CSJ - SL324-2023

República de Colombia Cede Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Sala de Dosconoostion N. JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistrada ponente SL324-2023 Radicación n.° 91957 Acta 6 Bogotá D.C., primero (1) de marzo de dos mil veintitrés (2023). La Sala decide los recursos de casación interpuestos por ECOPETROL SA, y FABIO MARTÍNEZ GARZÓN, contra la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2019, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, en el proceso que ECOPETROL SA, adelantó contra

FABIO MARTÍNEZ GARZÓN, LUZ MÓNICA RICAURTE

GONZÁLEZ, CONSUELO MARGARITA ALDANA CORTÉS y

ESPERANZA MÁRQUEZ MANOSALVA.

I. ANTECEDENTES Ecopetrol SA, llamó a juicio a Fabio Martínez Garzón, Luz Mónica Ricaurte González, Consuelo Margarita Aldana Cortés y Esperanza Márquez Manosalya (f.°2 a 10), para que se declarara que «recibieron las siguientes sumas de dinero como consecuencia delf allo de tutela proferido por el Juzgado

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Radicación n.°91957 Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena»; y en consecuencia, debían ser condenados a reintegrarle, los siguientes montos: Fabio Martínez Garzón $171.490.695; Luz Mónica Ricaurte González $125.003.493; Consuelo

Margarita Aldana $213.232.682; y Esperanza Márquez Manosalva $113.947.658. Así mismo, pidió: «Se ordene que las anteriores sumas de dinero en virtud del fallo de segunda instancia proferido por la Sala Quinta de Decisión número 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 18 de junio de 2010, sean pagadas en forma indexada», junto con los intereses correspondientes, liquidados desde el 18 de junio de 2010, hasta el momento del pago; y las costas. Como fundamento de las pretensiones, expuso que los demandados interpusieron acción de tutela, con sustento en que habían recibido ((un trato diferencial injustificado y subjetivo en materia salarial que afectó las condiciones dignas y justas en el trabajo», por lo que en la acción de amparo elevaron como pretensiones que se «procediera a reconocer y pagar de la misma forma y con la misma incidencia salarial que aplicaba a los trabajadores directivos que no se jubilaban con la empresa y /0 no tenían retroactividad de cesantías, el ingreso monetario fijado en virtud de la política de compensación salarial», y que se incluyera el estimulo al ahorro, con la consecuencial reliquidación de prestaciones sociales, junto con el retroactivo causado.

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Radicación n.°91957 Relató que en primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena concedió el amparo solicitado, consecuencialmente le ordenó que en el término de 48 horas «pagara de la misma forma y con la misma incidencia salarial, el incentivo al ahorro, a todos los

accionantes, efectuando la correspondiente reliquidación con incidencia en el salario y demás prestaciones sociales (...)», junto con la retroactividad correspondiente. Adujo que, en acatamiento del fallo, sufragó a cada demandado las sumas referidas en las pretensiones. Apuntó que, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar, profirió fallo el 18 de junio de 2010, en el que revocó el amparo y declaró improcedente la acción de tutela, sin embargo «A la fecha, los hoy demandados, no han reembolsado los dineros que recibieron como consecuencia de la acción de tutela mencionada», no obstante que las causas que le dieron origen a los pagos desaparecieron y los dineros de Ecopetrol eran dineros públicos. Fabio Martínez Garzón, al contestar la demanda (f.°136 a 144), se opuso a las pretensiones. De los hechos aceptó: la presentación de la acción de tutela, que en primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, concedió el amparo deprecado, en virtud del cual concedió 48 horas para que Ecopetrol diera cumplimiento a la sentencia; y que en segunda instancia, la anterior decisión fue revocada.

