CSJ - SL3036-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3036-2023 Radicación n.° 83242 Acta 45 Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por ALONSO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra

la REFINERÍA DEL NARE -REFINARE S. A. EN

LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES Alonso Sánchez Gutiérrez llamó a juicio a la accionada con el fin de que sea condenada a pagarle los derechos laborales y de seguridad social causados en virtud del contrato de trabajo suscrito con esa empresa el 29 de noviembre de 2004, no cancelados desde el momento en que

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 83242 se inició el proceso de liquidación de la empresa -5 de mayo de 2006-, a título de gastos de administración, consistentes en salarios integrales, debidamente indexados; junto con las vacaciones, los intereses moratorios, los aportes a seguridad social en salud y pensiones, los intereses de mora por el no pago de las cotizaciones a salud, los perjuicios materiales, morales y las costas del proceso. De forma subsidiaria, solicitó declarar terminado el contrato de trabajo con la refinería accionada «desde el 29 de noviembre de 2004, y a partir de la fecha de ejecutoria de la

sentencia» (f.° 4), en consecuencia, se le condene al pago de las acreencias atrás reclamadas y causadas a partir del 5 de mayo de 2006. Como soporte de sus pedimentos, informó que el 29 de noviembre de 2004 fue vinculado por Refinare S. A. mediante contrato de prestación de servicios, para desempeñar el cargo de asistente de presidencia; que mediante transacción celebrada con su empleador se acordó que el vínculo sería de trabajo, desde el 29 de noviembre de 2004; que a partir del 1 de julio de 2005 asumió las funciones de gerente financiero y administrativo, y representante legal de la refinería, acordando el pago de un salario integral mensual de $5.000.000, que se componía de un básico de $3.546.154 y un factor prestacional de $1.453.846 (factor compensatorio del auxilio de cesantías, de la prima de servicios legal, de la prima de navidad, de los intereses a las cesantías, recargo nocturno y trabajo en días de descanso obligatorio).

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 83242 Manifestó que mediante auto del 5 de mayo de 2006 inscrito el 23 de ese mismo mes, la Superintendencia de Sociedades inició el proceso de liquidación obligatoria de los bienes que conformaban el patrimonio de Refinare S. A., sin que el liquidador le hubiera informado que se daba por terminado su contrato de trabajo o sin que se le pagara alguna suma de dinero a la fecha de inicio del trámite concursal. Advirtió que el liquidador reconoció su calidad de trabajador y que los salarios causados hasta el 5 de mayo de

2006 ascendieron a $23.798.070, monto que fue incluido en el auto de graduación y calificación de créditos. Anotó que, luego de que la empresa iniciara el proceso concursal no se le comunicó acerca de la terminación de la relación de trabajo; que a partir del 5 de mayo de 2006, sus derechos laborales y de seguridad social tienen la calidad de gastos de administración, los cuales deben pagársele a medida que se vayan causando; que el 12 y el 25 de septiembre de 2006 el liquidador lo reconoció como trabajador de Refinare S. A.; que no se le han pagado los salarios, vacaciones y demás acreencias causadas desde el 6 de mayo de 2006; y que permanece afiliado a los sistemas de pensiones y salud, pero que la empresa demandada cesó en el pago de tales aportes desde octubre de 2005 y abril de 2006, respectivamente. Mencionó que el 24 de octubre de 2008, el liquidador de la refinería certificó que fungía como gerente administrativo

