CSJ - SL3328-2019

RepúbdleCi oclao mbia Cortseu prdeemJ au sticia sadlCeaas ac1L•anni GERARDO BOTERO ZULUAGA Magistrado ponente SL3328-2019 Radicación n. 66086 º Acta 25 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019). Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), en el proceso ordinario laboral que le promovió GILDARDO ANTONIO GIRALDO GÓMEZ, sucedido procesalmente por MARÍA ORVILA GARCÉS ACOSTA. l. ANTECEDENTES Gildardo Antonio Giralda Gómez, demandó el reconocimiento de (( la indexación de su primera mesada pensional, cobna seenl av ariadceiÍlón nd idcepe r ecailco osn sumidor y que como consecuencia de ello, IPCc ertifipcoaerdl Do AsN E», fuera condenado a pagar las diferencias generadas desde la Radicación n.º 66086 data en que inició a disfrutar de su pensión y las costas procesales. En sustento de las aludidas pretensiones expuso, que durante toda su relación laboral con la extinta Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ostentó la calidad de trabajador oficial; que el vínculo contractual estuvo vigente entre el 2 de

enero de 1978 y el 29 de noviembre de 1991, lo que equivale a 13 años, 10 meses y 21 días; que para dicha data, devengó un salario promedio de $148.094,54; que el último cargo desempeñado fue el de que el contrato de trabajo <<obrero»; finalizó por supresión del cargo, lo que constituye una causa injusta para terminarlo; que nació el 14 de mayo de 194 7, por loqu e arribó a los 60 años de edad en i al día y mes del año gu 2007. En atención a lo anterior agregó, que solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de «la pensión restringida de o que mediante Resolución No. 2803 jubilación pensión sanción»; de 2007, se le otorgó el derecho a partir del 14 de mayo de 2007, con una cuantía inicial equivalente al salario mínimo legal vigente para la época; que el procedimiento utilizado en dicho acto administrativo para aplicar la indexación fue equivocado, en la medida que se «partió de un salario promedio de » al salario que liquidación de $84.402.59(. .. ) cifra que es inferior devengó cuando finalizó el contrato; que además, no se actualizó el derecho otorgado, conforme al método usado por la justicia laboral « sino que tomó el últimos salario promedio erradamente determinado y fue indexando año más año desde 1992 que la tasa de hasta el año 2007 aplicando el IPC del DANE»; reemplazo para establecer la cuantía de la pensión fue 2 Radicación n. º 66086 equivocada; que al ser un trabajador ferroviario, gozaba de un

estatuto legal propio; que es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, y que el IBL para establecer el valor su mesada se hizo con sujeción a lo dispuesto en dicha normativa (fls.1-6). Al contestar la demanda, el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, solicitó desestimar la totalidad de las pretensiones, y frente a sus hechos negó los relativos a que la fórmula para realizar la indexación y la tasa de reemplazo aplicada para establecer la cuantía de la prestación fueron equivocadas; respecto de los demás supuestos fácticos, los aceptó como ciertos o indicó que no le constaban. Como excepc10nes de fondo propuso prescnpc10n, buena fe, inexistencia de las obligaciones reclamadas, pago y compensación (fls. 21 a 27). 11.S ENTENDCEPI RAI MEIRNAS TANCIA El Juzgado Sexto (6) Laboral de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, en pronunciamiento del diez (1 O) de agosto de dos mil doce (2012), absolvió al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de todas las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas a cargo de la parte demandada (fls. 76-83). 11S1E.N TENDCESI EAG UNIDNAS TANCIA La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al resolver la apelación propuesta por el demandante, en decisión de treinta (30) de 3 Radicación n. º 66086