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Radicación n.°91957 En su defensa, arguyó que, no se podía declarar que había recibido la suma que afirmaba Ecopetrol, pues, «los pagos que se hubieren realizado se efectuaron a través del apoderado del momento de mi representado, sin que me conste el valor referido», unido a que el fallo de tutela emitido

en segunda instancia «no desvirtuó la existencia de la vulneración de los derechos fundamentales, lo que para el presente caso es la verdadera causa del pago». Subraya que la «suma que le hubiere llegado al ex trabajador», era consecuencia de la orden de tutela que se encontraba vigente al momento de ser recibida. Propuso como excepción previa la de pleito pendiente; y de mérito, la de prescripción y las que denominó: cobro de lo no debido y buena fe. Luz Mónica Ricaurte González, al dar respuesta al libelo gestor (f.°254 a 266), se resistió a las peticiones de Ecopetrol SA. Del sustento fáctico aceptó: las pretensiones que formuló en la acción de tutela; que requirió que el estímulo al ahorro fuera incluido como factor de salario; le fue concedido en primera instancia el amparo deprecado, pero aclara que fue en un fallo de un Juez Laboral de Cíicuta; Ecopetrol cumplió la orden del a quo; y que no devolvió el dinero, dado que ninguna autoridad judicial lo ordenó. Expone que no hizo parte de la acción de tutela que enuncia la parte demandante, toda vez, que la sentencia que amparó sus derechos fue emitida por un juez laboral de Cíicuta, además las sumas que le sufragaron, no

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Radicación n.°91957 corresponden a las que reclama Ecopetrol y las certificaciones emitidas por esta empresa no constituyen prueba. Propuso como excepciones de mérito: prescripción, cosa juzgada, pleito pendiente, cobro de lo no debido, falta de

legitimación por pasiva, buena fe y falta de causa petendi. Consuelo Margarita Aldana Cortés y Esperanza Márquez Manosalva, en escrito conjunto contestaron el libelo gestor (f.°298 a 308). Expresaron oposición a las pretensiones y del sustento fáctico asintieron: el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena concedió el amparo de sus derechos fundamentales; Ecopetrol SA, dio cumplimiento al fallo; y el Tribunal Administrativo de Bolívar, revocó la sentencia de tutela de primer grado que había accedido a las peticiones. Argumentaron que las certificaciones adosadas al plenario y que expide el «LIDER DEL GRUPO DE GESTIÓN MAESTRA DE DATOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE PERSONAL DE ECOPETROL (...) no indica las fechas desde cuándo deben el dinero», ni cuándo les fue entregado. Refieren que los fallos de tutela que anexa la accionante, carecen de autenticidad. Enunciaron como excepciones previas la de prescripción y pleito pendiente; de mérito, la de prescripción y las que llamó: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, y buena fe.

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Radicación n.°91957 En otro escrito, Consuelo Margarita Aldana y Esperanza Márquez Manosalva, presentaron demanda de reconvención (f.°312 a 317, subsanada a f.°341 a 347), en la que solicitaron, entre otras cosas, que se declarara que Ecopetrol SA., a partir del 31 de julio de 2012, sin orden judicial, les rebajó la

mesada pensional, por ende, les adeudaba la diferencia correspondiente. Consecuencialmente reclamaron, que la compañía fuera condenada a: restablecer el monto de la mesada pensional a partir de la fecha de la reducción; pagar el retroactivo adeudado, debidamente indexado; los incrementos legales y convencionales; los intereses; y las costas. Como sustento fáctico, para el caso de Consuelo Margarita Aldana Cortés, explicó que «a junio 30 de 2012», Ecopetrol le pagaba como mesada pensional una suma de $6.211.000, y sin explicación alguna, de manera unilateral, la empresa la redujo «a partir de julio 31 de 2012» y quedó en un monto de $4.013.900. En lo atinente a Esperanza Márquez Manosalva, dijo que «a junio 30 de 2012», la estatal petrolera le pagaba como mesada pensional la suma de $4.668.100, pero unilateralmente, sin motivo alguno, le fue disminuida «a partir del julio 31 de 2012», a la suma de $3.623.400. Ecopetrol SA, en la respuesta a la demanda de reconvención (f.°373 a 387), se opuso a las peticiones. En cuanto al fundamento fáctico, asintió que reconoció «pensión plena de jubilación» a las dos demandantes.