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 83242 y financiero; que en el certificado de existencia y representación legal es identificado como representante legal para el momento de la liquidación obligatoria; que no se le ha dado una respuesta de fondo sobre el pago de sus acreencias, pese a haber presentado las solicitudes respectivas; que la Superintendencia Delegada para los procedimientos mercantiles ha requerido al liquidador para que se hagan las provisiones necesarias para el pago de los derechos aquí reclamados, pero que no se ha atendido su petición, que, incluso, en el plan de cesión de bienes no se

incluyeron tales sumas de dinero. Por último, insistió en que, a la fecha de presentación de la demanda inicial, el liquidador de la refinería no había demostrado que su contrato de trabajo hubiera finalizado, y que no ha presentado novedad de retiro a las entidades del sistema de seguridad social en salud y pensiones, aclarando que el proceso concursal aún se encontraba en trámite. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá designó un curador ad litem de Refinare S. A. quien, al contestar la demanda, dijo no oponerse a las pretensiones del actor siempre y cuando se demostrase el fundamento fáctico en que se soportan. Refirió que, desde la apertura del trámite liquidatorio, la empresa quedó a disposición del liquidador designado con todas sus facultades y con la consecuente desvinculación o desplazamiento de su gerente o representante legal, lo cual no obliga a la accionada al pago

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 83242 de salarios, prestaciones y demás erogaciones laborales. No formuló excepciones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante decisión del 24 de noviembre de 2017, absolvió a la accionada de las pretensiones dirigidas en su contra e impuso costas al demandante.

Precisó que la relación que tuvo el actor con la demandada estuvo vigente hasta el 20 de octubre de 2006, fecha en la que la Superinendencia de Sociedades nombró al nuevo liquidador, resaltando que la Ley 222 de 1995

prescribe que, en un proceso concursal, el representante legal se ve desplazado de su cargo, por lo que no puede seguir prestando sus servicios ya que el objeto social de la empresa deja de desarrollarse. Resaltó que no era posible tener como fecha de finalización del vínculo de trabajo, el 11 de mayo de 2006, fecha en la que se posesionó el primer liquidador por parte de la Superintendencia de Sociedades, toda vez que, según lo prevén los artículos 28, 164, 442 de CCo y la Ley 222 de 1995, la desvinculación de un representante legal ya sea por renuncia, remoción o muerte, se debe inscribir en el registro mercantil, lo que sólo ocurrió el 20 de octubre de 2006, cuando fue nombrado el segundo liquidador -Felipe Negret Mosquerae inscrito ante la Cámara de Comercio. Destacó

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 83242 que, al ser representante legal, debía hacerse el registro de la remoción y la inscripción de quien lo reemplazaba. Añadió que el demandante no demostró, con los medios de convicción legalmente aportados al plenario, la prestación personal del servicio con posterioridad a la fecha en que se dio inicio a la liquidación. Por el contrario, el testimonio del nuevo liquidador designado dio cuenta de que el mismo accionante hizo el empalme e inventario para relevarse de su cargo.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 31 de mayo de 2018, confirmó la decisión

impugnada y se abstuvo de imponer costas en la alzada. Como fundamentos de tal determinación, indicó que debía resolver dos problemas jurídicos: el primero, establecer si el contrato suscrito entre las partes debía tener efectos retroactivos desde el 29 de noviembre de 2004, esto es, si ese era el extremo inicial o si por el contrario, era el fijado por el juez de primera instancia; el segundo, dilucidar si, a la fecha de liquidación de la pasiva, el contrato de trabajo se extinguió en virtud de ese proceso liquidatorio o si le asistía razón al demandante, al afirmar que se mantuvo vigente y, por ende, había lugar al pago de las acreencias laborales aquí reclamadas.

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 83242 Para resolver el primer asunto, puso de presente que el accionante inicialmente suscribió un contrato de prestación de servicios con Refinare S. A. como consultor (f.° 33 a 37), luego, según acta de junta del 21 de septiembre de 2005, fue nombrado representante legal, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, pactándose como retribución un salario integral. Explicó que, adjunto a ese convenio, las partes convinieron una especie de retroactividad, desde el 1 de julio de 2005, en los siguientes puntos: tener en cuenta el 29 de noviembre de 2004 como fecha de ingreso del trabajador, pero únicamente para efectos de determinar la antigüedad y establecer los periodos de vacaciones; y reconocer que los honorarios mensuales del contrato de prestación de servicios ascendían a $2.500.000, lo que

implicaba la procedencia del pago de las diferencias resultantes de las cuentas de cobro. Precisado lo anterior, consideró que el extremo inicial del vínculo laboral no era otro que el 1 de julio de 2005, como lo había definido el a quo, no sólo porque lo que en un principio celebraron las partes fue un contrato de prestación de servicios -29 de noviembre de 2004sino porque no existían pruebas que evidenciaran que, mientras aquél se ejecutó, se presentaron los tres elementos constitutivos de una relación laboral, aunado al hecho de que en la transacción, esa fue la fecha que se acordó.