septiembre de dos mil trece (2013), revocó el fallo proferido en primer grado y, en su lugar, condenó al Fondo Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a reajustar la pnmera mesada pensiona! a la suma de $618.411,92 y efectuar los reajustes anuales legales, como también a reconocer la diferencia que resultara de la mesada reconocida y la que se venía pagando a partir del 14 de mayo de 2007, en adelante (fls.5-12). Para arribar a la aludida decisión, el juez plural señaló que no era objeto de discusión que la demandada, le otorgó una pensión sanción a quien inició el proceso, mediante Resolución No.2803 de 2007 (fl. 8 a12), en cuantía inicial de $499 .441, 12, a partir del 14 de mayo de 2007, y que era procedente la actualización de la primera mesada pensiona!. Precisó, que el problema jurídico a resolver giraba en torno a la <<cuantificación de la primera mesada pensiona[ realizada por el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante la resolución No.2803 del 1 O de diciembre de 2007». Al efecto, recordó que tanto el juez de primer grado como la demandada, tuvieron en cuenta un «salario promedio del último valor que consideró no era acertado, año la suma de $84.402,59», en tanto el accionante en ese periodo devengó la suma de cuantía que indicó correspondía al «$148.094,50», «salario que También memoró, que en el expediente

debe ser actualizado». reposaba la liquidación de las cesantías definitivas, realizada a la finalización del contrato de trabajo (fl.16), en la que se certificó como último salario promedio, el antes señalado; que en el acto administrativo en virtud del cual se le otorgó la 4 Radicancº.6i 6ó0n8 6 pensión sanción, se «tuvo en cuenta como salario devengado por el pensionado en el último año de servicios (1991) $ 1. O1 2. 831, 18, que dividido en 12 corresponde a $84.402,59» Conforme a lo anterior, indicó el juez plural que le asistía la razón al apelante, por cuanto según la liquidación final de las cesantías, el salario promedio del demandante, era superior al que se tuvo en cuenta para establecer el valor de su primera mesada pensiona!, el que consideró no contaba con ningún sustento probatorio, por lo que determinó que (<para todos los efectos se tendrá en cuenta que el último salario promedio a indexar es la suma de $148.094,50». Por otro lado, en relación con la fórmula a aplicar para efectuar la indexación deprecada, trajo a colación lo que al respecto se dijo en la providencia CSJ SL, 13 dic. 2007, rad.31222, de la que transcribió un fragmento, para luego advertir, que conforme al procedimiento establecido en tal providencia, se tenía que: ..el. re tiro del trabajador ocurrió el 29 de noviembre de 1991, el salario promedio mensual del último año fue de $148.0 94,5 0 (fi.16)

y la data de exigibilidad de la pensión el 14 de mayo de 2007 (fl. 8). El índice de precios al consumidor Inicial (diciembre de 1990) es de 10.961019 y el IPC.fi.nal (diciembre de 2006) es de 87, 868963; el resultado de dividir el índice final entre el índice inicial, el resultado es de 8,016495820 que multiplicado por $148.094,50 salario promedio del último año arroja un total de $1.187.198,94 y el 52.09% corresponde a $618.411,92 que corresponde al verdadero valor de la mesada pensiona[ del 14 de mayo de 2007.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

5 Radicación n. º 66086

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Aspira la entidad recurrente, que la Corte case totalmente la sentencia atacada, y que, en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal pnmera de casación, que fueron objeto de réplica y que procede la Sala a resolver, analizando inicialmente y de manera conjunta los cargos primero y tercero.

VI. CARGO PRIMERO Controvierte la decisión del tribunal, por haber incurrido en: (. ).v .i olaicnidóinrd eelc atl ae ye,nl am odaliddeaa pdl icación indebdieadlra t i8cd uell alo e 1y7 1d e1 96a1r;t i3c6ud lelo al ey

10d0e 1 99e3nr elaccoilnóo ansr tíc4u8yl 5 o3ds el aC onstitución Polí6t0iy c6 a1d; e Cl. Py.S T.S.; 174y1 77d eCl. P.aCp.l,i cable poarn alocgoínafo arrmteí1 c4ud5le Col. TP.y.l Sa.S ., yd ealr tículo 230d el aC .N. Para sustentar el cargo, copia un fragmento de la sentencia CC SU 1073 de 2012, en la que se describió la figura de la indexación y su importancia en el ámbito de los derechos laborales, para luego aducir, que conforme al acervo probatorio de folios 8 a 12 del expediente, la pensión del demandante fue indexada con sustento en los índices de precios al consumidor, tomando con base lo devengado por él en su último año de servicios según la certificación de salarios; realizó el procedimiento matemático para demostrar tal afirmación, para luego resaltar que la desvinculación del actor se dio el 30 de noviembre de 1991, data en la que desempeñaba el cargo de « ObreCruoa drNiol7.,l c ao unn p romedio salardieavle ngdaudroa nltoesú ltimdooscm ee sedse s ervicio 6 Radicanc.ºi6 ó6n0 86 equivalentes a $1.012.831,18, al cual una vez aplicados los reajustes fijados por el IPC, representa como valor para el año 2007, fecha de causación del derecho, la suma de $4 99. 441. 12, teniendo en cuenta que,

