CSJ - SL3040-2023

OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR Magistrado ponente SL3040-2023 Radicación n.°94744 Acta 37 Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 13 de octubre de 2021, en el proceso que instauró la señora CECILIA OCAMPO DE LOPEZ contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Según la demanda y su reforma que adicionó pretensiones, fs.º 68 al 74, (PDF No. 07), CECILIA OCAMPO DE LÓPEZ llamó a juicio a COLPENSIONES, con el fin de que se declare que el finado LUIS LÓPEZ MESA fue acreedor de la transición a la luz de lo normado en el artículo 36 la Ley

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Radicación n.° 94744 100 de 1993. Se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor LUIS LÓPEZ MEZA de conformidad con lo normado en los arts. 12 y 13 del D. 758 de 1990, «aprobado por el Acuerdo 049 de 1990» y a reconocer la pensión de sobrevivientes a su favor, como cónyuge supérstite, desde el 10 de julio de 2004, cuando falleció LUIS LÓPEZ MEZA, al tenor de los arts. 25,

26 y 27 del D. 758 de 1990 «aprobado por el Acuerdo 049 de la misma anualidad», junto con los intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación. En subsidio, reclamó la indemnización sustitutiva de conformidad con los arts. 37 y 49 de la Ley 100 de 1993. En la demanda inicial, la demandante solicitó que se condene a COLPENSIONES a reconocerle la pensión de sobrevivientes como cónyuge supérstite, desde el 10 de julio de 2004, cuando falleció LUIS LÓPEZ MEZA, con fundamento en los arts. 25 al 27 del D. 758 de 1990, «aprobado por el Acuerdo 049 de la misma anualidad», junto con los intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación. Fundamentó sus peticiones, en lo que interesa al recurso extraordinario, en que Luis López Meza cotizó al régimen de seguridad social, en pensión, un total de 1008 semanas, entre tiempos públicos y privados comprendidos entre el 1 de julio de 1961 y el 31 de agosto de 1997, tal y como reposa en los certificados que fueron expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN y la historia laboral expedida por Colpensiones. Por lo anterior,

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Radicación n.° 94744 sostuvo que era aplicable el beneficio consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y estaba estructurada la pensión al momento de la muerte de su cónyuge conforme al

Acuerdo 049 de 1990 y también a lo normado en la Ley 71 de 1998, ya que cumple con el lleno de requisitos que esta ley impone. Igualmente, la actora manifestó que contrajo matrimonio con el causante el 24 de diciembre de 1961, procrearon cuatro hijos y convivieron hasta el momento del deceso. Que COLPENSIONES le negó la pensión con el argumento de que su difunto esposo no completó el requisito mínimo de 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores a su fallecimiento, tal como lo estipula el art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003. La demandante sostuvo que los argumentos esbozados de la Resolución GNR 210091 de 21 de agosto de 2013 son totalmente inconducentes normativamente, habida cuenta que, si bien es cierto Luis López Mesa falleció en la vigencia de la Ley 797 de 2003, no es menos cierto que en nuestro sistema normativo existen principios rectores como el de la condición más beneficiosa y la favorabilidad. La actora alegó que, frente a las pensiones de sobrevivencia, teniendo en cuenta que no hubo transición normativa para aquellos casos, las personas pueden acceder a la norma o al régimen anterior y estructurar un derecho pensional. Anotó que el señor Luis López Meza causó el

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Radicación n.° 94744 derecho pensional al momento de su fallecimiento ya que, al cumplir con lo normado por el art. 36 de la Ley 100 de 1993, en relación al derecho transicional, su situación pensional

debía ser estudiada a la luz de lo normado por los artículos 12 y 25 del D. 758 de 1990 y el art. 1 de la Ley 71 de 1998. Al dar respuesta a la demanda inicial, la parte accionada se opuso al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante con ocasión del fallecimiento de Luis López Meza, de conformidad con los artículos 25, 26 y 27 del Decreto 758 de 1990, toda vez que la normatividad aplicable es la vigente a la muerte del afiliado, esto es, la Ley 797 de 2003 y no, la invocada por el accionante. En cuanto a los hechos, los aceptó parcialmente y aclaró que la entidad expidió la Resolución GNR 210091 de 21 de agosto de 2013 de conformidad con las pruebas documentales aportadas por la demandante anexas a la demanda. Señaló que, una vez revisada la historia laboral del señor Luis López Meza, se podía colegir que el afiliado no cotizó las 50 semanas anteriores a los tres últimos años inmediatos a su fallecimiento, requisito indispensable para el reconocimiento de la prestación deprecada por la demandante, pues el afiliado «únicamente cotizo 46 semanas al Sistema General de Pensiones dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento», y no es procedente reconocer la pensión de sobrevivientes al no

