CSJ - SL309-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL309-2023 Radicación n.° 89524 Acta 5 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación interpuesto por

la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE

PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S. A., antes BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S. A., contra la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario laboral que instauró GERMÁN ORTEGA GELVEZ contra la sociedad recurrente, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE SANTANDER y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, trámite al cual fueron llamados en garantía BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A., MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S. A., el FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERASFOGAFÍN y AXA COLPATRIA SEGURO DE VIDA S. A.

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Radicación n.° 89524 Se reconoce personería adjetiva al abogado Juan Francisco Hernández Roa, con T.P. 35.277 del CSJ, como apoderado judicial de Porvenir S. A., en los términos y para los efectos del poder allegado ante la Corte. Del mismo modo, se reconoce personería adjetiva para actuar a la firma Álvarez Liévano Laserna S.A.S. como

apoderada del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín en los términos y para los efectos del mandato aportado.

I. ANTECEDENTES Germán Ortega Gelvez instauró demanda ordinaria laboral contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir S. A., trámite al cual fueron llamados en garantía

BBVA Seguros de Vida Colombia S. A., Mapfre Colombia Vida Seguros S. A., el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN y a Axa Colpatria Seguro de Vida S. A., con el fin de que se declare que se encuentra en estado de discapacidad por padecer una enfermedad común que se estructuró entre los años 1992 y 2007; y que esa situación fue desconocida por la administradora a la cual se encuentra afiliado al sistema pensional.

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Radicación n.° 89524 En consecuencia, solicita que se ordene a BBVA Fondo de Pensiones y cesantías, hoy Porvenir S. A. a reconocer y pagarle la pensión de invalidez, desde la fecha en que se estructuró su enfermedad, en cuantía no inferior a un salario mínimo legal mensual vigente; junto con las mesadas causadas; los intereses moratorios; los reajustes legales; el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional, debidamente indexado y se le suministre atención médicoasistencial-quirúrgica que requiere en virtud de su condición

de salud, lo ultra o extra petita y las costas del proceso. Como soporte de sus peticiones, informó que laboró en las siguientes empresas: desde 1992 hasta 1998, en la Cooperativa Progresar, y de 1999 a 2007, en el conjunto residencial Los Almendros, cotizando en esos periodos al Sistema General de Seguridad Social Integral, primero, en el ISS, luego en BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías. Explicó que, durante todo este tiempo, estuvo recibiendo un tratamiento para llevar una vida en condiciones normales pese a la afección que padece, pero que en 2007 ya no le fue posible seguir laborando, motivo por el cual solicitó la calificación de pérdida de su capacidad laboral, la cual le fue dictaminada por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, el 20 de octubre de 2006, en un 52,95%, con fecha de estructuración, el 29 de junio de 1989.

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Radicación n.° 89524 Refirió que la Junta Regional de Calificación de Invalidez modificó dicho dictamen, fijando una PCL del 54,35% (sin indicar fecha de estructuración) con un diagnóstico de «epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones focales parciales y ataques parciales simples». Dicha decisión fue revisada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad que el 19 de septiembre de 2007, determinó una pérdida de capacidad laboral del 54,35%, con fecha de estructuración, el 29 de junio de 1989, esto último, desconociendo lo previsto en la

Ley 100 de 1993 y en los Decretos 1295 de 1994; 917 de 1991 y 2463 de 2001. En virtud de lo anterior, precisó que Porvenir S. A. negó el reconocimiento de la pensión de invalidez invocando que, al momento de configuración del estado de discapacidad, no se encontraba afiliado al sistema, pese a que, reiteró, realizó cotizaciones durante más de trece años. Agregó que la fecha en que se tuvo por estructurado el estado de invalidez no concuerda con la realidad, e indicó que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta. Al contestar la demanda, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Frente a los hechos, admitió que emitió dictamen calificando la PCL del demandante en un 52,95%, con fecha de estructuración del 29 de junio de 1989 y de origen común (verificar, porque algunos hechos que se dice se admiten no están narrados en los supuestos

