CSJ - SL321-2019

4 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Descongestión N." 1 MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL321-2019 Radicación n.” 66286 Acta 04 Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019). Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por MARÍA ELENA SABOGAL BELTRÁN, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija ERIKA JULIETH CUERVO SABOGAL, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de septiembre de 2013, en el proceso promovido por las recurrentes contra la

CONGREGACIÓN DE PADRES REDENTORISTAS DE

BUGA.

I. ANTECEDENTES Las accionantes llamaron a juicio a la demandada, con el fin de que se declare que entre el señor Luis Alberto Cuervo Vélez, compañero y padre de éstas, y la Congregación de

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Radicación n. 66286 Padres Redentoristas de Buga existió un contrato de trabajo desde enero de 2001 hasta el 14 de marzo de 2006, el cual finalizó por el deceso del trabajador; y que la empleadora «es responsable civilmente del accidente de trabajo». Como consecuencia de lo anterior, se condene a la accionada al pago de los siguientes conceptos por todo el tiempo laborado: cesantía e intereses, primas de servicios y vacaciones; la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50

de 1990; la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST; los perjuicios materiales derivados del accidente de trabajo, en su modalidad de daño emergente y lucro cesante, junto con los perjuicios morales en cuantía de 1.000 smimv para cada una de las accionantes; la pensión de sobrevivientes; la indexación junto con los intereses corrientes o moratorios; y las costas del proceso. Fundamentaron sus peticiones, básicamente, en que el señor Luis Alberto Cuervo Vélez laboró de forma ininterrumpida para la demandada desde principios del año 2001 hasta el 14 de marzo de 2006; que pese a que formalmente se suscribieron varios contratos de prestación de servicios profesionales independientes, lo cierto fue que el nexo era de trabajo; que cumplía actividades «civiles, de mampostería y eléctricas», junto con las demás que le ordenara la dirección administrativa de la accionada; que su salario era variable; que estaba subordinado y que cumplía un horario. SCLAIPT-10 V.00 qo Radicación n. 66286 Adujo que el 14 de marzo de 2006 se encontraba trabajando y «por carencia de medios idóneos de seguridad industrial, perdió el equilibrio en una de las torres mayores de la BASILICA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS», accidente que le ocasionó su deceso; que la seguridad industrial suministrada ese día «consistía en una correa o arnés al que iba asegurado, el cual se deslizaba sobre una cuerda atada alrededor de la torre de la Basílica», la cual debía desabrochar

cuando llegaba a una de las «esquinas de la torre para pasar a la cara siguiente», quedando en ese momento desprovisto de seguridad; que tal falencia fue determinante en el accidente; que la empleadora no aplicó los sistemas de control requeridos por el trabajador ni suministró los elementos de protección y seguridad industrial adecuados para el cumplimiento de las labores; que no existía una brigada de evacuación que ayudara al empleado, quien tampoco contó con transporte provisto por la congregación para su evacuación inmediata. Agregaron que María Elena Sabogal Beltrán convivió con el señor Cuervo Vélez durante 17 años, vínculo del cual nació Erika Julieth Cuervo Sabogal; que ambas dependían económicamente del causante, quien suministraba lo necesario para su subsistencia, además de ser una persona dedicada al hogar; y que promovieron una audiencia de conciliación con la congregación accionada, en la que no hubo acuerdo. La convocada al proceso, al dar respuesta a la demanda, se opuso a la totalidad de pretensiones. En cuanto a los 3

