CSJ - SL3038-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3038-2023 Radicación n.° 96631 Acta 45 Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por JOSÉ RAMIRO PÁEZ OLARTE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 22 de abril de 2022 en el proceso ordinario laboral que instauró el recurrente contra SCOTIABANK

COLPATRIA S. A.

I. ANTECEDENTES José Ramiro Páez Olarte llamó a juicio a Citibank Colombia S. A., hoy Scotiabank Colpatria S. A., con el fin de que se declare que existió un «despido improcedente», por ende, se ordene el reintegro al cargo de managers control assessment en iguales o mejores condiciones, reajuste en la remuneración, salarios dejados de devengar, prestaciones

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Radicación n.° 96631 sociales legales y extralegales, aportes a la seguridad social, prima extralegal de navidad, lo que resulte ultra y extra petita y las costas del proceso. De forma subsidiaria, reclamó la indemnización por despido sin justa causa de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 64 del CST, en concordancia con el numeral 4, literal d), de la Ley 50 de 1990; indemnización moratoria por el no pago oportuno de la indemnización por despido sin justa causa, salarios y prestaciones dentro del

término establecido en la ley. En respaldo de sus pretensiones relató que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 7 de febrero de 2000 hasta el 25 de septiembre de 2017, que durante los primeros seis años se desempeñó como subgerente de operaciones y en los siguientes ocho, como director de operaciones en el área de distribution services – branches; posteriormente, a partir de octubre de 2014 fue ascendido al cargo de manager control assessment. Señaló que contaba con un equipo de trabajo de tres personas a su cargo y 10 áreas bajo su supervisión, quienes realizaban las actividades de monitoreo y seguimiento para generar los reportes de revisión de los procesos mensuales, trimestrales y anuales. Aclaró que el área de branches era atípica en las revisiones, frente a la cual no era responsable de realizar monitoreos, dado que su función frente a esta era únicamente la de consolidar la información y los resultados de cada revisión hecha a las sucursales por el grupo

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Radicación n.° 96631 especializado BOF y aclaró que fue la única área en la que se generó un error. Indicó que las tareas que realizaba sobre la consolidación de la información suministrada por el área de branches correspondían a las que debían ser desempeñadas por un analista y eran labores adicionales al cargo; manifestó que las funciones reseñadas las ejecutó en los últimos tres años con el más alto compromiso, ética y responsabilidad, y que para 2016 recibió una calificación de altamente efectivo. Narró que el 3 de agosto de 2017 cuando estaba

realizando las actividades solicitadas por la auditoría interna el 2 de ese mes y año, detectó una diferencia en los números reportados, los que no correspondían al cierre del segundo trimestre de 2017 («febrero, marzo y abril»). Al verificar el tema evidenció que la data había sido manipulada y la información era diferente a la que había reportado; que le comunicó a su jefe inmediato Jairo Rendón y a Lina María Ochoa quien era la nueva supervisora del área, pero el primero de ellos no le dio trascendencia al asunto. Afirmó que no ocultó la situación aludida, pues le dijo a Lina María Ochoa y Claudia Isabel López (head responsable de toda el área) de la inconsistencia entre los valores de uno de los reportes, así como que no tenía los soportes impresos. Contó que pese a que actuó de manera ética y honesta al avisar del error que detectó al momento de consolidar la información y que dijo que asumía la responsabilidad por la

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Radicación n.° 96631 falta de soportes físicos, mas no que el proceso se hubiera realizado con cifras inexistentes o de manera inadecuada, las señoras Claudia Isabel López y Lina María Ochoa le dieron mayor trascendencia al caso, insinuando que actuó de mala fe y que faltó a su profesionalismo y ética en el reporte efectuado. Señaló que el 4 de agosto de 2017 tales funcionarias solicitaron mediante correo electrónico una explicación escrita de los hechos y al día siguiente lo citaron de manera personal para que diera las explicaciones verbalmente; el 22 de agosto de 2017 lo llamaron a diligencia de descargos