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Radicación n.° 89524 fácticos, complementar); los demás, dijo que no le constaba o que no eran ciertos. En su defensa, puso de presente que fue diligente al tramitar el proceso de calificación solicitado, el cual se hizo cumpliendo los lineamientos previstos en el Decreto 2463 de 2001 y el Manual de Calificación vigente y con base en las pruebas aportadas. Precisó que se fijó como fecha de estructuración de la discapacidad, el 29 de junio de 1989,

toda vez que, para esa data, el paciente ya presentaba varias crisis convulsivas parciales al día, de modo que ya tenía una PCL permanente y definitiva. No formuló excepciones. La Junta Nacional de Calificación de Invalidez se opuso a que salieran avante las peticiones de la demanda. En relación con los hechos, admitió aquellos relativos a condición de salud del accionante y las diferentes calificaciones que se han emitido respecto de su capacidad laboral; de los demás, dijo que no le constan o que no son ciertos. Explicó que el dictamen emitido por esa Junta, al igual que la decisión concerniente a la fecha de estructuración de la invalidez del actor cuentan con plena validez, legalidad y legitimidad, y se encuentran ajustadas a los criterios técnicolegales del Manual Único de Calificación considerando la real evolución del estado de salud. Precisó que, desde 1989, el demandante no había presentado ninguna mejoría y que,

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Radicación n.° 89524 incluso, para los años 90 existían registros que daban cuenta de múltiples episodios convulsivos diarios, sin que hubiera concepto favorable o pronóstico de recuperación en algún momento, de modo que, desde esa calenda, podía decirse que el paciente presentaba una PCL de forma permanente y definitiva. Propuso las excepciones de legalidad de la calificación emitida por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen, legalidad de la calificación, la calificación debe fundamentarse en criterios médicos-técnico-científicos, falta

de legitimación por pasiva, buena fe de la demandada y la genérica. Por su parte, Porvenir S. A. se opuso al éxito de las peticiones dirigidas en su contra. Indicó que no era posible modificar el dictamen de pérdida de capacidad laboral y precisó que la fecha de estructuración de la invalidez fue definida por las Juntas legalmente competentes para ello. En relación con los hechos, admitió el porcentaje de PCL fijado para el caso del actor, de los demás, dijo que no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, se limitó a citar jurisprudencia sobre el procedimiento de las Juntas de Calificación de Invalidez e invocó las excepciones de no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios -solicitando la vinculación de Colpensiones-, inexistencia de la obligación, obligatoriedad del dictamen proferido por la Junta Nacional de Calificación

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Radicación n.° 89524 de Invalidez, cobro de lo no debido, ausencia de los presupuestos establecidos en la ley para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, falta de título y causa en el demandante, prescripción, buena fe y la genérica. Llamó a juicio a BBVA Seguros de Vida Colombia S. A., Mapfre Colombia Vida Seguros S. A., el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN y a Axa Colpatria Seguro de Vida S. A., lo cual fue admitido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga. BBVA Seguros de Vida Colombia S. A. se opuso a todas

las pretensiones de la demanda. Explicó que el dictamen que pretende ser modificado fue emitido con todas las formalidades técnicas y legales del caso, sin que presente error alguno que justifique su revocatoria. También descartó que pueda prestársele el actor la atención médica asistencialquirúrgica-hospitalaria, toda vez que se trata de peticiones que deben ser reclamadas ante el sistema de salud, ante la EPS respectiva, pero no al pensional o de riesgos laborales. Dijo que los hechos no le constaban y formuló las excepciones que denominó el dictamen está llamado a mantenerse en firme con todos sus efectos, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo de Porvenir

S. A., no hay lugar al reconocimiento de prestaciones médicoasistenciales, improcedencia de cobro de interese moratorios y/o costas procesales y prescripción.

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Radicación n.° 89524 En lo relativo al llamamiento en garantía, explicó que la póliza de seguro expedida en favor de Porvenir S. A. sólo cubre el pago de la suma adicional que fuera necesaria para financiar el pago de la respectiva pensión de invalidez o de sobrevivientes a cargo del fondo tomador, en el evento de que el siniestro sobreviniera por causa común dentro de la vigencia. Sin embargo, añadió, en este caso, el estado de invalidez del demandante se generó con anterioridad a su afiliación a Porvenir S. A., por lo que el seguro no puede verse afectado. Invocó las excepciones de inexistencia del contrato de seguro por falta del riesgo como elemento esencial del

contrato de seguro, el riesgo acaecido no cumplió las condiciones del riesgo asegurado, la responsabilidad de la aseguradora se encuentra limitada al valor de la suma asegurada y BBVA no le asiste responsabilidad para el pago de intereses moratorios. Axa Colpatria S. A. únicamente admitió el estado de invalidez del accionante; los demás hechos, anotó que no le constaban. Se opuso a las pretensiones de la demanda inicial, aclarando que el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez se soportó en la historia clínica del paciente; siguió la normatividad vigente y acató los procedimientos y parámetros del Manual Único de Calificación, por lo que no es posible deducir un error grave que lo deje sin efecto.

