CSJ - SL3048-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL3048-2023 Radicación n.° 97902 Acta 41 Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por NELSON ALIRIO CANO CUERVO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintinueve (29) de julio del dos mil veintidós (2022), en el proceso que le instauró al BANCO

POPULAR S. A.

I. ANTECEDENTES En lo que interesa a la casación, Nelson Alirio Cano Cuervo demandó al Banco Popular S. A. para que, de manera subsidiaria, se declarara que fue despedido sin justa causa y, en consecuencia, se condenara a pagarle la indemnización extralegal del artículo 4° del literal d) de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 28 de mayo de 1992, su

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Radicación n.° 97902 indexación, lo que se probare y las costas. Contó que laboró para la accionada del 16 de noviembre de 2004 al 3 de octubre de 2019, siendo su último cargo el de cajero principal; que su salario correspondió a $3.269.879,96 mensuales; que su empleadora terminó unilateralmente su contrato de trabajo, aduciendo como justificación una presunta irregularidad en el trámite de un cheque, al haberlo abonado a las cuentas fiduciarias del Banco Popular S. A. y no a esa entidad financiera; que dicho

procedimiento fue regulado a través del Boletín Extraordinario n.° 868-004014 del 3 de mayo de 2019. Narró que por los mismos hechos el trabajador Jorge Eliecer Alarcón Pineda, quien incurrió once veces en la conducta que dio lugar a la finalización de su vínculo, fue sancionado con un solo día de suspensión, por lo que fue trasgredido su derecho a la igualdad; que es beneficiario de la convención colectiva suscrita entre la demandada y el sindicato UNEB. Aseveró que dicha norma establece un procedimiento disciplinario que no fue cumplido, pues el banco cuenta con tres días para llamar a descargos desde la fecha en que sepa de la falta y, en su caso, dicho acto se llevó a cabo de forma extemporánea, toda vez que los hechos imputados datan de agosto de 2018, su empleadora afirma que tuvo conocimiento el 4 de junio de 2019 y fue citado a la referida diligencia el 10 de septiembre de 2019, es decir, después de tres meses y seis días.

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Radicación n.° 97902 Indicó que no hubo inmediatez en su despido; que se acordó convencionalmente un periodo de prescripción de treinta y cinco días, contados a partir del conocimiento de la falta. Manifestó que el artículo 4° del acuerdo colectivo de trabajo prevé un régimen de indemnización por terminación unilateral sin justa causa del nexo de trabajo y, adicionalmente, el reintegro; que durante la vigencia de la relación laboral no recibió llamados de atención por mala conducta e incumplimiento de sus deberes y obligaciones

laborales. Agregó que para la fecha de su retiro le faltaban menos de dos años para pensionarse; que el Banco vulneró su derecho a una vida digna, ya que el salario era su única fuente de subsistencia personal y familiar; que su despido injustificado le ocasionó perjuicios materiales en cuantía superior a $94.000.000 (f.° 158 a 177, archivo: «Primera Instancia 2023011339577», expediente digital). El Banco Popular S. A. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó: i) los extremos del contrato de trabajo; ii) el salario para liquidar las cesantías, precisando que el básico era de $2.581.771; iii) la existencia de la CCT y su contenido; iv) el despido «con justa causa». Negó que haya incurrido en alguna irregularidad en la finalización del vínculo contractual del accionante, toda vez

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Radicación n.° 97902 que este cometió conductas contrarias a los lineamientos trazados por la entidad en las políticas, manuales operativos, manual de caja, procedimientos y/o controles y el reglamento interno de trabajo, por lo que su despido fue justo, sin que hubiese lugar a pagar la indemnización reclamada. Propuso como excepciones de mérito las de prescripción, falta de causa, pago, buena fe, inexistencia de la obligación reclamada, compensación, y la genérica (f.° 309 a 322 a 14, ibidem).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, el 10 de junio de 2022, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de falta de causa, pago e inexistencia de la obligación reclamada formulada por la demandada, conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: ABSOLVER a la demandada BANCO POPULAR S.A. de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante NELSON ALIRIO CANO CUERVO.

