CSJ - SL3144-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL3144-2023 Radicación n.° 92288 Acta 40 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Corte resuelve la revisión propuesta por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPPde la sentencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA – SALA LABORAL el 27 de junio de 2019, que revocó la dictada el 09 de marzo de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, dentro del proceso ordinario laboral que EMIRO RAFAEL GARCÍA PALENCIA promovió contra el FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, sucedida por la recurrente. AUTO

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Radicación n.° 92288 Se reconoce personería a Haroldo Enrique López Turizzo, identificado con cédula de ciudadanía n.° 85.487.724 y T.P. n.° 319.152 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Emiro Rafael García Palencia, en los términos y para los efectos del poder conferido, previa comprobación de su calidad de abogado en la página del Registro Nacional de Abogados -SIRNA–.

I. ANTECEDENTES La UGPP, con fundamento en las causales señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,

pretende la aludida revisión para que: i) se invalide la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, proferida el 27 de junio de 2019, que revocó la pronunciada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena) el 09 de marzo de 2017, dentro del proceso ordinario laboral con radicado n.° 47555318900120140008301, promovido por Emiro Rafael García Palencia contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, decisión que quedó ejecutoriada el 19 de julio de 2019, la cual dispuso el pago de una pensión restringida de jubilación, resultando incompatible con la de «vejez»; ii) se declare que al demandado no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión restringida de jubilación, por

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Radicación n.° 92288 cuanto disfruta de una de «vejez» y de seguirse así percibiría dos asignaciones del Tesoro Público; y iii) se declare que la pensión restringida de jubilación y de «vejez» son incompatibles y se ordene la devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la pensión restringida de jubilación, debidamente indexadas, al no haber lugar al pago de valor alguno en virtud de tal prestación. Fundamentó las anteriores pretensiones en que: i) Emiro Rafael García Palencia nació el 10 de septiembre de

1946 y laboró en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero desde el 1.° de julio de 1969 hasta el 30 de enero de 1984; ii) trabajó del 20 de abril de 1984 al 30 de septiembre de 1989 en el Municipio de Plato (Magdalena), siendo su último cargo el de Citador de la Inspección Primera de Policía; iii) el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por Resolución n.° 2005 de 7 de septiembre de 2010, negó el reconocimiento de una pensión restringida de jubilación a García Palencia, toda vez que desde el 21 de junio de 1987 y hasta el 30 de septiembre de 1989 desempeñó el cargo de citador de la Inspección Primera de Policía en el Municipio de Plato (Magdalena), siendo ésta la última entidad a la que prestó sus servicios, por lo que debía elevarle a ese ente la solicitud de la pensión o, en su defecto, a la Administradora de Pensiones donde hubiera realizado aportes para la pensión, decisión que fue confirmada en Resolución n.° 2891 de 29 de noviembre de 2010; iv) el

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Radicación n.° 92288 Municipio de Plato (Magdalena), reconoció una pensión de jubilación a García Palencia a través de la Resolución n.° 1494 de 12 de diciembre de 2003, con efectividad a partir del 10 de septiembre de 2001, computando los tiempos laborados tanto en la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, como en el Municipio de Plato; v) García

Palencia promovió proceso ordinario laboral ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena) para que le fuera reconocida la pensión sanción, autoridad judicial que en sentencia de 9 de marzo de 2017 absolvió al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia de todas las pretensiones incoadas; vi) el recurso de apelación interpuesto por García Palencia fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta que, por sentencia de 27 de junio de 2019, revocó la de primer grado y, en su lugar, condenó a la UGPP a reconocer y pagar a García Palencia la pensión sanción, de conformidad con el artículo 8.º de la Ley 171 de 1961, desde el 29 de abril de 2011, con la indexación correspondiente, decisión que quedó debidamente ejecutoriada el 19 de julio de 2019; vii) la UGPP, a través de la Resolución RDP 001553 de 22 de enero de 2020, modificada por la Resolución RDP 006952 de 16 de marzo de 2020, dio cumplimiento al fallo proferido el 27 de junio de 2019 por el Tribunal Superior Sala Laboral de Santa Marta; viii) según el aplicativo «bonos», García Palencia se encuentra «activo» con dos pensiones: una reconocida por el Municipio del Plato (Magdalena) y, otra, por la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, hoy UGPP, luego, no resulta ajustado el pago de dos asignaciones con cargo al erario, al ser dos prestaciones que cubren la misma