«sobre el tiempo» – un par de horas antes de su iniciopor lo que no pudo preparar su defensa, alistar los soportes ni convocar a los testigos que conocían del tema. Adujo que en esa diligencia le dieron un trato criminal e indigno, además, hicieron señalamientos fuertes en su contra, sin tener en cuenta los años de servicio al banco, así como la experiencia y los buenos resultados en las demás áreas bajo su supervisión y excelentes calificaciones en las evaluaciones anuales; que dicha reunión se basó en la información que él descubrió y avisó oportunamente y se tomó un retest basado en datos manipulados y errados de un excel, reportados por Anderson Cabezas, quien se soportó únicamente en la data y no en el BOF. Expuso que desde el 3 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2017 sufrió persecución, acoso y hostigamiento por parte de las señoras Claudia Isabel López

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Radicación n.° 96631 y Lina María Ochoa contra él y su equipo de trabajo, inclusive, atentando contra su buen nombre; que en la última fecha referida le notificaron su despido aduciendo una justa causa, vigilándolo mientras guardaba archivos personales que tenía en el computador de trabajo; que lo sucedido le ocasionó problemas de salud, siendo diagnosticado con un cuadro alto de estrés y ansiedad, por lo que fue incapacitado durante tres días (1921 de septiembre de 2017). Explicó que la señora Claudia Isabel López ocupó el cargo de CBORC HEAD desde marzo hasta agosto de 2017, sin que alcanzara a conocer algunos de los procedimientos

del área y no podía dimensionar si las omisiones de los soportes que él reportó como faltantes dentro de la consolidación del informe eran trascendentes o no para el banco. En similares condiciones explicó que Lina María Ochoa ingresó al área de operaciones en agosto de 2017, por lo que para cuando él notificó del error que descubrió, ella no conocía su desempeño, ni los procedimientos del área y menos podía determinar que la falta de soportes físicos correspondía a una falta grave. Antepuso que para adoptar la decisión del despido no se tuvo en cuenta que durante los 18 años que laboró al servicio del banco nunca tuvo un llamado de atención y, por el contrario, fue reconocido por su buen desempeño. Agregó que el despido afectó el derecho de sus tres hijos, dado que es padre cabeza de familia y asumió la custodia y cuidado de ellos.

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Radicación n.° 96631 Dijo que interpuso una acción de tutela para obtener el reintegro y que se le diera un trato digno, la cual fue negada por cuanto era el juez laboral quien debía resolver el asunto. Aseguró que el rompimiento del contrato afectó su modus vivendi porque su única fuente de ingresos era su salario y que los hechos endilgados nunca pusieron en riesgo al banco. Que el proceso disciplinario que se le adelantó tuvo graves errores en procedimiento y que no se tuvo en cuenta la escala de faltas y sanciones (f.os 2 a 32). Al dar respuesta a la demanda, el banco demandado se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos dijo no ser

ciertos o no constarle. En su defensa explicó que el actor fue vinculado el 7 de febrero de 2000, para desempeñar los cargos de analista preparador FX, director de operaciones de servicios, analista de control, y, desde el 1 de julio de 2017 como coordinador de MCA, en donde tenía como principales responsabilidades aplicar la metodología definida para la calificación del control interno en cada uno de los procesos y negocios en general; consolidar los resultados MCA de las unidades de Citiholdings y generar informes periódicos para el reporte al BRCC, a la reunión de riesgo y control de Citiholdings y otros reportes locales y regionales; que debía hacer monitoreos mensuales y constantes respecto de cada uno de los procesos al interior del banco y que la verificación, monitoreo y consolidación de los resultados debían estar soportados

