CSJ - SL3095-2023

OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA Magistrado ponente SL3095-2023 Radicación n.° 92728 Acta 043 Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala los recursos de casación interpuestos por LUIS HERNÁN POVEDA POVEDA y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de agosto de 2020, en el proceso que instauró el primero contra la segunda, y la FIDUCIARIA LA PREVISORA SA como vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA; LA NACIÓN -MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; ASESORES EN DERECHO SAS en calidad de mandataria con representación de la COMPAÑÍA DE

INVERSIONES DE LA FLOTA MERCANTE SA (PANFLOTA);

la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES).

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Radicación n.° 92728 Se reconoce personería a los abogados Carlos Rafael Plata Mendoza, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía número 84.104.546 y tarjeta profesional número 107.775 del Consejo Superior de la Judicatura; y Linda Tatiana Vargas Ojeda, mayor de edad e identificada con cédula de ciudadanía número 1.140.862.823 y tarjeta profesional número 287.982 del Consejo Superior de la

Judicatura, como apoderados judiciales de Colpensiones.

I. ANTECEDENTES Luis Hernán Poveda Poveda demandó a las partes referenciadas, con el fin de que se declarara que fue trabajador de la Flota Mercante Grancolombiana SA, hoy Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA - liquidada, y, como consecuencia, que se condenara a Asesores en Derecho SAS, en calidad de mandataria con representación de Panflota, a expedir a su favor la resolución de bono pensional o cálculo actuarial por el tiempo laborado para la Flota Mercante Grancolombiana SA; y que se impusiera a la Fiduciaria La Previsora, en su calidad de administradora y vocera del patrimonio autónomo Panflota, la obligación de pago de tales valores a Colpensiones, para que esta, a su vez, tuviera en cuenta ese tiempo al momento de otorgar la pensión de vejez.

Además, solicitó que se condenara a las demandadas al reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados, y los intereses moratorios.

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Radicación n.° 92728 De manera subsidiaria, pidió que el pago del referido cálculo o título pensional se le impusiera a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia o, en su defecto, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Como sustento de sus pretensiones, adujo que la Ley 95 de 1931 autorizó al gobierno nacional para fomentar la organización y desarrollo de la Compañía Marina Mercante,

con la cooperación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dando un derecho de opción accionaria del 20% del total de la participación de dicha compañía; que la Flota Mercante Grancolombiana SA se creó con capital público, pero se inscribió como una empresa de derecho privado; que aquella tenía la obligación de pagar las pensiones de jubilación, y se ocupó de describir los aspectos legales y administrativos que consideró relevantes. Detalló que contaba con 59 años; que se encontraba casado con Bertha Moreno Valero; que laboró para aquella compañía mediante un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de febrero de 1983 hasta el 31 de enero de 1994, que su último cargo fue el de «PRIMER MECÁNICO AJUSTADOR» y recibía un salario promedio de USD 1.428.25; y que celebró con su empleadora una conciliación en la que no se incluyó el pago de los aportes a pensiones no realizados, por el periodo comprendido entre el inicio del vínculo hasta el 28 de agosto de 1990. Agregó que al interior de la compañía funcionaba la Unión de Trabajadores de la Industria del Transporte

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Radicación n.° 92728 Marítimo y Fluvial (Unimar), a la cual estaba afiliado; y que el 16 de junio de 1977, al decidirse un conflicto colectivo, se estableció que las pensiones de jubilación estarían a cargo del empleador, y así se pactó además en la convención colectiva 1993 – 1996, de la cual era beneficiario. Sostuvo que para el 1 de abril de 1994 tenía más de

1021 semanas cotizadas, y al 25 de julio de 2005 más de 1234; y que agotó las reclamaciones respectivas ante las entidades. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda. Expresó que no le constaban los hechos expuestos, y como medios exceptivos propuso los de inexistencia del derecho y de la obligación, así como de intereses moratorios; cobro de lo no debido; buena fe; y, prescripción. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público rechazó las pretensiones. En cuanto a los hechos, expresó que no le constaban. Formuló las excepciones inexistencia de obligación, falta de legitimación en la causa respecto de la pasiva y prescripción. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, dio respuesta a la demanda oponiéndose a las súplicas. Respecto a los hechos, admitió los antecedentes históricos de la Flota Mercante Grancolombiana SA y de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, así como la