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Radicación n.° 89524 Frente al llamamiento, explicó que, si bien la póliza tomada por BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías estuvo vigente desde el 1 de febrero de 2002 hasta el 31 de enero de 2003, periodo en el que el demandante estaba afiliado, lo cierto es que el estado de invalidez se había generado con antelación a la suscripción de la póliza -29 de junio de 1989lo que impide que la situación del actor fuera asegurable. Presentó las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de cobertura de la póliza de seguro previsional por invalidez, prescripción y la genérica. El Fondo de Garantías de Instituciones FinancierasFogafínindicó que los hechos no le constaban y se opuso a

la prosperidad de lo pedido. Señaló que ni constitucional ni legalmente ha asumido las obligaciones que eventualmente les corresponderían a las aseguradoras Atlas y Grancolombiana de Vida S. A., en tanto los procesos liquidadatorios, per se, no le transmiten ninguna obligación. Propuso la excepción de inexistencia del vínculo legal o contractual para ser llamado en garantía. Finalmente, Mapfre Vida Seguros S. A. manifestó que no le constaban los hechos que soportan la demanda e invocó las excepciones de inexistencia de obligación de quien llama en garantía y la innominada. En relación con el llamamiento, sostuvo que la póliza contratada tiene una vigencia por fuera de la fecha en que se estructuró el estado de invalidez del demandante, por lo que no puede ser condenada a pagar la

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Radicación n.° 89524 pensión que se pretende. Propuso las excepciones de ineficacia del seguro por inexistencia del riesgo, inexistencia de amparo por vigencia, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica. El Juzgado no se pronunció sobre la solicitud de Porvenir S. A. de vincular a Colpensiones.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 18 de enero de 2019, resolvió: PRIMERO: DECLARAR que la pérdida de capacidad padecida por el señor GERMÁN ORTEGA GELVEZ con ocasión al

diagnóstico EPILEPSIA Y SÍNDROMES EPILÉPTICOS

SINTOMÁTICOS RELACIONADOS CON LOCALIZACIONES

(FOCALES) (PARCIALES) Y CON ATAQUES COMPLEJOS tuvo como fecha de estructuración el día 22 de febrero de 2006.

SEGUNDO: DECLARAR que el señor GERMÁN ORTEGA GELVEZ, identificado con la C.C. 91281121 tiene derecho a percibir la pensión de invalidez por partes de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. desde el 22 de febrero de 2006, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a la demandada PORVENIR S.A. al pago de la pensión de invalidez a favor de GERMÁN ORTEGA GELVEZ, en cuantía de 1 SMLMV desde el 22 de febrero de 2006 y en adelante.

CUARTO: CONDENAR a la demandada PORVENIR S.A. al pago de la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE ($55.256.629) PESOS M/Cte. a favor de la parte demandante, por concepto de retroactivo pensional generado desde el 14 de octubre de 2012 hasta la fecha de la presente providencia. De dicho valor, se autoriza a la demandada PORVENIR S. A. para

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Radicación n.° 89524 que descuente de dicho valor las sumas correspondientes a los aportes adeudados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y los valores cancelados al demandante por concepto de devolución de saldos.

QUINTO: CONDENAR a la demandada PORVENIR S.A. a la indexación de la condena impuesta en el numeral anterior,

conforme a la fórmula establecida para tal propósito por la Corte Suprema de Justicia y que se explicó en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: CONDENAR al llamado en garantía BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A. a cubrir la suma adicional necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión de invalidez reconocida en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia.

SÉPTIMO: ABSOLVER a los llamados en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A, MAPFRE SEGUROS DE VIDA S.A. y FOGAFÍN, de la totalidad de las pretensiones de la demandada y el llamamiento en garantía, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: CONDENAR en costas a la parte demandada PORVENIR S.A. Por Secretaría tásense las agencias en derecho que han sido generadas a favor de la parte demandante y que deberán ser incluidas en la liquidación de costas.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación de Porvenir S. A. y de BBVA Seguros de Vida Colombia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante fallo del 11 de diciembre de 2019, confirmó la decisión impugnada y condenó en costas a Porvenir S. A.

