CSJ - SL303-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL303-2023 Radicación n.° 91592 Acta 04 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por CLAUDIA CECILIA PIÑEROS FERNÁNDEZ, contra la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que le instauró al

COLEGIO GIMNASIO VERMONT S. A.

I. ANTECEDENTES Claudia Cecilia Piñeros Fernández llamó a juicio al Colegio Gimnasio Vermont S. A. para que se declarara: i) que la relación laboral que sostuvieron del 18 de febrero de 1993 al 30 de junio de 2019 fue indefinida; ii) que el vínculo se finalizó sin justa causa y, iii) que lo que percibió a título de «dirección de grupo, retención asumida, monografías,

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Radicación n.° 91592 superaciones, sesiones pre-saber, mayor valor, licencia REM, bonificaciones (extralegal, docente, auditoría y pruebas saber)», era salario. Solicitó que, en consecuencia, se condenara a la demandada a i) reliquidar los aportes al sistema de seguridad social; así como las cesantías y sus intereses, la prima de vacaciones, este descanso remunerado y las cesantías; ii) reconocer las indemnizaciones moratorias de los artículos 65

del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, por el pago deficitario de sus derechos; iii) reparar el daño causado con el finiquito conforme el artículo 64 del CST; iv) pagar horas extras y trabajo suplementario; v) asumir lo que resulte probado y las costas (f.° 9 a 20, cuaderno n.° 1). Narró que se vinculó al Colegio Gimnasio Vermont S. A. desde el 18 de febrero de 1993 hasta el 30 de junio de 2019, cuando se le terminó el contrato sin justa causa; que, a pesar de que sus ataduras estaban reguladas en los artículos 101 y 102 del CST, lo cierto era que no hubo solución de continuidad en la prestación de sus servicios y «permaneció en nómina todos los meses del año». Expuso que, aunque inicialmente, fue contratada como docente, después fue jefe del área de sociales; que, como tal, debía elaborar el plan curricular y el presupuesto del departamento de sociales; desarrollar el proceso de selección de profesores; distribuir la carga académica de estos; gestionar los permisos, incapacidades, licencias y buscar remplazos de sus colegas; así como participar de la

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Radicación n.° 91592 determinación de las metas institucionales. Indicó que, adicionalmente, cumplía con la asignación de horas cátedra y las direcciones de grupo que se le impusieran; que en 2016 y 2017 se le remuneró esa última actividad a razón de $300.000 y $330.000 mensuales; que apoyó a los estudiantes en la elaboración de monografías y

en las recuperaciones; que por esas actividades se le concedieron $800.000 en diciembre de 2017; $300.000 en febrero, abril y mayo de 2019. Afirmó que, también desarrollaba actividades de acompañamiento a los alumnos para potenciar la presentación de las pruebas saber; que por ese concepto se le reconoció un «bono pruebas saber» equivalente a $4.800.000 en 2017 y de $300.000 en el 2018 y una asignación denominada «cesiones (sic) presaber» en marzo de 2019; que también percibió unas bonificaciones docente, auditora y extralegal por $430.000, $300.000 y $3.250.000, respectivamente; que en junio de 2018 se le pagaron $1.050.000 a título de «retención (sic) asumida» y en enero de 2015 otra por «mayor valor» de $453.268. Aclaró que esos rubros eran retribuciones a sus servicios; que no tenían pacto de desalarización y que, sin embargo, no le fueron computados para realizar los aportes a seguridad social y liquidar sus cesantías e intereses, primas y vacaciones; que laboraba los sábados sin recibir pago por trabajo extra o suplementario y que no se le

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Radicación n.° 91592 reconoció indemnización alguna por el finiquito injusto (f.° 9 a 20, cuaderno n.° 1). La demandada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, afirmó que contrató a la demandante a través de sendos vínculos de trabajo autónomos e independientes, pero no durante todo el período referido, porque en algunas

épocas, fue vinculada por la Fundación Gimnasio Vermont

S. A.; que solo a partir de 2004 se desempeñó como profesora y jefe del departamento de ciencias sociales; que todas sus funciones las cumplía en la misma jornada laboral y que esta no incluía los sábados, habitualmente.

