CSJ - SL3152-2023

CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3152-2023 Radicación n.°91913 Acta 26 Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por

FERNANDO PESCADOR MORALES, ORLANDO JOSÉ

YAMA, JOSÉ FRANCISCO RIVAS RIVAS, LUIS ALFONSO HERRERA Y JHON MARIO BARONA ÁLVAREZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que le instauró a la

SOCIEDAD INGENIO PICHICHI S. A.

I. ANTECEDENTES

Fernando Pescador Morales, Orlando José Yama, José Francisco Rivas Rivas, Luis Alfonso Herrera y Jhon Mario Barona Álvarez llamaron a juicio a la Sociedad Ingenio Pichichi S. A.; para que se declarara que entre las partes

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Radicación n.° 91913 existió un contrato de trabajo a término indefinido y que fueron enviados como trabajadores en misión a las Cooperativas de Trabajo Asociado Agrocoop y Progresemos (f.° 13 cuaderno primera instancia, tomo vi, expediente digital). Como consecuencia de lo anterior, solicitaron se condenara al pago de cesantías e intereses, primas, vacaciones, auxilio de transporte, aportes a pensión, riesgos laborales y salud, indemnizaciones por despido injusto, moratoria del artículo 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990,

indexación, costas (f.° 14-17 ibidem). Fundamentaron sus peticiones, en que, i) laboraron para la sociedad demandada, como asociados de las cooperativas Agrocoop y Progresemos, quienes los enviaron en misión a prestar el servicio como corteros de caña; ii) éstos fueron prestados de manera personal a la sociedad Ingenio Pichichi S. A.; iii) los extremos temporales fueron desde el 24 de junio de 2004 al 31 de octubre de 2005 con Agrocoop y del 1° de noviembre de 2005 al 29 de febrero de 2012, con Progresemos; iv) no recibieron el pago de prestaciones sociales; v) su retribución fue inferior a lo devengado por los trabajadores de planta cobijados por la convención colectiva; vi) de su propio salario las respectivas cooperativas les efectuaron un descuento del 8.33 % con destino al pago de compensación anual, de 1 % de intereses; 4.16 % del descanso anual y 8.33 % para la compensación semestral; vii) la actividad desarrollada fue la de cortero de caña en los predios de Ingenio Pichichi S. A.; viii) la jornada laboral fue

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Radicación n.° 91913 de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a domingo; ix) el salario promedio devengado en los últimos 12 meses fue así: Fernando Pescador Morales de $676.593, Orlando José Yama de $819.20, José Francisco Rivas Rivas de $1’441.500, Luis Alfonso Herrera de $1.018.500, y John Mario Barona

Álvarez de $936.916; x) siempre recibieron órdenes de la demandada, a través de su personal de cabos, supervisores o monitores de corte; xi) en cada turno, Pichichi registraba la información de días laborados, número de tajos, especificaciones, cantidad, toneladas cortadas, tarifas y era enviada a las CTA’s mencionadas, quienes realizaban las planillas y procedían a depositar el dinero a nombre de aquellas; xi) los implementos de labor eran de propiedad del empleador convocado a juicio, quien a la vez era el dueño de las cooperativas de trabajo asociado; xii) las cartas de renuncia presentadas no fueron voluntarias, fue un despido indirecto, pues de no hacerlo no hubiesen sido incorporados a la sociedad convocada en la litis (f.° 18-24 ibidem). La accionada se opuso a todas las pretensiones. En cuanto a las situaciones fácticas, manifestó no ser ciertas y no constarle. Enfatizó que entre las partes no existió contrato de trabajo. Propuso las excepciones de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, principio de legalidad y estabilidad jurídica, ilegitimidad sustantiva, prescripción, pago, compensación, ilegitimidad de personería sustantiva, buena fe (f°. 177-179, ibidem).