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 83242 En cuanto a la validez de la transacción, recordó que dicho pacto no suponía un vicio en el consentimiento ni tampoco estaba evidenciado algún tipo de constreñimiento o una desmejora de las condiciones laborales del demandante, ya que, incluso, se extendió la vigencia de la relación de trabajo durante cierto periodo a efectos de reconocer las vacaciones frente a un contrato de prestación de servicios que, como se sabe, no genera este tipo de contraprestación. Agregó que esa documental no había sido tachada de falsa. En consecuencia, anunció que, sobre ese punto, confirmaría la decisión. En relación con el segundo problema jurídico, esto es, si el contrato de trabajo se prolongó después de la liquidación de la empresa, dijo que el apelante sólo se había limitado a exponer que, aunque estaba demostrado que fue desplazado del cargo de representante legal, la obligación del empleador de dar por terminado el contrato de trabajo seguía vigente, en virtud de lo previsto en el artículo 62 del CST, norma que

debía aplicarse. Frente a ello estimó que, del conjunto de las pruebas del plenario, concretamente, del certificado de existencia y representación legal de folios 29 a 31 del expediente, podía advertirse que, mediante auto del 5 de mayo de 2006, suscrito el 23 de mayo siguiente, la Superintendencia de Sociedades declaró el inicio del proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la demandada y designó como liquidador a Rodrigo Lozano Ávila.

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 83242 Precisó que, en virtud de la Ley 222 de 1995, el demandante fue desplazado legalmente por el liquidador mencionado, quien fue traído a la empresa por la Superintendencia de Sociedades, luego, el 20 de octubre de 2006 se nombró a otro liquidador, fecha esta última en la que el juez de primera instancia tuvo por terminado el contrato de trabajo. A diferencia de lo dicho por el demandante, estimó que la situación legal de desplazamiento del actor por el agente liquidador sí podía constituir una terminación legal de la relación de trabajo, en los términos de los artículos 16, 164 y 442 del CCo, de modo que aquél dejó de fungir como representante legal. Manifestó que, aparte de lo anterior, en este asunto no se acreditó que, con posterioridad al 20 de octubre de 2006, fecha que el juez de primer grado fijó como de finalización de la relación, el actor hubiera prestado sus servicios en favor de la demandada. De hecho, dijo, estaba demostrado que, en ese periodo, aquél mantuvo vínculos con otros empleadores distintos a la accionada. Así, el certificado de folio 68 emitido

por Cafesalud EPS mostraba que el actor aparecía registrado como dependiente de la empresa Eficacia SP desde el 18 de enero de 2008; y a folios 143 a 146 se reportaba como representante de Avilom Group SAS, desde el 16 de abril de 2009.

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 83242 De modo que, no podía pretenderse que, por el hecho de que su contrato no hubiera finalizado por alguna de las causales del artículo 62 del CST, se pudiera entender que el vínculo no tuvo solución de continuidad, máxime si el cargo que desempeñaba y en virtud del cual fungía como representante legal fue desplazado materialmente en virtud de normas legales expresas que así lo autorizaron. Agregó que el demandante conoció de la ruptura de la relación laboral, tal como se observaba del auto de calificación y graduación de créditos de la Superintendencia delegada para procedimientos de insolvencia, en el que se aprecia que el demandante hizo parte de ese trámite por intermedio de apoderado judicial. Sumado a ello, adujo, las declaraciones e interrogatorios de parte no dieron cuenta de que hubiera prestado servicios en favor de la accionada después del 20 de octubre de 2006 y que, aunque el testigo Luis Humberto Cárdenas había dicho que el actor laboró en esa empresa entre 2007 y 2008, el declarante no era trabajador directo de la empresa y sus dichos no estaban conforme con las demás pruebas del plenario, por lo que, no ofrecían credibilidad. Por todo lo anterior, confirmó la decisión.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

