CSJ - SL3148-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL3148-2023 Radicación n.° 98555 Acta 40 Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veintitrés (2023). La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por ALBA GEORGINA MEJÍA GONZÁLEZ, contra la sentencia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, el 23 de noviembre de 2022, en el proceso que instauró la recurrente contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONESCOLPENSIONES.

I. ANTECEDENTES Alba Georgina Mejía González persiguió mediante demanda laboral ordinaria (f.° PDF 1 – 14) que se declare que cumple con los requisitos consagrados en los artículos 47 y «74» (sic) de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria del

SCLAJPT-10 V.00

Radicación n.° 98555 derecho a la sustitución pensional del señor Carlos Antonio Peña. En consecuencia, solicitó se le reconozca de manera retroactiva el estatus de pensionada por el derecho a sustituir la pensión de vejez del causante, como inicialmente lo hizo Colpensiones en acto administrativo n.° GNR -98780 del 7 de abril de 2015. Suplicó se condene al pago del retroactivo de las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 1.° de

marzo de 2021, las cuales deben ser indexadas, los rendimientos al valor máximo ordenado por el legislador, los perjuicios morales causados por Colpensiones al calificar sus conductas como delictuosas y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, los cuales tasó en 100 SMMLV o los que se determinen, y las costas del proceso. Fundamentó sus pretensiones, básicamente, en que: i) es beneficiaria del derecho a la sustitución de la pensión de vejez que correspondía al causante señor Carlos Antonio Peña, razón por la cual, previa investigación administrativa, Colpensiones le otorgó la sustitución pensional mediante Resolución n.° GNR-98780 del 07 de abril de 2015; ii) el 26 de febrero de 2016, Colpensiones recibió vía telefónica una denuncia anónima sobre el posible fraude en la solicitud de la sustitución pensional, por lo que dispuso la investigación de los hechos y solicitó al consorcio COSINTE-RM una segunda investigación, quienes confirmaron que la información entregada por la demandante era veraz, tal como se dijo en la primera investigación; iii) no obstante, las denuncias continuaron, por lo que la administradora de

SCLAJPT-10 V.00 2

Radicación n.° 98555 pensiones llevó a cabo una tercera investigación con la UNION TEMPORAL ADALID-SINTECTO 2017, quienes determinaron que existían hechos de fraude en la solicitud de la sustitución pensional de la demandante; iv) por lo anterior, Colpensiones revocó la sustitución pensional mediante Resolución n.° 173523 del 13 de agosto de 2020,

sin contar con la autorización de la demandante, tras concluir que no tuvo vida marital, ni convivencia con el causante, sino una relación sentimental, y que la razón para la apertura de la investigación fue la advertencia que hicieron las dos hijas del causante, quienes desconocían alguna relación de su padre con otra persona desde el fallecimiento de su señora madre; v) la unión temporal ADALID-SINTECTO 2017, quien realizó la última investigación, actuó erróneamente y la demandante enumera los que considera fueron errores por parte de aquella; y vi) reiteró que durante los últimos cinco años y seis meses antes del deceso del causante, compartió techo, lecho, mesa y hogar con él, razón por la que postuló su derecho que, afirmó, probaría en juicio. Al dar respuesta a la demanda (f.° PDF 176 – 189), Colpensiones se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó como ciertos el reconocimiento inicial de la prestación pensional a la demandante, las investigaciones realizadas a través del consorcio COSINTE - RM y Unión Temporal Adalid – Sintecto 2017 y el resultado de éstas, la revocatoria del acto administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional y la diligencia de conciliación prejudicial efectuada ante la Procuraduría Judicial

SCLAJPT-10 V.00 3

Radicación n.° 98555 Administrativa 177 de Tunja. De los demás dijo que no eran hechos, no eran ciertos o no le constaban. En su defensa, sostuvo que la demandante no cumple los requisitos de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993

para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada; y que el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 faculta a Colpensiones para adelantar las investigaciones a las que considere haya lugar durante el trámite de las actuaciones administrativas que son de su competencia; así mismo, los artículos 19 de la Ley 797 de 2003 y 243 de la Ley 1450 de 2011 permiten revocar o modificar los actos administrativos de reconocimiento pensional, aún sin consentimiento del beneficiario, si se verifica una irregularidad total o parcial en ellos. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho y de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la innominada o genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 13 de septiembre de 2022 (f.° 237 – 238 y archivo digital), resolvió: PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones INEXISTENCIA DEL DERECHO Y DE LA OBLIGACIÓN y COBRO DE LO NO DEBIDO, conforme a la parte considerativa de la presente sentencia.

