CSJ - SL3051-2023

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA Magistrada ponente SL3051-2023 Radicación n.° 94699 Acta 43 Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES y por ACTIVOS S.A.S., contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso que instauró DIANA JASBLEIDY VARGAS ESPINOSA en contra de las recurrentes y de COLOMBIANA

DE TEMPORALES SOCIEDAD ANÓNIMA COLTÉMPORA

S.A. AUTO Se reconoce personería a la abogada Linda Tatiana Vargas Ojeda identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.140.862.823 y tarjeta profesional n.º 287.982 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

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Radicación n.° 94699

I. ANTECEDENTES Diana Jasbleidy Vargas Espinosa demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) y en forma solidaria a las empresas de servicios temporales Coltémpora S.A. y Activos S.A. hoy Activos S.A.S., con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la primera entre el 9 de septiembre de 2013 y el 23 de mayo de 2017.

En consecuencia, solicitó que se condenara a las

demandadas al pago de las diferencias salariales y a reliquidar todas las prestaciones sociales con base en lo realmente devengado y las vacaciones. También, la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la sanción por despido sin justa causa y la indexación. Como fundamento de sus peticiones, alegó que fue vinculada por las empresas de servicios temporales, mediante contratos de trabajo por obra o labor y que fue enviada a Colpensiones a partir del 13 de septiembre de

2013. Así mismo, que su última asignación mensual, ascendió a $3.985.857.

Especificó que ejecutó sus funciones por tres años, siete meses y veintisiete días de la siguiente forma: Empresa Cargo Desde Hasta Activos Profesional 2 9 de septiembre 20 enero de analistas de 2013 2014

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Radicación n.° 94699 Activos Profesional 2 21 de enero de 25 de junio de analistas 2014 2014 Coltémpora Profesional 2 26 de junio de 10 de diciembre analistas 2014 de 2014. Coltémpora Profesional 2 11 de diciembre 31 de marzo de analistas de 2014 2015 Activos Profesional 2 1 de abril de 30 de enero de analistas 2015 2016 Activos Profesional 2 2 de febrero de 3 de abril de analistas 2016 2016 Activos Profesional 2 4 de abril de 24 de mayo de analistas 2016 2017 Comentó que únicamente se presentó una «[…]

interrupción» del «[…] 18 de enero de 2016 (sic) al 23 de mayo de 2017», a causa de una licencia de maternidad. Igualmente, que el 26 de enero de 2017, conoció que el convenio entre Activos S.A.S. y Colpensiones terminaba el 31 de enero de 2017. Conforme lo anterior, requirió a las demandadas el 9 de febrero de 2017, que le informaran «[…] que (sic) ocurriría con su continuidad laboral una vez vencida la licencia de maternidad». El 16 de febrero siguiente, Activos S.A. expuso que la relación comercial con Colpensiones feneció el 31 de enero de 2017, sin embargo, su vínculo continuaría hasta que terminaran la licencia y una «[…] vez vencida esta, se debía presentar a sus instalaciones con el fin de definir la situación laboral». Por su parte, esta última entidad contestó el 10 de marzo de 2017, diciendo que la llamada a responder por la relación laboral, era la empleadora.

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Radicación n.° 94699 Indicó que se presentó el 24 de mayo de 2017, en las instalaciones de Activos S.A.S. y que se le notificó la finalización de su relación de trabajo, bajo el argumento de que Colpensiones había finiquitado el contrato de suministro de personal. Contó que durante el tiempo que laboró para la administradora de pensiones, no se reconocieron las vacaciones. De similar forma, que ejecutó idénticas tareas que los profesionales de planta grado 2. Relató que para el cumplimiento de sus deberes utilizó

los programas y equipos de Colpensiones, «[…] ubicados dentro de la sede en la que trabajó». Del mismo modo, que estuvo sometida a las instrucciones de esa entidad y a cumplir un horario -7:30 am a 5:15 pm de lunes a viernes-. Pormenorizó que agotó la reclamación administrativa el 11 de enero de 2018, sin que esta fuera contestada. Colpensiones se opuso a las pretensiones, y frente a los hechos únicamente aceptó la presentación de la reclamación. Argumentó que no tuvo ningún vínculo con la demandante, toda vez que aquella fue enviada en misión a sus instalaciones, dentro de los límites del artículo 77 de la Ley 50 de 1990. Ello, para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional en el marco del estado de cosas inconstitucionales que declaró en 2013, ante el atraso en el reconocimiento de prestaciones por parte del Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS).

