CSJ - SL3322-2019

República de Colombia cuSnuep rdeeJm uas ticia SadleCaa saLcaibóonr al SadleDa e sconNg:2e stión CECILIA MARGARITA DURÁN UJUETA Magistrada ponente SL3322-2019 Radicación n. 73897 º Acta 28 Bogotá, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por VÍCTOR ENRIQUE CORTÉS SERRANO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el tres (3) de septiembre de dos mil quince (2015), en el proceso que instauró contra el SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE SENA.

l. ANTECEDENTES

VÍCTOR ENRIQUE CORTÉS SERRANO llamó a JUICIO al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido con el demandado, desde el 1 º de junio de 2009; que es beneficiario de la convención colectiva

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Radicación n. º 73897 suscrita entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJESENAy el Sindicato de Trabajadores Oficiales del SenaSINTRASENAy que se debe favorecer de la prima de localización, desde el 1 º de junio de 2009, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 8º de los Decretos 1014 de 1978 y 415 de 1979, respectivamente, «teniendo en

cuenta la cláusula de mayor fa vorecimiento», establecida en el artículo 82 de la CCT 2003-2004. En consecuencia, pidió que se condenara a reliquidar la prima de localización, desde el 1 ° de junio de 2009, de conformidad con lo establecido en los artículos 8º y 20 de los Decretos 415 de 1979 y 1014 de 1978, respectivamente, y, con fundamento en aquellas, actualizar los salarios, las cesantías, intereses a las mismas; primas de servicios, de localización, de navidad, de vacaciones, la bonificación de antigüedad, ellas de carácter legal y extralegal; los recargos dominicales y festivos, horas extras, trabajo suplementario, los aportes a la seguridad social integral, desde la fecha antes citada, debidamente indexados y la indemnización moratoria Fundamentó sus peticiones en que, desde el 1 de º junio de 2009, laboró para la accionada como trabajador oficial y es beneficiario de la convención colectiva de trabajo con vigencia de 1 º de enero de 2003; que la cláusula 82 de la CCT 2003-2004, previó que cuando los salarios y demás acreencias laborales, que se reconocieran a los empleados públicos de la entidad, sean más favorables que las reconocidas a los trabajadores oficiales, se les debería 2 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 73897 realizar « y que la mencionada eli ncremernetsop ectivo» cláusula reza lo siguiente: o [.. .} En caso de que el Ejecutivo, el Congreso el SENA decreten

o alza de los salarios, establezcan incrementen cualquier prestación social a favor de los empleados al servicio del SENA, la entidad aumentará éstos en la diferencia porcentual que se presente a favor de los trabajadores oficiales siempre y cuando que los aumentos pactados para la vigencia de la presente Convención Colectiva, sean inferiores a los decretados por el Gobierno para el mismo año. Aseguró, que la demandada no aplicó dicha cláusula, porque los empleados públicos reciben un incremento anual del 20 % de la asignación básica mensual en la prima de localización, conforme lo establecía el artículo 8º del Decreto 415 de 1979, mientras que a los trabajadores oficiales se les reconoce 8. 5 días de salario mínimo legal vigente, según el artículo 92 de la CCT. Además, informó lo que se le canceló a él y a Jorge Luis García Ramirez (empleado público), por dicho concepto -pnma de localizacióny pidió el reconocimiento de dicha prestación, que se negó el 4 de enero de 2013 (f.º 104 a 118, cuaderno principal). Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el extremo inicial laboral, la calidad de beneficiario de la convención colectiva de trabajo, el incremento anual de la pnma de localización de trabajadores oficiales correspondiente a 8. 5 días de salario mínimo legal vigente, lo que devengó el actor en los años 2012, 2013, y 2014, por concepto de asignación mensual,