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II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Laboral del Circuito de Buga, mediante fallo del 27 de junio de 2019 absolvió a Ingenio Pichichi S. A.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al resolver el recurso de apelación propuesto por los demandantes por decisión del nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021) confirmó la del a quo (f.° 1-12, cuaderno digital de segunda instancia, expediente digital), Precisó que el problema jurídico era determinar si la relación habida entre las partes se enmarcó dentro de un contrato de trabajo.

Para resolver el anterior planteamiento, trascribió el artículo 35 del CST y recordó lo que ha sostenido la jurisprudencia de esta Corte, en especial en la sentencia CSJ SL1430-2018 con respecto a las cooperativas, destacando que si bien las mismas pueden contratar la ejecución de una labor a favor de terceras personas, de conformidad con lo establecido en la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, también lo es que pueden ser explotadas para enmascarar una verdadera relación laboral.

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Radicación n.° 91913 Bajo este contexto procedió a analizar el acervo probatorio y luego de valorar las pruebas documentales y testimoniales, concluyó que los actores prestaron un servicio como corteros de caña dentro del predio de la sociedad demandada, empero, el mismo fue directamente para el Ingenio Pichichi S. A., sino para la Cooperativas de Trabajo Asociado Agrocoop y Progresemos. En lo que interesa al recurso de casación, sostuvo que: […] la amplia prueba documental revela que la vinculación de los

actores a través de convenios asociados estuvo libre de algún vicio en su consentimiento, que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos de índole civil y no se desprende de ese acto la tercerización que alega la parte petente. Pero más aún, no quedó desvirtuada esa relación cooperativa ni la subordinación que se indica, ejercía el ingenio Pichichi, como sustento de la solicitud de la declaración del contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad. Anotó que la labor de la parte demandante fue dirigida a acreditar que las CTAs eran administradas o mejor prácticamente de propiedad del Ingenio, sin embargo, lo que quedó demostrado fue que la participación del demandado, las donaciones, subsidios, dotaciones e incluso asistencia en el mantenimiento de los vehículos, obedeció a los mismos acuerdos a los que se llegó con motivo del cese de actividades en los años 2005 y 2008. Destacó que la prueba testimonial fue desistida por el apoderado, y las declaraciones aportadas por la demandada, explicaron todo el proceso de creación de las cooperativas a solicitud de los mismos corteros de caña.

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IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte accionante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Sala «case en su totalidad» la providencia impugnada, para que, en sede de instancia, se revoque la sentencia de primer grado, y se concedan todas

las pretensiones de la demanda (f.° 15, cuaderno de la Corte, demanda de Casación, expediente digital). Con tal propósito formulan cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica y se estudia a continuación el primero y, en caso de ser necesario, se descenderá al análisis de los restantes.

VI. CARGO PRIMERO.

Acusan la sentencia del colegiado de transgredir por la vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida «los artículos 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988, 1°, 5°, y 6°, del Decreto 468 de 1990, 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006, 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CN, 22, 23, 24, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del CST, 1°, 2°, 77 ss, 99 de la Ley 50 de 1990».

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Radicación n.° 91913 Explican que lo anterior se debió a que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho: 1.- Dar por demostrado sin estarlo, que revisada la totalidad de las pruebas surge con suficiente transparencia, que el servicio prestado como corteros de caña que efectuaron los demandantes no lo fue directamente para el INGENIO PICHICHI S.A. sino para

las CTAs GROCOOP y PROGRESEMOS.

