CSJ - SL3193-2023

LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ Magistrado ponente SL3193-2023 Radicación n.° 93895 Acta 39 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023). Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE «EVARISTO GARCÍA -ESE-», contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 24 de septiembre de 2021, en el proceso que instauró FRANCISCO GÓMEZ CANO contra la entidad recurrente.

I. ANTECEDENTES Francisco Gómez Cano persiguió mediante demanda laboral ordinaria (PDF 002DemandaPoder f.° 1-29) que se declare que estaba amparado por fuero circunstancial del 30 de diciembre de 2015 al 18 de enero de 2019 y, en consecuencia, que el despido unilateral y sin justa causa del que fue objeto el 26 de octubre de 2016 fue ilegal, ineficaz y nulo, y se ordene el reintegro al mismo u otro similar, o

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Radicación n.° 93895 superior cargo, sin solución de continuidad. Por consiguiente, que se condene al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir con ocasión del despido el 26 de octubre de 2016 hasta el día en que sea reintegrado, debidamente indexados. Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que: i) ingresó a laborar en el Hospital Universitario del Valle

Evaristo García ESE, mediante contrato de trabajo a término indefinido como Auxiliar de Servicios Generales desde el 18 de marzo de 2011 y su último salario devengado fue de $1.454.710, mensual y $48.490,33 diarios; ii) en el HUV existe el Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales del Departamento del Valle del Cauca – Sintrahospiclínicas, del que formaba parte, y organización sindical que el 26 de diciembre de 2013 presentó al hospital un pliego de peticiones; iii) al finalizar la vigencia de la convención colectiva, las partes acordaron iniciar la etapa de arreglo directo a partir del 20 de noviembre de 2014, finiquitada el 30 siguiente. Allí se acordó, entre otras prerrogativas, el «programa de saneamiento fiscal y financiero», e incluyó: «b) incremento salarial para los años 2016 y 2017 […] de conformidad con el artículo 15 Parágrafo 1 de la actual Convención Colectiva de Trabajo vigente«; iv) el 02 de enero de 2015 Sintrahospiclínicas depositó ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social el acta del acuerdo extra convencional en el que convinieron «no modificar la convención colectiva de trabajo vigente durante el periodo 2016 y 2017 a excepción del salario, el cual sería negociado por las partes, a través de la solicitud que el sindicato

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Radicación n.° 93895 presentara» y acordaron no denunciar el convenio colectivo, dado que no se modificarían las cláusulas, excepto el aumento salarial; v) el 30 de diciembre de 2015 el sindicato

presentó un nuevo pliego de peticiones, con el único propósito de obtener el incremento salarial para el año 2016; vi) dada la negativa del empleador a negociar el aumento salarial, el sindicato acudió al Ministerio para que interviniera en la solución del conflicto colectivo; vii) el 16 de agosto de 2016 se instaló la mesa de negociación e inició la etapa de arreglo directo que duró hasta el 05 de septiembre siguiente, sin que se llegara a un acuerdo; viii) la junta directiva del hospital, mediante actos administrativos 019, 020 y 026 del 26 de octubre de 2016, terminó su contrato de trabajo, junto con los de 177 trabajadores, con base en una reestructuración administrativa; ix) ante el despido de los trabajadores por parte del hospital, Sintrahospiclínicas interpuso una acción de tutela, de la cual conoció el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali, que en sentencia de 10 de noviembre de 2016 amparó los derechos «al debido proceso, al trabajo y a la dignidad humana de los trabajadores afiliados a SINTRAHOSPICLINICAS», pronunciamiento que fue confirmado por el Tribunal Administrativo. El fallo ordenó el reintegro hasta que la justicia ordinaria resolviera; x) la Corte Constitucional, mediante sentencia CC T523-2017, declaró improcedente la acción impetrada, en la medida en que existía otro mecanismo para exigir los derechos; xi) se surtió el procedimiento para convocar un Tribunal de Arbitramento, a fin de dirimir el conflicto colectivo generado por la presentación del petitorio atrás referido y el 18 de enero de