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auxilio de transporte, subsidio de alimentación y prima de localización, así como que presentó reclamación. De los demás, sostuvo que no eran ciertos o no le constaban. Argumentó, que no es cierto que, conforme a la cláusula de mayor favorecimiento, se pueda dar aplicación automática de las normas de empleados públicos a los trabajadores oficiales, sino que está sujeto a que se decrete el alza en los salarios y prestaciones en favor de los primeros, de tal manera que resulten superiores a los que se pactaron en la convención colectiva para ese año. Por ello, adujo que en el no se encuadran las subl ite condiciones normativas mencionadas, habida cuenta que, desde el 25 de marzo de 2003, que entró en vigencia lo acordado entre la organización sindical y el SENA, no se ha decretado alza o modificación en la prima de localización para los empleados públicos; que la referida acreenc1a laboral no es un factor constitutivo de salario, dado que estos se encuentran establecidos en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978 y que la norma convencional referida, es clara al establecer los requisitos para su aplicación, de manera que no hay duda sobre la forma en que deba ser interpretada. En su defensa, propuso como excepciones de mérito, las de cobro de lo no debido, prescripción y buena fe (f.º 167 a 178, ibídem).

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11.S ENTENCIDAE P RIMERAI NSTANCIA

El Juzgado Veintinueve Laboral de Circuito de Bogotá,

mediante fallo del 16 de julio de 2015 (f.º 198, y 197 CD, ibídem), absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda. 111S.E NTENCIDAE S EGUNDIAN STANCIA En grado de consulta jurisdiccional, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a través de sentencia del 3 septiembre de 2015, confirmó la del primer grado (f. º 207 a 208, ibídem). En lo que interesa al recurso extraordinario, estableció como problema jurídico a resolver, si había lugar a aplicar la cláusula de mayor favorecimiento, prevista en el artículo 82 de la CCT, con el fin de equiparar el monto de la prima de localización que es reconocida a los empleados públicos, con la que se favorece a los trabajadores oficiales. Precisó, que para tomar la decisión tendría en cuenta las pruebas documentales de «la convención colectiva, la certificación expedida por el SENA, los comprobantes de nómina, el infa rme que envió el SENA que explica la fa rma como se liquida y calcula la prima de localización de los empleados públicos en la Guajira y la reclamación administrativa». Y como marco normativo y jurisprudencial determinó los artículos 477 y 478 del CST, así como la sentencia de esta Sala que identificó con «radicado n. º

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Radicación n. º 73897 43600Co»n. a poyo en ello, realizó precisiones respecto de los derechos de asociación sindical y a la negociación colectiva. Transcribió lo establecido en los artículos 8º del

Decreto 415 del 26 de febrero de 1979; 98 y 82 de la CCT 2003-2004; 61 del CTSS y coligió que, Delc ontenido dela rtículo 82 convencionalq ue se extrae que el equiparamiento de las diferencias porcentuales que se presenten a favor de los trabajadores oficiales está sujeta a que el o o Ejecutivo, elC ongreso elS ENA decreten alzas en los salarios incrementen cualquier prestación, sin embargo la Sala encuentra que la norma que contiene la prima de localización a favor de los empleado públicos está vigente desde ela ño 1978 no ha sido objeto de reformas ni modificaciones, por lo que de entrada se dirá que ela lcance pretendido por eld emandante frente a esa cláusula no está lalmado a prosperar. Por otra parte, resaltó que la Convención Colectiva de Trabajo allegada al plenario es la vigente para los años 2003 y 2004, que «seh av enipdroo rrogaanudtoo mática1m1e,n te artículo 478 del CSTrigen a futuro -artículo 467 del CSTy al analizar dicha documental concluyó que: f. .. } alr evisar elt exto convencionaly la cláusula en cuestión la Sala observa que ninguno de elols estipuló elr econocimiento del incremento respecto de leyes decretos preexistentes, esto es o vigentes con anterioridad a vigencia de la convención colectiva. Lo que se pretende en la presente demanda es que so pretexto de la f acuitad de interpretación que le asiste a los jueces se le dé un alcance retroactivo a una cláusula convencionaly se modifique