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Radicación n.°91957 Argumentó a su favor que las trabajadoras inicialmente se vieron favorecidas por sendos fallos de tutela, que condujeron a efectuar pagos a su favor e incrementar las

mesadas pensionales, pero «Las causas que dieron origen a los pagos realizados y a los incrementos de los montos de las mesadas pensionales de las aquí demandantes desaparecieron, de acuerdo con la sentencia de la Sala de Decisión número 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar y con la sentencia de la Corte Constitucional», esta última con radicado CC T-536-2011. Planteó como excepciones de mérito, la de compensación y las que llamó: inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. Ecopetrol SA., radicó escrito de reforma a la demanda, en el que precisó las pretensiones declarativas y condenatorias, para que se declarara que el dinero recibido fue «consecuencia del fallo de tutela proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena el día 10 de mayo de 2010 (...) y el fallo de tutela proferido el día 11 de agosto de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de San José de Cúcuta», este último revocado parcialmente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta el 9 de septiembre de 2010. Consecuencialmente requirió, que los demandados, fueran condenados a «pagar a Ecopetrol», las sumas que listó en el escrito de demanda inicial, como consecuencia de lo decidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 18 de junio de 2010 y la Corte Constitucional en fallo CC T-536-2011.

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Radicación n.°91957 En armonía con lo precedente, en los hechos precisó

que, en fallo del 18 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la sentencia del 10 de mayo de 2010, que había sido emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena. Así mismo, refirió que el fallo de tutela proferido el 9 de septiembre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cticuta, fue revocado por la Corte Constitucional en sentencia CC T-536-2011, en la que, en la parte resolutiva, dispuso «ADVERTIR a ECOPETROL SA, que puede iniciar las acciones judiciales conducentes con el fin de recuperar los dineros que hubiera pagado en virtud de los fallos que ahora se revocan». El Juez a cargo, en proveído del 4 de septiembre de 2015, tuvo por no contestada la reforma de la demanda (f.°372). En él, mencionó que, aunque Fabio Martínez Garzón, radicó un escrito de respuesta, fue extemporáneo.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá DC, concluyó el trámite y emitió fallo el 28 de mayo de 2019,( CD. anexo a contraportada cuaderno principal), en el que decidió: PRIMERO: DECLARAR que la deuda a cargo de cada uno de los demandados es la siguiente: a) A cargo de Fabio Martínez Garzón $58.375.907. b) A cargo de Luz Mónica Ricaurte González $55.755.841. c) A cargo de Consuelo Margarita Aldana Cortés, $81.049.893.

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Radicación n.°91957

SEGUNDO: CONDENAR a Fabio Martínez Garzón, a pagar a Ecopetrol SA., la suma de $58.375.907, suma que deberá ser indexada teniendo en cuenta como IPC inicial el de julio de 2011 y como IPC final el del mes anterior a que se efectúe su pago.

TERCERO: CONDENAR a Luz Mónica Ricaurte González a pagar a ECOPETROL SA., la suma de $55.755.841, suma que deberá ser indexada teniendo en cuenta como IPC inicial el de julio de 2011 y como IPC final el del mes anterior a que se efectúe el pago.

CUARTO: CONDENAR a Consuelo Margarita Aldana Cortés a pagar a ECOPETROL SA., la suma de $81.049.893, suma que deberá ser indexada teniendo en cuenta como IPC inicial el de julio de 2011 y como IPC final el del mes anterior a que se efectúe su pago.

QUINTO: ABSOLVER a los demandados de la pretensión de intereses moratorios, por lo que se DECLARA PARCIALMENTE PROBADA la excepción de cobro de lo no debido respecto de esta pretensión.

SEXTO: COSTAS de la demanda principal, a cargo de los demandados (..).

SÉPTIMO: ABSOLVER a ECOPETROL SA, de todas y cada una de las pretensiones de la demanda de reconvención, interpuestas

por Consuelo Margarita Aldana Cortés.

OCTAVO: COSTAS de la demanda de reconvención a cargo de

Consuelo Margarita Aldana Cortés (...).

NOVENO: En caso que este fallo no fuera apelado, CONSÚLTESE con el superior.

Disconformes, Ecopetrol SA, Fabio Martínez Garzón, Luz Mónica Ricaurte González y Consuelo Margarita Aldana Cortés apelaron.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para resolver los recursos, la Sala Laboral del Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Bogotá DC, profirió fallo el

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Radicación n.°91957 13 de noviembre de 2019 (CD anexo a la contraportada del cuaderno de instancia), en el que decidió: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero literal A de la parte resolutiva de la sentencia proferida, el cual quedará así: a) A cargo de Fabio Martínez Garzón $171.490.695.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada, según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de los demandados y a favor de la entidad demandante.