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Radicación n.° 96631 documentalmente, con el objetivo de que la información reportada fuera 100% confiable y veraz. Narró que el 3 de agosto de 2017 fue requerido para que entregara los resultados del MCA del primer y segundo trimestre de 2017; que con ocasión de un informe de auditoría interna se evidenció que «reportó 51 resultados de monitoreos para 22 controles como aprobados “pass” los cuales una vez revisados los archivos y soportes, tuvieron que haber sido negados “fail”»; agregó que la frecuencia con que debían realizarse los monitoreos era mensual, pero el actor los estaba realizando de forma trimestral en la matriz, lo que distorsionaba el resultado del indicador. Señaló que el trabajador fue citado a diligencia de

descargos el 22 de agosto de 2017, en la cual aceptó que su función era revisar los soportes de los controles de cada proceso, que los consolidaba de forma trimestral porque pensó que era la manera de hacerlo y que su error fue no dejar los soportes de la validación que hacía mensualmente, admitiendo que dentro de sus tareas debía dejar soportes. Indicó que el convocante incumplió las obligaciones al realizar la consolidación y verificación de los resultados del MCA de manera mensual y no trimestral, conforme a lo establecido, y que no dejó soporte de que realizaba la consolidación y reportes con la periodicidad adecuada. Lo anterior resultaba trascendente porque el área en la cual laboraba estaba relacionada de manera íntima con los controles que se hacían al interior del banco, con miras a que

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Radicación n.° 96631 los procedimientos se efectuaran de acuerdo con la política y lineamientos impartidos. Puntualizó que en el contrato de trabajo se plasmó como justa causa para terminar el contrato, la violación de cualquiera de las obligaciones legales, contractuales o reglamentarias por lo que el nexo finalizó por justa causa, conforme a las razones que quedaron plasmadas en la misiva, referentes al incumplimiento grave de sus funciones al consolidar y reportar de forma trimestral en la matriz MCA, cuya frecuencia de monitoreos era mensual. Explicó que por ello se distorsionó el indicador y que «se identificó que para 22 controles que se deben ejecutar de forma mensual se deben arrojar 132 resultados de monitoreo para el periodo de diciembre de 2016 a mayo de 2017, y todos fueron reportados

como aprobados, no obstante, solamente 81 monitoreos eran aprobados y 51 monitoreos eran fallidos». De ahí que, no había lugar al reintegro ni a la indemnización reclamada. Por último, dijo que el promotor del proceso nunca presentó queja de acoso laboral. Formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no debido, existencia de justa causa para la terminación del contrato de trabajo, calificación de justa causa por los contratantes, buena fe de la demandada, mala fe del actor, pago, prescripción, compensación y la genérica (f.os 130 a 169).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 3 de diciembre de 2020, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que entre el demandante señor JOSÉ

RAMIRO PÁEZ OLARTE y la sociedad SCOTIABANK COLPATRIA

S. A. antes CITIBANK COLOMBIA S.A., existió un contrato de trabajo a término indefinido por el periodo comprendido entre el 06 de febrero de 2000 y hasta el día 25 de septiembre de 2017, conforme se analizó en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR a la demandada SCOTIABANK COLPATRIA S. A. antes CITIBANK COLOMBIA S. A-, a pagar al demandante la indemnización por despido sin justa causa que trata el artículo 64 del CST, por un valor de $60.531.313.

TERCERO: ABSOLVER a la entidad accionada de las demás

pretensiones invocadas en la presente acción, tales como el reintegro, pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social, prima extralegal de navidad, nivelación salarial, indemnización moratoria, entre otras, conforme a lo expuesto en la parte motiva y frente a estas DECLARAR demostrada la excepción de COBRO DE LO NO

DEBIDO e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN.

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, Fíjense como agencias en derecho a su cargo la suma de 10 SMLMV para el año 2020 (f.os 1008 y 1009).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver los recursos de apelación formulados por las partes, mediante fallo del 22 de abril de 2022 revocó la decisión de primer grado, en su lugar, absolvió a la demandada; condenó en costas de primera instancia a la parte actora y se abstuvo de imponerlas en la segunda instancia.

