de 1958; que laboró para la demandada con un contrato a término indefinido desde el 15 de junio de 1981; que estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Sintraelecol Subdirectiva Caldas, desde el 19 de marzo de 1987; que había sido beneficiario de las diferentes CCT suscritas, siendo la última del periodo «2018 a 2021» y que cumplió 20 años de servicios exclusivo a

CHEC S. A. ESP, el 15 de junio de 2001. Fundamentó que eran tres las condiciones para que se estructurara el beneficio pensional, a saber: i) estar vinculado a la convocada a juicio al 31 de diciembre de 1987; ii) haber prestado servicios exclusivos a la accionada durante 20 años continuos o discontinuos y, iii) tener 55 de edad; requisitos acumulativos que debían concurrir antes del 31 de julio de 2010. Memoró que al tenor del Acto Legislativo 01 de 2005, las pensiones convencionales perdieron su vigor, dejando a salvo los derechos adquiridos y la fecha límite para lograr el cumplimiento de las exigencias extralegales era el 31 de julio de 2010, ya que después de esa calenda no podían estipularse condiciones más favorables a las consagradas en el sistema general de pensiones. Luego, transcribió el parágrafo transitorio 3° de dicha reforma constitucional.

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Radicación n.° 96996 Dispuso que esta Corporación había instruido que cuando la CCT estuviera vigente a la entrada en rigor del Acto Legislativo 01 de 2005, «la extinción de las reglas pensionales allí convenidas, solo se produciría al vencimiento del plazo o de las prórrogas automáticas producidas por mandato del artículo 478 del CST o por la firma de una nueva convención, pero, con la advertencia, que en todo caso p[erderían] vigencia el 31 de julio de 2010» (CSJ SL2543-2020).

Encontró que en el sub examine no obraba prueba que demostrara que para «la vigencia 2004 – 2005 existiera convención alguna o que se encontrara surtiendo efectos para el 29 de julio de 2005 y cuyo plazo inicialmente pactado aún no culminara». Aseveró que tampoco operó la prórroga automática del artículo 478 del CST, porque no se presentó denuncia en los términos del canon 479 ibidem. Señaló que los beneficios convencionales se mantendrían hasta que se disipara por vigencia la CCT o cláusula que los consagraba. Por tanto, arguyó que, aunque en el sub lite el artículo 52 del instrumento extralegal analizado se reprodujo en varias convenciones, la CCT «celebrada para el periodo 2005 a 2012» en su canon 64 consagró: La presente convención regirá desde el 01 de octubre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2012 a excepción de lo estipulado en el parágrafo de la Cláusula 11 y el numeral 3º de la Clausula 12 de esta Convención. Esta convención reemplaza y sustituye cualquier otra que hubiere sido suscrita, así como laudos arbitrales a que estuvieren obligados la Empresa y el sindicato en vigencias anteriores. Las

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Radicación n.° 96996 partes no podrán alegar vigencia de ninguna convención colectiva y/o laudo anterior, pues la firma y vigencia de ésta implica la sustitución en los términos de la ley. Esta convención colectiva se lee, aprueba y suscribe a los once

(11) días del mes de noviembre de dos mil cinco (2005). De lo previo, coligió que todos los instrumentos extralegales anteriores perdieron vigencia y aun cuando hubiera operado la prórroga automática, se extenderían hasta el 31 de julio de 2010. Esgrimió que tampoco la prestación había ingresado al patrimonio del demandante como un derecho adquirido, ya que los 20 años de servicios continuos o discontinuos los cumplió el 15 de junio de 2001, pero el requisito de edad lo acreditó el 5 de julio de 2013. Arguyó que, para el 31 de diciembre de 1987, cuando «se estableció en la cláusula 51 de la CCT de 1998-1989 como hito para la cuantificación del tiempo de servicios, el actor únicamente llevaba 6 años y fracción al servicio de la empleadora, por ende, no ostentaba una expectativa legítima». Aseveró que como se cumplieron los requisitos con posterioridad al 31 de julio de 2010, no era viable acceder al reconocimiento de las prestaciones. En cuanto al principio de favorabilidad en la interpretación de normas convencionales, reglado en los cánones 53 superior y 21 del CST, dijo que siguiendo la decisión CSJ SL3007-2020, el juez del trabajo podía acudir

