CSJ - SL3184-2023

GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL3184-2023 Radicación n.° 95225 Acta 45 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO – FIDUAGRARIA S.A. quien actúa como vocera del PATRIMONIO AUTONÓMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES - PAR ISS, contra la sentencia proferida por la Sala Civil – FamiliaLaboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Sincelejo el once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el proceso que instauró OISMAN ENRIQUE SERPA BENITEZ contra la recurrente.

I. ANTECEDENTES Oisman Enrique Serpa Benítez llamó a juicio al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de los

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Radicación n.° 95225 Seguros Sociales - PAR ISS, con el fin de que se declare la existencia del contrato de trabajo; que el mismo fue terminado sin agotar el procedimiento convencional y, por tanto, dicho finiquito carece de efectos legales. En consecuencia, solicitó la reinstalación a su puesto de trabajo o a uno de mayor categoría, el pago de la diferencia salarial entre lo percibido y lo acordado convencionalmente según la denominación, grado y nivel del cargo; el pago de aportes a la seguridad social, cesantías retroactivas, intereses a las mismas, prima de vacaciones convencional, primas de

servicios legales y extralegales, compensación de vacaciones; de igual forma demandó el reconocimiento de la indemnización por despido sin justa causa y la sanción moratoria junto con la indexación de las condenas. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó al Instituto de Seguros Sociales, seccional Sucre, como ayudante en el Centro de Atención al Pensionado a través de diferentes contratos de prestación de servicios, a partir del 9 de agosto de 2005 hasta el 30 de junio de 2012; que las labores para las que fue contratado se desarrollaron bajo dependencia y subordinación de manera continua e ininterrumpida en las instalaciones de la entidad, en el horario establecido por ésta, de lunes a viernes entre las 8.00 am y 12.00 pm y de 2.00 a 5.00 pm; que devengó como último salario la suma de $ 849.787.oo mensuales, y como la vinculación fue bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, debió asumir el pago de la totalidad de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. 2

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Radicación n.° 95225 Informó ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, suscrita entre el ISS y el Sindicato de la entidad, la que fue objeto de prorrogas automáticas; que no se le cancelaron los incrementos salariales regulados por el acuerdo extralegal; se le descontó el 10% de su salario por concepto de retención en la fuente; además, para poder ser contratado, debió constituir pólizas de cumplimiento y que

no se le reconoció ningún derecho laboral, legal ni extralegal y que la finalización del nexo contractual se dio en forma unilateral por la entidad, sin justa causa. Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, señaló que no le constaban unos y que no eran ciertos otros, ya que conforme a la documental que reposaba en el expediente, el demandante prestó sus servicios en favor del ISS, en virtud de diferentes contratos de prestación de servicios conforme lo permite la Ley 80 de 1983. En su defensa, propuso las excepciones de fondo de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, inexistencia de solidaridad en los términos del artículo 1568 del Código Civil, buena fe y prescripción (fls.254-267).

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo, al que correspondió el trámite de la primera instancia,

mediante fallo del 27 de julio de 2017, dispuso: 3

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Radicación n.° 95225

PRIMERO: Declarar la existencia de un contrato de trabajo entre

Oisman Enrique Serpa Benítez y la Fiduagraria Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en los extremos señalados.

SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción propuesta.

TERCERO: Condenar a la Fiduagraria vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en liquidación, a reconocer y pagar a favor del demandante, la suma de $

24.021.761 por concepto de cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones e indemnización por despido injusto.

CUARTO: Condenar a la Fiduagraria vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS en liquidación, a pagar a favor del actor la suma diaria de $37.768 desde el día 1 de octubre de 2017 (sic) hasta que se verifique la totalidad del fallo.