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Radicación n.° 92288 contingencia de vejez y devienen de la misma prestación de servicios. La UGPP fundamentó la prosperidad de sus pretensiones, básicamente, en los siguientes argumentos: 1.- Emiro Rafael García Palencia laboró al servicio de la Caja Agraria por el período comprendido entre el 1 de julio de 1969 y el 30 de enero de 1984, es decir, 14 años y 7 meses y, posteriormente, laboró en el Municipio de PlatoMagdalena entre el 20 de abril de 1984 y el 30 de septiembre de 1989, esto es, por 5 años, 5 meses y 11 días, para un total de servicios públicos de 20 años y 11 días. 2.- En sentencia de 2 de junio de 1989 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta declaró que la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero despidió sin justa causa a García Palencia y por eso ordenó el pago de la indemnización por despido sin justa causa, como la moratoria, decisión que fue confirmada el 26 de octubre de 1989 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. 3.- El Municipio de Plato – Magdalena, en Resolución n.° 1494 de 12 de diciembre de 2003, reconoció una pensión de jubilación a García Palencia, efectiva a partir de 10 de septiembre de 2001, computando los tiempos laborados en la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y en el Municipio de Plato (20 años y 11 días).

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Por ello, el Municipio de Plato - Magdalena el 29 de abril de 2019 y por radicado No. 2019700101304702, remitió a la UGPP las cuentas de cobro de la cuota parte derivada de los tiempos laborados por García Palencia a la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. 4.- Emiro García Palencia de esa forma obtuvo del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la pensión restringida de jubilación por sus tiempos prestados a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, muy a pesar de estar disfrutando de una pensión de vejez reconocida desde el 12 de diciembre de 2003 por el Municipio de Plato – Magdalena, por los mismos servicios prestados a la Caja Agraria. 5El demandado nunca indicó al juez de instancia que ya contaba con una pensión de jubilación reconocida por el Municipio de Plato – Magdalena - desde el 12 de diciembre de 2003, dentro de la cual se computaron los tiempos de servicio público laborados para la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, situación que hizo inducir en error al juez de conocimiento del proceso y, por tanto, se generó una incompatibilidad pensional con la pensión de vejez reconocida por el Municipio de Plato – Magdalena. 6.- No procedía el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación, toda vez que García Palencia ya contaba con una pensión de vejez desde el 12 de diciembre de 2003, es decir, hoy recibe, simultáneamente, dos

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Radicación n.° 92288 asignaciones que provienen del tesoro público (por el mismo riesgo de vejez) en contravía de las disposiciones constitucionales, apoyándose en el concepto n.° 1480 de 8 de mayo de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Asegura que la incompatibilidad se genera en cuanto a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta revocó la sentencia proferida el 9 de marzo de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato –Magdalenapara, en su lugar, ordenar el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación a cargo de la UGPP, situación que va en contravía del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por la imposibilidad de percibir dos prestaciones que cubren el mismo riesgo, tienen el mismo origen y persiguen el mismo fin. 6.- El artículo 32 de la Ley 100 de 1993 puntualizó que los aportes de los afiliados constituyen un fondo público, de manera tal que puede predicarse una doble asignación del tesoro público cuando las dos pensiones que se reciben cubren el mismo riesgo de vejez, pues ambas prestaciones fueron reconocidas en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual esa situación encuadra en la prohibición constitucional y legal a la que se ha hecho referencia, sin que sea dable predicar la existencia de una excepción de las que prevé el artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992. 7.- La UGPP no solamente está pagando la pensión restringida de jubilación ordenada por el Tribunal, sino que

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Radicación n.° 92288 está sufragando la cuota parte derivada de los tiempos laborados por Emiro Rafael García para la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, para el pago de la pensión de vejez reconocida por el municipio de Plato – Magdalena, siendo evidente el detrimento patrimonial y el cargo al erario. 8.- Debe ordenarse la devolución de las sumas pagadas, como quiera que al haber sido reconocido el valor de una mesada pensional sin un fundamento legal, ello constituye una forma de abuso del derecho, en atención a las órdenes impartidas en la Sentencia CC C-258-2013. Surtidas las diligencias procesales de que dan cuenta los autos, se trabó debidamente la relación procesal y, en el término del traslado, el demandante en el proceso laboral ordinario y ahora demandado en revisión, presentó escrito de contestación de la demanda, oponiéndose a las pretensiones y sosteniendo en su defensa que la pensión especial de jubilación regulada por el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 se causa desde el mismo momento en que el trabajador es despedido injustamente con más de 10 ó 15 años de servicio, sin que interese cuál haya sido el tiempo laborado hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, pues dichas pensiones son independientes a las que deba reconocer el ISS y corren a cargo exclusivo del empleador. Asegura que la edad del trabajador es un requisito de exigibilidad y no de causación, así como que la pensión