Explicó que los convenios tenían como término de duración la vigencia del año escolar; que los culminó anticipadamente; que, sin embargo, en las interrupciones contractuales, cuando no hubo prestación del servicio, mantuvo afiliada a su trabajadora a seguridad social y, de acuerdo con el contrato de 2016 – 2017, reconoció bonificaciones llamadas «sobre remuneración» que no correspondían a un servicio prestado; que, por ende, no tenían carácter salarial. Afirmó que, por el contrario, sí contaban con esa condición y así los concedió y liquidó los conceptos de «dirección de grupo, monografías, superaciones y, sesiones saber», pero no, los restantes; que, en efecto, i) el «mayor valor» fue un reembolso que hizo por un descuento en nómina anterior; ii) la «bonificación pruebas saber» la concedió por mera liberalidad a todos los profesores de la institución, en

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Radicación n.° 91592 atención a los buenos resultados obtenidos en esa evaluación; iii) la «bonificación auditoría» se generaba como incentivo económico a la participación voluntaria de la actora en ese proceso y, iv) el monto «retención asumida» pretendía compensar el valor de la retención en la fuente

Formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de las obligaciones y cobro de lo no debido, falta de título y causa en la demandante, pago, compensación, enriquecimiento sin justa causa, mala fe de la demandante, buena fe y prescripción (f.° 84 a 151, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, el 3 de septiembre de 2020, resolvió: PRIMERO. DECLARAR la existencia de varios contratos de trabajo de los reglamentados en el artículo 101 del CST [...] por los períodos comprendidos entre: 2° de febrero de 1993 al 30 de noviembre de 1993; enero 11 de 1994 a octubre 11 de 1994, noviembre 1° de 1994 a junio 30 de 1995, septiembre 01 de 1995 a junio 30 de 1996, noviembre 1 de 1996 a julio 30 de 1997, septiembre 1° de 1997 a junio 30 de 1998, septiembre 1° de 1998 a junio 30 de 1999, septiembre 1° de 1999 a junio 30 de 2000, septiembre 1° de 2000 a junio 30 de 2001, septiembre 1° de 2001 a junio 30 de 2002, septiembre 1° de 2002 al 30 de junio de 2003, 1° de septiembre de 2003 al 30 de junio de 2004, 1°de septiembre de 2004 a 30 de junio de 2005, 16 de agosto de 2005 al 15 de

junio de 2006, 1° de agosto de 2006 al 30 de mayo de 2007, 1° de agosto de 2010 al 30 de mayo de 2011, 1° de agosto de 2011 al 30 de mayo de 2012, 1° de agosto de 2012 al 30 de mayo de 2013, 1° de agosto de 2013 al 30 de mayo de 2016, 1° de agosto de 2016 al 30 de mayo de 2017, 1° de agosto de 2017 al 30 de junio de 2018, 1° de agosto de 2018 al 31 de junio de 2019. SEGUNDO. ABSOLVER a la demandada de la totalidad de las pretensiones condenatorias [...] TERCERO. CONDENAR al pago de costas [...] a la demandante

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Radicación n.° 91592 (f.° 528, en relación con CD f.° 529, cuaderno n.° 2).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de noviembre de 2020, al decidir la apelación de ambas partes, dispuso: PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia

[impugnada], el cual quedará así: DECLARAR la existencia de varios contratos de trabajo de los reglamentados en el artículo 101 del CST entre la demandante [...] y el Colegio [...] como empleador por los períodos comprendidos entre: Desde Hasta 2/02/1993 30/11/1993 11/01/1994 11/11/1994 1/09/2002 30/06/2003 1/09/2004 30/06/2005

16/08/2005 15/06/2006 1/08/2006 30/05/2007 1/08/2007 30/05/2008 1/08/2008 30/05/2009 1/08/2009 30/05/2010 1/08/2010 30/05/2011 1/08/2011 30/05/2012 1/08/2012 30/05/2013 1/08/2013 30/05/2014 1/08/2014 30/05/2015 1/08/2015 30/05/2016 1/08/2016 30/05/2017 1/08/2017 30/05/2018 1/08/2018 30/05/2019 SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás [...]. TERCERO. Sin costas en esta instancia Dijo que atendiendo los reparos de las impugnaciones debía determinar: i) si entre las partes existió un solo contrato laboral a término indefinido o varios de ellos; ii) si la

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Radicación n.° 91592 relación laboral se extendió entre 1993 y 2019 o si fue por un período inferior y, iii) si procedían las reliquidaciones pretendidas con fundamento en una remuneración superior.

