CSJ - SL3145-2023

CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO Magistrado ponente SL3145-2023 Radicación n.° 92675 Acta 37 Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por HERNÁN CABEZAS LOZANO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el tres (03) de diciembre de dos mil veinte (2020), en el proceso que instauró a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS

DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN

ESCALA DEL RÍO SALDAÑA - USOSALDAÑA, SERVICIOS

DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELITE LTDA., EMPRESA

DE VIGILANCIA PRIVADA LAS ÁGUILAS LTDA. y HELAM

SEGURIDAD LTDA.

Se reconoce personería al abogado Diego Andrés Guerrero Barragán, identificado con CC 1.018.418.306 y TP n.° 250.937 del CSJ, como apoderado de Helam Seguridad Ltda., conforme al mandato adjunto al expediente digital de

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Radicación n.° 92675 la Corte (cuaderno Recursos Extraordinarios Casación Memorial, archivo «2023101503013.pdf»).

I. ANTECEDENTES Hernán Cabezas Lozano, junto a Yadira Jiménez Arias, quien actuó en nombre propio y representación del menor HHHH, María del Pilar Castro Guarnizo, quien actuó en nombre propio y representación del menor KKKK y, Ana Graciela Guzmán Molina, igualmente, en nombre propio y

representación de los menores DDDD y HHH, llamaron a juicio a las personas jurídicas referenciadas, para que se declarara: i) la nulidad e ineficacia de los contratos de trabajo suscritos entre el primero y Águilas Ltda., Elite Ltda. y Helam Seguridad Ltda.; ii) la existencia de un vínculo laboral con Usosaldaña desde el 13 de febrero de 1997 y 3 de octubre de 2016 y, iii) la ineficacia del despido unilateral y sin justa causa ocurrido el «4 de octubre de 2016», por haber mediado flagrante vulneración de los derechos de asociación sindical y estabilidad laboral reforzada por «fuero de maternidad» y de salud. Solicitaron que, en consecuencia, se ordenara el reintegro del señor Cabezas Lozano al cargo que venía

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Radicación n.° 92675 desempeñando u otro de mejores condiciones; la suscripción de un contrato de trabajo a término indefinido con Usosaldaña, a partir del 1° de febrero de 1997 y el pago de: i) los aportes pensionales adeudados durante la prestación de sus servicios; ii) los salarios y las prestaciones sociales y de seguridad social causados desde el momento de su desvinculación y hasta su retorno al trabajo; iii) las horas extra diurnas, nocturnas, recargos en días dominicales y festivos, junto con el «tiempo de servicio no pagado ni liquidado» y el reajuste de créditos laborales en la suma de $6.500.000; iv) el subsidio familiar retroactivo y, v) la indemnización del artículo 26 de la Ley 361 de

1997. Así mismo pidieron el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales del subordinado y los morales de los codemandantes, en calidad de familiares afectados, más la indexación, lo que se probare y las costas. Narraron que el señor Hernán Cabezas Lozano tiene una familia conformada por cuatro menores de edad de madres diferentes, con quienes tiene obligaciones legales; que mediante Resolución n.° 200 del 14 de junio de 1976, el

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Radicación n.° 92675 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, concedió personería jurídica a Usosaldaña; que debido a la inseguridad en el distrito, se creó el Departamento de Seguridad Usosaldaña y con base en la Resolución n.°4765 del 13 de diciembre de 1996, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional – Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se le otorgó licencia de funcionamiento en la modalidad de vigilancia móvil y escolta de carácter nacional, para operar hasta con treinta escoltas. Contaron que el citado señor suscribió con esa entidad un contrato de trabajo a término fijo de tres meses, como escolta, a partir del 1° de febrero de 1997; que con la suscripción de ese negocio jurídico, automáticamente integró el Sindicato de Trabajadores de las Irrigaciones del Departamento del Tolima, siendo beneficiario de la CCT. Aseveraron que para la expedición de la licencia de funcionamiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la ejecución de aquella función, Usosaldaña debía tomar una póliza de responsabilidad civil

para garantizar la indemnización de los perjuicios por daños ocasionados a terceros; que, además, debía registrar el nombre de la persona que ejercería esa actividad, por el posible uso indebido del armamento; que esos requisitos los satisfizo frente al personal de planta y el que subcontrató con empresas de vigilancia. Precisaron que la demandada, suscribió varios contratos de prestación de servicio con Águilas Ltda.,