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Radicación n.° 94744 cumplir con los requisitos, tal como lo exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. En su defensa, propuso las excepciones de inexistencia

de la obligación y falta de derecho para pedir; buena fe; cobro de lo no debido; prescripción y la innominada o genérica. La contestación a la reforma de la demanda fue extemporánea y se dio por no contestada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 22 de julio de 2020, resolvió: PRIMERO: Declarar parcialmente probado la excepción de “PRESCRIPCIÓN” presentada por COLPENSIONES respecto del retroactivo pensional.

SEGUNDO: Declarar que la señora CECILIA OCAMPO DE LOPEZ en su calidad de cónyuge supérstite, tiene derecho al 100% de la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento del señor LUIS LOPEZ MEZA, en cuantía de $358.000, a partir del 10 de julio de 2004, por los motivos expuestos en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a COLPENSIONES al pago del retroactivo pensional ya indexado a favor de la señora CECILIA OCAMPO DE LOPEZ por valor de $63.311.608, desde el 30enero-2015 hasta el 30-junio-2020, sin perjuicio del que se cause hasta el pago efectivo de la obligación, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Ordenar a COLPENSIONES incluir en nómina de pensionados y en los servicios de salud a la señora CECILIA

OCAMPO DE LOPEZ.

QUINTO: Autorizar a COLPENSIONES para que descuente de las

condenas aquí impuestas por retroactivo pensional las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, de conformidad con las disposiciones legales.

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SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de esta demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEPTIMO: CONDENAR en costas a la parte demandada COLPENSIONES, señalando como agencias en derecho el 5% de las condenas impuestas de conformidad con el Acuerdo PSAA1610554 del 2016.

El juez de primera instancia tuvo en cuenta que, si bien con la demanda inicial no se pretendía que la entidad demandada reconociera la pensión de vejez post-mortem al finado Luis López Meza, dicha pretensión fue solicitada posteriormente en la reforma a la demanda. En ese orden, verificó, en primer lugar, si Luis López Meza en vida reunió los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez como beneficiario del régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; para, en caso positivo, determinar si, con ocasión a su deceso, la demandante tiene derecho a sustituirlo o no. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, el juez de primera instancia determinó que el cotizante fallecido era beneficiario del régimen de transición y procedió a examinar si cumplió los requisitos para causar la pensión. Examinó el caso del afiliado con base en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 que exige 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y la edad de 60 años. Así, concluyó que

López Meza cumplió 60 años el 16 de noviembre de 1999, sin embargo, únicamente logró cotizar 17 años y 10 meses en el sector público y privado, por lo que determinó que no se

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Radicación n.° 94744 causó la pensión de jubilación bajo los parámetros de la Ley 71 de 1988. Por otro lado, el juez de primera instancia se remitió a la nueva postura de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SL 1947-2020, que permite la sumatoria de tiempos de servicio en el sector público sin cotización al ISS con semanas efectivamente cotizadas a esta entidad, hoy Colpensiones, a efectos de conceder la pensión de vejez regulada por el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad), aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Conforme a lo anterior, el juzgador recordó que el señor Luis López Meza cumplió 60 años el 16 de noviembre de 1999 y determinó que, en el periodo comprendido entre noviembre de 1999 y noviembre de 1979, laboró un total de 246,9 semanas, sin lograr acreditar un mínimo de 500 semanas de cotización dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima; y, durante toda su vida laboral (incluyendo los tiempos públicos y privados) logró cotizar 919,81 semanas (390,67 de tiempo de servicio público y 529,14 cotizadas en el ISS, hoy Colpensiones). Por tanto,

concluyó que tampoco cumplió los requisitos previstos en el Acuerdo 049 de 90 para causar el derecho a la pensión de vejez, pues no logró acreditar un número de 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.