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Radicación n.° 92288 sanción se causa al cumplir con dos requisitos: i) la terminación del contrato de trabajo sin justa causa y ii) la prestación del servicio por mínimo 10 y máximo 15 años; y que una vez se reúnen estos dos requisitos deja de ser una mera expectativa para convertirse en una situación jurídica concreta, que no podría ser modificada por una norma posterior, porque es un derecho adquirido del trabajador, pero que solo puede ser exigible al momento del cumplimiento de la edad. Destaca la naturaleza indemnizatoria de la pensión sanción regida por el artículo 8.° de la Ley 171 de 1961, haciéndola compatible con la pensión de vejez o cualquiera otra prestación que ampare específicamente dicho riesgo de vejez, por ello, al momento de su despido injustificado, al encontrarse vigentes los artículos 8.° de la ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, fecha en que se generó el derecho a recibir la pensión sanción, ésta resultó siendo compatible con la de vejez que le paga el municipio de Plato, ya que para la época de causación, 30 de enero de 1984, la pensión sanción cumplía un fin indemnizatorio, disímil a como ocurrió en vigencia de Ley 100 de 1993 cuando pasó a cubrir el riesgo de vejez.

II. CONSIDERACIONES Para resolver la controversia propuesta por la entidad solicitante, debe empezar la Corte por recordar que dentro de los fines perseguidos por el legislador de la Ley 797 de 2003

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Radicación n.° 92288 está la protección del erario, razón por la cual concibió un mecanismo procesal que permite revisar las decisiones judiciales, conciliaciones o transacciones, como una excepción al principio de cosa juzgada, entre otros motivos, cuando la decisión judicial o administrativa hubiere reconocido prestaciones periódicas de manera irregular o por encima del valor que legal o convencionalmente le correspondía al titular, para de esa manera revocarlas y evitar manifestaciones de abuso del derecho y casos de corrupción en perjuicio de la Nación. En esa dirección, la Ley 712 del 05 de diciembre de 2001, que reformó el llamado «Código Procesal del Trabajo», introdujo en su normativa, particularmente en los artículos 30 a 34, el recurso extraordinario de revisión, señalando las causales en el artículo 31 y el término para interponerlo en el artículo 32. A su turno, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consignó: Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la

Nación.

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Radicación n.° 92288 La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (Subrayas de la Sala) Quiere decir lo anterior que las sentencias dictadas por los jueces del trabajo que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública también podrán ser revisadas, en cualquier tiempo, cuando se hubieren obtenido con violación del debido proceso o cuando su cuantía excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que les fuera legalmente aplicable. La expresión «en cualquier tiempo» fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C835-2003, de suerte que, el plazo para interponer el mecanismo es el consagrado para el recurso extraordinario de revisión en cada jurisdicción, que en materia ordinaria laboral es de «[...] seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia penal sin que pueda excederse de cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso», de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 712 de

2001.

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Radicación n.° 92288 En el sub lite, es suficiente recordar lo señalado en el auto admisorio, el cual precisó que la última de las decisiones controvertidas fue proferida el 27 de junio de 2019, quedando ejecutoriada el 19 de julio de 2019 – y la revisión fue presentada el 3 de diciembre de 2021 – luego, entonces, no han transcurrido más de cinco (5) años, por la cual debe entenderse presentada en tiempo. Igualmente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social –UGPPtiene facultades para «adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen», conforme lo previsto en el numeral 6 del artículo 6°. del Decreto 575 de 22 de marzo de 2013. Ahora bien, la UGPP ataca la providencia sometida a revisión, porque considera que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta desconoció los hechos, la normativa y jurisprudencia aplicables al caso, pues, erradamente, permitió el otorgamiento de dos pensiones con idéntica naturaleza. Por otro lado, asevera que se encuentra demostrada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que García Palencia se está beneficiando de un pago al cual no tiene derecho, dinero que no le corresponde y que se constituye en un pago de lo no debido.