QUINTO: Condenar a la demandada al pago de las costas de esta instancia, de acuerdo a lo reglado en el numeral 2.1.2. Del Acuerdo 1887 de 2003, en la suma de cinco millones de pesos

($5.000.000.oo).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil – Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, mediante fallo del 11 de agosto de 2021 confirmó totalmente la del juzgado.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal, luego de estudiar la impugnación formulada por la Fiduagraria S.A. y analizando la decisión en el grado jurisdiccional de consulta, conforme al art. 69 del CPTSS, determinó que el asunto jurídico a resolver consistía en 4

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Radicación n.° 95225 establecer, si ésta se hallaba legitimada para afrontar las condenas impuestas por el a quo, verificando la procedencia de las mismas. Consideró como fundamento de su decisión, que el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, que modificó el artículo 35 del Decreto Ley 254 de 2000, autoriza, en el curso de la

liquidación de entidades públicas del orden Nacional, la suscripción de contratos de fiducia mercantil, con el fin de que, con el remanente de bienes se conforme un patrimonio autónomo en garantía del pago de pasivos, de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley. Se refirió a los Decretos 541 y 1051 de 2016, sobre el pago de las obligaciones contractuales y extracontractuales del ISS liquidado, para concluir que las sentencias condenatorias derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del extinto Instituto de Seguros Sociales, se honrarán con cargo a los activos transferidos por el liquidador al momento de suscribir el contrato de fiducia mercantil n° 015 de 2015, por medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, en el que la posición de fideicomitente fue cedida al Ministerio de Salud y Protección Social, y cuya vocera y administradora es la Fiduagraria S.A. o en su defecto por la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. 5

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Radicación n.° 95225 Concluyó así, que bien hizo el juzgador de primer grado en imponer la condena en contra de dicho patrimonio autónomo. Halló igualmente acreditada la prestación personal del servicio, derivada de la prueba documental consistente en certificaciones, pólizas y memorandos, junto con el testimonio de Ledys Bertel, dando lugar a aplicar la presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y deducir la existencia de una

relación laboral entre las partes, en la medida de que la accionada no allegó argumentos probatorios tendientes a desvirtuar la misma. Lo anterior bastó para confirmar totalmente la decisión materia del recurso de apelación (fls.11 a 20 del cuaderno de segunda instancia).

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la Fiduagraria S.A., concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia acusada y en sede de instancia se revoque la decisión de condenar a la Fiduagraria S.A. y se le absuelva de las condenas liquidadas en primera instancia.

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Radicación n.° 95225 Con tal propósito formula cinco cargos por la causal primera y segunda de casación, de los cuales se dio traslado a su contraparte, sin que en el término otorgado se presentara escrito de oposición a los mismos.

VI. CARGO PRIMERO Reprocha la sentencia, con apoyo de la causal 2ª (sic) de Casación laboral, por vía directa, por falta de aplicación a lo establecido en el artículo 4 del CST, que llevó a la falta de aplicación del artículo 1 ordinal a, numeral 13 del Decreto 416 de 1997, que adoptó lo establecido en el acuerdo 145 de 1997, del Instituto del Seguro Social respecto a la clasificación de los servidores públicos de la entidad y del artículo 5 del Decreto 3135 de 1968, que llevó a la indebida

aplicación de los artículos 22, 23 y 24 del CST. En la demostración del cargo afirma que se presentó una clara violación de la ley sustancial al negar la existencia del artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone que las normas allí consagradas no se aplican a los servidores estatales. Manifestó que, dado que no se discute que el accionante prestó sus servicios personales al extinto Instituto de los Seguros Sociales, que ostentaba la condición de ser una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que de acuerdo al Decreto 3135 de 1968, sus trabajadores tenían la calidad de servidores públicos, no podía el colegiado acudir a las 7

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Radicación n.° 95225 disposiciones del estatuto sustantivo laboral, cuya aplicación está reservada a los trabajadores del sector privado. En esta medida, el fallador al resolver el litigio puesto a su consideración, acudió a una norma que no gobernaba el asunto, esto es el artículo 24 del compendio normativo citado, del cual extrajo la presunción que a la postre sirvió de fundamento para confirmar la providencia cuestionada, lo que impone casar la sentencia recurrida.

