CSJ - SL3028-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3028-2023 Radicación n.° 81986 Acta 41 Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). En cumplimiento de la providencia CSJ STP123362023 dictada por la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala Homóloga Penal de esta Corporación, se procede a emitir nueva determinación, conforme a la orden impartida, frente al recurso de casación interpuesto por VENTURA FREDYS CORONADO OROZCO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), en el proceso que le instauró a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP.

I. ANTECEDENTES Ventura Fredys Coronado Orozco llamó a juicio a la UGPP, para que fuera condenada al reconocimiento y pago

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 81986 de la pensión de jubilación extralegal consagrada en el artículo 98 de la CCT 2001-2004, a partir del 24 de noviembre de 2012, en cuantía de «$4.9991.555», así como a cancelar los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas. Fundamentó sus peticiones en que nació el 2 de abril de 1956, por lo que cumplió 55 el mismo día y mes de 2011;

que laboró para el ISS liquidado, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, como trabajador oficial, de forma discontinua, durante 20 años y 6 días, en los siguientes periodos: DESDE HASTA 9 de enero de 1990 31 de enero de 1990 30 de septiembre de 1992 29 de septiembre de 1993 15 de diciembre de 1993 «31» de noviembre de 2012 Dijo que arribó a los 20 de servicios, el 24 de noviembre de 2012; que durante las últimas tres anualidades percibió como factores de remuneración un promedio mensual de $4.991.555. Indicó que el 2 de junio de 2016 solicitó la pensión de jubilación reglada en el canon 98 de la CCT vigente de 2001 a 2004, celebrada entre el ISS y Sintraseguridadsocial. Sin embargo, a través de Resolución n.° RDP 037919 del 7 de octubre de dicha anualidad se negó, lo cual fue ratificado por Acto Administrativo n.° RDP 048117 del 20 de diciembre siguiente, al resolver el recurso de reposición.

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 81986 Esgrimió que al finalizar la relación laboral se celebró conciliación ante el Ministerio de Trabajo, en la que se consignó que era beneficiario de la CCT vigente como extrabajador oficial (f.° 2 a 8 del cuaderno principal). La UGPP se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó la fecha de nacimiento del actor, la data en que cumplió 55 años, el tiempo total que trabajó en forma

discontinua al ISS, la CCT 2001-2004 y su artículo 98, la solicitud pensional, la Decisión n.° RDP 037919 de 2016, la reposición y su respuesta. Respecto de los demás, manifestó que no le constaban. En su defensa, propuso como medios exceptivos de mérito las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, innominada, buena fe, prescripción, imposibilidad jurídica para cumplir lo pretendido y ausencia de causa para demandar (f.° 109 a 115, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, el 13 de febrero de 2018 (f.° 146 CD y 147, ibidem), absolvió a la convocada, declaró probada la excepción de cobro de lo no debido y condenó en costas al petente.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por apelación del demandante, el 11 de

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 81986 abril de 2018, confirmó la decisión de primer grado y ordenó las costas en cabeza del impugnante (f.° 151 CD y 152 acta del cuaderno principal). En lo que interesa al recurso extraordinario, precisó que reclamaba la aplicación del artículo 98 de la CCT 2001-2004, que entró en rigor el 1° de noviembre del 2001. Encontró que el actor cumplió los 55 años el 2 de abril de 2011, pues nació el mismo día y mes del 1956, conforme

el libelo inicial y la accionada lo aceptó, mientras que los 20 de servicios exigidos los acreditó el 24 de noviembre de 2012, según las Constancias del 17 de octubre de 2007 y el 5 de diciembre de 2012, expedidas por el jefe del departamento de recursos humanos (f.° 92 y 93 del cuaderno principal), pues para el ISS laboró en los siguientes ciclos: DESDE HASTA 9 de enero de 1990 31 de enero de 1990 30 de septiembre de 1992 29 de septiembre de 1993 «16» de diciembre de 1993 30 de noviembre de 2012 Aseveró que lo anterior significa que «el cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento pensional, [se dio] en data posterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005». Afirmó que el derecho se causó el 24 de noviembre del 2012, cuando tenía 20 años de servicio y la edad requerida por la CCT. Sin embargo, de acuerdo con el parágrafo 3° artículo 1° de la reforma constitucional, las reglas en materia

