CSJ - SL3338-2019

7 RepúbdleCi oclao mbia conSeu prdeeJm uas ticia Sala de Casación Laboral

Sala de Descongestión N: 3

JIMENA ISABEL GODOY FAJARDO Magistproandean te SL3338-2019 Radicanc.ºi 6 ó95n1 O Act2a8 Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil diecinueve (2019). La Sala decide el recurso de casación interpuesto por BLANCA LIGIA ARREDONDO RESTREPO contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de julio de 2014, en el proceso que instauró en contra de

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES

SURAMERICANA S.A. y LUZ ADRIANA ECHEVERRI

ESPINOSA.

l. ANTECEDENTES Blanca Ligia Arredondo Restrepo, llamó a juicio a Seguros de Riesgos Profesionales Suramericana S.A. y a Luz Adriana Echeverri Res trepo, con el fin de que se declarara que: entre ella y el señor Carlos Alberto Muñoz Giralda,

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Radicanc.i6ºó9 n5 10 existió una conv1venc1a de manera permanente e ininterrumpida por más de siete años anteriores al fallecimiento de aquél; como consecuencia, se condene a la administradora demandada a: reconocer y pagarle la pensión de sobrevivientes, a partir de la fecha del deceso del causante. Fundamentó sus peticiones, en que: el 10 de mayo de 2010 falleció el señor Carlos Alberto Muñoz Giralda como

consecuencia de un accidente de trabajo; se encontraba afiliado a la Administradora de Riesgos Profesionales demandada.

Informó que: a reclamar la pensión de sobrevivientes se presentó la señora Luz Adriana Echeverri Espinosa, en calidad de cónyuge del fallecido, a quien le fue reconocida la prestación; no le fue posible acudir al trámite de reconocimiento de la pensión como beneficiaria, debido a que para la fecha de la publicación de los edictos presentaba un episodio depresivo como consecuencia del fallecimiento de su hijo, el 22 de mayo de 2009.

Relató que Muñoz Giralda, se había separado de su cónyuge desde hacía más de siete años, por lo tanto, ella no podía ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Al dar respuesta a la demanda, la administradora convocada al juicio se opuso a las pretensiones. (f.º 48a 53), De los hechos acepto: el fallecimiento del afiliado Muñoz Giralda, acaecido en accidente de trabajo y, el

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2 Radicación n.º 69510 reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la cónyuge supérstite. Propuso como excepciones las de pago y prescripción, as1 como las que denominó: buena fe de la demandada e inexistencia de la obligación. Por su parte, Luz Adriana Echeverri Espinosa (f.1º00 a 107), se opuso a las pretensiones y aceptó, el fallecimiento de su cónyuge y el reconocimiento de la pens1on de sobrevivientes en su favor y de sus dos hijos.

Como excepciones propuso prescripción, así como las que denominó: falta de causa para pedir, mala fe de la demandante, primacía de la relación conyugal frente a la relación de hecho y, la genérica.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, concluyó el trámite y profirió fallo el 20 de enero de 2012 (f.º 167 a 1990), en el que, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió íntegramente a las demandadas e impuso costas a la demandante.

Inconforme la promotora del juicio apeló.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín resolvió la impugnación, en

3 SCLAJPT-V1.0D O Radicación n.º 69510 fallo de 31 de julio de 2014 confirmó la decisión a (f2.1º2 217), apelada, sin costas en la alzada. En lo que estrictamente interesa al recurso extraordinario, el Tribunal determinó así los problemas jurídicos a resolver: [. .]. i )S obrleo sr equiseisttoasb leecnil dalo esyp arsaer benefidceil aapr einos dieós no brevicvuiaennsdte oet sr adteal compañpeerrom anyel nact ea rpgrao batdoelr adi eam andante, parlau egioiD;)e scenadlcea sro concryev teor ifsi ilceaas isrte razaólnJ uedze p rimienrsat aanlhc aibaep rr ofesreindtoe ncia

absolutoria. Se refirió al art. 4 7 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, cuyo texto copió y, señaló que a la demandante, en cumplimiento del principio de la carga probatoria, le correspondía acreditar que convivió con el causante, no menos de cinco años antes de su deceso. Analizó los testimonios de María del Rosario y Blanca Lilia de los que concluyó que la pareja (f.º y 151a 1 53 155a 1 57), había convivido cuando mucho dos años con anterioridad a la muerte del causante; de lo dicho por Ligia de Jesús (ºf . 159 indicó que esta había sido enfática en afirmar que el a 161), fallecido había convivido con su cónyuge en el municipio de Girardota y que, de la relación con la demandante había escuchado comentarios. Señaló que de lo reseñado, no se lograba acreditar el requisito de los cinco años de convivencia, pues si bien Blanca Lilia indicó que conocía a la pareja desde que vivían en Moravia, su declaración no daba certeza sobre la efectiva