En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el fallador dejó fuera de discusión, que el Juzgado Tercero Laboral de Cúcuta, mediante sentencia del 10 de agosto de 2010, tuteló los derechos de los hoy demandados; esta decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en fallo del 9 de septiembre de la misma anualidad. Relató que la Corte Constitucional, en fallo CC T-5362011, dejó sin efectos el aludido amparo y en el numeral 3, dispuso: «ADVERTIR a Ecopetrol (...) que puede iniciar las acciones conducentes con el fin de recuperar los dineros que

hubiera pagado en virtud de los fallos que ahora son revocados». (f.°239 a 252) Enunció que según la empresa, en cumplimiento de los fallos de tutela pagó a Fabio Martínez la suma de $171.490.695; a Consuelo Aldana Cortés $213.232.682, a (...)., y para probar su dicho, da entidad demandante expide 10

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Radicación n.°91957 con fecha 24 abril del 2014 unas certificaciones con firma del Líder del Grupo de Gestión de Datos de Personal en la que se consignan las anteriores sumas» (f.°44 a 46). Mencionó que para la demostración de lo pagado a los demandados, no existía limitación probatoria alguna, pero no se podía aceptar como cierta e indiscutible la manifestación de voluntad de la entidad demandante plasmada en las certificaciones emitidas por la misma compañía, dado que a ninguna parte le era posible fabricar su propia prueba. Agregó que aunque «es cierto el documento puede partir de un empleado público y con ello se pregona su autenticidad, la autenticidad tiene que ver es quién es el autor más no que sea cierto lo que ahí está señalado y lo que realmente resulta ser una negación indefinida resulta ser el hecho de que los codemandados indican que no recibieron», por lo que «esa negación indefinida, exenta de prueba, quién alega un pago debe probarlo, de manera que acertó el juez de instancia en dejar sin validez probatoria las certificaciones obrantes a los folios 44 a 46», además, consideró que los certificados no tenían precisión, pues no los halló «sustentados en consignaciones transacciones, recibos de pago o prueba

alguna que logre demostrar que los mayores valores allí indicadosf ueron recibidos satisfacción por los trabajadores». A continuación, apuntó: Pese a lo anterior, tenemos que existe una situación y es aquella relativa que los convocados ajuicio estuvieron representados por abogados en ejercicio, aquel que agenció los intereses del señor

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Radicación n.°91957 Fabio Martínez Garzón en la contestación de la demanda afirmó que su agenciado sí recibió la suma narrada, pero en razón de una sentencia de tutela que lo hacía pregonarse como beneficiario de buena fe. (folio 136 a 137, luego en el folio 362, en reforma de la demanda). Anotó que «solo con relación a Fabio Martínez Garzón, quien aceptó haber recibido la suma y será modificada la sentencia para indicar que debe cancelar el valor de $171.490.695 no así con respecto a la Señora Consuelo Aldana Cortés y Luz Mónica Ricaurte». A continuación, argumentó que, como el fallo de la Corte Constitucional, revocó el amparo y dispuso que Ecopetrol podía iniciar las acciones para recuperar los dineros, ello implicaba que la «causa que da origen al pago desapareció, situación que trajo consigo la pérdida del motivo que generó esa suma dineraria que había sido reconocida por parte de la actora af avor de los demandados». Indicó que no tenía incidencia que hubieran recibido de buena fe, pues la protección fue revocada, «dado que la procedencia del estímulo al ahorro como factor social a favor de los demandados es un aspecto que debía ser debatido

dentro de un proceso ordinario». Mencionó que, en este escenario, «procede por supuesto esa acción de enriquecimiento sin causa» y citó que estaban dados los requisitos para la misma, que a la luz de la jurisprudencia civil, eran: (i) que ocurra el enriquecimiento o aumento de un patrimonio; (ii) el empobrecimiento correlativo de otro patrimonio; (iii) dicha situación no tenga un fundamento

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Radicación n.°91957 jurídico válido; y (iv) tal situación no haya sido provocada por el mismo empobrecido. En el sub examine, halló probados estos requisitos, lo que condujo a confirmar las sentencias de primer nivel, con excepción de lo correspondiente al encartado Fabio Martínez Garzón.