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Radicación n.° 93895 2019 se dictó el laudo arbitral, depositado el 04 de febrero siguiente; xii) El Hospital Universitario del Valle no pidió permiso al Ministerio de Trabajo para el despido colectivo de 169 trabajadores oficiales afiliados a Sintrahospiclínicas el 26 de octubre de 2016 y tampoco para los despidos realizados el 13 de octubre de 2017; xiii) El hospital solicitó al Ministerio de Trabajo la revocatoria de la Resolución n.° 4948 del 14 de noviembre de 2018, que convocó e integró el Tribunal de Arbitramento Obligatorio para resolver el conflicto colectivo suscitado entre esa entidad y Sintrahospiclínicas, la cual fue negada mediante Resolución n.° 1032 del 26 de abril de 2019; y, xiv) elevó reclamación administrativa al hospital para que lo reintegrara y le pagara los salarios y prestaciones dejados de percibir, pero recibió respuesta negativa. Al dar respuesta a la demanda (PDF 011MemorialConstestaciónDemandaHuv f.° 1 – 133), el Hospital Universitario del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió como ciertos la celebración del contrato de trabajo y su extremo inicial, la actividad que desarrolló el actor, el salario que devengó y que estuvo afiliado al sindicato; que el 26 de diciembre de 2013 se presentó el pliego de peticiones y que la etapa de arreglo directo finalizó el 30 de diciembre de 2014; igualmente, que

la relación laboral terminó debido a la reestructuración administrativa del Hospital y tuvo una causa legal; así mismo, la acción de tutela promovida por el sindicato y las decisiones adoptadas, la reclamación administrativa y que el 04 de febrero de 2019 se depositó el laudo arbitral.

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Radicación n.° 93895 En su defensa, sostuvo que la terminación unilateral del contrato del accionante tuvo como fundamento el Acuerdo 020 del 26 de octubre de 2016, que se expidió con base en normas superiores que facultan la reestructuración de entidades oficiales (arts. 315.7, 305.7 y 189.14 de la CP y art. 41 Ley 443 de 1998), medida que fue adoptada, en este caso, para conjurar el déficit financiero que afrontaba el Hospital, lo que daba lugar al reconocimiento de la respectiva indemnización por ser el despido legal, pero sin justa causa. Agregó que no hubo pliego de peticiones y que el trabajador no ostentaba fuero circunstancial, en la medida en que la solicitud de incremento salarial no era equiparable a tal instrumento, pues esa posibilidad se contempló en un acta extra convencional, de modo que no era posible, jurídicamente hablando, la existencia de un nuevo conflicto colectivo, porque la convención colectiva estaba vigente. Afirmó que la instalación de la mesa de negociación tuvo como propósito darle cumplimiento a lo pactado en la Convención Colectiva. Propuso, como previas, las excepciones de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales; inexistencia de la garantía foral al momento de la terminación del contrato

laboral e inexistencia de responsabilidad conforme a la ley y, como perentorias, las de carencia de derechos; compensación y precedente judicial; (PDF 011MemorialConstestaciónDemandaHuv f.° 71 - 83).

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Radicación n.° 93895 El juez de conocimiento (PDF 015ActaAudiencia f.° 1 – 3), declaró no probada la excepción de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, y dispuso tramitar como de fondo las excepciones denominadas inexistencia de la garantía foral al momento de la terminación del contrato laboral e inexistencia de responsabilidad conforme a la ley.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 12 de febrero de 2021 (PDF 015ActaAudiencia f.° 16)), resolvió: 1º.- DECLARAR PROBADA LA EXCEPCION DE COMPENSACIÓN, propuesta oportunamente por la parte demandada. 2º.- DECLARAR que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., representado legalmente por el doctor IRNE TORRES CASTRO, o por quien haga sus veces, despidió injustamente al demandante FRANCISCO GÓMEZ CANO, el 26 de octubre de 2016, encontrándose amparado por fuero circunstancial, y por tanto, es ineficaz la decisión unilateral del empleador, de dar por terminado el contrato de trabajo al actor.