TERCERO: CONDENAR en costas al demandante […] CUARTO: En caso de no ser apelada la presente decisión, y al ser totalmente desfavorable al demandante, remítase al superior en el grado jurisdiccional de consulta (f.° 623 a 625, ib).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de julio de 2022, al decidir la apelación del demandante, confirmó la de primera.

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Radicación n.° 97902 Precisó, en lo que interesa al recurso extraordinario, que establecería si el despido del trabajador fue sin justa causa y procedía la indemnización convencional. Explicó que estaba demostrado que entre las partes existió un contrato de trabajo del 16 de noviembre de 2004 al 4 de octubre de 2019, pues así fue aceptado en las piezas procesales y se corroboraba con el memorial de vinculación, la carta de despido y la liquidación final de prestaciones. Adujo que la jurisprudencia laboral, por ejemplo, en las providencias CSJ SL 21 jul. 1991, rad. 4392 y «n.° 30612 y 32422 del año 2008», tenía establecido que, tratándose de un

despido, el empleador no estaba en la obligación de adelantar un procedimiento disciplinario, salvo que estuviese estipulado en el contrato de trabajo, el reglamento interno de trabajo o convención colectiva de trabajo; que, en tal caso, el trabajador debía alegar la ilegalidad del acto patronal, demostrando la existencia de un trámite pactado; que esa decisión unilateral no podía equipararse a una sanción disciplinaria. Aseveró que la CCT de folios 94 a 11 del archivo n.° 03 del expediente, dispuso un «procedimiento para aplicación de sanciones», las cuales, según el artículo 9°, ibidem, correspondían al llamado de atención escrito y la suspensión temporal del contrato de trabajo, sin que hubiese sido incluida entre ellas la terminación del vínculo, pues fue establecida en el artículo 95 del RIT como una facultad de la entidad bancaria ante la «[…] violación o no cumplimiento de

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Radicación n.° 97902 alguna o algunas de las obligaciones o prohibiciones señaladas en este reglamento». Refirió que, en consecuencia, ni siquiera consensualmente ambos conceptos podían asimilarse como se alegó en el introductor, lo que significaba que la accionada no estaba en la obligación de realizar las diligencias señaladas en el acuerdo colectivo de trabajo, las cuales en todo caso garantizó, pues la conducta censurada al empleado también podía dar lugar a la aplicación de una de las sanciones de los artículos 9°, ibidem o 95 del RIT, con la precisión de que, «en el evento de encontrar[se] que la misma

da[ba] lugar a finiquitar el [vínculo]», el empleador podía hacerlo, según se explicó en un caso análogo en la sentencia CSJ SL15245-2014, pues lo último no implicaba lo primero. Señaló que, a partir de lo anterior, la accionada agotó el trámite extralegal, convocando al trabajador a diligencia de descargos, acto que no podría ser calificado extemporáneo, toda vez que no pasaba desapercibido que […] fue el mismo […] quien en [su] interrogatorio de parte manifestó que entre marzo y agosto de 2019 estuvo incapacitado a consecuencia de un accidente, retomando sus funciones en la entidad a finales de agosto. Asimismo, obra el récord de incapacidades y ausentismos (f.° 239 a 241 archivo n.° 07), en la que se observa que estuvo incapacitado desde el 16 de marzo de 2019 hasta el 27 de agosto de 2019, reintegrándose a sus labores a partir del 28 de agosto de 2019. Manifestó que el Banco Popular S. A. conoció las irregularidades con algunos cheques a través del Informe de la Gerencia de Contraloría n.° CGPAS0040-2019 del 04 de