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Radicación n.° 94699 Como excepciones formuló las de indebida acumulación de pretensiones, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, buena fe, cumplimiento de las órdenes del tribunal constitucional, falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción. Activos S.A.S. se opuso a las pretensiones y frente a los hechos aceptó el último salario devengado por la accionante, el derecho de petición y su respuesta, así como el finiquito de su relación laboral. Comentó que suscribió varios convenios comerciales con Colpensiones para el suministro de personal, para lo

cual, incorporó a la demandante como empleada en misión para trabajar mediante contratos por obra o labor. Como excepciones, planteó las de prescripción, pago, compensación, inexistencia de la obligación y ausencia de solidaridad. Coltémpora S.A. también se contrapuso a las pretensiones y frente a los hechos aceptó los vínculos laborales que sostuvo con la demandante y que Colpensiones ejerció la subordinación sobre aquella de conformidad con la ley. Como excepciones, relacionó la de inexistencia de las obligaciones reclamadas, «[…] terminación del contrato de trabajo conforme a los presupuestos objetivos y legales señalados en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo», cobro de lo no debido y falta de causa para pedir, buena fe,

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Radicación n.° 94699 «[…] mala fe, temeridad y deslealtad procesal», prescripción y compensación.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 19 de octubre de 2021, el Juzgado Diecisiete Laboral

del Circuito de Bogotá D.C. decidió: PRIMERO: DECLARAR que entre la demandante […] como trabajadora y […] COLPENSIONES como empleadora, existió una relación laboral entre el 13 de septiembre de 2013 y el 24 de mayo de 2017, en virtud a los contratos escritos a plazos fijos, según las consideraciones analizadas.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de COBRO DE LO NO DEBIDO y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR y PRESCRIPCIÓN, propuestas por COLTÉMPORA S.A., y NO

PROBADAS las de COBRO DE LO NO DEBIDO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y PRESCRIPCIÓN propuestas por COLPENSIONES y ACTIVOS S.A.S., según lo aducido en precedencia.

TERCERO: DECLARAR NO PRÓSPERA LA TACHA DE SOSPECHA propuesta al testigo Héctor Alberto Bedoya Moreno

[…].

CUARTO: DECLARAR que la sociedad ACTIVOS S.A.S. desconoció la prohibición legal de superar en el tiempo la vinculación de la demandante como trabajadora en misión para COLPENSIONES y en consecuencia es responsable solidariamente del pago de las acreencias sociales a favor de la demandante […].

QUINTO: CONDENAR a COLPENSIONES y SOLIDARIAMENTE A ACTIVOS S.A.S. a pagar a la demandante los siguientes valores y por los conceptos que a continuación se indican: a) reajuste de salario del 1 al 17 de enero y del 24 de mayo de 2017, por valor de $36.065 pesos, para un total de 18 días; b) reajuste de licencia de maternidad del 18 de enero al 23 de mayo de 2017, 126 días $252.378 pesos; c) reajuste de auxilio de cesantía $23.876 pesos; d) reajuste de intereses de cesantías $1.138 pesos; e) reajuste de primas de servicio $23.876 pesos; f) reajuste de vacaciones $11.938 pesos; g) indemnización por terminación injusta del contrato $24.275.796 pesos; h) indexación de las condenas impuestas en los literales a y g.

SEXTO: ABSOLVER A LAS DEMANDADAS ACTIVOS S.A.S. Y

COLPENSIONES de las demás pretensiones […].