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Radicación n.° 92728 participación del Fondo Nacional del Café; precisó aspectos administrativos; y adujo que no existió vínculo entre ella y el trabajador, por lo que no tuvo conocimiento respecto de su vida laboral. Agregó que no había lugar a la pretendida responsabilidad subsidiaria, pues la presunción legal no operaba respecto de todos los elementos. Frente a los demás supuestos expresó que no eran ciertos, o que no le constaban. Aseveró que, según el artículo 148 de la Ley 222 de

1995, la responsabilidad subsidiaria no se presumía; que no fue la causante de la situación de insolvencia de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA, y que todas las decisiones fueron tomadas para aliviar la situación económica generada por hechos ajenos a la empresa. Planteó como excepciones las de ausencia de responsabilidad subsidiaria, inexistencia de la obligación, buena fe y falta de legitimación en la causa. La Fiduprevisora SA se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a los hechos señaló que no le constaban; y aseguró que como vocera y administradora de Panflota no asumió la posición ni es subrogataria, cesionaria o sucesora procesal de la extinta Flota Mercante, y sus obligaciones están limitadas al contrato de fiducia. Como excepciones propuso las de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación. Por último, la sociedad Asesores en Derecho SAS al contestar la demanda se opuso a las pretensiones dirigidas

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Radicación n.° 92728 en su contra, y manifestó que las elevadas frente las codemandadas no eran de su interés. En lo relativo a los supuestos fácticos, aclaró que en virtud del contrato de mandato No. 9264-001-2014 actuaba solo como mandataria con representación de Panflota, pues no existía representación legal, ni capacidad para ser parte en el proceso. Aseguró que al demandante no le asistía el derecho al reconocimiento del cálculo actuarial o el traslado del bono pensional a Colpensiones, ya que para la fecha en la que se

prestaron los servicios no existía la obligación legal de afiliación para los trabajadores marítimos de la CIFM, precisando que el ISS solo asumió el riesgo mediante la Resolución n.° 03296 del 2 de agosto de 1990, efectiva a partir del 15 de agosto de la misma anualidad. Propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, imposibilidad jurídica y legal para reconocer el cálculo actuarial y/o bono pensional, prescripción, buena fe y oposición a la condena de costas.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 9 de marzo de 2020, dispuso lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR que el demandante LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA., (sic) laboró a favor de la FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA SA., entre el 16 de febrero de 1983 hasta el 31 de enero de 1994., (sic) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR responsable subsidiaria a la

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Radicación n.° 92728 FEDERACION (sic) NACIONAL DE CAFETEROS en calidad de Administradora del Fondo Nacional del Café, de las obligaciones pensionales de la COMPAÑÍA DE INVERSIONES FLOTA MERCANTE S.A., en lo relacionado con el reconocimiento y pago del cálculo pensional, correspondiente al periodo laborado entre el 16 de febrero de 1983 hasta el 28 de agosto de 1990. por el señor LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA., (sic) identificado

con la cedula (sic) de ciudadanía Nro. 19.307.770., (sic) según las anotaciones precedentes.

TERCERO: CONDENAR a la FEDERACION (sic) NACIONAL DE CAFETEROS, en calidad de administradora del Fondo Nacional del Café, al reconocimiento y pago del cálculo actuarial, por los aportes a pensiones de LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA, cuyo cálculo actuarial será realizado por FIDUPREVISORA S.A. en Coordinación con Colpensiones, en atención a lo antes proveído.

CUARTO: ORDENAR a la FIDUCIARIA LA PREVISORA FIDUPREVISORA S.A, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo "PANFLOTA", elaborar el cálculo pensional del señor LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA, en coordinación con Colpensiones; cálculo que deberá ser remitido inmediatamente, a Asesores en Derecho S.A.S., y a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, este último quien actúa como administrador del Fondo Nacional del Café, para que le traslade los correspondientes recursos, con el fin de ser trasladados posteriormente a COLPENSIONES. Los parámetros para la elaboración del cálculo Actuarial son los siguientes:

• Nombre: LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA • Identificación: C.C No. 19.307.770 • Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1956 • Tiempo laborado: Del 16 de febrero de 1983 hasta el 28 de agosto de 1990.