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Radicación n.° 94744 Tras lo anterior, reconoció la pensión de sobrevivientes con fundamento en la condición más beneficiosa, siguiendo la sentencia CCSU 005-2018, con base en el Acuerdo 049 de 1990, por tener 390,92 semanas cotizadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y negó los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante fallo de 13 de octubre de 2021, al resolver la apelación de ambas partes (la demandante, insistió en los intereses moratorios solamente, guardó silencio sobre la negativa de la pensión de vejez) y la consulta en favor de COLPENSIONES, modificó la decisión de primera instancia, únicamente sobre las costas, así: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia de fecha veintidós (22) de julio de 2020, emanada por el Juzgado Primero Laboral de del Circuito de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral de CECILIA OCAMPO DE LÓPEZ contra COLPENSIONES, y en su lugar se dispone: CONDENAR a la demandada a las costas de primera instancia en el 3% del valor de las condenas impuestas y en favor de la demandante.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada y consultada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que los problemas jurídicos a resolver dentro del presente asunto, en primer lugar, consistieron en determinar si a la demandante le asiste el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y teniendo en cuenta la sentencia de la CC

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Radicación n.° 94744 SU005-2018. De ser positiva la respuesta anterior, en el grado de consulta, verificaría si se cumplieron los requisitos para acceder a ella, la fecha de pago de la pensión y el monto de esta. En segundo lugar, en establecer si procedían o no los intereses moratorios. El Tribunal determinó que la norma aplicable en el caso de la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esto fue, el 10 de julio de 2004, tal como constaba en el registro civil de defunción visible a folio

14. Por tanto, la norma aplicable al caso son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que exige acreditar 50 semanas de cotización dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Bajo el anterior contexto normativo, de acuerdo con las pruebas documentales allegadas al plenario y el expediente administrativo de LUIS MEZA LOPEZ, el juez colegiado estableció que la última cotización fue «el 31 de agosto de 1997», por tanto, no cotizó semana alguna dentro de los tres

años anteriores a la muerte, los que van desde 10 de julio de 2001 hasta el «10 de julio de 2006», sic. En consecuencia, determinó que el afiliado no cumplía con el requisito de las 50 semanas «dentro del año inmediatamente anterior a la muerte». Sobre la pretensión del reconocimiento de la pensión de vejez post mortem, el sentenciador manifestó que el juez de primer nivel había concluido que el fallecido Luis Meza

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Radicación n.° 94744 López no dejó causado el derecho al otorgamiento de la pensión y este aspecto no fue apelado por la parte demandante, en tanto que, por virtud de la consulta, solo debía revisar la decisión de primera instancia en lo desfavorable a Colpensiones, por lo que señaló que solo procedía analizar si, en el caso concreto, era viable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. El Tribunal refirió que la jurisprudencia ha admitido que los cambios legislativos en el sistema pensional no pueden desconocer los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los individuos, y, en ese orden, se hace necesario acudir a los principios establecidos en el ordenamiento jurídico, en este caso, al de la condición más beneficiosa. Se remitió a la sentencia CSJ SL2358-2017, donde esta Sala precisó las reglas bajo las cuales procede la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional, específicamente en el tránsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, reiteradas en la sentencia

SL2866-2021, donde indicó que, bajo ninguna perspectiva, el principio en comento se extiende a la realización de una búsqueda histórica de la norma que ampare la prestación reclamada, pues solo será aplicable la normativa inmediatamente anterior a la fecha de deceso del cotizante, siempre que se encuentre inmersa en el tiempo de consolidación de los presupuestos legales de la disposición jurídica que regule de nuevo el asunto.