SCLAJPT-10 V.00 4

Radicación n.° 98555

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ABSOLVER a la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de todas las pretensiones de la demanda invocadas por la demandante ALBA GEORGINA MEJIA

GONZALEZ.

TERCERO: CONDENAR en costas a cargo de la demandante y a favor de los demandados. Como agencias en derecho se fija DOS

(2) SMLMV, a liquidar una vez ejecutoriada la sentencia.

CUARTO: CONCEDER ante el Honorable Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo – Sala Única de Decisión el grado jurisdiccional de consulta en caso de no ser apelada esta sentencia.

QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, mediante fallo del 23 de noviembre de 2022 (f.° PDF 19 – 32, cuaderno digital del Tribunal), conoció del asunto por apelación de la demandante y confirmó la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si la demandante cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional del causante. En esa dirección estableció que se encontraba acreditado que: i) el causante fue pensionado por Colpensiones mediante Resolución n.° 053450 de 2007 y ii) falleció el 13 de octubre de 2014. Razonó que por regla general la norma aplicable es la legislación vigente al

SCLAJPT-10 V.00 5

Radicación n.° 98555 momento del fallecimiento del pensionado, que para el caso era el artículo 47 de la Ley 100 con la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, el cual «exige que la compañera permanente haya hecho vida marital con el fallecido durante los cinco años anteriores a su deceso,

en lo cual ha insistido la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en reiterada jurisprudencia» Procedió el Colegiado a examinar el interrogatorio de parte de la demandante y las declaraciones de Berenice Tiria Higuera, Ligia Teresa Mejía, Sandra Peña y Segunda Estupiñán y de dicha testimonial extractó que, […] en efecto tal como acertadamente lo consideró la Juez de instancia, lo que existió entre la demandante y el pensionado fue una relación sentimental que no trascendió a una unión marital de hecho, […] Es decir, que la relación sentimental que existió entre la demandante y el causante no muto (sic) más allá de lo que se denomina noviazgo pues a pesar que se demostró la existencia de la relación amorosa no se logró acreditar el requisito de permanencia así como tampoco la voluntad responsable de conformar una familia o trascender a un proyecto común […] Agregó que la Corte Suprema de Justicia tenía por establecido que entre la pareja debe existir comunidad de vida, singularidad, permanencia, inexistencia de impedimentos y convivencia ininterrumpida, lo cual reiteró, no logró probar la actora, «pues no es suficiente la simple aseveración de que existió una comunidad de vida para tenerla por demostrada, siendo necesario, entre otras cosas que se pruebe que también existió solidaridad entre los consortes lo que no dio cuenta el material probatorio allegado

SCLAJPT-10 V.00 6

Radicación n.° 98555 a juicio», pues observó que el pensionado hacía cosas de su diario vivir sin contar con la demandante, tal como lo sostuvo ella misma en su interrogatorio.

Afirmó el Tribunal que «la Sala constata un sin número de eventos de los que no se predica la solidaridad que le asiste a una compañera permanente, así como la falta de un proyecto de vida en común del cual nada se dijo por parte de la demandante, razón por la que se comparte la decisión de instancia». En relación con el reproche hecho por la apelante en cuanto a la forma en que Colpensiones obtuvo las pruebas en la investigación adelantada, expresó el juez colectivo que «resulta improcedente que el Juez ordinario se pronuncie respecto del procedimiento que se impartió a dicha actuación, pues aquélla corresponde a un trámite administrativo, cuya competencia en caso de discutirse su trámite, debe surtirse ante la jurisdicción contenciosa y no en estas instancias», pero, en la misma línea, reiteró que al acudir a la jurisdicción ordinaria la demandante debió acreditar todo el material probatorio necesario para llevar al juez al convencimiento de que cumplía con los requisitos establecidos en la ley para ser beneficiaria de la sustitución pensional del señor Carlos Peña, lo cual, en criterio del Tribunal, no ocurrió.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