IV. RECURSOS DE CASACIÓN Fue interpuesto y concedido a favor de Ecopetrol SA, Fabio Martínez Garzón, y Consuelo Margarita Aldana Cortés; admitidos por esta Corporación, pero solo fueron sustentados en tiempo, por los dos primeros, que se estudiarán a continuación, iniciando por el del demandado.

V. RECURSO DE CASACIÓN DE FABIO MARTÍNEZ

GARZÓN

VI. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Solicita la casación parcial del fallo del Tribunal, en lo que corresponde a la condena en su contra, «en cuanto MODIFICÓ, AUMENTANDO, la sentencia CONDENATORIA al mismo demandado, proferida por el Juzgado Quinto laboral del Circuito de Bogotá (...)», y en sede de instancia, se revoque el fallo de primer nivel y se le absuelva de todas las

pretensiones.

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Radicación n.°91957 Con el anterior propósito, presenta 2 cargos que recibieron réplica de Ecopetrol SA y enseguida se resuelven, en conjunto dada su identidad de propósito.

VII. CARGO PRIMERO Por la vía indirecta, acusa aplicación indebida de los artículos 4, 8 y 48 de la Ley 53 de 1887, 1524 del CC, y por la violación medio de los artículos 145 del CPTSS y 191 del

CGP. Como causa eficiente de la violación, lista los siguientes yerros: 1.- Haber dado por probado, sin estarlo que, en la contestación de la demanda admite que FABIO MNARTINEZ (sic) GARZÓN, recibió de Ecopetrol SA., la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL (sic) MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($171.490.695). 2.- Haber dado por demostrado sin estarlo, que el demandante se ENRIQUECIÓ con la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL

(sic) MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y CINCO PESOS ($171.490.695).

Enuncia como piezas procesales mal valoradas: demanda inicial y reforma, «y de sus contestaciones, en particular lo que atañe a los hechos noveno y décimo de la primera, y diez y ocho y diez y nueve de la segunda, y las oposiciones a las pretensiones contenidas en las mismas» (f.°122 y 188). Dice que para determinar si debía devolver cierto valor

a Ecopetrol, el tribunal se sustentó en prueba única,

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Radicación n.°91957 consistente en confesión contenida en la contestación a la demanda. Para corroborar lo precedente cita tres párrafos del fallo y anota: El error es absolutamente palmario. No solo indica que el Tribunal no leyó en su conjunto las contestaciones a la demanda y a la reforma de la misma, en la que el demandado deja por fuera de controversia el que se hubieren hecho pagos por la orden de tutela a su apoderado del momento. La admisión de que hubo un dinero que se entregó se hizo bajo condiciones que son importantes para la reclamación: i) que el demandado no recibió el dinero; ii) que el demandado no puede establecer el valor exacto de lo recibido; iii) que quien lo recibió fue el apoderado suyo en ese momento; y iv) que el valor traferido (sic) por el apoderado al demandado fue el que este determinó, descontando impuestos, honorarios y costas judiciales. Asevera que bajo el anterior contexto, se deben entender las respuestas dadas a los hechos 9 y 10, de la demanda y 19 de la reforma de la demanda. Transcribe los aludidos hechos y las respuestas, y dice que «cuyo texto es suficientemente solvente para concluir que la CONFESIÓN por apoderado no establece valor ninguno para el valor recibido». Transcribe los hechos que enuncia y las respuestas que dio, así: HECHO NOVENO DE LA DEMANDA Dando cumplimiento a dicho fallo de tutela ECOPETROL SA procedió a efectuar los pagos respectivos a los aquí demandados.

CONTESTACIÓN AL HECHO NOVENO No es cierto como está dicho. Los pagos que se hubieran realizado se efectuaron a través del apoderado del momento de mi representado.