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Radicación n.° 92675 Servicio de Vigilancia y Seguridad Élite Ltda. y Helam Seguridad Ltda., las cuales actuaron como intermediarias laborales de los escoltas y vigilantes; que aunque el señor Cabezas Lozano sostuvo relaciones laborales con estas, continuó realizando su labor en el departamento de seguridad de Usosaldaña, quien las supervisaba, impartía órdenes y establecía pagos adicionales como estímulos, bonificaciones, auxilios extraordinarios y otros créditos de los cuales era beneficiario; que en los acuerdos comerciales se incorporaron cláusulas en las que se excluyó cualquier relación laboral con aquellos trabajadores, pero se exigía a las contratistas control sobre los mismos. Señalaron que las sociedades limitadas, operaban con la misma estructura de comunicaciones del departamento de seguridad (frecuencia) de Usosaldaña; que a sus empleados les era garantizado el servicio de restaurante y casino exclusivo para el personal de la contratante, del que solo se pagaba una cuota mínima, asumiendo los demás costos la última empresa. Manifestaron que para obtener la licencia de escolta, el señor Cabezas Lozano realizó cursos que eran dictados por academias de seguridad avaladas por la Superintendencia de

Vigilancia y Seguridad Privada, como ANSA, ISI y ALS, los cuales eran cancelados por Usosaldaña; que lo mismo ocurrió con las capacitaciones y reentrenamientos; que para la ejecución de su cargo debía portar su credencial, que era personal e intransferible y tenía las siguientes acotaciones: «el año 1997( AAF-715); 2010 -2011 (Empleado de Elite);

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Radicación n.° 92675 2014-2016 […] de “USOSALDAÑA”»; que, a pesar de que entre 2004 y 2008 se identificada como escolta de la empresa Elite Ltda., en las pólizas figuraba la usuaria como verdadera empleadora; que, en vigencia de los contratos con terceros, no gozó de prerrogativas convencionales. Adujeron que el 3 de febrero de 2014 cesó la relación civil entre Usosaldaña y Elite Ltda.; que a partir del 4 de febrero de 2014, el servidor fue incorporado al departamento de seguridad de la última, mediante un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año (del 4 de febrero de 2014 al 3 de julio de 2015), por espacio de cinco (5) meses; que se le practicaron exámenes médicos de ingreso (aptitud psicofísica y laboratorios) y se le afilió como trabajador dependiente al sistema integral de seguridad social, realizándose «todo un formalismo de incorporación». Expusieron que el citado señor suscribió con su contratante un «contrato de arrendamiento de motocicleta»; que, a partir de ese momento, fue afiliado al sindicato,

procediéndose a efectuar los descuentos respectivos; que, en cumplimiento de la convención colectiva, se reconoció a su hija menor DDD, el auxilio por beca a través del Memorando n.° A-020 del 15 de enero de 2015 y, a sus demás descendientes, por medio del n.° A-069 del 13/02/2015. Manifestaron que, en vigencia de la relación de trabajo subordinado directo, el empleado presentó fallidamente reclamaciones por acoso laboral; que tuvo afectaciones de salud por deficiencias auditivas y alto grado de

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Radicación n.° 92675 «colinesterasa»; que su compañera se encontraba en estado de embarazo, teniendo programado el parto para el 27 de enero de 2017. Afirmaron que por Oficio n.° G-242 del 31 de mayo de 2016, suscrito por el gerente encargado de la empleadora, se le comunicó que su vínculo laboral vencería a partir del 3 de julio de 2016 y no sería prorrogado; que al no ser suscrito por aquel, se tuvo por entregado mediante el Oficio RH-164 del 2 de junio de 2016, el cual fue rubricado por testigos; que a través del Homologo n.° G-264 del 13 de junio de 2016, se dejó sin efecto esa comunicación, situación que no fue conocida por el laborante debido al cambio de domicilio. Aseguraron que el 3 de octubre de 2016, le fue entregada la liquidación de prestaciones sociales, que se efectuó con base en un promedio de horas extras por debajo

del realmente laborado; que las convenciones colectivas de las que era beneficiario, consagraban el derecho a la estabilidad laboral, garantía que fue desconocida por la empleadora; que dejó «de percibir prima extracontractual, ayudas educativas, el quinquenio, ayudas en el transporte, etc., derechos que inclusive eran percibidos por el personal directivo, coordinadores, sin que se encontraran afiliados al sindicato». Sostuvieron que tras el retiro del señor Cabezas Lozano, él se vio inmerso en procesos penales por inasistencia alimentaria; que sus hijos se afectaron por la ausencia de ingresos para su sostenimiento, por lo que se les causaron