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Radicación n.° 96996 a él cuando «se hall[ara] ante una duda en la aplicación de dos o más normas vigentes y aplicables al caso, oportunidad en la cual deber[ía] usar la regla más favorable o cuando tenga una duda sobre las diversas aplicaciones de la misma

disposición jurídica» y mencionó que los actos legislativos, como normas que reforman la Constitución Política, ocupan un rango superior y prevalecen sobre las CCT, panorama bajo el que no era posible aplicar el principio referido.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el señor Helí Serna Mejía, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se «case totalmente» la sentencia acusada, para que luego, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial (f.° 3 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se estudian a continuación de forma conjunta por metodología y afinidad en los argumentos.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la determinación del colegiado por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los:

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Radicación n.° 96996  Artículos 467, 468, 469, 470, 476, 467, 478 del Código Sustantivo del Trabajo, 470 del mismo modificado por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965; 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social; artículos 164, 165, 167, 170, 176, 279, 243, 244, 250 del Código General del Proceso.  Como consecuencia de la violación indicada la sentencia infringió también los artículos: 1°, 19, 21 del Código Sustantivo

del Trabajo; 1° de la ley (sic) 33 de 1.985; parágrafo 3º del artículo 1° Acto Legislativo No. 1 de 2005; 142 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 8° y 16 de la Ley 153 de 1887; 23, 29, 48, 53 y 55 de la Constitución Nacional; 17, literal b), de la Ley 6ª de 1945; 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, expedido por el Instituto de Seguros Sociales y aprobado por el Decreto 3041 del mismo año; 1º y 12 de la Ley 6ª de 1945; 72, 73 y 76, inciso 2°, de la ley 90 de 1946; 19, 127 (Subrogado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990); 1º y 2° de la Ley 4ª de 1966; 11, 12, 14 y 57 del Acuerdo 224 de 1966 (aprobado por el Decreto 3041 de 1966); 70 a 75 del Decreto 1848 de 1969; 5° de la ley 4ª de 1976; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado mediante Decreto 2879 del mismo año; 1,3 y 10 de la ley (sic) 33 de 1.985; 5°, 12 y 18 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por Decreto 758 del mismo año; 11, 17, 18, 19, 22, 33, 36, 50, 143 y 289 de la Ley 100 de 1993. Formula como errores manifiestos de hecho, los

siguientes: 1) No dar por demostrado, estándolo, que el actor era beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, firmada entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S. A. ESP desde la anualidad 1988-1989 hasta la fecha. 2) No dar por demostrado, estándolo, que la Convención Colectiva de Trabajo firmada entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD DE COLOMBIA – SINTRAELECOL SUBDIRECTIVA CALDAS y la CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS – CHEC S. A. ESP mencionada, en su artículo 51 estableció una pensión de jubilación convencional. 3) Dar por demostrado, sin estarlo, que en la citada cláusula convencional, determinó que la edad era un requisito obligatorio que se debía cumplir simultáneamente con el tiempo de servicio para poder reclamar la pensión convencional.

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Radicación n.° 96996 4) No dar por demostrado, estándolo, que la edad solo era una mera condición de exigibilidad para adquirir la pensión convencional. 5) No dar por demostrado, estándolo, que el actor entró a laborar en la empresa demandada antes del 31 de diciembre de 1987. 6) No dar por demostrado, estándolo, que el actor cumplió el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 31 de 2005 (31 de julio de 2010).