VII. CARGO SEGUNDO Con apoyo en la causal primera de casación laboral, acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, por inaplicación de los artículos 23 y 32, numeral 3, de la ley 80 de 1993; de los artículos 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Fundamental; del artículo 66 del C.C.;

del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, hoy 88 CPACC (sic), y 177 del CPC (hoy 167 del CGP), lo que llevó a la aplicación indebida de los artículos 1 de la ley 6 de 1945, del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965, artículo 4 y 22 a 24 del CST; del artículo 1 del Decreto 797 de 1949, 470 del CST y por falta de aplicación del artículo 6 ordinal c del Decreto 2351 de 1965 (sic). La violación de las normas señaladas la atribuye a los siguientes errores evidentes de hecho. No dar por demostrado, estándolo, que la relación que existió entre el Instituto de los Seguros Sociales hoy 8

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Radicación n.° 95225 liquidado, con el señor Serpa, fue un contrato de prestación de servicios suscrito a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993. No dar por demostrado, estándolo, que, para las partes, durante toda la relación surgida del contrato de prestación de servicios, existió la convicción de que esta era la forma de contratación y no otra. No dar por demostrado, estándolo, que el liquidado Instituto de los Seguros Sociales, al contratar al señor Serpa, siempre actuó de conformidad con las normas legales de contratación, cumpliendo con todos los trámites establecidos para la suscripción de un contrato de prestación de servicios con el demandante. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante conocía su calidad de contratista, la cual mantuvo durante todo el tiempo de su vinculación.

Dar por demostrado, sin estarlo, que la relación que existía entre las partes fue la de un contrato de trabajo. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Fiduagraria S.A. a la terminación de la relación, no le pagó las prestaciones al demandante, las cuales no le correspondían. Dar por demostrado, sin estarlo, la mala fe al no haberse liquidado prestaciones en favor del accionante, a la 9

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Radicación n.° 95225 terminación del contrato suscrito entre las partes, pues se consideraba que el mismo no era de trabajo. Dar por demostrado, sin estarlo que el demandante actuó de buena fe, pues conociendo las posibles implicaciones de la contratación realizada, la mantuvo durante todo el tiempo hasta la fecha de terminación del último plazo pactado. Dar por demostrado que, hay lugar al pago de la indemnización por terminación sin justa causa, cuando el contrato expiró por el vencimiento del término pactado. No dar por demostrado que, el contrato de prestación de servicios terminó por el vencimiento del término pactado. Expresa que tales yerros fácticos tuvieron origen en la falta de apreciación de las siguientes pruebas calificadas en casación: Los contratos de prestación de servicios con sus anexos, firmados entre el señor Serpa y el liquidado ISS (fls. 34 a 52); la demanda y la contestación a la misma (fls.254 a 268). En la demostración arguye que los artículos 6 y 121 de la Constitución Nacional solamente permiten a los servidores públicos realizar las funciones y actividades establecidas en el ordenamiento jurídico, por lo que los contratos suscritos

son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad a la luz del artículo 88 del CPACA, sin que a la fecha 10

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Radicación n.° 95225 existan acciones administrativas tendentes a enervar dicha presunción. Manifiesta que si el Tribunal hubiese apreciado los medios de prueba descritos, necesariamente habría llegado a la conclusión de que las partes decidieron, de buena fe y como expresión del acto propio, regular su vinculación en forma ajena a la que surge de un lazo laboral caracterizado por la subordinación, la cual no se puede inferir de la supervisión de las labores a las que se obligó el contratista, quien en todo momento tuvo conciencia de su autonomía en el cumplimiento las obligaciones contractuales. El Tribunal no hizo un análisis referente a la naturaleza de la relación de trabajo, desconociendo lo confesado por el demandante en los hechos de la demanda y la reclamación administrativa, donde reconoció haber suscrito contratos de prestación de servicios con el liquidado ISS y no contratos de trabajo.

VIII. CARGO TERCERO Por la vía directa acusa la violación de la norma sustancial, por inaplicación de los artículos 23 y 32 numeral 3 de la ley 80 de 1993; 6, 83, 121, 122 y 123 de la Carta Política; 66 del C.C; 88 CPACC (sic); 167 del CGP y de los artículos 27, 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C., lo que llevó a aplicación indebida de los artículos 1 de la Ley 6 de 1945;

4, 22, 23 y 24 del CST; 1, 3 y 20 del Decreto 2013 de 2012; 470 del CST que produjo una indebida interpretación del 11