3º.- CONDENAR al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

“EVARISTO GARCÍA” E.S.E., representado legalmente por el doctor IRNE TORRES CASTRO, o por quien haga sus veces, a que dentro de los CINCO (05) DÍAS SIGUIENTES A LA EJECUTORIA DE ESTA PROVIDENCIA, proceda al RESTABLECIMIENTO DEL VÍNCULO LABORAL del señor FRANCISCO GÓMEZ CANO, de condiciones civiles y personales conocidas, sin solución de continuidad desde el 26 de octubre de 2016, con el mismo salario y en el mismo cargo que éste venía ocupando antes del despido, o a uno de igual o mejor jerarquía, con el consecuente pago de todos los salarios con los incrementos de ley, así como el pago de las prestaciones sociales legales y/o convencionales y pagos al sistema seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales,

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Radicación n.° 93895 causados desde la fecha del despido efectuado el 26 de octubre de 2016. 4º.- AUTORIZAR al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E., representado legalmente por el doctor IRNE TORRES CASTRO, o por quien haga sus veces, para que de los dineros adeudados al actor cuyo reconocimiento y pago se ordena a través de esta sentencia, SE COMPENSEN todas las sumas de dinero que hubiere entregado al señor FRANCISCO GOMEZ CANO, por concepto de indemnización por la terminación del contrato de trabajo el 26 de octubre de 2016, cantidad de dinero que según lo considerado en la Resolución 3768 del 17 de octubre de 2017, expedida por esa entidad,

asciende a la suma de $32.133.952. Así mismo, se autoriza a dicha entidad para descontar de las cantidades adeudadas conforme a lo ordenado en esta sentencia, los dineros que hubiere cancelado por concepto de salarios y prestaciones durante el lapso que reintegró al demandante en cumplimiento de fallo de tutela proferido el 19 de diciembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 5º.- Si la presente sentencia no fuere apelada, CONSÚLTESE ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. 6º.- COSTAS a cargo de la parte vencida en el proceso. Liquídense por la Secretaría del Juzgado. FIJESE la suma de $908.526, en que este Despacho estima las AGENCIAS EN DERECHO, a cargo de la parte demandada.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali conoció de la apelación interpuesta por la entidad demandada, conforme se precisará en las consideraciones, por lo que, mediante fallo del 24 de septiembre de 2021, resolvió: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia No. 40 del 12 de febrero de 2021, proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de

Cali.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA”, se incluyen

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Radicación n.° 93895 como agencias en derecho el equivalente a MEDIO SALARIO

MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si el demandante se encontraba amparado por el fuero circunstancial al momento del despido y, por tanto, si había lugar a acceder al reintegro, con el consecuente pago de salarios, prestaciones legales y convencionales y demás acreencias causadas con ocasión de su desvinculación, así como al pago de los aportes a seguridad social. En esa dirección señaló que estaba fuera de discusión que el actor laboró para el hospital del 18 de marzo de 2011 al 27 de octubre de 2016 y que estuvo afiliado a Sintrahospiclínicas desde el 04 de abril de 2011 y hasta la terminación del contrato de trabajo. En relación con el retiro del servicio del demandante, el Tribunal precisó que la tutela proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cali el 10 de noviembre de 2016 ordenó suspender el trámite de reestructuración de la planta de personal hasta tanto se acreditara la realización del estudio técnico idóneo y, en consecuencia, ordenó reintegrar a los trabajadores oficiales afiliados a Sintrahospiclínicas, sin solución de continuidad, entre ellos al demandante, en razón de lo cual se verificó el pago de las acreencias laborales desde el 27 de octubre de 2016 y hasta el 13 de octubre de 2017, momento en el cual la Corte Constitucional revocó la orden de reintegro.

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Radicación n.° 93895 El Colegiado rememoró que el fuero circunstancial está

consagrado en los arts. 25 del Decreto 2351 de 1965 y 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, que disponen tal prerrogativa para los trabajadores afiliados al sindicato y a los no sindicalizados que hubieren presentado pliego de peticiones, quienes no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la presentación de dicho pliego, durante los términos legales de las etapas establecidas para la solución del conflicto y hasta que el conflicto se solucione mediante la firma de la convención colectiva o pacto colectivo, o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral, de ser el caso. Resaltó que la organización sindical a la que se encontraba afiliado el demandante presentó solicitud de incremento salarial el 30 de diciembre de 2015 y que, de conformidad con la sentencia CC C-1234 de 2005, «independientemente que en el contenido del documento presentado por la organización sindical no apareciera la descripción de corresponder a un pliego de peticiones, lo cierto es que cumple con las características propias para tenerse como tal […]». Explicó que lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo no le restaba per se la calidad de pliego a la solicitud elevada por el sindicato, ni determinaba la inexistencia de un conflicto colectivo, porque conforme con lo previsto en el artículo 8 del Convenio 151 de la OIT y el artículo 55 de la Constitución, éstos se pueden solucionar a través de los diferentes mecanismos