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Radicación n.° 66286 hechos, manifestó que era cierto que suscribió, de manera discontinua, diferentes contratos civiles de obra con el señor Luis Alberto Cuervo Vélez y que las demandantes promovieron una audiencia de conciliación en la cual no se llegó a ningún acuerdo; y de los restantes supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. Propuso como excepciones previas las de incapacidad o indebida representación de la parte actora y falta de jurisdicción; y como de fondo las de

prescripción, carencia de acción o derecho para demandar, petición de lo no debido y pago. En su defensa, sostuvo que el señor Luis Alberto Cuervo Vélez se desempeñó como contratista independiente, quien ejecutaba, por su cuenta y riesgo, actividades u obras civiles; y que contó con plena autonomía e independencia, asumiendo los riesgos que pudieran presentarse, de allí que no existió un contrato de trabajo como se alegó en la demanda. Mediante providencia del 3 de diciembre de 2009, el juzgado de conocimiento desestimó la excepción previa de incapacidad o indebida representación de la parte actora y dispuso tener como de fondo la de falta de jurisdicción.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Guadalajara de Buga, mediante sentencia calendada 1° de febrero de 2013, condenó a la demandada a cancelar, en proporción de un 50% para cada una de las accionantes, los siguientes SCLAIPT-10 V.00 q Radicación n. 66286 conceptos: $24.177 por auxilio de cesantía, $153 por intereses, $24.177 por prima de servicios, $12.088 por vacaciones, $55.238.538 por lucro cesante consolidado y $60.406.353 por lucro cesante futuro; los intereses moratorios sobre las prestaciones sociales, a partir del 15 de marzo de 2006 y hasta la fecha de pago.

Así mismo, impuso el pago de $40.800.000 por perjuicios morales a favor de cada una de las accionantes; y la pensión de sobrevivientes desde el 14 de marzo de 2006

hasta el 30 de julio de 2009, pero sólo a favor de Erika Julieth Cuervo Sabogal, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal. Finalmente, absolvió de las restantes pretensiones; declaró parcialmente probadas las excepciones de carencia de acción o derecho para demandar, petición de lo no debido y prescripción, e impuso costas a la parte vencida.

II. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Inconforme con la anterior decisión, la demandada interpuso recurso de apelación, y la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con sentencia fechada 30 de septiembre de 2013, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, absolvió a la demandada de la totalidad de las súplicas. Impuso costas. en ambas instancias a las demandantes.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem

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Radicación n. 66286 comenzó por indicar. que su competencia estaba limitada a las materias que fueron objeto del recurso de alzada, ello conforme al artículo 66A del CPTSS. Expuso que el problema jurídico a resolver consistía en determinar si entre el señor Luis Alberto Cuervo y la demandada existió un contrato de trabajo y, en caso afirmativo, verificar las condenas impuestas por accidente de trabajo y su liquidación, la pensión de sobrevivientes y las demás que fueron impartidas. Realizada la anterior precisión, el ad quem indicó que cuando se discute la existencia de un contrato de trabajo, se debe observar lo consagrado en el artículo 24 del CST, en torno a que se presume su existencia; y resaltó que, si bien

dicha disposición favorece al trabajador, éste, sin embargo, tiene la carga de demostrar que prestó un servicio personal a favor de quien asegura fue su empleador, acreditando también los extremos temporales del vínculo que invoca. Pasó a referirse a la noción de «contrato realidad», indicando que al margen de la denominación que las partes le den al vínculo contractual, si se presentan los tres elementos del contrato de trabajo, los cuales son: prestación personal del servicio, subordinación y salario, el nexo será de carácter laboral. Al efecto, transcribió unos pasajes de lo dicho en sentencias CC C-555 de 1994, CC C-665 de 1998 y CSJ SL, 24 abr. 1975, e indicó que el juez del proceso debe analizar los medios probatorios con el fin de encontrar «a verdad real de las cosas, y no la verdad ficta que se presenta SCLAIPT-10 V.00 q Radicación n. 66286 superficialmente». Efectuadas las anteriores precisiones, el ad quem destacó que conforme a lo expuesto en la demanda inicial y su respuesta, junto con lo plasmado en el recurso de alzada, era «evidente que la prestación personal del servicio por parte [djel actor y en favor de la demandada, no admite discusión alguna en esta instancia, por lo que ha de analizarse el material probatorio y la existencia de un verdadero contrato de trabajo entre las partes, a la luz del artículo 24 del C.S.T.». A renglón seguido, sostuvo que al proceso fueron allegados 11 contratos de prestación de servicios, los cuales fueron suscritos en forma discontinua, del 1° de marzo de