el articulo 8 de la ley 1 71 de 1961, establece que la cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto del que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir integralmente los y efectúa la requisitos necesarios para gozar de la pensión plena»; respectiva operación, para acreditar su planteamiento. Recuerda, que al promotor del litigio se le otorgó una pensión restringida de jubilación, conforme a la Ley 1 71 de 1961, observándose los factores salariales legales y convencionales a los que tenía derecho, cancelando en debida forma la pensión, sin que a su juicio existiera «un detonante que llevara la Ad Quem a concluir que la prestación reconocida ha perdido su que la indexación es procedente poder adquisitivo»; «única y exclusivamente cuando ha perdido la prestación su poder adquisitivo por el paso de tiempo significativo entre la fecha de que la retiro y la fecha de reconocimiento de la prestación»; entidad al momento de otorgar el derecho actualizó la mesada pensiona!, de acuerdo al IPC, por lo que el valor de aquel fue establecido de manera correcta.

VII. CARGO TERCERO Acusa la providencia dictada por el tribunal de ser violatoria de la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del « artículo 8 de la ley 171 de 1961; artículo 36 de la ley 100 de 1993 en relación con los artículos 48 y 53 de la Constitución Politica; 60 y 61 del C.P. T y S.S.; 174 y 177 del C.P. C., aplicable por analogía confonne articulo 145 del C.P. T. y la

S.S., y del articulo 230 de la C.N». Transcribe nuevamente un fragmento de la providencia 7 Radicación n. º 66086 CC SU-1073 de 2012, para luego replicar en idénticas condiciones los argumentos expuestos en el pnmer cargo relativos a que con sustento en el caudal probatorio contenido a folios 8 a 12 del expediente, la pensión del demandante fue indexada conforme a los índices de precios al consumidor, tomando como IBL lo devengado por el actor en su último año de servicios, acorde con la certificación de salarios, realiza las mismas operaciones aritméticas e insiste en que la entidad liquidó adecuadamente la prestación, pues la indexación <iprocede única y exclusivamente cuanto ha perdido la prestación su poder adquisitivo por el paso del tiempo significativo entre la fecha de retiro y la fecha de reconocimiento de la prestación >►• Finaliza señalando que: Se puede establecer fácilmente que, el valor reconocido por mi representada corresponde al que en efecto tenía derecho al pensionado, en razón a que al actualizar el valor de la prestación entre la fecha del despido definitivo y la fecha en que seco nsolidó el derecho por cumplimiento de la edad, y aplicar el resultado la tasa de reemplazo equivalente al tiempo laboral, la cual corresponde, a la que tuvo en cuenta mi representada al momento de reconocer la pensión restringida de jubilación es decir, el 52. 09%; corresponde a la suma que fue reconocida como primera mesada pensiona[, la que fue sustituida en un 1 00% a la sucesora procesal. VIIIL.A RÉ PLICA Denuncia errores de técnica relacionados, con que en el primer cargo, no se señaló ningún error de hecho cometido

por el tribunal; en el segundo, no se evidenció cuál fue la trascendencia de los yerros que se le endilgan al juez plural y; que en el tercero a pesar de dirigirse por la vía directa, se planteó con referencias a situaciones fácticas; pero que además, no se controvirtió el fundamento del fallo atacado, como fue el relativo a la base salarial que se tuvo en cuenta 8 Radicación n. º 66086 en la sentencia de segunda instancia para ordenar la indexación.

IX. CONSIDERACIONES Sea lo primero advertir, conforme a los argumentos expuestos por la censura, que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico a lo que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS, con el fin de salvaguardar el debido proceso judicial, garantizado en el artículo 29 superior.