En lo que interesa al recurso extraordinario, refirió los antecedentes del proceso de primera instancia, resaltando que el juzgado decretó la práctica de un dictamen pericial con la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, de acuerdo con el cual, se reconoció una

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Radicación n.° 89524 capacidad laboral residual del actor que le permitió laborar hasta el año 2006. Anunció que la decisión del a quo debía confirmarse, en tanto se ajustaba a los presupuestos jurisprudenciales y a la prueba recaudada en el proceso, que permitían coincidir con el hecho de que la fecha de estructuración de invalidez del demandante ocurrió, en realidad, en el año 2006, momento en el que perdió toda posibilidad de seguir trabajando. Explicó que los dictámenes son susceptibles de ser cuestionados por vía judicial y si en el proceso se encuentran elementos de prueba para modificar alguno de sus ítems, como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral o la fecha de estructuración de la discapacidad, es posible hacerlo, máxime si la ley ha previsto que las juntas tienen capacidad para ser parte y para afrontar ese tipo de procesos. Resaltó que en estos eventos existe libertad probatoria. Precisó que el juez debe fundarse en elementos técnicos que le permitan cotejar los diferentes dictámenes y escoger aquel que le brinde mayor convicción, esto es, el que por su idoneidad y condiciones técnico-científicas oriente al juzgador por una senda clara y precisa. En ese sentido, y para el caso concreto, puso de presente que el demandante sufre de una patología desde el año 1989 que, en todo caso, le permitió laborar hasta febrero de 2006 debido a la serie de incapacidades sucesivas y

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Radicación n.° 89524 condiciones de salud que lo venían aquejando, lo que supuso

periodos en los que trabajaba; recaía; volvía a laborar; regresaba una crisis, pero que le facilitó ejercer una actividad productiva y cotizar al sistema. Resaltó que en consulta médica del año 1990 se precisó que el paciente había dejado de convulsionar; luego vinieron unas crisis motoras y después, crisis leves que le posibilitaron trabajar. Dijo que a folio 1502 del plenario era posible advertir el motivo por el cual se entendía que la fecha en que se estructuró el estado de invalidez del actor fue el 22 de febrero de 2006, el cual citó así: A que el paciente se vinculó a la fuerza laboral desde los 18 años de edad. En las historias clínicas, los médicos describen manipulación a la familia con la crisis y otras crisis fingidas por el paciente con periodo de hasta un año asintomático durante los años 1995, 2000, 2002 y 2004. En el 2005 se reactivan las crisis pudiendo laborar hasta el año 2006, cuando empezó a tener crisis muy repetidas en el día, lo que obligó a los médicos tratantes a otorgar incapacidades de 30 días con prórrogas sucesivas e intervenirlo quirúrgicamente el 2 de septiembre de 2011 con recepción del área frontal persistiendo las crisis en menor intensidad. El anterior concepto alcanza mayor fortaleza si se revisa el dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez obrante al folio 125 a 129, en el cual se menciona que en la fecha de estructuración corresponde al 29 de junio del 89 como fecha desde la cual se documenta en la historia clínica la presencia de crisis frecuentes de difícil control y al folio 131 -134

obra dictamen rendido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el cual se confirma el dictamen inicial con el siguiente argumento: “Para esta fecha, el paciente ya presentaba una pérdida de varias crisis al día y con ello daba cumplimiento a la definición de fecha de estructuración en el sentido (de) que para esa época el paciente ya tenía una pérdida de capacidad en forma permanente y definitiva”.

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Radicación n.° 89524 Consideró que en los dictámenes emitidos por la Junta Regional y la Junta Nacional no se tuvieron en cuenta las circunstancias clínicas posteriores a 1989, esto es, que durante muchos años el demandante presentó crisis convulsivas esporádicas, lo que le permitió desempeñarse laboralmente, aportando al sistema de forma ininterrumpida hasta el 22 de febrero de 2006, momento en el cual tales sucesos se empezaron a presentar con tal frecuencia que mermaron su fuerza laboral, al punto de impedirle trabajar. Precisó que el dictamen emitido por la Junta de Calificación de Norte de Santander analizó los distintos episodios clínicos sufridos por al actor; su capacidad laboral residual y el momento en que no pudo seguir trabajando, todo lo cual, dijo, se acompasa con la doctrina de la Sala de Casación Laboral y que permite tener como fecha de estructuración el momento en el que la persona perdió su capacidad por completo. De ese modo, anotó, el juez de primer grado no se equivocó cuando se apartó de las experticias médico-legales atacadas con la demanda y fueron dejadas de lado para adoptar el criterio proferido al interior