2004 al 25 de febrero de 2006, siendo la mayor interrupción de 7 meses. Luego se refirió a lo dicho por los testigos Oscar Castro, Leiner de Jesús Castro, Julia Inés Delgado Rivera y Rosario de las Mercedes Cifuentes de Olaya, y afirmó que con dicha prueba testimonial la parte accionada logró desvirtuar la presunción prevista en el artículo 24 del CST, respecto a que entre el señor Cuervo Vélez y la demandada había existido un verdadero contrato de trabajo. Sobre el particular, dijo que de lo manifestado por los referidos deponentes Oscar Castro y Rosario de las Mercedes Cifuentes de Olaya, quienes conocieron de forma directa los hechos, se desprendía que el «causante gozaba de total autonomía en la ejecución de los contratos [...] y por tanto, manejaba autónomamente su tiempo, circunstancias fácticas que por su esencia no compaginan con la subordinación propia

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Radicación n.° 66286 de los contratos de trabajo». Por otra parte, el juez colegiado resaltó que si bien las accionantes presentaron al proceso diferentes testigos, los cuales aludieron a la existencia de las condiciones propias de un contrato de trabajo, pues según éstos el señor Cuervo Vélez recibía órdenes y estaba sometido a un horario; lo cierto era que del análisis de sus dichos se advertían «apartes o manifestaciones que desnaturalizan la existencia de un contrato de trabajo, como es la subcontratación». Al efecto dijo: En el caso particular del señor GUSTAVO ADOLFO COBO GARCÍA, se tiene que el mismo indicó en su versión de los hechos,

que él trabajaba para el señor Luis Alberto, quien directamente lo contrataba y le pagaba por las labores desempeñadas; FABIO NELSON PIEDRAHITA RINCON, expuso, que el causante lo llamó para que fuera a trabajar con él a la Basílica y expresamente se refirió a la fecha en que empezó a trabajar y/o fue contratado por el causante; a su turno ROGELIO ANTONIO RESTREPO CORTES, rindió declaración, de la cual se extrae, tal como ofsic) aseveró el juzgado de instancia, que el deponente indicó que había laborado tanto para los Padres Redentoristas como para el causante. (Negrillas y subrayas propias del texto). Y agregó que no era posible extraer alguna conclusión de la declaración de Jairo Muriel Montoya, pues era un testigo de oídas. En ese orden de ideas, resaltó que si bien los testigos allegados por la parte actora manifestaron que existió una relación de carácter subordinada, lo cierto es que «al haber expuesto que fueron subcontratados por aquel para colaborarle en las obras desempeñadas en la Basílica, se crea una seria contradicción frente a la existencia de un verdadero contrato de trabajo, pues dicha figura -la subcontrataciónno SCLAIPT-10 v.00 93 Radicación n. 66286 - va ligada, en forma alguna, a la naturaleza misma de una relación de corte laboral, como la que aquí se pretende sea declarada». Luego de definir que la accionada desvirtuó la existencia del contrato de trabajo alegada, el Tribunal adujo que no era posible analizar y, menos aún, imponer alguna condena por

el accidente ocurrido, en razón a que la culpa de que trata el artículo 216 del CST se enmarca es dentro de una relación de trabajo, la cual no existió. Agregó que la demandada tampoco estaba llamada a responder por la pensión de sobrevivientes, por las siguientes razones: i) porque no está constituida como una AFP; ii) no era la empleadora del señor Luis Alberto Cuervo; y iii) la compañera demandante percibe una pensión de sobrevivientes a cargo de la ARP Colpatria, la cual fue otorgada por los aportes realizados por el empleador Megaenlace, tal como lo reconoció en el interrogatorio de parte que le fue practicado.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la decisión de segundo grado y, constituida en sede de instancia, se reconozca «las

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Radicación n. 66286 pretensiones de la demanda, de manera igual o similar a como fueron determinadas en la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Laboral del Circuito de Buga». Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados, los cuales se resolverán forma conjunta por presentar deficiencias de orden técnico.