Señaló que para ello valoraría: i) los contratos, sus finalizaciones y liquidaciones (f.° 158 a 314, cuaderno n.° 1); ii) las certificaciones laborales (f.° 152 a 153, ibidem); iii) las descripciones de los cargos de docente y jefe de departamento

(f.° 154 y 155, ib); iv) los comprobantes de nómina (f.° 324 a

494, cuaderno n.° 2); v) los interrogatorios de parte y, vi) los testimonios de José Luis Quintero Pinzón; Gloria Patricia León Beltrán y Nancy Edith Parra Delgado (f.° 539 a 545, ibidem). Apuntó que según las documentales de los numerales i) y ii) (f.° 152 a 153 y 158 a 314, cuaderno n.° 1), era evidente que la accionante laboró en favor de dos personas jurídicas distintas, pues suscribió vínculos con el Colegio Gimnasio Vermont S. A. identificado con Nit. 860.058.553-1 y con la Fundación Gimnasio Vermont con Nit. 800.242.597-5, en diferentes períodos, así: Colegio Fundación 2/02/1993 30/11/1993 01/11/1994 30/07/1995 11/01/1994 11/11/1994 01/09/1995 30/06/1996 1/09/2002 30/06/2003 01/09/1996 30/06/1997 1/09/2004 30/06/2005 01/09/1997 30/06/1998 16/08/2005 15/06/2006 01/09/1998 30/06/1998 1/08/2006 30/05/2007 01/09/1998 30/06/1999 1/08/2007 30/05/2008 01/09/1999 30/06/2000 1/08/2008 30/05/2009 01/09/2000 30/06/2001 1/08/2009 30/05/2010 01/09/2001 30/06/2002

1/08/2010 30/05/2011 1/08/2011 30/05/2012 1/08/2012 30/05/2013 1/08/2013 30/05/2014 1/08/2014 30/05/2015

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Radicación n.° 91592 1/08/2015 30/05/2016 1/08/2016 30/05/2017 1/08/2017 30/05/2018 1/08/2018 30/05/2019 Ratificó su conclusión en que los cambios de razón social de la demandada, según el certificado de existencia y representación, nunca habían sido al de «fundación» (f.° 81 a 83, ib); que la demandante no aportó prueba que permitiera inferir que los dos empleadores eran la misma persona y que tal declaración ni siquiera podría realizarse en perspectiva de las facultades de fallar por fuera o por encima de lo pedido del juez unipersonal. Afirmó que, consecuencia de lo anterior, modificaría la primera decisión y analizaría los reparos de la actora, en perspectiva, únicamente, de los vínculos suscritos con el colegio; que, en ese contexto, observaba 19 ataduras autónomas e independientes, reguladas por los artículos 101 y 102 del CST, de cuyo estudio en armonía con «el restante material probatorio», no era dable deducir la existencia de una única relación laboral regida por una sola contratación a término indefinido. Explicó que vistos los documentos era evidente que la señora Piñeros fue vinculada para desempeñar funciones del

cargo de docente o profesora, pues tenía carga académica, de dirección de grupo y de jefe del departamento de ciencias sociales; que todas esas actividades las realizaba durante el periodo académico anual; que lo último fue corroborado por Gloria Patricia León Beltrán y Nancy Edith Parra Delgado; que, además, de los documentos de «f.° 218, 223, 225, 228,