2.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la amplia prueba documental revela que las CTAs fueron legalmente constituidas, con apego a la ley que le es propia. 3.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la vinculación de los actores a través de convenios asociativos estuvo libre de algún vicio en su consentimiento. 4.- Dar por demostrado, sin estarlo, que dichas cooperativas ofrecieron los servicios a través de contratos civiles y no se desprende de ese acto la tercerización que alegan los demandantes. 5.- No dar por demostrado, estándolo, que los demandantes estuvieron bajo una relación laboral subordinada por el INGENIO. 6.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs no fueron autogestionarias. 7.- Dar por demostrado, sin estarlo, que la prestación de servicios personales como corteros de caña de los demandantes; la misma no se encuentran propiamente determinada en el tiempo indicado por los actores en su demanda, así como tampoco que dicha labor fue continuada en el tiempo, en relación a la actividad agroindustrial de la empresa demandada. 8.- No dar por demostrado, estándolo, que las CTAs fueron disueltas y liquidadas por el INGENIO. Refieren que los yerros denunciados se debieron a que el juez de segundo grado valoró equivocadamente:

1. Las historias laborales de los demandantes, en los periodos desde el 2004 al 29 de febrero de 2012. (f.° 34-57).

2. Acta de acuerdo de fecha 21 de junio de 2005. (f.° 61-63).

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3. Documentos de verificación de los acuerdos de fecha 28 de agosto de 2010 y otra del 23 de febrero de 2011. (f.° 64-70).

4. Documentos que aportó la llamada a juicio con su contestación como comprobantes de cheque correspondientes a pagos efectuados a la CTA Agrocoop así como facturas de venta expedidas a nombre de esta misma CTA. (f.° 117-124).

5. Las ofertas mercantiles, aceptaciones a las mismas, otros si, y contratos de prestaciones de servicios, hechas por la CTA Progresemos al ingenio demandado y demás documentos que dan cuenta de la relación comercial suscitada entre las mencionadas empresas por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. (f.° 126 y ss).

6. Contrato de prestación de servicios suscritos entre la empresa demandada y las señoras Licenia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo. (f.°197 1 201).

7. Cuadernos Anexos 1 a 6. El que contiene estatutos, actas de asambleas, de consejos de administración, de juntas directivas, el régimen de trabajo asociado; régimen de compensaciones, copia del contrato con la abogada Amparo López Espejo, recibos de pago por honorarios de la abogada, facturación de la CTA presentada al ingenio por concepto de labores agrícolas prestadas.

8. Documentación que corresponde al demandante Fernando Pescador Morales: informe histórico de “pago simple” relativo a los aportes al Sistema de seguridad social, carta de renuncia a la

cooperativa, desprendibles de pago a la caja de compensación familiar, acuerdo de convenio asociativo firmado por el actor con la CTA Progresemos, llamados de atención, formulario de afiliación a la EPS y al sistema de pensiones por cuenta de la CTA; aceptación del cargo en la cooperativa; incapacidades; recibos de compensación anual / intereses / semestral / descanso, en los que se relaciona al actor y compensaciones semanales a su favor; así como los descuentos de nómina; formato de pagos a seguridad social por cuenta de la CTA como empleadora; listados de entrega de dotación como lima, machete, canillera dulce abrigo funda, impermeable en el que se relaciona al demandante. Cuaderno No 2.

9. Documentación relativa a Orlando José Yama; en el tomo n° 4 a partir del folio 719 se aprecia la relativa al señor José Francisco Rivas Rivas; iniciando el cuaderno anexo 5 se encuentran los documentos del señor Luis Alfonso Herrera y del folio 113 en adelante se aprecia la del señor Jhon Mario Barona Álvarez. (Cuaderno n° 3).

10. Las actas de acuerdo de los años 2005 y 2008, resultados de las huelgas del sector azucarero, así como las actas de

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Radicación n.° 91913 verificación del cumplimiento de esos pactos y el compromiso de gestión firmado en el año 2010, (f.° 113 cuaderno n° 6). Y por la falta de apreciación del: «certificado de existencia y representación del INGENIO PICHICHI (f.° 28 al

1. y contestación de la demanda (f.° 93 al 112 del cuaderno7)».