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 81986 pensional contenidas en el instrumento extralegal mantendrían su vigor durante el término inicialmente pactado, pero en todo caso hasta el 31 de julio de 2010. Arguyó que «para la fecha de cumplimiento de requisitos del promotor de litigio, edad y tiempo de servicios, la disposición estudiada ya había perdido vigencia», razón por la cual no se podía acceder al beneficio prestacional, porque «para la [data] límite señalada por el Acto Legislativo 01 de

2005, es decir, el 31 de julio de 2010, el actor no había consolidado su derecho», lo cual respaldó en las sentencias CSJ SL, 12 may. 2010, rad. 38074 y CSJ SL13757-2017. Por último, frente a los extremos temporales que fijó la reforma constitucional, adujo que estos no vulneraban los principios del derecho laboral, como se indicó en providencia CC SU555-2014, en la que los accionantes habían cumplido los requisitos cuando perdió vigor el texto convencional, es decir, con posterioridad al 31 de julio de 2010, como ocurrió en el sub examine.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte «case totalmente» la sentencia impugnada, para que, en sede instancia, revoque la decisión

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 81986 del a quo y, en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda inicial (f.° 7, cuaderno de la Corte). Con tal propósito, formula dos cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron objeto de réplica y se estudian a continuación de forma conjunta por metodología, en aras de acatar lo ordenado en providencia CSJ STP123362023.

VI. CARGO PRIMERO Acusa el proveído impugnado de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea: […] el artículo 1° parágrafo transitorio 3° del Acto Legislativo 01

de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, en relación con los artículos 4° del Decreto 1160 de 1989, que reglamentó parcialmente la Ley 71 de 1988 y 467, 476 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, ello dentro de lo regulado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, llevado a legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. En la demostración del cargo, aduce que las providencias CSJ SL, 11 may. 2010, rad. 38074 y CSJ SL13756-2017, soporte de la decisión del colegiado, no resuelven situaciones similares a los supuestos fácticos del sub lite, ya que contiene varias posiciones frente al entendimiento del Acto Legislativo 01 de 2005. Recuerda que el Tribunal concluyó que «sería inoperante el mandato constitucional aludido […] en cuanto a que para la fecha límite señalada en el Acto Legislativo, el 31 de julio de 2010, […] no había consolidado su derecho».

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 81986 Indica que el operador judicial erró al asegurar que siguiendo la reforma constitucional tan solo satisfizo los requisitos pensionales con posterioridad al 31 de julio de 2010, ya que «ello hace imposible jurídicamente acceder a lo pretendido pues ni siquiera cumplía con una expectativa legítima de pensionarse de acuerdo con el texto colectivo». Y aunque lo dicho no fue objeto de debate, discurre que «esta frente a una mera o simple expectativa, pero no por ese

carácter dejó de ser regulada por el Acto Legislativo 01 de 2005, como quedó considerado allí en el parágrafo transitorio 3°», el cual transcribe. En tal virtud, argumenta que la mera expectativa contenida en la CCT con vigencia 2001-2004, se mantiene. Ultima que es equivocado atestiguar que, según el parágrafo transitorio 3° del artículo 1° del acto legislativo mencionado, las normas convencionales pierden vigor el 31 de julio de 2010, como lo sostuvo el juez plural, toda vez que de su lectura textual se desprenden dos reglas: i) aquellas preceptivas de carácter pensional contenidas en instrumentos extralegales que rigen a la fecha de vigencia de la reforma constitucional, se mantienen por el término inicialmente estipulado y, ii) las CCT que se suscriban entre la entrada en vigor de dicha reforma de la Constitución Política y el 31 de julio de 2010, no pueden pactar condiciones más favorables a las legales y perderán su validez al 31 de julio de 2010 (CSJ SL12498-2917 y al artículo 27 del CC) (f.° 4 a 10, ibidem).