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Radicación n.° 91592 238, 239, 303 y 312», no se deducía que realizó esas tareas por fuera de dicho tiempo. Sostuvo que las labores de la reclamante encajaban en el artículo 101 del CST, pues su profesión de docente, no estaba relacionada, exclusivamente, a las que desarrollaba en el trato directo con los alumnos, sino que, también comprendía otras complementarias, «entendidas como administración del proceso educativo, preparación de la tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, disciplina etc»; que, en ese sentido lo definía el artículo 5° del Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente), norma a la que acudía por dar claridad sobre ese concepto. Denotó que la prueba documental daba cuenta de esas labores; así como también, que cada una de las vinculaciones finalizó dentro del correspondiente año académico «(f.° 158160, 164-167, 218-220, 223-225, 228-230, 22-24, 236-238, 242-244, 247-249, 253-255, 32-33, 262-264, 268-270, 274276, 281-283, 289-291, 296-298, 303307, y 312-31)». Razonó que la relación no podía mutar, como lo pretendía la actora, en una a término indefinido, porque: i) debía respetarse la voluntad de las partes; ii) tal modalidad de contratación «es una [...] autorizada por la ley, propia de los contratos de trabajo a término fijo para profesores» (CSJ SL, 23 abr. 2001, rad. 15623 y CSJ SL, 17 may. 2011, rad38182) y, iii) la suscripción sucesiva de este tipo de ataduras no muta su naturaleza.

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Radicación n.° 91592 Coligió que, en últimas, la certificación laboral junto con las diferentes misivas de finalización contractual y la aceptación de una nueva vinculación, reflejaban la clara intención de ejecutar cada una de ellas por el año escolar, lo que permite el artículo 101 del CST, donde los servicios no son requeridos por todo ese período. Agregó que, 1) José Luis Quintero Pinzón refirió, [...] que los contratos de los docentes terminaban en junio y aunque el colegio pagaba el mes de julio ese mes no se trabajaba ni se prestaba servicio por parte del docente, lo anterior para dar una cobertura al año completo, situación que también ocurría en materia de seguridad social, también explicó que algunos días del mes de junio por un tema de Secretaria de Educación los profesores debían continuar preparando y evaluando la información, pero que la bonificación que se da en julio se da para que los docentes no queden sin ingreso aun cuando no

prestan el servicio, esas bonificaciones se hacen por mera liberalidad. 2) Gloria Patricia León Beltrán afirmó que los vínculos de los profesores terminaban el 30 de mayo y empezaban en agosto 15, pues «dejaban de prestar servicios para el colegio durante más de un mes». 3) Nancy Edith Parra Delgado expresó que el colegio pasó a ser calendario B; que hasta mediados de junio se desarrollaban unas tareas de evaluación institucional y que todo el mes de julio no laboraban. Reiteró que la prueba, con énfasis en la testimonial,

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Radicación n.° 91592 tampoco daba cuenta de la continuidad del servicio; que aunque no desconocía que el primer y la última declarante, manifestaron que en junio ciertos docentes y jefes de área permanecían en el colegio, lo cierto era que no obraba constancia de ello y que, en gracia de discusión, de aceptarse que la demandante asistió algunos días de dicho mes, no había acreditación alguna de que lo hizo después del 14 de junio o para el mes de julio. Argumentó respecto de las bonificaciones «[...] extralegal y [...] por retorno», las cuales aparecían en las ataduras y en los pagos de los meses de junio y julio, que no eran constitutivos de salario, porque además de ser ocasionales no fueron recibidos como contraprestación directa del servicio; que, sobre el particular, en todo caso, «la actora no incorporó al proceso medio probatorio alguno con el cual se pudiera reforzar su tesis, en punto a que [...] estaban estrechamente ligadas con [...] las funciones que desempeñaba».

Adujo, sobre las «bonificaciones pruebas saber y las de auditoría», que según los declarantes, estas consistían respectivamente, en un reconocimiento que ofrecía el colegio a los docentes por los buenos resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas y, por quienes participaran voluntariamente de los procesos de evaluación, para lo que tenían que ser capacitados; que la actora percibió esos emolumentos en 2017 y 2018; que, sin embargo, como su pago no era habitual no podían tener connotación salarial.

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Radicación n.° 91592 Reflexionó que, en todo caso, en lo que toca con los primeros conceptos, estos estaban sujetos al puntaje de los alumnos, lo cual se medía en todas las áreas, por lo que «no era un reconocimiento por la labor exclusiva que adelantaba la señora Fernández» y que, los segundos, eran un incentivo económico por participar voluntariamente en determinada auditoría, labor que era ajena a las funciones de la demandante, de manera tal que no se cumplían los presupuestos para que los pagos fueran constitutivos de salario, conforme el artículo 128 del CST. Planteó, respecto de la «bonificación docente» pagada en junio de 2017, que fue un reconocimiento único; que la demandada aseguró que era «una sobre remuneración» que no retribuía el servicio; que «no exist[ía] prueba alguna que inform[ara] de las especificidades de dicho pago como para poder concluir [lo contrario]»; que, inclusive, no había medio de convicción que le permitiera advertir, que en ese período hubiere prestación de servicios; que, por tanto, de