Para sustentar el ataque, plantean que el juez de segunda instancia se equivocó al concluir que de los medios probatorios documentales que reposaban en el expediente no se demostraba la relación laboral alegada y la prestación de servicios a favor de la convocada y que, en su lugar, se observaba la autonomía de las cooperativas. De los folios visibles a folios 126 y ss lo que se evidencia es que éstas no fueron autogestionarias, no tenían independencia financiera, ni administrativa (f.° 19 ibidem). Lo anterior, por cuanto de las ofertas mercantiles, se evidenció que Ingenio celebró dichos negocios jurídicos para el desarrollo de labores que son propias del giro ordinario de su negocio (corte de caña, siembra, riego, limpieza y guardavías, entre otras), en donde además se dejó constancia que este suministraría la dotación (f.° 129,132,143,144,154,155,163), el transporte (f.°190-191), que «controlaba los antecedentes personales y disciplinarios de los asociado», que podía exigir su retiro o prohibirles el ingreso (f.° 148,159,165,187) que fue dicha sociedad la que ordenó y pagó la liquidación y disolución de las CTAs. (f.° 2021 ibidem).

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Radicación n.° 91913 Asimismo, resaltan que la sociedad demandada donó $27.000.000 con destino al Fondo de Solidaridad de las CTAs y su finalidad fue al pago de la seguridad social de los

asociados. También, cancelaba el salario del cabo, la abogada a través del cual ejercía la subordinación; que colaboraba con «gestionar pensiones de asociados, a pagar incapacidades de asociados, a pagar bonificación de productividad». Afirman que las circunstancias acreditadas demuestran que las cooperativas no eran autónomas e independientes «es que las CTAs no fueron autogestionarias, que no tuvieron su propio transporte para los asociados, que no fueron dueñas de los medios de producción y que el INGENIO suministraba este elemento, siendo así, el verdadero empleador de los asociados en CTAs» (f.° 23 ibidem). Destacan que del contrato de prestación de servicios entre el Ingenio y las señoras Licencia Galina y Amparo López (f.°197 a 201) lo que verdaderamente enseña la prueba, […] es que el INGENIO fue el verdadero empleador al ordenar disolver y liquidar las CTAs, se evidencia que fue el subordinador y que se realizó una maniobra de simulación mediante documentos aparentando ser unas auténticas CTAs. Lo cierto es, que sí las CTAs hubiese sido empresas legales, autogestionarias, no tendría porque el INGENIO haberlas disuelto y liquidado como aparece en ese contrato de prestación de servicios; con ese documento le era fácil al COLEGIADO, concluir que los demandantes prestaron una labor personal en las actividades propias del INGENIO.

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Radicación n.° 91913 En esa misma perspectiva traen a colación los

«ACUERDOS ENTRE CORTEROS y el INGENIO PICHICHI S. A.

de fecha 21 de junio de 2005, 28 de agosto de 2010 y 23 de febrero de 2011» (f.° 61-63), manifestando que se puede deducir que la demandada apoya a las CTAs con diferentes tipos de donaciones para educación, vivienda, compra de terrenos para vivienda y desarrollo de programas relacionados con este concepto, también adquirió la obligación de reconocer incapacidades a los asociados, cancelar sus aportes a seguridad social, darles capacitación en cooperativismos (f.° 24 ibidem). Aseguran que en el proceso sí estaban acreditados los extremos temporales de las relaciones alegadas, pero que no fueron advertidos por el operador judicial debido a que pasó por alto el estudio de las historias laborales y lo afirmado en la contestación de la demanda (f.°34-57), pues en esta pieza procesal se aceptó la celebración de los acuerdos comerciales con las CTAs para los periodos en que se adelantaron las labores.

