CSJ - SL3041-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL3041-2023 Radicación n.° 92697 Acta 42 Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por ANDRÉS PÉREZ CARREÑO y la sociedad INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA - INDUPALMA LIMITADA - EN LIQUIDACIÓN, contra la sentencia proferida por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de noviembre de 2020, en el proceso que instauró el primero en contra de la segunda. AUTO Se admite el impedimento manifestado por el magistrado Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez, conforme al auto de sustanciación visible en el expediente digital y en el folio 33 del Cuaderno de la Corte.

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I. ANTECEDENTES Andrés Pérez Carreño demandó a la sociedad Industrial Agraria La Palma Limitada (en adelante Indupalma Ltda.), hoy en liquidación, con el fin de que se declarara, de manera principal, (i) la nulidad o ineficacia de la conciliación suscrita por ellos el 26 de febrero de 1993, ante la Inspección de Trabajo de Aguachica (Cesar), en lo referente a la pensión de jubilación vitalicia, por tratarse de un derecho cierto e indiscutible; (ii) que su contrato de trabajo terminó voluntariamente por razón de su retiro y (iii) que la pensión de invalidez que actualmente percibe, es compatible con la

de jubilación convencional. En consecuencia, que se condenara a la pasiva a reconocerle y pagarle la prestación extralegal a partir del 29 de noviembre de 2016, los intereses moratorios causados desde el 14 de mayo de 2017 y la indexación de las sumas resultantes. Subsidiariamente, peticionó que se declarara (i) la existencia del contrato de trabajo entre el 6 de septiembre de 1976 y el 14 de febrero de 1993; (ii) la nulidad parcial de la conciliación suscrita el 26 de febrero de 1993, en cuanto a la pensión de jubilación; (iii) que su contrato terminó por retiro voluntario y (iv) que tiene derecho al pago de la pensión de que trata el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, la cual es compatible con la de invalidez que percibe actualmente. Además, pretendió las mismas condenas principales.

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Radicación n.° 92697 En lo que denominó «SUBSIDIARIAS 2», pidió se ordenara a la demandada pagarle a Colpensiones el valor de las cotizaciones que faltaran para que se reconociera el derecho proporcional a la pensión de vejez. Por último, como «SUBSIDIARIAS 3», que se ordenara el pago del cálculo actuarial a la misma entidad, por el tiempo en que laboró para la demandada. Fundamentó sus peticiones, en que suscribió con Indupalma Ltda. un contrato de trabajo, que se ejecutó en Aguachica entre el 6 de septiembre de 1976 y el 14 de febrero

de 1993, lapso durante el cual se desempeñó como obrero de planta extractora. Agregó que el referido contrato terminó por renuncia y que el 26 de febrero de 1993 se celebró una conciliación ante la Inspección de Trabajo de ese municipio, con el objeto de dirimir las controversias existentes real o presuntamente, entre las partes. Indicó que en el acta de la conciliación, quedó consignado que la hoy demandada quedaba a paz y salvo por concepto de salarios ordinarios, en especie, vacaciones, primas legales y extralegales, auxilio de cesantía y sus intereses, «[…] el presunto derecho a la pensión de jubilación», indemnizaciones de todo género y en general por todo concepto, pasando por alto que algunos de los derechos conciliados eran ciertos e indiscutibles. Explicó que a la fecha de suscripción del acta, contaba con más de 16 años y 5 meses de servicio; que entre Indupalma Ltda. y la Asociación Sindical de la Industria