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Radicación n.° 93895 establecidos para ello y, en consecuencia, «la petición de fijar el incremento para el año 2016 era un conflicto colectivo que en primera instancia debía tratarse de solucionar por las partes». Destacó que el mismo hospital reconoció que se trataba de un pliego de peticiones, porque según acta del 16 de agosto de 2016 se instaló la mesa negociadora relativa al incremento salarial, que era al final el objeto del conflicto colectivo. Reseñó que en la Convención Colectiva vigente entre las partes «no se encontraba incluido ningún acuerdo relativo al incremento salarial para los años 2016 y 2017, motivo este por el que se requería iniciar el proceso de negociación colectiva para fijarla», lo que dejaba sin piso el argumento de la pasiva, en el sentido de que el Ministerio del Trabajo había omitido los requisitos exigidos para iniciar el trámite de arbitramento, en tanto, «no era necesario denunciar la convención colectiva, pues el incremento para el año 2016 no se encontraba incluido dentro del acuerdo». Con fundamento en las sentencias CSJ SL, 05 jun. 2012, rad. 42225, CSJ SL15862-2017, CSJ SL1849-2018 y CSJ SL2436-2018, estableció que la fecha en la cual se desarrolló la negociación colectiva se extendía hasta la ejecutoria del laudo que puso punto final al diferendo, teniendo en cuenta que éste se profirió el 18 de enero de 2019, sin que se conociera la fecha de su ejecutoria.

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Radicación n.° 93895 Lo anterior, en criterio del Tribunal, significó que en el lapso comprendido entre el 30 de diciembre de 2015 y el 18 de enero de 2019, el fuero circunstancial que cobijaba a Francisco Gómez Cano estuvo vigente, término dentro del cual no podía finiquitarse el vínculo laboral con el actor, «suceso que se dio en una primera data el 27 de octubre de 2016 y posteriormente el 10 de octubre de 2017, cuando se dejó sin valor por la Corte Constitucional el reintegro ordenado en sede de tutela», razón por la cual encontró procedente el reintegro, «pues no existe duda que el demandante se encontraba cobijado por el fuero circunstancial».

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la entidad demandada en instancias, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la entidad impugnante que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, «revoque íntegramente la decisión del Juzgado […] quien accedió a las súplicas de la demanda».

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados; los dos primeros se estudiarán conjuntamente porque están dirigidos por la misma vía, atacan similar elenco normativo,

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Radicación n.° 93895 tienen la misma finalidad y utilizan argumentos complementarios.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia de violar la ley sustancial, por la vía

directa, en la modalidad de aplicación indebida «del artículo 25 del decreto 2351 de 1965 y artículo 36 del Decreto reglamentario 1469 de 1978 en relación con los artículos 64, 433, 467 y 479 del C.S.T modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, en conexidad con el artículo 2.2.30.6.11 del Decreto 1083 de 2015, en armonía con los artículos 29, 39 y 55 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 41 y 46». Enrostra la aplicación indebida del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, en tanto que el Tribunal cometió el yerro de utilizar esta norma simultáneamente con el artículo 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, que versan sobre el despido sin justa causa, en tanto, «en el presente asunto, existió una causa legal para la supresión de los empleos que se encontraban en el Hospital Universitario del Valle E.S.E.» Con fundamento en la sentencia CSJ SL5690-2021, de la cual reprodujo algunos fragmentos, afirma que se equivocó el Tribunal al considerar que la reclamación sobre incremento salarial elevada por el sindicato significaba la presentación de un pliego de peticiones que conlleve que «los