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Radicación n.° 92288 Puestas así las cosas, conviene recordar que esta Corporación ha señalado que las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituyen novedosos instrumentos jurídicos a través de los cuales se persigue la defensa de los recursos públicos y el afianzamiento de los principios de moralidad pública e interés general, a partir de una excepción a los efectos de cosa juzgada que amparan a ciertas decisiones judiciales, transacciones o conciliaciones, que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones a cargo del tesoro público o fondos de naturaleza pública. Pero también ha insistido en la naturaleza extraordinaria de la revisión y ha establecido que debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que no se distorsione e hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la administración de justicia de su trascendental función, por lo que su uso se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos. En tal sentido, ha señalado que: Esa medida, extraordinaria, reviste un gran impacto jurídico y, sin lugar a dudas, su génesis no es otra que la de incorporar un principio moralizante a la actividad de reconocimiento pensional, en tanto los limitados recursos del erario, imponen una labor

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Radicación n.° 92288 mucho más exigente que con otro tipo de asuntos que se ponen en conocimiento del juez. Es por eso que, excepcionalmente, los otros principios que entran en colisión con tan particular medida, como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, deben ceder para, en su lugar, concretar unas aspiraciones sociales, que están estrechamente relacionadas con los recursos que de manera irregular terminan satisfaciendo pretensiones particulares, específicamente cuando existe palmaria evidencia de que ello ocurre. Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta. Todo ello hay que entenderlo según la exposición de motivos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que circunscribió esa revisión para “afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación”, y es

entonces en esa perspectiva que procede el recurso, cuando aquellas omisiones en la defensa existan, pues otra lectura entrañaría una vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. (CSJ SL, 25 jul. 2012, rad. 48410, reiterada en CSJ SL, 13 mar. 2013, rad. 44157 y CSJ SL7107-2015). Importa destacar que, en lo que tiene que ver, específicamente, con la causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el debido proceso comprende una serie de garantías que permiten el acceso a la administración de justicia y la emisión de decisiones judiciales de manera oportuna y eficiente, asegurando, en todo caso, la materialización del principio de legalidad. De ahí el contenido del artículo 29 Superior, según el cual «nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal

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Radicación n.° 92288 competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio». El tan anhelado debido proceso incorpora la garantía del juez natural, el respeto a un procedimiento previamente definido por el legislador y la oportunidad de la respuesta por parte del aparato jurisdiccional. Ello, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva y, además, que cada actuación surtida al interior del proceso quede revestida de validez. Ahora bien, viene al caso memorar que la jurisprudencia de esta Corporación ha enseñado que, tanto en el sector privado como en el oficial, se han denominado de

manera genérica pensiones restringidas de jubilación a aquellas que se causan con un tiempo de servicios inferior al requerido para la denominada pensión plena de jubilación que se consolida con la edad y tiempo de servicios, de manera que el monto de aquellas es proporcionalmente inferior al de la plena. Entre las pensiones restringidas se incluyen las causadas por despido sin justa causa a la que se denomina pensión sanción. Las disposiciones que consagran este derecho están previstas en los artículos 8° de la Ley 171 de 1961 y artículo 74, numeral 2 del Decreto 1848 de 1969, fundadas en el despido sin justa causa del trabajador. Así, el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 previó, originalmente, la pensión sanción para los trabajadores particulares y oficiales vinculados por contrato de trabajo que fueran despedidos sin justa causa, determinando que cuando la desvinculación se produjera

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Radicación n.° 92288 después de 10 años de servicios y menos de 15, la pensión se pagaría a los 60 años de edad, y cuando ese hecho ocurría después de 15 años de servicios, se debería comenzar a pagar a los 50 años de edad; posteriormente, el artículo 74, numeral 2, contempló, en similares términos, la misma pensión, pero únicamente para trabajadores oficiales, y en el numeral 3 reafirmó el derecho a la prestación después de 15 años de servicios cuando el retiro fue voluntario, y la edad de 60 años, para su reclamación. De esta manera, la pensión restringida de jubilación se

causa al momento del retiro si se ha completado el tiempo de servicio requerido en la norma, pues el cumplimiento de la edad establecida es un requisito para la exigibilidad del derecho. Para el caso, teniendo en cuenta las normas citadas en precedencia, es pertinente decir que el aquí demandado y demandante en el proceso ordinario de marras laboró interrumpidamente para la Caja Agraria entre el 1.° de julio de 1969 y el 30 de enero de 1984, tal cual se colige de la documental que reposa al interior del proceso ordinario, esto es, laboró por un total de 14 años, 6 meses y 29 días, lo que lo hacía beneficiario del derecho pensional proporcional discutido a las luces de las normas citadas en líneas anteriores. Porque, además, quedó acreditado que el retiro del trabajador provino de un despido sin justa causa judicialmente decretado, tal como se infiere de la documental

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Radicación n.° 92288 visible a f.° 36 a 50 del expediente, que es la sentencia proferida por la Sala-Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, de 26 de octubre de 1989, en la cual se confirmó la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta de 02 de junio de 1989, causándose de esta manera el derecho a obtener la pretendida prestación, la cual quedó suspendida en su exigibilidad por el cumplimiento de la edad, hecho éste que se configuró el 29 de abril de 2011, tal como lo infirió el juez colegiado.