El recurso fue interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 83242

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El accionante pretende que esta Sala case la sentencia proferida por el ad quem, para que, en sede instancia, revoque la decisión del a quo y, en su lugar, condene a la refinería accionada a pagarle los derechos laborales y de seguridad social causados por la vigencia del contrato de trabajo suscrito el 29 de noviembre de 2004 y no reconocidos desde la fecha de inicio del proceso de liquidación obligatoria, 5 de mayo de 2006, a título de gastos de administración, consistente en salarios integrales causados, incrementados cada año con la variación del IPC; las vacaciones, los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones y los intereses moratorios.

Subsidiariamente, reclama que se declare terminado el vínculo laboral a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia y se condene a la accionada a reconocer en su favor los salarios, prestaciones legales y extralegales e indemnización legal por despido injustificado causados desde el 5 de mayo de 2006, como gastos de administración, debidamente indexados. Costas en ambas instancias en favor de la parte actora. Con tal propósito, formula cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales son replicados por la refinería demandada.

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 83242

Por razones de metodología y con el fin de tener claridad, desde el comienzo de las circunstancias fácticas que se presentan en este proceso, la Sala abordará, en primer lugar, el estudio de la cuarta acusación, formulada por la senda indirecta, luego de lo cual, se ocupará de las acusaciones primera y segunda, conjuntamente, y luego, la tercera, propuestas por la vía jurídica.

VI. CUARTO CARGO Denuncia la decisión de ser violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en la modalidad de infracción directa de los artículos 3, 5, 22, 24, 62 y 140 del CST, lo que condujo a la violación de los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 48, 53 y 93 de la Constitución Política; 1 del Convenio 95 de 1949 de la OIT, aprobado por la Ley 54 de 1962, debidamente ratificado y promulgado por el Decreto 1264 de 1997; 1, 2, 8, 9, 11, 13, 14 a 16, 18 a 21, 23, 27 a 29, 37, 42, 43, 45, 47, 56, 57, 61, 64, 65, 67, 127 (artículo 14 de la Ley 50 de 1990), 128, 132, 133, 145, 177, 179, 186 y 189 del CST; 1 a 4, 11, 15, 17, 18, 22, 23 y 161 de la Ley 100 de 1993; 22, 23, 45,

120, 150, 151, 152, 158, 197 y 209 de la Ley 222 de 1995; 63, 1495, 1502, 1602, 1604, 1618, 1620 y 1622 del CC. Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes errores fácticos: No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo celebrado por el señor Alonso Sánchez Gutiérrez inició el 1 de julio de 2005.

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 83242 Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo celebrado por el señor Alonso Sánchez Gutiérrez se terminó a partir del 20 de octubre de 2006, fecha de inscripción del liquidador de la Refinería del Nare S. A. en la Cámara de Comercio. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo celebrado por el señor Alonso Sánchez Gutiérrez hasta la fecha no se ha terminado. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Alonso Sánchez Gutiérrez continuó prestando sus servicios con posteridad a la apertura del proceso concursal de la demandada. Dar por demostrado, sin estarlo, que mi poderdante solamente tenía la calidad de representante legal de la demandada al momento de apertura del proceso de liquidación obligatoria. No dar por demostrado, siéndolo, que la demandada mantuvo afiliado al actor a una EPS hasta el mes de marzo de 2008. Dar por demostrado, sin estarlo, que la vinculación del actor con las sociedades AVILOM GROUP SAS y EFICACIA S.A. denota que conocía y aceptaba la terminación de su contrato de trabajo con