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Radicación n.° 96631 En lo que interesa al recurso extraordinario, el colegiado refirió las declaraciones rendidas por Jairo Alberto Rendón, Anderson Cabezas, Martha Carolina Sánchez, Leidy Johana Arias y Gladys Ballesteros, así como la traducción del Apéndice de la Gestión del Riesgo Operativo – Normas de Evaluación y Control del Gerente, en donde se plasmó que el MCA implica la identificación, desarrollo e implementación de las actividades de evaluación de riesgos y monitoreo de control adaptado a cada riesgo operacional significativo, así

como el análisis, evaluación y reporte de información de control y al documento de Procedimiento de Evaluación de Control del Gerente. Indicó que el actor mediante correo del 4 de agosto de 2017 dirigido a Claudia Isabel López, Lina María Ochoa y Camila Moreno comunicó que la diferencia de los valores fue detectado por él e informado a Jairo Rendón teniendo en cuenta que tendrían la reunión con la auditoría; que efectuó los monitoreos de forma mensual, pero el reporte se enviaba trimestralmente, sin que los resultados fueran cuestionados, y que cometió el error de no tener los soportes de cada proceso que llevó a cabo, como era su función. Explicó que el 22 de agosto de 2017 el extrabajador fue citado a diligencia de descargos, que se adelantó desde las 4:00 p.m. hasta las 7:48 p.m. En ella aceptó haber recibido entrenamiento sobre el manejo del MCA y conocer sus responsabilidades; admitió que dentro de su cargo estaban las funciones de monitoreo para los controles de cada

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Radicación n.° 96631 proceso y que guardaba los soportes, pero no tenía los correspondientes al BOF para 1Q y que para el 2Q los datos los extraía del MIS, por lo que no sacó un print; que consolidó la información de forma trimestral porque pensó que era la forma de hacerlo. Que también «Aceptó que el MCA indica que el test debe hacerse mensual, pero explicó que bajo su criterio lo hizo trimestral y no tuvo cheker que le hiciera la corrección.» Luego admitió «que realizó el proceso mensualmente, pero no dejó los soportes de la gestión “mi error por lo que asumo es no dejar

los soportes de la validación que yo hago mensual” […]. Se refirió al interrogatorio de parte del actor, en donde aceptó que a su cargo estaba el área de branches, que era la encargada de generar los informes de todas las sucursales a nivel nacional y de la cual surgía un reporte en Excel denominado MIS, que recopilaba la información de las visitas mensuales que hacía el grupo BOF, allí se consolidaban los datos; que fue cuestionado por no tener soportes físicos que lo respaldaran. También había aceptado que remitió la comunicación porque tuvo conocimiento de la auditoría que se realizaría, por lo que adelantó una validación para tenerlo todo listo y verificar que las cifras concordaran con lo que reportó y que no tenía obligación de dejar soportes de pantallazos porque era un simple excel de consolidación. El colegiado consideró que las pruebas evidenciaban que la demandada había demostrado las justas causas invocadas en los numerales 1 y 3 de la carta de terminación.

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Radicación n.° 96631 La primera, referente a que la frecuencia de los monitoreos documentada en el MCA estaba definida de forma mensual, pero el trabajador lo estaba haciendo de manera trimestral, lo que distorsionaba el resultado del indicador; la segunda, que para el 2Q 2017 (marzo, abril y mayo) el demandante no había dejado evidencia en papel de trabajo o documentación del monitoreo efectuado, esto es, no existían soportes del cálculo de los indicadores que justificaban el resultado que se reportó como aprobado. Estimó que, de los correos electrónicos del 10 de julio y