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Radicación n.° 97902 junio de 2019 (f.° 191 a 210), fecha para la cual el subordinado estaba incapacitado, por lo que debió esperar su retorno para iniciar el trámite respectivo, citación que se realizó por medio de Oficio del 29 de agosto de 2019 (f.° 206 archivo n.° 07), cumpliendo el término que establece el

artículo 9° de la CCT, actuación para la que citó a la organización sindical UNEB (f.° 207 a 210). Razonó frente a la conducta, que el artículo 62 del CST, modificado por el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, regulaba la finalización de las relaciones de trabajo con justa causa, imponiendo dos obligaciones a quien adoptara esa decisión, así: i) una subjetiva, en relación con las causales contempladas en sus literales a) y b); ii) otra, que «tiene que ver con la forma en que se da por terminado el contrato, pues impone la carga de expresar al momento de la terminación del vínculo la causal por la que opta por el despido y los fundamentos fácticos que la sustentan», según lo explicado en la sentencia C-299 de 1998. Expuso, en relación con lo último, que correspondía al trabajador demostrar el despido y al empleador su justificación, motivándolo en una «causal reconocida por la ley o calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos internos de trabajo» y probando su ocurrencia, así como «el cumplimiento de las formalidades preestablecidas, según lo estipulado en el parágrafo del artículo 62 del CST». Arguyó, en relación con esa distribución de la carga de

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Radicación n.° 97902 la prueba, que en el asunto estaba demostrado que el 4 de octubre de 2019 al reclamante se le terminó el contrato de trabajo aduciéndose justa causa; que en la comunicación se le informó que:

La Dirección General del Banco Popular le informa que da por terminado su contrato de trabajo con justa causa a partir del 4 de octubre de 2019, siendo hoy su último día laborado, con base en el informe de la Gerencia de Contraloría n.° CGPAS0040-2019 de fecha 04 de junio del 2019, teniendo en cuenta los graves hechos que se describen a continuación, los cuales no fueron debidamente justificados por usted en el proceso disciplinario que se le adelantó, cuando usted en ejercicio de sus funciones como Cajero Principal de la oficina Av. Chile, violó no solo los procedimientos, políticas, manuales operativos sino también el Reglamento Interno de Trabajo, así: Durante el mes de agosto de 2018, usted procesó de forma irregular las transacciones de consignaciones de 4 cheques de gerencia de la siguiente manera: 2 de ellos librados a nombre del "BANCO POPULAR" y 2 librados a "BANCO 000000026000087900859" por un total de $155.167.664, dinero que usted abonó erradamente a la cuenta rentar de la Fiduciaria Popular n.° 50008300020-0 a nombre de Cristian Camilo Martínez C C. No 1.033.700.596, a pesar de que el Beneficiario de los cheques no correspondía al titular de la cuenta de la fiduciaria, omitiendo al momento de realizar dichas operaciones el sello restrictivo de negociabilidad de los títulos valores «PARA CONSIGNAR ÚNICAMENTE A LA CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO», sin verificar que al respaldo de los cheques no había anulación de la restricción por parte del girador, para la cual estampó el sello «certificamos que este cheque fue

consignado a la cuenta del primer beneficiario», dinero que fue retirado por el Sr. Cristian Camilo Martínez. Por tanto, no solamente incumplió sus obligaciones contractuales contenidas en el contrato de trabajo el día 16 de noviembre de 2004 en la cláusula sexta literales j, sino también obligaciones de carácter convencional y reglamentarias, como las previstas en el Reglamento Interno de Trabajo, numeral 12 del artículo 87; la prohibición del numeral 53 del artículo 94, numerales 6 y 16 del artículo 104, en concordancia con el artículo 60 literal A, numeral 6 de la Convención Colectiva de Trabajo del 13 de enero de 1978, y el artículo 62, literal a) numeral 6° del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, ameritando la cancelación por justa causa de su contrato de trabajo, como quedó inicialmente consignado, por cuanto el Banco no puede contar