Se indica lo anterior, por cuanto, a pesar de que la censura en el primer cargo propuesto denuncia que la violación de la ley sustancial se dio por la vía indirecta, encuentra la Corporación, que el accionante no dio º cumplimiento al requisito del literal b) del numeral S ) del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues no precisó los errores de hecho en que incurrió el tribunal ni tampoco acreditó << ( ... ) dem anerrazao naldaa equivoecnaq cuihaeó inn curlraCi odloe gieanet lau nráal yiv sailso rdaec ión lomse didoesc onvicqcuieló oln l,e av daa rp oprr obaldoqo u en oe stá

demostyra an deog,a ervlied eonc criéada il toqo u een p uriddeav de rdeasdt á acredietnla oadsuo t olsoq, us eu ragr ea díezl faa ldteaa p recioae criróónn ea )» (SLl 7123-2014, reiterada valoradceli aóp nr uecbaal ifi(.c .a.d a. entre otras en AL4596-2018). En otra palabras, acusar la sentencia por el juez colegiado por la vía indirecta implica no solo que la parte recurrente señale de manera clara las pruebas que son admisibles en casación, sino que demuestre de modo objetivo 9 Radicación n. º 66086 qué es lo que acreditan, así como el valor atribuido por el juzgador y la incidencia de estas en las conclusiones del fallo impugnado, requisitos que indudablemente en el escrito presentado no se observaron, lo que lleva a que los verdaderos soportes que mantienen en pie la sentencia acusada se conserven incólumes, libres de ataque, toda vez que no logró derruir las conclusiones del fallo de segunda instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que no le bastaba a la recurrente, efectuar una serie de alegaciones subjetivas encaminadas a exponer el entendimiento que a su juicio ha debido tener el acervo probatorio allegado dentro del trámite procesal, sino que era necesario que las criticas sobre la valoración probatoria que efectuó el tribunal, fueran objetivas y atendibles, estando encaminadas a evidenciar que el desacierto en que incurrió el juzgador fue verdaderamente

protuberante. Así mismo, encuentra la Sala que el cargo tercero adolece igualmente de falencias de orden técnico que comprometen su prosperidad, puesto que se encaminó por la vía directa de violación de la ley sustancial, la que supone plena conformidad con las conclusiones fácticas del fallo atacado, a pesar de lo cual en dicho ataque se esgrimen indistintamente aspectos jurídicos como fácticos, lo cual constituye una inexactitud, ya que amalgama o entremezcla de forma indebida las vías directa e indirecta de violación de la ley sustancial que son excluyentes; pues su formulación y análisis deben ser diferentes y por separado, por razón de que la primera conlleva es a un error jurídico, mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros de naturaleza fáctica probatoria. 10 Radicación n. º 66086 Ahora, si la Corte entendiera que la vía de ataque es la indirecta, ello a nada conduciría pues en el mismo no se cumplen con el mínimo de exigencias de dicha senda, las que quedaron señaladas en párrafos precedentes. Como si lo anterior fuera poco, se evidencia que en ambos cargos el desarrollo de la argumentación se asemeja más a un alegato de instancia, olvidando la censura que, como lo enseña la jurisprudencia, para el estudio de fondo del ataque, la acusación debe ser completa en su formulación y suficiente en su desarrollo. Si ifica lo anterior, que el recurrente como era su gn obligación, omitió efectuar el debido debate, que conduzca a evidenciar la violación denunciada, lo que impide a la Corte

efectuar el juicio de legalidad de la sentencia impu ada. Al gn respecto, la Sala se pronunció en la sentencia CSJ SL0382018, rad. 65190, en donde se rememoró la CSJ SL del 22 de nov. 2011, rad. 41076, en la que se dijo: Es verdad averiguada que en el recurso de casación no contienden quienes tuvieron la calidad de partes durante las instancias, ni la labor de la Corte en esta sede radica en descubrir a cuál de ellas debe asignarle el derecho sustancial debatido, porque dicha polémica queda agotada al proferirse el fallo del juez de la alzada. Dentro del rol pedagógico que también cumple la Corporación, se ha insistido en que en el recurso extraordinario se enfrentan la decisión que se cuestiona, con la Ley sustancial, en perspectiva de analizar si con dicha providencia se infringió alguna norma jurídica creadora, modificadora, o extintiva, de una situación jurídica particular y concreta. Pero ese ejercicio que la Constitución y la Ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia, no puede ser desarrollado por iniciativa propia de este órgano de cierre, sino que, al contrario, debe ser realizado de la mano de lo argumentado por el recurrente, en un discurso dirigido precisamente a derruir las motivaciones de la sentencia que combate, sin que el Juez de casación pueda salirse del cauce trazado por el inconforme, dado el conocido carácter rogado y dispositivo del recurso extraordinario. I1 Radicación n. º 66086 En el presente caso, la sustentación del recurso no pasa de ser un alegato de instancia en el que brilla por ausente un discurso

