CSJ - SL3178-2023

ACLARACIÓN DE VOTO

Radicación: 85050

Recurrente: Fabio Antonio Ceballos Galeano

Opositor: AES Chivor & Compañía SCA ESP Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena Respetuosamente me permito dejar constancia de que comparto la decisión emitida por la mayoría de la Sala, en cuanto concluyó que el actor no tenía un derecho adquirido a la pensión de jubilación reclamada, causado con anterioridad al 31 de julio de 2010, que es la fecha límite de vigencia de este tipo de beneficios, a la luz de lo previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005.

En tal sentido, coincido con el planteamiento central de la decisión según el cual, de acuerdo con la estructura de la cláusula convencional, la edad sí era un presupuesto de causación del derecho y no solamente de exigibilidad, de manera que, como sucede ordinariamente con las pensiones de vejez de naturaleza legal, se trataba de un derecho en formación que bien podía verse afectado por un tránsito de legislación, como el que se originó a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. Ahora bien, pese a lo anterior, considero preciso aclarar mi voto en torno a las consideraciones de la decisión de

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Radicación n.° 85050 acuerdo con las cuales la interpretación de la norma convencional también daba a entender que la edad y el tiempo de servicios debían cumplirse en vigencia de la relación laboral, o que la convención solo era aplicable a trabajadores activos.

En mi sentir, la hermenéutica de este tipo de cláusulas convencionales puede generar dos tipos de interrogantes, que si bien tienen contornos similares, son diferentes en su naturaleza y efectos, a saber: i) determinar si la edad es un presupuesto de causación o de exigibilidad del derecho; y ii) establecer si para tener derecho a la prestación es necesario ser trabajador activo. En este caso solo era relevante el primero de los interrogantes señalados y, como ya lo mencioné, la estructura de la norma convencional permitía colegir con precisión que la edad sí era un presupuesto de causación del derecho y no de sola exigibilidad, pues situaba, como en el caso de las pensiones legales, tanto la edad como el tiempo de servicios como requisitos indispensables para que el trabajador se hiciera merecedor de la prestación. Establecido ese punto, en mi sentir no era relevante plantear que, además, la norma solo se aplicaba a trabajadores activos, pues ese no había sido el tópico tratado en casación, y, de cualquier manera, estimo que ese planteamiento es incorrecto, en la medida en que la norma convencional no establece ese tipo de condición o limitante y, en ejercicio del principio de favorabilidad, en la variable de

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Radicación n.° 85050 indubio pro operario, debía entenderse que ese condicionamiento no hacía parte de los premisas normativas de disposición convencional. Dejo en los anteriores términos consignadas las razones de mi aclaración de voto. Fecha ut supra,

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FERNANDO CASTILLO CADENA Magistrado ponente

SALVAMENTO DE VOTO Radicación n.º 85050 Fabio Antonio Ceballos Galeano vs. AES Chivor & Compañía S.C.A. E.S.P. Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Sala, en este especial asunto, me aparto de la decisión adoptada, que dispuso no casar el fallo gravado con sustento en que el actor no acreditó para el 31 de julio de 2010, los requisitos exigidos por la Convención Colectiva de Trabajo 2003-2005, para acceder a la pensión de jubilación, en concordancia con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, pues a juicio de la Corte, el acuerdo extralegal solo mantuvo su vigencia hasta la referida fecha. El sustento para arribar a la decisión descrita, fueron las sentencias CSJ SL5103-2020 y CSJ SL2986-2020, en las que se reiteró que la vigencia de la convención conservó su aplicación en cuanto a las prerrogativas en pensiones, por la institución de la prórroga automática del art 478 del Código

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto Sustantivo del Trabajo, hasta el 31 de julio de 2020; de suerte que para obtener la aplicación de la norma convencional, era necesario se acreditara que antes de la pérdida de vigencia de lo dispuesto en materia pensional del instrumento convencional, había satisfecho los supuestos fácticos en ella establecidos. En la sentencia CSJ SL2798-2020, se dejó sentado que:

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corporación considera oportuno precisar y ampliar el anterior precedente jurisprudencial para señalar que en los eventos en que la vigencia de la convención colectiva de trabajo pactada por las partes se encuentre en curso al momento de entrar en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, en dicho plazo inicial acordado con anterioridad al 31 de julio de 2010 debe tenerse en cuenta la figura jurídica de la prórroga automática prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y, por tanto, considerar que la vigencia de estas reglas pensionales rige hasta el 31 de julio de 2010. Al respecto, es preciso indicar que desde el origen de la legislación del trabajo el derecho a la negociación colectiva entre sindicatos y empleadores ha desempeñado un papel fundamental, dada la diversidad de intereses que puede presentarse y la imperiosa necesidad de canalizar los conflictos surgidos entre ellos a fin de garantizar el equilibrio y la armonía en sus relaciones. Asimismo, que la garantía a la negociación colectiva tiene como propósito central el mejoramiento de las condiciones materiales de quienes prestan sus capacidades físicas o intelectuales a terceros de manera subordinada, bajo el entendido que los beneficios de ley constituyen solamente pisos mínimos y que son legítimas las aspiraciones que tiendan a superarlos, en un marco de humanización y democratización de las relaciones laborales. Así, el derecho a que sindicatos y empleadores puedan negociar las condiciones de trabajo mediante convenios colectivos, como uno de los pilares de la libertad sindical, está contemplado como

un derecho de rango constitucional en el artículo 55 de la Carta

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto Política de 1991; igualmente, está previsto como una prerrogativa de carácter fundamental en diferentes instrumentos internacionales que han sido incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, los convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo -OIThan dispuesto el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva como una garantía esencial en cualquier sistema jurídico, tal como lo advirtió este organismo en la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 y lo ha decantado en su doctrina de interpretación, a través de las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical (Decisiones 1231 a 1516 de la Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, Sexta Edición, 2018). Por otra parte, en el ámbito internacional hay un acuerdo mínimo acerca que el derecho a la negociación colectiva es una prerrogativa fundamental, que, además, hace parte del conjunto de derechos humanos y que son los sindicatos y empleadores los que están llamados a fijar libremente las condiciones de trabajo y a determinar la gama de temas que son objeto de negociación. En este marco, el Estado y las autoridades tienen el deber de garantizar las condiciones para que las partes puedan concertar tal prerrogativa. Los convenios de la OIT que consagran el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores han sido objeto de examen por parte de la Corte Constitucional, que en diversas decisiones ha

establecido que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto por tratarse de convenios que consagran derechos humanos cuya limitación está prohibida en estados de excepción, en los términos del artículo 93 de la Carta Política (C401-2005, C491-2000 y C-551-2003). Por tanto, los convenios 98, 151 y 154 de la OIT sobre negociación colectiva constituyen un referente trascendental en la interpretación judicial al hacer parte del bloque de constitucionalidad y, por ende, las decisiones que emiten los jueces en la resolución de las controversias deben estar encaminadas hacia los fines allí contenidos y hacia el respeto de las garantías que en ellos se consagra, realizando una verdadera labor de armonización entre las disposiciones normativas.

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto En esa dirección, la Sala destaca que el constituyente delegado al reformar la Constitución Política no excluyó los acuerdos obtenidos autónomamente por los interlocutores sociales hasta el momento de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005; al contrario, reconoció que lo pactado en los acuerdos colectivos celebrados antes de su vigencia no podía ser desconocido unilateralmente por una disposición jurídica, incluso de rango constitucional, pues ello anularía otros mandatos que le dan contenido y vigencia al derecho del trabajo, como lo es el de negociación colectiva. Por tanto, estableció reglas que armonizaran sistemáticamente los bienes y valores insertos en la constitución, a fin de compatibilizarlos y maximizarlos en su mayor medida posible.

De modo que la reforma constitucional no solo respetó los derechos que los trabajadores adquirieron antes de su expedición en ejercicio de su derecho a la negociación colectiva, tal y como de forma imperativa lo señala el acto legislativo, sino también las expectativas legítimas derivadas de la concertación laboral. Nótese que conservó la fuerza jurídica de las reglas pensionales convenidas por el término inicialmente estipulado, lo cual tuvo, se reitera, la firme intención de respetar la voluntad contractual que las partes en ejercicio del derecho a la negociación colectiva plasmaron al fijar la vigencia inicial de la convención que regiría sus condiciones de trabajo. Por ello, la protección de la voluntad de los negociadores no puede significar la anulación de otras prerrogativas laborales que se estatuyen en el orden jurídico para proteger el derecho a la negociación colectiva y que le son inmanentes a esta. Tal es el caso de la prórroga automática prevista en el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, según la cual si dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento del término de vigencia del acuerdo extralegal, las partes o una de ellas no manifiesta su voluntad expresa de darla por terminada, la convención colectiva del trabajo se entiende prorrogada por periodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses. Así, los acuerdos logrados en una convención colectiva, que en la mayoría de casos implican cesiones importantes de los empleadores y de los trabajadores, tienen vocación de permanencia en el tiempo y la ley contempla medidas para su conservación, en el entendido que se prorrogan automáticamente