VII. RÉPLICA.

Destaca que en la proposición jurídica se denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida del artículo 2 del Decreto 2025 de 2011, disposición que fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia del 19 de febrero de 2018, razón por la cual no pudo ser violada por el Tribunal, porque además la sentencia del máximo órgano de

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Radicación n.° 91913 la jurisdicción contenciosa administrativa tiene efectivo ex tunc y ex nunc. Con respecto al desarrollo del cargo, asevera que no está encaminado a demostrarle a la Corte los errores de hecho

que le endilga al juez de apelaciones, sino a analizar individualmente algunas pruebas de las tenidas en cuenta por el juez de segunda instancia, para tratar de hacer parecer lo que cree ver en dichos medios de convicción, sin hacer un análisis conjunto de las mismas, ni tratar de desvirtuar las premisas sobre las cuales se cimentó éste (f.°5 ibidem). Esgrime que el corte manual de caña, labor principal ofertada por la CTA Progresemos, dada en las ofertas mercantiles, no aparece dentro de las actividades del objeto social de Pichichi S. A., registrado en el certificado de la cámara de comercio, ni tampoco dentro de las otras documentales que señalan los recurrentes. Agrega que éste implica la ejecución de un proceso parcial o subproceso que corresponde a las diferentes etapas de la cadena productiva del Ingenio, atado a un resultado final, que no se presta por los trabajadores de planta de la empresa. Acota que, de la apreciación de dichos documentos no surge un error evidente, con trascendencia en la decisión Puntualiza que de la cláusula 14 de la oferta mercantil:

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Radicación n.° 91913 […] no emerge que el Ingenio haya obligado a la CTA a pasarle la información como dice el recurrente, pues se trata de una oferta efectuada por la misma CTA y presentada al Ingenio para su aceptación; tampoco es posible concluir con base en ella que era el Ingenio quien imponía las sanciones, ni que era el verdadero empleador ni, menos, que las CTA eran unas meras intermediarias o entes simulados. Estas afirmaciones son apenas

unas simples especulaciones o suposiciones, sin fundamento alguno, del apoderado. Precisa que la estipulación novena no señala lo que dice el censor, sino que todo pago que deba realizar el oferente a sus asociados o terceras personas, con causa directa o indirecta, en la oferta, «podrá ser cubierto por el ACEPTANTE por cuenta del OFERENTE y deducido su valor de las sumas de dinero a pagar a este último por cualquier concepto», de lo que no cabe inferir, como lo hace la censura, que: […] el Ingenio se obligó a pagar a terceros o a los asociados lo que la CTA no cubriera”, porque no es cierto, toda vez que no se trata de una OBLIGACIÓN sino de una mera FACULTAD, al señalar claramente la cláusula que el Ingenio “PODRÁ”, además que dicho pago se haría por cuenta de la Cooperativa y sería deducido de las sumas de dinero que debiera cancelar por cualquier concepto. Manifiesta que en el Acta de Acuerdo del 21 de junio de 2005 (f.° 1 a 4 cuaderno n.° 6, expediente digital), que suscribieron, un grupo de personas quienes expresan tener representación de los asociados de las cooperativas de trabajo asociado (CTAS) y Sintrapichichí, que prestan el servicio de apoyo en las labores de corte de caña y los asesores designados por parte de los corteros a través de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Ingenio Pichichí, se estableció, en su punto primero, que éste «no contrataría en forma directa las labores de corte manual de caña», con lo que se cae, por su propio peso, el argumento central del

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Radicación n.° 91913 ataque de que fue la empresa la que exigió que se hiciera la contratación de los corteros de caña a través de las CTAs, para defraudar sus derechos sociales. Razona que los hechos que demuestran las pruebas tachadas como mal apreciadas por el juez de segundo grado, no son indicativos del control que ejercía el Ingenio sobre las Cooperativas, como se quiere hacer ver, sino, por el contrario, ellos son la consecuencia de las imposiciones ejercidas por los trabajadores asociados, mediante el bloqueo de las instalaciones de la empresa por más de 54 días en los años 2005 y 2008, que la llevaron al borde de la quiebra.

Expresa que: El documento de folios 197 a 201, correspondiente al contrato de servicios profesionales, entre el Ingenio y las señoras Licencia Galindo Jiménez y Amparo López Espejo, en el que éstas se comprometieron a prestar sus servicios en la disolución y liquidación de, entre otras, la Cooperativa de Trabajo Asociado Progresemos, lo que en realidad demuestra es que se pagaron los costos de liquidación de varias de éstas cooperativas, pero no que haya ordenado su disolución y liquidación, como lo pretende la censura, que además se hizo por acuerdo voluntario de los asociados.