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Radicación n.° 97902 entre sus colaboradores con personas que defrauden la confianza que con ocasión de sus funciones le ha depositado Sostuvo que del citado memorial se colegía que la empleadora informó al subordinado las disposiciones legales trasgredidas y la falta o hecho que daba lugar al finiquito contractual, las cuales consistieron, en síntesis, en «abonar o consignar cuatro cheques de gerencia a una cuenta diferente a la que se debía realizar la operación». Aseguró que el primer fallador había calificado como falta grave tal supuesto de hecho; que, no obstante, conforme a la sentencia CSJ SL1077-2018, ello debía ser determinado

por las partes en los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, sin que pudiese el operador judicial declarar o inmiscuirse en esa determinación. Precisó que, en todo caso, «deb[ía] hacer[lo], […] cuando la omisión imputada [fuera] la violación de las obligaciones especiales y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del CST» (subrayado de la Corte); que, incluso, en las sentencias CSJ SL 25 jun. 2009, rad. 35998 y CSJ SL 2 may. 2012, rad. 38420, se puntualizó que además debía comprobarse si el empleado incurrió en el supuesto fáctico, pues su responsabilidad no era objetiva. Planteó que contrastadas las disposiciones que se alegaron como vulneradas del contrato de trabajo (cláusula sexta literales j), el reglamento interno de trabajo (numeral 12 del artículo 87 y numeral 53 del artículo 94, numerales 6

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Radicación n.° 97902 y 16 del artículo 104), así como de la convención colectiva de trabajo (artículo 6° literal A, numeral 6 de la CC), era dable concluir que las partes no calificaron las conductas imputadas como graves, pues […] en lo que respecta al contrato de trabajo el literal j) de la cláusula 6° menciona que serán justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo «Cualquier violación grave en concepto del Banco de sus obligaciones legales, reglamentarias y contractuales»; a su turno, el numeral 12 del artículo 87 del

Reglamento Interno de trabajo hace alusión a las obligaciones especiales, en particular a «acatar y cumplir las instrucciones y procedimientos que determine el Banco en forma general o particular», y el numeral 6° y 16 del precitado reglamento que hace alusión a las justas causas de terminación del contrato, sin el calificativo de graves, a «cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentario» y «la violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales y reglamentarias», a la vez, el artículo 6° literal A, numeral 6 de la CC, es del mismo tenor de lo establecido en precedencia por el reglamento interno de trabajo en el numeral 6 del artículo 104. Dijo que, sin embargo, correspondía al juez definir «la gravedad de la falta», lo cual, en estricto sentido, pese al error jurídico, había realizado el primer fallador, al considerar que «el actor había transgredido el Manual de Caja, el cual era de [su] conocimiento, quien ejercía como cajero principal y tenía trayectoria en el banco, esto es, que se dio destinación diferente a la consignación de los recursos». Lo anterior, porque no era justificativo de su conducta, que hubiese sido realizada por otros compañeros «pues deb[ía] tenerse en cuenta que […] ejerció como cajero principal desde el 16 de noviembre de 2004, y entre sus

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Radicación n.° 97902 funciones se encuentra[ba] la de atender las operaciones de pagos y recaudos por ventanilla, para satisfacer las necesidades de clientes y usuarios del banco» (f.° 179 archivo n.° 07) Además, porque «en la guía de acción de sus funciones se establec[ía]: aplicar las disposiciones, normas, controles, boletines, procedimientos, políticas y reglamentaciones existentes relacionadas con su cargo y estar en permanente actualización respecto de las mismas», documento que había rubricado; que, además, en su interrogatorio de parte, aceptó el conocimiento de las políticas, manuales y boletines del Banco. Precisó que la irregularidad atribuida al trabajador fue el incumplimiento del numeral 12 del manual de caja, el cual establecía «el proceder del cajero cada vez que se reali[zara] una operación por medio de cheque (Fol. 185 a 186 archivo No 07)»; que, según el informe de Gerencia de Contraloría n.° CGPAS0040-2019 del 04 de junio de 2019 (f.° 191 a 204 archivo No 7), se encontraron «cheques de Gerencia girados al Banco Popular con sello restrictivo y consignados a fondos de pensiones voluntarias» y, en el caso del reclamante, cuatro, por valor de $155.167.664, los cuales tenían nota restrictiva de «consignar únicamente al primer beneficiario»; que, a pesar de ello, el abono se realizó a la cuenta de la fiduciaria del Banco Popular - fondo de pensiones voluntarias, cuyo titular era Cristian Martínez.