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Radicación n.° 92697 Agraria de la Palma se celebró una convención colectiva de trabajo el 3 de abril de 1987, la cual estaba vigente a la fecha de terminación del contrato de trabajo, siendo beneficiario y que en ella se pactó, en el anexo 2, capítulo 1, artículo 4º, inciso 3º, una pensión de jubilación vitalicia, por retiro voluntario después de 15 años de servicios a Indupalma Ltda. Finalmente, precisó que fue afiliado al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, el 9 de enero de 1991,

motivo por el cual sólo cotizó 111,86 semanas; que nació el 29 de noviembre de 1956, por lo que cumplió 60 años de edad en la misma fecha del año 2016 y que Colpensiones, mediante la Resolución n.º GNR 190086 del 23 de julio de 2013, le reconoció una pensión de invalidez a partir del 1º de agosto de ese mismo año, la cual es compatible con la de jubilación reclamada. Al dar respuesta a la demanda, la empresa se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer de sustento fáctico y jurídico. En relación con los hechos, admitió la vinculación laboral del demandante entre el 6 de septiembre de 1976 y el 14 de febrero de 1993, desempeñando el cargo de obrero de planta extractora; la celebración de la conciliación el 26 de febrero de 1993; la suscripción de la convención colectiva vigente entre el 1º de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1988 y la fecha de nacimiento. De los demás, dijo que no eran ciertos o no le constaban.

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Radicación n.° 92697 Contextualizó que Indupalma Ltda. estaba ubicada en el municipio de San Alberto (Cesar) y se dedicaba al cultivo de oleaginosas, extracción, producción, transformación, comercialización, exportación e importación de aceite de palma, palmiste y demás productos y subproductos de estos cultivos. Destacó que tuvo a su cargo el reconocimiento de la pensión plena de jubilación regulada en el Código Sustantivo

del Trabajo, hasta que el ISS subrogó dicha obligación pensional con la ampliación de cobertura y posterior llamado a inscripciones, lo que cumplió la empresa desde el 8 de enero de 1991, razón por la cual desde ese momento y en aplicación del artículo 41 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, operó la «[…] asunción por parte del ISS de las pensiones de jubilación y de invalidez a cargo de los patrones». Adujo que la convención estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1988, según lo acordado en la cláusula novena, razón por la cual no estaba surtiendo efectos para el momento del finiquito del nexo de trabajo. Además, el demandante no cumplió las condiciones requeridas por el artículo 4 del estatuto extralegal, pues, no arribó a la edad exigida antes del «31 de diciembre de 2005», fecha máxima para consolidar el derecho a la pensión restringida de orden extralegal, conforme a las previsiones del Acto Legislativo 01 de 2005.

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Radicación n.° 92697 Aseguró que al no ser aplicable, lo sería el artículo 37 de la Ley 50 de 1990; sin embargo, se observaba que el demandante se encontraba afiliado al ISS a la fecha de su desvinculación laboral, por lo cual tampoco era beneficiario de esa prestación legal. Y recalcó que no había obligatoriedad de trasladar aportes, cálculos actuariales, títulos o bonos pensionales, pues dichas figuras fueron creadas por la Ley

100 de 1993, cuya vigencia en el Sistema General de Pensiones empezó el 1º de abril de 1994, cuando el contrato ya se encontraba extinguido. En su defensa propuso la excepción previa de cosa juzgada y de fondo las de inexistencia de la obligación y falta de causa, prescripción y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 17 de julio de 2019, decidió: PRIMERO: DECLARAR probada la existencia de un contrato de trabajo entre el demandante ANDRÉS PÉREZ CARREÑO y la INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA -INDUPALMA LTDA., durante el período comprendido entre el 6 de septiembre de 1976 y 14 de febrero de 1993.

SEGUNDO: DECLARAR que la empresa INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA - INDUPALMA LTDA, omitió su obligación legal de pagar los aportes a pensión de ANDRÉS PÉREZ CARREÑO, en el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 1976 y 14 de febrero de 1993.

TERCERO: CONDENAR a la empresa INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA - INDUPALMALTDA a cancelar los aportes a pensión de ANDRÉS PÉREZ CARREÑO, causados entre el 6 de septiembre de 1976 y 14 de febrero de 1993, previa emisión del cálculo actuarial de la entidad pensional donde se encuentre el actor, cifra que debe pagarse a su entera satisfacción.

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CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada y parcialmente probada la excepción de cosa juzgada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 30 de noviembre de 2020, confirmó la sentencia impugnada.

