CSJ - SL3109-2023

IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado ponente SL3109-2023 Radicación n.° 91382 Acta 39 Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación que JHON JAMES HENAO ALZATE interpuso contra la sentencia que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales profirió el 24 de febrero de 2021, en el proceso ordinario que el recurrente promueve a CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. ESP -CHEC S.A. ESPy DIEGO TAMAYO SERNA, trámite al cual se llamó en

garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

- CONFIANZA S.A.

I. ANTECEDENTES El accionante solicitó que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con la Central

Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP (en adelante CHEC S.A. ESP),

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Radicación n.° 91382 del 1.º de diciembre de 2009 al 21 de diciembre de 2018; que es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 20132017 que dicha empresa suscribió con el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (SINTRAELECOL), y que Diego Tamayo Serna fue un simple intermediario en esa relación laboral. En consecuencia, solicitó que se condene a CHEC S.A. ESP a «reintegrar y mantener» el vínculo laboral, en un cargo

de iguales o mejores condiciones. Asimismo, que de forma solidaria con Diego Tamayo Serna, se ordene el pago de los beneficios establecidos en las cláusulas 24, 25, 26, 31, 33, 34 y 35 de la referida convención colectiva, así como las prestaciones legales y demás extralegales causadas, con la consecuente reliquidación de lo que percibió desde el 2012, incluidos «sus aportes y bases de cotización de la seguridad social», sin solución de continuidad; la indemnización de 180 días de salario convencional, lo que se pruebe ultra y extra petita, y las costas del proceso. En subsidio del reintegro, requirió el pago de la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo o la indexación, así como la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, desde el periodo que se acredite. Como fundamento de sus pretensiones, relató que Diego Tamayo Serna suscribió sendos contratos de

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Radicación n.° 91382 administración delegada con CHEC S.A. ESP para «la ejecución de varias obras», y en virtud del cual, sin anunciar su calidad de simple intermediario, lo contrató desde el 1.º de diciembre de 2009. Afirmó que, sin embargo, recibió órdenes y estuvo bajo la subordinación de CHEC S.A. ESP. Señaló que el 30 de noviembre de 2017 los demandados terminaron unilateralmente su contrato de trabajo «por vencimiento del mismo», pese a que era beneficiario de

estabilidad laboral reforzada por debilidad manifiesta. Destacó que, por lo anterior, presentó tutela y mediante sentencia que el Juez Primero Promiscuo Municipal de Chinchiná profirió el 26 de diciembre de 2017, que confirmó el Juez Promiscuo de Familia de igual localidad el 19 de enero de 2018, se declaró la ineficacia del despido, se ordenó el reintegro y que en tres meses se promoviera la acción respectiva para obtener la protección definitiva. Expuso que CHEC S.A. ESP, por intermedio de Diego Tamayo Serna, volvió a finalizar la relación laboral el 21 de diciembre de 2018 y consignó las prestaciones sociales a órdenes del Juzgado Civil del Circuito de Chinchiná, sin tener en cuenta que decidió esperar a que la Junta Regional de Calificación de Invalidez estableciera el porcentaje de 22.27% de pérdida de capacidad laboral el 28 de febrero de 2019. Indicó que es beneficiario de la convención colectiva de trabajo 2013-2017, la cual en su cláusula 9ª señala que todos los contratos de trabajo deben suscribirse a término

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Radicación n.° 91382 indefinido, mientras que las cláusulas 24, 25, 31, 33, 34 y 35 consagran un mínimo salarial, aumentos y prestaciones extralegales que no le reconocieron (f.º 170 a 186). Al contestar la demanda, Diego Tamayo Serna se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó las sentencias de tutela y al respecto aclaró que no solo le ordenaron el