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4 Radicación n. º 69 51 O y real convivencia pues sólo los visitaba cada 15 días, por lo que la llamada a resolver la incógnita era Blanca Evelia (F.142 144) de cuyo testimonio concluyó que entre la demandante a y el fallecido existió una relación sentimental desde el año 2003, hasta mediados de 2008, sin que se pudiera deducir de ella el ánimo de la pareja de unir sus viudas en forma

permanente y singular. Puntualizó que Blanca Evelia expuso en su declaración que el señor Carlos Alberto y Blanca Lilia, casi siempre amanecían en el inmueble que les había arrendado los fines de semana, lo que demostraba la informalidad de la relación desde el punto de vista jurídico, situación que encuentra coincidencia con lo expuesto en las declaraciones de Margarita Giralda (f.º141 142), Blanca Ruth Alzate (f.º 144 a a 145), Parmenio de Jesús Muñoz (f.º 149 151), Beatriz Elena a Castrillón (f.º 153 a 154), Carmen Ardila (f.º 158 1 59) y, Ligia Chaverra (f.º 159 161), quienes infonnaron que el causante a con quien realmente tuvo lazos afectivos fue con Luz Adriana Echeverri Espinosa.

IV. RECURSO DE CASACIÓN Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal, admitido por la Corte y sustentado en tiempo, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Pretende la recurrent e que la Corte case la sentencia atacpaadrqaau, ee n,s eddeei nstarnecviolaqda,ue p e r imer

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Radicación n. º 69510 grado y se acceda a las pretensiones de la demanda; igualmente se provea sobre costas como corresponda. Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron objeto de réplica.

VI. CARGO PRIMERO Acusa la sentencia por la vía directa en el concepto de

interpretación errónea del art. 4 7 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con los arts. 11, 48, 50, 141, 255, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993. En su desarrollo, indica que la interpretación que le dio el Tribunal a las disposiciones acusadas, no se compadece con el fin de la institución de la pensión de sobrevivientes, que protege al núcleo familiar cuando ha desaparecido su soporte moral y económico y este para confirmar la decisión de primera instancia, adujo que a la demandante le correspondía demostrar el. requisito de la convivencia durante 5 añofi continuos anteriores al fallecimiento de este. Afirma que la sentencia atacada no fue muy objetiva en la apreciación de la prueba testimonial, al no haber sido analizada en su conjunto, lo que le habría permitido determinar, conforme a derecho, la convivencia permanente e ininterrumpida de la demandante con el señor Muñoz Giralda.

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6 Radicación n. º 69 51 O Indica a su vez que los testimonios que cita en el cargo son contundentes en afirmar que la actora superó el tiempo mínimo de convivencia con el fallecido con anterioridad a su deceso. Luego de referirse a las declaraciones que el adq uem analizó en la decisión censurada, afirma que este interpretó erróneamente el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la

recurrente no acreditó el requisito de la convivencia de manera permanente e ininterrumpida con anterioridad al fallecimiento del señor Carlos Alberto Muñoz Giralda. VIIRÉ.P LICA La aseguradora al oponerse al cargo, expone que la censura para demostrar el cargo, hace un análisis de los testimonios para concluir que el Tribunal se equivocó en la interpretación que le dio a la disposición que determina los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo que indica el error en que incurre al momento de escoger la causal de casación, pues al acusar la sentencia reprochada por interpretación errónea de la ley, no le era posible hacer ningún análisis de las pruebas arrimadas al proceso y que fueron objeto de valoración por el colegiado. Manifiesta que la recurrente no repara en la manera como el juez de la alzada desentraño en sentido del art. 47 de la Ley 100 de 1993, sino en que dio por probada la