1. No dar por demostrado, estándolo, que en materia laboral existe el principio de favorabilidad y dando alance a este, el adquem puede acudir a normas supletorias Lo preliminar, por «no apreciar adecuadamente»: i) la certificación expedida por Sintraelecol Subdirectiva Caldas sobre su afiliación a la organización sindical; ii) el contrato de trabajo; iii) la cédula de ciudadanía y, iv) las CCT celebradas entre aquella organización sindical y la accionada con notas de depósito.

Reproduce el artículo 467 del CST, en cuanto a la definición de CCT y refiere a su propósito en el marco de las relaciones de trabajo, así como que se incorporan al contenido de los contratos, generando obligaciones concretas del empleador frente a sus trabajadores, lo que demuestra su carácter normativo. Transcribe apartes del Acto Legislativo 01 de 2005 y dice que esta Corporación ha determinado que algunas personas tienen derecho a reclamar la pensión convencional con posterioridad al 31 de julio de 2010, amparados en el principio de favorabilidad junto con el de condición más beneficiosa (art. 48 y 53 de la Constitución Política), bajo la teoría de que la CCT es «fuente autónoma de derecho, al ser

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Radicación n.° 96996 esta creadora de normativa para las partes» y debe tomarse como «fuente formal de derecho», para lo que citó la sentencia que identificó así «Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sección Primera, sentencia de junio 1°/83». Relata que «a pesar de que [la CCT] no produce una

innovación en el ordenamiento jurídico por vía general, si lo hace de forma restringida y particular frente a los sujetos que hacen parte de la Convención Colectiva, y sus efectos se dan como un creador de derecho objetivo, pese a que no se tenga la facultad de poder legislativo». Acude a las providencias CC SU1185-2001 y CC SU241-2015, para insistir que el instrumento extralegal es norma jurídica reguladora de las relaciones laborales en el que se debe aplicar el principio de favorabilidad, para lo cual transcribe los preceptos 53 de la Constitución Política, el 21 del CST, así como la determinación CC SU113-2018. Luego, indica lo que esta Sala ha instruido conceptualmente frente aquél, los casos en que se aplica, que se «asemeja al también denominado principio in dubio pro operario» y que, por tanto, se genera: […] una imposición para los administradores de justicia, toda vez que a pesar de que estos tengan autonomía judicial para la interpretación normativa, no le es dable hacerlo en contra del trabajador, dado que en caso de que existan múltiples fuentes de derecho, como la Ley, la costumbre, la Convención Colectiva, etc., se debe seleccionar la que ostensiblemente menos perjudique al operario para que de esta forma se cumplan con los preceptos del Estado Social de Derecho y se mantenga la seguridad jurídica del mismo, y que asimismo, no se vulneren los derechos fundamentales al debido proceso y el principio de

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Radicación n.° 96996 favorabilidad, mencionados a lo largo del presente. Resalta que, por ejemplo, en sentencia CSJ SL18702020, se ha dicho que: […] la pensión de jubilación se puede llegar a reclamar con el tiempo de servicio y la edad, dependiendo de cada caso y de la interpretación que se le dé al articulado convencional, donde no necesariamente es un requisito para su consolidación, que también sirven como fundamento, por lo que en ciertos casos el otorgamiento de la prestación requerida no puede verse menguado o afectado por lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005 pues se debe dar aplicabilidad al principio de favorabilidad conforme al desarrollo de la hermenéutica jurídica laboral. En esta sentencia, pese a que en la Convención Colectiva se requiere el cumplimiento de ambos requisitos, de conformidad con el inciso segundo de la mencionada norma, quien cumple con los 20 años de servicio tiene la posibilidad de retirarse hasta cumplir la edad para consolidar el derecho a la pensión, pRor lo que el requisito que se debe cumplir para adquirir el derecho a la pensión convencional de un trabajador que la requiera es el de los 20 años de tiempo de servicios y como accesorio el cumplimiento del tiempo se servicios para poder solicitarla. Según la jurisprudencia, se dan entonces dos pilares fundamentales para aplicar el principio de favorabilidad, los cuales son “i) la obligación de los jueces de la República de someterse en sus decisiones al derecho, bajo la idea de la fuerza material de ley de las convenciones colectivas y su carácter de acto solemne, y (ii) la obligación de los jueces de la República de aplicar las garantías constitucionales de la igualdad formal ante la ley y el principio de favorabilidad laboral en caso de duda en la