reintegro, sino la indemnización de 180 días de salario, la cual canceló al actor. También admitió la consignación del depósito judicial y, respecto a los demás, manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Argumentó que a fin de ejecutar los contratos de administración delegada para el mantenimiento civil de plantas mayores y menores de la CHEC S.A. ESP, vinculó al actor en el cargo de ayudante a través de varios contratos de trabajo a término fijo inferiores a un año, con solución de continuidad, el último con preaviso del 27 de octubre de 2017, lo que configuró una causal objetiva para finalizarlo. Explicó que él y sus representantes impartían las órdenes al accionante, y que le pagaba el salario «con recursos de la CHEC S.A. ESP» conforme a lo acordado. Asimismo, que tras el reintegro constitucional terminó el vínculo laboral a causa de la finalización del contrato de administración delegada n.º CT 100000.319.12, previa notificación al demandante el 20 de noviembre de 2018, quien para la fecha no estaba incapacitado ni con estabilidad reforzada pues Colpensiones le dictaminó el 12.52% de

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Radicación n.° 91382 pérdida de capacidad laboral el 9 de mayo de 2018, por lo que tampoco requería autorización del Ministerio del Trabajo. En respaldo menciona, entre otras, las sentencias CSJ SL, 15 jul. 2008 rad. 32532 y CSJ SL, 1 abr. 2018, rad. 53394, y la CE, 16 sep. 2010, exp. 16605.

En su defensa, presentó las excepciones de pago, buena fe, cobro de lo no debido, prescripción, no acreditación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, inexistencia de los elementos que configuran la figura de simple intermediario y otras declarables de oficio (f.º 201 a 234). Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. ESP también se opuso a las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos en que se basa, aceptó las sentencias de tutela y los contratos de administración delegada, pero negó que fueran inherentes a su objeto social, pues concernían a rocería de carreteras, limpieza de cunetas o mantenimiento civil de plantas. También reconoció el contenido de las cláusulas convencionales, sin embargo, argumentó que no eran aplicables al actor, pues este no fue su trabajador. Y por esta misma razón, manifestó que los demás hechos no eran ciertos o que no le constaban. En su defensa, propuso las excepciones de fondo de inexistencia de contrato de trabajo y de solidaridad, imposibilidad jurídica de reintegro, ausencia de fuero de estabilidad laboral reforzada frente a la CHEC e inexistencia de los elementos que la estructuran, inexistencia de acción de reintegro, prescripción y cobro de lo no debido.

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Radicación n.° 91382 Asimismo, llamó en garantía a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. -Confianza S.A.- con fundamento en la póliza de responsabilidad por salarios y prestaciones sociales que tomó Diego Tamayo Serna en su

favor (f.º 316 a 329). Confianza S.A. se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones del actor, dado que no le constaban los hechos de su demanda. Asimismo, negó lo pretendido en el llamamiento en garantía, dado que las pólizas en que este se sustenta no cubren conceptos salariales ni el evento en que la CHEC S.A. ESP responda como verdadera empleadora, sino que respalda los perjuicios por daños a terceros que se causen durante la ejecución del contrato garantizado. Presentó las excepciones de fondo que denominó ausencia de cobertura de las pretensiones de la demanda, «la cobertura de la póliza está sujeta a la acreditación de la existencia de una solidaridad laboral del asegurado» y otras declarables de oficio (f.º 528 a 544).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante fallo de 29 de octubre de 2020, el Juez Civil del Circuito de Chinchiná dispuso (cuaderno Juzgado, archivo 03 y 05, grabación audiencias): PRIMERO: Se declaran probadas las excepciones de “inexistencia de contrato de trabajo” e “inexistencia de solidaridad” formuladas

por la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. EPS.

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SEGUNDO: Se declara probada la excepción de “no acreditación del derecho a la estabilidad laboral reforzada en cabeza del demandante” formulada por el codemandado Diego Tamayo

Serna.

TERCERO: Se absuelve a los demandados de todas las pretensiones formuladas en su contra por John James Henao

Álzate, a través de esa demanda.

CUARTO: Se condena en costas al demandante en favor de los demandados, cuya liquidación se hará por secretaría en su oportunidad.

QUINTO: Se ordena consultar esta providencia ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, si no fuere apelada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Por apelación del demandante, a través de sentencia de 24 de febrero de 2021 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la de primer grado e impuso costas en la alzada al impugnante (cuaderno Tribunal, archivo 16476 -sentencia).