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Radicacni.ó6ºn9 510 ausencia del requisito de convivencia de la demandante con el causante. Señala que, de acuerdo con la motivación de la sentencia impugnada, el fallador de la alzada no le dio al precepto acusado un entendimiento distinto al que corresponde, por lo que no pudo incurrir en el yerro hermenéutico que se le hace en el cargo. VIICION.S IRADECIONES El Tribunal concluyó que la demandante no tenía derecho a la pensión de sobrevivientes al no haber acreditado una convivencia mínima de cinco años con anterioridad al fallecimiento del acusante, que exige el art. 47 de la Ley 100

de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, para que la compañera pueda acceder a la pensión de sobrevivientes. La censura aduce que el juez de la apelación interpretó erróneamente la disposición anterior al no encontrar acreditado la convivencia mínima de cinco años anteriores al fallecimiento del causante. De la lectura del fallo censurado, se desprende sin hesitación alguna que el ad quem para resolver la controversia planteada en el recurso de apelación, dio aplicación a la disposición que regulaba el asunto sometido a su escrutinio que, en este caso, al pretender la demandante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no era otra

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8 '- Radicnaº.6c 95iO 1ó n que el art. 4 7 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003 y además le dio la interpretación que correspondía. En el desarrollo de cargo, la recurrente, en su discurso argumentativo, no explica la razón por la cual considera que el Tribunal interpretó erróneamente la disposición acusada, invitando a la Sala a adelantar el estudio de los testimonios vertidos en el proceso, lo que resulta inapropiado, dada la vía escogida para reprochar la decisión, además de no ser prueba hábil para fundar un ataque en casación laboral, según las voces del art. 7 de la Ley 16 de 1969. La Sala ha adoctrinado que la modalidad de violación de la ley denominada interpretación errónea, se produce

cuando se aplica al caso controvertido el precepto pertinente, pero se le atribuye un sentido o alcance que no le corresponde. En sentencia CSJ SL 7 ag. 2010, rad. 39986 dijo la Sala en relación con la interpretación errónea de una disposición aplicable al caso controvertido: Desdoet rpae rspescetr ievcau,eq rudeia n terperrertóanre aumne nte preceepset,nco a sacaipólni,ca alcr alslooi tipgoasrde eorlp ertinente, peraot ribuyuénsn ednotliead loc aqnucneeo l ec orresponde. o Lai nterpreertraóceniseóu ann am odaliddeva ido ladceil óaln e y sustanqcuiesa elp resecnutaan deolj uzgaedxoprr eesnas us consideruanec nitoennedsi dmeli aen notromq aun eo c orersponasd ua verdadeexréag elsuieseg;nol as entednecbiaeap areecxeprl ílcai ta referael nanc oiram maa iln terpreatlma ednaos,se ,ir n dudqaubel e o, enl ad eciastiaócnsa eda ap lliacd ói sposdiácnidóuonnl aie n teligencia quneo c orresaps ouvn edred ahdeerrmae néutica. Taclo mlooh ae xpliecnar deoi teorpaodratsu neisdtaSada eldsael a Corltave i,o ladciiróedncel t ala e eynq uien cuerjlru ez gardeolra cionada

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Radicanc.6iº9ó 5n1 0 con el significado de la norma, sea, la errónea interpretación, o se presenta en la premisa mayor del precepto cuando le atribuye un se significado diferente al que rectamente entendido le corresponde, contrariando de esa manera el genuino sentido que tiene como norma. Por lo tanto, para que quien recurre en casación denunciando que la violación de la ley se produjo en esta modalidad salga avante en su intento, tiene la carga de demostrar adecuadamente que el entendimiento dado por el juzgador de segunda instancia es equivocado y que, por tal razón, incurrió en un desatino interpretativo. Se ha dicho, igualmente, que, para obtener cometido, debe la censura ese efectuar una comparación entre la comprensión que a la norma jurídica le dio el ad quem, con el recto sentido que surge de su texto, de suerte que al efectuar el estudio del precepto para verificar que el entendimiento que se le otorgó no correcto, dado el carácter dispositivo del recurso es o extraordinario, debe la Corte estudiar las razones expresadas por el impugnante, sin que le sea dado suplir las falencias argumentativas que el cargo presente. El cargo le enrostra al Tribunal le interpretación errónea del artículo 121 de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, la lectura de la sentencia gravada evidencia que el juzgador de segundo grado no aludió, en manera alguna, a tal disposición, de suerte que no pudo incurrir en un entendimiento equivocado de ella.