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Radicación n.° 92675 diferentes perjuicios, los cuales se extendieron a sus madres, debido a que no contaban con dinero suficiente para atender sus necesidades fundamentales. Indicaron que por medio de la Resolución n.° 000193 del 04 de julio de 2017, que fue confirmada en vía gubernativa, el Ministerio del Trabajo concluyó que no existía causa legal para dar por terminado el contrato de trabajo o la prórroga de algunos trabajadores de Usosaldaña, entre los cuales se encontraba el señor Cabezas Lozano, por lo que le impuso sanción pecuniaria; que elevó reclamación a la demandada y, en respuesta de ella, le concedió la indemnización por terminación anticipada de su contrato de trabajo, en la suma de $ 6.921.413,oo, de los cuales se compensaron $247.193,oo. Aseveraron que mediante fallo de tutela del 21 de abril de 2017, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Guamo –

Tolima, amparó los derechos constitucionales de asociación sindical y no discriminación del señor José Hernán Guarnizo Morales, quien fue su compañero de trabajo, tras considerar que no existió causal legal de terminación del vínculo laboral, por lo que se ordenó su reintegro y el pago de salarios y prestaciones sociales (f.° 2 a 84, archivo «Primera Instancia Cuaderno Principal Tomo1 2022113244522», en relación con la reforma de f.° 374 a 440 y 460 a 478, archivo: «Primera Instancia Cuaderno Principal Tomo2 2022063247086», expediente digital).

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Radicación n.° 92675 Helam Seguridad Ltda. se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la prestación de servicios del señor Hernán Cabezas Lozano por periodos de tiempo corto, a saber: del 4 al 18 de junio de 2003 y del 5 al 19 de julio de 2004, sin que conozca o le consten los demás supuestos. Se abstuvo de proponer medios exceptivos (456 a 463, archivo «Primera Instancia Cuaderno Principal Tomo1 2022113244522»). Usosaldaña se resistió a los reclamos. Aceptó su constitución y las autorizaciones que le fueron dadas por las autoridades para la creación del departamento de seguridad, así como la expedición de los Oficios n.° G-242 del 31 de mayo de 2016 y n.° G -264 del 13 de junio del mismo año, a través del cual dejó sin efectos el primero.

Afirmó que no aceptaba: i) la existencia de un vínculo

laboral con el señor Hernán Cabezas Lozano en los extremos y condiciones señalados en la demanda; ii) que este fuera parte de los sindicatos Sintrairratol y Sintrainagro, pues su afiliación debería ser demostrada en el proceso; iii) que la contratación de personal de vigilancia y escolta a través de empresas especializadas en el gremio tuviera causa u objeto irregular, pues no medió afectación a la voluntad del accionante ni constituyó vulneración de sus derechos; iv) que tampoco materializó una intermediación laboral, pues esas personas jurídicas eran independientes y autónomas.

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Radicación n.° 92675 Expuso que desconocía las condiciones personales y familiares de los demandantes; que, aunque fue sancionada por la terminación del contrato de trabajo de diez trabajadores, demandó esa decisión administrativa, cuyo proceso está en curso; que el fallo de tutela mencionado tuvo efectos entre las partes y que no había vulnerado ningún derecho a los convocantes.

Formuló las excepciones de: prescripción; buena fe en las actuaciones adelantadas por la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran escala del Río Saldaña – Usosaldaña; compromisos adquiridos por las empresas de vigilancia Águilas Ltda. y Élite Ltda. con Usosaldaña; pago de salarios y prestaciones sociales (f.° 2 a 24, 487 a 505, archivo: «Primera Instancia Cuaderno Principal Tomo2 2022063247086» Élite Ltda. se enfrentó a las peticiones del introductor.

