CSJ - SL3112-2023

DOLLY AMPARO CAGUASANGO VILLOTA Magistrada ponente SL3112-2023 Radicación n.° 91929 Acta 46 Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). La Corte decide el recurso de casación formulado por LUIS ARMANDO LARGACHA LÓPEZ, CARLOS ALBERTO QUEVEDO, FERNANDO ANTONIO CARVAJAL JIMÉNEZ y UBALDO OBREGÓN contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 9 de abril de 2021 en el proceso ordinario laboral adelantado por los recurrentes contra el INGENIO PICHICHI S. A.

I. ANTECEDENTES Los demandantes llamaron a juicio a la sociedad Ingenio Pichichi S. A. para que se declare que con cada uno de los actores existió un contrato de trabajo «realidad» a término indefinido, pues fueron enviados en misión por la

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Radicación n.° 91929 Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos al Ingenio accionado para realizar labores de corte de caña. Solicitaron condenar a la accionada a reconocer y pagar a cada uno el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, «primas», vacaciones, auxilio de transporte; los aportes al sistema general de pensiones, riesgos laborales y salud; la indemnización por despido sin justa causa, y las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del CST, 99 de la Ley 50 de 1990 «y por no pago de cotizaciones al sistema

de seguridad social». Igualmente reclamaron el pago de los perjuicios morales, la indexación y las costas del proceso. Para sustentar sus pretensiones manifestaron que laboraron para el Ingenio Pichichi S. A. como asociados a la CTA Progresemos, quien los envió en misión para trabajar como corteros de caña, servicio que fue prestado de manera personal bajo la subordinación de la demandada, así: Demandante Desde Hasta Salario último año Luis Armando 18 julio 2006 29 febrero 2012 $904.333 Largacha López Carlos Alberto 22 noviembre 2005 29 febrero 2012 $947.333 Quevedo Fernando Antonio 21 noviembre 2005 29 febrero 2012 $685.000 Carvajal Ubaldo Obregón 22 noviembre 2005 29 febrero 2012 $624.666 Dijeron que percibían un salario menor al que se pagaba a los trabajadores de planta de la empresa accionada, quienes eran beneficiarios de la convención colectiva de trabajo, y no les fueron reconocidas las prestaciones sociales y vacaciones reclamadas; además, mientras estuvieron

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Radicación n.° 91929 vinculados con la CTA Progresemos, se les descontó de su salario un porcentaje para cubrir la compensación anual, los intereses sobre ésta, el descanso anual y la compensación semestral. Informaron que siempre cumplieron las labores de corte de caña en los predios o «suertes» del Ingenio Pichichi S. A., en una jornada de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. de lunes a domingo.

Mencionaron que las órdenes provenían de la empresa demandada a través de sus supervisores, cabos o monitores de corte, encargados de vigilar el cumplimiento del horario, registrar el rendimiento de cada uno, así como apuntar «la chorra» o arrume del trabajador con su respectiva ficha, y revisar que no quedaran «tocones altos». Además, el Ingenio se encargaba de registrar los días laborados por ellos, el corte de caña por el número de tajos, el tipo de caña quemada o verde, la cantidad de tajos, las toneladas cortadas, la tarifa por tonelada y las fincas donde laboraban. Indicaron que toda esta información era enviada a la CTA Progresemos para que elaborara las planillas de pago semanal y que para trabajar en la empresa demandada se les obligó a afiliarse a la CTA referida. Por ello, todos los trabajadores vinculados a CTA manifestaron su inconformidad ante la accionada y Asocaña, y en el año 2008 participaron en una huelga contra varios ingenios, incluido el demandado, cuestionando la tercerización a través de cooperativas, motivo por el cual varios compañeros fueron denunciados penalmente, pero finalmente, absueltos.

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Radicación n.° 91929 Precisaron que la cooperativa no era propietaria de las herramientas de trabajo, ropa de dotación, medios de producción o de transporte de caña ni de los vehículos que trasladaban a los trabajadores hasta las «suertes» de caña, pues todos estos elementos eran del Ingenio Pichichi S. A. La