4 de agosto de 2017, del acta de descargos y del interrogatorio de parte del demandante, apreciaba que él conocía el contenido y alcance del MCA; que fue capacitado para aplicarlo y era consciente de que debía adelantar el proceso de forma mensual, con base en la información que era remitida por el BOF con los resultados de las visitas a las oficinas y que Anderson Cabezas ingresaba al MIS, además, que sabía que de cada proceso debía dejar la correspondiente constancia o soporte y, pese a ello, no lo hizo. Aclaró que si bien el demandante aseguró que realizó el proceso de forma mensual y que los datos al momento de la auditoría variaron porque la información que estaba registrada en el MIS no era la misma con la que efectuó la validación mensual, no había prueba de ello, destacando que «el actor aceptó que no tenía soportes del BOF para el 1Q y que para el 2Q la información la extraía del MIS, que era manejado por Anderson Cabezas y por esa razón no sacó print».

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Radicación n.° 96631 Añadió que, aunque el accionante argumentó que en cumplimiento de sus deberes advirtió sobre la inconsistencia detectada en los registros, lo que se observaba era que lo hizo porque la auditoría solicitó ciertos datos y, previo a su entrega, identificó las inconsistencias generadas por los procesos que debió efectuar de forma mensual y no trimestral, como aceptó haberlo hecho. En cuanto a la afirmación del actor de haber sido citado a la diligencia de descargos en la misma fecha y por ello no

tuvo oportunidad de aportar pruebas, dijo que el demandante, desde el 6 de agosto de 2017 realizó un informe espontáneo a través de correo electrónico, el que no distaba de lo manifestado en los descargos. De ahí que, desde esa fecha hasta el 22 de agosto de esa anualidad había tenido oportunidad de documentarse y acopiar lo necesario para dar las explicaciones correspondientes. Conforme a ello, no le había sido vulnerado el derecho al debido proceso. Resaltó que en la carta de terminación se invocaron los numerales 1 y 5 del artículo 58 del CST; el artículo 62, subrogado por el artículo 7 del Decreto Ley 2351 de 1965, literal a) numeral 6 y los artículos 47 literales e) y g), 51 numerales 1 y 5 y 56 literal f. Indicó que en el artículo 47 del reglamento interno de trabajo se establecían como deberes de los trabajadores, ejecutar las actividades con honradez (literal e) y ser verídico en todo caso (literal g); por su parte, el artículo 51 imponía la siguiente obligación:

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Radicación n.° 96631 Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular les imparta la empresa a sus representantes según el orden jerárquico establecido y comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes para evitarle daños y perjuicios. Aludió a que el artículo 56, literal f), del mencionado

reglamento consagró las faltas graves, entre ellas la violación grave por parte del trabajador a las obligaciones contractuales o reglamentarias. A continuación, citó la providencia CSJ SL, 10 mar. 2012, rad. 35105, de la cual destacó que, según la jurisprudencia, al fallador le compete calificar la gravedad de la conducta cuando se alegaban los supuestos contenidos en el numeral 6, literal a), del artículo 7 del Decreto 2531 de 1965. En ese entendido señaló que, De la lectura integral de la misiva que puso fin a la relación laboral se extrae que la demandada en el reglamento interno no incluyó las conductas endilgadas al demandante como graves. Empero, la Sala estima que estas revisten tal carácter, pues el ejercer el cargo de MCA Coordinator era primera línea de defensa en el marco de gestión de control en el banco y su empleador le confió la tarea de administrar los riesgos y controles operativos dentro de su ámbito de competencia, relativo a diseñar controles que mitiguen los riesgos identificados; garantizar que los controles funcionen de manera efectiva y que las actividades de monitoreo y evaluación de detección revelen debilidades significativas o sistémicas para el logro de los objetivos y actividades del negocio, según está dispuesto en el MCA 2.1. Visión General - Marco de Control. Puntualizó que, según el manual de conducta, el promotor del proceso era responsable de la integridad de los datos y la información, incluso de los reportes y documentos