del proceso por la Junta Regional de Calificación de invalidez de Norte de Santander. Siendo ello así, estimó que no había duda de que el actor tiene derecho a la pensión de invalidez reclamada, ya que cuenta con más de 50 semanas dentro de los tres años previos a la fecha en que se estructuró su estado de invalidez,

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Radicación n.° 89524 es decir, entre el 22 de febrero de 2003 y el 22 de febrero de 2006. Contra la anterior decisión, Porvenir S. A. y de BBVA Seguros de Vida Colombia interpusieron recurso de casación. Sin embargo, mediante providencia del 30 de junio de 2021, esta Sala de Casación Laboral declaró desierto el formulado por BBVA Seguros de Vida Colombia S. A., en tanto no presentó demanda de casación dentro del término legal.

IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por Porvenir S. A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La sociedad recurrente pretende la casación total de la sentencia de segundo grado, para que, en sede de instancia, revoque la condena del a quo y se le absuelva de las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, el cual es replicado por la parte demandante.

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VI. CARGO ÚNICO Denuncia el fallo de ser violatorio de la ley sustancial, por la senda indirecta, por aplicación indebida del numeral

primero del artículo 1 de la Ley 860 de 2003; 40 de la Ley 100 de 1993; 142 del Decreto 19 de 2012 y 53 de la Constitución Política y por la infracción directa del literal b) del artículo 39; 69 de la Ley 100 de 1993; literal b) del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990; 1, 29, 230 de la Constitución Política y 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Considera que el Tribunal incurrió en los siguientes yerros fácticos: No dar por demostrado, estándolo, que la enfermedad padecida por el señor Ortega no puede considerarse como congénita, crónica o degenerativa. Dar por demostrado, sin estarlo, que las cotizaciones hechas en fecha posterior a la calenda declarada como la de inicio de la condición valetudinaria por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez podían ser tenidas en cuenta para efectos de verificar el cumplimiento de la densidad de semanas exigida por la ley para poderse beneficiar con la prestación reclamada. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Ortega no estaba llamado a beneficiarse con la pensión de invalidez. Indica que los anteriores errores se derivaron de la indebida apreciación de los dictámenes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander (f.° 125 a 130); de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (f.° 125 a 130) y de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander (f.° 1145 a 1448).

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Radicación n.° 89524 Y por la falta de valoración de los memoriales de Porvenir S. A. (f.° 1478 a 1472); Fogafín (f.° 1483 y 1484); Mapfre Colombia Vida Seguros S. A. (f.° 1485 a 1487), BBVA (f.° 1495 y 1496) y la respuesta dada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander (f.° 1500 a 1503). Luego de citar jurisprudencia en la que se precisa que los dictámenes de las juntas de calificación son prueba hábil en casación, y de transcribir extractos de la decisión CC SU588-2016 -en las que se admite validar las cotizaciones realizadas en virtud de una capacidad laboral residualpone de presente que un análisis de los experticias denunciadas permiten comprender que la enfermedad que sufre el actor no puede considerarse como congénita, crónica o degenerativa, en la medida en que los primeros síntomas aparecieron cuando esta persona tenía 6 o 7 años -luego, dice, no es congénita-; que durante varios periodos de su vida no presentó manifestación alguna -luego, señala, no es crónicay que la pérdida de la capacidad laboral determinada en las varias calificación es –54,35% es la misma, de modo que no puede tenerse como degenerativa. En ese orden de ideas, considera que el trabajo realizado por el demandante hasta el año 2007 (sic), no puede entenderse fruto de una capacidad laboral residual y, por consiguiente, no es posible validar -en términos de la Corte Constitucionallos aportes efectuados de forma