CTA tampoco realizó labores autogestionarias, el precio por corte de caña fue impuesto por la demandada y la oferta y contrato de prestación de servicios fueron aparentes. Explicaron que el Ingenio les suministró una ficha que debían poner en cada chorra o montón de caña cortada, que era recogida por una máquina alzadora y con tal identificación el supervisor registraba el número de uñadas de la máquina a cada trabajador y luego entregaba el dato del peso de la caña cortada por cada uno. Afirmaron que la demandada fue quien ordenó realmente la liquidación de la CTA Progresemos y pagó los costos de ese trámite, así como los honorarios de los liquidadores, pues era su verdadera dueña. Indicaron que en ejercicio de sus labores sufrieron perjuicios morales. Agregaron que las cartas de renuncia que firmaron con las cooperativas no fueron voluntarias, sino que se trató de un despido indirecto y que fueron suscritas como requisito para ser vinculados a la empresa Pichichi Corte S. A., de propiedad de la demandada. Estas cooperativas nunca ejercieron una potestad reglamentaria o disciplinaria frente a ellos; fue el Ingenio quien asumió tal facultad, reportaba las faltas de los trabajadores a la CTA, le solicitaba que

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Radicación n.° 91929 impusiera una sanción y esta debía dar cuenta de la actuación surtida. Aclararon que la demandada adeuda a Luis Armando Largacha López las cotizaciones a pensión por los meses de septiembre a noviembre de 2010 y enero, marzo y mayo de

2011; y a todos los demandantes les debe el reajuste de los aportes pensionales por todo el tiempo laborado. Al dar respuesta a la demanda, el Ingenio Pichichi S. A. se opuso a las pretensiones. En relación con los hechos afirmó que no eran ciertos o no le constaban. En su defensa dijo que entre las partes no existió relación contractual de trabajo o de cualquier otra índole, dado que los actores no le han prestado sus servicios personales y que ellos mismos aseguraron que su vinculación fue con la CTA Progresemos. Acotó que en «los contratos civiles de ofertas mercantiles» celebrados con dicha cooperativa, se estableció que las labores convenidas se desarrollaban de manera autónoma e independiente, por lo que no tendría ninguna obligación con los trabajadores asociados. Formuló la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario con la CTA Progresemos e inepta demanda por falta de requisitos formales, las cuales se declararon no probada en audiencia celebrada el 12 de mayo de 2016 (folios 316 a 318 tomo I cuaderno digital). Propuso las excepciones de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva de la

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Radicación n.° 91929 parte demandada, prescripción, pago y compensación, ilegitimidad de personería sustantiva en la parte demandada y buena fe.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga, mediante sentencia proferida el 29 de febrero de 2019,

absolvió a la parte accionada de las pretensiones de la demanda inicial y condenó en costas a los actores.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga conoció el recurso de apelación de los demandantes y mediante decisión del 9 de abril de 2021 confirmó la sentencia de primer grado y condenó en costas a la parte actora.

Afirmó que el problema jurídico consistía en determinar si entre los demandantes y el accionado existieron verdaderos contratos de trabajo, teniendo en cuenta que se alega una tercerización laboral a través de la CTA Progresemos. Luego de recordar el contenido del artículo 35 del CST, precisó que la jurisprudencia ha resaltado que las cooperativas de trabajo asociado pueden contratar la ejecución de una labor a favor de terceros en los términos de la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, pero que no pueden ser utilizadas para enmascarar una verdadera

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Radicación n.° 91929 relación de trabajo, como se explicó en sentencia CSJ SL1430-2018. Efectuó un recuento de las pruebas allegadas al proceso. Describió el contenido de los documentos relativos a: i) los reportes de semanas cotizadas por cada uno de los demandantes, de los que resaltó que la CTA realizó aportes para algunos ciclos; ii) comunicación remitida a Asocaña, solicitando el cumplimiento de los acuerdos celebrados en el año 2008 con algunos Ingenios, entre ellos, el accionado; sin embargo, el Tribunal advirtió que en esta misiva no se aludía

a los actores ni a la CTA Progresemos; iii) «verificación cumplimiento acuerdo» de fechas 28 de agosto de 2010, 26 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011 (folios 55 y siguientes); iv) acta de acuerdo del 21 de junio de 2005 firmada por directivos de la demandada y un grupo de personas que manifestaron representar a los asociados de las CTA que laboraban en actividades de corte de caña (folios 65 a 67); v) liquidación por toneladas y tajos de caña, pago de compensaciones ordinarias efectuadas a personas diferentes a los actores (folios 68 y siguientes). Además, vi) convenios de trabajo asociado cooperativo suscritos entre la CTA Progresemos y personas ajenas a este proceso; vii) respuesta de la liquidadora de la CTA a una petición formulada por personas diferentes a los actores (folios 97 a 100); viii) ofertas mercantiles y sus aceptaciones, otrosí, contratos de prestación de servicios y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial entre la demandada y la CTA Progresemos durante los años 2006 a