Finalmente, señala que: […] el hecho de que la sociedad demandada se haya comprometido con las CTA a financiar capacitación presionado por los bloqueos y paros, en nada afecta la autonomía de los entes cooperados y, antes bien, contribuye a fomentar la autogestión y administración de los socios; tampoco es cierto que

las pruebas demuestren que fue el Ingenio el que creó las CTA para su propio beneficio y, menos, para ahorrarse sus prestaciones sociales, pues lo que indican tales pruebas, como ya se señaló en el punto 4, es que la contratación a través de CTA fue uno de los puntos exigidos por los trabajadores asociados en los acuerdos; además es extensa la documentación que reposa

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Radicación n.° 91913 en los cuadernos 2 a 5 de pruebas, que omite cuestionar el censor y que acredita que a los demandantes se les pagó, a través de la figura de las compensaciones, propia de las CTA, todo lo que les correspondería como trabajadores subordinados de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo.

VIII. SEGUNDO CARGO Lo plantean, así: Se acusa a la sentencia del Tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por infracción directa del artículo 24 del C.S.T

(subrogado por el Art. 2 de la ley 50 de 1990), con relación de los Arts. 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, 53 de la CP; 22, 23, 24, 34, 35, 36, 65, 249, 253 y 306 del CST.; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990 Ley 1233 de 2008.

Alegan que el juzgador transgredió el artículo 24 del CST, pues en ningún caso, quien realiza la actividad personal debe probar la continuada subordinación o dependencia respecto de quien lo recibió y remuneró, cuando es éste el que debe desvirtuar la presunción y probar plenamente la autonomía e independencia del contratista (f. °25-27 ibidem).

IX. RÉPLICA Explica que para el Tribunal, la prestación del servicio que quedó demostrada en el proceso fue frente a las CTAs AGROCOOP Y PROGRESEMOS y no con respecto al Ingenio Pichichí S. A. Cooperativas que, a su vez, contrataron con el Ingenio a través de contratos civiles de los cuales no se desprende tercerización.

Por lo que, expone que no resultaba aplicable el artículo

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Radicación n.° 91913 24 del CST frente a ellos, como lo pretenden los recurrentes, pues no se demostró la prestación del servicio; además, como lo señaló el juez de apelaciones estos contratos no se desvirtuaron en el proceso.

X. CARGO TERCERO Afirman que el fallo proferido por el juez plural es violatorio de la ley sustancial en la modalidad de infracción directa del: […] artículo 17 del Decreto 4588, en relación con el Art. 24 CST

(subrogado por el Art. 2° de la Ley 50 de 1990), Arts. 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; artículo 63 de la Ley 1429 de

2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 186, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Aseveran que «al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, se prohíbe la intermediación laboral y sólo en la Ley 50 de 1990 se autoriza a EST para desarrollar actividades propias de una empresa pero por una temporalidad de 6 meses y hasta por un año»; que las CTAs del presente asunto, no tenían como objeto social enviar trabajadores en misión o el suministro de personal, por esta razón no podían desarrollar las actividades propias del Ingenio. Por lo anterior, exponen que si el juez de apelaciones no hubiese violado dicha norma, en relación con el 24 y 35 del CST habría determinado que hubo contrato laboral, pues los demandantes realizaron las actividades propias de la

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Radicación n.° 91913 sociedad accionada desde el año 2005 verificar año al 2012. (f.°29 ibidem).

XI. RÉPLICA Sostiene que el Tribunal no encontró demostrada la tercerización alegada, que «no resultaba al caso la aplicación el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006, que prohíbe a las CTA dicha práctica», por lo que no quebrantó directamente dicha norma, como se argumenta en el ataque. (f.° 21 ibidem).