SCLAJPT-10 V.00 7

Radicación n.° 98555 Interpuesto por la demandante en instancias, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN La recurrente no plantea un solo acápite fijando el alcance de la impugnación, sino que para cada uno de los cargos menciona una petición, que para el primero es del

siguiente tenor y con algunas variantes, según la modalidad, se repite en los demás cargos por vía directa: PETICION. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito a la Honorable Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la sentencia acusada, emanada de la Sala Primera de Decisión del Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en decisión aprobada en Sala del 23 de noviembre de 2022, notificada esta mediante Estado N°14 del 6 de febrero de 2023, para que en Sede de Instancia la Honorable Corporación, dicte la sentencia que por ley corresponde, respecto del Restablecimiento del Derecho que le asiste a la demandante en Casación, de recuperar el estatus de pensionada que de manera vitalicia se le había otorgado […] (negrilla y subrayas del texto) Para el cargo por vía indirecta solicita lo que a continuación se transcribe: […] Ruego a la Honorable Corporación, Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en SEDE de INSTANCIA, CASE el fallo recurrido en el sentido de restablecer el derecho que le asiste a la demandante en casación, de reconocer el derecho a la Sustitución Pensional en favor de Alba Georgina Mejía González, del causante Carlos Antonio Peña, y que se Estudie y Decida Respecto de la Existencia de la Irregularidad en el desarrollo de la Revocatoria del Derecho a la Sustitución Pensional de parte de Colpensiones, y con costas a cargo de la parte demandada en Casación. (Negrilla y subrayas del texto)

SCLAJPT-10 V.00 8

Radicación n.° 98555 Con tal propósito formula cuatro cargos por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados, de los cuales el segundo y tercero serán estudiados conjuntamente, dada la afinidad que guardan entre sí.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia, […] como violatoria de la ley sustancial, a través de la vía directa a causa de la Aplicación Indebida de la normativa que se cita, el artículo 29 Constitucional, y los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, en concordancia con el Aplicación Indebida de los artículos 176 y 622 del Código General del Proceso, y con el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 4° de la ley 712 de 2001.

La recurrente hace un extensísimo relato de los hechos del proceso, los cuales mezcla con la demostración del cargo, en la cual pareciera existe una inconformidad consistente en que Colpensiones inicialmente le otorgó la pensión de sobrevivientes y, posteriormente, luego de adelantar dos investigaciones adicionales originadas en denuncias que llegaron a su conocimiento, decidió revocar el acto mediante el cual había reconocido la prestación pensional. Centra la argumentación en la última investigación que culminó con la Resolución n.° 173523 del 13 de agosto de 2020, mediante la cual Colpensiones revocó el derecho a la sustitución pensional, manifestando que el tercero contratado por la administradora pensional para adelantar el

trámite no le permitió constatar la identificación personal del

SCLAJPT-10 V.00 9

Radicación n.° 98555 entrevistador, ni que estuviera acompañada de su apoderado y, principalmente, sin que se le advirtieran los derechos que le asistían y, especialmente, la facultad que tenía de no declarar si era su deseo o, por el contrario, de declarar sin auto incriminarse como lo ordena la Constitución Política en el artículo 33 y lo sustenta la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-422 del 2002. Se duele la impugnante de la actuación del Tribunal, que en su decisión confirmó la de primer grado, ratificando la inexistencia de una vida marital con el señor Carlos Antonio Peña y reconociendo una relación sentimental, «pero alejándose totalmente de Revisar las pruebas adelantadas por la investigación administrativa, que fueron el soporte y base para tomarse la decisión de Revocar el derecho inicialmente otorgado de la sustitución pensional». Expresa que hubo aplicación indebida de los artículos 29 de la Constitución y 176 del Código General del Proceso, porque el legislador le exige al administrador judicial materializar el debido proceso «y esto obliga a la evaluación y revisión de la actuación en su integridad, y muy rigurosamente la apreciación debida de la actividad probatoria». Manifiesta que la aplicación indebida del artículo 6.° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 4.° de la Ley 712 de 2001, se presenta en tanto el Tribunal «se abstiene de revisar y evaluar las pruebas practicadas para que Colpensiones tuviera sustento de

SCLAJPT-10 V.00 10

Radicación n.° 98555 revocar el reconocimiento a la sustitución pensional […] (negrilla y subrayas del texto)», cuando en la demanda inicial y en el recurso de apelación se cuestionó esta actuación y no fue atendida. Enfatiza que el artículo 622 del Código General del Proceso modificó el numeral 4.° del artículo 2.° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social otorgan al juez laboral la competencia para conocer de las controversias relativas a los servicios de seguridad social que se presenten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las administradora o prestadoras y que, a pesar de ello, «se abstuvo el despacho de evaluar las pruebas […] y el honorable tribunal en su decisión cuestionada ratifica y confirma que la actuación fue ajustada a derecho al no evaluar las pruebas por ser actuaciones administrativas, que al estar inmersas en actos administrativos, son competencia de la jurisdicción contenciosa […]», por lo que fueron indebidamente aplicadas las normas en cita.