interpretación de las disposiciones de las convenciones colectivas10”, por lo que en el presente caso, teniendo en cuenta lo mencionado, existe para los jueces la obligación de someter sus fallos al respecto, bajo la idea de la fuerza material de las convenciones colectivas como se ha mencionado a lo largo del presente texto demandatorio, al ser esta un acto solemne al haber manifestación de la voluntad y al estar acompañado de ciertas formalidades exigidas por la Ley; además, se da la imposición para los jueces de la Republica de aplicar las garantías constitucionales de la igualdad formal ante la ley y el principio de favorabilidad laboral al estar revestidos de las disposiciones previamente mencionadas. Sintetiza que esta Corte ha analizado diferentes CCT,

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Radicación n.° 96996 bajo los métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los que está el principio de favorabilidad, siguiendo «sus características y su finalidad, con una interpretación integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de las partes». Entre ellas, destaca las providencias CSJ SL3343-2020, CSJ SL3329-2021 y CSJ SL661-2021, en las que se estudió otras normas convencionales disímiles a las de la CHEC S.

A. ESP, en las cuales se empleó la favorabilidad y se estipuló que la edad es un requisito de exigibilidad, al que se es factible arribar luego del 31 de julio de 2010.

Discurre que el juez de alzada vulneró los artículos 467 a 478 del CST, al considerar que la CCT no es una fuente

formal de derecho y no efectuar un análisis de fondo a la intención de las partes, pues de realizarlo, habría hallado que se acreditó el tiempo de servicios antes de la entrada en vigencia de AL 01 de 2005, aplicando el principio de favorabilidad. Menciona que, respecto de los preceptos 60 y 61 del CPTSS no se analizaron «la totalidad de las pruebas allegadas adecuadamente» y no se empleó un convencimiento inspirando en los principios científicos de la crítica de los medios de convicción. Apunta que «no existió una adecuada aplicabilidad de un juicio fáctico en el presente caso respecto de las pruebas, pues la Convención Colectiva de Trabajo fue apreciada por

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Radicación n.° 96996 parte del Tribunal con una aplicación indebida de las pruebas aportadas al proceso», aunado a que «en ambas instancias los Juzgadores manifestaron no aplicar el principio de favorabilidad en el presente caso pues no es posible equiparar la Convención Colectiva con una norma de carácter constitucional». Luego entonces, concluye que el Tribunal erró al determinar que la edad era un requisito de causación, pese a que la interpretación adecuada es que es únicamente de exigibilidad, con lo que se vulnera la favorabilidad en materia laboral (f.° 3 a 12 de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

VII. RÉPLICA Soporta que el cargo adolece de defectos técnicos, que son: i) aunque se formuló por la senda fáctica, acude impropiamente a fundamentos de estirpe jurídica; ii) incluir

normas procesales, sin cumplir con el deber de denunciar la violación medio; iii) no precisa los errores fácticos o de derecho, así como tampoco explica el yerro valorativo. En todo caso, aclara que esta Sala ha sido enfática en puntear que la CCT es fuente de derechos y obligaciones y que no es dable extender los efectos de ellas más allá del 31 de julio de 2010, pero si se consagra una temporalidad inicial que supera dicha fecha debe respetarse (CSJ SL2543-2020,