XII. CUARTO CARGO

Le endilgan a la sentencia del colegiado ser violatoria de la ley sustancial por la vía jurídica en la modalidad de infracción directa de: […] artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 en relación con el Art. 24 CST (subrogado por el Art. 2° de la Ley 50 de 1990), Arts. 4°, 5°, 59 de la Ley 79 de 1988; 1°, 5° y 6° del Decreto 468 de 1990; 5°, 8°, 17, 18 del Decreto 4588 de 2006; Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 2° y 3° del Decreto 2025 de 2011, en relación con los artículos 53 de la CP; 22, 35, 36, 65, 127, 249, 253, 254 y 306 del CST; 1°, 2° y 99 de la Ley 50 de 1990. Arguyen que, se prohíbe a las CTAs actuar como intermediarias o como EST para suministrar mano de obra temporal, o remitirlos como trabajadores en misión, con el fin de que atiendan labores propias de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con contratantes.

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Radicación n.° 91913 Exponen que si ello llegase a suceder, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen. Recuerdan según la norma, que: El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales

permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Señalando que, no obstante, el Ingenio Pichichi S. A. después de proferida la disposición, continuó la contratación con CTAs, desarrollando las actividades propias de su objeto social como era el corte de caña, limpieza, siembra, labores inherentes y otras más. Finalmente, apuntan que se ignoró la prohibición referida, que de no hubiese concluido la tercerización o intermediación, propia de la EST por lo que se dieron los elementos constitutivos del contrato de trabajo plasmados en los artículos 23 y 24 del CST (f. °30-31 ibidem).

XIII. RÉPLICA Aclara que no es el canon 13 del Decreto 4588 de 2006, el que establece las condiciones para contratar con terceros, pues antes de su conclusión se refiere es al precepto 13 de la Ley 1233 de 2008, al cual corresponde el texto transcrito por el Tribunal, lo cual no interfiere en el sentido del fallo.

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Radicación n.° 91913 Indica que precisado lo anterior, el artículo 6° del Decreto 4588 de 2006 contiene las condiciones para las CTAs hacerlo, en los mismos términos del artículo 13 citado. Como se dijo al replicar el primer cargo, el corte de caña corresponde a la ejecución de un proceso parcial o subproceso que corresponde a las diferentes etapas de la

cadena productiva del Ingenio, le era lícito a éste contratar para su ejecución a las CTAs Agrocoop y Progresemos, de donde, en este caso, no resultaba aplicable la disposición 63 de la Ley 1429 de 2010.

XIV. CONSIDERACIONES No le asiste razón a la opositora en cuanto a los defectos de orden técnico que le endilga al primer cargo, puesto que el mismo enuncia errores de hecho, singulariza pruebas y expone un discurso argumentativo encaminado a demostrar cómo fue que el operador judicial incurrió en los dislates fácticos, lo que le permite a la Sala el estudio de fondo del embate, pues de los argumentos que se exhiben es posible inferir lo que los recurrentes pretenden con el ataque.

Aclarado lo anterior, debe recordarse que el juzgador fundamentó su decisión en que no se podía declarar el contrato de trabajo entre los demandantes y el llamado a juicio, dado que, conforme a las pruebas arrimadas en el proceso, no se había demostrado que el servicio prestado fuera directamente para Ingenio, sino que lo fue para la Cooperativas Agrocoop y Progresemos, a las cuales estaban

SCLAJPT-10 V.00 19

Radicación n.° 91913 vinculados los actores, diciendo «no quedó desvirtuada esa relación cooperativa ni la subordinación que se indica, ejercía el Ingenio Pichichí, como sustento de la solicitud de la declaración del contrato de trabajo en virtud del principio de la primacía de la realidad». La censura asevera que el colegiado incurrió en una serie de desaciertos de índole fáctico, derivados de la

equivocada apreciación o la falta de valoración de las pruebas enlistadas, pues se encuentra suficientemente comprobada la