Para fundamentar su decisión, dijo que el problema jurídico a resolver se centraba en establecer si recaía en cabeza de la entidad, la obligación de pagar el valor de los aportes a pensión del demandante, durante el período comprendido entre el 6 de septiembre de 1976 y el 8 de enero de 1991, en los términos y condiciones en que lo consideró y decidió la Juez, «[…] así como la pensión de origen convencional que peticiona el actor, en los términos alegados en el libelo demandatorio; lo anterior, con miras a revocar o confirmar la sentencia apelada». Como premisa normativa de su decisión, mencionó y explicó brevemente el contenido de los artículos 48 de la Constitución Política de Colombia, el 3º de la Ley 100 de 1993, el 72 y el 75 de la Ley 90 de 1946, el 1º del Acuerdo 224 de 1966, el 259 del Código Sustantivo del Trabajo, el 17, el 22 y el 33 de la Ley 100 de 1993, este último en su literal «c», numeral 2º.

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Radicación n.° 92697 También aludió a los artículos 13, 19 y 22 del Código Sustantivo del Trabajo, al 66 de la Ley 446 de 1998, al 1º de la Ley 640 de 2001, al 17 del Decreto Reglamentario 2511 de 1998, al 1502, 1508 y 1513 del Código Civil, al 8º de la Ley 171 de 1961, al 37 de la Ley 50 de 1990, al 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, al 467 y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, al 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y a la convención colectiva de trabajo. En el desarrollo de lo que denominó «premisa fáctica», empezó resaltando que no era motivo de discusión: […] que entre la (sic) demandante y la Sociedad demandada, existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual estuvo vigente desde el 6 de septiembre de 1976 al 14 de febrero de 1993, habiendo finiquitado para esa fecha, por decisión voluntaria del demandante, desempeñando el cargo de OBRERO DE PLANTA EXTRACTORA; y, que a partir del 8 de enero de 1991, la Entidad demandada, INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. - INDUPALMA LTDA., afilió al demandante, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al "I.S.S.", hoy COLPENSIONES; que el 26 de febrero de 1996 (sic), el demandante y la empresa sociedad

INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LTDA. - INDUPALMA LTDA., suscribieron acta de conciliación, en la Inspección de trabajo del Municipio de Aguachica - Cesar, con el objeto de conciliar todas las controversias existentes o presuntamente existentes entre las partes, derivadas del contrato de trabajo que existió entre las partes; que el actor, nació el 29 de noviembre de 1956 y cumplió los 60 años, el 29 de noviembre de 2016; que COLPENSIONES, mediante Resolución GNR190086 del 23 de julio de 2013, reconoció al demandante, pensión de invalidez, a partir del 1º de agosto de 2013. Enseguida, discurrió sobre los dos problemas jurídicos que identificó: el primero, relacionado con si tenía la empresa demandada la obligación de pagar el cálculo actuarial frente al período no cotizado, comprendido entre el 6 se septiembre de 1976 y el 8 de enero de 1991, pues a partir de esta última fecha y hasta la terminación del vínculo, el trabajador fue

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Radicación n.° 92697 afiliado al ISS. El segundo, referido a si tenía derecho el demandante al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional. Para resolver el primero, explicó lo siguiente: […] en cabeza de la accionada INDUPALMA LTDA., sí recae la obligación de reconocer y pagar los aportes a pensión del demandante, del periodo comprendido del (sic) 6 de septiembre de 1976 al 8 de enero de 1991, de acuerdo con el cálculo actuarial que Colpensiones le presente, tal como lo dispuso la Juez de