VII. RÉPLICA Advierte la opositora, en general, que existen defectos en la formulación del alcance de la impugnación que, aunque solicita casar la sentencia de segundo grado, «no se extrae un pronunciamiento respecto a qué hacer una vez se constituya en sede de alzada», lo que, a su juicio, es el primero de muchos dislates que contiene la demanda de casación

SCLAJPT-10 V.00 11

Radicación n.° 98555 Sobre este cargo en particular realza que se enumeran

unos supuestos fácticos del proceso, algunos de ellos no debatidos y, otros, «que el colegiado no dio por probados, por ejemplo, que la demandante no acreditó una convivencia real, efectiva, con vocación de permanencia y basada en la solidaridad y el apoyo mutuo con el causante, por lo que al elegir el sendero de los hechos, estos se encuentran fuera de discusión» (negrilla del texto). Asevera que la censura presenta argumentos confusos y difíciles de dilucidar, de los cuáles no se extrae cuál es el reproche que se le formula a la sentencia del Tribunal, «quien coligió que de las pruebas obrantes en el plenario no se avisora (sic) una convivencia entre las partes que permitiere acceder a la pensión de sobrevivientes», aspecto que no es motivo de debate dado el sendero escogido. Expresa que no es dable analizar el procedimiento de revocatoria directa que adelantó Colpensiones, porque no es de competencia de la jurisdicción ordinaria y advierte que este asunto no fue un pedimento de la demanda inicial ni sustento del recurso de apelación, pero dice que si se entendiera que «sí fue pedido en la demanda y replicado en la apelación, le correspondía denunciar la sentencia del fallador por la vía indirecta, no por la directa, por lo que se solicita a la Corporación declarar la imposibilidad técnica de que el cargo salga avante».

VIII. CONSIDERACIONES

SCLAJPT-10 V.00 12

Radicación n.° 98555 Cierto es, como lo sostiene la opositora, que el alcance

de la impugnación presenta defectos de técnica, en la medida en que además de no señalar con claridad lo que se pretende que la Corte haga como tribunal de instancia, no obstante, en la medida en que solicita reconocerle la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes del causante, deduce la Sala por obviedad que lo perseguido es la revocatoria de la sentencia absolutoria de primer grado, para así acceder a las pretensiones de la demanda. Aun cuando pueda superarse el dislate técnico advertido, lo que debe decirse es que el cargo presenta otros cuya trascendencia sí es determinante para anunciar desde ya su improsperidad, como pasa a verse. En efecto, aunque dice enfilarse por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, la verdad es que su argumentación tiene como eje fundamental la inobservancia de las pruebas que en su momento practicó Colpensiones y que le sirvieron de estribo para revocar el reconocimiento pensional que inicialmente había otorgado a la aquí recurrente. En otras palabras, el ataque que se anuncia como de estirpe jurídica no se centra en la argumentación que de esa naturaleza efectuó el Tribunal, sino en las conclusiones de tipo fáctico, lo que deja huérfano de sustento el ataque anunciado.

SCLAJPT-10 V.00 13

Radicación n.° 98555 Además, denuncia la modalidad de aplicación indebida de la ley, particularmente de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, cuando quiera que son los que regulan la materia objeto de debate, esto es, la pensión de sobrevivientes, sin que se ofrezca una argumentación

atinente a qué elementos de la norma tergiversó, es decir, si sus supuestos de hecho o su consecuencia jurídica y, obvio, de qué forma fue que lo hizo. En esa misma línea, afirma que el juez plural ignoró o se rebeló contra los mandatos del artículo 29 de la Constitución Política, 176 y 622 del CGP y 6.° del CGP, cuando dicho tipo de reproche debía presentarse por la modalidad de infracción directa de la ley, que es aquella en la cual se desconoce la existencia o validez de las normas que gobiernan la materia. Para rematar, tampoco señala la impugnante en qué consistió específicamente el yerro jurídico del Tribunal y cuál fue la trascendencia que tuvo en la sentencia, de manera que se imponga enmendarlo, por ser evidente su transgresión legal. Por ello, para casos similares, ha manifestado la Corporación respecto de este punto, entre otras, en sentencia CSJ SL1141-2020: Aun cuando el ataque se dirige por la vía directa por cuanto alude a una «hermenéutica equivocada» de las normas que estima trasgredidas, lo cierto es que incurre en una mixtura inadecuada cuando en la sustentación propone desacuerdos en relación con el análisis probatorio y fáctico efectuado por el Tribunal. Nótese