• Salarios o IBC para cada uno de los meses durante los años 1983 a 1990: 1983 $45.324,81; 1984 $58.196,65; 1985 $104.015,69; 1986 $141.793,74; 1987 $170.735,20; 1988 $254.951,33; 1980 $342.102,53 y 1990

$429.910,94.

QUINTO: ORDENAR al representante legal de Asesores en Derecho S.A.S., en calidad de mandataria con representación del Patrimonio Autónomo PLANFLOTA, que expedida las correspondientes resoluciones o actos administrativos, dando cumplimiento a lo acá dispuesto y ordenando al Patrimonio Autónomo PANFLOTA que una vez reciba los recursos por parte de La Federación Nacional de Cafeteros, traslade el valor del cálculo pensional determinado, con destino a COLPENSIONES., con el fin de cubrir los aportes pensionales de LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA., correspondiente al periodo 16 de febrero de 1983 hasta el 28 de agosto de 1994 (sic).

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SEXTO: ABSOLVER a las demandadas ASESORES EN

DERECHO S.A.S., COLPENSIONES., FEDERACION (sic) NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A - FIDUPREVISORA y LA NACION (sic) - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO (sic) PUBLICO., de las demás pretensiones incoadas en su contra, de conformidad con lo antes expuesto.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia del 31 de agosto de 2020, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Fiduciaria La Previsora SA, confirmó la sentencia de primera instancia y, además, decidió lo siguiente: PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral TERCERO de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2020 por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual quedará así: TERCERO: CONDENAR a la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, como administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ, a trasladar el valor del cálculo actuarial de los aportes pensionales del demandante LUIS HERNAN (sic) POVEDA POVEDA, cuya elaboración será realizada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES y ABSOLVER a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA, de dicha obligación por las razones expuestas.

SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral CUARTO de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2020 por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual quedará así: CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, a la cual se encuentra afiliado el actor, realizar el respectivo cálculo actuarial por concepto de aportes para pensión del demandante correspondiente al tiempo que no estuvo afiliado a pensiones por la Flota Mercante Gran

Colombiana S.A. entre 16 de febrero de 1983 hasta el 28 de agosto de 1990, teniendo como salario de referencia la suma de $372.090, periodo del cual se debe descontar el termino de tres días de licencias y/o suspensión del contrato. El cálculo debe ser elaborado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, e igualmente aceptar su pago por parte de la

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FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA como

administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ.

TERCERO: MODIFICAR el numeral SEPTIMO (sic) de la sentencia apelada, en el sentido de ABSOLVER a la demandada FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO PANFLOTA de la condena en costas. En lo demás se CONFIRMA este numeral.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problemas jurídicos, los siguientes: Determinar si hay lugar a ordenar el pago del cálculo actuarial al empleador y, en caso afirmativo, verificar el salario base y el tiempo del contrato se debe tener en cuenta para su liquidación. Analizar la responsabilidad subsidiaria de la Federación Nacional de Cafeteros. Establecer si la Fiduciaria La Previsora S.A. es responsable de elaborar el cálculo actuarial. Dilucidar si hay lugar o no a imponer o modificar las costas. Para resolverlos, discriminó cada una de las pruebas obrantes en el plenario, que, en su sentir, merecían ser

analizadas, y descendió al caso concreto. Así, dejó por fuera de debate la existencia del contrato de trabajo, y consideró para solucionar el primer interrogante, que: […] se tiene en cuenta que la ley 90 de 1946 instituyó el seguro social obligatorio para aquellos individuos nacionales o extranjeros que se encontraran vinculados con otra persona mediante un contrato de trabajo presunto o expreso y creó el Instituto de Seguros Sociales, institución autónoma con personería jurídica y patrimonio propio a la cual encargó la administración del referido seguro. El artículo 72 señaló que las prestaciones reglamentadas en esa ley, entre ellas las pensiones, seguirían a cargo de los empleadores hasta la fecha en que el seguro social (sic) las fuere asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso, y desde dicha fecha se empezaran a hacer efectivo los servicios establecidos por la mencionada ley.