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 81986

VII. RÉPLICA Dice que la censura acudió a un criterio de interpretación legal exegético para controvertir lo expuesto por el Tribunal, lo cual no es admisible, como lo «ha dicho abundante jurisprudencia de [esta Corporación]». Además, cuando reclamó el derecho habían trascurrido más de dos años desde el último plazo establecido por el Acto Legislativo

01 de 2005, lo que apoyó en la sentencia CSJ SL12498-2017. Menciona que tanto el a quo como el ad quem han diferenciado correctamente los conceptos de derechos adquiridos y meras expectativas legítimas, verbigracia en la providencia CC T045-2016. Argumenta que «el demandante ni de manera sumaria, ha podido comprobar que al 29 de julio de 2005, ya le fuera aplicable la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004», porque vencía en el año 2004 y no podría prorrogar sus efectos hasta el 2017, pues, en cualquiera de los supuestos del Acto Legislativo 01 de 2005, el petente no había arribado a los requisitos. Aduce que, como no es aplicable la convención colectiva, se debe acudir al sistema general de pensiones instituido en la Ley 100 de 1993, pero el convocante no alegó debidamente cuál era su régimen pensional. Cita la decisión CC T029A-2013 que resuelve un caso análogo (f.° 17 a 20 del cuaderno de la Corte).

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 81986

VIII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia impugnada de vulnerar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida el «parágrafo transitorio 3° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, lo que produjo a su vez la violación de los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo».

Lo anterior, debido a los siguientes errores de hecho: 1.Dar por demostrado, sin estarlo, que en el caso del señor

Ventura Coronado, las reglas convencionales tuvieron vigencia hasta el 31 de julio de 2010. 2.Dar por demostrado, sin estarlo, que la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 (artículo 98), había perdido vigencia. 3.Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante no había adquirido el derecho reclamado. 4.Dar por demostrado, sin estarlo, que no existe fundamento normativo para el reconocimiento de la pensión convencional reclamadas por el señor Coronado Orozco.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor no había consolidado su derecho.

Además, el ad quem apreció desatinadamente las siguientes pruebas:

1. La Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, celebrada entre el Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridadsocial 2.El certificado de información laboral de tiempo laborado en el ISS 3.La certificación de tiempo laborado en el ISS, expedida por el jefe del departamento de recursos humanos del ISS, seccional Santander A su vez, no valoró las que a continuación enlistan:

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 81986

1. Liquidación definitiva.

2. La reclamación administrativa de la pensión de jubilación radicada el 2 de junio de 2016.

3. La Resolución n.° RDP 037919 del 7 de octubre de 2016

4. La Resolución n.° 048117 del 20 de diciembre de 2016.

5. La constancia del carácter de trabajador oficial del señor Ventura Fredys Coronado y de salario devengado.

6. La información de salarios acumulados entre el 2003 y el

2012.

7. Acta de conciliación celebrada entre el actor y el ISS.

Aduce que el colegiado «al dejar de apreciar y apreciar erróneamente las pruebas mencionadas» llegó a conclusiones equivocadas, porque el artículo 98 de la CCT 2001-2004, […] establecía el derecho a la pensión de jubilación convencional del hombre trabajador oficial que cumpliere 20 años de servicios continuos o discontinuos al Instituto de Seguros Sociales y llegase a la edad de 55 años, surgiendo para él una expectativa legitima de pensionarse con la mencionada convención, antes de que cobrara vigencia el Acto Legislativo de 2005, conforme los certificados laborales expedidos por el ISS, […] la liquidación definitiva la reclamación administrativa, la información de salarios acumulados entre el año 2003 y 2012 y la conciliación de marras que demuestran el tiempo trabajado, el salario devengado y la calidad de trabajador oficial. Frente a las resoluciones, sostuvo que allí se negó la prestación, porque se limitaron a verificar las exigencias, sin entender la presencia de una expectativa legítima y no un derecho adquirido, por lo cual el Tribunal aplicó indebidamente el parágrafo 3° del canon 1° de la reforma constitucional. Reitera los fundamentos expuestos en el primer cargo

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 81986 sobre las dos reglas que se desligan de la disposición referida previamente, así como el soporte en la sentencia CSJ SL12498-2017 (f.° 10 a 11 del cuaderno de la Corte).

IX. RÉPLICA Arguye que el cargo presenta falencias técnicas que impiden su viabilidad, toda vez que se limita a enlistar los supuestos errores de hecho y pruebas estimadas equivocadamente, sin explicar ello; exigencia que se debe acatar, como se ha dicho en sentencias CSJ SL, 21 feb. 2012, rad. «2004-00649», que se reiteró en CSJ SL, 24 jul. 2005, rad. «2005-00595-01».