instancia; ya que, si bien, esta Corporación, no desconoce que la accionada, no estaba obligada legalmente a afiliar al actor al "I.S.S.", dentro del lapso comprendido del 6 de septiembre de 1976 y el 8 de enero de 1991 (sic), por cuanto solo a partir del 8 de enero de 1991, el "I.S.S.", hoy COLPENSIONES, extendió su cobertura para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, al Municipio de Aguachica - Cesar, lugar donde laboraba el actor, tal como se colige del certificado de semanas visto a folios 515 a 517 del expediente; sin embargo, por disposición de lo establecido en el literal "c", del numeral segundo del art. 33 de la Ley 100 de 1993, que por Sentencia T-665 del 26 de octubre de 2015, consideró inconstitucional el condicionamiento de la vigencia del contrato de trabajo, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, Magistrado Ponente, ALBERTO ROJAS RÍOS, como por lo establecido en el art. 75 de la Ley 90 de 1946, también estaba obligada la demandada, a realizar los aprovisionamientos correspondientes para efectuar las cotizaciones al seguro social, una vez ésta Entidad asumiera el riesgo, conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del art. 259 del C.S.T. como en efecto lo asumió. Y en lo concerniente con el segundo problema planteado, reflexionó de la siguiente forma: […] no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión restringida de jubilación de carácter convencional, que peticiona el demandante; ya que, dicha prestación fue objeto de

conciliación entre las partes, como se infiere del acta suscrita entre las partes, el 26 de febrero de 1993, vista a folios 492 a 493 del expediente, siendo susceptible de ser conciliada esta expectativa pensional, por parte del trabajador demandante, por tener su fuente jurídica en la Convención Colectiva de Trabajo y no en la Ley, amen que, para la fecha de conciliación, no cumplía el actor, con la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 4, del capítulo 1, del Anexo No 2, de la Convención Colectiva de

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Radicación n.° 92697 Trabajo, vigente para los años 1987-1988, vista a folios 300 a 422 del expediente, ya que, arribó a la edad de 60 años, el 29 de noviembre de 2016, sin que con el acuerdo conciliatorio se haya transgredido lo estipulado en los artículos 13 y 43 del C.S.T.; aunado a que la parte actora, a quien correspondía la carga de la prueba, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 167 del C.G.P., no logró acreditar clara y fehacientemente, dentro del proceso, que la conciliación celebrada entre las partes, el 26 de febrero de 1996 (sic), ante la Inspección de Trabajo de Aguachica - Cesar, vista a folios 7 a 9 y 492 a 493 del expediente, adoleciera de vicio de nulidad alguno; pues, del texto de la respectiva acta de conciliación, se advierte que no se están conciliando derechos ciertos e indiscutibles del demandante. Insistió en que si bien, el demandante para la fecha de

su desvinculación voluntaria, 14 de febrero de 1993, cumplía con el requisito de tiempo de servicios, esto es, más de 15 años, no tenía la edad requerida para causar la prestación, pues cumplió los 60 años el 29 de noviembre de 2016; de manera que a la fecha de suscripción del acta de conciliación, tan solo tenía una expectativa de pensión convencional, susceptible de ser conciliada, como en efecto aconteció. Finalmente, memoró que la pensión legal restringida de jubilación del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, por disposición del 37 de la Ley 50 de 1990, quedó condicionada a que el trabajador no estuviera afiliado al régimen de seguros obligatorios, al momento del retiro, situación que no se predicaba en este caso, por cuanto el demandante, para la fecha de su retiro, se encontraba afiliado al ISS, hoy, Colpensiones, para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Acotó, por último, que la pensión restringida de jubilación convencional, no era más que una mera expectativa susceptible de ser conciliada.

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IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por ambas partes, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos de acuerdo con los términos y en el orden en que son presentados, dentro de las limitaciones y alcances que otorga este recurso extraordinario.

RECURSO DE INDUPALMA LTDA.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende la demandada que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la proferida por el juzgado, que ordenó el pago de los aportes pensionales, previa emisión del cálculo actuarial para que, en sede de instancia, la revoque y se absuelva de las pretensiones de la demanda. Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, replicado, que se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa a la sentencia de violar por la vía directa y en la modalidad de interpretación errónea de: […] los artículos 72 y 75 de la ley 90 de 1946 y 33 (Parág. 1º, lit. c.) de la ley 100/93, con causa en la infracción directa, por falta de aplicación, de los artículos 260 CST, 76 de la ley 90 de 1946; 41 del acuerdo 049/90 (Decreto 758/90); 29 de la Constitución