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Radicación n.° 93895 trabajadores afiliados al sindicato permanezcan en la perpetuidad de su empleo por estar protegidos foralmente […]» Destaca que el Tribunal ignoró que el Código Sustantivo del Trabajo también regula lo relativo a la presentación, modificación y denuncia de la convención colectiva de trabajo

y que el Decreto 2127 de 1945, la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, contemplan «la forma de terminación del contrato de trabajo unilateralmente, que no es otro que la modernización de la entidad y cuyo sustento se encuentra fortalecido en el Estudio Técnico basado para la terminación del contrato de trabajo unilateralmente, lo que resulta esencial para estos procesos», es decir, que la reforma de la planta de personal genera una causa legal de supresión del empleo, sin que sea dable, como lo hizo el juzgador, confundir «la causa legal con una justa causa en referencia a la desvinculación de los trabajadores oficiales». Insiste en que el ad quem desconoció el parágrafo 1.° del artículo 15 de la Convención Colectiva de Trabajo que estipula que el reajuste salarial procederá previa solicitud que del incremento haga el sindicato por medio de sus representantes, en tanto dicha solicitud contenida en el acta extra convencional del 31 de diciembre de 2014 se encuentra taxativamente establecida en la convención colectiva, sin que ello derive en un conflicto colectivo. Hace referencia a las sentencias CSJ SL1983-2020 y CSJ SL2923-2021, y agrega que el operador judicial tiene la obligación de examinar el cumplimiento de los requisitos,

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Radicación n.° 93895 para la configuración del pliego de peticiones y la garantía foral.

VII. CARGO SEGUNDO Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea,

«del artículo 432, 433 y 479 del Código Sustantivo de Trabajo, el 25 del decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 64 y 467 del C.S.T modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, artículo 10 del decreto 1373 de 1966 modificado por el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978 en armonía con los artículos 29, 39 y 55 de la Constitución Política». Asegura que, contrario a la interpretación del Tribunal, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 y el artículo 36 del Decreto Reglamentario 1469 de 1978, únicamente aplican en el evento de despidos sin justa causa, contrario a lo ocurrido en este caso, en que, siendo el motivo de orden legal, por razones de reestructuración administrativa, se permite la desvinculación a la luz de los Decretos 2127 de 1945 y 1083 de 2015. Enfatiza que, de conformidad con lo establecido en los artículos 432 y 433 del CST, en concordancia con el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, es necesario presentar un pliego de peticiones para trabar el conflicto colectivo y que, al no cumplirse con este requisito, «no existió ningún fuero circunstancial».

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VIII. RÉPLICA Se opone a los cargos formulados por la entidad impugnante. Sobre el primero, aduce que acertó el Tribunal en su razonamiento, por cuanto sí existió un pliego de peticiones presentado por la organización sindical, además de que las sentencias citadas por la censura, en verdad,

manifiestan lo contrario a lo que se quiere hacer ver en la acusación, porque en la CSJ 5690-2021 se prohíja el fuero circunstancial para aquellos trabajadores afiliados al sindicato con anterioridad a la presentación del petitorio, y en la CSJ SL1983-2020 se distingue la situación respecto de la presentación de pliegos por parte de sindicatos que no tienen la real intención de mejorar las condiciones de sus trabajadores. En relación con el cargo segundo, arguye que su desarrollo no guarda ninguna relación con el haz normativo denunciado, puesto que la censura se esfuerza en probar que el despido del trabajador se hizo atendiendo justas causas, cuando las mencionadas normas contemplan otras instituciones del derecho laboral colectivo, tales como la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva; el nombramiento de las comisiones negociadoras del pliego de peticiones (artículo 432 del CST); al inicio de las conversaciones del pliego de peticiones (artículo 433 del CST); y la denuncia de la convención colectiva de trabajo (artículo 479 del CST).

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Radicación n.° 93895 Asegura que la recurrente desconoció normas como el artículo 37 de la Ley 443 de 1998, que señala la supresión de cargos como figura aplicable únicamente a empleados públicos y el artículo 48 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, que establece taxativamente las justas causas para el despido de un trabajador oficial, dentro de las cuales no figura la reestructuración de la entidad.

IX. CONSIDERACIONES No es objeto de discusión en casación que: i) Francisco

Gómez Cano laboró al servicio del Hospital Universitario del Valle desde el 18 de marzo de 2011 en el cargo de auxiliar de servicios generales y fue desvinculado el 26 de octubre de 2016; ii) la junta directiva del Hospital suprimió su cargo a través de los Acuerdos 019, 020 y 026 del 26 de octubre de 2016, con base en una reestructuración administrativa; y iii) estuvo afiliado al sindicato Sintrahospiclínicas. Así, corresponde a la Sala determinar si se equivocó el Tribunal al considerar que hubo un conflicto laboral entre el Hospital Universitario del Valle y la organización sindical Sintrahospiclínicas y, por ende, en que el demandante en instancias estaba cobijado por la figura del fuero circunstancial de donde devino su despido como injusto, lo que aparejaba su reintegro. En ese contexto, conviene memorar la providencia CSJ SL4323-2021 que delineó claramente la forma en que opera