VI. CARGO PRIMERO Fue propuesto de la siguiente forma: [...] acuso la sentencia de violar, por la vía indirecta, con motivo de falta de aplicación, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo

noma que el juez ad quem escogió de manera correcta, entendiendo su significado y sin rebelarse contra él, pero no aplicando la consecuencia jurídica normativa a un hecho que si sucedió (contrato de trabajo entre las partes desde el 26 de febrero hasta el 14 de marzo de 2006), como efecto del mal manejo de los medios de convicción que acreditan la existencia de la situación factica. (cfr. Sentencia de 2 de octubre de 1969. Mag. Pon. Carlos Peláez Trujillo. Gaceta Judicial, tomo CXXXII, Nos. 23182330). Este yerro condujo a la Sala Laboral de Descongestión del Distrito Judicial de Cali a inaplicar los artículos 22 y 23 C.S.T. y a aplicar indebidamente los artículos 34 C.S.T., 2053 y 2060 inciso 1° y numeral 5° del Código Civil, conducta que la hizo dejar de aplicar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 63 y 1604 del Código Civil. Sostiene que el Tribunal incurrió en los siguientes errores evidentes de hecho: i) Se dio por demostrado, sin estarlo, que entre Luis Alberto Cuervo Vélez y la Congregación de Padres Redentoristas de Buga, existió un contrato de prestación de servicios profesionales entre el 26 de febrero y el 14 de marzo de 2006, fecha ésta en que el operario murió mientras desempeñaba la labor contratada.

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94 Radicación n. 66286 ii) Se dio por demostrado, sin estarlo, que entre el 26 de febrero y

el 14 de marzo de 2006, Luis Alberto Cuervo Vélez fue un contratista independiente al servicio de la Congregación de Padres Redentoristas de Buga. iii) Se dio por demostrado, sin estarlo, que el presunto contratista Luis Alberto Cuervo Vélez actuaba por cuenta propia, con absoluta autonomía y sin estar sometido a ninguna subordinación de la Congregación de Padres Redentoristas de Buga. iv) Se dio por demostrado, sin estarlo, que la Congregación de Padres Redentoristas de Buga, no estaba obligada a suministrar al presunto contratista Luis Alberto Cuervo Vélez, los elementos de protección y seguridad industrial requeridos para la labor de reparación de las torres y campanarios de la iglesia. v) Se dio por demostrado, sin estarlo, que la Congregación de Padres Redentoristas de Buga no estaba obligada a pagar la indemnización a que alude el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo por no haber existido contrato de trabajo entre la referida Congregación y el causante Luis Alberto Cuervo Vélez desde el 26 de febrero hasta el 14 de marzo de 2006. En la demostración del cargo, el censor comienza por transcribir un pasaje de la decisión de segundo grado y se refiere a cada uno de los artículos denunciados en la proposición jurídica,. resaltando los temas que, a su juicio, regulan tales disposiciones. Afirma que el ad quem «incurrió en los yerros referidos con motivo de error de hecho manifiesto en el tratamiento de algunas ‘pruebas calificadas" y de otras pruebas no calificadas, vicio de medio que la indujo a la lesión de las

normas sustanciales referidas», por «suposición de prueba en los contratos de prestación de servicios profesionales». Pasa a relacionar los contratos de prestación de servicios profesionales, así:

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Radicación n. 66286 Número | Fecha inicio Fecha Duración | Folio terminación 1 Mar. 1 de 2004 | Nov. 1 de 2004 8 meses | 19a21 2 Nov. 10 de 2004 | Nov. 20 de 2004 | 20 días 22a24 3 Nov. 22 de 2004 | Nov. 29 de 2004 | 7 días 25 a27 4 Dic. 6 de 2004 Dic. 20 de 2004 | 14 días |28a30 5 En. 11 de 2005 En. 15 de 2005 4 días 31a35 6 En. 17 de 2005 | En. 24 de 2005 7 dias 36 a 37 7 Feb. 8 de 2005 Feb. 21 de 2005 | 13 días 38ag39 8 Feb. 24 de 2005 | Mar. 14 de 2005 | 20 días | 40a 41 9 Abr. 7 de 2005 Abr. 15 de 2005 | 8 días 42 a 43 10 May. 17 de 2005 | Jun. 7 de 2005 20 dias 44 a 45 11 En. 7 de 2006 Feb. 25 de 2006 | 48 dias | 46 a 47 Indica que con «el andlisis de los elementos esenciales, naturales y accidentales de los once contratos atrds referidos, su duración y continuidad hasta el 25 de febrero de 2006 -con interrupciones más o menos largas-» el juez de segundo grado

incurrió en los errores de hecho denunciados «por suposición de prueba en los contratos de prestación de servicios profesionales». Afirma que los «errores de hecho por suposición de pruebas calificadas fueron tan graves», que llevaron al Tribunal a vulnerar las normas sustanciales denunciadas, yerros que de no haberse cometido hubieran llevado al acogimiento de las pretensiones de la demanda. Sostiene que «la conducta anómala del juez ad quem» fue de tal magnitud que cometió «otros errores de hecho, también manifiestos, en el tratamiento de algunas pruebas no calificadas en casación, pero si relevantes, consistentes en la «Preterición de prueba en cuanto a las declaraciones de terceros», en particular las de Oscar Castro, Rosario de las Mercedes Cifuentes Olaya, Gustavo Adolfo Cobo García, SCLAJPT-10 v.00 Radicación n. 66286 Leiner de Jesús Castaño García y María Elena Sabogal Beltrán como accionante. Transcribe un aparte de lo expuesto por cada una de esas personas en sus testimonios e interrogatorio de la actora, y aduce que los errores fueron los siguientes: Respecto al señor Oscar Castro en que «No dio por demostrado, estándolo, que Oscar Castro, testigo relevante para el juez ad quem, estuvo vinculado con la Congregación de Padres Redentoristas de Buga entre el año 2003 y el año 2005 realizando trabajos esporádicos, razón por la cual no le puede constar al testigo el vínculo contractual que existió entre Luis Alberto Cuervo Vélez y la referida Congregación, a partir del 26 de febrero de 2006». Frente a Rosario de las Mercedes Cifuentes Olaya, adujo

el impugnante que el error consistió en que «No dio por demostrado, estándolo, que el 14 de marzo de 2006 el causante Luis Alberto Cuervo estaba laborando al servicio de la Congregación de Padres Redentoristas de Buga, vale decir, que se encontraba en desarrollo del cumplimiento personal de un encargo de trabajo y que sufrió un accidente de trabajo» En relación a Gustavo Adolfo Cobo García, el yerro fue que «No dio por demostrado, estándolo, que el 14 de marzo de 2006 el causante Luis Alberto Cuervo Vélez estaba laborando al servicio de la Congregación de Padres Redentoristas, vale decir, que se encontraba en desarrollo del cumplimiento personal de un encargo de trabajo, que sufrió un accidente de 13

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Radicación n. 66286 trabajo y que en dicho accidente hubo culpa grave o por lo menos leve de la Congregación En torno al señor Leiner de Jesús Castaño García el error consistió en que «No dio por demostrado, estándolo, que el 14 de marzo de 2006 el causante Luis Alberto Cuervo Vélez estaba laborando al servicio de la Congregación de Padres Redentoristas de Buga, vale decir, que se encontraba en desarrollo del cumplimiento personal de un encargo de trabajo, que sufrió un accidente de trabajo y que en dicho accidente hubo culpa grave o por lo menos leve de la Congregación. Y en lo que respecta al interrogatorio de la demandante «María Elena Sabogal Beltrán, el error fue que «No dio por demostrado, estándolo, que la labor desarrollada por Luis Alberto Cuervo Vélez en favor de la Congregación de Padres