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Radicación n.° 92697 Política y 151 de la ley 100 de 1993; lo cual condujo a la aplicación indebida de los artículos 259 CST y 1º del Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, en relación con los artículos 60 y 61 del mencionado Acuerdo; 1º del Decreto 1887 de 1994; 3º del Acuerdo 189 de 1965 (D. 1824/65); 23 y 34 del Acuerdo 044/89 (D. 3063/89); 16 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758/90); 27 del Código Civil y 333

de la Constitución Política. En la demostración del cargo, empieza por aceptar los supuestos fácticos de la decisión del Tribunal, que condensa en los siguientes literales: a. Que el demandante ANDRÉS PÉREZ CARREÑO prestó servicio a la demandada en el periodo comprendido entre el 6 de septiembre de 1976 y el 14 de febrero de 1993. b. Que el señor PÉREZ CARREÑO prestó el servicio materia del contrato de trabajo antes mencionado, en las instalaciones de INDUPALMA, situadas en jurisdicción del Municipio de San Alberto—Cesar. c. Que "INDUPALMA no estaba legalmente obligada a afiliar al actor al "ISS", dentro del lapso comprendido del 6 de septiembre de 1976 y el 8 de enero de 1991, por cuanto solo a partir del 8 de enero de 1991, el "ISS", hoy COLPENSIONES, extendió su cobertura para los riesgos de invalidez, vejez y muerte" de trabajadores como el demandante; de suerte que no es un caso de omisión o afiliación tardía imputable al empleador. d. Que INDUPALMA cumplió, dentro de lo que le era dable cumplir, su obligación de afiliar al demandante y cotizar al ISS para IVM, desde el 08 de enero de 1991 durante la vigencia contractual antes mencionada, es decir, desde cuando el ISS llamó a adscripción, hasta cuando terminó el contrato de trabajo celebrado entre la demandada y el actor. Lo anterior, dice, a pesar de que el Tribunal sostiene que según lo consagrado en el numeral 2º, literal c),

parágrafo 1º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la sentencia CC T-665 del 2015 y el artículo 75 de la Ley 90 de 1946, desde antes del 8 de enero

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Radicación n.° 92697 de 1991 «[…] también estaba obligada la demandada, a realizar los aprovisionamientos correspondientes para efectuar las cotizaciones del seguro social» afirmando a renglón seguido, de manera contradictoria y en contravía de la fecha de asunción del riesgo por el ISS (enero 8 de 1991) que no se discute y se reconoce, que la obligación existía desde antes de dicha fecha de asunción por el ISS porque ello ocurre «[…] una vez esta entidad asumiera el riesgo conforme a lo preceptuado en el inciso 2º del artículo 259 del CST como en efecto lo asumió». Sostiene que el punto central de la conclusión del Tribunal es que, aunque la afiliación de los trabajadores que laboraban en este caso en el municipio de San Alberto fue obligatoria solamente desde el 8 de enero de 1991, por virtud de lo que en su criterio establecen los artículos 75 de la Ley 90 de 1946 y 33, parágrafo 1º , lit. c) de la Ley 100 de 1993, los empleadores estaban obligados, antes de la asunción de la obligación pensional por parte del Estado, al pago de aportes por los tiempos que no hubo afiliación del demandante, aduciendo que ello resultaba concordante con lo establecido en el artículo 259, numeral 2º, del Código Sustantivo del Trabajo.

Afirma que esa conclusión hace incurrir al Tribunal en la violación de las normas sustanciales con las que se integró la proposición jurídica, porque deduce incorrectamente que los artículos 72 y 75 de la Ley 90 de 1946 disponen la obligación por parte del empleador de aprovisionar las cotizaciones del seguro social y esta errónea interpretación lo

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Radicación n.° 92697 lleva a concluir sin mayor análisis, que como el contrato de trabajo con el demandante estaba vigente cuando inició su vigencia la Ley 100 de 1993, aun reconociendo que la asunción del riesgo por parte del ISS a partir del 8 de enero de 1991, estaba obligada a pagar unas cotizaciones que no le eran exigibles antes de esa fecha.