En todo caso, alega que no se configuró el derecho pensional convencional, porque el actor laboró en los siguientes lapsos: Entidad Periodo Gobernación de Cesar 1° de mayo de 1993 al 1° de junio de 1984 CAJANAL 24 de septiembre de 1984 al 30 de diciembre de 1993 INPEC 21 de octubre de 1985 al 2 de enero de 1994 3 de enero de 1994 al 9 de julio de 1995 10 de julio de 1995 al 30 de julio de 2001 Entidades privadas 6 de octubre de 1992 al 30 de julio de 2001 ISS 1° de enero de 2002 al 30 de noviembre de 2012 Sin embargo, aduce que el tiempo de servicios al ISS no computa los veinte años requeridos para acceder a la prestación; máxime que mediante Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 se ordenó la escisión de tal instituto y se crearon las ESE, entre ellas, la José Prudencio Padilla, en donde estuvo vinculado el demandante, pero con una calificación distinta a la previa vinculación como trabajador

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 81986 oficial. Para dar solución a los yerros primero y segundo, reproduce la decisión CSJ SL12498-2017, mientras que frente a los tercero, cuarto y quinto recuerda lo dicho al contestar la primera acusación, sobre que no procede el beneficio pensional (f.° 20 a 22, ibidem).

X. CONSIDERACIONES Para iniciar se debe puntualizar que la Sala de Decisión de Tutelas n.° 2 de la Sala de Casación Penal Homóloga en sentencia CSJ STP12336-2023 amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Coronado Orozco, ordenó que se dejara sin efectos la sentencia CSJ SL45692020 y, por tanto, se emitiera una nueva decisión con observancia de lo dispuesto en el artículo 98 de la Convención « Colectiva de Trabajo 2001-2004 . » Soportó dicha determinación, en que se incurrió en un desconocimiento del precedente, en cuanto a la interpretación del Acto Legislativo 01 de 2005 y su aplicación respecto del mandato 98 de la CCT 2001-2004, ya que es pacífica la postura de la Sala de Casación Laboral Permanente sobre que «las cláusulas convencionales que se encuentren en curso a la entrada en vigencia del Acto Legislativo mantendrán su eficacia por el término inicialmente

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 81986 pactado, aunque sea superior al 31 de julio de 2010». Indicó que la decisión de esta Alta Corte: i) Consideró, erróneamente, que la pensión de jubilación

consagrada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, rigió entre el 1° de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2004, de tal suerte que, a la fecha de expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, ya había perdido vigencia. ii) Inadvirtió sin embargo que, el artículo 2° de la referida convención, consagró que el acuerdo tendrá una vigencia de 3 años contados a partir del 1° de noviembre de 2001, salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente. iii) El artículo 98 de la Convención que a continuación se transcribe, es de aquellos que consagró una vigencia diferente: iii) (sic) En consecuencia, a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, el artículo 98 que consagra la pensión de jubilación, venía rigiendo, pues, de acuerdo al plazo inicialmente pactado por las partes, tenía una vigencia hasta el año 2017. Luego entonces, aseveró que se demostró que el accionante «cumplió los 55 años de edad el 2 de abril de 2011 y completó 20 años de servicio el 24 de noviembre de 2012, esto es, dentro de la vigencia de la cláusula 98 de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, cuyos efectos se extendieron hasta el año 2017», lo que le correspondía a esta Corporación era «determinar si, a la luz de la citada disposición, el demandante se hacía acreedor de dicha prestación». Previo a acatar lo anterior, compete especificar que en

la decisión CSJ SL4569-2020 la acusación dirigida por el sendero indirecto, esto es, la segunda, fue desestimada por