por periodos sucesivos de seis (6) en seis (6) meses, salvo que las partes manifiesten su voluntad de darlos por terminados; ahora,

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto si estos finalmente denuncian el acuerdo colectivo, de todos modos el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo señala que llevado a cabo tal acto, aquella «continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención». Conforme lo anterior, es evidente que la legislación nacional pretendió otorgar estabilidad y permanencia a los referidos convenios colectivos entre las partes y protegió la autonomía de sindicatos y empleadores, quienes son los llamados principalmente a poner fin a las obligaciones contraídas a través de la denuncia de los acuerdos colectivos. En el anterior contexto, a juicio de la Corte, corresponde al juez del trabajo armonizar los mandatos derivados del bloque de constitucionalidad, que incluye las reglas del Acto Legislativo 01 de 2005 y las figuras legales de prórroga automática y denuncia de la convención colectiva de trabajo contempladas en los artículos 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues bien, una lectura detenida y cuidadosa de dicha reforma superior, permite inferir razonablemente que la expresión «en todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010» está atada al primer supuesto de su parágrafo 3.º, según el cual (i) «las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de

trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados se mantendrán por el término inicialmente estipulado (...). En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010». Lo anterior significa que el constituyente, por un lado, previó que debía respetarse el término inicialmente estipulado por las partes en la convención colectiva de trabajo y que, en todo caso, tal plazo inicial finaliza el 31 de julio de 2010. Es decir, la norma constitucional estableció un límite en el que las convenciones colectivas que regían a su vigencia, podían continuar vigentes entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010 por la ficción jurídica de las prórrogas legales automáticas. En ese lapso o interregno, los trabajadores pueden cumplir los requisitos pensionales establecidos en convenciones colectivas de trabajo, pactos, laudos o acuerdos válidamente celebrados en el marco del ordenamiento jurídico vigente, el cual por supuesto incluye la posibilidad que las primeras se prorroguen automáticamente hasta el 31 de julio de 2010 cuando no se haya

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto manifestado la intención de terminarla, conforme el mandato del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. Nótese que el acto legislativo no hizo distinciones respecto de si la convención regía por virtud del término pactado por primera vez o de las prórrogas legales automáticas; simplemente, estableció una fecha límite en la que tendría vigor, esto es, hasta el 31 de julio de 2010.

Así se garantizaron las expectativas legítimas de las personas trabajadoras que confiaban en que cumplirían los requisitos pensionales mientras la convención pactada antes de la reforma estuviese vigente durante el interregno límite previsto, como consecuencia de las prórrogas automáticas. Y aun si permanecieran dudas en la interpretación del parágrafo transitorio 3.º en comento y se admitiera que en el marco de la presente controversia su redacción permitiría dos posibles comprensiones, la primera, que predica que las convenciones que se encuentren vigentes al momento de su entrada en vigor solamente tienen efectos por el término inicialmente pactado, y la segunda, que defiende que ello incluye el sistema de prórroga automática en caso que ese plazo inicial finalice antes del 31 de julio de 2010, conduciendo a que la convención se extienda máximo hasta esta calenda, en ese evento, el juez debe optar por esta última, en virtud del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política y que irradia todo el sistema de fuentes en materia de derecho del trabajo. Por lo tanto, a juicio de la Sala, el alcance del parágrafo 3.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005 debe entenderse en el sentido que en los acuerdos colectivos que venían cursando su vigencia a la entrada en vigor de dicha reforma constitucional y finalizan antes del 31 de julio de 2010, también pueden ser susceptibles de la prórroga automática del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo cuando no se efectúe la denuncia por ninguna de las partes en los términos del artículo 479 ibidem y, si

se presenta tal situación, mantienen sus efectos máximo hasta esa calenda. Sobre dicha posición jurisprudencial, he sostenido que la Sala debería determinar que las reglas convencionales de carácter pensional que se encontraban vigentes al momento