conformidad con el artículo 128 del CST, era una suma no constitutiva de salario. Sostuvo que igual conclusión se seguía, en relación con la «retención asumida», porque la percibió la demandante en 2018 y, en torno a ello, el señor Quintero Pinzón explicó que era un concepto que se aplicaba a la bonificación extralegal por 25 años de servicio; que «el colegio se atribuye», a título de beneficio para el trabajador que se volvía «gasto no deducible» para aquél, en aras de que el docente percibiera una gratificación equivalente a «[...] 5 millones netos».

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Radicación n.° 91592 Dijo que, «bajo esa óptica», esa suma [...] no corresponde a un pago por el desempeño de las funciones de la demandante, pues de su tenor literal y lo explicado por los deponentes, se establece que dicho valor se reconoció a la promotora de manera unilateral y por mera liberalidad del empleador, para que gozara del 100 % del valor reconocido por concepto de bonificación extralegal. Precisó sobre el concepto de «dirección de grupo», que según las nóminas y las liquidaciones del contrato de trabajo, el mismo tenía connotación salarial; que fue tenido en cuenta por la convocada para efectos de liquidar las prestaciones sociales «(f.° 274 a 279, 281 a 286, 289ª 293 y 296 a 300)»; que, por consiguiente, no procedía condena alguna; que también tenían dicha condición los montos denominados «monografías, superación, sesiones pre saber», los cuales devengó la actora en diciembre 2018 y febrero, abril y mayo

de 2019, pues así lo había confesado la demandada en la réplica al gestor. Aclaró que, sin embargo, Revisadas las planillas de autoliquidación de aportes que corren a los folios 502 a 505, claramente se aprecia que dichos conceptos fueron tenidos en cuenta para realizar esos pagos, nótese a modo de ejemplo, que la demandante para el año 2019 devengaba la suma de $8.600.000 y para los meses de febrero, marzo, abril y mayo se reportó un ingreso base de cotización de $8.900.000, lo propio ocurrió en el año 2018. A la misma conclusión arriba esta Colegiatura respecto a que esos factores también fueron tenidos en cuenta por la llamada a juicio para efectos de liquidar las prestaciones sociales de la demandante. Lo anterior se deduce luego de analizar detenidamente la documental del folio 318, en la que se constata que la accionada

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Radicación n.° 91592 tuvo en cuenta un promedio salarial superior al salario básico devengado por la señora Piñeros Fernández para el año calendario 01/08/2018 - 30/05/2019 - $8.600.000, en razón a que realizadas las operaciones del caso, se establece que la pasiva tomó como salario promedio para calcular prima de servicios, cesantías e intereses la suma de $9.600.000, ($8.600.000+ $800.000 monografía + 200.000 promedio superaciones + sesiones pre saber), de donde se colige que los rubros solicitados en la alzada, en efecto tuvieron incidencia

prestacional, lo que de contera impone la absolución de la demandada en este aspecto. Importa anotar que las demás anualidades no serán objeto de análisis como quiera que en dichos años no se reconocieron a favor de la demandada los conceptos analizados. Añadió, respecto de la reliquidación de la indemnización por despido injusto, i) que como no se probó la unicidad en el contrato no había lugar a ella; ii) que, en razón a que se trataba de los pactos del artículo 101 del CST, no procedía preaviso alguno, por lo que bastaba la culminación del periodo académico para que se dieran por finalizados y, iii) que, aunque se considerara necesario esa información previa al finiquito, esta se hallaba cumplida con la antelación suficiente (f.° 539 a 545, ibidem).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la de primera y, en su lugar,

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Radicación n.° 91592 se acceda a las pretensiones de la demanda, especialmente para que se declare que la atadura fue indefinida; que los pagos extra-legales tenían incidencia salarial; que procedía la reliquidación de sus aportes, derechos y prestaciones sociales; así como el reconocimiento de las indemnizaciones moratorias (f.° 12, cuaderno de la Corte). Con tal propósito formula un cargo, por la causal

primera de casación, que fue replicado.