SCLAJPT-10 V.00 14

Radicación n.° 98555 que para demostrar el desatino interpretativo, el recurrente apela al recurso presentado en sede administrativa, a las certificaciones laborales y a los formularios de corrección de

historia laboral, documentales que calificó como «pruebas irrefutables del contrato laboral» y de que «la entidad no procede a adelantar trámite de mora patronal». Esta Sala ha adoctrinado reiteradamente que el sendero jurídico atañe a aspectos de puro derecho y los errores de hecho y de derecho son propios de la vía fáctica, razón por la cual no es posible hacer una mixtura entre ellas, en tanto son excluyentes; la primera concierne a la premisa normativa, mientras que la segunda se relaciona con los hechos relevantes al pleito y su demostración, de manera que al tratarse de tópicos diferentes, su formulación debe hacerse por separado. En ese contexto, la casación como un juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una oportunidad para revisar el proceso en su totalidad, en sus aspectos fácticos y jurídicos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional. De ahí que la acusación deba reunir no solo los requisitos meramente formales; también exige un planteo y desarrollo lógicos, entre ellos, el de la coherencia entre la vía seleccionada y el estatuto de valor que le es propio. Así, quien escoja como vía de ataque la directa, debe allanarse a las conclusiones fácticas contenidas en el fallo así como al análisis probatorio realizado por el fallador para dar por establecidos los hechos del proceso y mantener la controversia en un plano estrictamente jurídico. Sin embargo, si se entendiera que la vía seleccionada por la recurrente es la indirecta, se echa de menos la previsión del literal b) del numeral 5 del art. 90 del CPTSS,

consistente en que, si se estima que la violación ocurrió como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la valoración de las pruebas del proceso, éstas se deben citar «[…] singularizándolas […]» y expresando qué clase de error se cometió. La carga que asiste a la censura de singularizar los medios de convicción, como de proponer su demostración, la ha reconocido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL2328-2021 que reitera la CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 42037:

SCLAJPT-10 V.00 15

Radicación n.° 98555 La impugnante, para tratar de acreditar los errores de hecho supuestamente atribuidos al Tribunal, se refiere a la prueba documental en forma genérica, sin determinarla, y a los testimonios (que no son prueba hábil en la casación del trabajo), sin explicar con claridad y precisión en qué consistió su equivocada valoración o su falta de apreciación, lo que no se corresponde con la dialéctica propia del recurso de casación, que comporta para el recurrente la carga de presentar, no un simple discurso que refleje su discordancia con las posiciones fácticas y jurídicas del juzgador, sino la elaboración de una seria y sólida trama argumentativa, encauzada a la demostración de los posibles yerros del sentenciador, como lo exige el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Como lo ha dicho por muchas veces la Corte, señalar simplemente la prueba que se considera mal apreciada o no valorada por el juzgador, apenas indica la causa del posible error,

pero no el error de hecho manifiesto o evidente que podría conducir a la violación de la ley sustancial en caso de existir realmente y de ser demostrado por el recurrente, al que le es imperativo exponer, de manera clara, qué es lo que ellas acreditan, en contra de lo inferido por el Tribunal, y cómo incidieron tales fallas en el yerro evidente denunciado, demostración que ha de estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resolución judicial. En el caso, lo cierto es que no se consignan por la impugnante con mediana técnica los medios de prueba fuente de los errores de hecho alegados, con lo cual, ha incumplido gravemente con dicha carga, pues no basta con señalar el yerro, si es que lo hay, sino que, además, debe demostrarse con suficiencia, partiendo del cumplimiento previo del supuesto de que éste sea manifiesto u ostensible, pues no toda equivocación del ad quem conduce al quiebre de la sentencia. El mismo fallo en cita refirió esta clase de error de la siguiente manera: No se olvide que el error evidente de hecho es aquel desacierto garrafal que se impone a la mente y hiere, derechamente y sin