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Radicación n.° 91929 2011, en virtud de los cuales la cooperativa se compromete a prestar el servicio de corte manual de caña y demás labores inherentes, según la programación dispuesta por el Ingenio (folios 130 a 206); ix) contrato de prestación de servicios y otrosí suscrito por la demandada para la disolución y liquidación de varias cooperativas, entre ellas, CTA Progresemos (folios 207 a 211). El Tribunal resaltó que de manera oficiosa dispuso el

recaudo de la prueba documental obrante en los cuadernos anexos 3 a 8. Adujo que los tres primeros correspondían a información relativa a la cooperativa, como estatutos, régimen de compensaciones, actas de asamblea, facturación presentada ante el Ingenio accionado; los cuadernos 4, 5, 6 y 7 contenían documentos relativos a los acuerdos asociativos, desprendibles de pago, reportes de llamados de atención, constancias de entrega de dotaciones y herramientas de trabajo, recibos de compensación anual y semestral, intereses, descansos, entregas de anchetas navideñas, kits escolares e informe de pago de aportes a seguridad social de los actores Luis Armando Largacha, Carlos Alberto Quevedo, Fernando Antonio Carvajal Jiménez y Ubaldo Obregón. Y en el cuaderno 8 obraban actas de acuerdo de los años 2005 a 2008 como resultado de las huelgas del sector azucarero, así como las actas de verificación de esos compromisos. También mencionó que la parte actora desistió de la prueba testimonial solicitada, así como del interrogatorio de

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Radicación n.° 91929 parte al representante legal de la accionada; y que en el curso del debate probatorio se presumieron como ciertas las respuestas dadas a los hechos 1, 2, 4, 5, 9 a 12, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 28 en relación con el demandante Ubaldo Obregón, en razón a su inasistencia a la diligencia de

interrogatorio de parte, supuestos que aludían al desconocimiento del vínculo laboral alegado. Finalmente, relató lo dicho por los testigos José Lubin Cobo Saavedra, gerente de gestión humana de la demandada, y William de Jesús Calvo Acevedo, asistente de cosechas e interventoría de los procesos de corte de caña. Adujo que la revisión de la totalidad de las pruebas le permitía concluir que los demandantes laboraron como corteros de caña en de los predios del ingenio demandado, «pero el servicio prestado que efectuaron no lo fue directamente para el ingenio, sino para la CTA Progresemos a la que los mismos actores en el libelo introductorio comentaron haberse asociado». Resaltó que la amplia prueba documental evidenciaba que en la vinculación de los actores mediante convenios asociativos no hubo vicios del consentimiento; que las cooperativas ofrecieron los servicios mediante contratos civiles y que de ello no se deriva la «tercerización» alegada por la parte actora; de hecho, relievó que «no quedó desvirtuada esa relación cooperativa ni la subordinación que se indica, ejercía el Ingenio Pichichi, como sustento de la solicitud el

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Radicación n.° 91929 contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad». Recordó apartes de la decisión proferida por ese Tribunal el 13 de noviembre de 2019 en el proceso 76111310500120140041702 sobre el mismo asunto y en el que se recaudaron pruebas similares, y advirtió que al igual

que en esa ocasión, en este proceso no se comprobó una verdadera relación laboral entre los actores y el ingenio pasivo, sino la existencia de acuerdos cooperativos reales. Precisó que la parte actora se dedicó a acreditar que las CTA asociado eran administradas y prácticamente, de propiedad del Ingenio; sin embargo, lo que se había demostrado en este asunto era que la participación del demandado, las donaciones, subsidios, dotaciones e incluso la asistencia en el mantenimiento de vehículos obedeció a los acuerdos celebrados con motivo del cese de actividades en los años 2005 y 2008. Destacó que los demandantes desistieron de la prueba testimonial, y la demandada aportó las declaraciones de José Lubin Covo Saavedra y William de Jesús Calvo, quienes explicaron todo el proceso de creación de las cooperativas a solicitud de los corteros de caña y relataron lo ocurrido antes de la celebración de los acuerdos logrados mediante los bloqueos de los años 2005 y 2008, pero negaron cualquier clase de subordinación. En ese orden, concluyó que no se comprobó una verdadera relación laboral entre los actores y el Ingenio.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN El recurso fue interpuesto por los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo que se pasa a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La parte recurrente pretende que esta corporación case la sentencia del ad quem, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y en su lugar, acceda a todas las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito la censura formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, los cuales son replicados. La Sala abordará el estudio conjunto de las acusaciones primera, tercera y cuarta, por denunciar similares normas, perseguir el mismo fin y presentar una argumentación complementaria.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la decisión impugnada, por ser violatoria de la ley sustancial por la senda indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la