El ad quem advirtió que no se discutía que el demandante fue contratado por Diego Tamayo Serna en calidad de empleador y contratista de la CHEC S.A. ESP. Así, consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si existió un contrato de trabajo entre el actor y la CHEC S.A. ESP, y no con Diego Tamayo Serna. Y en caso afirmativo, si procedía la estabilidad reforzada en favor del demandante y las acreencias reclamadas en la apelación.

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Radicación n.° 91382 En esa dirección, advirtió que conforme a los contratos de trabajo obrantes a folios 10 a 13, el actor laboró para Diego Tamayo Serna como ayudante en las plantas de la CHEC S.A. ESP, y según dos de ellos, el vínculo obedecía a la aceptación de la oferta para el «mantenimiento civil de las instalaciones de la central termodorada (eventual) y de las plantas mayores y menores de CHEC, bajo la modalidad de

administración delegada», en concordancia con los folios 5, 72 y 245, que evidenciaban que Tamayo Serna era administrador delegado y dirigía el contrato civil, al paso que el actor laboraba en su ejecución. Asimismo, indicó que dichas ofertas, junto a sus renovaciones, se apreciaban a folios 58 a 76, 235 a 244, 331 a 338, las cuales estipularon que el contratista debía suscribir garantías de pago de salarios.

También apreció: las terminaciones contractuales y liquidaciones laborales (f.º 14 a 20, 48, 77, 246 a 248, 263, 265, 290 a 292, 294, 295, 297 a 304, 476 y 477); una comunicación de examen médico de egreso, un escrito del actor dirigido a Tamayo Serna para que le mantuviera el contrato y el trámite de tutela (f.º 21, 23, 24 a 47); los pagos que el contratista efectuó en favor del demandante y que este aceptó (f.º 78 y 79, 255 y 257), como el auxilio de cesantía (f.º 310 a 312), nóminas y cotizaciones al sistema pensional (f.º 80 a 84); el análisis del puesto de trabajo que refirió como empleador a Diego Tamayo

(f.º 92 a 98); un carné que si bien tiene el logo de CHEC, identifica al contratista Tamayo Serna como administrador delegado (f.º 100), y la solicitud para desvincular al

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Radicación n.° 91382 demandante que Diego Tamayo Serna elevó ante el Ministerio

del Trabajo (f.º 126 a 127 y 273 a 276). Por otra parte, destacó que el accionante admitió en el hecho 26 de su demanda que Tamayo Serna le pagó los créditos laborales y suministraba los uniformes (f.º 180), lo que también reconoció en el interrogatorio de parte que absolvió, así como que era la ingeniera residente de aquel quien le impartía órdenes a través de los jefes de grupo. El ad quem aclaró que las afirmaciones favorables al actor no las tendría en cuenta, pues nadie puede fabricar su propia prueba. Así, señaló que si bien el demandante primero expresó que las herramientas y dotaciones las suministraba CHEC S.A. ESP, lo cierto es que luego indicó que lo hacía una persona de salud ocupacional que trabajaba para el contratista y que firmó los contratos en la oficina de este, quien era el que figuraba en la afiliación a seguridad social, lo indemnizó y lo reintegró. En este contexto, el Tribunal destacó que el actor reconoció la calidad de empleador de Diego Tamayo Serna y así lo aceptó al celebrar las actas de acuerdo con este (f.º 14 a 16, 290, 297 a 303), presentarle peticiones (f.º 6 a 7, 22, 50 y 52) y una acción constitucional (f.º 24 a 47). Igualmente, que las documentales ratificaban ese vínculo laboral, pues aquel estuvo al frente de la dirección de todo lo relacionado con la contratación laboral, renovó y terminó los nexos, pagó los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