coherente dedicado a desvertebrar el eje fundamental del fallo gravado. .. Así las cosas, en virtud del desconocimiento de las reglas básicas que regulan el recurso de casación, no se permite a la Sala el examen propuesto y, en consecuencia habrá de desestimarse los cargos primero y tercero.

X. CARGO SEGUNDO Señala, que la sentencia atacada es violatoria de la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad « de aplicación indebida del artículo 8 de la ley 17 1 7 de 1961; artículo 36 de la ley 100 de 1993 en relación con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política; 60 y 61 del C.P. T y S.S.; 174 y 177 del C.P.C., aplicable por analogía conforme artículo 145 del C.P. T. y la S.S ., y del artículo 230 de la C.N., en relación con los artículos 51, 53, 60, 61, y 145 del C. P. T; 1 74 , 1 77, 1 79, 181, 183, 184, 187, 210, 251, 257, 262, 304 del C.P.C».

Como errores de hecho alega: a) Dar por demostrado, no estándola, que por el transcurso del tiempo entre la fecha de retiro y la fecha de reconocimiento, la prestación reconocidas al demandante/ opositor, perdió su poder adquisitivo. b) Dar por demostrado, sin estarlo, que mi representada no actualizó el valor de la primera mesada pensiona[ reconocida al demandante/ opositor. c) No dar por demostrado, estándola, que mi representada indexó

el valor de la primera mesada pensiona[ reconocida al Señor Gildardo Antonio Giralda Gómez, al momento de su reconocimiento. Señala que los anteriores yerros, fueron consecuencia de la equivocada valoración de la Resolución 2803 del 1 O de diciembre de 2007 (fl. 8 a12) y de la liquidación definitiva de cesantías; así como de la falta de apreciación de la liquidación 12 Radicación n. º 66086 de la prestación y actualización de la mesada (fl.39); de la certificación de salarios; de la liquidación definitiva de cesantías e indemnización (Decreto 895 de 1991-Relación de tiempo de servicios) (fl.41 a 42). Esgrime, que lo que se discute es la equivocada apreciación que efectuó el tribunal de la Resolución No.2803 de 2007 y, de la liquidación definitiva de cesantías, ya que a su juicio según la « liquidación no hubo un hecho al momento de efectuar el reconocimiento que ocasionara la pérdida del poder para lo que recuerda adquisitivo de las prestaciones reconocidas», nuevamente lo señalado en la providencia CC SU-1073 de 2012, sobre la fi ra de la indexación, y que la misma gu <<procede única yex clusiva.mente cuando ha perdido la prestación su poder adquisitivo por el paso de tiempo significativo entre la fecha de retiro yl a fecha de reconocimiento de la prestación». Considera desacertada la decisión del tribunal, puesto que acorde a la «Liquidación de la prestación y actualización de la mesada (fl..39) en la Certificación de Salarios (fl..40) y en la liquidación

definitiva de cesantías e indemnización decreto 895 de 1991-Relación de la entidad al momento de Tiempos de Servicios {fl..41 a 42)», liquidar el valor de la primera mesada pensional, actualizó la cuantía correspondiente según el IPC, de cada anualidad certificados por el DANE, realiza el procedimiento para acreditar su tesis y expone i ales argumentos que en el gu primer ataque relativos a la data de desvinculación del actor; el cargo que desempañaba para dicha fecha; el salario devengado durante los últimos doce meses; la cuantía que representa para el año 2007, realizados los reajustes conforme al IPC; la aplicación de la tasa de remplazo del 52.09% y la observancia por parte de la entidad de los factores 13 Radicacni.ºó6 n6 086 legales y convencional para la determinar la suma de la prestación.

XI. CONSIDERACIONES El distanciamiento del recurrente con el fallo objeto de reproche gira en torno al hecho de que el tribunal hubiese dado por demostrado sin estarlo, que la entidad convocada al proceso no indexó la primera mesada pensiona! del accionante al momento que le reconoció su pensión.