HECHO DÉCIMO DE LA DEMANDA

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Radicación n.°91957 Como consecuencia de ello canceló las siguientes sumas de dinero: FABIO MARTÍNEZ GARZÓN: $171.490.695 (...). Lo anteriormente expuesto, tal como consta en las certificaciones expedidas por parte del Líder del Grupo de Gestión maestra de datos de personal de la Unidad de servicios (...) de Ecopetrol SA. CONTESTACIÓN AL HECHO DÉCIMO DE LA DEMANDA No me consta. Aclaro. Los pagos que se hubieren realizado se efectuaron a través del apoderado del momento de mi representado, sin que me conste el valor referido. Así mismo, la certificación expedida por parte del Líder del Grupo de Gestión Maestra de datos de Personal de la Unidad de Servicios Compartidos (...) de Ecopetrol SA., hace referencia a una constancia expedida por la misma empresa. HECHO DIEZ Y OCHO DE REFORMA DE LA DEMANDA Dando cumplimiento a dicho fallo de tutela, ECOPETROL SA procedió a efectuar los pagos respectivos a los aquí demandados. RESPUESTA AL HECHO DIEZ Y OCHO DE LA DEMANDA (sic) Como consecuencia de ello canceló las siguientes umas (sic) de dinero: FABIO MARTÍNEZ GARZÓN: $171.490.695 (...). CONTESTACIÓN AL HECHO DIEZ Y NUEVE [DE] LA REFORMA DE LA DEMANDA: No me consta. Aclaro. Los pagos que se hubieren realizado se

efectuaron a través del apoderado del momento de mi representado, sin que me conste el valor referido. Así mismo la certificación expedida por parte del líder del Grupo de Gestión (...) de Ecopetrol SA., hace referencia una constancia expedida por la misma empresa. Asevera que de lo transcrito, se advierte que o lejos está de haber admitido que (...) sí recibió la suma narrada. Todo lo contrario. Es repetitiva e insistente la respuesta a que no se tenía conocimiento de una suma específica, un monto determinado, del dinero pagado pro (sic) concepto de tutela». En concordancia con lo atrás mencionado, describe que el

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Radicación n.°91957 reclamo de la compañía se sustenta en que lo entregado fue recibido directamente por el demandado y que era un monto de $171.490.695, pero ninguna de esas hipótesis está comprobada, ni siquiera la consignación al apoderado. Procede a sustentar el «ERROR 2 SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO DEL DEMANDADO». describe que se trata de una (figura jurisprudencial», con sustento en los artículos 4, 8 y 48 de la Ley 153 de 1887. Manifiesta que, si se admitiera, en gracia de discusión, que las controversias entre un empleador y su trabajador, pueden ser dilucidadas a la luz del enriquecimiento sin causa, así admitido, el Tribunal omitió que debía determinar el valor en el que se enriqueció el demandado y asimilarlo a la disminución del patrimonio del accionante. Arguye que, la empresa pudo haber efectuado un pago directo al trabajador a través del sistema de nómina,

pero seleccionó el «camino que no ha resultado tan transparente», por lo que esa torpeza debe asumirla la compañía. Dice que el juez de segundo nivel, sin dar razón se eximió de dilucidar si el dinero fue recibido o no directamente por él, pero dio por supuesto que enriquecimiento es igual a empobrecimiento y que era lo mismo que el asalariado recibiera directamente o a través de terceros. Relieva que para el caso del enriquecimiento sin causa, como lo ha enseriado la doctrina «su cuantía no se mide precisamente por esa pérdida, sino por el incremento patrimonial que experimenta la otra parte», por ende, incurrió el fallador en una aplicación indebida de las normas acusadas de la Ley

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Radicación n.°91957 153 de 1987 (sic) cuando dispone que se pague a la accionante una suma que tasa como si fuera una indemnización para recomponer el empobrecimiento, sin preocuparse por estimar cuánto fue el dinero que ingresó al encartado. Menciona que el ad quem, hizo caso omiso sobre lo dicho en la contestación de la demanda sobre los honorarios descontados, los impuestos bancarios, descuentos legales, «practicados por quien recibió el dinero de Ecopetrolo. Al finalizar el cargo, afirma: «El esquema de argumentación del Tribunal es prueba suficiente de la violación de la ley», pues le bastó determinar el empobrecimiento de la compañia, pero se abstuvo de toda consideración y estimación sobre la suma con la que se enriqueció la parte pasiva.