la demandada. Dar por demostrado, sin estarlo, que la participación del actor como acreedor en el proceso concursal de la demandada, denota que conocía y aceptaba la terminación de su contrato de trabajo. No dar por demostrado, estándolo, que las sumas reconocidas al actor en el auto de calificación de créditos de la liquidación de la demandada corresponden a los salarios que se le adeudaban con anterioridad a la apertura del proceso concursal. No dar por demostrado, estándolo, que las acreencias causadas con posterioridad a la apertura del proceso concursal de la demandada son gastos de administración de la liquidación. No dar por demostrado, siéndolo, que la demandada debe al actor el pago de los salarios y vacaciones desde el 5 de mayo de 2006, más los aportes al sistema de seguridad social e intereses. Indica que los anteriores errores se cometieron por la apreciación equivocada de los siguientes elementos de prueba:

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 83242 El auto de apertura del proceso de liquidación obligatoria (f.° 257 a 257); el auto de calificación y graduación de créditos (f.° 16 a 140, anexos); la certificación de aportes de la EPS Cafesalud; oficio del 1 de diciembre de 2014 dirigido por el actor como representante de Avilom Group SAS a la liquidación de la demandada (f.° 143, anexos); las facturas de venta (f.° 144 a 146, anexos); el certificado de la Cámara de Comercio de Avilom Group (f.° 180 a 183); y los

testimonios de Rodrigo Lozano Vila, Luis Humberto Cárdenas y Ana Mercedes Bojacá (f.° 436, 393). Y por la falta de valoración de dos certificados laborales del actor del 12 y 25 de septiembre de 2006 (f.° 60 y 61); la respuesta del liquidador del 25 de enero de 2007 (f.° 63); el memorial del liquidador del 24 de octubre de 2008 (f.° 77 a 79); la certificación de salarios (f.° 4 anexos); el interrogatorio de parte de la apoderada general de la demandada (CD, f.° 436) y el certificado de aportes a seguridad social (f.° 72). Sostiene, en primer lugar, que esta Corte ha aceptado que es posible atacar las sentencias en sede de casación, por la vía indirecta, en la modalidad de infracción directa (por ejemplo, CSJ SL, 21 may. 2010, rad. 33866) de la cual cita algunos apartes. Así, pone de presente que su contrato de trabajo nunca fue terminado de acuerdo con las disposiciones del CST, para lo cual indica que, si el a quo y el ad quem hubieran apreciado correctamente todo el expediente, el interrogatorio rendido

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 83242 por la apoderada de la demandada y los testimonios de Ana Mercedes Bojacá y Rodrigo Lozano Vila hubieran concluido que su vínculo laboral no fue finalizado expresamente, en los términos del artículo 62 del CST. De esa manera, considera que no obra prueba en el plenario de que se le hubiera entregado comunicación alguna

que pusiera término a su relación de trabajo, con la debida motivación, y que el auto de apertura del proceso concursal no es prueba de ello, ante el supuesto desplazamiento por parte del liquidador de la concursada pues, dice, a la luz del artículo 62 del CST es necesaria la finalización motivada y expresa. Anota que las primeras siete pruebas denunciadas como no valoradas evidencian que, con posterioridad a la apertura del proceso concursal, siguió vinculado con la demandada, hasta el punto de que así lo reconoció el liquidador y que se siguieron haciendo aportes a seguridad social en su nombre, por lo menos, hasta el año 2008, llegándose incluso a reconocer y certificar deudas a su favor por concepto de salarios hasta 2009. En esa medida, estima que los jueces de instancia debieron armonizar el contenido de las normas comerciales con las del CST, exigiendo la terminación expresa y motivada del contrato de trabajo.