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto de la expedición de la enmienda constitucional 01 de 2005, permanecieron rigiendo aun con posterioridad al 31 de julio de 2010, de manera que en el presente asunto, una vez el actor acreditó los 20 años de servicios requeridos en el texto convencional, tendría derecho a la pensión deprecada así la edad la hubiera satisfecho en el año 2013. Esto, por cuanto el art. 1 del Estatuto Laboral, señala que la finalidad primordial del derecho laboral es «lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social», para lo cual ha previsto diferentes mecanismos, herramientas jurídicas y derechos como el de asociación, que a la luz de lo previsto en el artículo 39 de la norma superior, «los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos; estos poseen el derecho de unirse o federarse entre sí». En ese sentido, se tiene que el ordenamiento jurídico del trabajador, prevé un sistema libre de relaciones laborales, con sustento en el cual es posible que tanto los trabajadores como los empleadores se organicen a fin de propender por sus intereses, facultad que se despliega mediante la

negociación colectiva garantizada constitucionalmente a través del artículo 55 de la Constitución Política y, además reglada por ley en el evento de los conflictos colectivos de trabajo, en virtud del cual en desarrollo del principio de la autonomía de la libertad privada, las partes pueden fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, siempre y cuando no se menoscaben las garantías

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto mínimas reconocidas a los trabajadores y no contradigan las leyes. En esa misma perspectiva, se tiene como producto de los acuerdo suscritos en el marco de un conflicto colectivo, las denominadas convenciones colectivas de trabajo, que constituyen en una fuente material del derecho, con eficacia autónoma e imperativa, de manera que como de forma reiterada se ha sostenido, solo es posible variarlas a través de los cauces normativos, en los términos previstos, o excepcionalmente a través de la revisión; por lo que su vigencia, así como las reglas de legitimación y mantenimiento no pueden disociarse con alegaciones genéricas, o con variaciones en detrimento de las prerrogativas alcanzadas. El Comité de Libertad Sindical de la OIT, en la recomendación aprobada por el Consejo de Administración de ese organismo mediante informe G.B.301/8, señaló que permitir que las normas convencionales expedidas con antelación al Acto Legislativo 01 de 2005, permanezcan vigentes aun con posterioridad al 31 de julio de 2010, permite una mayor armonización entre los derechos de asociación,

negociación colectiva y libertad sindical por un lado, y lo preceptuado por la enmienda constitucional, además de una mayor sujeción del Estado Colombiano, al cumplimiento del principio pacta sunt servanda. Es evidente, que en casos como el presente se configura una antinomia constitucional, la que se produce en aquellas situaciones donde se configura un conflicto entre varias

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto cláusulas constitucionales que reconocen derechos o adscriben obligaciones, imponiéndose entonces la necesidad de interpretarlas armónicamente a fin de lograr la coherencia del sistema jurídico, circunstancia que debe resolverse por los jueces laborales al tratarse de un problema hermenéutico y no por la jurisdicción constitucional. De manera que, una interpretación armónica y sistemática de las normas en conflicto, no puede fijarse en aquel sentido que implique desmedro del derecho de la negociación colectiva y menoscabo del ejercicio de la libertad sindical, al impedir que a pesar de que aquellos no hayan sido denunciados o revisador mantenga su vigor, olvidando que las convenciones colectivas tienen una doble protección -legal y constitucional-, y que al estar estrechamente ligada al cometido del preámbulo de la Carta Política y al objeto del Estatuto del Trabajo, su interpretación debe atender tales objetivos, más aun cuando en casos como el presente, los derechos que estarían dejando de tener vigencia son de naturaleza fundamental, al tratarse de prerrogativas

pensionales que tienen pleno impacto con la consecución de la vida digna de quien pretende ser su beneficiario. Así las cosas, considero que cuando el parágrafo 3 del art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que «las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de la vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado», debe entenderse que ante la ausencia de la denuncia del acuerdo convencional, se ha de