Debe tenerse en cuenta que el demandante devenga una pensión reconocida por el Municipio de Plato – Magdalena, mediante la Resolución n.° 1494 de 12 de diciembre de 2003 (f.° 466 a 468 archivo digital), con efectividad a partir de 10 de septiembre de 2001, la cual acumula los tiempos laborados en la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, así como los prestados al Municipio de Plato, y acopia un total de 20 años y 11 días al servicio de entidades públicas. En este escenario, importa destacar que en el ordenamiento jurídico colombiano se ha reconocido la «pensión sanción» como la figura que en su momento evitaba el despido injustificado del trabajador y la pérdida de la expectativa para obtener la protección a la vejez, pues aún no se cumplían los requisitos legales para obtener una pensión de jubilación merecida por el tiempo de servicios y como protección a la vejez, esta prestación especial constituía una forma de resarcimiento laboral por los

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Radicación n.° 92288 perjuicios que pudieran causarse por la pérdida de la expectativa de acceder al derecho pensional. El artículo 8º de la Ley 171 de 1961 reguló la institución, tanto en el sector público – trabajadores oficiales – como en el sector privado; disposición que fue modificada por el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, y bajo el título de pensión en caso de despido injusto definió los requisitos legales para su reconocimiento: i) la prestación del servicio por un término superior a los 10 años e inferior a los 15 años,

continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la expedición de esta norma, y ii) la situación de despido injusto; derecho que solamente es exigible al arribar el trabajador a la edad de 60 años, en una cuantía proporcional al tiempo trabajado, con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios prestados. Por la configuración legal de la disposición, se ha dicho que esta pensión tiene una naturaleza resarcitoria y no prestacional, en aquellos casos en los que el empleador fuere titular de la obligación pensional y no hubiere estado en la obligación de afiliar al trabajador en su momento al Instituto de los Seguros Sociales; a la par de que la pensión sanción tenía la finalidad de desestimular los despidos sin justa causa a trabajadores con una antigüedad superior a los 10 años, situación que ponía en riesgo la obtención de la pensión de jubilación que, de igual forma, estaba a cargo de la empresa.

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Radicación n.° 92288 Con la expedición del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el artículo 1º del Decreto 3045 de 1966, específicamente del parágrafo del artículo 61, se tuvo un hito normativo objeto de aclaración por parte de la Sala, en el sentido de establecer que la compatibilidad de la pensión de vejez del Seguro Social con la pensión sanción a cargo del empleador no estaba sometida a condición o limitación en el tiempo, en la medida en que de la norma en cita no se desprende que el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 haya desaparecido al

cumplirse el plazo de 10 años que mencionaba tal disposición (CSJ SL 17 may. 2001. Rad 15671, reiterada en CSJ SL0192022 y CSJ SL3452-2022). Por ello se consideró que la pensión sanción consagrada en el artículo 8º de la ley 171 de 1961 era compatible con el esquema de seguridad social adoptado por el citado Acuerdo, a diferencia de las pensiones de jubilación que directamente cubren el riesgo de vejez, y el empleador no se subrogaba en este su pago cuando se generara el reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS, lo que ratificó su carácter compatible. La aplicación aludida tuvo vigencia hasta el Acuerdo 029 de 1985, disposición que estableció la compartibilidad pensional, esto es, que una vez cumplidas las circunstancias previstas en el artículo 8.° de la Ley 171 de 1961, el empleador pagaría al trabajador dicha pensión, así como que tenía la carga de continuar cotizando al ISS, hasta cuando esta entidad asumiera la pensión por satisfacer el trabajador las exigencias previstas en sus reglamentos para otorgar la

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Radicación n.° 92288 pensión de vejez, manteniéndose, en esta hipótesis, la obligación del empleador de pagar el mayor valor entre la pensión del ISS y la que venía siendo por aquél sufragada. La Sala, desde la sentencia CSJ SL 9 jul. 2008 Rad 33048, consideró lo siguiente: Lo anterior conlleva, a que por haberse causado la pensión

sanción con anterioridad al 17 de octubre de 1985, cuando entró en vigencia el artículo 5° del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, resulta compatible con la de vejez que al actor le otorgó el I.S.S., dado que solo a partir de ese momento dicha entidad admitió la compartibilidad de aquella clase de pensiones. Así las cosas, el Tribunal se equivocó cuando estimó que la pensión sanción reconocida por la accionada al demandante, era compartible con la de vejez que le otorgó el I.S.S., al no tener en cuenta la fecha de causación de la primera. De la misma forma, en la sentencia CSJ SL474-2019 que rememoró e