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Radicación n.° 91382 Para reforzar lo anterior, el juez plural indicó que Carolina Herrera manifestó que Diego Tamayo fue quien direccionó las labores de las personas que este vinculaba y «pudo evidenciar que los pagos, los implementos de trabajo y el transporte eran suministrados por aquel; y que él no requería autorización de la compañía codemandada para el manejo del personal, siendo personas como la señora Marianela Chávez tan solo parte de la interventoría». Para el ad quem la testigo fue clara, certera y presenció lo que afirmaba dado que fue ingeniera auxiliar y posteriormente residente de Tamayo Serna, conforme se corroboraba en los folios 21, 282, 287, 291, 292 y 294, y actualmente era trabajadora de CHEC S.A. ESP, por lo que merecía credibilidad. Asimismo, consideró que María Clemencia Gil Zapata, testigo traída al proceso por la CHEC S.A. ESP, daba fe sobre las condiciones contractuales entre esta y Tamayo Serna, y que de Valentina Rodríguez se obtenía «un conocimiento por lo menos general de las condiciones de la administración delegada», pese a que su declaración fue tachada. En contraste, al analizar los testigos del demandante, el Tribunal estimó que no probaban que este hubiera recibido las órdenes específicas por parte de empleados de la CHEC S.A. ESP, que los pagos provinieran de estos, que la interventora sobrepasó los límites de su función y en general la subordinación continuada respecto de esa compañía.

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Ello, porque Robirio Antonio Zapata Rojas, cuya declaración fue tachada por presentar una demanda contra Diego Tamayo, admitió la intervención de este como contratista de la CHEC S.A. ESP, antes y durante la vinculación del actor; además, no explicó por qué le constaban las supuestas órdenes que le impartían los funcionarios de esa empresa o los pagos y suministros de uniformes que afirmó que realizaba, ni hizo alusión a un mandato que al respecto hubiese presenciado, y antes bien manifestó que la información la conoció por comentarios del actor, de modo que le restó credibilidad a sus afirmaciones. Asimismo, el ad quem consideró que Argemiro Ospina se contradijo al afirmar que tanto Diego Tamayo como la CHEC S.A. ESP le pagaban salarios y prestaciones; y lo mismo ocurrió con Carlos Alberto Duque, que no fue claro en señalar la persona para quien laboró. De modo que, a criterio del Tribunal, ninguno de ellos explicó las razones de sus dichos, pues para ese efecto era insuficiente ser compañero de trabajo del actor, tal y como lo alegaron. Además, aclaró que «el hecho de que los vehículos llevaran el logo de la empresa no implica inexorablemente que sus ocupantes fueran dependientes de ella». Por otra parte, el ad quem estimó que tampoco bastaba que en la copia de una tarjeta bancaria del actor apareciera la anotación CHEC S.A. ESP (f.º 101) para inferir que era trabajador de esta, pues se acreditó que dicha empresa tenía la calidad de beneficiaria del servicio prestado por un

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Radicación n.° 91382 contratista independiente a través de sus operarios y en las instalaciones de aquella. Sobre este particular, el Colegiado de instancia explicó que lo anterior no implicaba que la CHEC S.A. ESP «mutar[a] su condición a la de empleadora», dado que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que el contratista independiente es el verdadero empleador y contempla para el beneficiario del servicio solo una eventual responsabilidad solidaria respecto de las acreencias a cargo del primero, por lo que era inadmisible considerar que la empresa no pudiera delegar la administración en favor de Diego Tamayo solo por recaer en labores inherentes a la compañía, pues justamente aquella responsabilidad aplica en estos casos. En apoyo, mencionó la sentencia CSJ SL, 1 mar. 2010, rad. 35864, reiterada en CSJ SL1204-2019, de la que transcribió apartes. Y aclaró que no examinaría si ocurrió dicha solidaridad, tal y como se solicitó en los alegatos de conclusión, toda vez que ello no fue parte de los reparos de la apelación ni una pretensión de la demanda inicial, «incluso contradice la tesis allí propuesta (tener como empleador a CHEC S.A. E.S.P. y como intermediario a Diego Tamayo); evidenciándose un error del Juzgado al haber estudiado ese tópico». En línea con lo anterior, señaló que no podía aplicarse la presunción legal del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo respecto a dicha compañía, pues no se demostró que el actor le prestara personalmente sus servicios, ni era exigible que Diego Tamayo anunciara su calidad de simple