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Radicación n.° 94744 El juez colegiado determinó que, en este caso, la norma inmediatamente anterior a la fecha de la muerte del afiliado es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, y que el afiliado fallecido tampoco dejó cumplidos los requisitos allí exigidos, puesto que el deceso no se produjo entre el 29 de enero de 2003 y «el 29 de enero de 2006», sic, y el afiliado fallecido no se encontraba cotizando al momento del cambio legislativo, pues recordó que la última cotización fue realizada el 31 de agosto de 1997. En ese sentido, determinó que, además de haberse producido la muerte en ese lapso, debió haber cotizado 26 semanas en el año que antecede al cambio normativo, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002, situación que no se acreditó en este caso. Agregó que, en la sentencia CSJ SL2868-2021, se adoctrinó que la condición más beneficiosa no es absoluta ni atemporal y, por el contrario, constituye una excepción a

la regla de «retrospectividad legal», de manera que la aplicación de la norma anterior solo puede justificarse durante un lapso de tres años, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, para quienes cumplan las exigencias contempladas en la jurisprudencia, tal como se dejó sentado en las providencias CSJ SL2577-2020 y CSJ SL1742-2021, presupuesto que no satisfizo el causante. Seguidamente, el sentenciador se remitió a la aplicación de la tesis imperante de la Corte Constitucional y que fue

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Radicación n.° 94744 utilizada por el a quo para conceder la prestación reclamada, vertida en la sentencia de unificación SU005-2018, e indicó que la misma plantea la posibilidad de que, en los casos donde se analice el principio de la condición más beneficiosa, cuando el fallecimiento del afiliado acaeciera en vigencia de la Ley 797 de 2003, pueda aplicarse la norma anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, el derogado Acuerdo 049 de 1990, siempre y cuando el afiliado haya cotizado 300 semanas antes de la entrada en vigencia la citada ley. Señaló que, no obstante lo anterior, la misma Corte Constitucional, en dicha providencia, en aras de unificar criterios y establecer una medida de protección de los derechos fundamentales de ciertas personas, estimó que solo resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa respecto de las personas vulnerables, en el sentido de aplicar de manera ultractiva el

mencionado acuerdo o regímenes anteriores, en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica. Manifestó que, dentro de ese grupo poblacional categorizado como vulnerable, la Corte Constitucional creó un test de procedencia, con cinco condiciones, cada una necesaria y en conjunto suficientes, para la aplicación de tal principio, como era la «prueba de la dependencia económica» de la actora respecto del fallecido, la cual encontró probada en el caso de autos con los testimonios.

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Radicación n.° 94744 Igualmente, el colegiado observó el certificado del RUAF que fue tenido en cuenta también por el juez de primer nivel, de donde coligió que la accionante no presenta afiliaciones a pensión, es madre cabeza de familia, pertenece al régimen subsidiado en salud, tenía 78 años, y el afiliado no se encontraba cotizando al sistema pensional al momento del fallecimiento debido a la enfermedad que padeció y que, de acuerdo con el dicho de las testimoniales, le impidió seguir laborando. Bajo ese contexto, el Tribunal dio por acreditados los supuestos planteados en el test de procedencia y acogió la postura de la Corte Constitucional contenida en la mencionada sentencia de unificación y reconoció la pensión de sobrevivientes con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, arts. 25 y siguientes, que exige 150 semanas cotizadas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento y entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, o 300 semanas en cualquier

época, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, al establecer que el causante contaba con 390,92 semanas a la entrada en vigor de la mencionada ley. Sobre el requisito de convivencia, recordó la tesis imperante de la CSJ SL 2820-2021 de que este no se exige en los casos de pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado, sino solo cuando se trata de pensionado fallecido, como también la de la Corte Constitucional contenida en la sentencia SU149-2021, donde se dispone que es indispensable establecer la mencionada convivencia en ambos casos, tanto para los eventos donde fallece el

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Radicación n.° 94744 pensionado o el afiliado, e indistintamente si se trata de compañeros permanentes o cónyuge. No obstante, el juez de segundo grado estimó que, en el presente asunto, la mencionada exigencia también se satisfacía, en tanto se pudo establecer con la prueba testimonial que la actora convivió con el afiliado hasta la fecha de su muerte y de esa unión procrearon cuatro hijos. Con base en lo anterior, el juez colegiado confirmó la sentencia de primera instancia, haciendo la salvedad de que esa colegiatura dio aplicación a lo estatuido en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, pues su contenido es vinculante y de obligatorio cumplimiento, y solo se podía apartar de éste de manera motivada, y consideró que la motivación de la Corte Suprema de Justicia no era suficiente para apartarse de la postura tomada por la Corte Constitucional, ya que esta

responde a los postulados de salvaguarda de la Constitución y los derechos fundamentales que allí se pregonan, además de ser una fuente de derecho para los jueces que integran la norma constitucional, tal como se ha indicado por la misma Corte Constitucional en sentencia C621-2015, amén de que no se trata de aplicarla en todos los casos, sino en los eventos expresamente excepcionados en la misma jurisprudencia, aplicando el test de procedencia. Con relación a la fecha de pago, el Tribunal confirmó la decisión emitida por la juez de primer grado y negó los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993