Pero hay más: el recurrente no honró la carga procesal de hacer el análisis comparativo entre la inteligencia que a las normas jurídicas

denunciadas le dio el juez de la segunda instancia con el recto sentido que surge de su texto, porque no explica razonadamente la desviación doctrinaria que le atribuye al Tribunal en el entendimiento de las disposiciones legales que dice fueron equivocadamente interpretadas. De otra parte, se recuerda que cuando se acude a la vía directa para censurar la sentencia atacada, por ser el sendero de puro derecho, se requiere de la impugnante, plena conformidad con los soportes probatorios del fallo. De lo discurrido, deviene que, la censura discute y no está conforme con los fundamentos fácticos del fallo impugnado, lo que confirma que erró en la elección de la vía de ataque. Además, no demuestra de qué manera habría incurrido el colegiado en la errada interpretación de la norma acusada.

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Radicación n. º 695 1 O La Corte encuentra que el Tribunal se ajustó en su actuación a la correcta hermenéutica del a disposición pertinente y por ende, en esta parte se debe mantener intacto el fallo. Lo anterior, resulta suficiente para desestimar el cargo. IX.C ARGOS EGUNDO Se dirige la acusac1on por la v1a indirecta en la modalidad de aplicación indebida de los arts. 174, 178 y 187 f¡ del CPC, 61 y 145 del CPfSS, como violación de medio que llevó a la aplicación indebida del art. 4 7 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003. La censura inicia por exponer una sene de criterios

objetivos y subjetivos para que la prueba testimonial, a pesar de no ser hábil en casación, deba ser considerada en el recurso extraordinario, para luego desarrollar su análisis de las declaraciones, de las que afirma acreditan la convivencia de la demandante con el causante por un tiempo superior al mínimo requerido por la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes. Finaliza elaborando una argumentación en cuanto a la necesidad de la valoración de la prueba en su conjunto en los términos del art. 187 del CPC. 11

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X. RÉPLICA Indica que la recurrente inicia con una extensa transcripción de jurisprudencia relacionada con la valoración de la prueba testimonial, pero omite decir cuáles otras pruebas distintas a aquella, no fueron apreciadas o se apreciaron erróneamente.

Afirma que la censura no cumplió con la carga de controvertir las verdaderas conclusiones del Tribunal, que no fueron otras que el no haber acreditado la demandante la convivencia con el fallecido al menos cinco años antes de su • deceso, a la que llegó luego de analizar los testimonios, de los que considera no arrojan nada distinto a lo que de ellos extrajo el sentenciador de segundo grado. XI.C ONSIDERACIONES El Tribunal para decidir que a la demandante no le asistía el derecho a la pensión de sobrevivientes, al no haber acreditado la convivencia mínima de cinco con anterioridad al fallecimiento de quien aduce fue su compañero, edifico la decisión en la prueba testimonial, de la cual desarrollo el

análisis que estimó pertinente, previa valoración ajustada a lo establecido en el art. 60 del CPTSS. La recurrente funda su acusación en que el Tribunal no valoró en forma conjunta los testimonios y que de haberlo hecho así habría encontrado que la convivencia de la

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Radicación n.º 69510 demnadanctoeen l c ausafnuets eu perail oocrsi nacnoos anteraildo ersceeos . Had iclhaSo a lraee irtadame,qn utceeu andeoal t aque see nderpeozlraav ídael ohse hconso e sc ualqdueisteiarn o dejlzu gadeolqr u ed aa lt rasctosenu p roívd,eos inaoq uél quet enlgaac onnaoctidóen«m anifiesto», ques urfrgeen at e trarnessgifoántceiscp aatse nstp,er ovenideedn iltsaestse e n ele xamdeenl oesl emednetj oiusc qiuoec noofrmaenlh az protboar,bi ioepno rueqf ueroanp rceidaoesuq ivocmaedn,at e op onro h abeerts imdaos. Tamibé,n hai ndicqaudeon ob astcano quee l recurrdeéen xtipeclc ainoes,a ssíe na rzaonbealss,o blroes evenltseud aescaiteordse flla laodq ourse el imaie tnefr entar susc noculsionceosnl adse é ts,es inqou ea demádse identyid fiecmaorrsa etryl e rfrcáot idceco a ráoctsteenrs ,i ble