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Radicación n.° 91382 intermediario en los términos del artículo 35 ibidem, dado que no se acreditó que tuviera esa calidad. Así, el Tribunal concluyó que como no se probó que el actor era trabajador de CHEC S.A. ESP y sobre este supuesto se sujetó el estudio de «los pedimentos condenatorios contenidos en el recurso de apelación y, en general, en la demanda», la impugnación no salía avante. Por último, agregó que «independientemente del título con que las codemandadas hubieran podido designar la contratación que hicieron, es decir, más allá de la forma –en la que, por lo demás, tampoco se dijo que los trabajadores contratados estarían a cargo de CHEC S.A. E.S.P.», lo cierto es que la manera en que se ejecutó evidenciaba que el empleador era Tamayo Serna. Además, señaló que el hecho de que existiese una póliza a cargo del contratista y en favor de CHEC S.A. ESP que garantizaba el pago de acreencias laborales de los trabajadores del contratista independiente, se explicaba por la eventual solidaridad que podría asumir la empresa beneficiaria. Y que aun cuando a folios 64 a 71 «se habló de una garantía “De buen manejo de herramientas y equipo”», ello «no arroja certeza acerca de qué es lo que real y precisamente cubre», además de que no permite inferir categóricamente que los elementos usados por el actor eran de propiedad de CHEC S.A. ESP, «máxime cuando testigos creíbles como Carolina Herrera sostuvieron que eran del señor

Tamayo».

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso extraordinario de casación lo interpuso el demandante, lo concedió el Tribunal y lo admitió la Corte

Suprema de Justicia.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN El recurrente pretende que la Corte «case totalmente» la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar: (...) se sirva declarar que entre el actor, y la empresa CHEC S.A ESP existió un contrato de trabajo desde el 1 de diciembre de 2009 y hasta el 21 de diciembre de 2018 y con base en esta declaratoria, se sirva condenar a la entidad le servicios públicos a reconocer los derechos derivados de la convención colectiva de trabajo y la estabilidad laboral reforzada, incluyendo el consabido reintegro a dicha empresa y la sanción de 180 días de salario a la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A ESP, además de fulminar condena por la falta de pago de cesantías (Art. 99

L50/90) y por la falta de pago de prestaciones sociales (Art. 65 C.S.T) y el resto de pretensiones estipuladas en la demanda, y la debida solidaridad con el contratista Diego Tamayo Serna. En subsidio, solicitó que en instancia «se sirva condenar, al contratista Diego Tamayo Serna, a reconocer la estabilidad laboral reforzada con el subsecuente reintegro y pago de sanción de 180 días y que, sobre este derecho, se declarare solidariamente responsable la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A ESP».

Con tal propósito, por la causal primera de casación formula dos cargos, que fueron objeto de réplica.

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VI. CARGO PRIMERO Por la vía directa, acusa la infracción directa de los artículos único del Decreto 3153 de 1953, 5.º del Decreto 1518 de 1965, 7.1.1 y 7.1.1.5 del Decreto 2090 de 1989, 32, 34 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo, 79, 82, 83, 86 y 87 del Decreto 150 de 1976, 90, 93, 94, 97 y 98 del Decreto 222 de 1983, 26 de la Ley 361 de 1997, 9.º de la Ley 489 de 1998 y 53 de la Constitución Política.

En la demostración del cargo, señala que el Tribunal se equivocó al considerar que era necesario demostrar que la subordinación provenía directa o indirectamente de la CHEC S.A. ESP, pues para entender que era su empleadora, bastaba probar el contrato de administración delegada entre esta y Tamayo Serna, y que para su ejecución este último lo vinculó para trabajar en labores inherentes a ese acuerdo. En otros términos, que estaba relevado de probar o era «inane cualquier búsqueda en el caudal probatorio» respecto a que la contratante lo subordinaba o le pagaba salarios. Para sustentar lo anterior, explica que conforme a los artículos 5.º del Decreto 1518 de 1965, 79 y 87 del Decreto 150 de 1976 y 90 y 98 del Decreto 222 de 1983, esa

modalidad de contratación consiste en la realización de diversas actividades por parte de un administrador por cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra o las actividades, y en el cual aquel es un delegado o representante