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Radicación n.° 94744 en razón a que se estaba ordenando el pago de una pensión de sobrevivientes debido a la aplicación de una sentencia constitucional, según la sentencia CSJ SL4650-2017, reiterada en la sentencia CSJ SL 2557-2020.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por COLPENSIONES, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente pretende que la Corte case la sentencia impugnada en cuanto confirmó la sentencia de primer grado que le concedió a la demandante la pensión de sobrevivientes, para que, en sede de instancia, se revoque, salvo el numeral sexto que absolvió a la entidad de los intereses moratorios y, por tanto, se absuelva a Colpensiones de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, y no hubo réplica.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la sentencia de violar por vía directa, en la modalidad de infracción directa (falta de aplicación) del artículo 12 de la Ley 797 de 1993 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 25 del «Decreto 758 de 1990» que aprobó el

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Radicación n.° 94744 Acuerdo 049/90, 16 del CST, en relación con los artículos 47 de la Ley 100 de 1993, 29, 48, 53, 230 de la Constitución; 60, 61 y 145 del CPTSS; 1 del AL 1 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución. La censura dejó en claro que no es motivo de discordia que el cotizante falleció el 10 de julio de 2004, por lo que la norma aplicable es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y señaló que el afiliado que fallezca deberá acreditar 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento; que la última cotización realizada por el afiliado al sistema fue el 31 de agosto de 1997, por lo que, en los tres años anteriores al 2004, cuando falleció, no cotizó ninguna semana, razón por la cual no dejó causado el derecho pensional pretendido por la demandante y tampoco dejó acreditado la condición más beneficiosa con el artículo anterior, es decir, el 46 original de la Ley 100 de 1993. Señaló que el reparo estriba en que, no obstante, de

todas maneras, la sentencia le concedió a la demandante la pensión de sobrevivientes pretendida, en aplicación del criterio vertido en la sentencia CC SU-005-2018, en el sentido de que para la aplicación de la condición más beneficiosa es posible aplicar la norma más favorable, aunque no sea la inmediatamente anterior. Para la censura, con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el ad quem descartó de manera desafortunada el criterio pacífico y vigente de esta Sala y

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Radicación n.° 94744 olvidó que, tal y como lo establece el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, extendido a las normas sobre Seguridad social, estas normas son de orden público y producen efecto general inmediato a partir de su promulgación, razón por la cual se ha establecido que la pensión de sobrevivientes debe ajustarse a la normatividad vigente al momento de la muerte del afiliado, dado que la Ley 100 de 1993 no estableció un régimen de transición para esta modalidad de pensión. Acusó al Tribunal de no aplicar el art. 12 de la Ley 797 de 2003 y que es contrario a derecho señalar que las cotizaciones realizadas bajo una normatividad anterior producen efectos hacia el futuro y consolidan el derecho para el reconocimiento de la pensión, a pesar de que, en materia de pensión de sobrevivientes, se ha establecido que estas generan una mera expectativa y no, un derecho adquirido. La recurrente alegó que la jurisprudencia ha enfatizado que la condición más beneficiosa debe proteger las

expectativas legítimas, pero jamás busca encontrar una norma derogada que sea más conveniente, para lo cual, en el caso de la pensión de sobrevivientes, la expectativa legítima se define según la situación de un afiliado ante un tránsito legislativo, teniendo en cuenta que haya cotizado el mínimo de semanas exigido en la norma precedente, que no puede ser indefinido en el tiempo, como desatinadamente concluyó el Tribunal con la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, vulnerando el principio de legalidad y seguridad jurídica, al