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 83242 En segundo lugar, señala que nunca actuó de manera que se pudiera concluir que conocía y aceptaba el hecho de la terminación del contrato de trabajo. Al respecto, refiere que las pruebas relacionadas en los numerales segundo a sexto de las indebidamente apreciadas; y primero a quinto de las no valoradas, no permitían inferir que, como hizo parte del proceso concursal como acreedor y se vinculó a otras compañías, conocía perfectamente de la culminación de su relación de trabajo. Enuncia que desde el vencimiento del término de la fijación del edicto de la providencia que inicia el proceso concursal, todos los acreedores, incluyendo los trabajadores,

deben hacerse parte de ese trámite, ya sea personalmente o por medio de apoderado, a la luz del artículo 120 de la Ley 222 de 1995. Si no hacen presencia, indicando su crédito, no entrarán al trámite liquidatorio. En consecuencia, no podía inferirse que, al cumplir con lo estipulado en dicha norma, conociera y aceptara la terminación de su contrato de trabajo, aparte de que no es posible obligar al trabajador a esperar con los brazos cruzados a que la liquidación le reconozca sus acreencias, sin desplegar ninguna otra actividad que le permita sufragar sus necesidades básicas. En tercer lugar, anota que los dineros que le fueron reconocidos en el auto de graduación de acreencias corresponden a los salarios que se habían causado con anterioridad al proceso liquidatorio, por lo que los jueces erraron al señalar que el demandante conocía de la finalización de la relación laboral, porque en el proceso

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 83242 concursal se le reconoció un crédito por valor de $23.798.070. Estima que esa apreciación es equivocada porque en el documento de folios 16 a 140 de la carpeta de anexos, se evidencia que esos salarios fueron causados con anterioridad al concurso y, precisamente, mientras el contrato continúe vigente, las acreencias laborales deben cubrirse como gastos de administración. En cuarto lugar, dice que el Tribunal confundió el contrato de trabajo y la prestación efectiva del servicio. Manifiesta que el contrato no se reduce a la prestación del servicio, pues este nace con el simple acuerdo de voluntades

y termina únicamente por las causales relacionadas en el artículo 61 del CST y en la forma señalada en el parágrafo del artículo 62 del mismo texto normativo, de modo que no se puede extinguir debido a otros hechos. Considera que esta es, quizá, la conquista más grande obtenida por el derecho del trabajo, ya que impide que el empleador eluda cualquier obligación ante la no prestación de los servicios que pueda ser una situación provocada por él mismo. Reitera esa misma idea y cita extractos doctrinales para sostener que el vínculo laboral subsiste independientemente de si se presta o no el servicio, sin negar que es su consecuencia práctica. Finaliza diciendo que, si el contrato de trabajo no se terminó y, por ende, continúa vigente, tal como se advierte de las pruebas del plenario, procede la condena a aportes a la seguridad social en salud y pensiones.

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 83242

VII. RÉPLICA El curador ad litem de la Refinería del Nare -Refinare S.

A. dice que no hay duda de que existió un contrato de prestación de servicios que inició el 29 de noviembre de 2004, en el que el actor se desempeñó como consultor, luego de lo cual, el 21 de septiembre de 2005 fungió como representante legal, mediante un contrato de trabajo a término indefinido y lo que se pactó con retroactividad fue solo para los periodos de vacaciones, de modo que no puede tener en cuenta otra fecha como inicial del vínculo laboral, máxime si no se logró demostrar la existencia de los elementos configurativos, en los términos del artículo 23 del CST.

Estima que los jueces acertaron en su decisión, ya que los medios de prueba aportados demuestran que, con la inscripción del registro mercantil del acuerdo de reestructuración obligatoria de la accionada, la relación laboral con el actor terminó. Por ende, expone que los cargos formulados no están llamados a prosperar.