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Radicación n.° 96996 CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020) Menciona que del instrumento convencional surge con claridad que éste se pactó en favor de los trabajadores que se encuentren laborando en ella al momento de cumplir los requisitos exigidos, concretamente el tiempo de servicios y la edad, por lo que considera que no existen dos interpretaciones válidamente razonables, sino una sola, al ser un texto claro e inequívoco. Ultima que el reproche no puede prosperar dado que, como atinadamente lo concluyó el sentenciador de segundo grado, tres eran las condiciones para la estructuración del beneficio pensional: i) encontrarse vinculado a CHEC S. A. ESP al 31 de diciembre de 1987; ii) haber prestado servicios exclusivos a CHEC S. A. ESP durante 20 años continuos o discontinuos y, iii) que el trabajador arribara a la edad de 55; requisitos acumulativos, que, imperativamente, debían concurrir antes del 31 de julio de 2010. Además, no se probó que para la vigencia 2004 – 2005

existiera convención alguna o que estuviera surtiendo efectos para el 29 de julio de 2005 y cuyo plazo inicialmente pactado aún no culminara, como tampoco que operó la prórroga automática del canon 478 CST, porque las partes no presentaron denuncia en los términos del artículo 479 ibidem (f.° 1 a 9 del documento de réplica del cuaderno digital de la

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Radicación n.° 96996 Corte).

VIII. CARGO SEGUNDO Endilga a la providencia del Tribunal de ser violatoria por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos 1°, 13, 25, 41, 49, 53 y 93 de la Constitución Política, 21 del CST, Ley 74 de 1968, 9° de la Ley 16 de 1972 y 44 de la Ley 153 de 1887.

En la demostración, aduce que el ad quem omitió aplicar las diferentes pautas que esta Corporación ha desarrollado sobre las pensiones convencionales. De nuevo menciona lo dicho en el primer cargo sobre que, conforme la sentencia CSJ SL3343-2020, las CCT son fuente formal de derecho y deben interpretarse a la luz de los métodos de hermenéutica jurídica y el principio de favorabilidad. Recuerda que en dicha providencia el artículo convencional reclamado por el demandante, en tal oportunidad, refiere que «El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre

y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a la pensión de jubilación […]», del que se deriva que: […] puede ser adquirido al momento del retiro siempre que tengan acreditado el tiempo de servicio, en base a que si bien el artículo excluye del beneficio a quienes tuvieron tal condición,

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Radicación n.° 96996 pero arribaron a la edad enunciada con posterioridad a la finalización de sus contratos, dicha circunstancia no desvirtúa la calidad que una vez tuvieron, gozando tal derecho de la particularidad de que se concede para compensar el desgaste de los años de trabajo, el eje central de tal prestación es el tiempo de servicios, y la edad simplemente corresponde a una condición futura connatural al ser humano; define la Corte que la interpretación valida de dicha cláusula es la que ahí se fija, esto es, “que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación”, tratándose entonces de un requerimiento necesario únicamente para su exigibilidad. Cita el proveído CSJ SL3329-2021, en el que se analiza la pensión de jubilación convencional que reconocía el SENA, para aseverar que la intención de las partes no fue pactar el cumplimiento de las dos exigencias para causar el derecho; máxime que se debía seguir la interpretación más favorable. También, reproduce las decisiones CSJ SL3343-2020, CC SU267-2019, CC SU165-2022 e insiste que las CCT regulan las relaciones laborales de los particulares y deben analizarse con aplicación del principio de favorabilidad.

Por tanto, defiende que en el caso correspondía entender que el mandato convencional prevé el tiempo de servicios como requisito de causación y la edad solo de exigibilidad (f.° 12 a 15, de la demanda de casación del cuaderno digital de la Corte).

IX. RÉPLICA Aduce que la censura no explica en qué sentido el sentenciador le dio una interpretación al precepto legal que no correspondía, distorsionándolo o desconociendo su

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Radicación n.° 96996 sentido. Además, recuerda que las CCT no son normas de alcance nacional y han sido tenidas por la jurisprudencia como una prueba, pues debe aportarse al plenario con el cumplimiento de ciertas formalidades (f.° 9 a 11 del documento de réplica del cuaderno digital de Corte).