una cláusula de contenido económico, con lo cual se estaría extralimitando la función de la jurisdicción laboral, que excluye de manera expresa los conflictos económicos en ela rtículo 3 º del CPTSS y que deben ser solucionados directamente por las partes que negociaron la convención colectiva. Además de lo anterior, dentro delp lenario tampoco se discutió ni se evidencia que el sindicato haya denunciado la convención colectiva que además se encuentra vigente desde ela ño 2003, que este procedimiento para mejorar las condiciones laborales. 6 SCLAJPT-10 V.DO Radicanc.ºi7 ó3n8 97 De otro lado, se apartó del precedente horizontal que refirió el impugnante en la alzada, en el cual se aplicó la cláusula de favorecimiento, porque «se estaría dando efecto retroactivo a la norma, lo cual vulneraria el artículo 16 del CST que dicen que las normas tienen carácter retrospectivo, pero en ningún momento retroactivo y se le estaría dando vigencia retroactiva al artículo 82 de la convención colectiva». Finalmente, realizó prec1s1ones respecto del pnnc1p10 de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la CN y aseguró que, [. ..] no existe duda sobre la aplicación de cada una y como quedó expuesto en precedencia, la aplicación del artículo 82 de la convención colectiva solamente se presenta cuando el ejecutivo, el congreso o el SENA decreta alzas en los salarios o incrementa en cualquier prestación, esto es, se refieren a situaciones posteriores a la vigencia de la convención colectiva, situación que como se advirtió no cubre la situación del presente caso por lo

que la disposición en cuestión no cuenta con dos alternativas posibles de interpretación que diera a esta Sala acogiera la más favorable para el trabajador.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende que la Corte case la sentencia cuestionada, para que, en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado y, en consecuencia, acceda a las pretensiones de la demanda (f.º 9, cuaderno de la Corte).

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Radicancº.7i 3ó8n9 7 Con tal propósito, formula dos cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron replicados y se estudiaran de forma conjunta, pues, a pesar de encausarse por v1as diferentes, comparten el mismo compendio normativo y persiguen un mismo fin. VI.C ARGPOR IMERO Acusa la sentencia del Tribunal de violar por v1a indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la CN; 3º, 467,468,470,471, 476, 477 y 478 del CST; 51, 60 y 61 del CPTSS (f.º 9 a 12, cuaderno de la Corte). Manifiesta que el Juez colegiado incurrió en los siguientes errores de hecho: 1)N od apr ord emostreasdtoá,n dqouleea ld, e mandaenst e beneficdiela acr oinov enccoilóencd teti rvaabs aujsoc ernittlraae

demandya edlas indidceat troa bajaodfoirceidsae lSleE sN A (SINTRASEdNeAse}dl,e1 dej undie2o 0 09. º 2)N od apr ord emostreasdtoá,n dqouleea ld, e mandaenst e benefidceil aarp iroi mdae l ocaliczoancsiaógner anld aa convenccoilóencd teti rvaab saujsoc ernittlraade e mandyae dla sindidceat troa bajaodfoirceidsae llSe EsN A( SINTRASENA), desedle1º dej undie2o 0 09. 3)N od arp ord emostreasdtoá,n dqouleea ld, e mandaenst e beneficdieal raci loá usdueml aay ofar v orecicmoinesnatgor ada ene la rtí8c2ud lelo a c onvenccoilóencd teti rvaab eanjtolr ae demandya edals indidceat troa bajaodfoirceidsae lSleE sN A (SINTRASENA}, 4)D apro dre mostnroae dsot,á nqduolela ac ,o nvenccoilóenc tiva det rabsaujsoc reinttalr ead emandayd eals indidcea to trabajaodfoirceidsae lSleE sN A( SINTRASEnNaAce}el, 1 de º enedroe 2 003.

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Radicanc.iº7 ó 3n8 97 5) Dar por demostrado, no estándola, que la prima de localización consagrada en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y el sindicato de trabajadores oficiales del SENA