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Radicación n.° 94744 no aplicar la legislación vigente para remitirse a una norma derogada que no era posible tener en cuenta. La impugnante invocó la sentencia CSJ SL1938-2020, donde se encuentran las condiciones establecidas para la invocación del principio de la condición más beneficiosa que no corresponde a una regla absoluta y aplicable a todos los casos, sino a condiciones especiales, donde se logre establecer que: i) la legislación aplicable al caso concreto corresponde a la vigente al momento del siniestro; ii) las normas laborales y pensionales, por regla general, tienen efectos inmediatos y hacia el futuro; iii) la condición más beneficiosa se extiende exclusivamente a la legislación anterior; y iv) se protege la expectativa legítima proveniente del cumplimiento de los requisitos para su configuración. Anotó que la Sala Laboral en diversos pronunciamientos, con el fin de valorar la posibilidad de estudiar el asunto conforme a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en su texto original, ha limitado la aplicación del

principio de la condición más beneficiosa única y exclusivamente a la norma directamente anterior a aquella en donde acaeció el fallecimiento del afiliado para que se cause el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, porque el juez no puede desplegar un ejercicio histórico para ver que norma pudiere llegar a servir (Sentencia CSJ no. 32.642 de 9 de dic. de 2012). Entonces, la censura alegó que, si en el presente caso la norma aplicable es la Ley 797 de 2003 para la pensión de

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Radicación n.° 94744 sobrevivientes, de ninguna manera correspondía aplicar el Acuerdo 049 de 1990, porque la condición más beneficiosa solo habilitaría el estudio pensional bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993 en su versión original, por tratarse de la norma inmediatamente anterior en que ocurrió la muerte del causante. En relación con la sentencia CCSU05-18 que el Tribunal tuvo en cuenta para confirmar la decisión de primera instancia, la censura se refirió a la sentencia CSJ SL-3292-2022, donde esta Sala ha puntualizado que, en la práctica, esa decisión significa la aplicación absoluta e irrestricta del principio de la condición más beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional, como también desconoce los principios de aplicación en el tiempo de la legislación de seguridad social, principalmente los de aplicación general e inmediata y de

retrospectividad. Por otra parte, la entidad recurrente invocó la sentencia CSJ SL1884-2020, en la que, entre otras cosas, se dijo: …la Sala no encuentra que sea procedente modificar la posición pacífica de la Corporación frente al tema, pues toda prestación debe reconocerse conforme a las condiciones establecidas en la legislación vigente aplicable, o en la inmediatamente anterior, en virtud del principio de la condición más beneficiosa; y el hecho de que no sea viable el otorgamiento de la pensión solicitada, no implica que las cotizaciones se pierdan porque en ese evento la legislación contempla el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de dicha prestación.

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Radicación n.° 94744 Para reforzar lo anteriormente expuesto, resaltó que el reconocimiento de la pensión, fundamentado en la infracción directa (falta de aplicación) de la normativa que se endilga, afecta ostensiblemente el principio de sostenibilidad financiera, cuyo mandato es de raigambre constitucional, contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2005, de manera que el acto legislativo impuso al Estado el deber de garantizar la materialización de este principio en el ejercicio de la configuración legislativa, deber que se hace extensivo a la actividad estatal de administración de justicia que se concreta en la hermenéutica de la ley. Adicionalmente, la censura invocó lo asentado por la Corte Constitucional en la sentencia CCSU140-19, a saber: «la sostenibilidad financiera del sistema pensional, más allá de un principio, es una norma jurídica que establece en cabeza

del operador judicial un mandato hermenéutico encaminado a lograr una relación de medio a fin entre esta última sostenibilidad y los propósitos de universalidad, solidaridad e integridad que rigen el sistema de la seguridad social». Recordó que la tesis anterior fue refrendada en la sentencia CCSU149-2021, en la cual esa corporación rememoró que la importancia de este principio recae no solo en la promoción de la universalidad, sino en la satisfacción del derecho mismo a la seguridad social. La recurrente concluyó que, en este contexto y atendiendo a que el régimen de prima media administrado por Colpensiones es un sistema reglado, el respeto del

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Radicación n.° 94744 principio de sostenibilidad financiera se materializa no solo en la p