Admitió los hechos concernientes con la constitución legal de Usosaldaña y la relación de consanguinidad entre algunos reclamantes. Negó las condiciones y extremos laborales del señor Cabezas Lozano, pues sostuvo con él una relación de trabajo subordinado entre el 1° de marzo de 2000 al 31 de enero de 2014, en la modalidad de contrato de trabajo a término fijo, en cuya ejecución canceló los créditos laborales y de seguridad social que estaban a su cargo, sin que hubiese actuado en calidad de intermediaria, dado que el empleado estuvo bajo su subordinación; que su relación laboral finalizó

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Radicación n.° 92675 de mutuo acuerdo, previa conciliación de todas las acreencias causadas. Explicó que, a pesar de que las licencias de comunicaciones y espectros electromagnéticos utilizados en el desarrollo del contrato comercial, hacían parte del departamento de seguridad de su contratante, ello no desvirtuaba su autonomía e independencia en la prestación del servicio, pues operaba con licencia de funcionamiento propia emanada por el Ministerio de Defensa, era vigilada por la Superintendencia de Vigilancia Privada y tenía armamento, munición y equipamiento también propio; que siempre fue responsable directa de la dotación de sus trabajadores y de la gestión de los mismos. Manifestó que los demás hechos no le constaban. Planteó como excepciones de mérito las de: prescripción, pago y compensación, cobro de lo no debido y buena fe y, en respuesta a la reforma a la demanda, adicionó la de: inexistencia de solidaridad (f.° 118 a 130, en relación con el 482 a 486, archivo ibidem).

Águilas Ltda. a través de curador ad litem, se tuvo a lo que se probara en el proceso, indicando que ningún hecho le consta (f.° 454 a 456, archivo ibidem).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo Tolima, mediante sentencia del 6 de febrero de 2020, resolvió: PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda en contra de las empresas de vigilancia y seguridad antes mencionadas, y abstenerme de pronunciarme respecto de las excepciones por ellas propuestas por sustracción de materia, en este caso particular las costas van a estar a cargo de la parte demandada. [...], en favor de cada una de las partes que haya estado representada por abogado.

SEGUNDO: Acoger parcialmente las pretensiones de la demanda en contra de la Empresa Usosaldaña así: Declarar la ineficacia de la terminación del contrato entre la empresa Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Saldaña "USOSALDAÑA", y el señor Hernán Cabezas Lozano, como consecuencia de lo antes expuesto.

TERCERO: Ordenar el reintegro del señor Hernán Cabezas Lozano al cargo en el cual venía siendo vinculado con la empresa Usosaldaña, desde el 15 de septiembre del 2017.

CUARTO: Como consecuencia de este reintegro al trabajador le deberán ser cancelados todos los emolumentos salariales y prestacionales a que tiene derecho desde la fecha de su reintegro,

con sus respectivos reajustes.

QUINTO: Compensar los dineros que fueron pagados por parte de la empresa Usosaldaña al señor Hernán Cabezas Lozano como indemnización, con los salarios que se adeuden desde la fecha de su reintegro.

SEXTO: negar las restantes pretensiones […] SÉPTIMO: Costas a cargo de la parte vencida […] ÓCTAVO: Negar todas las excepciones propuestas por la empresa Usosaldaña (f.° 446 a 447, Cuaderno Primera Instancia Tomo3, archivo «2022065140256» ib).

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III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al decidir el recurso de apelación del señor Hernán Cabezas Lozano y Usosaldaña, mediante fallo del 3 de diciembre de 2020, resolvió: PRIMERO: REVOCAR los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 7° de la parte resolutiva la sentencia proferida el 6 de febrero de 2020 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo – Tolima, dentro del proceso ordinario laboral promovido por HERNÁN CABEZAS

LOZANO, YADIRA JIMÉNEZ ARIAS, MARÍA DEL PILAR CASTRO

GUARNIZO Y ANA GRACIELA GUZMÁN MOLINA y demandados USOSALDAÑA, SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ELITE LTDA. y HELAM SEGURIDAD LTDA., y en su lugar se dispone NEGAR las pretensiones de ineficacia de terminación del

contrato, reintegro, pago de emolumentos salariales y prestacionales solicitados en la demanda, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: En lo demás, dicha sentencia queda incólume.