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 81986 presentar falencias técnicas, siendo estudiada de fondo exclusivamente la primera encauzada por la vía jurídica, en cuanto a la interpretación del parágrafo 3° del artículo 1° del Acto Legislativo y la vigencia de las reglas pensionales. Por tanto, en dicha oportunidad no era viable proceder al análisis de la CCT, en aras revisar su contenido y establecer la vigencia que presentaba el artículo 98 del instrumento extralegal aquí analizado, ya que, como se dijo en la sentencia CSJ SL2052-2022, con apoyo en la CSJ SL3285-2019 y CSJ SL723-2013, «para que la Sala pueda abordar el estudio de tales aspectos contenidos en un instrumento extralegal, a fin de establecer la existencia o no de un derecho adquirido es necesario que la acusación venga encauzada por el sendero de lo fáctico, pues sin duda alguna requiere del análisis de dicho acuerdo como elemento probatorio». Sin embargo, en pro de respetar lo dispuesto por el juez constitucional difuso, se procede al estudio conjunto de los cargos, prescindiendo de la posición imperante de esta Corporación sobre el cumplimiento de la técnica propia del recurso extraordinario de casación. En ese orden, memórese que no existe disputa frente a que el señor Ventura Fredys Coronado Orozco: i) nació el 2 de abril de 1956, por lo que arribó a los 55 de edad el mismo

día y mes del 2011; ii) prestó sus servicios al ISS así:

DESDE HASTA

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 81986 9 de enero de 1990 31 de enero de 1990 30 de septiembre de 1992 29 de septiembre de 1993 15 de diciembre de 1993 30 de noviembre de 2012 Además, que iii) cumplió los 20 años de servicios, el 24 de noviembre de 2012. Puntualizado ello, a esta Sala le compete determinar si el Tribunal interpretó erróneamente el parágrafo 3° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, al concluir que las reglas pensionales de la CCT tendrían vigor por el término pactado, pero «en todo caso, hasta el 31 de julio de 2010», momento para el cual no había cumplido los requisitos exigidos por la CCT, pese a que conforme al canon 98 del instrumento extralegal vigente 2001-2004, su lapso inicial era hasta el 2017. En cuanto al alcance de las reglas pensionales contenidas en la preceptiva denunciada, esta Corte en la sentencia CSJ SL2543-2020 determinó: Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar aquí y ahora su postura, en el sentido de señalar que en aplicación del parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la convención colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello -en curso de la vigencia inicial pactada por las

partes, en curso de alguna de las prórrogas prevista en la ley o en trámite de resolución de conflicto suscitado por denuncia de la convención-, la extinción de las reglas pensionales allí convenidas, solo se producirá al vencimiento de los plazos o de las prórrogas automáticas producidas por mandato del artículo 478 del CST o por la firma de una nueva convención; que en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. El nuevo criterio jurisprudencial encuentra soporte, también, en el derecho a la seguridad social en relación con el acceso a las pensiones, como

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 81986 garantía fundamental de los ciudadanos, derecho reconocido en diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 -ratificado en 1948-, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 -aprobado por la Ley 74 de 1968y, el Protocolo de San Salvador de 1988 -aprobado por la Ley 319 de 1996 (subrayado añadido). En armonía con lo precedente, en la decisión CSJ SL2798-2020, se adujo que: Es oportuno precisar y ampliar el anterior precedente jurisprudencial para señalar que en los eventos en que la vigencia de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso al momento de entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, en dicho plazo inicial acordado con anterioridad al 31 de julio de 2010 debe tenerse en cuenta la figura jurídica de la prórroga automática prevista en el artículo

478 del Código Sustantivo del Trabajo y, por tanto, considerar que la vigencia de estas reglas pensionales rige hasta el 31 de julio de 2010. […] Pues bien, una lectura detenida y cuidadosa de dicha reforma superior, permite inferir razonablemente que la expresión «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010» está atada al primer supuesto de su parágrafo 3.º, según el cual (i) «las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados se mantendrán por el término inicialmente estipulado (...). En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». Lo anterior significa que el constituyente, por un lado, previó que debía respetarse el término inicialmente estipulado por las partes en la convención colectiva de trabajo y que, en todo caso, tal plazo inicial finaliza el 31 de julio de 2010. Es decir, la norma constitucional estableció un límite en el que las convenciones colectivas que regían a su vigencia podían continuar vigentes entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010 por la ficción jurídica de las prórrogas legales automáticas. En ese lapso o interregno, los trabajadores pueden cumplir los requisitos pensionales establecidos en convenciones colectivas de trabajo, pactos, laudos o acuerdos válidamente celebrados en el marco del ordenamiento jurídico vigente, el cual por supuesto incluye la posibilidad que las primeras se prorroguen