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Radicación n.° 92728 Describió los sucesos históricos que regularon las obligaciones pensionales y de inscripción al ISS; citó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; y consideró que, De la literalidad de esta disposición es entendible que sólo fue autorizado el cómputo de los tiempos servidos a empresas que tenían a cargo el reconocimiento de pensiones siempre y cuando los vínculos laborales se hubiesen mantenido después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, siendo de esta manera excluidos quienes a esa fecha ya no contaran con vínculo laboral vigente con esas empresas, tal y como ocurrió en el caso de autos. Y es que si bien, la Sala no desconoce lo indicado por el

recurrente en cuanto a que para la época en que se dio la relación laboral entre las partes no existía esa obligación, así como que la relación del demandante terminó antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que no le sería aplicable la norma antes mencionada, también lo es, que no se puede pasar por alto el cambio jurisprudencial que sobre el tema ha expuesto la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral a partir de la sentencia SL9856 de 16 de julio de 2014, radicado 41745, en la que estableció que el empleador no puede eximirse de responsabilidad respecto de los periodos efectivamente laborados por su empleado, bajo el pretexto de que no existía norma que regulara el pago de cotizaciones. […] Lo anterior, dado a que no se puede ser ajena a las circunstancias específicas en que se encontraba el demandante por cuanto el ordenamiento jurídico generó a cargo suyo una situación que le es sumamente desfavorable y que a la luz de los principios que rigen el ordenamiento jurídico resulta inequitativa. De lo expuesto, como el cálculo actuarial pretendido se encuentra íntimamente ligado al derecho a la seguridad social del demandante, con independencia de que en la actualidad no se haya consolidado hay lugar a ordenar su pago, lo cual no surge como lo indica la Corte Suprema de Justicia (...) como la imposición de una sanción por un incumplimiento que no se ha presentado, sino en virtud de la aplicación de principios y valores superiores y de la interpretación en un contexto histórico de las reglas de derecho que han regulado la materia a través del tiempo (.), máxime si se tiene en cuenta, como ya fue expuesto

precedentemente, que la Ley 90 de 1946 impuso a los patronos la obligación de mantener a sus trabajadores cobijados por el sistema pensional propio de la empresa particular hasta tanto el ISS no asumiera el riesgo y a mantener una reserva de capital para el pago de pensiones.

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Radicación n.° 92728 Entonces, según ello, es válido sostener que, en el presente asunto, como nunca fue concretada la subrogación del riesgo en cabeza del ISS respecto de la otrora Flota Mercante, ésta conservó la obligación de mantener la reserva de capital para el eventual pago de la pensión, pero como ello no ocurrió, el empleador debe destinar un título con el mismo objeto, por lo que a juicio de esta Sala la sentencia de primera instancia se encuentra ajustada en este punto. En otro giro, cabe advertir que a partir del artículo 17 del artículo 3798 de 2003, que modificó el artículo 57 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 15 del Decreto 1474 de 1997, norma que dispone el evento de la omisión del empleador en la afiliación de sus trabajadores a partir de la vigencia del Sistema General de Pensiones, o con anterioridad a dicha fecha no hubiere cumplido con la obligación de afiliarlos o de cotizar estando obligado a hacerlo, el cómputo para pensión del tiempo transcurrido entre la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y la fecha de afiliación tardía, solo será procedente una vez se entregue la reserva actuarial o el título pensional correspondiente calculado conforme lo señala el Decreto 1887 de 1994.

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la jurisprudencia de la Corte también ha enseñado que la solución común a todos los casos en que se ventile la omisión del empleador, independiente de la razón por la que acaeció, es precisamente, que el aquel reconozca esos tiempos de servicios con el valor del título pensional respectivo, lo cual se puede constatar en las sentencias SL068-2018Radicación n.° 57026 del 31 de enero de 2018, en la que se reitera la sentencias SL14388-2015. […]. También expuso que, durante el tiempo que laboró el accionante, el empleador asumía el pago completo de las pensiones, sin lugar a realizar descuentos al trabajador; y en consecuencia, no era admisible el argumento según el cual, la cotización debía ser proporcional. Y tuvo en cuenta que, con el tiempo reclamado en el proceso, sumado a las 842.14 semanas depositadas al ISS, el demandante, en principio, consolidaba su derecho pensional.