(SINTRASENA), nace el 1 ºd e enero de 2003. 6) Dar por demostrado, no estándola, que la cláusula de mayor fa vorecimiento consagrada en el artículo 82 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y el sindicato de trabajadores oficiales del SENA (SINTRASENA), nace el 1 ºd e enero de 2003. 7) No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada está obligada a pagar al actor la reliquidación de la prima de localización en virtud de la cláusula de mayor fa vorecimiento consagrada en el artículo 82 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y el sindicato de trabajadores oficiales del SENA (SINTRASENA). 8) No dar por demostrado, a pesar de estarlo, que la demandada está obligada a pagar al actor la reliquidación de salarios, de prestaciones sociales legales y extralegales, de recargos dominicales y festivos, de horas extras, de aportes a la seguridad social integral, desde el 1 º de junio de 2009; de conformidad con la rel iquidación de la prima de localización. Afirma, que los mencionados errores se dieron por la ,ifaldteaa p reciao caipórne ciaecriróandde a l»as siguientes pruebas:

1. La demanda en cuanto ella contiene una confesión y que milita a folio 104 a 118.

2. La contestación de la demanda del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en cuanto ella contiene una confesión y que milita a folios 167 a 17 8

3. La convención colectiva de trabajo y que milita a folios 24 a 85

Luego de referirse a las consideraciones de la sentencia de segunda instancia, transcribir las declaraciones de la demanda, junto con las respuestas que realizó al respecto la demandada, el artículo 82 de la CCT y

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Radicación n. º 73897 apartes de la sentencia CSJ SL, 7 jul. 2010, rad. 37478, manifiesta que: Teniendo en cuenta las pruebas no apreciadas y las apreciadas erróneamente puede concluir que el demandante debe recibir se el reajuste de la prima de localización teniendo en cuenta el porcentaje señalado para empleados públicos en virtud de la los cláusula de mayor fa vorecimiento consagrada en el artículo 82 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la entidad demandada y el Sindicato Trabajadores Oficiales del Sena (SINTRASENA). Es decir, el demandante ha recibido un incremento anual de la prima de localización equivalente a ocho puntos cinco (8. 5) días de salario mínimo legal vigente, pero, debe ser otorgado el incremento anual de la prima de localización equivalente al veinte por ciento (20%}, en virtud de la cláusula convencional de mayor favorecimiento que fue suscrita por la entidad demandada. VIIC.A RGSOE GUNDO Acusa la sentencia del Tribunal de violar por v1a directa en la modalidad de interpretación errónea los artículos 1º , 13, 25 y 53 de la CN; 3°, 467, 468, 470, 471,

476, 477 y 478 del CST; 51, 60 y 61 del CPTSS. En la demostración del cargo, transcribe apartes del fallo cuestionado y de las sentencias CC C-009-1994, CC T540-2000, CC SU-1185-2001 y CC SU-241-2015, el artículo 2º del Convenio 154 de la OIT y realiza precisiones respecto de la negociación colectiva, la convención colectiva de trabajo, así como el principio de favorabilidad (f.º 12 a 16, ibídem). VIII.R ÉPLICA Considera que el adq ueamp reció correctamente las pruebas del plenario y les dio una aplicación adecuada a la 10 SCLAJPT-10 V.DO Radicación n. º 73897 normatividad, al colegir que la pnma de localización establecida en beneficio de los empleados públicos no le es aplicable a los trabajadores oficiales por orden legal, aunque ambos sean servidores públicos, en tanto que los primeros se ngen por leyes especiales, las cuales determinan de manera diferente el régimen de la seguridad social y prestacional que se les debe aplicar, como también la forma de vinculación que se realiza por nombramiento en acto administrativo unilateral y no por medio de contrato de trabajo. Reconoce, que si bien la CCT es una fuente formal de derecho, para quienes la suscriben y su función es regular las relaciones laborales entre los firmantes para que tenga efectos hacia futuro, no implica que se deba interpretar de manera errónea el artículo 82 de la convención, conforme a lo pretendido por el demandante, pues el precepto es claro al consagrar una serie de requisitos para que la misma

pueda operar, como lo es que para hacer un incremento a los trabajadores oficiales, debió darse un aumento a la prima de localización de los empleados públicos decretado por el Gobierno, el Congreso o el SENA, condición que no es tomada en cuenta por el actor dentro de su petición. En ese sentido, aduce que el recurrente no se encuentra, como lo afirmó el Juez de apelación, dentro de lo que establece la norma convencional, en tanto que desde el 26 de febrero de 1979, cuando entró en vigencia el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, para el incremento señalado en beneficio de los empleados públicos, hasta la fecha, los