X. CONSIDERACIONES Se empieza por advertir que, aunque en el cargo primero se reprochan normas procesales sin la adecuada formulación y desarrollo de la violación medio,siendo indispensable ante la inadmisión de proponer el quebrantamiento de una preceptiva adjetiva como un fin en sí mismo (CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 37547 y CSJ SL, 9 ag. 2011, rad. 37336, reiterada en la CSJ SL1115-2018) y en el segundo se refiere a la Ley 71 de 1968 de forma general, sin especificar qué parte del articulado fue transgredido (CSJ SL6684-2014, reiterada en las CSJ SL13169-2017 y CSJ SL1440-2019), tales deficiencias son salvables si se recuerda que esta Sala ha

instruido que no se requiere la formulación de una proposición jurídica completa (CSJ SL1369-2020), por lo que es suficiente para abordar el estudio de fondo la delación de la aplicación indebida del 467 a 478 del CST en la acusación primera, referidos en los argumentos y la interpretación errónea de los cánones 53 superior y 21 del CST del reproche segundo. Asimismo, se puntualiza que, si bien es cierto en el cargo inicial se denuncia la certificación expedida por Sintraelecol Subdirectiva Caldas sobre la afiliación del actor

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Radicación n.° 96996 a dicha organización, el contrato de trabajo y la cédula de ciudadanía, sin que se cumpla con el deber exegético requerido, dado que no se hace alusión a ellos, ni siquiera de forma sumaria, también lo es que de un análisis integral, con especial énfasis del error de hecho segundo, se extrae que sí alude a la CCT, en concreto al artículo 51 de aquella con vigencia 1988-1989; medio de convicción que basta para que esta Corporación pueda abordar su estudio. Incluso, no se puede soslayar que el promotor del recurso incurre en imprecisión en los cargos, pues, con independencia de la ruta que seleccionó en cada uno, para confrontar la legalidad de la determinación, en contra de la regla explicada en las providencias CSJ SL1695-2019 y CSJ SL365-2020, planteó críticas tanto de naturaleza jurídica como fáctica. Sin embargo, esta falencia también es superable si al tenor de lo esbozado, entre otras, en la decisión CSJ

SL10453-2016, la Corte realiza su labor en perspectiva del conflicto de legalidad que devela la impugnación, esto es, según su esquema argumentativo. Por consiguiente, de una lectura armónica de las acusaciones, se logra observar un reproche definido contra la decisión del Tribunal, que debe resolver esta Corporación, referente a que el colegiado incurrió en la trasgresión de la ley denunciada cuando coligió que el demandante no era titular de la pensión convencional reclamada en la medida en que la edad exigida por la norma convencional la cumplió

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Radicación n.° 96996 luego del límite establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, puesto que esta era un requisito para su causación y que es deber de los administradores de justicia emplear el principio de favorabilidad, incluso en la lectura de normas convencionales. Pues bien, no es materia de disputa que el demandante: i) nació el 5 de julio de 1958, por lo que arribó a los 55 de edad en la misma fecha del año 2013; ii) cumplió 20 años de servicios exclusivos a la CHEC S. A. ESP, el 15 de junio de 2001, pues entró a laborar en tal día y mes de 1981; iii) estaba afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia Sintraelecol Subdirectiva Caldas, desde el 19 de marzo de 1987, siendo beneficiario de las diferentes CCT y, iv), que en el expediente: […] no obra prueba alguna que demuestre que para la vigencia 2004 – 2005 existiera convención alguna o que se encontrara

surtiendo efectos para el 29 de julio de 2005 y cuyo plazo inicialmente pactado aún no culminara. Tampoco puede afirmarse que operó