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SÉPTIMO: ABSOLVER A COLTÉMPORA S.A. de todas las pretensiones […].

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Al analizar los recursos de apelación del demandante, de Activos S.A.S. y de Colpensiones, así como como el grado jurisdiccional a favor de esta última entidad, la Sala Laboral

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 30 de noviembre de 2021, resolvió: PRIMERO: REVOCAR LOS LITERALES A), B), C), D), E), F) Y H) del NUMERAL QUINTO de la sentencia condenatoria […] dentro del presente proceso ordinario laboral, para en su lugar absolver a COLPENSIONES y a ACTIVOS S.A.S. del reajuste de salarios, prestaciones sociales, vacaciones e indexación, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDA: MODIFICAR EL LITERAL G) DEL NUMERAL QUINTO […], en el sentido de condenar a COLPENSIONES y solidariamente a ACTIVOS S.A.S. a reconocer y pagar a la demandante la suma de $11.181.658 por concepto de indemnización por despido sin justa causa […].

TERCERO: ADICIONAR la sentencia […], en el sentido de condenar a COLPENSIONES y solidariamente a ACTIVOS S.A.S. a reconocer y pagar a la demandante la sanción moratoria en cuantía de un día de salario, a razón de $132.862 a partir del 25 de agosto de 2017 (vencimiento de los 90 días hábiles), hasta

cuando se verifique el pago de la indemnización adeudada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia aquí estudiada.

Como problema jurídico se propuso resolver si Colpensiones fue el verdadero empleador de la demandante y, en consecuencia, si había lugar a reliquidar sus prestaciones sociales, teniendo en cuenta la diferencia salarial entre la asignación recibida y la del personal de planta de la entidad. Así mismo, si era procedente el pago de la indemnización por despido sin justa causa y si había lugar

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Radicación n.° 94699 a la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Analizó de conformidad con los artículos «[…] 60 y 61 CST», las certificaciones laborales y de afiliación al Sistema de Seguridad Social; los contratos de trabajo y sus otrosíes, así como los estatales con sus modificaciones y la carta terminación del vínculo comercial entre Colpensiones y Activos S.A.S. y laboral; la constancia de la licencia de maternidad; el derecho de petición formulado a esas dos compañías y sus respuestas; la liquidación final de prestaciones sociales; la circular de cumplimiento de horario; la comunicación de traslado; el Acuerdo 111 de 2017; los comprobantes de nómina; el Reglamento Interno de Trabajo de Colpensiones; las Resoluciones n.° 003 de 2012 y 0624 de 2015; el perfil del cargo de profesional senior; las comunicaciones de retiro; la hoja de vida y las comunicaciones de novedades; los interrogatorios de parte y

los testimonios de Angélica María Sánchez Olaya, Johanna Paredes Solano y Héctor Alberto Bedoya Moreno. Recordó que, en materia del derecho al trabajo, cuando se pretendía averiguar si existió o no un vínculo laboral, primaba la realidad sobre las formalidades, tal cual lo disponía el artículo 53 de la Constitución Política. En este orden, indicó que debían configurarse los presupuestos del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se presentara una relación de trabajo. Mencionó que el artículo 24 del estatuto del trabajo, consagraba que se presumía la existencia de una relación laboral cuando estuviera acreditada la prestación personal

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Radicación n.° 94699 del servicio, de suerte que correspondía al trabajador probar dicho presupuesto y al empleador desvirtuar la presunción. No obstante, apuntó que en atención a lo reglado en el artículo 167 del Código General del Proceso el trabajador acreditaba también los extremos del vínculo, el cargo desempeñado, el salario y la causal que dieron lugar a su terminación. En punto a las empresas de servicios temporales, memoró que el artículo 2° del Decreto 4369 de 2006, estipulaba que eran aquellas que contrataban servicios con terceros «[…] beneficiarios de una labor prestada por personas naturales contratadas de manera directa por la empresa de servicios temporales». Igualmente, señaló el contenido del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, reglamentado por el 6° del Decreto 4369 de 2006. Dedujo que cuando la contratación no estaba soportada