TERCERO: CONDENAR en costas en ambas instancias al demandante […] y a favor de USOSALDAÑA […].

Dijo, en lo que interesa a la casación, que determinaría: i) si había lugar a declarar la ineficacia de la terminación del contrato del señor Cabezas Lozano y, en consecuencia, ordenar su reintegro; ii) si los servicios prestados por este «fueron sólo para Usosaldaña», siendo las empresas de vigilancia simples intermediarias o, si por el contrario, lo hizo mediante contratos autónomos y diferenciales para estas y, posteriormente, para aquella; iii) si gozaba de fuero de estabilidad laboral reforzada para el momento en que se terminó su relación laboral. Advirtió, previa trascripción de los artículos 25 y 53 de la CP, que revocaría la primera decisión únicamente en punto

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Radicación n.° 92675 de la ineficacia del despido pues, aunque el actor pidió en la pretensión quinta, la declaratoria de existencia de una sola relación contractual laboral con Usosaldaña, del 1º de febrero de 1997 al 3 de octubre de 2016, no se probó. Indicó que en el expediente obraban las siguientes constancias: i) De Águilas Ltda. (f.° 102 del cuaderno 1), en la que se certificaba que el accionante fungió como vigilante desde el

16 de diciembre de 1997, pero sin precisar extremo final. ii) De Elite Ltda. (f.°109, ibidem), que informa que el citado señor laboró para esa persona jurídica del 1º de marzo de 2001 al 31 de enero de 2014. Así mismo, se allegó contrato de trabajo escrito a término fijo inferior a un año, calendado el 4 de febrero de 2014, a través del cual se vinculó al reclamante a Usosaldaña, para ejercer los servicios de vigilancia móvil y escolta (f.° 158 a 161 del cuaderno 1); que, por tanto, fue a partir de esa fecha que laboró para esa sociedad, lo cual se corroboraba con: i) la documental de «folios 164 a 197 del cuaderno 1», que daba cuenta de diversos actos patronales acaecidos con posterioridad a esa data;

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Radicación n.° 92675 ii) la liquidación de prestaciones sociales, que señala como extremos temporales del vínculo el 4 de febrero de 2014 y 3 de octubre de 2016 (f.° 198); iii) la Carta de no Prórroga del contrato del 1º de septiembre de 2016, que demuestra que el vencimiento del plazo pactado ocurriría el 3 de octubre de ese mismo año (f.° 127 cuaderno 3). Aseveró que, a pesar de lo anterior, no pasaba inadvertidos los siguientes medios de convicción: i) La documental de folio 235, ibidem, a través de la cual el gerente de Usosaldaña, indicó que: […] el 18 de octubre de 2016, la empresa tomó la decisión de

dejar sin efecto la terminación del contrato al percatarse de un error en la comunicación de la finalización del mismo, ya que fue realizada con posterioridad al vencimiento del plazo pactado, por lo que prorrogó el contrato por un año más, sin embargo al no presentarse Hernán Cabezas Lozano a laborar le canceló la indemnización por despido sin justa causa entre el 3 de octubre de 2016 y el 2 de julio de 2017, consistente en el pago de los salarios de ese periodo. ii) La atadura de Trabajo suscrita entre las partes del 13 de febrero al 12 de mayo de 1997 (f.° 64 a 67, ib), el cual fue prorrogado hasta el 12 de noviembre de 1997 (f.° 68, cuaderno 2), cuando acordó su no continuidad, según se evidencia en la Comunicación de 6 de octubre de ese mismo año, a partir de lo cual se pagó al trabajador la respectiva liquidación (f.° 69 a 71 cuaderno 2)