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Radicación n.° 95225 artículo 7 del Decreto 2351 de 1962 y una falta de aplicación del artículo 6 Ibídem. Sostiene que la inaplicación de las normas sustanciales, se genera tras expresar equivocadamente el Tribunal, que la relación que existió entre las partes se rigió por un contrato de trabajo y no de prestación de servicios como explícitamente se había acordado bajo los lineamientos de la Ley 80 de 1993, cumpliendo con todos los trámites en ella establecidos. En la misma forma, manifiesta que existió un claro desconocimiento de las normas del Código Civil sobre validez e interpretación de los contratos, en la medida que se debe consultar su espíritu y partir de la buena fe, para concluir que los acuerdos celebrados no tenían naturaleza laboral, como expresamente se pactó, por lo tanto, no se puede pretender que ellos generen obligaciones prestacionales a las que fue indebidamente sometido el liquidado ISS. Esgrime que la entidad actuó de conformidad a las normas que lo facultaban para contratar por prestación de servicios, en los términos regulados el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, sobre los principios que rigen la contratación estatal y el precepto 32 del mismo estatuto, que consagra la posibilidad de acudir al contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de

planta o requieran conocimiento especializados. 12

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Radicación n.° 95225 Asevera, que el juez de apelaciones aplicó indebidamente el artículo 1 de la Ley 6 de 1945, ya que, al confirmar la decisión del juzgado, incurrió en error al utilizar una norma no llamada a regular o gobernar la situación, esto es, los artículos 22 a 24 del CST, los cuales no son aplicables a los trabajadores oficiales, partiendo de una presunción legal, que no admite prueba en contrario. Afirma, que no se puede pretender que, por haberse prestado el servicio en las instalaciones de la entidad y cumplido un horario, se demuestre la vigencia de una relación de trabajo, ya que, por obvias razones, debía cumplirse la actividad en el tiempo u horario en que se encontraban abiertas las instalaciones de la entidad. Asienta, que tampoco puede pensarse que las labores de interventoría y coordinación que tienen este tipo de contratos se traduzcan en subordinación, pues aceptar esta tesis haría que ningún contrato de prestación de servicios suscrito por la administración pública tuviese esa condición y todos fuesen de trabajo. Señala que con el fallo se desconoce lo establecido en el artículo 122 de la Carta Fundamental, que establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente; en tal virtud el Tribunal, al confirmar la 13

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Radicación n.° 95225 condena, crea un nuevo empleo con las implicaciones financieras que ello trae consigo, pese a que la competencia para este efecto, está reservada a la ley. Añade que se presenta una equivocada apreciación de la convención colectiva, pues se parte de una aplicación automática de lo establecido en el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que se hubiese probado si el demandante era beneficiario de la misma a la luz de esta normatividad, y por ello debe proceder a la absolución respecto a beneficios convencionales.

IX. CARGO CUARTO En apoyo de la causal primera de casación laboral, acusa la sentencia censurada, por ser violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, por falta de aplicación del artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que llevó a una aplicación indebida de lo establecido en el artículo 5 de la Convención Colectiva suscrita entre el Instituto de los Seguros Sociales y Sintraseguridad Social 2001-2004, del artículo 66 del Decreto 1 de 1984 (hoy artículo 88 del CPACC)(sic) y de los artículos 27, 1502, 1602, 1603 y 1609 del C.C.

Expresa que la violación de las normas sustanciales se produjo como consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho: No dar por demostrado, estándolo, que la relación que 14

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Radicación n.° 95225 existió entre el Instituto de los Seguro Sociales con el señor Serpa fue a través de contratos de prestación de servicios a

término definido suscritos a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. No dar por demostrado, estándolo, que, para ambas partes, durante toda la relación del contrato de prestación de servicios que sostuvieron, existió la convicción que este era la forma de contratación y la duración establecida para la misma. Dar por demostrado que hay lugar al pago de la indemnización del contrato por su terminación sin justa causa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Convención Colectiva, cuando el mismo terminó por el vencimiento del término válidamente pactado. No dar por demostrado que el contrato de prestación de servicios terminó por el vencimiento del término pactado. Que tales yerros tienen origen en la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

1. Los contratos de prestación de servicios con sus anexos firmados, entre el señor Serpa y el liquidado ISS que

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Radicación n.° 95225 obran a folios 34 a 52.