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Radicación n.° 96631 que controlaba, por lo que las acciones y omisiones

constituían una falta a las obligaciones previstas en diferentes documentos y admitidas en distintas oportunidades por el actor, además, porque se trataba de un trabajador de una trayectoria de más de 18 años, lo que suponía un nivel de confianza elevado. Además, era conocedor de los controles y evaluaciones que debía realizar, pese a lo cual «en un acto deliberado y al menos en dos trimestres, tomó la decisión de aplicarlos con una periodicidad diferente y sin guardar los soportes correspondientes, tal como MCA se lo imponía». Con ello, encontró que actuó en contravía de la responsabilidad que su cargo suponía en la protección de los activos tangibles e intangibles de su empleador y con el manejo prudente del riesgo. Explicó que, si bien el actor comunicó a sus superiores sobre las diferencias que halló, no lo hizo porque en ejercicio de sus responsabilidades lo hubiera detectado, sino porque el banco estaba adelantando un proceso de auditoría para el cual le fue solicitada la información. Así, el hecho de reportarlas inmediatamente era su obligación y no un acto loable, como lo consideró el juzgado. Por último, destacó que el control del riesgo no es de menor importancia en una empresa como la demandada, pues basa su continuidad en la credibilidad que pueda tener en el mercado y la confianza que sus clientes depositen en ella, por manera que cualquier acción u omisión en el manejo del riesgo puede impactar los recursos propios y de terceros y la reputación de la entidad financiera.

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Radicación n.° 96631 Por ende, estimó que no era necesario que la

empleadora hubiera sufrido pérdidas económicas para determinar que la conducta endilgada al trabajador era grave, pues el potencial del riesgo ya le otorgaba ese carácter y rompía la confianza del empleador en la gestión de aquel. Por consiguiente, concluyó que la terminación del nexo laboral obedeció a una justa causa comprobada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por la parte actora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que esta corporación case la decisión de confutada, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados y serán resueltos en forma conjunta por valerse de argumentos similares y estar estrechamente relacionados, pese a ser dirigidos por sendas distintas.

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VI. CARGO PRIMERO Acusa a la decisión del Tribunal de la violación indirecta de la ley, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 9, 13, 20, 21, 22, 55, 56, 57 numerales 1 y 5, 58, 59 numeral 9, 61 literal h), 62 numeral 6, 64, 65 y 104 del CST; 1494, 1495, 1502, 1616 y concordantes del CC; 13, 15, 21, 25, 29, 48, 53, 83, 228 y 230 de la CP; 46 de la Ley 1395

de 2010; 42, 50, 51, 60, 61 y 145 y concordantes del CPTSS; 164, 165 y subsiguientes del CGP; artículos 47, 51 numerales 1 y 5, 55 literal d), 56 literal f), 57 y 58 del Reglamento Interno de Trabajo de Citibank Colombia S. A.; así como las Recomendaciones «116 119» y el Convenio 158 de la OIT, acogidas por el Estado colombiano. Postula la comisión de los siguientes errores de hecho: 11.1 No dar por demostrado estándolo, que el demandante cumplió con sus obligaciones contractuales, en especial con el numeral 5 del artículo 58 del CST, al informar personalmente a su jefe directo el señor Jairo Rendón, de las inconsistencias encontradas en la información que debía entregar para la auditoría. 11.2. No dar por demostrado estándolo que la información consolidada por el recurrente para alimentar el MCA con respecto al área de Branches, provenía del MIS, el cual correspondía a una herramienta que se encontraba en proceso de implementación, que no tenía políticas de control y seguridad aprobadas por tecnología, ni fechas de cierre, consistente en un archivo en Excel que se encontraba en una red pública cuya ruta era: L:/DISTRIBUTION/SHARE/DSS control/ModeloBof2016, y que la misma se encontraba en cabeza del señor Anderson Cabezas y no del recurrente. 11.3. No dar por demostrado, estándolo, que los documentos soporte que respaldaban la información del MCA se podía verificar con la información de los informes del ROE, la cual correspondía a la misma que se consolidaba en el MIS y que el