Redentoristas de Buga a partir del 26 de febrero hasta el 14 de marzo de 2006, fue continua, sometida a horario de trabajo regular y bajo subordinación». Agrega que el contrato de trabajo es un negocio jurídico bilateral, conmutativo y oneroso, de allí que son responsables de culpa leve, sin perjuicio de las disposiciones especiales, tal como lo tiene definido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Resalta que el contratante que desconozca sus obligaciones debe responder por los daños y perjuicios que su actitud culposa causa, de modo que el Tribunal «dejó de

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96 Radicación n. 66286 aplicar los artículos 22 y 23 C.S.T. pues al considerar que no existió contrato de trabajo, consecuencialmente inaplicó las normas legales en materia de obligaciones impuestas al empleador en particular los artículos 63 y 1604 del código civil y 216 del código sustantivo del trabajo, preceptos angulares en materia de responsabilidad», todo ello como consecuencia del «mal manejo de los medios de convicción que acreditan la existencia de la situación fáctica».

VII. CARGO SEGUNDO Se presenta así: [...] acuso la sentencia de violar, por la via directa, el artículo 83 de la Constitución Nacional y los artículos 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo así como el artículo 769 del Código Civil, por falta de aplicación, puesto que el sentenciador omitió aplicar a la cuestión de hecho juzgada las referidas cuatro normas como preceptos llamados a gobernarla, vale decir, no los hizo obrar siendo pertinentes al caso controvertido. Este yerro condujo al Sala

Laboral de Descongestión del Distrito Judicial de Cali a dejar de aplicar el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. En la demostración del cargo, el recurrente expone que el artículo 83 de la CN consagra el principio de la buena fe; que el artículo 55 CST obliga a las partes de la relación laboral a ejecutar el contrato con lealtad, rectitud, probidad y cumplir con las prestaciones que dimanan de su naturaleza, situación que le impone al empleador unas obligaciones de protección y seguridad frente al trabajador, que están consagradas en el artículo 56 ibídem Así mismo, sostiene que el artículo 769 del Código Civil, que es aplicable al asunto sub judice, también consagra la

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Radicación n. 66286 presunción de buena fe y dispone que «cuando no exista presunción contraria la mala fe deberá probarse», y que el artículo 216 del CST estatuye que cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios. Resalta que el juez de segundo grado «vulneró los derechos subjetivos de las demandantes» al no resarcir los daños y perjuicios con motivo del fatal accidente de trabajo sufrido por Luis Alberto Cuervo Vélez, además que «omitió aplicar [ue J la función creadora de la buena fe que hace surgir el derecho del hecho y la función modeladora de la buena fe en virtud de la cual se aplican convenientemente en cabeza del trabajador que obra con buena fe, los derechos subjetivos que le reconoce el ordenamiento».

Alude a las características del contrato de trabajo y resalta que este debe ejecutarse de buena fe, de allí que obliga no solo a lo que consta en el negocio suscrito por las partes, sino a todo lo que dimana de su naturaleza, tal como se estipula en el artículo 55 del CST. Expone que sobre el empleador recen obligaciones de protección y seguridad para con el trabajador, quien tiene derecho a que su situación se analice con criterio de favorabilidad en caso de duda frente a la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho y a que prime la realidad sobre las formas. SCLAJPT-10 V.00 7+ Radicación n. 66286 Pasa a referirse a la buena fe, resaltando que se debe actuar con lealtad, honestidad, probidad y la diligencia; y afirma que tal principio plantea a los jueces «un conflicto de intereses entre el titular del derecho subjetivo protegido por el ordenamiento y la persona para quien se genera el derecho con motivo de su actuación de buena fe. ¿A quién se debe proteger: al verdadero titular del derecho o al titular del derecho aparente?». Continúa diciendo que la buena fe es una regla de derecho que liga a las personas, que en el evento de desconocerse genera situaciones jurídicas que ponen en riesgo su patrimonio, pues su mala fe se castiga con una indemnización que dimana de un principio general del derecho. Dice que en el CST solo existe un artículo que «preconiza sobre la buena fe»; que en el CC hay pocas disposiciones que «discurren en general sobre el principio de buena fe»; y que «Parece que la buena fe de considerase más como un principio de moral que como un mandato constitucional, aunque la