en la norma referenciada, es decir, para aumentos de producción o reemplazo de trabajadores y se superaban los plazos consagrados, se «[…] entenderá [que] el contrato de trabajo [fue] celebrado con la usuaria beneficiaria, acorde a la presunción del contrato realidad (art. 53C.N. y 24 CST) o presunción de la modalidad contractual para el trabajador oficial». Copió la cláusula primera de los contratos celebrados entre Colpensiones y estas empresas. También, discriminó todos los vínculos que tuvo la demandante con esas compañías.

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Radicación n.° 94699 Sostuvo que, si bien Colpensiones aseguró que la contratación de la trabajadora, tuvo como objetivo atender un incremento en la producción en la entidad, ante la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, «[…] lo cierto es que para la Sala la situación […] no se enmarca claramente en dicha causal». Lo expuesto, por cuanto, consideró que en los contratos civiles celebrados entre las entidades no quedó así consagrado expresamente y porque, la contratación de la trabajadora a través de esas compañías superó los términos de los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y del 6° del Decreto 4369 de 2006, ya que prestó servicios por 3 años y 8 meses, entre el 13 de septiembre de 2013 y el 14 de mayo de 2017. Aseguró que se desconoció la prohibición del parágrafo del artículo 61 del Decreto 4369 de 2006, según el cual superado el término de seis meses más la prórroga,

Colpensiones «[…] no podía prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales […], si la causa originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria».

Explicó: En ese orden, al cumplirse el término de un año de contratación en el caso de la demandante, esta no podía seguir siendo vinculada por Colpensiones a través de empresas de servicios temporales, pues pese a que subsistiera el estado de cosas inconstitucionales reconocido por la Corte Constitucional, y esta Corporación continuara emitiendo órdenes a Colpensiones para su superación, esta sola situación no habilitaba a la entidad a desconocer la normatividad que regula este tipo de contratación.

Así las cosas, estimó que la administradora de pensiones ocultó una verdadera relación laboral con la

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Radicación n.° 94699 demandante y que, por ende, las temporales fungieron como simples intermediarias. Detalló que las empresas argumentaron que los contratos celebrados con la demandante fueron autónomos y no superaron el plazo de los seis meses más la prórroga, no obstante, ello fue aparente, dado que la trabajadora prestó sus servicios ininterrumpidamente, en el mismo cargo y ejecutando idénticas funciones. Indicó que, si bien la accionante confesó que desarrolló sus labores en distintas dependencias de la entidad, lo cierto es que, de conformidad con las certificaciones aportadas, siempre sustanció las solicitudes de prestaciones económicas, tramitó tutelas, contestó derechos de petición, realizó informes y apoyó los controles de calidad en el marco

de la crisis ocasionada por el represamiento del ISS. Además, acotó que en los contratos del 1° de abril de 2015 al 30 de junio de 2016 y del 4° de abril de ese mismo año al 24 de mayo de 2017, «[…] transcurrió un periodo superior a 6 meses, sin mediar ninguna prórroga». Como concluyó que las empresas de servicios temporales eran responsables solidarias de la entidad de pensiones, anotó que la primera instancia, reconoció esa «[…] responsabilidad únicamente en relación con Activos S.A.S.», determinación que no fue cuestionada, por lo que confirmó lo previamente decidido. En lo referente a que el extremo final de la relación laboral fue el 24 de mayo de 2017, cuando el vínculo civil

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Radicación n.° 94699 entre Colpensiones y Activos S.A. terminó el 31 de enero de 2017, dijo que la trabajadora no prestó el servicio para esa fecha, porque estaba en licencia de maternidad, lo cual «[…] merece protección conforme a la estabilidad laboral reforzada prevista en el artículo 43 de la Constitución Política». Además, sostuvo que dicho período inició el 18 de enero de 2017, esto es, cuando la «[…] activa aún se encontraba prestando sus servicios». Definió que se configuró un despido sin justa causa, toda vez, que el vínculo terminó el 24 de mayo de 2017, dado que el «[…] contrato por obra o labor pierde efecto, de suerte que la razón dada para finiquitarlo no se constituye en una justa causa para su terminación».