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Radicación n.° 91929 CP, 22, 23, 24, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990. Indica que el colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el Ingenio Pichichi

S. A. sino para la CTA Progresemos.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la amplia prueba documental revela que la CTA fue legalmente constituida, con apego a la ley que le es propia.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que dicha cooperativa ofreció los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes.

5. No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el

Ingenio.

6. No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no fue autogestionaria.

7. No dar por demostrado, estándolo, que la CTA no fue propietaria o dueña de los medios de producción.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el Ingenio ordenó la disolución liquidación de la CTA.

Refiere que estas equivocaciones surgieron por la errada valoración de las siguientes pruebas:

1. Folios 33 a 54, historias laborales de los demandantes.

2. Folios 57 y 58, verificación cumplimiento de acuerdo del 28 de agosto de 2010, 26 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011, así como acta de acuerdo de fecha 21 de junio de 2005.

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3. Folios 68 y ss, reposan diversos documentos, algunos emanados del Ingenio llamado a juicio.

4. Folios 130 a 206, ofertar mercantiles, su aceptación y otros sí.

5. Folios 207 a 2011, documentos relativos al contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada

y las señoras Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo

para realizar la disolución y liquidación de las CTA Progresemos, Nuevo Horizonte, CTA Practicaña, Progresemos, Fuerza Interactiva y Serviasociados del Valle SAS, entre otras, y su otro sí.

6. Cuadernos anexos 3 a 8. Los primeros de estos documentos dan cuenta de información relativa a la CTA, datos tales como estatutos, régimen de compensaciones, actas de asambleas, de juntas directivas, de consejo de administración, régimen de trabajo asociado, copia del contrato con la abogada Amparo López Espejo, recibos de pago por honorarios de la abogada, facturación de la CTA presentada al Ingenio por concepto de labores agrícolas prestadas.

7. Las de folio 254 de anexos del cuaderno 4, se adjuntó la

documentación de Luis Armando Largacha.

8. Las del cuaderno 5 a partir del folio 506 reposa igual documentación relativa a Carlos Alberto Quevedo, en el cuaderno 6 se aprecia la relativa a Fernando Antonio Carvajal Jiménez y en el cuaderno 7 se encuentran los documentos de

Ubaldo Obregón.

9. Las del cuaderno 8, actas de acuerdo de los años 2005 y 2008, resultado de las huelgas del sector azucarero y las actas de verificación de esos pactos y el compromiso de gestión firmado en el año 2010, todo en 113 folios.

También denuncia la falta de apreciación de las siguientes pruebas y pieza procesal:

1. Certificado de existencia y representación del Ingenio (folios 27 al 28)

2. Demanda (folios 5 a 26 cuaderno1)

3. Folios 97 a 133 del cuaderno 1 que corresponde a la contestación de la demanda.

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Radicación n.° 91929 Afirma que el ad quem incurrió en error al dar mayor crédito a los testimonios traídos por la demandada que a la documental denunciada, para concluir que la CTA obró de manera independiente, autogestionaria y que tenía sus propios gerentes. Así, señala que las ofertas mercantiles denunciadas acreditan que la cooperativa realizó actividades propias del objeto social del ingenio, el cual consta en el certificado de existencia y representación legal visto a folio 27 y siguientes; de ahí que dicha CTA no actúo de manera autogestionaria, sino como simple intermediaria porque existió subordinación, más cuando el Ingenio fue el encargado de disolverla y liquidarla. Resalta que las actividades propias del negocio ordinario del demandado y encomendadas a la cooperativa correspondían al corte de caña, riego, siembra, limpieza, arreglo de prados, árboles, fumigación de maleza, mampostería y aseo entre otras (folios 136, 140, 144, 150, 151, 160, 162, 171, 172, 179, 180, 185 y 192), además eran realizadas con los equipos y herramientas del mismo Ingenio. También refiere que los documentos denunciados prueban que el Ingenio obligó a la CTA a presentarle el registro de los asociados, su identificación, antecedentes judiciales y disciplinarios y, además, el demandado era quien

imponía las sanciones, por lo que fungió como verdadero empleador (folios «137 cláusula 9, 141 cláusula 8,145 cláusula 8,153 n.° 14, 164 n.° 14, 172 n.° 13, 180 n.° 13,196 n.° 9.24».) Adicionalmente, los folios 186 y 187 prueban que