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Radicación n.° 92728 Respecto de la subsidiaridad que recayó en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros. consideró lo siguiente: Siguiendo los fundamentos normativos y jurisprudenciales desarrollados en este tipo de casos, la Sala encuentra que la demandada no logró desvirtuar esa presunción, por cuanto en este proceso se acreditó que existe subordinación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A en Liquidación obligatoria en condición de subordinada respecto a la Federación Nacional de Cafeteros, que fungió en calidad de empresa matriz,

como se demostró en certificado de existencia y representación visibles a folio 15-17 del plenario. A continuación, procedió a determinar el salario base para liquidar la obligación; estableció que la norma aplicable era el parágrafo del artículo 4 del Decreto 1887 de 1994; citó las sentencias CSJ SL1515-2018 y CSJ SL5216-2018; y determinó que, […] no podrá tenerse por probado que el último salario devengado por el actor corresponde al registrado en la liquidación de prestaciones sociales, en la medida que la instrumental que corre a folio 653, hace referencia a la liquidación final por retiro ocurrido en el año 1994, fecha diferente a la del salario correspondiente al año 1991 (sic), anualidad para la cual el extinto empleador efectivamente afilió al demandante al otrora ISS. Bajo ese panorama, la Sala tendrá como salario de referencia para realizar el cálculo actuarial la suma de $372.090, conforme se desprende de la instrumental de folio 313 del cd contentivo de la historia laboral del demandante, que es el corresponde al señalado en las tablas que establecían el salario, base máximo asegurable para la época, tal y como lo prevé el decreto (sic) 2610 de 1989. En este punto conviene traer a colación la sentencia SL52162018 – 61150 de 2018 que rememora la facultad que tenía el Instituto de Seguros Sociales para determinar los salarios máximos asegurables y las categorías al momento del pago de las cotizaciones, con sustento en el artículo 37 del Decreto 3041 de

1966, y en ejercicio de tal facultad emitió el Acuerdo 01 de 1979, aprobado por el Decreto 3090 del mismo año, el Acuerdo 08 de 1982, aprobado por el Decreto 2630 de 1983, y el Acuerdo 048 de 1989 aprobado por el Decreto 2610 de ese mismo año, vigente para el año 1991.

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Radicación n.° 92728 En esa dirección, conforme al material probatorio, se determina, contrario a lo señalado por el A-Quo, que el salario que se debe tener en cuenta para efectos de realizar el cálculo actuarial corresponde a la suma de $372.090, y por ello, la Sala considera innecesario abordar el estudio de los salarios o IBC que tuvo en cuenta el juzgador de primera instancia para este fin, por cuanto se insiste, que al hacer una interpretación extensiva del Decreto 1887 de 1994, el salario de referencia que se debe tener en cuenta para estos casos corresponde al último que sirvió como base de liquidación, que para el asunto bajo análisis es el del año 1991, tal y como se explicara precedentemente. Frente al periodo liquidable sostuvo que, de acuerdo con el artículo 53 del CST, no era dable sumar los tiempos de suspensión y/o licencias. Además, agregó que dado que la «Federación Nacional de Cafeteros es una entidad autónoma con la responsabilidad de asumir subsidiariamente las condenas impuestas a la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A» y no había logrado desvirtuar tal presunción legal, no procedía la

condena a la demandada «Cartera Ministerial». Finalmente dijo que la llamada a realizar el cálculo actuarial era Colpensiones, como administradora de pensiones del afiliado (y no la Fiduprevisora), pues «aunque el Decreto 1887 de 1994 no establece de manera perentoria al responsable de tal acto, se tiene que es el ente de seguridad social quien aprueba finalmente la liquidación que se presente por parte del empleador».

IV. RECURSOS DE CASACIÓN

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Radicación n.° 92728 Interpuestos por el demandante y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, se procede a resolver inicialmente el de la codemandada, y luego el otro, ya que de su procedencia o no, depende aquel.