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Radicación n. º 73897 organos correspondientes no han decretado el alza que inc remen te la prima de localización y, por lo tan to, no se cumple el requisito señalado en la cláusula de mayor favorecimiento, pues el 25 de marzo de 2003, fecha en que entró en vigencia la convención colectiva, las condiciones normativas de los empleados públicos eran las misma de hoy (f.º 19 a 22, ibí)d.e m

IX. CONSIDERACIONES Esta Sala ha sostenido que quien acude al recurso extraordinario de casación debe cumplir con el mínimo de exigencias formales de carácter legal y jurisprudencial, a fin de permitir su examen de fondo por parte de esta Corporación, toda vez que la estructura del ordenamiento jurídico colombiano otorga a los Jueces de instancia la misión de definir la controversia sometida por las partes, determinando a cuál de ellas le asiste la razón jurídica y

fáctica, mientras que a esta Sala se le asigna la función de verificar estrictamente la legalidad de la decisión de segundo grado. De este modo, el respeto estricto a las exigencias formales derivadas del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la jurisprudencia inveterada de esta Corporación en materia del recurso extraordinario de casación, no constituye de ninguna manera un mero culto a la forma, sino que hace parte esencial de la garantía del derecho fundamental al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de la Constitución,

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Radicación n. º 73897 dentro del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada juicio, sin las cuales no se puede predicar el equilibrio de quienes participan dentro del proceso judicial. Con relación a los requisitos de forma de la demanda en el recurso extraordinario de casación, esta Sala en sentencia CSJ SL8626-2014, sostuvo: Sobre las exigencias de f arma de la demanda de casación ha dicho esta Corte: f. ..] la Corte, una vez más, se siente precisada a expresar, afincada en el sistema constitucional y legal, que la demanda de casación, con la cual se pretende el quiebre de la sentencia impugnada, está sujeta a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Esos precisos requerimientos de técnica se reclaman no por el simple prurito de tributar reverencia a la formalidad, sino porque son consustanciales a la racionalidad del recurso de casación, forman su debido proceso y son

imprescindibles para que no se desnaturalice. Por esa razón, desde antaño, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que "El cargo ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende" (Sentencia de 18 de abril de 1969. Gaceta Judicial t. CXXX, núms. 23102312, p. 377). CSJ SL 17 de May. De 201 1, rad. 42037. Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito con el que se pretende sustentar la acusac1on contiene deficiencias técnicas que comprometen el estudio de fondo de los cargos propuestos y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación, por las siguientes razones:

1. Respecto del primer cargo En el desarrollo de la acusación, el recurrente comete la equivocación de referirse a la demanda, su contestación y

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Radicancº.7i 3ó8n9 7 a la CCT 2003-2004, fuente de los presuntos errores de hecho atribuidos a la sentencia de segunda instancia, «afldteaa prceiación indistintamente y sin diferenciarlos en apreciaecriaródn,a » o olvidando con ello que tal aserción constituye un contrasentido, porque no pueden ser dejados de apreciar y al mismo tiempo apreciados con error. Acerca de este punto, la Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, verbigracia, en la sentencia CSJ «..[.] e ls entenciador SL19458-2017, en donde precisó que:

des egnudog radion pteretróe rórneamenltaeps r uebas apotradaaplsl einoya ,ra s uv ezq,u lea msi smnaofs u eron apreicadlaosc ualc otnistuunyd ee satyiaqn uoes ie la d quemn ol avsa lóo trapmocpou deos trilmaadsef a rma equivo. cada» En este cargo enderezado por la v1a indirecta de normas de carácter sustancial, cuyo concepto de violación es la aplicación indebida, el censor tiene el deber de, además de indicar los supuestos yerros fácticos atribuidos al sentenciador e individualizar las pruebas, señalar de modo objetivo el contenido de los medios de convicción, así como el valor atribuido por el Juzgador y la incidencia de estos en las conclusiones del fallo impugnado. Lo anterior, significa que el recurrente tiene la carga de acreditar, de manera razonada, la equivocación en la cual incurrió el Tribunal en el análisis o en la falta de valoración de los medios de convicción, que lo llevaron a dar por probado lo que no está demostrado o a negarle