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Radicación n.° 91382 de esta, esto es, un simple intermediario que está obligado a anunciar a los trabajadores esa condición, so pena de responder solidariamente de los salarios y demás prestaciones de los trabajadores seleccionados. De modo que, en concordancia con el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo, el administrador delegado obliga al contratante en el ámbito de la contratación laboral. Agrega que la ley expresamente contempla que la contratante posee la facultad de aprobar la designación del personal directivo y especializado, retirar a cualquier trabajador que contrate el delegado, suministrar los recursos para el pago de salarios de los trabajadores e incluso el personal y equipos (artículos 82, 83 y 86 D. 150/1976, 93, 94 y 97

D. 222/83), así como pagar los salarios y demás prestaciones mediante los fondos dispuestos para ello (artículo 87 inciso 2.º Decreto 150 de 1976 y 98 del Decreto 222 de 1983, 82 del Decreto 150 de 1976 y 93 del Decreto 222 de 1983, y 7.1.1 del Decreto 2090 de 1989), por lo que la subordinación deriva del orden legal; y que el artículo único del Decreto 3153 de 1953 estipula que cuando se trata de entidades públicas, quienes ejecuten las obras son sus trabajadores oficiales.

Afirma que si bien el artículo 90 del Decreto 222 de 1983 señala que «El contratista es el único responsable de los subcontratos que celebre», no debe entenderse que refiere a la subcontratación laboral, pues ello es contrario a lo establecido en los artículos 86 y 87 del Decreto 150 de 1976, redactados igualmente en los artículos 97 y 98 de aquel

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Radicación n.° 91382 decreto, en concordancia con el artículo único del Decreto 3153 de 1953. Por otra parte, considera que el Tribunal también erró al señalar que no pretendió ni apeló la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, y que «por no salir avante la pretensión de reintegro en contra de la CHEC S.A. ESP, tampoco debía estudiar la misma en contra del señor Diego Tamayo Serna, a pesar que la pretensión 4 del genitor manifestaba que se ordenar[a] el pago de estipendios laborales, por reintegro». Posteriormente, afirma que «si bien dentro del acápite de las pretensiones, no se estipulo (sic) que se declarara la existencia de solidaridad laboral», lo cierto es que en «cada uno de los pedimentos condenatorios, se solicitaron fueran de manera “solidaria”», además dispuso un capítulo completo en los fundamentos de derecho para explicar que «la solidaridad en el presente caso podía darse por el articulo (sic) 34 o 35 del C.S.T.», de modo que se extraía que «buscaba dicha solidaridad laboral en cualquiera de sus formas legales». En

apoyo menciona la sentencia CSJ SL1910-2019, que indicó los jueces deben interpretar la demanda. Para el efecto, distingue y explica los dos tipos de solidaridades laborales contempladas en los artículos 34 y 35 del Código Sustantivo del Trabajo, y destaca que la segunda la regula en iguales términos que los artículos 87 del Decreto 150 de 1976 y 98 del Decreto 222 de 1983. En apoyo, menciona la sentencia CSJ SL119-2018.

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Radicación n.° 91382 Y agrega que en la apelación expresamente señaló que: «en cuanto a la solidaridad, creo que existe en mi modesto entender, que para este apoderado se cumplan los requisitos para ser declarado», por lo que debió estudiarse. Adicionalmente, señala que el Tribunal también se negó a estudiar su derecho a la estabilidad laboral reforzada, aun cuando la elevó expresamente en la pretensión cuarta, fue decidida por el a quo y objeto de reparo en la alzada, garantía que le asiste y «derivaba del empleador que encontró demostrado el Tribunal, esto es, el señor Diego Tamayo Serna», conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las sentencias CSJ SL4632-2021, CSJ SL1708-2021 y CSJ SL3144-2021.

VII. RÉPLICA DE DIEGO TAMAYO SERNA En una réplica conjunta a los dos cargos, explica las características de las vías directa e indirecta, a fin de demostrar que el censor erró al achacarle al Tribunal el quebranto de la ley sustancial a través de dos cargos que se

excluyen entre sí pues se formulan por ambos senderos. En apoyo alude a la sentencia CSJ SL1466-2018.