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Radicación n.° 91929 el demandado se comprometió a pagar el cabo, la abogada, a gestionar pensiones para los asociados, incapacidades, bonificaciones de productividad y otras garantías, lo que muestra la ausencia de autogestión cooperativa. Igual sucede con los documentos vistos a los folios 156, 174, 182 y 198, los cuales acreditan que el demandado se obligó a pagar a terceros o a los asociados, los rubros que la cooperativa no cubriera, es decir que esta última no tenía independencia financiera. Además, el accionado donó $27.000.000 con destino al fondo de solidaridad cooperativo y con ese dinero se asumió el pago de la seguridad social de los asociados. Destaca otras actuaciones del demandado, acreditadas en juicio, que dan cuenta que el Ingenio obró como verdadero empleador y la cooperativa como intermediaria, así: i) donó a cada socio de la CTA $420.000 pesos en el mes de diciembre de cada año con el fin de apoyar los procesos de producción (folio 189); ii) autorizó que los asociados a la cooperativa utilizaran el mismo transporte que el accionado tiene destinado para el traslado de sus trabajadores directos (folios

200 y 201); iii) tenía la facultad de exigir el retiro o prohibir el ingreso de socios al ente cooperado (folios 158,169 y 175); iv) donó $80.000.000 para los programas de vivienda de la CTA (folio 173); v) suministró dotaciones y herramientas cada cuatro meses (folios 139, 142,143, 146,164 y 173). Además, vi) pagó $159.000.000 a las liquidadoras de la cooperativa, en virtud del contrato de prestación de servicios

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Radicación n.° 91929 celebrado con ellas, a través del cual el Ingenio ordenó disolver y liquidar diferentes entes cooperados que le prestaban el servicio de corte de caña (folios 207 a 211). Aclara que, aunque el colegiado hizo mención de este documento no lo valoró y no tuvo en cuenta que lo allí pactado probaba la falta de independencia de la cooperativa y una maniobra de simulación que aparentaba que la CTA era auténtica, pues, si esta última hubiese sido autogestionaria, el Ingenio no tendría facultad alguna para encargarse de su liquidación. Afirma que mediante el documento CC 007/11, la CTA Progresemos se obligó frente al Ingenio a suministrar el personal para el corte de caña, siembra, riego, control de maleza, y labores varias, es decir, envió trabajadores en misión, por lo que el demandado fue el verdadero empleador beneficiario de los servicios personales de los actores. Manifiesta que el Tribunal hizo una estimación efímera y precaria de los acuerdos visibles a folios 58 a 67 y las actas

de verificación de los años 2005, 2008, agosto de 2010 y febrero de 2011, ya que estas pruebas demuestran que fue el accionado quien se obligó a brindar capacitación en cooperativismo a los asociados; atribución que debería ser de competencia de la CTA, si es que en verdad obraba de manera autogestionaria. Lo que las pruebas denunciadas evidenciaban es que el ingenio creó la CTA Progresemos para su beneficio, esto es, para no pagar las prestaciones sociales causadas por los servicios recibidos.

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Radicación n.° 91929 De hecho, resalta que en estos acuerdos el Ingenio se reservó la facultad de reubicar a los asociados en labores distintas a las de corte de caña por motivo de incapacidad médica, pagar la seguridad social, las compensaciones, incapacidades y préstamos a los cooperados y suministrarles dotaciones; acciones propias de un verdadero empleador. De ahí que la conclusión del colegiado en cuanto a que el servicio prestado lo fue para la CTA Progresemos fue equivocada. Asegura que las historias laborales de folios 33 a 54 prueban que la mencionada cooperativa fue quien aparentemente realizó los pagos de aportes a pensión durante la vigencia la vinculación de cada demandante y en la contestación de la demanda inaugural, el accionado afirmó que contrató a dicho ente cooperado durante los mismos extremos temporales en que estuvieron vinculados los actores. Afirma que no es posible considerar una autogestión de la CTA cuando los mismos accionantes afirmaron en el hecho sexto de la demanda que para el pago de sus compensaciones

anuales, semestrales, intereses y descansos, se efectuaban descuentos de su propia remuneración y así se advierte de los desprendibles de pago. En esa medida si el colegiado hubiese valorado correctamente las pruebas denunciadas, habría concluido que la cooperativa no tenía la facultad legal para suministrar trabajadores en misión, pero, lo hizo.