Para calcular la indemnización, tuvo en cuenta el artículo 4° del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad, el cual consagró que para los trabajadores oficiales que devengaran menos de diez salarios mínimos, se tendrían en cuenta 30 días de salario por el primer año de servicios y veinte adicionales por cada año y proporcionalmente por fracción. Al realizar las operaciones aritméticas, encontró que teniéndose en cuenta que el último salario de la demandante fue de $3.985.857, el rubro ascendió a $11.181.658. Argumentó que la sanción moratoria, estaba sujeta al análisis que hiciera el juez sobre la conducta del empleador al momento de la terminación de la relación laboral, de manera que si encontraba que medió mala fe al no pagar las «[…] prestaciones que le correspondían al término de la

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Radicación n.° 94699 relación laboral hay lugar a su imposición, en el caso contrario, se absolverá». Agregó que la entidad contaba con 90 días, luego de la finalización del vínculo, para pagar los salarios, prestaciones e indemnización, según el artículo 1° del Decreto 797 de 1949. Sostuvo que, de conformidad con el precedente jurisprudencial, el proceder de Colpensiones no se ajustó a los parámetros eximentes de la indemnización moratoria, ya que no se evidenció la buena fe de esa entidad, sino que, por el contrario, fue evidente su determinación de «[…] ocultar la vinculación bajo la contratación en misión». Dijo que la simple afirmación de la demandada de

encontrarse amparada bajo la Ley 50 de 1990, no «[…] configura un eximente de sanción». Para cerrar, condenó a un día de salario a partir del 25 de agosto de 2017 hasta que se verificara el pago de la indemnización.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Interpuestos por Colpensiones y Activos S.A.S., concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolverlos teniendo en cuenta los términos de la demanda y los alcances del recurso extraordinario. Se resolverán conjuntamente, toda vez que plantean similares

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Radicación n.° 94699 argumentos y buscan un mismo objetivo.

RECURSO DE COLPENSIONES

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad recurrente que la Corte case totalmente la sentencia del Tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y en consecuencia, la absuelva de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Subsidiariamente, solicita reformar parcialmente el fallo de segunda instancia, en cuanto condenó a la indemnización moratoria, para que, en sede de instancia, se revoque la del juzgado y únicamente la confirme en «[…] cuanto condenó a Colpensiones al pago de la indemnización por despido sin justa causa y en cuanto la absolvió de la indemnización moratoria, revocando las demás condenas impuestas». Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera, el cual es replicado y se resuelve a continuación.

VI. CARGO ÚNICO Acusa la violación indirecta, por aplicación indebida de

los artículos 71, 75 y 77 de la Ley 50 de 1990; 1°, 2°, 3°, 6° del Decreto 2127 de 1945, en relación con el 22, 23, 24, 35, 45 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el 1° de la Ley 6ª de 1945; 2.2.30.1.1., 2.2.30.1.2, 2.2.30.2.1, 2.2.30.2.2,2., 2.30.2.3. y 2.2.30.6.15 del Decreto 1083 de 2015; 52 del Decreto 2127 de 1945, subrogado por el 1° del

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Radicación n.° 94699 Decreto 797 de 1949 y 43 del Decreto 2127 de 1945. Señala que el Tribunal incurrió en los errores de hecho:

1. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo, que Colpensiones contrató a la demandante, a través de empresas de servicios temporales, en desarrollo de la causal tercera del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, esto es, para atender el incremento en la producción.

2. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que en la contratación de la demandante como trabajadora en misión Colpensiones transgredió los límites de temporalidad y causalidad previstos en la Ley 50 de 1990 para este tipo de vinculaciones.

3. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo, que el incremento en la producción en los términos del artículo 77 de la

Ley 50 de 1990, en que se soportó la contratación de la trabajadora en misión, tuvo origen en el estado de cosas inconstitucionales reconocido por la Corte Constitucional, derivado de la imposibilidad de atender, con su capacidad instalada y su planta de personal, los trámites pendientes del ISS y Caprecom y que no eran de su competencia desde el momento de su creación con la Ley 1151 de 2007, sino que le fueron asignados en el año 2012.

4. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que el estado de cosas inconstitucionales reconocido por la Corte Constitucional NO FUE imputable a Colpensiones […].

5. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la Corte Constitucional mediante auto 110 de 2013 determinó que, según el “tramite de revisión se comprueba la existencia de una situación constitucionalmente relevante que impone la imperiosa intervención del juez de tutela... Lo que se demostró a la Corte es la presencia de un conjunto de obstáculos materiales y administrativos que impiden el cumplimiento de los términos dispuestos por el ordenamiento jurídico”.

6. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la Corte Constitucional mediante Auto 110 de 2013, determinó que Colpensiones “en el marco de sus competencias deberá tomar las medidas necesarias para asegurar que el presupuesto, el personal y la infraestructura de la entidad sea suficiente para cumplir con el “plan de acción para corregir el atraso estructural del régimen de prima media” y las metas fijadas a 31 de diciembre de 2013”.

7. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo que, a partir del Auto 110 de 2013, la Corte Constitucional emitió diversas órdenes a través de diferentes pronunciamientos como lo fueron el Auto 113 de 2014, el Auto 259 de 2014, el Auto 130 de 2015, que imponían la contratación de personal en misión hasta tanto no culminara el proceso de fortalecimiento institucional hacia la reestructuración de la entidad y la ampliación de la planta de personal, imposición esta que comporta, para los efectos de la operación, un verdadero incremento de la producción, en los términos del artículo 77 de la Ley 50 de 1990.

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8. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que en la sentencia T774 de 2015, la Corte Constitucional indicó que Colpensiones debía garantizar el cumplimiento SIN RETROCESOS de las órdenes que le habían sido impuestas y las cuales eran objeto de seguimiento y verificación por parte de la Corte, a fin de evitar la repetición de las circunstancias que dieron origen a la infracción masiva de derechos fundamentales, tal como consta en el auto 047 de 2017.

9. Dar por demostrado, contra la evidencia, que en los contratos de prestación de servicios celebrados entre las empresas de servicios temporales y Colpensiones no se estableció que la contratación obedeciera al estado de cosas inconstitucionales reconocido por la Corte y a la imposibilidad de Colpensiones de atender, con su capacidad instalada y planta de personal, los trámites pendientes del ISS y Caprecom.

10. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que cada contrato estatal celebrado por Colpensiones con cada empresa de servicios temporales tiene fundamento en un auto independiente de la Corte Constitucional y, quizás más importante, que en los mismos hay un aparte denominado “necesidad y conveniencia”, donde claramente constan las razones por las cuales se contrata con el proveedor.

11. Dar por demostrado, contra la evidencia, que la contratación de la demandante superó el límite temporal del año, previsto en la Ley 50 de 1990 y que esta laboró sin solución de continuidad por 3 años y 8 meses, comprendidos entre el 13 de septiembre de 2013 y el 14 de mayo de 2017.

12. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo, que entre la demandante y las empresas de servicios temporales se celebraron SIETE (7) contratos de trabajo y no uno solo.

13. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo, que cada uno de los contratos celebrados por la demandante con las empresas de servicios temporales obedeció a un requerimiento puntual de Colpensiones y que, en cada ocasión, las funciones desempeñadas por la demandante fueron diversas y estaban encaminadas a apoyar diferentes equipos de trabajo.

14. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el proceder de Colpensiones no se ajustó a los parámetros eximentes de la indemnización moratoria, y que, en síntesis, son aquellos que evidencian buena fe.