MIS no tenía soportes, ni históricos y por su volumen no se

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Radicación n.° 96631 podían guardar los print screen. 11.4. No dar por probado, estándolo, que el recurrente cumplió con los tiempos de los informes de conformidad con las políticas del MCA, de manera mensual y trimestral, como se evidencia en los correos de fechas abril 06 y julio 4, 7 y 10 de 2017, así mismo, se probó que de no haber realizado los reportes de manera correcta, dentro de los términos señalados en las políticas, se hubieran encendido las alarmas desde IN BUSINESS RISK AND CONTROL, y el primero en enterarse de dicha omisión sería el jefe inmediato del recurrente (de acuerdo con las funciones de su descripción del cargo) y se hubiera presentado en todas las diez (10) áreas que él manejaba, precisamente por el objeto social de la demandada era imposible que no se hubiera detectado que el recurrente estuviera realizando los reportes de manera equivocada a lo ordenado por las políticas. 11.5. No dar por probado estándolo, que se dio por terminado el contrato sin una justa causa que demostrara que el recurrente incumplió con sus obligaciones contractuales de que trata el artículo 58 numerales 1 y 5, y 62 del CST y lo señalado en el Reglamento Interno de Trabajo, artículos 47 literales e y g, 51 numerales 1 y 5 y 56 literal f, siendo que el recurrente ejecutó su labor con honradez y lealtad, verificó la información que le arrojó

error e informó de inmediato a su jefe inmediato con el propósito de corregir los errores y detectar el origen de los mismos, si provenían del MIS o del BOF. 11.6. No dar por demostrado estándolo, que la demandada violó el debido proceso del recurrente no solo porque la citación para descargos fue entregada con menos de seis (6) horas para la realización de la diligencia y que le fue ocultada información que nunca le dieron a conocer, como el informe de auditoría, el cual arrojaría los supuestos errores en que incurrió el recurrente y la declaración rendida por el señor Anderson Cabezas, la cual la practicaron con posterioridad a la diligencia de descargos. 11.7. No dar por probado estándolo, que, si los errores que detectó el recurrente fueran de la matriz del MCA, las alarmas se hubieran encendido por la cantidad de reportes fallidos, de acuerdo con los controles y cierres que manejaba el banco, sin embargo, las diferencias se encontraban en el MIS, por tratarse de un archivo dinámico que no contaba con fechas de cierre, así mismo con la periodicidad de los reportes consolidados, quedando probado que el recurrente los realizó de acuerdo a los parámetros dados desde IN BUSINESS RISK AND CONTROL, si las diferencias halladas hubiesen sido del MCA, se hubieran detectado desde el reporte del cierre y el envío de la información, pero las diferencias se dieron en el MIS, archivo que no se enviaba en el reporte consolidado del MCA, por tratarse de una herramienta que permitía consolidar la información cargada del equipo del BOF.

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Radicación n.° 96631 11.8. No dar por demostrado estándolo, que la persona que da por finalizado el contrato de trabajo del recurrente aduciendo una justa causa inexistente, señora Lina María Ochoa, ingresó al área de operaciones en agosto de 2017 y se retiró del banco el 31 de octubre de 2017, y que la persona que manejaba el proceso del MIS no la conoció, por lo que la señora Ochoa no podía tener un conocimiento técnico y objetivo sobre el manejo del área, del MIS y de las supuestas fallas cometidas por el recurrente, por lo que confundió los procesos del MCA con los del MIS y exigía cumplimiento de las políticas del MIS como si fueran del MCA, cuando el MIS era una herramienta en Excel que se encontraba en proceso de implementación y que no contaba ni con políticas, ni fechas de cierre, señalando cargos e incumplimientos del MIS al recurrente, cuando éste no era responsable de esa matriz y solo tomaba la información del MIS para consolidarla en el MCA. Denuncia como pruebas erróneamente apreciadas: -Descripción del cargo. -Citación a descargos. -Acta de diligencia de descargos. -Document