VI. CARGO ÚNICO Denuncia que el Tribunal vulneró la ley por la vía indirecta de, [...] las siguientes normas del CST: artículos 1°, 5°, 9º, artículo 10° modificado por el artículo 2° de la Ley 1496 de 2011; 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, artículos 23 y 24 subrogados por los artículos 1° y 2° de la Ley 50 de 1990; 37, 43, 45, artículo 46 subrogado por el artículo 3° de la Ley 50 de 1990; artículo 47 subrogado por el artículo 5° del Decreto Ley 2351 de 1965; 54, artículo 61 subrogado por el artículo 5° de la Ley 50 de 1990; artículos 62 y 63 subrogados por el artículo 7° del Decreto Ley 2351 de 1965; artículo 64 y 65 modificados por los artículos 28 y 29 de la Ley 789 de 2002; 101, 102, artículos 127 y 128 subrogados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990; 186, 187, artículo 189 subrogado por el artículo 14 del Decreto Ley 2351 de 1965 y modificado por el artículo 20 de la Ley 1429 de 2010; artículo 192 modificado por el artículo 8° del Decreto 617 de 1954; 193, 249, artículo 253 subrogado por el artículo 17 del Decreto Ley 2351 de 1965; artículo 306 modificado por el artículo 2 de la Ley 1788 de 2016; y 340 y 53 de la CN.

Afirma que esas infracciones normativas fueron consecuencia de los siguientes defectos fácticos:

1. No dar por demostrado estándolo, que bajo las reglas del contrato realidad, la demandante se encontraba desarrollando actividades enmarcadas bajo un contrato de trabajo a término

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Radicación n.° 91592 indefinido y no bajo las reglas del contrato por duración del año lectivo.

2. No dar por demostrado estándolo, que la demandante conforme al perfil de cargo y funciones que obra en el expediente, desempeñaba un rol administrativo en el colegio demandado, siendo las actividades de educador complementarias.

3. No dar por demostrado estándolo, que tanto la fundación colegio gimnasio Vermont como el demandado colegio Gimnasio Vermont, obedecen a la misma institución educativa.

4. No dar por demostrado estándolo, que los cargos de docente, contienen funciones y obligaciones diferentes a la demandante, conforme el documento de perfil de cargo y funciones.

5. No dar por demostrado estándolo, que el perfil de cargo de Jefe de Departamento, comprende la subordinación de los docentes, con funciones administrativas y de control interno.

6. No dar por demostrado estándolo, que la demandada mantenía en nómina a la demandante, durante todo el año calendario.

7. No dar por demostrado estándolo, que la demandada presentaba pagos retributivos de sus servicios en los meses en que presuntamente el contrato de trabajo no se encontraba vigente.

8. No dar por demostrado estándolo que a la demandante igualmente le era suministrado y descontado el servicio de

alimentación, en los meses que presuntamente se encontraba sin vigencia contractual.

9. No dar por demostrado estándolo, que la terminación contractual unilateralmente por parte de la demandada, solamente era realizada teóricamente en documentos, no obstante la demandante permanecía en el colegio desarrollando sus funciones de cierre y preparación para las nuevas vigencias escolares.

10. No dar por demostrado estándolo, que la demandante disfrutaba sus periodos de vacaciones durante la vigencia de su contrato y no se tenían conforme a lo establece el artículo 101 por fuera de la vigencia del contrato.

11. No dar por demostrado estándolo, que en los meses en que no se tenía presuntamente vigencia contractual, la demandada le remuneraba los conceptos de dirección de grupo, a pesar de presuntamente no estar vinculada a la demandada.

12. No dar por demostrado estándolo, que el contrato nunca se desarrolló por periodos de calendario escolar, sino que por el

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Radicación n.° 91592 contrario, se desarrolló de manera habitual diversas a lo dispuesto en el artículo 101 de CST.

13. No dar por demostrado estándolo, que la demandante no terminaba sus labores a la finalización del calendario escolar, siendo su compromiso continuar con el desarrollo de actividades internas, conforme lo manifiestan los testigos recaudados.