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Radicación n.° 92675 iii) La copia de los contratos de prestación de servicios suscritos entre Usosaldaña y la empresa de Vigilancia Elite Ltda., hasta el 31 de enero de 2014, cuyo objeto consistía en «prestar el servicio de vigilancia privada a los usuarios de Usosaldaña, así como sus propiedades» (f.° 82 a 110 y 131 a 180 del cuaderno 2). iv) Los vínculos e arrendamiento celebrados por Hernán Cabezas Lozano (arrendador) y la empresa de vigilancia Elite (arrendataria), respecto de una motocicleta de propiedad del

primero (f.° 197 a 219, cuaderno 2), así como los de naturaleza laboral del 1º de marzo de 2000 al 31 de enero de 2014 (f.° 231 a 272, cuaderno 2), junto con las constancias de pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social (f.° 276 a 311, ibidem). Explicó que, de acuerdo con esa documental, estaba probado que entre el accionante y Usosaldaña se suscribieron dos contratos de trabajo en periodos interrumpidos, así: del 13 de febrero al 2 de noviembre de 1997 y del 4 de febrero de 2014 al 3 de octubre de 2016; que, sin embargo, de esos elementos demostrativos no podía colegir la existencia de una intermediación laboral en los periodos de prestación del servicio para Las Águilas Ltda. y Elite Ltda. Manifestó que lo último tampoco se colegía de la prueba testimonial, la cual informaba que:

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Radicación n.° 92675 i) Carlos Antonio Cabezas Cabezas: que trabajaba como escolta para Usosaldaña, era parte del sindicato y en el tiempo que llevaba vinculado no había advertido «ningún tipo de persecución sindical»; que el demandante fue su compañero desde 1997 hasta el 2016, fecha en que le terminaron su contrato, sin que supiera el motivo de esa decisión; que ambos prestaron servicios para «Las Águilas y Elite» a Usosaldaña; que, sin embargo, los elementos utilizados «eran de las empresas de vigilancia privada y otra parte de [la contratante]»; que las órdenes u los horarios de

trabajo eran impartidos por las primeras y que desconoce si aquel presentó solicitud de afiliación al sindicato (01:38:13 a 01:54:00). ii) Jairo Cuellar Moncaleano: que laboraba para Usosaldaña como operador de máquina pesada hacía treinta y ocho años; que el reclamante fue compañero de trabajo; que inició en la compañía, pero «fue despedido injustamente cuando venía una convención colectiva de trabajo, aunque desconoce concretamente por qué dejó de laborar»; que él era afiliado del sindicato desde agosto de 1981 y había desempeñado varios cargos dentro de la organización; que considera que «las empresas privadas siempre van en contra de los derechos del trabajador». Agregó, que desconocía «si el demandante trabajó para las empresas de seguridad privadas demandadas porque eso son aspectos administrativos»; que no le constaba de quién eran los elementos o herramientas de labor; que cuando el señor Hernán Cabezas laboró para Usosaldaña, le pagaron

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Radicación n.° 92675 los derechos convencionales; que no sabe si existieron actos de presión para evitar su afiliación al sindicato, como tampoco si hubo omisiones en el pago de los aportes a la seguridad social (01:55:03 a 02:09:41). iii) Fredy Guillermo Aranda Rondón: que era el coordinador del departamento de seguridad de Usosaldaña; que desconocía las razones de la desvinculación del demandante pero sabía que le terminaron el contrato antes de la fecha acordada, «pues finalizaba el 3 de julio de 2017 y lo retiraron en octubre de 2016»; que él laboraba con la

empresa de vigilancia Las Águilas Ltda.; que el armamento utilizado era de esa sociedad, pero debían prestar vigilancia a los predios afiliados a Usosaldaña; que no conocía de la existencia de deudas en aportes a seguridad social de su compañero; que Águilas Ltda. estuvo hasta el 2000 y ahí llegó Elite Ltda.; que dicho reemplazo ocurrió porque la primera no estaban pagando los aportes parafiscales; que les «comentaron que no los vinculaban directamente a Usosaldaña para que no hicieran parte el sindicato» (02:12:41 a 02:31:38). Señaló que, conforme a lo relatado por los testigos, el actor prestó sus servicios para las empresas de vigilancia privada demandadas, con elementos de trabajo suministrados por ellas; que inclusive el último refirió que el contrato entre Águilas Ltda. y Usosaldaña finalizó por el incumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, «obligación que precisamente le otorga[ba] la calidad de empleador [a la primera]».