15. No haber dado por demostrado, a pesar de estarlo, que Colpensiones actuó de absoluta buena fe y que jamás pretendió

hacer un uso inadecuado de la figura de la contratación del personal en misión. Asegura que el Tribunal apreció erradamente los contratos de trabajo de la demandante y los respectivos otrosíes, así como los estatales y sus modificaciones, la terminación del aquel suscrito entre Colpensiones y Activos S.A.S. y del laboral; el Acuerdo 11 de 2007; las resoluciones n.° 003 de 2012 y 624 de 2015; las certificaciones laborales;

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Radicación n.° 94699 la licencia de maternidad; el derecho de petición formulado a Colpensiones y Activos S.A.S. y sus respuestas; la liquidación definitiva de prestaciones; la circular de cumplimiento de horario; la comunicación de traslado; los comprobantes de nómina; el Reglamento Interno de Trabajo; el perfil del cargo de profesional senior; las constancias de afiliación al Sistema de Seguridad Social; las comunicaciones de retiro; los comprobantes de aportes al Sistema de Seguridad Social; la hoja de vida de la demandante y las comunicaciones de novedades. También las confesiones de la trabajadora y del representante legal de Activos S.A.S. Como pruebas omitidas relaciona, la sentencia CC T774 de 2015; los estudios previos de los contratos 060 de 2013, 053 de 2014, 119 de 2014, 007 de 2014, 042 de 2015 y 05 de 2016; los autos de la Corte Constitucional 110 de 2013, 047 y 096 de 2017; el n.° 168 de 2015 suscrito con Adecco; la terminación anticipada del vínculo con Manpower

y el n.° 120. Asegura que erró al concluir que en el presente asunto se dio una indebida utilización de la tercerización laboral, toda vez que se apreciaron equívocamente los contratos celebrados con las empresas de servicios temporales y las providencias de la Corte Constitucional. Destaca que tuvo razones atendibles para vincular personal a través de aquellas, en tanto, contaba con una planta de personal preestablecida desde su creación para atender sus propias necesidades, sin tener las condiciones necesarias para responder por los «[…] trámites represados que tenían a su cargo el ISS y Caprecom».

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Radicación n.° 94699 Por tanto, expresa que se vio sometida a gestionar un cúmulo importante de requerimientos, los cuales no pudo tramitar con su planta de personal «[…] circunstancia que fue entendida por la Corte Constitucional, dada la avalancha de tutelas que llegaron a su conocimiento para la violación de los derechos de los afiliados y pensionados». Añade que fue precisamente por lo anterior que el tribunal constitucional expidió el Auto 110 de 2013, en el que se dieron a conocer los obstáculos que impedían que la entidad cumpliera con sus objetivos en los términos establecidos, lo que ocasionó con posterioridad la declaratoria del estado de cosas inconstitucionales, mediante la cual, se le ordenó implementar los mecanismos necesarios para responder a los usuarios oportunamente. Conforme a lo dicho, se vio avocada a contratar personal en misión para atender la «[…] necesidad de carácter

temporal, lo que significaba un aumento en la producción» y cumplir las providencias de la Corte Constitucional. Menciona que la segunda instancia consideró que no se respetaron los límites temporales de la Ley 50 de 1990, no obstante, en el proceso se evidenció que la demandante laboró en diversas áreas de la entidad, cumpliendo «[…] tareas que iban de la mano con las directrices impartidas por la Corte Constitucional y que no tenían relación entre ellas». Afirma que el Tribunal omitió que con la sentencia CC T-774 de 2015, si bien se finalizó el estado de cosas inconstitucionales, esta continuó «[…] dando órdenes a la entidad para [que] siguiera cumpliendo los estándares que venía dando la entidad», de suerte que ante las deficiencias de personal se vio obligada a «[…] tomar las herramientas

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Radicación n.° 94699 jurídicas que estuvieran a su mano para cumplir dichas órdenes». A su juicio, si la segunda instancia hubiera valorado correctamente los estudios previos de los contratos n.° 060 de 2013, 007, 053, 119 de 2014, 042 de 2015, 05 de 2016, se