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Radicación n.° 93895 el ejercicio de los derechos de negociación y libertad sindical, así como señaló la improcedencia de exigencias o limitaciones por fuera de lo que estrictamente señala la ley. Recuérdese que el numeral 2 del artículo 374 del CST, establece como funciones de los sindicatos, entre otras «2) Presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a las diferencias con los empleadores, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por la ley o la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios», y en esa medida, el presentado por el Presidente y

Secretario del sindicato, como fue lo acontecido, tiene validez. Al respecto, la sentencia C-1234 de 2005, señaló: El pliego de peticiones se ha entendido como una herramienta válida para plantear el conflicto colectivo. Corresponde a un documento escrito que presentan los empleados al empleador, en el que se formulan las peticiones relativas a las condiciones de trabajo, o a las diferencias que no están sometidas por la ley o convención a un procedimiento distinto, o que no hubieren podido ser resueltos por otros medios. Es un proyecto de convención colectiva de trabajo. (Subrayado del texto original) Es sabido que con la presentación del pliego de peticiones se inicia un conflicto colectivo que puede terminarse con la firma de la convención colectiva de trabajo o llegar hasta el tribunal de arbitramento obligatorio para su solución, mediante el laudo arbitral. Resulta pertinente recordar, que el numeral 2 del artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que el ejercicio del derecho de asociación sindical «sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás […]». En igual sentido, el numeral 2º del artículo 8 del Protocolo de San Salvador señala: «El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como

los derechos y las libertades de los demás […]».

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Radicación n.° 93895 Por su parte, el precepto 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también establece que «[…] No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos». Y el numeral 1 del artículo 8º del Convenio 87 de la OIT, dispone que «1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad»; y en numeral segundo se precisa: «2. la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente Convenio». (Subrayado fuera del texto original). Lo anterior, sirve para sostener que conforme a las normas internacionales a las que hemos hecho mención, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y en atención a lo previsto en los artículos 39 y 55 superior, no hay lugar a que se imponga a las agremiaciones sindicales, para el pleno ejercicio de su derecho de negociación y libertad sindical, requisitos o cortapisas más allá de los previstos expresamente en la ley, para la presentación del pliego de peticiones, de tal suerte, que en este caso, resulta totalmente infundada la argumentación de la impugnante para tratar de restarle validez al referido pliego, por

no haberse incluido en el mismo los nombres de los delegados para negociar, exigencia que tampoco está consagrada en el precepto 377 del CST, y que en todo caso, un aspecto meramente formal, no puede significar el sacrificio de un derecho colectivo ni sustancial. En el mismo sentido, la Corte tiene definido que es el pliego de peticiones el que activa el conflicto colectivo y que éste, por disposición legal, tiene definidas una serie de etapas que deben surtirse en un orden determinado, de tal suerte que, si no hay arreglo entre las partes, puede acudirse al mecanismo del arbitramento, que zanja la diferencia a través de un laudo y pone fin a la disputa laboral colectiva. Así se explicó en la sentencia CSJ SL3350-2020:

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Radicación n.° 93895 Pero, en estricto sentido formal, la sola denuncia de la convención precedida de la actuación de la asamblea no tiene por virtud activar el conflicto, pues dicho papel estelar se encuentra reservado al pliego de peticiones, que como ya se explicó, es el proyecto de convención colectiva que aspira a firmar el sindicato, con la finalidad de que rija las futuras condiciones de trabajo. Así las cosas, resulta obvio que en el evento en que en la etapa de arreglo directo no se llegue a un acuerdo y se convoque un tribunal de arbitramento para que dirima el conflicto, los árbitros se han de pronunciar sobre el contenido del pliego, salvo el caso en que también se haya producido denuncia de la convención por parte del empleador, lo cual habilitará al colegiado para pronunciarse sobre ese extremo, si se cumplen los requisitos que

al efecto ha señalado la jurisprudencia. […] Este planteamiento, sencillo, logra armonizar la normativa constitucional a