VIII. RÉPLICA DE CHEC S.A. ESP Señala que pese a escoger la vía directa, el impugnante acude a aspectos fácticos como la valoración del recurso de

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Radicación n.° 91382 apelación y la demanda, lo que es una impropiedad, además que esto implica una divergencia procesal que no se formuló como violación medio. Destaca que por el sendero escogido quedan libre de ataque las premisas que llevaron al Tribunal a concluir que no se acreditó que el empleador fue CHEC S.A. ESP, las cuales deben mantenerse incólumes debido a la presunción de legalidad del fallo y que, a su juicio, no son equivocadas. En cuanto al asunto de fondo, considera que el actor desconoce sus pretensiones, pues su objetivo fue que se declarara el contrato de trabajo con CHEC S.A. ESP. Además, afirma que el planteamiento concerniente a que no era necesario acreditar la subordinación y que la contratante pagó los salarios, no tiene en cuenta la presunción legal del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Por otra parte, estima que el Tribunal respetó el principio de consonancia, dado que el demandante no controvirtió o no sustentó debidamente la solidaridad. Y en relación con la estabilidad laboral reforzada, considera que tampoco erró el ad quem, toda vez que su negativa es consecuencia de no declarar el contrato realidad con la contratante; y que si el recurrente consideraba que

debió pronunciarse, debió solicitar la adición del fallo. En apoyo menciona, entre otras, la sentencia CSJ SL9512-2017.

IX. CONSIDERACIONES

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Radicación n.° 91382 Para resolver las glosas formales que formula Diego Tamayo Serna, debe señalarse que la técnica del recurso extraordinario de casación admite que los planteamientos fácticos y jurídicos se propongan en dos cargos distintos, siempre que se presenten por las vías adecuadas, a saber, la directa que lleva a un error jurídico, o la indirecta que conduce a la existencia de uno o varios yerros fácticos, derivados bien sea de la errónea o falta de valoración de pruebas o piezas procesales, con incidencia en la debida aplicación de la ley sustancial. Lo que no es admisible es mezclar en un solo cargo argumentos fácticos y jurídicos, tal y como lo hizo la censura y lo destaca la opositora CHEC S.A. ESP. En efecto, nótese que el censor propone errores de apreciación de la demanda inicial y la apelación a fin de demostrar que el Tribunal se equivocó al no estudiar la responsabilidad solidaria de los demandados ni el reintegro por estabilidad laboral reforzada, argumentos que, en consecuencia, no pueden abordarse por esta senda de puro derecho. Ahora, del cargo sí es dable extraer una problemática jurídica concreta y susceptible de estudio, pues pretende argumentar que el Tribunal incurrió en una infracción directa al no aplicar las normas que, a juicio del demandante,

imponían necesariamente declarar que CHEC S.A. ESP fue su verdadera empleadora.

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Radicación n.° 91382 Claro lo anterior y conforme a la vía escogida, no se discuten las siguientes premisas fácticas: (i) que el demandante y Diego Tamayo Serna suscribieron diversos contratos de trabajo, a través de los cuales el primero laboró en el cargo de ayudante de las plantas de la CHEC S.A. ESP, a fin de ejecutar la obra de mantenimiento civil de las instalaciones de la central Termodorada y plantas mayores y menores de dicha empresa, en el marco del contrato de administración delegada que esta y Tamayo Serna celebraron, en el que este último fungió como contratista o administrador delegado; (ii) el actor prestó sus servicios personales a Diego Tamayo Serna, en beneficio de la CHEC S.A. ESP; y (iii) el contratista Tamayo Serna estuvo al frente de la dirección de todo lo relacionado con la contratación laboral del actor, renovó y terminó los nexos contractuales laborales, lo reintegró en cumplimiento de una orden constitucional transitoria, le pagó los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, le suministró las herramientas, dotaciones e implementos de trabajo y, en general, que ejerció la subordinación efectiva sin intervenc