automáticamente hasta el 31 de julio de 2010 cuando no se haya

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 81986 manifestado la intención de terminarla, conforme el mandato del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. Nótese que el acto legislativo no hizo distinciones respecto de si la convención regía por virtud del término pactado por primera vez o de las prórrogas legales automáticas; simplemente, estableció una fecha límite en la que tendría vigor, esto es, hasta el 31 de julio de 2010. Así se garantizaron las expectativas legítimas de las personas trabajadoras que confiaban en que cumplirían los requisitos pensionales mientras la convención pactada antes de la reforma estuviese vigente durante el interregno límite previsto, como consecuencia de las prórrogas automáticas. Y aun si permanecieran dudas en la interpretación del parágrafo transitorio 3.º en comento y se admitiera que en el marco de la presente controversia su redacción permitiría dos posibles comprensiones, la primera, que predica que las convenciones que se encuentren vigentes al momento de su entrada en vigor solamente tienen efectos por el término inicialmente pactado, y la segunda, que defiende que ello incluye el sistema de prórroga automática en caso que ese plazo inicial finalice antes del 31 de julio de 2010, conduciendo a que la convención se extienda máximo hasta esta calenda, en ese evento, el juez debe optar por esta última, en virtud del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y que irradia todo el sistema

de fuentes en materia de derecho del trabajo. Por lo tanto, a juicio de la Sala, el alcance del parágrafo 3.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 debe entenderse en el sentido que en los acuerdos colectivos que venían cursando su vigencia a la entrada en vigor de dicha reforma constitucional y finalizan antes del 31 de julio de 2010, también pueden ser susceptibles de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo cuando no se efectúe la denuncia por ninguna de las partes en los términos del artículo 479 ibidem y, si se presenta tal situación, mantienen sus efectos máximo hasta esa calenda (subrayado añadido). Dicho criterio fue rectificado parcialmente en decisión CSJ SL3635-2020, para argüir que cuando una CCT establezca una vigencia inicial que supere el 31 de julio de 2010, este lapso debe respetarse, porque, además de ser la voluntad de las partes, es un derecho adquirido que corresponde garantizar, lo cual no sucederá si para dicha data se encuentra en vigor el texto convencional por las

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 81986 prórrogas legales. En ese orden, en tal providencia se fijó la siguiente postura: […] como se determinó en la sentencia CSJ SL2543-2020, en principio, no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio de

2010. Sin embargo, asevera la Sala que, cuando una disposición colectiva consagre una vigencia que cobije un periodo superior a

esa data, debe respetarse, pues, es claro, de una parte, que si se previó de esa manera desde su inicio, es porque la voluntad de las partes fue la de darle a dichas disposiciones jubilatorias mayor estabilidad en el tiempo y, de otra, al quedar incorporadas en el texto convencional, constituyen derechos adquiridos y garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva de trabajo que firmaron, mientras continúe vigente, así esa vigencia supere el límite del 31 de julio de 2010. […] Esa y no otra, fue la intención del constituyente secundario al consagrar en los parágrafos transitorios 2.° y 3.° del Acto Legislativo 01 de 2005, el respeto por los derechos adquiridos, sujetándolos al término inicialmente pactado por las partes hasta su extinción, incluso más allá del 31 de julio de 2010, el cual incluye las prórrogas automáticas, estas sí con límite hasta esa data, tal como lo dejó sentado la Corte en las sentencias CSJ

SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020.

En conclusión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectifica parcialmente su criterio sentado en las sentencias precitadas y, en su lugar, precisa que, en materia pensional consagrada en convenciones colectivas de trabajo, laudos o pactos, a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005 las pautas que regulan el asunto son las siguientes: a) En los eventos en que las reglas pensionales de carácter

convencional suscritas antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo año se encontraban en curso, mantendrá su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. b) Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en mención, respecto del convenio colectivo estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478 del Código Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los términos del artículo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010.

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 81986 c) Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron según las reglas legales de la prórroga automática, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entró en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010 (subrayado añadido). La jurisprudencia en cita debe interpretarse con especial cuidado cuando se trata de la CCT 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial, como quiera que, de conformidad con su artículo 2°, se estipuló una temporalidad inicial desde el 1° de noviembre de 2001 hasta

el 31 de octubre del 2004, «salvo los artículos que en la presente convención se les haya fijado una vigencia diferente». En ese orden, si bien es cie