2. La demanda presentada folios 1 a 22.

3. La reclamación administrativa.

Y como pruebas indebidamente apreciadas que señala la Convención Colectiva aportada al proceso. En la demostración del cargo argumenta, que la condena al pago de la indemnización por terminación del contrato sin justa causa, es producto de los errores señalados, por cuanto el último contrato de prestación de servicios firmado válidamente por las partes establece, que su vencimiento es el 20 de junio de 2012, constituyendo un acto administrativo que goza de presunción de legalidad a la

luz del artículo 88 del CPACC (sic) y hasta ahora no existen acciones administrativas en contra de estos. Afirma igualmente que, existió un desconocimiento de las normas del Código Civil respecto a los principios que rigen la interpretación y ejecución de los contratos, desconociéndose la capacidad de contratar tanto del demandante, como del liquidado ISS en sus diferentes modalidades, como lo establece el artículo 5 de la Convención Colectiva, que no fue aplicada en lo referente a ello. Asienta que según el artículo 1602 del C.C. los contratos son ley para las partes y no corresponde a una de ellas desconocerlo y pretender que no existió un plazo final 16

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Radicación n.° 95225 de la relación, lo cual debe ser analizado desde el prisma del artículo 1603 del C.C. que establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación. Que existió una clara manifestación de la voluntad y ello es expresión del acto propio, resaltando que para establecer si una parte obró contra sus propios actos, deben estar presentes ciertos requisitos, como son (i) la existencia de una conducta anterior que sea jurídicamente relevante; (ii) el ejercicio de un derecho subjetivo que dé lugar a una determinada pretensión; (iii) la existencia de una contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior; y (iv) la existencia de una identidad de sujetos en la relación, dentro de la cual, se dieron la conducta anterior y la pretensión posterior.

En esa línea, afirma, que está probado que el señor Serpa suscribió contratos a término fijo sin ningún cuestionamiento y luego solicitó a la justicia laboral declarar la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, generándose una contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior, de lo cual fluye que efectivamente, el actor procedió contra sus propios actos. En su sentir, no existe argumentación válida del Tribunal para fulminar condena consistente en la indemnización por terminación sin justa causa del contrato, 17

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Radicación n.° 95225 en la medida que la finalización del vínculo se produjo por expiración del plazo pactado. Finalmente insiste en el alcance del artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, para acotar que no hay prueba alguna que el demandante haya sido parte de la organización sindical existente en la entidad, que le haga beneficiario de la Convención Colectiva y, con sustento en ella modificar la naturaleza de su vinculación de prestación de servicios a contrato de trabajo.

X. CARGO QUINTO Con fundamento en la causal primera de casación laboral, acusa la sentencia de violar la ley sustancial por vía directa, por inaplicación de los artículos 1, 3 y 20 del Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012.

Expone que los preceptos enunciados ordenaron la liquidación del ISS a partir del 28 de septiembre de 2012, perdiendo la entidad demandada, desde entonces, toda capacidad de actuar, por lo que sus gestiones debían encaminarse estrictamente a su liquidación. Tal proceso

concluyó con acta final del 31 de marzo de 2015, lo que fue desconocido por el ad quem, quien contrarió la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Corporación, en el sentido que los procesos de liquidación suspenden el pago de la indemnización moratoria por la extinción del responsable de la obligación. Cita para el efecto la sentencia SL 7115418

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Radicación n.° 95225 2019.

XI. CONSIDERACIONES Al margen de las dificultades técnicas que presenta el desarrollo de los cargos, lo cuales no se ocupan de hacer un discurso argumentativo lógico, a fin de demostrar la transgresión de la ley bajo los conceptos invocados, sino que se asemejan a un alegato propio de las instancias, ello no impide su estudio de fondo y se abordan de manera conjunta, por cuanto, a pesar de que algunos se encaminan a atacar la decisión por diferentes vías y modalidades de transgresión de la ley, se fundan en argumentos similares, que se complementan entre sí, además de que buscan igual objetivo.