ulterior a la fecha declarada como de comienzo del estado de

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Radicación n.° 89524 invalidez, como ocurre cuando se trata de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas. Refiere que en los memoriales enunciados, en los que algunas de las administradoras demandadas solicitan la realización de un nuevo dictamen, o pidiendo la aclaración y/o complementación del realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, se ponen de manifiesto las falencias en que incurrió esta autoridad al momento de proferir su concepto y que no quedaron corregidas o subsanadas con la respuesta que se le dio al juzgado, y que se cimientan en que la epilepsia del actor es progresiva, argumento que es contrario a la realidad y al porcentaje de PCL que fijaron las Juntas Regional –54,32%- y Nacional –54,35%-, en tanto sólo evidencian un valor ligeramente mayor entre ellas, y que no explica el supuesto empeoramiento de las condiciones del paciente. Precisa que las respuestas dadas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander motivan una inquietud, concerniente a que, si una persona con PCL del 54,35% puede laborar normalmente, pero ya no puede hacerlo cuando se modifica a 54,6%. Refiere que se cae de su peso esa consideración, peor aún, cuando se trata «de alguien que en muchas ocasiones fingió los ataques epilépticos (incluso durante evaluaciones que le estaban haciendo los médicos) y así se corrobora con las pruebas que el cargo señala como mal valoradas o dejadas de valorar».

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Radicación n.° 89524 Relaciona apartes de la decisión CSJ SL, 15 mar. 2011, rad. 42625, en los que, dice, se prevé que el interés general prevalece sobre el particular y que le compete al Estado la sostenibilidad financiera del sistema, precisando que no es posible imponer una condena que satisfaga un reclamo particular aun cuando no se cumplen las exigencias legales para hacerlo, lo que es abiertamente violatorio de las normas que pregonan darles prioridad a los beneficios de orden común. Agrega que, aunque el juez tiene la facultad de fundar su decisión en los elementos de prueba que más le convenzan, tal atribución no se extiende hasta el punto de estructurar su providencia en comprobaciones contraevidentes, lo que, anota, ocurrió en este caso, por lo que pide que se atienda el alcance de la impugnación.

VII. RÉPLICA El demandante se opone al cargo, para lo que precisa que la epilepsia se define como una enfermedad crónica recurrente, según la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, de modo que las reflexiones hechas por la censura carecen de respaldo probatorio. Sostiene que la estructuración de la discapacidad no puede darse con la aparición de los síntomas de la enfermedad, sino que corresponde al momento en que la persona pierde toda capacidad laboral de forma permanente y absoluta. Aduce que los derechos laborales están

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Radicación n.° 89524 íntimamente protegidos como preferentes por la Constitución Política, de modo que a ellos no pueden anteponerse motivos

de sostenibilidad financiera. Reproduce apartes de la decisión CC T-138-2005 y solicita no casar la sentencia. Por su parte, Fogafín indica que la demanda de casación presentada por Porvenir S. A. no eleva algún cargo que haga más gravosa su situación, por el contrario, lo allí establecido le favorece. Explica que, como quiera que fue absuelto de cualquier condena como llamado en garantía tanto en primera como en segunda instancia, no existe mérito para oponerse a la casación interpuesta en esta oportunidad, aunque precisa que sí le asiste razón a Porvenir S. A. en el reproche formulado en casación frente a la vigencia del derecho que se discute. Lo anterior, bajo el entendido de que la enfermedad que padece el accionante no puede considerarse congénita, crónica o degenerativa, toda vez que sus primeros síntomas aparecieron cuando aquél tenía 6 o 7 años. Por último, cita la normatividad relacionada con dicho fondo y su creación y concluye que el ad quem no se equivocó al considerar que esa entidad no debía soportar ninguna carga, sin perjuicio de la suerte que tenga el derecho discutido.

VIII. CONSIDERACIONES El debate que se plantea contra la decisión del juez de segundo grado, tiene que ver con la supuesta equivocación

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Radicación n.° 89524 fáctica en que incurrió al analizar los dictámenes emitidos por las distintas Juntas de Calificación de Invalidez, los cuales, a juicio de la sociedad recurrente, permiten comprender que la enfermedad que sufre el actor no es congénita, crónica o degenerativa y, por ende, sostiene, no

era viable contabilizar, a efectos de determinar el número de semanas que el demandante reunía el tiempo trabajado durante lo que la jurisprudencia califica como capacidad laboral residual y así acceder al derecho a la pensión. En consecuencia, la Corte deberá determinar si el ad quem se equivocó al concluir que la enfermedad que sufre el accionante es de aquellas catalogadas c