Luego asegura que: El Ad Quem interpreta erróneamente el artículo 72 de la ley 100/93 (sic) porque lo que dicha norma dispone es que las prestaciones aplicables a los empleadores en 1946 siguen rigiendo "hasta la fecha que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo". En parte alguna esta disposición consagra la obligación para el empleador de hacer aportes o aprovisionamientos antes de que se hubiere producido por parte del ISS la respectiva asunción del riesgo.

Igualmente, interpreta erróneamente el artículo 75 de la citada ley 90/46, en la medida en que esta disposición hace mención de una opción voluntaria y no de una obligación para los empleadores. En efecto expresamente hace referencia a aquellos que "deseen" asumir los riesgos de que trata dicha ley antes de la fecha de asunción del riesgo por el seguro Social y según

reglamentación que nunca se expidió. Por todo lo anterior, indica que como el Tribunal reconoce que solo estuvo obligada a afiliar al demandante al ISS a partir del 8 de enero de 1991, era desde esa fecha que podía empezar a realizar los aportes y no antes. También destaca la interpretación errónea del artículo 33, parágrafo 1º, literal c) de la Ley 100 de 1993, porque solo aplicaba para empleadores que a 23 de diciembre de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, es decir, que para ese momento no habían sido asumidos por el

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Radicación n.° 92697 ISS para los riesgos de IVM, que no era su caso, que fue subrogado desde enero de 1991. Luego de insistir en la tesis de que antes del 8 de enero de 1991, cuando afilió al demandante al ISS, no existía obligación alguna de realizar aportes o cotizaciones, pues estaban vigentes en materia pensional los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que no imponían a los empleadores tal obligación, afirma que el Tribunal dejó de aplicar concretamente este último, que disponía que antes de la subrogación del riesgo la única obligación era la de pagar la pensión una vez el trabajador cumplía 55 o 50 años de edad, según se tratara de un hombre o una mujer, habiendo prestado servicios por espacio de 20 años, continuos o discontinuos. A renglón seguido, argumenta que el Tribunal también dejó de aplicar el artículo 76 de la Ley 90 de 1946, el 41 del

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el 29 Constitucional y el 151 de la Ley 100 de 1993, por desconocer las reglas en materia de subrogación del riesgo pensional por parte del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Finalmente, expone lo siguiente:

5. Si el Tribunal no hubiera incurrido en la violación de estas disposiciones sustanciales, habría concluido que antes del 8 de enero de 1991 cuando el ISS asumió el riesgo de vejez y subrogó a la demandada, no había disposición alguna que obligara al INDUPALMA a hacer aportes previos a dicha fecha o que en los reglamentos del ISS, aplicables a INDUPALMA desde el mencionado enero 08/91, se hubiera establecido una obligación

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Radicación n.° 92697 retroactiva de tal clase de aporte o como condición para asumir el riesgo de vejez. Y no había disposición porque, por una parte, el Capítulo II del Título IX del CST, no consagra regulación alguna en materia de aporte previo o de traslado de cálculo actuarial y, por otra, porque tal asunción del riesgo por el ISS, se debía hacer de acuerdo con lo que sus reglamentos establecieran y estos tampoco dispusieron nada al respecto en relación con períodos de tiempo anteriores a la fecha de la asunción del riesgo.

6. En suma, si el Tribunal no hubiera incurrido en la violación de las normas sustanciales antes referidas, habría concluido que no era dable jurídicamente a un empleador en épocas anteriores

a la asunción del riesgo del IVM por el ISS, disponer lo que años después, en el año 1991 - para empleadores en el municipio de San Alberto-, consagraban hacia el futuro los reglamentos del ISS en materia de cotizaciones o lo que, posteriormente, expedida la ley 100 de 1993 en diciembre de dicho año, consagró esta ley en el artículo 33, parágrafo 1o, con la modificación introducida por el artículo 9o de la ley 797/03, en concordancia con el artículo 1° del Decreto 1887 de 1994; disposiciones éstas que el Ad Quem vulneró en la forma dicha.