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Radicación n.° 92675 Razonó que, por tanto, no existía prueba que diera cuenta de la calidad de simples intermediarias de las codemandadas y, en todo caso, «los servicios de vigilancia son objeto de regulación legal especial, al punto que sólo pueden prestarse por empresas autorizadas y vigiladas por la Superintendencia del ramo», lo que significaba que debían ejercerse de manera tercerizada, siendo aquellas las verdaderas empleadoras. Afirmó, que la apelación, en punto de la ineficacia del

despido, se sustentó en que: […]

1. Nunca se incluyó en la fijación del litigio, por ende, fue sorprendido en la sentencia.

2. Nunca contrató con cooperativa alguna, por ende, la jurisprudencia a la que acudió el A quo para sustentar su decisión, no se asimila a este caso.

3. Que a pesar de que señaló fundar su decisión en el acta de conciliación de folio 68 del cuaderno 3, nunca señaló si era ilegal o arbitraria.

4. Se sustentó el fallo recurrido en el despido de 10 trabajadores, cuando ello no quedó demostrado.

5. Que no se indicó la causal para declarar la ineficacia de la terminación del contrato del demandante.

6. Fue el accionante quien, a pesar de ser informado sobre la retractación de la no prórroga de su contrato, no volvió a trabajar.

Por ende, decidiría únicamente sobre esos aspectos, precisando que, según lo constatado en las piezas procesales y trámite de primera instancia, no le asistía razón a la recurrente en su crítica a la primera sentencia, ya que la ineficacia del despido y la pretensión de reintegro hicieron parte del litigio desde la demanda.

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Radicación n.° 92675 Indicó que, sin embargo, ello no se extendía a la restante fundamentación de esa decisión, pues el primer fallador equivocadamente la soportó en la utilización fraudulenta de las CTA, supuesto de hecho que difería del asunto, pues las demandadas eran empresas de

responsabilidad limitada de naturaleza privada, que suscribieron contratos de prestación de servicios con Usosaldaña, «sin que se hubiera acreditado […] la supuesta intermediación laboral», lo cual, incluso, había sido objeto de absolución en la providencia recurrida. Acotó que, aunque dicho proveído no fue claro al decidir la invalidez de la terminación del vínculo laboral, de su contenido era dable colegir que se fundó en «el acta de conciliación de folio 68 del cuaderno 3 y la resolución expedida por el Ministerio de Trabajo de folio 221 del cuaderno 1»; que, no obstante, no existió «conexión entre [esas] pruebas y tal decisión», porque advertía que el primer documento concernía con una Conciliación que suscribió el accionante y Elite Ltda., el 14 de febrero de 2014, por lo que no podía tener incidencia en la finalización del contrato en octubre de 2016; que, además, fue suscrito por persona diferente a Usosaldaña. Así mismo, la Resolución de folio 221 del cuaderno 1, informaba sobre una decisión sancionatoria adoptada por el Ministerio del Trabajo, que «no [tenía] la entidad para generar la ineficacia de la terminación del contrato, [por cuanto] en la demanda nunca se invocó el posible despido colectivo», pues se limitó a cuestionar la decisión patronal, a partir de:

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Radicación n.° 92675 […] - Estado de debilidad manifiesta y su retiro sin permiso del Ministerio de Trabajo. - Fuero de maternidad, dado que su compañera se

encontraba en embarazo. - La inexistencia de causa legal debidamente probada para la terminación del contrato de trabajo. (Folios 9 del cuaderno 1, 427 del cuaderno 2). Enfatizó que, respecto de las citadas causales tampoco se aportó prueba; que, por el contrario, la decretada y practicada daba cuenta de que el trabajador para el momento de la no renovación de su contrato, se encontraba bien de salud, según el examen ocupacional de folios 203 a 206, ibidem, calendado el 27 de agosto de 2016, en el que se reportó que se encontraba «sin alteraciones» (f.° 210, del cuaderno 1). Además, el fuero de maternidad tenía por titular a la mujer trabajadora y no a la compañera del trabajador, sin que, en todo caso, se hubiese probado que la demandada tuviera conocimiento del estado de embarazo de la pareja del empleado al momento de extinguirse el vínculo laboral. Añadió que, a pesar de que Usosaldaña finiquitó el contrato por vencimiento del plazo pactado, el 3 de octubre de 2016 (f.° 127 cuaderno 3), lo que dejó sin efecto al percatarse que existía un er