jurisprudencia lo ha aceptado como verdadera fuente generadora de obligaciones». Aduce que la ley colombiana no define la buena fe, de allí que pasa a transcribir algunas definiciones, para lo cual cita a diferentes tratadistas, tales como: Marcel Planiol, Ernesto Eduardo Burga y Arturo Acuña Anzorena. Hace mención al origen y desarrollo de la buena fe, y pasa a exponer en que consiste la «buena fe simple», la «buena fe —

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Radicación n. 66286 creencia», la buena fe -lealtad», «la buena fe exenta de culpa», «la buena fe con diligencia». Así mismo, resalta las cualidades de la buena fe, mismas que consisten en «a) se debe basar en hechos ciertos y reales; b) debe existir al tiempo de la celebración del negocio jurídico; c) debe permanecer durante la ejecución del contrato y d) debe estar exenta de culpa. Sin estas cualidades la buena fe no es generadora de derechos»; e indica cuales son las funciones de la buena fe, para lo cual cita en extenso lo dicho por el Dr. Eduardo Zuleta Ángel en sentencia del 20 de mayo de 1936. A partir de dicha decisión, colige que la buena fe tiene tres funciones, las cuales son: creadora, adaptadora y de protección legal. Finalmente se refiere «a la buena fe y el conflicto de intereses entre el verdadero titular del derecho y el titular aparente del derecho» y a la presunción de buena y mala fe.

VIII. LA RÉPLICA El opositor se refirió de forma conjunta a los cargos, y sostuvo que no se cometió error alguno por parte del

Tribunal, pues este, a partir del estudio. acertado de las pruebas del proceso, coligió que estaba desvirtuada la presunción establecida en el artículo 24 del CST. Agregó que es claro que el señor Cuervo Vélez era un

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10 Radicación n. 66286 contratista independiente, quien realizó unas actividades ajenas al objeto de la demandada, de allí que las súplicas de la parte accionante no pueden prosperar.

IX. CONSIDERACIONES La Sala comienza por recordar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y rigurosa, que de no cumplirse conlleva que el recurso extraordinario resulte inestimable imposibilitando el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el Tribunal de apelaciones, al dictarla, observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicarlas para rectamente dirimir el conflicto. Visto lo anterior, encuentra la Corte que el planteamiento y desarrollo de los cargos contienen algunas deficiencias de orden técnico, que comprometen su

prosperidad.

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1. El numeral 4° del artículo 90 del CPTSS, establece quel a demanda debe contener «la declaración del alcance de la impugnación», que como lo ha adoctrinado la Corte, constituye la delimitación del ámbito de su actuación y consiste en la indicación de lo que se debe casar; es decir, la parte de la sentencia acusada que ha de quebrarse, o la totalidad de la misma, conforme a las circunstancias del caso; hecho ello, la censura debe explicarle a la Sala cuál es la actividad de la Corte en sede de instancia, esto es, señalar si el fallo de primer grado debe confirmarse, revocarse o modificarse, y en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como reemplazo.

En ese contexto, es evidente que el alcance de la impugnación en el sub examine resulta deficiente, pues el recurrente no le indica a la Corte cuál debe ser su labor como tribunal de instancia frente a la sentencia del a quo, toda vez que no dice si revocarla, modificarla o confirmarla. Ahora, si por el sentido de la decisión acusada la Sala entendiera que lo que pretende el censor es que se confirme el fallo condenatorio del a quo, de nada serviría, porque existen otras deficiencias que hacen imposible el estudio de fondo requerido.

2. En el primer cargo dirigido por la vía indirecta se alude a la «falta de aplicación» del artículo 24 del CST, como submotivo de violación de la ley. Al respecto, recuerda la Sala, que por regla general la modalidad propia de la senda

de los hechos es la aplicación indebida y si bien se ha admitido que se utilice l