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Radicacni.ºó7 n3 897 evidencia o crédito a lo que en puridad de verdad está acreditado en los autos, lo que surge de la errada apreciación o falta de estimación de la prueba calificada, esto es, conforme a la restricción contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial. Sin embargo, en la demostración del cargo, el censor no cumplió íntegramente

estas exigencias (CSJ SL9681-2017). De tal modo, ha dicho esta Sala que el recurso extraordinario exige que se cumplan con unos parámetros mínimos en su formulación y sustentación. Así lo refirió, entre otras, en la sentencia CSJ SL10094-2017, que señaló: Debree asltsaeqr uel ad emanddeac asiaócna, ef ectdoesq ue sesau spcteidbelu ene studdefi onod od,e bsea tfaicseurn as eire der qeuisidteto ésc nqiuceea sptuilalna ns ormparso cleessa, tanteons up lanteamcioemnoetn ol ad emotrsacirógenl,a s adjetivqause d en oc upmlsierp uedlel evaa qru ee lr ceurso extordrainiaorrs eulitfnercu touso. Ademádse e lloc,o mion sistenltoeh maee npxtree saedsot a Coproarcióenlr,c e uresxot orradiinona orl ec ofinerceo pmetencia paarj ugzaerl l itiegsiteoos,e , s tlaebcaec ru ádlel apsa treesn contileena dsai sltare a zópnu,e sqtuoel al abdoerl aC orstee cirncsucreinbe ejn uicilaars eenntciy ad etermsiine aljr u ez colegailar dseoo,l vleasr e gnudai nsntcaidai,r irmceitóa meenlt e cofnliacl talo u dze l anso rmjausr ídqiucdeae sb eímap le.a r En consecuencia, debía el censor con la

correspondiente argumentación, acreditar que el Tribunal incurrió en una ostensible contradicción entre la valoración de las pruebas y la realidad procesal, lo que no ocurrió. Lo dicho se afirma, en tanto que, si bien hace relación a errores de hecho y se refiere a las pruebas y piezas

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Radicacni.º7ó 3n 897 procesales, se limita a decir lo que en su sentir se desprendía del contenido de las pretensiones declarativas de la demanda y la respuesta que realizó la demandada al respecto, las que señaló como no valoradas y apreciadas con error, pero no indicó qué incidencia tuvo en la decisión adoptada, la no valoración de las mi:;mas, de modo que se pueda determinar claramente los yerros que se le endilga al Juez colegiado, quedando los errores mencionados apenas en la mera formulación sin demostración alguna.

2. Respecto del segundo cargo Es de precisar que a efectos de que el ataque enfilado por interpretación errónea tenga vocación de prosperidad, el recurrent e asume la carga de señalar y demostrar cuál fue la inteligencia equivocada que el Tribunal le dio a las normas legales denunciadas y cuál es el entendimiento que, a su juicio, debió asignarse a éstas. En este caso, no señaló en concreto cuál fue el desvío interpretativo que supuestamente le imprimió el ad quem a las citadas disposiciones, que vaya en contravía de la verdadera inteligencia de la norma y cuál sería la correcta intelección o alcance que les debió haber dado a las mismas, que conduzca a su vulneración, amén de que los preceptos

legales citados no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal, por lo que mal hubiera podido interpretarlos con error. Como lo ha explicado la jurisprudencia de esta Sala en sentencia CSJ SL931-2018:

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,)'1 Radicacni.ºó7 n3 897 La censura acusó la sentencia de ser violatoria de la ley por la vía directa en la modalidad de interpretación errónea; sin embargo, no indicó en concreto cuál fue el desvío interpretativo que aparentemente le imprimió el ad quem a los artículos enlistados en la enunciación y desarrollo del cargo, 53 de la Constitución Política y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, que vaya en contravía de la verdadera inteligencia de las normas y que conduzca a su vulneración; tampoco precisa cuál sería la correcta intelección o alcance que se les debió haber dado a las mismas; Además resulta evidente de la revisión del fallo atacado, que no era procedente acusar dichas normas por interpretación errónea, pues, como ya se mencionó, el ad quem ni siquiera se pronunció respecto de ellas para cimentar las conclusiones del fallo, circunstancia que por sí sola impide el examen de la acusación. Significa lo anterior, que el recurrente como era su obligación omitió efectuar el debido ejercicio hermenéutico, que conduzca a evidenciar la violación denunciada, lo que impide a la Corte efectuar el juicio de legalidad de la sentencia impugnada. Ciertamente, se observa que lo planteado por el recurrente son meras afirmaciones genéricas e imprecisas,

que lejos están de conformar una acusación clara y contundente contra la decisión del Tribunal, en la que se confronten los argumentos y premisas de los cuales se compone, se asemeja más a un alegato de instancia que no corresponde, en lo absoluto, con el propósito de la casación del trabajo. Adicionalmente, en ambos cargos, la censura omite derribar los pilares fundamentales de la decisión del Tribunal, pues no cuestionó los argumentos en virtud de los cuales consideró: [. ..] la norma que contiene la prima de localización a favor de los empleado (sic) públicos está vigente desde el año 1978 no ha sido objeto de reformas ni modificaciones, por lo que de entrada se dirá que el alcance pretendido por el demandante frente a esa cláusula no está llamado a prosperar.

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Radicación n. º 73897 Respedcelt aco o nvenccoilóienvcd ate t rajboaa llegada alp len,ae rsli aov igepnatrela o asñ o2s0 0y3 2 00,d4 el a quec osnideerladó q uem, . { ..] Lo que se pretende en la presente demanda es que so pretexto de la fa cuitad de interpretación que le asiste a los jueces le dé un alcance retroactivo a una cláusula convencional y se se modifique una cláusula de contenido económico, con lo cual se estaría extralimitando la función de la jurisdicción laboral, que excluye de manera expresa los conflictos económicos en el artículo 3 del CPTSS y que deben ser solucionados directamente

º por las partes que negociaron la convención colectiva. Asím ism,oe lJ ueczo lieagdfroe ntaelp rincdiep io fvaorabicloindgsarada ednoe la rtí5c3ud lelo a C Na,s eugró qu:e . { ..] no existe duda sobre la aplicación de cada una y como quedó expuesto en precedencia, la aplicación del artículo 82 de la convención colectiva solamente presenta cuando el ejecutivo, se el congreso o el SENA decreta alzas en los salarios o incrementa en cualquier prestación, esto refieren a situaciones es, se posteriores a la vigencia de la convención colectiva, situación que como advirtió no cubre la situación del presente por lo se caso que la disposición en cuestión no cuenta con dos alternativas posibles de interpretación que diera a esta Sala acogiera la más favorable para el trabajador. Aslía cso ssa,al n oh abecron troveernst uit dtooa lidad y adecuadamleonsat ruegm entfounsd amentdaell eas decisdieólnad quem, sep uedceo nclquuei ré tsa permaniencceó lyu rmoed eaddela a d obplree sundcei ón acieyrl teog al.i dad Alr esp,ee ctstaoS almaa nieftsóe ns entenCcSJi a SL130581-52q,0ue :

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J,,V Radicación n. º 73897 f. ..} la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, exige el despliegue de un ejercicio dialectico dirigido puntualmente a socavar los pilares de la sentencia gravada, porque en caso contrario permanecerá incólume, soportada sobre los cimientos

que resultaron útiles al Tribunal para resolver el caso sometido a su consideración. Corresponde entonces al censor identificar los soportes del fallo que controvierte y, consecuente con el resultado que obtenga, dirigir el ataque por la senda fáctica o la jurídica, o por ambas, en cargos separados, desde luego, si es que el fundamento de la decisión es mixto. Los soportes fa cticos de una decisión judicial, son aquellas inferencias o deducciones que el juez de alzada obtiene luego de analizar el contenido de los medios de prueba regular y oportunamente incorporados al expediente, que le permiten construir el escenario sobre el cual cobraran vi