V. RECURSO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Interpuesto por la citada entidad, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Plantea un alcance principal y dos subsidiarios, así: 1.- La Corte debe casar la sentencia, gravada y, sede de instancia, revocar la del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá en cuanto condenó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, para, en su lugar, absolver a la Federación, en la precitada condición, de la pretensiones, y revocar su decisión de absolver a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y, por

consiguiente, hacer el pronunciamiento que corresponda frente a esta, con referencia a la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y teniendo en cuenta el concepto que emitió la Sala de Servicio Civil del Consejo de Estado el 15 de febrero de 2001 al que alude los hechos “1.25” y “1.26” de la demanda ordinaria con que se inició este proceso. 2.- Como alcance subsidiario, la Corte, deberá casar, parcialmente, la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primer grado respecto a unos de los términos en que condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, o sea, de pago del cálculo actuarial a favor del demandante. En sede de instancia, habrá de modificar esa condena en el sentido que esta deberá pagar, como valor correspondiente a los periodos no cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, una suma equivalente a los aportes, a cargo exclusivo del empleador, que debía hacer a

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Radicación n.° 92728 la empleadora al demandante por los lapsos antes aludido, con referencia a las denominadas “tablas y categorías” que regían en esa entidad de seguridad social para los empleadores en dichos periodos, que, para, el caso, era la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Grancolombiana S.A.; o en subsidio de esto, siguiendo las pautas contenidas en las sentencias de tutela de la Corte Constitucional T-435 de 2014, T 543 de 2015 T-194 de 2017 y en auto 15 A de

2018 de su Sala Plena. 3.- Como segundo alcance subsidiario, la Corte, habrá de casar la sentencia del Tribunal en cuanto confirma el fallo de primera instancia en lo que respecta a los términos que impone condena a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café; y en sede instancia, habrá de revocar los términos de la condena del fallo de primer grado, para, en su lugar, modificarla en el sentido que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, solo le corresponde pagar una suma equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor que del bono pensional resulte de liquidar los aportes para pensión del demandante no pagados y correspondiente al tiempo laborado por este para la Flota Mercante Grancolombiana S.A. y/o compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, replicados por Colpensiones y Luis Hernán Poveda Poveda y se resuelven en el orden propuesto.

VII. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, Por aplicación indebida del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con los artículos 822, 1262 y 1263 del Código de Comercio, 2142 y 2186 del Código Civil, 2 y 6 de la Constitución Nacional. Esta vulneración dio lugar, también, a la indebida aplicación de: el inciso 2º del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; del Acuerdo 224 de 1966,

aprobado por el Decreto 3141 del mismo año, artículos 3º y 38, 59 a 61; del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1999, aprobado por el Decreto 0758 del mismo; artículos 373 del Código de Comercio y 60 del Código de Procedimiento Civil; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946.

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Radicación n.° 92728 En su desarrollo, empieza por advertir que, si bien no existe norma que exija como requisito indicar, de manera expresa, la vía por la que se orienta la acusación, el cargo se encauza por la senda directa. También, precisa que su objeción va dirigida contra las siguientes conclusiones del Tribunal: 1) La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, está vinculada este proceso como administradora del Fondo Nacional del Café, y en esa condición se le impone la condena; 2) que, el Tribunal, dio por demostrado, que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, inscribió su condición de controlante o matriz de la extinta compañía de Inversiones de la Flota Mercante, como también dicho Fondo es una cuenta de naturaleza parafiscal, administrada por la Federación Nacional de Cafeteros, e igualmente hace referencia a lo que expresa la sentencia de la Corte Constitucional SU 1023 de 2001, en la que, también lo advierte el fallo gravado, se señaló que la Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia, como administradora del Fondo Nacional del Café, adquirió, con recursos de este, el 80% de las acciones de la precitada sociedad, como también que esos recursos son de naturaleza parafiscal De tal panorama, establece que, por la calidad en que actúa, el juzgador de segundo grado debía «determinar quién era el mandante de la Federación y, consecuencialmente, de estar vinculado al proceso, imponer a este, de darse los supuestos de ley, la condena, y no fulminarla como lo hizo, al mandatario», pero como no lo hizo así, «incurrió en la vulneración denunciada de los artículos 822 y 1266 del Código de Comercio y el 2186 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1262 y 1263 del Código de Comercio y 2142 del Código Civil» y en la aplicación indebida de las demás disposiciones referidas.

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