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VII. RÉPLICA La parte demandada se opone a este cargo. Asegura que los recurrentes no sustentan en debida forma los errores de hecho que le endilgan al colegiado. En todo caso, asegura que su análisis probatorio fue acertado y que los medios de prueba denunciados en sede extraordinaria no desvirtúan sus conclusiones, pues no demuestran que el Ingenio Pichichi S. A. hubiese obrado como verdadero empleador de los accionantes.

Resalta que, contrario a lo afirmado en esta acusación, los documentos denunciados no prueban el control o direccionamiento del Ingenio Pichichí S. A. a la CTA Progresemos, sino que establecen las condiciones para la ejecución de la relación contractual entre estas dos sociedades. Agrega que los beneficios que el demandado otorgó a la CTA y a sus asociados corresponden a compromisos adquiridos en medio de las huelgas de corteros de caña ocurridas en los años 2005 y 2008, precisamente bajo la presión del bloqueo de las instalaciones del Ingenio por parte de los cooperados, y tales prebendas se ofrecieron para superar tal circunstancia irregular; de ahí que no pueda considerarse que estas evidencien la calidad de empleador

del accionado.

VIII. CARGO TERCERO La censura acusa la decisión impugnada, por ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa de los

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Radicación n.° 91929 artículos «17 del Decreto 4588»; 24 del CST; 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990. Indica que el Tribunal descubrió que el corte de caña y las siembras son labores propias del ingenio, que este brindó capacitación en cooperativismo, contrató a las encargadas de disolver y liquidar la CTA y pagó sus honorarios; sin embargo, exigió a los demandantes que demostraran la actividad personal, lo que resulta desacertado. Dice que el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 prohíbe la intermediación laboral, actividad que solamente pueden realizar las empresas de servicios temporales, pero por un término no mayor a un año tal como lo prevé la ley 50 de 1990. Por esta razón la CTA Progresemos no tenía facultad para enviar trabajadores en misión o suministrar personal, y menos aún desde el año 2005 hasta el 2012; y en esa medida

tampoco le era dable desarrollar las actividades propias del demandado, correspondientes al corte de caña, siembra y varios.

IX. RÉPLICA La empresa demandada se opone a este ataque con fundamento en que la censura parte de hechos que el

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Radicación n.° 91929 Tribunal no dio por demostrados. Así, refiere que el ad quem no adujo que la CTA hubiese obrado como intermediaria del Ingenio en la contratación de los demandantes; lo que se afirmó fue que la vinculación mediante convenios cooperativos estuvo exenta de vicios del consentimiento y que la CTA ofreció sus servicios mediante contratos legales de carácter civil.

X. CARGO CUARTO Se acusa la decisión impugnada, por ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 24 del CST; 4, 5, 59 de la Ley 79 de 1988; 1, 5 y 6 del Decreto 468 de 1990; 5, 8, 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006; 63 de la Ley 1429 de 2010; 2 y 3 del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP, 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1, 2 y 99 de la Ley 50 de 1990.

La censura explica que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 prohíbe a las cooperativas de trabajo asociado actuar como intermediarias o como empresas de servicios

temporales, para suministrar mano de obra a usuarios, o para remitir trabajadores en misión para atender labores propias del tercero. En ese orden, no es posible contratar cooperativas o cualquier clase de entidades para realizar actividades propias de la empresa y si ello llega a suceder, el contratante será solidariamente responsable por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador

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Radicación n.° 91929 asociado. Considera que el juez plural infringió esta disposición legal, dado que tuvo por cierta la existencia de una relación contractual continua entre el año 2005 y el 29 de febrero de 2012, en virtud de la cual el ente cooperativo desarrolló actividades propias del Ingenio Pichichi S. A., como son las de corte de caña, limpieza, siembra y otras, lo que evidentemente desconoce la prohibición legal contenida en la norma denunciada. De haber tenido en cuenta lo allí dispuesto, el colegiado habría concluido que existió una intermediación laboral propia de una empresa de servicios temporales, vedada para la CTA.

XI. RÉPLICA El Ingenio accionado se opone a este cargo. Explica que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 fue declarado nulo por el Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 19 de febrero de 2018. Precisa que el corte de caña es un proc