En efecto, logra inferir la Sala, que el distanciamiento de la censura con la decisión de segundo nivel, se dirige a : i) Cuestionar la utilización de normas del Código Sustantivo del Trabajo para resolver la litis; ii) discutir la declaratoria de una relación de naturaleza laboral, con desconocimiento de la facultad del entonces Instituto de los Seguros Sociales, de celebrar contratos de prestación de servicios, conforme a las disposiciones relativas a la contratación pública; iii) solicitar la aplicación de la teoría de los actos propios; iv) refutar la

condena a la indemnización por terminación del contrato sin justa causa; v) a rebatir la imposición de la indemnización moratoria por el no pago de la demás prestaciones sociales a la finalización del vínculo. En ese entendido, se procede a resolver la acusación. 19

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Radicación n.° 95225 i) La utilización de normas del Código Sustantivo del Trabajo para resolver la litis. El Tribunal fundamentó su decisión en que, acreditada la prestación personal del servicio, con la documental consistente en certificaciones, pólizas y memorandos, junto con el testimonio de Ledys Bertel, se presume que la relación de trabajo está regida por un contrato de esta naturaleza, en virtud de lo normado en el canon 24 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que exigía que la accionada aportará argumentos probatorios tendientes a desvirtuar esta consecuencia, sin que ello hubiese ocurrido. La censura radica su inconformidad en que el precepto 4 Ibídem, señala expresamente que las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores del Estado, no se rigen por ese estatuto, sino por las disposiciones especiales que se dicten para el efecto, por lo que adujo que, erró el Tribunal a definir el litigió con una norma que no regulaba la materia. En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa que efectivamente le asiste, en este punto, razón a la censura, pues tratándose de entidades de carácter público, los mandatos a aplicar son los vertidos en los artículos 20 del Decreto 2127 de 1945 y 1º de la Ley 6 del mismo año, de los

cuales se desprende que toda prestación personal de servicio remunerada, se presume regida por un contrato de trabajo. 20

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Radicación n.° 95225 Dicha presunción, supone al igual que sucede con las relaciones entre particulares, que al trabajador le basta demostrar la ejecución personal del servicio, para que se infiera que el mismo se desarrolló bajo una relación de naturaleza laboral, situando en cabeza del empleador, el deber de demostrar que las labores se adelantaron de manera autónoma e independiente, y sin el lleno de los presupuestos exigidos por la ley, para tener tal condición. (Sentencia SL4771-2021). Con relación a la naturaleza jurídica del vínculo de quienes prestaron sus servicios al liquidado Instituto de los Seguros Sociales, vale traer a colación lo que esta Corte ha explicado en forma reiterada, entre otras en sentencia CSJ SL4866-2021, así: Al efecto, debe recordarse que tal y como lo precisó el Tribunal, conforme al inciso 2º del artículo 5.º del Decreto 3135 de 1968, «las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados público», lo que quiere decir entonces, que por regla general, los servidores del entonces Instituto de Seguros Sociales eran trabajadores oficiales y, excepcionalmente según sus estatutos, serían empleados públicos cuando ejercieran funciones de dirección y confianza. En ese sentido, también como lo advirtió el Tribunal, conforme a

los criterios orgánico y funcional previstos en la normatividad antes citada, se tiene que en el artículo 1º del Acuerdo 145 de 1997, aprobado por el Decreto 416 del mismo año, la clasificación de los servidores de ISS, se estableció de la siguiente manera: Artículo 1º. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales se clasifican en empleados públicos y trabajadores oficiales.

A. Son Empleados Públicos, las personas que ocupan los siguientes cargos en la planta de personal del ISS:

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Radicación n.° 95225

1. Presidente del Instituto.

2. Secretario General y Seccional.

3. Vicepresidente.

4. Gerente.

5. Director.

6. Asesor.

7. Jefe de Departamento. 8.Jefe de Unidad.

9. Subgerente.

10. Coordinador Clase I, II, III, IV y V.

11. Jefe de Sección. 12.Funcionarios profesionales de Auditoría Interna, Disciplinaria, Calidad de servicios de Salud y Contratación de Servicios de

Salud.

13. Los Servidores Profesionales y Secretarias Ejecutivas del Instituto de los despachos del Presidente, Secretario General o

Seccional, Vicepresidente, Gerente y Director.

B. Son Trabajadores Oficiales, las personas que desempeñen en el Instituto los demás cargos. (Subrayado fuera del texto).

(…). Ahora, no debe olvidarse que el Acuerdo 76 de diciembre de 1994, aprobado por el Decreto 337 de 1