7. Por lo anterior, se hace indispensable retomar el criterio jurisprudencial que esa Honorable Corte había adoptado con razonabilidad jurídica en lo concerniente al entendimiento de una situación como la que es materia del presente proceso, en sentencias como las que, a modo meramente ilustrativo, traigo a colación y que son concordantes con la tesis plasmada por las Salas Quinta y Sexta de Revisión de la Corte Constitucional (T719/11; T890/11; T-020/12 y T-814/11).

VII. RÉPLICA Andrés Pérez Carreño, aduce que desde la sentencia CSJ SL9856-2014, existe un precedente judicial que abandonó antiguas posiciones, para dar paso a una nueva postura, en la que el empleador tiene responsabilidad económica, por el tiempo en que el trabajador prestó sus servicios, sin importar si la falta de cobertura del sistema pensional no obedece su culpa o negligencia.

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Frente a esa posición pacifica, reiterada y vinculante de la Corte, explica, en la sentencia CSJ SL 2097-2022, dedujo las siguientes reglas sobre el tema: Aunado a lo anterior, los cuestionamientos que desarrolla la recurrente encuentran respuesta en lo adoctrinado en sentencia CSJ SL 2584-2020, de la que se extractan, entre otras las siguientes reglas: (i) El pago del título pensional a la entidad de seguridad social, tiene por finalidad cubrir los periodos no cotizados, pero laborados, e integrar el capital que se requiere para el reconocimiento de la prestación de vejez. (ii) Lo precedente no implica la imposición de una obligación por fuera de la ley, por cuanto se garantiza la preponderancia de la satisfacción de los derechos fundamentales del trabajador para la construcción de su derecho pensional, derivado de los períodos en que trabajó. (iii) La responsabilidad financiera del empleador, persiste aún ante la falta de cobertura del ISS. (iv) Es irrelevante que los tiempos de prestación de servicios, sean anteriores a la Ley 100 de 1993, pues la carga que se asume se deriva de los servicios prestados. Para reafirmar lo precedente, es del caso enunciar que en sentencia CSJ SL2654-2021, esta Sala de Casación, en causa promovida en contra de Indupalma Ltda, al analizar un cargo similar al que aquí se examina, reiteró que en aplicación de los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, sí había obligación de efectuar la reserva financiera correspondiente al tiempo servido, con independencia que se tratara de periodos en los que no había cobertura territorial del ISS y destacó que el artículo 33 de la Ley

100 de 1993, sí era llamado a regular el caso, sin que ello implicara trasgresión del principio de irretroactividad de la ley, por ende, tampoco habría vulneración alguna del canon 29 de la CN. Sobre el argumento de que antes que el ISS asumiera el riesgo de vejez, no había normatividad que obligara a los empleadores a efectuar «aportes previos» o «cuotas proporcionales», arguye que esta Corporación ha enseñado que:

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Radicación n.° 92697 En cuanto a los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, la Sala reitera su alcance, bajo el entendido que sí dispusieron una obligación a cargo de los empleadores de realizar la provisión proporcional al tiempo en que el trabajador laboró. Y en el caso de los empleadores respecto de los cuales no empezó a operar la asunción de los riesgos de invalidez, vejez y muerte por falta de cobertura del ISS, no los liberó de responsabilidad, pues estos riesgos continuaron a su cargo en vigencia de los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre el punto, en la sentencia CSJ SL2879-2020, la Corte expuso: Al respecto, vale recordar que la obligación del pago de las pensiones de jubilación estaba en cabeza de los empleadores antes de la creación del ISS. Por ello, cuando la Ley 90 de 1946 estatuyó el seguro social obligatorio, dispuso, en sus artículos 72 y 76, que el ISS asumiría gradualmente el riesgo de vejez en aquellos sitios en los que iniciara su cobertura, para lo cual los

empleadores debían realizar la provisión proporcional al tiempo que el trabajador había laborado y entregársela a dicha entidad en tal momento, para efectos del reconocimien