VIII. CONSIDERACIONES Lo primero que la Sala pone de presente es que la censura incurre en una imprecisión técnica, al cuestionar, en el desarrollo de las acusaciones, las decisiones de primera y de segunda instancia, olvidando que el fallo de primer grado no puede ser objeto de casación, sino cuando se esté frente a la situación prevista por el artículo 89 del CPTSS,

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 83242 que no es la aquí ocurrida, dado que, en su momento, dicho proveído fue materia de apelación, no siendo susceptible, entonces, que a ese respecto se pudiera proponer el recurso de casación per saltum (CSJ SL, 17 sept. 2007, rad. 31824). En consecuencia, el estudio se centrará en analizar los eventuales errores en que habría incurrido el fallo emitido por el ad quem. Ahora bien, son varios los aspectos que refiere la censura en esta acusación, pero, en esencia, se limitan a evidenciar que el Tribunal incurrió en errores fácticos, al desconocer que el contrato de trabajo que tuvo con Refinare

S. A. en liquidación no finalizó el 20 de octubre de 2006, fecha de designación e inscripción del segundo liquidador de la accionada en la Cámara de Comercio, sino que este vínculo

sigue vigente incluso a la fecha, por lo que se le deben los salarios y prestaciones causados desde el 5 de mayo de 2006. Para demostrarlo, reprocha que no se hubiera tenido por probado que, con posterioridad al inicio del trámite concursal, siguió prestando servicios; como tampoco que, hasta marzo de 2008, continuó afiliado al sistema de salud. Agrega que el ad quem no podía concluir que él conocía de la terminación de la relación de trabajo, del hecho de que laborara en favor de otras empresas ni tampoco de su participación en el proceso concursal de Refinare S. A. pues esto último recayó respecto de las acreencias causadas con anterioridad a la apertura del proceso de liquidación. Advierte que no fue debidamente comunicado de la

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 83242 finalización de esa relación en los términos del artículo 62 del CST. En ese orden de ideas, le corresponde a la Corte determinar si el juez de alzada incurrió en un ejercicio valorativo equivocado de las pruebas, al no concluir que el contrato existente entre la refinería accionada y el demandante continuó vigente al margen de la prestación del servicio y luego de que la empresa iniciara el proceso liquidatorio y, si es cierto que los medios de convicción dan cuenta de que el actor siguió laborando en favor de la demandada y, además, nunca tuvo conocimiento de la terminación de su contrato de trabajo. Para resolver este problema jurídico, es relevante traer a colación los tres argumentos centrales que invocó el Tribunal para no acceder a las peticiones elevadas por el accionante:

El primero, la existencia del auto del 5 de mayo de 2006, a través del cual, la Superintendencia de Sociedades designó como liquidador encargado de la empresa demandada a una persona distinta al actor, lo que trajo como consecuencia la remoción del representante legal existente, en los términos de la Ley 222 de 1995 y los artículos 16, 64 y 442 del CCo. El segundo, la carencia de prueba que muestre que, a partir de ese momento, el demandante hubiera prestado servicios a esa empresa pues, incluso, encontró que, luego de que Refinare S. A. abriera el proceso de liquidación obligatoria,

SCLAJPT-10 V.00 20

Radicación n.° 83242 aquél mantuvo vínculos con otros empleadores. Y el tercero, el conocimiento del actor de tales circunstancias, tal como podía extraerse del auto de calificación y graduación de créditos de la Superdelegada para procedimientos de insolvencia, en el que aquél hizo parte por medio de apoderado judicial. La Sala debe destacar que, si bien el colegiado entendió que el contrato de trabajo había terminado el 20 de octubre de 2006, ello lo fundamentó esencialmente porque en esa data se hizo la remoción e inscripción de quien lo reemplazó, esto es, del segundo liquidador como representante del proceso de liquidación de la empresa, según lo disponían las normas comerciales, por lo que era esa la fecha que podía considerarse como de culminación de la relación laboral. Partiendo de lo anterior, la Corte analizará los elementos de juicio denunciados. Para iniciar debe indicarse, sin embargo, que el casacionista se limita a hacer una denuncia genérica de las

pruebas en conjunto, lo que impide conocer con precisión los defectos valorativos que se le endilgan al sentenciador plural