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Radicación n.° 85050 Salvamento de Voto acudir a la ficción jurídica sobre su permanencia, pues precisamente el ordenamiento jurídico es el que establece la consecuencia. En otras palabras, cuando el par. 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, hizo referencia a que «las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de la vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado» no debe limitarse al 31 de julio de 2010, sino que debe permitirse su prórroga automática establecida por la ley hasta tanto el acuerdo convencional sea modificado por medio de los causes normativos previstos para ello; luego, a mi juicio, y en lo que interesa al presente proceso, el actor sí tenía derecho a la pensión deprecada, en tanto acredita con suficiencia los requisitos de edad y tiempo de servicio en los

términos dispuestos en el acuerdo extralegal. En los anteriores términos consigno mi salvamento de voto. Fecha ut supra,

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Firmado electrónicamente por: GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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SALVAMENTO DE VOTO

Demandante: Fabio Antonio Ceballos Galeano

Demandado: AES Chivor & Cpmpañía S.C.A.

Radicación: 85050

Magistrado Ponente: Fernando Castillo Cadena Con el acostumbrado respeto a mis compañeros de Sala, y como lo expresé en la sesión en la que se debatió el asunto, no comparto la decisión adoptada por la mayoría, en tanto concluyó que la edad exigida en el artículo 31 de la convención colectiva de trabajo 2003-2005 constituye un requisito de causación del derecho pensional y no de simple exigibilidad.

Al respecto, considero pertinente recordar que conforme a la regla hermenéutica de favorabilidad que establece la Constitución Política (artículo 53) y la ley sustantiva laboral (artículo 21 Código Sustantivo del Trabajo), al momento de interpretar cualquier fuente normativa del trabajo, todos los jueces laborales del país deben inclinarse por aquella que sea

más conveniente para el trabajador. Ahora, la convención colectiva de trabajo es una de dichas fuentes -extralegales-, tal como se refiere en la sentencia de la que me aparto; sin embargo, al afirmar que la «literalidad» de la Radicación n.° 85050 norma convencional no permite una interpretación distinta, a mi juicio, la Corte desconoció dicho imperativo constitucional. En efecto, considero que la norma convencional sí permite extraer razonable y lógicamente que la edad exigida para acceder a la pensión de jubilación convencional es un requisito de mera exigibilidad y no de formación o estructuración. Esta interpretación no solo deriva de una simple exploración literal del contenido de la misma, sino de un análisis objetivo en relación con el texto integral de la cláusula, su intención y finalidad acorde con los principios basilares de hermenéutica laboral. Nótese que la cláusula contempla que tendrán derecho a la pensión de jubilación los trabajadores beneficiarios del acuerdo convencional que cuenten con 20 años de servicios «continuo o discontinuo en entidades del sector oficial» y «que hayan cumplido o cumplan 55 años de edad», acepción esta última que implica un hecho futuro. Como puede advertirse, las partes sujetaron el derecho pensional al cumplimiento de un tiempo mínimo de trabajo, en tanto que la edad puede acreditarse en cualquier momento para su disfrute. Esto es precisamente lo que permite concluir que la causa real del derecho pensional es el trabajo que de forma prolongada y fiel en la empresa haya ejecutado la persona y que la edad es simplemente un hito temporal ajeno a la formación de la pensión, esto es, un requisito de simple exigibilidad.

2 Radicación n.° 85050 Y es que es entendible que las partes le dieran preponderancia a la prestación material del servicio, pues es esta la que en últimas transmite este tipo de derechos vitalicios y periódicos que tienen el fin de compensar el deterioro físico que implica una labor de tantos años y que merece un reconocimiento por parte de quien se benefició de los mismos. De ahí que, a mi juicio, se podría admitir que la cláusula convencional en la que las partes pactaron un derecho pensional, que la edad tiene un tamiz de estructuración o formación del derecho, es cuando así lo dispongan expresamente, esto es, que la estipulación al respecto sea clara, expresa y no deje duda alguna, lo cual aquí no ocurrió. De modo que, si la cláusula convencional no establece expresamente que la edad es un requisito de causación, no debería entenderse que lo es, bajo el simple análisis textual de aquella. Incluso, de admitirse que la cláusula permite la interpretación gramatical que no se comparte, esta opción no tendría cabida ante la objetividad de la otra lectura que aquí argumento que, de igual modo, es razonable y, por ello, debería prevalecer en atención al mencionado principio de favorabilidad. En los anteriores términos expongo mi salvamento de voto. Fecha ut supra. 3

Firmado electrónicamente por: IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ Magistrado Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999

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