Desde la aludida perspectiva, la Corte empieza por recordar, que en incontables fallos, se ha dicho que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los dos litigantes le asiste la razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas

que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello, se ha dicho que en el recurso de casación se enfrenta la ley y la sentencia, y no quienes actuaron como contraparte en las instancias. Y se recuerda tal orientación jurisprudencia!, porque de acuerdo a la sustentación fáctica expuesta por el tribunal en el fallo gravado, se tiene que el recurrente no supo orientar la acusación, ya que dicho juzgador, para arribar a la decisión que ahora se ataca, partió de un hecho que no fue controvertido en el recurso extraordinario de casación, consistente en que el ingreso base de liquidación de la pensión se había establecido de manera equivocada. 14 Radicación n. º 66086 En efecto se tiene que el juez plural señaló, que tanto el ingreso base de liquidación establecido por el juzgado, como por la demandada, era equivocado en tanto el promotor del litigio en el último año de servicios había devengado un promedio mensual de cuantía que indicó «$148.094,50», correspondía al «salario que debía ser actualizado». Ahora, en cuanto a la indexación ordenada, debe recordarse, que la Sala ha sostenido que su finalidad consiste en «c ontrarrestar los efectos deflacionarios de la economía del país, para mantener el valor adquisitivo de aquéllas, que se ve afectado necesariamente con el transcurso del tiempo entre el retiro del servicio del trabajador y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para el otorgamiento de la prestación pensiona[, y en consecuencia procede

cuando la base salarial haya sufrido desmedro entre esas dos fechas, (CSJ SL16809que implica una desmejora real del valor del IBL» 2016). Luego entonces, cuando el juez de segundo grado ordenó la indexación de la pensión sanción, no cometió ninguna equivocación, ya que encontró acreditado que en el presente asunto existió un lapso que permitía predicar la depreciación de la moneda, esto es, entre 29 de noviembre de 1991, cuando se produjo la finalización de la relación laboral del demandante con la aquí recurrente, y la fecha en que comenzó a disfrutar la pensión, que lo fue el 14 de mayo de 2007, data en que cumplió 60 años de edad, límites temporales que no fueron objeto de controversia en el recurso extraordinario, por lo que resultaba procedente que dicho juzgador ordenara la actualización del IBL con el que consideró debió otorgarse la prestación, el que no sobra iterar 15 Radicación n. º 66086 tampofcueo o jbeot dei ncomnifodraedn l ad emanddea casacpiróensd ean.t a Polrod ic,eh olca rngoop rospera. Lacsso tadser le cuerxstorr daioin,oap rovri rtdueqd u e laa cusancois óanla ivaón tyeh ubroé plsiecraaán,c ragdoe lap artree cur,rp eanrltaoec uaslefi ajnc omaog necieans derheocl,as umdae o chmoi lldoenp eess( o$s.80 000.0,0q )ue sei nucilreánnl al iquidqauceejil óeu znd ep rimienrsat ancia

eefct,úc eona rreag llood ispueense tlao r tuílc3o6 6d el CóidgGoe nedreaPllr oceso.

XII. DECISIÓN Enm éridtelo oe xpsute,lo aC otreS upredmeJa u sticia, SaldaeC asacLiaóbnol, ar daminisjtsurtainecdnino ao mbre del aR epúbyl ipcoara utordiedl aadl eyNO, CASA la sentedniccitapa odlraa S alLaa bodreaD les congedsetli ón TribuSnuaple rdieDolsir t rJiutdoi dceiB aolg odtiác,t eand a elp rocoersdori inloaa boqruaell e p romoGvILiDóAR DO ANTONIO GIRALDO GÓMEZ, sucedpiordcoel smaenptoer

MARÍA ORVILA GARCÉS ACOSTA al FONDO DE PASIVO

SOCIAL DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE

COLOMBIA.

Cotsacso msoe d jeóv isetnol ap artmeo tidveal a providencia. Cópie,ns oetuiefisqpeu,b ulesíeqc,ú mplyad seuevé lvase ele xpediaeltn rtieb dueno arelin .g 16 Radicación n. º 66086

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FERNANDO

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN u

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