14. No dar por demostrado estándolo, que la demandante recibía remuneraciones bajo la consideración no salarial, no obstante, eran retribuciones personales por sus servicios personales.

15. No dar por demostrado que los pagos efectuados bajo el concepto BONIFICACIÓN POR AUDITORÍA eran retributivos de

sus labores, estando demostrado mediante las pruebas testimoniales y documento obrante a folio 521, que frente a este pago la demandante debía desarrollar actividades laborales al servicio de la demandada.

16. No dar por demostrado que los pagos efectuados por la demandada bajo el concepto BONIFICACION EXTRALEGAL Y BONIFICACIÓN POR RETORNO eran constitutivas de salario, estando debidamente comprobado que era una asignación habitual reconocida a la demandante anualmente en los meses de junio y julio, sin que haya pacto de desalarización entre las partes.

17. No dar por demostrado que los pagos efectuados por la demandada bajo el concepto de SESIONES SABER, eran constitutivas de salario, estando debidamente comprobado a través de las testimoniales que obedecían a sesiones especiales extracurriculares que la demandante debía asumir para la capacitación de los alumnos preparándolos para las pruebas de estado.

18. No dar por demostrado que los pagos efectuados por la demandada bajo el concepto de SUPERACIONES, eran constitutivas de salario, estando debidamente comprobado a través de las testimoniales que obedecían a sesiones especiales que la demandante debía asumir extracurricularmente con los alumnos que incumplen sus logros académicos.

19. No dar por demostrado que los pagos efectuados por la demandada bajo el concepto de BONIFICACIÓN PRUEBAS SABER, eran constitutivas de salario, estando debidamente comprobado que enriquecían el patrimonio de la demandante.

20. No dar por demostrado que los pagos efectuados por la

demandada bajo el concepto de MONOGRAFÍAS, eran constitutivas de salario, estando debidamente comprobado a través de las testimoniales que obedecían a acompañamientos extra curriculares de la demandante a los alumnos de últimos

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 91592 grados.

21. No dar por demostrado que los pagos efectuados por la demandada bajo el concepto de RETENSIÓN (sic) ASUMIDA, estando debidamente comprobado que los impuestos debidos por parte de los ciudadanos, no pueden constituir pactos legales de ingreso, siendo esto un pacto ilegal entre las partes.

22. No dar por demostrado estándolo, que la demandada obró de mala fe, al trasladar ilegalmente sus trabajadores que desarrollaban procesos misionales de la compañía, para continuar con sus mismas labores a través de una Cooperativa de Trabajo asociado, creada por sus mismos dueños.

23. No dar por demostrado estándolo, que ante la terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo de la demandante, debe ser obligada la demandada al reconocimiento de la sanción respectiva.

24. No dar por demostrado estándolo, que la demandada, ante todas las eventualidades trasgresoras en desarrollo del contrato con la demandante, actuó de mala fe.

25. No dar por demostrado estándolo que la demandada no realizó el pago total y oportuno de la totalidad de los rubros anuales debidos para el pago de su cesantía.

26. No dar por demostrado estándolo, que la demandada realizó descuentos en aportes a seguridad social de la demandante sobre

sumas salariales, no obstante en la liquidación final de su contrato no tuvo en cuenta estos aspectos como factores salariales para la liquidación de sus prestaciones sociales. Sostiene que el juez de la apelación valoró con equivocación el «interrogatorio de parte de la demanda», los contratos, las actas de liquidación y las cartas que finiquitaban la relación (f.° 24 a 25, 26 a 27, 28, 30 a 31, 32 a 33, 34 a 35, 36 a 37, 38 a 39, 40 a 41, 42 a 44, 45 a 47, 56, 58, 64, 158 a 160, 162, 164 a 167, 176, 177 a 180, 181, 183 a 186, 188, 190 a 196, 195, 197 a 198, 200, 201 a 203, 206, 207 a 209, 212, 213 a 215, 217, 218 a 220, 222, 223 a 225, 227, 232, 235, 241, 246, 251, 257, 260, 266, 273, 274 a 276, 281 a 283, 286, 293, 300, 324 a 494 cuaderno n.° 1 y 2).

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 91592 Plantea que el alcance del artículo 101 del CST en relación con la sentencia CC C483-1995 es exclusivo y concreto, porque resulta aplicable