SCLAJPT-10 V.00 16

Radicación n.° 98555 torceduras, a la inteligencia. Por ende, aquél debe estar alejado de conjeturas, suposiciones o razonamientos o, en general, de interpretaciones de la prueba que, a través de raciocinios, permita inferir algo distinto de lo que ella, en sí misma, de

manera evidente, acredita. Para nada importa que lo conjeturado resulte más o menos razonable. (CSJ SL, 17 may. 2011, rad. 42037) Ninguno de los requisitos señalados jurisprudencialmente ha sido satisfecho en el presente caso y, por el contrario, el discurso argumentativo se limita a reflejar un descontento con la decisión adoptada en segunda instancia, pero sin señalar, con sentido lógico y dialéctico, los elementos esenciales que someramente se han memorado, lo cual configura un déficit técnico que impide a la Corte asumir la tarea de estudiar el cargo propuesto. En las condiciones descritas, se rechaza el cargo

IX. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia por la vía directa, […] a causa de la Interpretación Errónea de la normativa que se cita, los artículos 176 y 622 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por la facultad expresa del legislador al operador judicial para revisar la actuación administrativa que permitió agotar la vía gubernativa.

En este cargo la recurrente repite el relato de los hechos efectuado en el cargo primero, establece como eje del debate la actuación administrativa surtida por Colpensiones y critica al Tribunal, porque con su pronunciamiento confirmó

SCLAJPT-10 V.00 17

Radicación n.° 98555 la decisión de primera instancia «exactamente en lo relativo a la inexistencia de una vida marital en cabeza de mi representada y el señor Carlos Antonio Peña, y si más bien

una relación sentimental como conclusión de la tercera investigación […]» (negrilla y subrayas del texto). Aduce la interpretación errónea de los artículos 29 y 33 de la Constitución, los artículos 176 y 622 del CGP que modifica el artículo 2.°, numeral 4.° del CPTSS. Menciona que el artículo 29 de la Constitución fue interpretado erróneamente porque el juzgador «deja de aplicar» (subrayas del texto) «la norma que regula la competencia para conocer de este proceso y que obliga al operador judicial, a examinar en conjunto y con las reglas de la Sana Critica, las pruebas allegadas al proceso[…]» que, para el caso, es el artículo 622 del CGP que modificó el numeral 4.° del artículo 2.° del CPTSS. Asegura que hay interpretación errónea del artículo 29 Constitucional, en relación con el art. 176 del CGP, y de éste frente al art. 6.° del CPTYSS, modificado por el artículo 4.° de la Ley 712 de 2001, en cuanto el Tribunal «se abstiene de revisar y evaluar las pruebas practicadas para que Colpensiones tuviera sustento de revocar el reconocimiento a la sustitución pensional, porque hacen parte de una actuación administrativa, y estos deben ser cuestionados ante la jurisdicción contenciosa administrativa», pese a que el artículo 622 del Código General del Proceso modificó el numeral 4.° del artículo 2.° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y dicha norma otorga al juez laboral la

SCLAJPT-10 V.00 18

Radicación n.° 98555

competencia para conocer de las controversias relativas a los servicios de seguridad social.

X. CARGO TERCERO Acusa la sentencia por la vía directa, […] a causa de la Falta de Aplicación de la normativa que se cita, los artículos 176 y 622 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 6° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por la facultad expresa del legislador al operador judicial para revisar la actuación administrativa que permitió agotar la vía gubernativa.

Esgrime la censura similares argumentos a los esbozados en el cargo segundo, con la diferencia que en este ataque utiliza la modalidad de «falta de aplicación».

XI. RÉPLICA Para los cargos segundo y tercero la opositora presenta una réplica conjunta, resaltando que la censura, en cada cargo, denuncia únicamente normas de contenido procedimental «sin advertir una sola norma de contenido sustancial que siendo el basamento de la sentencia del colegiado fue transgredida».

XII. CONSIDERACIONES El literal a) del num. 5 del art. 90 del CPTSS exige que la demanda de casación contenga «[…] el precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado […]», lo

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 98555 cual en términos jurisprudenciales ha llevado a la Sala a manifestar que es necesario señalar por lo menos una disposición sustantiva de orden nacional que constituya la base esencial de la sentencia o que haya debido serlo, sin que se requiera integrar la proposición jurídica completa, como antaño lo exigía