Denotó que aquel manual establecía que cuando el

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Radicación n.° 97902 cheque tenía nota restrictiva, se debía confirmar que el beneficiario correspondiera al titular de la cuenta, es decir, que estuviese dirigido, en el asunto, al Banco Popular S. A., así como que los recursos ingresaran al mismo y no a otra cuenta; que, sin embrago, ello no ocurrió, pues fueron consignados a la «Fiduciaria del Banco Popular cuyo titular es una persona (…) diferente a la obligación o cuenta donde debía imputarse el valor del cheque». Así mismo, «a pesar de tener la nota restrictiva y no verificarse en debida forma el primer beneficiario, se procedió a realizar la consignación a una cuenta que no correspondía con el primer beneficiario»; que igualmente se colocó el sello de «certificamos consignación de cheque en la cuenta del primer beneficiario», cumpliéndose formalmente con el procedimiento, pero sin constarse la cuenta del mismo, circunstancia que condujo al hallazgo reportado en la auditoría interna y «de contera a configurar la justa causa para la finalización del contrato, ya que la conducta fue aceptada por el demandante, solo que su exculpación radica en que otros cajeros realizaban la misma operación» y que «en ninguna parte de los cheques estaba impresa algún enunciado o número que correspondiera con una obligación de libranza del Banco Popular (Fol. 216 a 227 archivo n.° 07)», afirmación que no era cierta. Lo último, pues […] los cheques n.° 3020337 y 1988063, de manera clara contienen como beneficiario el Banco Popular y las siglas

OBL260000879 y OBL6433, respectivamente, pero se terminó

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Radicación n.° 97902 haciendo la consignación a la cuenta del fondo de pensiones voluntarias de la Fiduciaria Popular cuyo titular es Cristian Martínez, cuenta que no corresponde con el número de la obligación a donde debía dirigirse el valor del cheque. Señaló que lo anterior evidenciaba el incumplimiento del actor del manual de caja, por la ausencia de verificación del cheque, sin que se hubiese demostrado que «[…] haya consultado o puesto en conocimiento tal situación ante su superior inmediato como para sostener que dicho movimiento financiero se hizo ceñido al manual de caja y por instrucciones de sus superiores», lo cual constituye un incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Añadió que, aunque el accionante, para cuestionar el informe de la «Gerencia de Contraloría», planteó que la demandada no podía fabricar su propia prueba, calificando su despido de desproporcionado, en la sentencia CSJ SL15245-2014, que rememora la CSJ SL 5 jul. 2005, rad. 24379, la Corte admitió que así sea que ese «documento carec[ía] de valor probatorio por sí solo en la medida en que proviene del empleador […] [podía] considerarse en conjunto con los demás medios probatorios». Indicó que ese supuesto era aplicable al caso, porque […] si bien el informe da cuenta de diferentes hallazgos e incluso de un total de $3.274.064.303 en cheques que no se tuvieron en cuenta los sellos restrictivos de consignar en la cuenta del primer beneficiario, en el caso particular se logra individualizar los

cuatros cheques en los cuales el actor cometió la irregularidad, los que, como se dijo en precedencia, tenían el sello restrictivo de consignar al primer beneficiario, y fueron erróneamente consignados a la Fiduciaria del Banco Popular y no a la obligación o primer beneficiario que lo era el Banco Popular,