debaec redcinotb aarse,en e lc otneniddelo ap sur eb,aq sué esl oq uee lleansv erdaacddr ietya snu i ncideennlc ai a eqvuoicdaar eoslucjiuóidncl. i a Enc uatnoa lao bglaiciqóunet ieenlre e cutrere enn casaócnic,u ansdeoa cuslaas entepnoclria va ídae l os hecshl,oa S alah ai nsisetnqi udeeolh ecdheon oc omrptair lac eunrsal ar azoneatsbilmea cqiuóesn o blraeps r uebas hizoe lf laladdoer s egungdroda o, no cnosittuye necseariameunnty ee rroots ens;i ebnls eentenCcSJi a SL03280-18dj iol aC ort:e Comeoss f uciientesmadebonic,tu ea nldvaoi oldaelc laie ósynu stanctal sep retedneidrvead rel am alvaa lordaecl iapósrn u ebdaesbe,el

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Radicación n. º 69 51 O impugen, asniqt uerie que sua cusóna qcuiede debideanmet fundada, expoerne nf ormcal raal oq ue lap reubaa cedrityae n qué conse ilsat erórnea apreciaónc diel juzg;a ddeomrostórna qcuie debe hacer mediae nutna nálirsaizso nya dciort icdeo l omse diopsr obatorios, cofrnontalnacd oon cólnuq sue ise deduzcdea e set preoscoi neletctual de argeunmtaónc iconl acso ncleuss aicoongiedna lsar e solóunc i

judi. cEisattlaae ar de razonenatmqoi ue incue mexbcluseinevt aam queni acuslaas e netnciiam,p lpiacraéal h acerel vera laC oer lta osentsie bclontróand eincte crelid efectvoa rlaotidve ol ap urebay la realidpardeos ca. l Siel i mpugen oamneit ltelvaar cabeos tcao frnontóna,cl iaC oer nto puede supsluio rm iónsy id educeiler r roevri endet que puedate nere l efectdoe desquicliosasor p eosrd et lase netnc,i qaue, esi guaenletm sabildelgoa,a lre curasmop aracdoanl ap ersunónc ide legaliyd ad aceritqoue debe serp elnamenet destuirdap orq ueni pertendas u casóanc. i De otra parte, la acusación se construye cuestionando la valoración de la prueba testimonial, la que no es apta para fundar un ataque en la casación del trabajo, en los términos del artículo 7o. de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia CC C-140 de 29 de marzo de 1995, de suerte que, únicarnent e podría haber sido examinada si previarnent e se hubiese establecido un desacierto originado en la valoración de los medios de conv1cc1on legalmente idóneos documentos, confesión judicial, inspección judicial - para estructurar un yerro fáctico, lo que no ocurrió en este caso. Así las cosas, al no haber demostrado la censura que el

Tribunal incurrió en yerro, la sentencia mantiene su doble presunción de legalidad y acierto que la precede, en consecuencia, el cargo no prospera Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente, para lo cual se fijan como agencias en derecho la

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14 Radicación n.º 69510 • suma de $4. 000. 000. oo, que se incluirán en la liquidación que se realice en primera instancia conforme lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

XII. DECISIÓN • En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 31 de julio de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por BLANCA

LIGIA ARREDONDO RESTREPO contra SEGUROS DE

RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A. y LUZ

ADRIANA ECHEVERRI ESPINOSA.

Costas como quedó dicho. Cópiese, notifiquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

DONALD JOSÉ DIX PONNEFZ \ fi T

JIMENA ISA

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Se d e j o a o n s t a q n u c ie i n al f a ce h as fi e .i óe d i c t o . 23 f\ GO2 \0S ?o-n Bgootá,D .C .--,- -- --rfi-:-,- --- -- S E C 8 E T A R t O A O J R11p1idbeCl oilcoam bia CorStuep redmeJa ut sicia Slae!eao fi Laabco,roanl fiecmA,deJnuan ta Sed ejcaot t.itaqncueiena t afe chsaed esfiejdai cto. 23 A G2O90 1 Bgoot,Dá C. ,-,-- -- fi------fi - -

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