VIII. RÉPLICA

Ecopetrol SA., considera que el apoderado del demandado, al contestar la demanda, especialmente al oponerse a la primera pretensión, sí emitió la confesión que encontró el ad quem, pues dijo que «Me opongo a que se haga una declaración de la suma recibida directamente por el ex trabajador. Esta aunque fue recibida en su nombre se vio afectada por los honorarios de abogado y costos judiciales de la acción de tutela».

IX. CARGO SEGUNDO Por la vía directa, acusa interpretación errónea de los

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Radicación n.°91957 artículos 4, 8 y 48 de la Ley 53 de 1887 8 (sic) y del artículo 1524 (sic). Asevera que el Tribunal incurrió en interpretación errónea cuando señaló: En el asunto de marras procede por supuesto esa acción de enriquecimiento sin causa la cual con fundamento en reiterada jurisprudencia de la sala de Casación Civil del (sic) honorable Corte Suprema constituye un medio extraordinario y excepcional que inspirado en el principio de equidad apunta a evitar que se consolide un desequilibrio patrimonial que carece de justificación o fundamento legal (...). Así las cosas, sobre la acción en mención los dolores (...) ustedes pueden consultar sobre ese particular el radicado (...) con ponencia del consejero ponente (...) ha señalado la procedencia de la misma cuando se presentan los siguientes elementos (...). Pregunta si «Existe ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA cuando a un trabajador le paga EL EMPELADOR, sin fundamento, una nivelación salarial o prestacional?». Luego expone que, de acuerdo con la esencia del proceso, "Es

accidental» la acción de amparo, y «desaparecida la tutela que ordenó el reajuste, los pagos efectuados no resultaban más que errores en la liquidación laboral, de los que no se puede

predicar ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA».

Menciona que no puede plantearse un enriquecimiento sin causa «Cuando la causa está identificada, es una verdadera contradicción lógica». Alega que, en este proceso, la demandante es la empresa, los demandados trabajadores, y el contenido de las reclamaciones son acreencias laborales, lo que supone que existe una relación jurídica laboral que

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Radicación n.°91957 excluye la posibilidad del enriquecimiento sin causa. Anota que dentro de las condiciones para la acción in remverso, se halla que exista enriquecimiento de un patrimonio a expensas de otro e inexistencia de vínculo jurídico, así como error en la entrega de la cosa. Para concluir, recuerda que la acción in remverso, solo es subsidiaria, opera cuando no exista otro remedio judicial y enuncia que a la parte actora podría oponérsele el «nemo allegans propiam turpitudinem».

X. RÉPLICA Ecopetrol SA., expone que sí existe enriquecimiento sin causa, pues «el pago que Ecopetrol SA., se vió compelido a realizar tuvo como causa un fallo de tutela, cuya revocatoria implicó la desaparición de tal causa».

XI. CONSIDERACIONES Para la situación del recurrente, el argumento central de la decisión de segundo nivel, se concreta en que encontró que su apoderado, confesó en la contestación a la demanda

y su reforma, que con ocasión a fallos de tutela que fueron revocados, su cliente sí había recibido $171.490.695. Una vez llegó a esta conclusión, construyó la estructura argumentativa a partir del enriquecimiento sin causa, para fundar la obligación de devolver ese dinero. En los cargos, especialmente el primero, se ataca la premisa esencial de la sentencia, porque el recurrente remite

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Radicación n.°91957 a la demanda y la contestación, con apoyo en las cuales expone que no confesó que hubiera recibido ese monto de dinero. Especialmente remite a que se analice lo dicho frente a los hechos noveno, y décimo de la demanda; dieciocho y diecinueve de la reforma a la demanda. En lo atinente el sentenciador plural, expresó: Pese a lo anterior, tenemos que existe una situación y es aquella relativa que los convocados a juicio estuvieron representados por abogados en ejercicio, aquel que agenció los intereses del señor Fabio Martínez Garzón en la contestación de la demanda afirmó que su agenciado sí recibió la suma narrada, pero en razón de una sentencia de tutela que lo hacía pregonarse como beneficiario de buena fe. (folio 136 a 137, y 362 de la reforma de la demanda). Como lo manifiesta el recurre