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Radicación n.° 97902 máxime que en dos de los cheques estaban claramente delimitada la obligación de dónde se debía dirigir el cheque, ya que tenía asignado como destino la OBL260000879 y OBL6433, diferente a la cuenta donde terminó el dinero de los cheques. Adicionó, en punto al derecho a la igualdad, que no era procedente «en este proceso entrar a hacer referencia a la situación particular de otro trabajador», pues lo que le competía era determinar si el demandante cometió la conducta endilgada y sí daba lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa, lo que efectivamente se probó; que, además, existió confesión en punto al conocimiento del manual de caja y «dada su trayectoria en la entidad, no e[ra] de recibo que adu[jera] como justificación el que otros trabajadores también realizaban la misma operación», teniendo en cuenta que aquel establecía el proceder frente a la consignación de cheques, que fue desatendido; que, en todo caso, «cada situación se revisa en particular», siendo «el empleador […] quien determina, una vez escuchado en descargos al trabajador, sí le impone una sanción disciplinaria o hace uso de la facultad de finalizar el contrato con justa causa». Explicó que el Boletín n.° 868-004-014 del 3 de mayo

de 2019, tuvo por objeto «recordar controles para recibir cheques en caja con restricción cuenta primer beneficiario», es decir, reiterar lo establecido en aquel documento, que era de conocimiento del actor, por lo que en parte alguna constituyó un proceder nuevo y posterior frente a «la consignación de cheques con nota restrictiva».

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Radicación n.° 97902 De ahí que no justificaba la falta cometida ni el incumplimiento de las funciones del cajero «máxime que no se desconoce por el demandante su contenido, pues en su defensa esgrime que se ciñó al mismo, solo que otros trabajadores hacían la misma operación». Expresó, en relación con la prueba testimonial, que Luz Marina Mosquera Medina no aportaba nada al proceso, por cuanto ejerció el cargo de asistente regional de personal y no como cajera, limitando su declaración a las capacidades del convocante, pero sin referirse a la conducta que dio lugar a su retiro; que, en todo caso, admitió que en la empresa existía un manual de caja, desde siempre, así como «los boletines y manuales son enviados a todos los empleados», reafirmando la confesión del trabajador en torno al «conocimiento del (mismo) y de cómo proceder frente a los cheques de gerencia». Por otro lado, los señores Fredy Rivera Daza y Carlos Alfonso Romero, fueron tachados por la entidad demandada, por ser directivos sindicales; que, al margen de ello, sus declaraciones estuvieron «encaminadas al tema procedimental de cómo la entidad llamó a descargos», lo que había quedado definido con anterioridad y, a pesar que

hicieron alusión al Boletín o Circular del 03 de mayo de 2019, señalando que a partir de él se reglamentó ¿cómo proceder con los cheques?, ello estaba desvirtuado, pues fue un acto para recordar la regulación previamente establecida al interior de la entidad bancaria. Insistió en que el despido fue oportuno, puesto que, al

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Radicación n.° 97902 diferenciarse de la sanción disciplinaria, no era imperativo la aplicación del literal h) de la Convención Colectiva del 6 de marzo de 1990, que previa 35 días de prescripción para las sanciones disciplinarias; que, con todo, dicho lapso había sido garantizado, pues la diligencia de descargos se surtió el 10 de septiembre de 2019 y la decisión de finiquitar el contrato de trabajo aconteció el 04 de octubre de 2019, es decir, en un periodo de 24 días. Recordó que la providencia CSJ SL8463-2015, enfatizó en que «el despido no deja de ser oportuno cuando la empresa se toma el tiempo necesario para efectos de constatar la responsabilidad del trabajador en los hechos a constituir la justa causa» (archivo: «Segunda Instancia 2023011630833»).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que se case la segunda sentencia y, en sede de instancia, […] REVOQUE esta decisión y CONDENE al Banco Popular S. A.

en la forma suplicada en el acápite de peticiones SUBSIDIARIAS y específicamente, al pago de la indemnización convencional por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del Banco, prevista en el art. 4 literal d) de la Convención Colectiva del 28 de mayo de 1992, indexada, proveyendo en costas como corresponda (archivo: «Recursos Extraordinarios Demanda 2023084841008»).

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Radicación n.° 97902 Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados conjuntamente y se decidirán de igual forma, pues comparten finalidad.

VI. CARGO PRIMERO Increpa al Tribunal la violación indirecta de la ley, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 19, 58, 64

(modificado por el art. 28 de la ley 789 de 2002), 115, 127, 306, 467, 468, 469 y 476 del CST, «en concordancia con» el 13, 25, 29, 53 y 229 de la CN; 28 y 1746 del CC; 8°, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8° y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 7°, 8°, 37 y 38 del Decreto Ley 2351 de l965; 7° del Convenio 158 OIT; «Ley 1143 del 4 de julio de 2007 que aprobó el T.L.C. sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006 numeral 17.3 y

concordantes sobre Derechos fundamentales en el trabajo y su aplicación efectiva». Aduce que el fallador de alzada incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por acreditado, estándolo, que el Banco llamó a descargos al trabajador extemporáneamente, por una falta que objetivamente estaba prescrita, según la convención del literal h) suscrita entre el Banco y la UNEB el 6 de marzo de 1990, de la cual el actor era beneficiario.

2. Dar por cierto, contra el Boletín 868-004010 del 3 de mayo de 2019, expedido con posterioridad a los hechos de agosto de 2018, que el Banco «apercibió al actor» de la falta o conducta que dio lugar al despido y que consistió «en abonar o consignar cuatro cheques de gerencia a una cuenta diferente a la que se debía realizar la operación».

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3. No dar por probado, estándolo, que la conducta correspondiente a hechos acaecidos «durante el mes de agosto de 2018», según carta de despido y que, solo vino a regularse expresamente 9 meses después, hasta el 3 de mayo de 2019, mediante el Boletín Extraordinario n.° 868-004010.

4. No dar por probado, siendo evidente, que no existe relación de causalidad inmediata, entre los hechos censurados acaecidos según la carta de despido «durante el mes de agosto de 2018», de los cuales el Banco fue enterado por el informe n.° CGPAS00402019 del 4 de junio de 2019 y, no obstante, el despido se produjo

hasta el 3 de octubre de 2019, esto es, 4 meses después.

5. Reconocer expresamente que, es «equívoca la postura del a quo en lo referido a que estaba constituida la falta como grave» sin embargo, a renglón seguido legitimar el despido injusto del trabajador.

6. No dar por acreditado, siendo incuestionable, el acto de desproporción y desigualdad en que se incurrió frente al actor pues, mientras el cajero Jorge Eliecer Alarcón Pineda, quien incurrió en los mismos hechos 11 veces y 20 trabajadores más igualmente, el primero fue sancionado con solo un (1) día de suspensión, mientras que los demás, continúan laborando, sin consecuencia alguna.

7. Dar por probado, siendo contraevidente, que el actor incumplió sus obligaciones contenidas en el contrato de trabajo suscrito el 16 de noviembre de 2004 y/o, y que en consecuencia su despido fue por justas causas.

8. Dar por acreditado, sin estarlo, que el Banco probó las excepciones de «falta de causa, pago e inexistencia de la obligación reclamada».

9. No dar por probado, estándolo, el despido del trabajador fue arbitrario e injusto y procedía la condena por la indemnización consagrada en el artículo 4° literal d) de la convención colectiva de trabajo suscrita el 28 de mayo de 1992, debidamente indexada.

Afirma que tales yerros fueron consecuencia de la equivocada apreciación de: i) el Boletín Extraordinario n.° 868-004014 del 3 de mayo de 2019; ii) la Convención

Colectiva de Trabajo del 6 de marzo de 1990 (f.° 94 a 11 archivo n.° 3); iii) el Reglamento Interno de Trabajo (artículo

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Radicación n.° 97902 95) – f.° 267 archivo 07; iv) el Informe de la Gerencia de Contraloría de la entidad n.° CGPAS0040-2019 del 4 de junio de 2019 (f.° 191 a 210); v) el Oficio del 29 de agosto de 2019 (f.° 206 archivo n.° 07); vi) la citación a la UNEB para que realizara el acompañamiento al trabajador (f.° 207 a 210); vii) la Comunicación del 3 de o